En el parqueadero de un centro comercial en Valledupar fueron capturadas tres personas, entre las que se encuentra un abogado llamado Juan David López, señaladas de extorsionar desde hace meses a Leonardo Hernández, alcalde del municipio de La Jagua de Ibirico, en Cesar.De acuerdo a los datos conocidos por Blu Radio, el encuentro en el que desarrolló la detención fue coordinado por el Gaula de la Policía, pues allí se había acordado la entrega de 70 millones de pesos que al parecer Juan David López exigió con el fin de no denunciar ante la Fiscalía unas supuestas irregularidades que cometió el mandatario en su gestión.Esa versión coincide con la declaración del mandatario entregada al medio Radio Guatapurí, donde aseguró que inicialmente la suma solicitada era de 30 millones de pesos. No obstante, alcanzó a realizar un abono de hasta 50 millones de pesos, por lo que prefirió denunciar antes de seguir dándoles dinero."El día 21 de febrero le entregué 50 millones de pesos, y ahí estuvo de testigo mi conductor. También previamente se le había entregado una alta suma de dinero para evitar que siguiera denunciando. Este ciudadano tenía unas personas que mandaba a negociar con nosotros, y si nosotros le entregábamos un recurso, él se retractaba de las denuncias que había hecho ante la Fiscalía”, alcanzó a decir Leonardo Hernández.“Nosotros ya conocíamos la situación, ya estaba denunciado, y quisimos hacer el acompañamiento hasta que el señor se mostrara con más confianza. Nosotros, los alcaldes, muchas veces, por miedo, hemos sido sometidos por este tipo de personas. Tuvimos la gallardía de denunciar y hoy se está haciendo justicia”, agregó.Los hombres ya están a disposición de la Fiscalía General de la Nación y este sábado se adelantarán sus audiencias de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento.
La Válida Nacional de Motocross en Sabanilla, el Salinas Fest y el Festival de la Ciruela en Campeche son tres de los eventos más importantes que se estarán realizando este puente festivo en el Atlántico, por lo que la Policía Nacional, la Armada de Colombia y la Gobernación han preparado un robusto operativo de seguridad para garantizar la tranquilidad de propios y turistas.El dispositivo contempla el despliegue de más de 1.000 uniformados de la Policía Nacional en puntos estratégicos, escenarios deportivos, vías de acceso y zonas de alta afluencia, con el objetivo de garantizar el orden público, la movilidad y la sana convivencia durante el desarrollo de los eventos.Como parte de la estrategia, también se instalarán dos Puestos de Mando Unificado (PMU) que permitirán el monitoreo permanente y la toma de decisiones en tiempo real, informó el secretario del Interior del Atlántico, José Antonio Luque.“Desde la Gobernación del Atlántico hemos dispuesto toda la capacidad institucional para garantizar que estos eventos se desarrollen en completa tranquilidad. Tendremos presencia permanente de la fuerza pública, monitoreo desde los PMU y coordinación con todas las autoridades para responder de manera oportuna ante cualquier eventualidad”, sostuvo.Por su parte, el comandante del Departamento de Policía Atlántico, coronel Eddy Sánchez, señaló que el dispositivo se mantendrá vigente durante todo el fin de semana.“Contamos con más de 1.000 hombres y mujeres desplegados en el territorio, quienes estarán enfocados en labores de prevención, control y acompañamiento. Invitamos a la ciudadanía a disfrutar de estos espacios con responsabilidad y a acatar las recomendaciones de las autoridades”, señaló.El llamado a los atlanticenses y visitantes es a vivir estos eventos con cultura ciudadana, respeto por las normas y compromiso con la convivencia.Debido a esta alta afluencia de vehículos, la Policía de Tránsito ha instalado varios puestos de control en puntos priorizados, tales como el paradero del Sombrero Vueltiao, el peaje de Puerto Colombia, a la altura de los municipios de Baranoa y Luruaco, así como en la entrada de Sabanagrande y en inmediaciones de Suan.Con estos operativos se pretende seguir disminuyendo los índices de accidentalidad en las carreteras del Atlántico, donde este año ya se reporta una reducción del 25 % en siniestros viales.La Policía destaca que, además, este 2026 ha habido una reducción del 15 % en lesionados en accidentes de tránsito y del 5 % en la cifra de muertos por este tipo de siniestros.
Un llamado urgente hacia los ministerios de Interior y Defensa, así como a la Unidad para las Víctimas, llegó desde la Defensoría del Pueblo en las últimas horas para tomar las medidas necesarias que permitan la llegada de ayudas humanitarias hacia las comunidades arhuacas de Serankwa y Dwanawimaku en la Sierra Nevada de Santa Marta, tras su confinamiento desde inicios de marzo por enfrentamientos entre el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra.Las autoridades programaron la entrega de 48 toneladas de ayudas, aunque solo 8,55 toneladas fueron entregadas en Gunmaku por vía terrestre.La violencia está siendo tanta que 15 toneladas permanecen en la base militar de Tucurinca a la espera de transporte helicoportado y 24 toneladas continúan almacenadas en la casa del adulto mayor de Aracataca, sin señales de que puedan ser llevadas pronto.De hecho, dice la Defensoría, que ahora mismo hay 465 familias afectadas, es decir, más de 2.500 personas que no pueden salir de sus hogares.“La entidad ha acompañado de manera permanente a las comunidades en el territorio y ha participado activamente en consejos de seguridad, comités de justicia transicional y otros espacios de coordinación, con el propósito de impulsar respuestas institucionales frente a la situación que enfrentan más de 465 familias (2.581 personas) confinadas en medio de enfrentamientos armados”, dijo inicialmente.“En el marco de su mandato constitucional, la Defensoría ha desarrollado labores continuas de acompañamiento, monitoreo y seguimiento, entre las que se destacan: participación activa en consejos de seguridad y comités de justicia transicional, formulando recomendaciones orientadas a la protección de las comunidades; acompañamiento a las autoridades tradicionales arhuacas en la misión humanitaria promovida por el Cabildo Gobernador Arhuaco, en coordinación con la Gobernación del Magdalena y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en inmediaciones de la comunidad Gunmaku, zona rural de Aracataca (Magdalena), con el fin de monitorear la situación de derechos humanos y apoyar la entrega de 130 kits humanitarios; avance en la toma de declaraciones por confinamiento de habitantes de la vereda Palestina, lo que permitió subsanar su no inclusión inicial en el censo y garantizar su incorporación en el registro de atención humanitaria; e incidencia ante las entidades responsables para asegurar la garantía de los derechos de las comunidades arhuacas en situación de confinamiento”, agregaron.La entidad también hizo un llamado hacia los grupos armados para que cumplan estrictamente las normas del derecho internacional humanitario (DIH), absteniéndose de afectar a la población civil, de utilizarla como escudo y de exponerla a los efectos de las hostilidades.De igual manera, señala la necesidad de fortalecer la presencia institucional en el territorio e implementar de manera inmediata, integral y efectiva las recomendaciones contenidas en las Alertas Tempranas 013 y 020 de 2025 y sus respectivos planes de acción, con el fin de prevenir nuevas vulneraciones de derechos humanos.
A la espera de resultados finales está la Procuraduría General de la Nación con respecto a las 39 investigaciones que en estos momentos tiene abiertas contra distintos funcionarios en el país por participación indebida en política, de acuerdo a lo confirmado por el mismo procurador general, Gregorio Eljach, desde Barranquilla.Justo antes de participar en el Congreso Internacional de Contratación Estatal, organizado por la Universidad Externado de Colombia, Eljach indicó que algunas son preliminares pero que otras ya están cerca de entregar sanciones disciplinarias.“Nosotros estamos adelantando 39 averiguaciones, unas en investigación preliminar y otras en investigación disciplinaria. No hay resultados finales, son unos procesos lentos en donde hay plenas garantías del debido proceso, de presunción de inocencia, de derecho a la defensa que es una garantía constitucional. Entonces, no podemos avanzar más de lo que el procedimiento permite. Plenas garantías para los que están involucrados, pero los resultados se conocerán en su momento. No toda participación es censurable”, dijo a Blu Radio.El procurador aseguró que cuentan con la competencia para suspender a los funcionarios que incurran en estas acciones y que no se pronunciará más sobre una posible participación indebida del presidente Gustavo Petro, pues el control hacia él es responsabilidad de la Comisión de Acusaciones.“El señor presidente es objeto de control por parte de la comisión de acusaciones. Él tiene un control constitucional integral privativo y solo desde allí se puede proceder en esos casos. El procurador no tiene competencia sobre eso”, agregó.Su mensaje principal desde Barranquilla fue que “sí hay garantías para las elecciones presidenciales” y que ya están trabajando para sacarlas adelante.“Venimos atendiendo personalmente el tema de la paz electoral, que fue exitoso en la jornada de Congreso. Creemos que es un buen esquema. Y hemos tenido realmente, y hay que decirlo, la presencia activa del Ministerio del Interior, que representa al Gobierno Nacional, a la UNP que también ha prestado sus servicios, y creemos que en el momento no hay motivos para desconfiar de que eso se vaya a hacer de una manera diferente. Vamos a sacar adelante las elecciones, Colombia va a tener elecciones y vamos a quedar todos bien”, apuntó.La Procuraduría también mantiene investigaciones sobre la empresa Air-e Intervenida para verificar si hay irregularidades en sus procesos de contratación y en la operación que adelantan para los departamentos de La Guajira, Atlántico y Magdalena.Además, aprovechó su presencia en la ciudad para hablar de la inseguridad que se vive en la capital del Atlántico. Al respecto, mencionó que será un tema al que le prestará principal atención cuando le entreguen los informes de gestión de las autoridades distritales y departamentales.
En un primer fallo de tutela, un juzgado administrativo determinó que el Ministerio del Interior, el de Hacienda y un Banco vulneró derechos fundamentales al no pagar oportunamente salarios, primas y otros emolumentos.La decisión determinó que la falta de pago afectó directamente el mínimo vital del accionante, entendido como los recursos indispensables para cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda y salud.A partir de esa orden judicial, la cartera emitió en febrero de 2026 dos cheques correspondientes a salarios adeudados de noviembre y diciembre de 2025, así como de enero de 2026. Sin embargo, el caso escaló a un nuevo litigio tras la negativa del banco a hacer efectivos esos pagos.En una segunda tutela, un juzgado penal municipal de Bogotá concluyó que un banco vulneró el derecho Benedetti al negarse a pagar los cheques emitidos por el Ministerio, pese a que correspondían a ingresos salariales.Según el expediente, la entidad financiera rechazó el pago incluso ante la posibilidad de endoso a un tercero, argumentando razones internas. No obstante, el juez recordó que la autonomía de las entidades financieras tiene límites cuando entra en conflicto con derechos fundamentales .La decisión fue contundente: ordenó al banco realizar el pago de los cheques en un plazo máximo de dos días hábiles tras la notificación del fallo.Además, el fallo tuvo en cuenta que la entidad financiera no respondió oportunamente a la acción de tutela, lo que llevó a dar por ciertos los hechos expuestos por el accionante.
Una juez penal de conocimiento condenó, mediante preacuerdo, a Simeón Pérez Marroquín, alias 'El Viejo', a 22 años y 4 meses de prisión por su participación en la organización y coordinación del magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio de 2025 en el occidente de Bogotá.Durante la diligencia, la juez avaló la negociación judicial alcanzada con la Fiscalía y detalló las sanciones impuestas.Alias 'El Viejo' aceptó su responsabilidad en delitos como homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, uso de menores en la comisión de delitos, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Su rol, según la investigación, fue determinante dentro de la estructura criminal que ejecutó el ataque.De acuerdo con el expediente, Pérez Marroquín fue contactado para planear el atentado y, posteriormente, delegó la articulación del plan a Elder José Arteaga Hernández, alias 'Chipi', quien habría definido la logística y distribuido los roles entre los demás implicados.Las autoridades también establecieron que alias 'El Viejo' realizó seguimientos previos a la víctima. En marzo de 2025, Miguel Uribe Turbay fue vigilado y fotografiado durante una reunión política en el suroccidente de Bogotá, en una acción que haría parte de la fase de inteligencia del crimen.Asimismo, el hoy condenado fue quien entregó el arma de fuego utilizada en el magnicidio a Katherine Andrea Martínez Martínez. Según la Fiscalía, el arma fue modificada con el fin de aumentar su letalidad antes de ser usada en el ataque.Posteriormente, y tras la ejecución del crimen, Pérez Marroquín continuó participando en actividades relacionadas con la estructura criminal. Una semana después del atentado, suministró dinero y un celular a Martínez Martínez y facilitó su traslado hacia el departamento de Caquetá. Allí, de acuerdo con la investigación, la mujer sería entrenada en tácticas de francotirador y manejo de drones por la estructura conocida como Segunda Marquetalia de las disidencias de las Farc.Por su parte, el abogado Víctor Mosquera celebró la condena contra alias 'El Viejo'; sin embargo, reiteró que la justicia no puede limitarse a responsabilidades parciales "El sistema penal está obligado a identificar, judicializar y sancionar a todos los determinadores, financiadores e instigadores de este magnicidio"
La Alcaldía de Bogotá anunció la expedición del Decreto 069 de 2026, con el que se adopta un plan para eliminar la explotación económica de animales en el espacio público y fortalecer su protección y bienestar en la ciudad.La medida busca poner fin al uso de animales, como caballos, llamas o alpacas, que normalmente se pueden encontran en el centro de la ciudad, en actividades con fines lucrativos que, según las autoridades, en muchos casos implican maltrato, tenencia irresponsable o condiciones inadecuadas.El plan será liderado por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, que ha identificado múltiples situaciones de vulneración de derechos de los animales en este tipo de prácticas.El Distrito explicó que la estrategia no solo se enfocará en la protección animal, sino también en acompañar a las personas que dependen de estas actividades. Para ello, se implementará un proceso en tres etapas: caracterización de los casos, oferta institucional para reconversión laboral y una implementación progresiva del plan. Lo que quiere decir que este es el primer paso para prohibir esta práctica de explotación económica de los animales en las calles de Bogotá.Además, se promoverán campañas pedagógicas para fomentar una cultura ciudadana basada en el respeto hacia los animales, mientras que el IDPYBA asumirá la custodia y promoverá la adopción responsable de los animales que rescaten.Con esta decisión, Bogotá busca avanzar hacia un modelo de ciudad libre de maltrato animal, garantizando al mismo tiempo alternativas económicas para las poblaciones más vulnerables que dependen de estas actividades.
La preocupación surge luego de que la dirección del auditorio planteara realizar otros conciertos en el mismo horario, lo que ha generado incomodidad entre los músicos, quienes consideran que se trata de un momento histórico construido junto a su público.Blu Radio conversó con Aníbal Dos Santos, violista principal de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, quién aseguró que este no es un tema reciente, sino una tradición consolidada durante décadas en la ciudad.“Los conciertos de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, de las cuatro de la tarde de los sábados, en el auditorio León de Greiff, es una tradición que lleva más de cuarenta años, más cerca a los a los cincuenta. Y construir, eso eso ha sido todo un proceso que a través de todas esas décadas se ha podido construir un público, una tradición en la población de Bogotá, porque mucha gente de de todas las edades te dice, me acuerdo cuando mi papá me llevaban a los conciertos de la Filarmónica en los años setenta, etcétera. Es decir, realmente hay mucha gente que sabe eso que están, que saben que existen y que siguen existiendo esos conciertos”, explicó.En ese sentido, destacó que no solo se trata de un espacio, sino de una relación construida con su público a lo largo del tiempo.“La gente que viene a al León de Greiff los sábados a las cuatro de la tarde, son personas que vienen a escuchar la Ortesta Filarmónica de Bogotá, vienen a escuchar nuestra programación, vienen a escuchar lo que tenemos que ofrecer esa semana. Mucha gente viene, ni siquiera se meten en páginas web hoy en día a ver cuál es la programación, sino simplemente están allá desde las dos y media, dos de la tarde haciendo cola para poder entrar. Eso es algo que pasa todas las semanas”, señaló.Según el violista, el conflicto surge porque la nueva programación coincidiría exactamente con ese horario, lo que, a su juicio, implicaría desplazar a su audiencia habitual.“Hemos tenido conversaciones con la señora María Bailen Sáenz, que es la directora del teatro, la cual está haciendo una programación que se llama Presencia, para la cual hemos estado también prestos a a aportar y ayudar. Pero en este momento, lo que lo que sí atraviesa esa línea que no nos sentimos bien con ella, obviamente, es que es que ella pretenda hacer conciertos de su ciclo en nuestra hora. Es decir, es usando nuestro público, es decir, la gente va a seguir, el público de la Orquesta Filarmónica de Bogotá va a seguir viniendo a los conciertos, pero va a encontrar a otra orquesta tocando”, subrayó.Además, Dos Santos indicó que existe un convenio firmado entre la Universidad Nacional y la Orquesta Filarmónica que respalda el uso de ese espacio.“Si hay un convenio, y fue firmado entre director de la orquesta en esa época y el rector de la Universidad Nacional. Entonces, los convenios son como contratos y son para respetarloS, es decir, eso es lo único que nosotros pedimos, es que eso ya está por escrito”, afirmó.La Orquesta también quiso dejar claro que el problema no es con la Orquesta Sinfónica de Colombia, a la que describen como una agrupación cercana.“La sinfónica de Colombia es una orquesta hermana, una orquesta que le tenemos mucho cariño, es decir, mucha gente han salido de las mismas escuelas”, agregó.Aunque la Filarmónica asegura que no se opone a nuevas programaciones ni a compartir el escenario, insiste en que se respete ese horario emblemático, que consideran parte de su identidad y del vínculo histórico con su público.En Blu Radio contactamos a la directora del auditorio, María Belén Sáenz, para conocer su posición frente a esta situación; sin embargo, se negó a entregar declaraciones.
Un análisis del Laboratorio de Economía de la Educación de la Pontificia Universidad Javeriana evidenció que la inclusión educativa de las personas con discapacidad en Colombia mantiene rezagos en distintos niveles del sistema. Según el estudio, basado en datos del Sistema Integrado de Matrícula del Ministerio de Educación Nacional (2023) y la Encuesta Nacional de Calidad de Vida del DANE (2024), solo el 2 % de la matrícula en educación regular corresponde a estudiantes con discapacidad.El informe señala que, aunque el 5,8 % de la población colombiana presenta algún tipo de discapacidad, su participación en el sistema educativo es considerablemente menor, con cerca de 200.334 estudiantes matriculados frente a un total de 9,8 millones. Esta diferencia refleja barreras en el acceso y la permanencia dentro del sistema educativo.Entre los hallazgos, se identifica que la discapacidad intelectual es la más frecuente entre los estudiantes registrados, seguida de discapacidades psicosociales y múltiples. Además, la presencia de esta población es ligeramente mayor en el sector oficial (2,1%) que en el privado (1,8%).El estudio también evidencia brechas en habilidades básicas. La tasa de analfabetismo en personas con discapacidad alcanza el 18,2 %, frente al 4,4 % en quienes no presentan discapacidad. En población en edad escolar (5 a 16 años), la diferencia es mayor: 34,2 % frente a 9,2 %.En cuanto a la asistencia escolar, el 95,4 % de los estudiantes sin discapacidad asiste a clases, mientras que en la población con discapacidad la cifra es de 72,9 %, lo que representa una brecha de 22,5 puntos porcentuales.Estas diferencias impactan las trayectorias educativas. El informe indica que la mayoría de personas con discapacidad alcanza como máximo el nivel de primaria, con menor participación en educación media y superior.Desde el LEE se plantea la necesidad de fortalecer políticas de inclusión educativa, con énfasis en detección temprana, ampliación de cobertura, reducción del analfabetismo y promoción del acceso a niveles educativos superiores, con el fin de mejorar las condiciones de permanencia y progreso académico de esta población.
A los cordobeses este martes les llovió tanto que la resignación les volvió a mojar los pies. Fueron al menos diez horas de un aguacero que afectó a Montería y a unos nueve municipios, donde las quebradas volvieron a desbordarse con corrientes de agua que venían a buscar los pocos animales que quedaron vivos, mientras en el embalse de Urrá luchaban por controlar a un imbatible que en menos de 12 horas triplicó su cauce. Al menos la contención ayudó a que las inundaciones fueran menores ante los 113.7 milímetros de lluvia que cayeron, siendo esta la descarga más intensa de todo el mes.Pero la vuelta del agua también arrastró la ilusión de los habitantes de la vereda Nueva Colombia donde más de 200 hombres fueron voluntarios durante los últimos 13 días para construir un dique artesanal con ‘ingeniería ancestral’, para contener al río Sinú, porque con las inundaciones se rompió un boquete que alcanzó los 650 metros, a tal punto que la corriente se unió con la Ciénaga de Bañó, toda el área se convirtió en agua y no quedó ni un solo acceso para trasladar maquinaria vía terrestre.De allí la necesidad de la gente de resolver con sus propias manos la crisis en la que los tiene sumergidos el río, según cuenta el alcalde de Lorica Carlos Mario Manzur.Pero anoche, cuando al fin cerraron la estructura de madera, llegó una creciente que mostró que había pilares que aún estaban débiles. El alcalde motivó a la comunidad para ir a dormir con la tranquilidad de que hoy reforzarían la estructura, pero lo que encontraron esta mañana fue un nuevo boquete en su dique de casi 25 metros.A pesar de la desolación, los hombres volvieron con sus martillos y con sacos de tierra al hombro a completar los 25 mil que deben ser colocados para cerrar el boquete. El trabajo sigue, como un reinicio que no puede frenarse, pues el agua no puede llevarse también la esperanza.
Santa Marta completa más de 20 días con una de sus principales conexiones rurales cerrada. El colapso del puente sobre el río Mendihuaca dejó incomunicada a buena parte de la zona rural y afectó el tránsito hacia La Guajira, en un corredor clave para el turismo y el comercio local.Lo que comenzó como una emergencia vial hoy es también una crisis económica para comunidades como Guachaca, Puerto Nuevo y Palomino, donde muchas familias dependen de la venta de víveres a viajeros y de la dinámica turística.Jimmy Díaz, habitante de Puerto Nuevo Guachaca, resume el impacto en pocas palabras:“Desde que el puente colapsó, la economía colapsó también”, dijo.Cuenta que apenas se conoció la caída de la estructura, el turismo disminuyó de manera drástica. "La gente tiene miedo de cruzar y en redes dijeron que el puente se iba a caer del todo. Eso hizo que muchos dejaran de venir”, explicó.Mientras tanto, algunos vendedores se han trasladado hasta inmediaciones del puente para intentar sostener sus ingresos. Es el caso de Betty Castro, comerciante de la zona, quien asegura que el cierre los obligó a desplazarse para poder vender algo.“Esto es un desplazamiento laboral de nosotros. Nos movemos para buscar el dinerito, pero no hemos visto que el Gobierno se haga presente para ayudarnos”, señaló. También advierte que los transbordos y el aumento en los costos de transporte están reduciendo aún más las ganancias.A la dificultad económica se suma ahora el clima. Las lluvias de los últimos días afectaron el paso alterno en el que trabajaba la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, lo que prolonga la solución definitiva a la emergencia vial.Por ahora, la comunidad espera que tanto el Gobierno nacional como el local aceleren las obras y contemplen ayudas para quienes hoy sienten que, además del puente, también se vino abajo su sustento.
En Santa Marta fue lanzado el programa Eleva 500+, una iniciativa de la Alcaldía municipal, la Fundación Con.Ciencia y Cenit, filial del Grupo Ecopetrol, con la que se busca beneficiar a más de 4.000 personas de 3.000 emprendimientos, con capacitación, acompañamiento y apoyo en innovación para fortalecer sus negocios.Para este objetivo fue firmado un Memorando de Entendimiento entre Cenit y la Alcaldía de Santa Marta en el segundo semestre del 2024 y estará vigente hasta noviembre de 2027.“Eleva 500+ se configura como un ejemplo tangible de generación de valor para las comunidades de Santa Marta, al demostrar la importancia de los convenios interinstitucionales con objetivos comunes para el desarrollo de los territorios en donde la compañía tiene presencia”, indicó Alexander Cadena, presidente de Cenit.Carlos Pinedo Cuello, Alcalde de Santa Marta, dijo que “la ciudad tomó la decisión de fortalecer su base productiva con hechos y no solamente con palabras. Eleva 500+ significa acompañamiento serio, acceso a mercados y fortalecimiento empresarial”.Del mismo modo, en Eleva 500+ se desarrollarán proyectos de inversión socioambiental, cooperación y fortalecimiento institucional “para contribuir al desarrollo sostenible, económico y social de los territorios”.Entre la iniciativa se esperan mejorar las condiciones de los emprendimientos tradicionales y la economía popular, desplegar una estrategia comercial a través de mercados, vitrinas y capitalización; e incentivar la internacionalización para movilizar la economía local, entre muchas otras.“Cenit y la Alcaldía Distrital de Santa Marta avanzan en el fortalecimiento del desarrollo sostenible de las comunidades en la ciudad, mediante la promoción de un equilibrio entre la continuidad operativa y el fortalecimiento de los territorios”, concluyeron en un comunicado.
Luz Ana Camacho habla con la voz apretada de quien ya aprendió a vivir con miedo, pero sin darse el permiso de parar. Dice que está sola, que no tiene un esquema de seguridad y que cada vez que sale de su casa lo hace dejando a alguien pendiente de sus hijos, mientras ella —“encomendándose a Dios”— vuelve a recorrer veredas y municipios donde están las víctimas que espera representar en el Congreso.La líder social, hoy candidata a una curul de paz por la CITREP 12, denuncia que fue amenazada nuevamente y que, con este episodio, ya no se trata de una advertencia aislada: asegura que es una cadena que viene desde el año pasado. “Vengo siendo amenazada desde 2024, por el tema de que siempre estoy denunciando, siempre he venido acompañando a las comunidades”, relató en diálogo con Blu Radio.Según su testimonio, la situación más reciente ocurrió el sábado pasado, cuando recibió una llamada en la que, asegura, le pidieron un “aporte” y se identificaron como “paramilitares”. Ella se negó, colgó y bloqueó el número. Pero —dice— la presión continuó. “Me siguieron escribiendo por WhatsApp… que si no les hacía caso, entonces se meterían con un ser querido”, contó.Camacho afirma que después vinieron más llamadas desde números desconocidos. Y en una de esas llamadas, asegura, el mensaje fue directo: debía retirarse de la contienda o habría consecuencias contra su familia. “Me decían que si no me retiraba… se iban a meter con mi hija. Ya saben que solo tengo una hija”, afirmó.La candidata sostiene que ha presentado denuncias y que ha enviado comunicaciones a distintas entidades, incluso internacionales, pero que sigue sin respaldo efectivo. “He estado escribiendo a la ONU, a todas las entidades, y hasta el momento no he recibido apoyo como debe ser ni de la UNP ni de ningún ente al que le corresponda la seguridad”, señaló.En su llamado, Camacho pide que el Estado no normalice este tipo de intimidaciones, especialmente contra quienes buscan representar a las víctimas en las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz. “Nosotros… nos encontramos en completo abandono. Estamos en nuestros territorios haciendo nuestra campaña sin apoyo, sin acompañamiento de seguridad. No nos han tenido en cuenta para nada”, dijo.Y remató con una frase que, en su caso, no suena a discurso: suena a urgencia. “Estoy temiendo por mi vida y por la de mi familia… Tengo que salir de mi casa porque no puedo dejar el proceso tirado”, expresó.Hasta el momento, ninguna autoridad se ha pronunciado oficialmente sobre esta denuncia. Mientras tanto, la candidata insiste en que seguirá caminando el territorio, pero pide garantías antes de que el país tenga que lamentar otra tragedia anunciada.
La Dirección General Marítima (DIMAR), a través del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH), informó que el oleaje y la intensidad del viento en el sector insular del archipiélago de San Andrés, Providencia, Santa Catalina e Islas Cayos del Norte, han aumentado considerablemente, debido a la incidencia de un frente frío que se aproxima desde el Golfo de México.Autoridades reportan que los vientos han alcanzado velocidades entre 16 y 24 nudos, es decir, entre 30 a 44 kilómetros por hora, mientras que las olas han superado los 3 metros. Aunque este panorama se presenta desde el martes, se espera que hacia la tarde de este miércoles 25 de febrero empiecen a mejorar las condiciones de forma gradual.“Debido a la influencia del frente frío sobre el Caribe, se presentan condiciones meteorológicas adversas con aumento del oleaje y variaciones importantes en la intensidad y dirección del viento. Frente a estas condiciones se han impuesto restricciones temporales para las actividades marítimas negativas y la operación de embarcaciones menores en zonas expuestas como medida preventiva para proteger la vida humana en el mar”, puntualizó el teniente de Navío, Jorge Arteaga Cabrera, Jefe de Marina Mercante de la Capitanía de Puerto de San Andrés.Las autoridades recomiendan seguir las directrices oficiales y consultar la actualización de las condiciones meteomarinas a través del sitio web oficial de Dimar.
Como parte de las investigaciones que la Corte Suprema de Justicia adelanta contra el exrepresentante a la Cámara Andrés Calle, en la mañana de este viernes se desarrolló un allanamiento en la residencia del investigado excongresista, ubicada en el barrio La Castellana, al norte de Montería, como parte del proceso por presunta corrupción con recursos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastre. Se trata del edificio K-62, en el que, según declaró Sneyder Pinilla, fue realizada la entrega de al menos 1.000 millones de pesos por el entonces subdirector nacional de la UNGRD. Le puede interesar: Sneyder Pinilla habla desde la cárcel por primera vez sobre el entramado de corrupción de la UNGRDEs de recordar que estos recursos iban a ser presuntamente entregados a Calle, entonces presidente de la cámara baja, para que impulsara reformas del gobierno de Gustavo Petro. “Yo directamente al doctor Andrés Calle, presidente de la Cámara de Representantes, acuérdese doctor Andrés, cuando se le entregó directamente en su apartamento, en el K-62 en Montería, y al doctor Iván Name a través de la mensajera, la doctora Sandra Ortiz, dos días, doctora, dos días duré entregándole estos dineros para que se pudiera cumplir con las cosas”, dijo Sneyder Pinilla en junio de 2024 en medio de su proceso de indagatoria ante la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Según le confirmaron a Blu Radio se trató de una verificación de las instalaciones del edificio, siendo que desde la Sala Especial de la Corte Suprema de Justicia fue comisionado un magistrado auxiliar para practicar inspección y recolección de evidencia física que tengan que ver con los hechos atribuidos a Andrés Calle e Iván Name. Lo anterior, debido a que también se adelantará una inspección a la residencia de Iván Leonidas Name, por su vinculación al caso por la presunta recepción de dinero cuando era presidente del Senado de la República.
Luego del atentado armado ocurrido en la madrugada de este jueves en el parqueadero de un billar ubicado en el norte de Barranquilla, resultaron heridos Julio Ruiz Polanía, hermano de la compañera sentimental de Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias ‘Castor’, y Luis Bernal Castro, conocido como ‘Berna’, señalado como hombre de confianza del cabecilla de la estructura criminal ‘los Costeños’.Tras conocerse el hecho, Díaz Collazos se pronunció mediante una carta enviada a diferentes autoridades locales. En la comunicación, el jefe criminal aseguró que no responderá a provocaciones ni retomará caminos de violencia, y solicitó a las autoridades actuar frente a quienes estarían intentando generar nuevos hechos violentos.En el documento, que afirma haber escrito con su puño y letra desde la cárcel de Cómbita, en Boyacá, señala que quiere dejar “absolutamente claro mi compromiso inquebrantable con la paz, la legalidad y mi proceso de cambio personal y espiritual”."A pesar de que actores externos intentan incitarme a tomar las armas o a retomar caminos de violencia, manifiesto con total firmeza que no cederé ante ninguna provocación”, agregó.El cabecilla de la estructura criminal pidió al comandante de la Policía Metropolitana, a la Fiscalía General de la Nación, al alcalde de Barranquilla y al gobernador del Atlántico que “actúen con decisión frente a quienes están intentando generar violencia en la ciudad". "Personas como "Digno", "Chan" u otros individuos que buscan desestabilizar el orden público, no lograrán arrastrarme nuevamente por ese camino”.
Después de permanecer 16 días detenida por miembros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, ICE, fue liberada bajo fianza la periodista barranquillera Estefany Rodríguez Flores, quien actualmente labora con el medio estadounidense Nashville Noticias.La periodista recobró su libertad tras el pago de una fianza de 10.000 dólares, la cual fue fijada por un juez y ya logró el reencuentro con su hija de 8 años y su esposo.De acuerdo con declaraciones dadas a Nashville Noticias por el abogado que representó a Estefany “tras su liberación, podrán actualizar al juez federal Eli Richardson sobre el estado de la periodista mientras continúa el proceso legal”.La defensa de la barranquillera informó que ahora continuará con la solicitud de hábeas corpus que presentaron el pasado 4 de marzo, mediante la cual se cuestiona el arresto realizado sin una orden judicial y en el que se señala que podría tratarse de una represalia por las denuncias que venía realizando.Lo que buscan los abogados es que a Estefany le concedan su libertad definitiva, pero además que el tribunal emita una orden para que ICE no vuelva a realizar acciones similares contra ella en un futuro.
Joshua David Linney, conocido en el mundo criminal como 'El Grande', fue capturado en Barranquilla para ser extraditado a los Estados Unidos, luego de ser solicitado por la Corte Distrital para el Distrito Medio de Florida de Norte América, bajo cargos de tráfico de drogas ilícitas.Alias 'El Grande' ha sido señalado por las autoridades como uno de los principales responsables del tráfico de estupefacientes en la región Caribe. Según las investigaciones, este hombre aprovechaba su condición de ciudadano americano para facilitar el diseño y ejecución de rutas de envío de narcóticos hacia territorio estadounidense, lo que lo convirtió en un objetivo de alto valor para las agencias de seguridad de su país.El coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e INTERPOL, afirma que Linney presentaba antecedentes por reincidencia delictiva dado que, en abril de 2024, había sido capturado en el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, cuando intentaba transportar droga hacia los Estados Unidos, ocultas en su equipaje para evadir los controles aeroportuarios.El ciudadano extranjero fue dejado a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación a la espera de los trámites administrativos para su traslado y comparecencia ante la justicia norteamericana.
Un plazo máximo hasta el 31 de marzo fue el que se estableció para la habilitación del tráfico de todo tipo de vehículos en la vía alterna que se construye como solución temporal tras la falla que se presentó en el puente a la altura de Jalisco, en el corredor vial Montería - Puerto Rey, debido a las inundaciones del mes de febrero pasado.El plazo fue fijado en una mesa de trabajo coordinada por la Secretaría de Infraestructura de Córdoba, en la que participó la Agencia Nacional de Infraestructura, la concesión Ruta al Mar y su interventoría y la Alcaldía de Los Córdobas.En el encuentro, la Concesión Ruta al Mar informó que ya cuenta con un diseño preliminar para la construcción de un nuevo puente y, en paralelo, adelanta la construcción de este paso alterno provisional que estará al servicio de la comunidad al finalizar el mes en curso.El alcalde de Los Córdobas, Juan Carlos Yances, expresó que el cumplimiento de este plazo será clave para garantizar mayor movilidad, especialmente, por la cercanía de la Semana Santa, una época clave para la reactivación económica.Y es que, según la Secretaría de Tránsito Departamental, esta solución permitirá un ahorro significativo en tiempos de desplazamiento, frente a la vía alterna que actualmente se utiliza. Eso sí, la entidad solicitó a la concesión Ruta al Mar realizar la señalización respectiva debido a que este corredor es de alto tráfico, y debido a la Semana Santa, se incrementa la circulación de vehículos.
“Un diálogo real” con quienes lideran el Paro Minero es lo que está pidiendo el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, al Gobierno nacional para acabar con las jornadas de protesta que están afectando el transporte y la economía en el sur del departamento.Los manifestantes completan cuatro días de protesta en la vía que conecta a los municipios de Montelíbano y Puerto Libertador, bloqueando el paso hacia Cerro Matoso, lo cual está afectando a más de 2.000 personas que diariamente se movilizan desde y hacia la operación de este complejo minero.Ricardo Gaviria, presidente de Cerro Matoso, informó que “cerca de 500 trabajadores directos y contratistas permanecen en la planta sin posibilidad de realizar el relevo de turnos de forma habitual” y que, inclusive, hubo la necesidad de “suspender parcial y totalmente muchos contratos de bienes y servicios ante la imposibilidad de mantener unas operaciones normales”.“De igual manera, no hemos podido entrar suministros necesarios y vitales para el sostenimiento de nuestra operación durante las 24 horas y nos tocó suspender el despacho de nuestros productos al puerto de Cartagena”, dijo.“Respetamos, por supuesto, el derecho a la protesta, pero una protesta que sea pacífica, pero que no afecte el derecho a la movilidad de los trabajadores y el derecho al trabajo”, agregó.Es precisamente por estas afectaciones que el gobernador Zuleta le está insistiendo al Gobierno que establezca un verdadero diálogo con los manifestantes,de hecho, el mandatario dijo que la administración departamental está dispuesta a ser garante en este proceso “para que se escuchen las voces, se construyan acuerdos y se avance hacia la normalización”, antes de que la situación escale a inconvenientes de orden público.Hasta un juez falló una tutela para ordenar que de manera inmediata permitan la libre circulación en la vía, pero más de 100 manifestantes aún impiden el tránsito normal y solo mantienen habilitado un corredor humanitario para el paso de ambulancias, alimentos y bienes esenciales.
En Baranoa, Atlántico, hay fiesta porque fue declarado como Patrimonio Inmaterial Cultural de la Nación la fiesta de La Loa de los Santos Reyes Magos, una tradición que rinde homenaje cada mes de enero a la visita de los reyes de Oriente al niño Jesús en el pesebre. La noticia surge luego de que ayer se aprobara en cuarto y último debate este proyecto de ley que cuenta con la ponencia y coautoría del senador Pedro Flórez. “Esta nueva ley, luego de su sanción, le permitirá a Baranoa proteger, salvaguardar, divulgar y financiar de mejor manera esta tradición religiosa y escénica que se realiza en el mes de enero. Con esto se promoverá el turismo y la identidad cultural del municipio. Una gran noticia para sus habitantes, pero también para el departamento del Atlántico, porque continuamos así, preservando las tradiciones culturales y religiosas de nuestro Caribe colombiano”, manifestó el senador Flórez.Entre otros, la inclusión de esta fiesta en la lista de patrimonio cultural del país, también permitirá el fomento de actividades para fortalecer el turismo y la economía local.Al respecto, Alberto Sarmiento, director de La Loa, asegura que esto se convierte en orgullo para el municipio, siendo que se refuerza el sentir por esta tradición que reúne a mas de 230 personas. "Esta representación llegó a Baranoa hace más de 150 años de la mano de un sacerdote español. Lo interesante es que de principio a fin todo esta escrito en prosa y verso. Tiene teatro, danza, música, efectos especiales. Hoy en día nos acompañamos de muchos elementos. Es un conglomerado de muchas personas. El elenco está conformado por unas 45 personas. Ahí tenemos niños, jóvenes, adultos, personas mayores, pero detrás en la organización y montaje hay unas 170 personas que hacen posible todos lo años esta esceneficación", contó el gestor cultural.
Momentos de terror se vivieron alrededor de un establecimiento comercial tipo billar en el norte de Barranquilla, el cual se terminó convirtiendo en un campo de batalla entre las bandas ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’ en la madrugada de este jueves, debido a un violento ataque a bala que registró al menos seis personas heridas.Reportaron las autoridades que Luis Bernal Castro Barrios (30 años), José Armando Pertuz Montenegro (39 años), Julio Enrique Ruiz Polania (39 años), presuntos integrantes de ‘Los Costeños’, departían a las afueras del sitio cuando fueron sorprendidos por los disparos provenientes desde un taxi, de placas TZK-850, en el que estaban cuatro presuntos ‘Pepes’, dos de ellos adolescentes.Según pudo conocer Blu Radio, al parecer, el ataque iba dirigido contra Julio Enrique Ruiz Polania al ser hermano de Danelis Patrícia Ruiz Polania, pareja sentimental de alias 'Castor', máximo cabecilla de la estructura ‘Los Costeños’. Ella habría sido capturada por un proceso de lavado de activos, según la Policía.De hecho, Julio Enrique sería la persona que estaría en un estado de salud más grave al recibir cerca de 10 impactos de bala, la mayoría de ellos en su espalda y extremidades inferiores. Sus acompañantes fueron blanco de tres disparos entre los tres.Los agresores intentaron huir en su vehículo por toda la carrera 43, aunque fueron perseguidos en una rápida reacción de la Policía. Así las cosas, terminaron chocando su vehículo en otro sector de Barranquilla, propiciando la captura de Jean David Pacheco González, de 21 años, y las aprehensiones de un joven de 14 años y otra persona sin identificar de aproximadamente 17 años, todos lesionados también.Las investigaciones de este caso están en marcha y fueron asignadas al CTI de la Fiscalía. Las autoridades incautaron cuatro armas de fuego tipo pistola; cuatro proveedores, varios de ellos con capacidad para 32 cartuchos; y el vehículo utilizado para los hechos.
En Nueva EPS, al parecer, no solo no cumplen con la oportuna atención a los pacientes y entrega de medicamentos sino también con las ordenes de arresto judicial.Esto por cuenta de que desde ayer están siendo buscados Eudes del Carmen Cueto, gerente regional en salud, y Juan Carlos Fontalvo, gerente regional Norte, para que cumplan con diez días de arresto, tras una orden emitida por el Juzgado Quinto Civil Municipal de Barranquilla, debido al desacato en el cumplimiento de tutelas para la entrega de medicamentos y citas.Ambos deberán ir a un centro penitenciario de la ciudad, sin embargo, cuando fueron por Cueto y Fontalvo a las oficinas, ninguno de los dos estaba en las instalaciones. En el caso de Cueto, al parecer, está incapacitada; mientras que dijeron que Fontalvo habría sido ascendido a un cargo nacional, dentro de la misma EPS, en diciembre pasado y que por eso no se encontraba.Sin embargo, no es la primera vez que ambos están enfrentando órdenes de arresto. En febrero de este año, Fontalvo también fue sancionado para que cumpliera con 10 días de arresto por desatender el cumplimiento de una tutela en Cesar, con un paciente de la tercera edad. La orden fue entregada por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Valledupar, ante el no cumplimiento de las tutelas ordenadas, para que la misma fuera cumplida en el Comando de la Policía Nacional de su ciudad de residencia.Al respecto, no hay confirmación de si cumplió con este arresto.
Tres meses después de que familiares de Carlos Mario Peralta Velásquez perdieran todo rastro de él, el CTI de la Fiscalía de Barranquilla, con ayuda del Gaula del Ejército, capturaron a una mujer que era su amante y al esposo de ésta, como principales sospechosos de la desaparición forzada del electricista de 28 años.Blu Radio conoció que miembros del grupo NN y desaparecidos del Cuerpo Técnico de Investigación de esta ciudad, lograron realizar una inspección al inmueble de la pareja hoy investigada, encontrando rastros de sangre en la habitación de la casa ubicada en el barrio El Santuario.Allí las autoridades temen que pasó lo peor, pues incluso, según conoció este medio, hay testigos que dicen haber visto a los investigados, sacar de su casa un colchón lleno de sangre.Los capturados son Natalia Jhoana Maestre González, con quién Carlos, el desaparecido, sostenía una aventura amorosa y el esposo de la mujer, un expolicía identificado como Sergio Andrés León Franco, quien fue desvinculado hace ocho años de la institución y actualmente trabajaba como taxista.La mujer fue enviada como medida preventiva a la cárcel El Buen Pastor y su esposo a la de El Bosque.María Peralta, hermana del soldador, cuenta que el nombre de Natalia salió a relucir, luego de que Carlos le contara a un amigo que se vería con ella en el barrio Santuario, dato que fue relevante para orientar la investigación.El 12 de diciembre, Carlos Peralta salió de su casa en el municipio de Juan de Acosta en su moto. A su familia le dijo que iría al estadio Metropolitano para ver el partido de ida de la final del FPC entre el Junior y Deportes Tolima, cuando en realidad esta fue la excusa para verse con su amante, una mujer que también era casada y a la que había conocido cuando trabajó en un hotel del norte de Barranquilla.La captura de la amante del soldador y su esposo se produjo en el municipio de Galapa. Por ahora las autoridades no descartan que otras personas también estén involucradas en esta desaparición. Mientras tanto sigue la búsqueda del sitio donde pueda encontrarse Carlos Peralta.