Luego del atentado armado ocurrido en la madrugada de este jueves en el parqueadero de un billar ubicado en el norte de Barranquilla, resultaron heridos Julio Ruiz Polanía, hermano de la compañera sentimental de Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias ‘Castor’, y Luis Bernal Castro, conocido como ‘Berna’, señalado como hombre de confianza del cabecilla de la estructura criminal ‘los Costeños’.Tras conocerse el hecho, Díaz Collazos se pronunció mediante una carta enviada a diferentes autoridades locales. En la comunicación, el jefe criminal aseguró que no responderá a provocaciones ni retomará caminos de violencia, y solicitó a las autoridades actuar frente a quienes estarían intentando generar nuevos hechos violentos.En el documento, que afirma haber escrito con su puño y letra desde la cárcel de Cómbita, en Boyacá, señala que quiere dejar “absolutamente claro mi compromiso inquebrantable con la paz, la legalidad y mi proceso de cambio personal y espiritual”."A pesar de que actores externos intentan incitarme a tomar las armas o a retomar caminos de violencia, manifiesto con total firmeza que no cederé ante ninguna provocación”, agregó.El cabecilla de la estructura criminal pidió al comandante de la Policía Metropolitana, a la Fiscalía General de la Nación, al alcalde de Barranquilla y al gobernador del Atlántico que “actúen con decisión frente a quienes están intentando generar violencia en la ciudad". "Personas como "Digno", "Chan" u otros individuos que buscan desestabilizar el orden público, no lograrán arrastrarme nuevamente por ese camino”.
Después de permanecer 16 días detenida por miembros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, ICE, fue liberada bajo fianza la periodista barranquillera Estefany Rodríguez Flores, quien actualmente labora con el medio estadounidense Nashville Noticias.La periodista recobró su libertad tras el pago de una fianza de 10.000 dólares, la cual fue fijada por un juez y ya logró el reencuentro con su hija de 8 años y su esposo.De acuerdo con declaraciones dadas a Nashville Noticias por el abogado que representó a Estefany “tras su liberación, podrán actualizar al juez federal Eli Richardson sobre el estado de la periodista mientras continúa el proceso legal”.La defensa de la barranquillera informó que ahora continuará con la solicitud de hábeas corpus que presentaron el pasado 4 de marzo, mediante la cual se cuestiona el arresto realizado sin una orden judicial y en el que se señala que podría tratarse de una represalia por las denuncias que venía realizando.Lo que buscan los abogados es que a Estefany le concedan su libertad definitiva, pero además que el tribunal emita una orden para que ICE no vuelva a realizar acciones similares contra ella en un futuro.
Joshua David Linney, conocido en el mundo criminal como 'El Grande', fue capturado en Barranquilla para ser extraditado a los Estados Unidos, luego de ser solicitado por la Corte Distrital para el Distrito Medio de Florida de Norte América, bajo cargos de tráfico de drogas ilícitas.Alias 'El Grande' ha sido señalado por las autoridades como uno de los principales responsables del tráfico de estupefacientes en la región Caribe. Según las investigaciones, este hombre aprovechaba su condición de ciudadano americano para facilitar el diseño y ejecución de rutas de envío de narcóticos hacia territorio estadounidense, lo que lo convirtió en un objetivo de alto valor para las agencias de seguridad de su país.El coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e INTERPOL, afirma que Linney presentaba antecedentes por reincidencia delictiva dado que, en abril de 2024, había sido capturado en el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, cuando intentaba transportar droga hacia los Estados Unidos, ocultas en su equipaje para evadir los controles aeroportuarios.El ciudadano extranjero fue dejado a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación a la espera de los trámites administrativos para su traslado y comparecencia ante la justicia norteamericana.
Un plazo máximo hasta el 31 de marzo fue el que se estableció para la habilitación del tráfico de todo tipo de vehículos en la vía alterna que se construye como solución temporal tras la falla que se presentó en el puente a la altura de Jalisco, en el corredor vial Montería - Puerto Rey, debido a las inundaciones del mes de febrero pasado.El plazo fue fijado en una mesa de trabajo coordinada por la Secretaría de Infraestructura de Córdoba, en la que participó la Agencia Nacional de Infraestructura, la concesión Ruta al Mar y su interventoría y la Alcaldía de Los Córdobas.En el encuentro, la Concesión Ruta al Mar informó que ya cuenta con un diseño preliminar para la construcción de un nuevo puente y, en paralelo, adelanta la construcción de este paso alterno provisional que estará al servicio de la comunidad al finalizar el mes en curso.El alcalde de Los Córdobas, Juan Carlos Yances, expresó que el cumplimiento de este plazo será clave para garantizar mayor movilidad, especialmente, por la cercanía de la Semana Santa, una época clave para la reactivación económica.Y es que, según la Secretaría de Tránsito Departamental, esta solución permitirá un ahorro significativo en tiempos de desplazamiento, frente a la vía alterna que actualmente se utiliza. Eso sí, la entidad solicitó a la concesión Ruta al Mar realizar la señalización respectiva debido a que este corredor es de alto tráfico, y debido a la Semana Santa, se incrementa la circulación de vehículos.
La temporada de lluvias sigue dejando graves afectaciones en Santander. Esta vez, el municipio de Lebrija enfrenta una de sus emergencias más complejas del año tras el desbordamiento de las quebradas La Raíces y La Angula, que ha impactado tanto la zona urbana como rural.El balance preliminar es preocupante: al menos 72 familias lo han perdido casi todo debido a las inundaciones provocadas por las intensas precipitaciones. Viviendas anegadas, enseres destruidos y vías afectadas hacen parte del panorama que hoy enfrentan decenas de habitantes.Ante la magnitud de la emergencia, la Alcaldía de Lebrija declaró la calamidad pública y mantiene al municipio en alerta naranja, mientras organismos de socorro y autoridades locales trabajan de manera ininterrumpida para atender los distintos eventos que se han presentado.Desde la madrugada fue activado el Puesto de Mando Unificado (PMU), desde donde se coordinan las acciones de respuesta. Equipos en terreno adelantan labores de acompañamiento, evaluación de daños y atención a las familias damnificadas, en medio de condiciones climáticas que siguen siendo adversas.Las autoridades municipales hicieron un llamado urgente al Gobierno Nacional y a la solidaridad del país para apoyar la atención de la emergencia, teniendo en cuenta que la capacidad de respuesta del municipio podría verse superada si continúan las lluvias.Mientras tanto, se insiste en las recomendaciones a la comunidad para evitar tragedias mayores: no acercarse a ríos ni quebradas, evitar cruzar corrientes de agua o puentes inestables y, en caso de vivir en zonas de riesgo, trasladarse a lugares seguros.Las autoridades también habilitaron la línea 315 821 6251 para el reporte de emergencias y reiteraron que es clave atender únicamente la información oficial.La situación en Lebrija refleja el impacto del invierno en varias zonas de Santander, donde las lluvias no dan tregua y mantienen en alerta a las comunidades y organismos de gestión del riesgo.
Los propietarios de más de 10.000 vehículos con los motores dañados por gasolina de mala calidad reclamaron una compensación al gobierno de Bolivia, que importa y distribuye el combustible a través de la estatal petrolera YPFB, informó este miércoles la compañía.El presidente centroderechista Rodrigo Paz asumió el poder en noviembre con la promesa de resolver una grave crisis de desabastecimiento de carburantes.Esa política de subsidios, sostenida durante 20 años por los gobiernos socialistas de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025), agotó las reservas en dólares y complicó nuevas importaciones de combustibles.¿Por qué hay gasolina de mala calidad?Paz eliminó en diciembre las subvenciones. Y aunque las largas colas en los surtidores desaparecieron, los bolivianos todavía temen que al cargar sus vehículos sus motores se ennegrezcan y estropeen."Estamos en el orden de 10.874 personas que han iniciado el reclamo" de una compensación por sus motores dañados, dijo en rueda de prensa Yussef Akly, presidente de YPFB.El Ministerio de Energía e Hidrocarburos reconoció la semana pasada que tanques de almacenamiento acumularon restos de oxidación por falta de uso, pero que al volver a utilizarse los residuos se mezclaron con los combustibles.El gobierno de Paz ha calificado la inacción de los funcionarios, que trabajan desde la gestión anterior y que debieron advertir estos problemas, como un "sabotaje".El mandatario ordenó en febrero militarizar 16 plantas de almacenamiento de YPFB a nivel nacional, pero las autoridades no volvieron a pronunciarse si continúa esta vigilancia interna.Akly señaló este miércoles que "tenemos varias personas que están en proceso de investigación" para determinar su responsabilidad, pero no dio más detalles.También explicó que el daño no alcanzó a todo el parque automotor."Esta desestabilización que se da en la gasolina se dio coyunturalmente en algunos lotes" importados y "en situaciones muy puntuales", detalló.Una línea telefónica se habilitó para registrar las quejas de los usuarios. Las compensaciones se iniciarán esta semana.Bolivia importa combustibles principalmente de Argentina, Chile y Paraguay.
El más reciente informe sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos presentado por la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos advierte que la violencia contra líderes sociales y personas defensoras no solo persiste, sino que responde a causas estructurales que el Estado no ha logrado superar. Entre 2022 y 2025, se documentaron 410 homicidios, en un contexto donde las amenazas, ataques y la impunidad siguen marcando el panorama nacional.La ONU concluye que se trata de un fenómeno extendido y sistemático. Durante este tiempo, hubo casos en 28 departamentos y 184 municipios, con una fuerte concentración territorial. Solo diez departamentos, encabezados por Cauca, con 84 casos, Valle del Cauca con 37, Nariño y Arauca con 36 y Putumayo con 34, concentraron el 76% de los homicidios.“La violencia en contra de personas defensoras está vinculada a factores estructurales, como la persistencia de conflictos armados en varias regiones del país; el involucramiento de los actores armados no estatales y organizaciones criminales en las economías ilícitas, como el narcotráfico, la minería ilegal, la tala ilegal de árboles o el tráfico de personas; la débil presencia de las instituciones del Estado y su desarticulación en cuanto al cumplimiento de sus deberes de prevención y protección; los altos niveles de impunidad”, señala el informe.Control territorial, economías ilícitas y violenciaEl informe señala que los principales responsables serían los grupos armados no estatales, a quienes se atribuye el 73% de los homicidios, seguidos por organizaciones criminales. Aseguran que estas estructuras utilizan la violencia como mecanismo para imponer control social, silenciar liderazgos y asegurar territorios estratégicos.Regiones como el norte del Cauca, el Pacífico nariñense, el Catatumbo, el Cañón del Micay, el Nordeste Antioqueño, Arauca o el Magdalena Medio reflejan las disputas por narcotráfico, minería ilegal y corredores estratégicos que se traducen en ataques directos contra líderes comunitarios.Amenazas, silenciamiento y expansión urbana de la violenciaEl documento afirma que a los homicidios se suman 2.018 ataques y amenazas documentados en el mismo periodo. La mayoría son amenazas, pero también se registran intentos de homicidio, secuestros, vigilancia y agresiones físicas.En los territorios, la violencia se expresa en en aversiones recurrentes. Municipios como Argelia, Toribío y Santander de Quilichao, en Cauca; Tumaco, en Nariño; Tibú, en Norte de Santander; Tame, en Arauca; y zonas del Medio y Bajo Putumayo, concentran los casos más graves.“La reiteración de homicidios a lo largo de los cuatro años confirma que no se trata de eventos coyunturales, sino de patrones estructurales de agresión dirigidos contra personas defensoras indígenas, campesinas, comunitarias y comunales por parte de los grupos armados no estatales como parte de sus estrategias para ganar control social y territorial”.Además, aseguran que la violencia dejó de ser exclusivamente rural y comenzó a expandirse hacia contextos urbanos y periurbanos, donde los ataques están asociados al control barrial, economías ilícitas y disputas por la gobernanza comunitaria en ciudades como Cali, Medellín, Cúcuta, Bogotá, Barranquilla y Santa Marta.Las víctimas: liderazgo comunitarioSegún el informe, 137 víctimas eran integrantes de Juntas de Acción Comunal, 105 defendían derechos campesinos, 95 pertenecían a pueblos indígenas y 49 eran mujeres defensoras.En el caso indígena, el pueblo Nasa concentra 44 homicidios en el periodo. “ONU Derechos Humanos identificó que los grupos armados no estatales y organizaciones criminales ejercen violencia en contra de autoridades tradicionales indígenas, sabedores o médicos ancestrales, guardias o liderazgos con el fin de quebrar sus procesos organizativos y afectar sus estrategias de resistencia”.También aseguran que hay impactos diferenciados en mujeres defensoras, quienes enfrentan violencia de género, amenazas sexuales y campañas de desprestigio, además de un aumento en homicidios que se duplicaron entre 2022 y 2025.“Las violencias basadas en género, también llega a manifestarse a través de agresiones sexuales, en la medida en que incluyen agresiones sexualizadas, amenazas de violencia sexual y hostigamientos dirigidos a la vida íntima y familiar”.En el caso del pueblo Awá, la ONU documentó el homicidio de 10 autoridades y guardias indígenas, en un contexto de control armado, desplazamientos y presiones directas sobre las comunidades. “La falta de medidas de protección colectiva efectivas y de una respuesta estatal adecuada continúa profundizando la situación de riesgo para este Pueblo indígena”.También identificaron riesgos para quienes defienden los derechos de niños, niñas y adolescentes, especialmente líderes, docentes y autoridades que denuncian el reclutamiento forzado por parte de grupos armados.En cuanto a la población LGBTIQ+, documentaron homicidios de personas defensoras, incluyendo mujeres trans, hombres gays y una persona no binaria..Impunidad y fallas estructurales del EstadoEl informe es crítico frente a la respuesta institucional. Aunque reconoce avances y voluntad política, advierte que las acciones del Estado siguen siendo insuficientes, fragmentadas y desarticuladas.Aseguran que la impunidad es uno de los mayores desafíos, ya que de 800 casos investigados por la Fiscalía, solo el 6,87% ha llegado a sentencia, mientras que más de la mitad sigue sin identificar responsables.Además, señalan que el modelo de protección presenta fallas estructurales. La Unidad Nacional de Protección, que concentra la respuesta estatal, enfrenta sobrecarga, demoras superiores a seis meses y medidas que no se ajustan a contextos rurales. Incluso alertan que 34 personas defensoras fueron asesinadas pese a contar con esquemas de protección o haberlos solicitado.“Sumado a lo anterior, un número importante de los vehículos asignados a los esquemas de protección están reiteradamente en reparación por fallas técnicas, afectando por semanas y meses la labor de las personas defensoras de derechos humanos, principalmente aquellas en zonas rurales dispersas”.La ONU también cuestiona la falta de articulación entre niveles de gobierno y la debilidad de los municipios, señalando que“el nivel municipal sigue siendo el eslabón más débil del sistema de garantías”.El informe también advierte que, aunque la Procuraduría ha adelantado investigaciones disciplinarias frente a omisiones en la protección de personas defensoras, su alcance sigue siendo limitado y no ha logrado corregir fallas estructurales en la respuesta institucional.En cuanto a la Policía, señalan que enfrenta restricciones para operar en zonas rurales con presencia de grupos armados, lo que limita su capacidad de brindar protección efectiva a personas defensoras fuera de los cascos urbanos.Menos capacidad internacional en medio de la crisisONU DDHH Colombia alerta que a este panorama se suma un factor preocupante, ya que en 2025, la oficina en Colombia redujo cerca del 50% de su personal y cerró tres oficinas regionales en Medellín, Neiva y Villavicencio, lo que limita su capacidad de monitoreo e incidencia en el país: "Ello redujo la capacidad de monitoreo, asistencia técnica e incidencia en siete departamentos. Autoridades y organizaciones de la sociedad civil expresaron su preocupación" por el impacto que esto conllevaría en la promoción y defensa de los derechos humanos”.Un sistema desbordado y sin respuesta integralEl informe concluye que el modelo actual de protección es “insostenible” y ha sido superado por la magnitud del fenómeno. Incluso aseguran que mecanismos creados por el Gobierno, como los Puestos de Mando Unificados por la Vida, no lograron los resultados esperados y fueron abandonados sin evaluación clara.Un problema estructural sin resolverPara la ONU DDHH, el Estado sigue enfrentando enormes retos para garantizar la vida y la labor de quienes defienden derechos humanos en Colombia, en un contexto donde el control territorial, las economías ilícitas y la débil institucionalidad continúan alimentando la violencia.“La persistencia de los altos niveles de violencia y el repunte de casos de homicidio registrados en 2025 también muestra que el Estado en su conjunto sigue enfrentando importantes retos para revertir las tendencias y patrones de violencia, superar los obstáculos estructurales que impiden garantizar una protección integral y sostenida a las personas defensoras de derechos humanos en Colombia”.La ONU advierte que los altos niveles de violencia se han mantenido a lo largo de distintas administraciones y están anclados en causas estructurales no resueltas.En ese sentido, piden fortalecer la articulación entre el nivel nacional y territorial, aumentar la capacidad de respuesta de autoridades locales y avanzar en la superación de la impunidad como condición clave para garantizar la protección de las personas defensoras.Finalmente, aseguraron que si bien el actual Gobierno ha reconocido la labor de las personas defensoras y ha mostrado apertura al diálogo con organizaciones sociales, señalan que estos esfuerzos no se han traducido en una política sostenida ni en una asignación suficiente de recursos para garantizar una respuesta efectiva.Además, advierten que la prevención y protección no se mantuvieron como una prioridad constante en la agenda institucional, lo que ha limitado el impacto de las acciones adoptadas frente a la magnitud del problema.
En la vereda La Florida de Duitama (Boyacá), por parte de servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), fue capturado Mario Hernando Reyes Zambrano, un sacerdote quien habría agredido sexualmente a un menor de 13 años en medio de una misión católica.De acuerdo con la investigación, Reyes Zambrano, quien en su momento se desempeñaba como rector de un colegio en Duitama, Boyacá, organizó en diciembre de 2015 una misión católica a zona rural del municipio de Santa Helena del Opón en Santander, a la que asistieron varios acólitos y personal de la institución educativa.“El material probatorio recopiado en la investigación estableció que el sacerdote habría aprovechado su condición de autoridad, e ingresó a la habitación en la que se encontraba la víctima sometiéndola a tocamientos íntimos y otros vejámenes sexuales”, según dio a conocer la Fiscalía en un comunicado.Por estos hechos, una fiscal de la seccional Santander le imputó el delito de acto sexual con menor de 14 años agravado. El cargo no fue aceptado y fue privado de la libertad con detención domiciliaria.También se conoció que Reyes Zambrano tenía una suspensión al interior de la comunidad religiosa a la que pertenece.Cabe recodar que, en abril de 2025 en Moniquirá, Boyacá, se llevó a cabo el juicio oral contra el sacerdote Jaime Vargas Ruiz, quien fue denunciado por presunto abuso sexual contra un joven de 16 años. Los hechos, según la denuncia, ocurrieron en el año 2007 en una finca de la sacerdote ubicada en el municipio de Chitaraque, también en Boyacá.El proceso judicial, fue el resultado de una denuncia penal interpuesta en 2020 por la víctima, quien hoy tiene 33 años y asegura haber guardado silencio durante más de una década por temor y vergüenza.Blu Radio conoció que además de la investigación penal, el caso fue sometido a un juicio canónico en el Tribunal Eclesiástico Metropolitano de Bogotá. Como resultado, el pasado 8 de agosto de 2024, la Iglesia Católica notificó que el sacerdote Vargas Ruiz fue declarado culpable de abuso sexual a menor de edad, según el derecho canónico, y fue expulsado del estado clerical.
La intensa temporada de lluvias en Colombia continúa generando graves estragos en varias regiones del país. Los departamentos de Cundinamarca y Santander enfrentan una de las emergencias más complejas de los últimos años, con miles de damnificados, vías colapsadas y comunidades enteras afectadas por inundaciones y deslizamientos de tierra.De acuerdo con el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, más de 10.000 personas han resultado afectadas, especialmente en el municipio de Facatativá, donde el desbordamiento del río Botello ha provocado inundaciones sin precedentes en al menos dos décadas.“Facatativá sin duda es el municipio que representa mayor grado de criticidad”, afirmó el mandatario departamental en entrevista con Mañanas Blu, al tiempo que confirmó que ya son más de 14 municipios impactados por la emergencia invernal.Facatativá, bajo el agua: barrios enteros inundadosLa situación en Facatativá es crítica. Barrios como Girardot, Villas de Manjú y San Benito amanecieron completamente anegados, obligando a cientos de familias a evacuar o a intentar salvar sus pertenencias en medio del agua.El alcalde del municipio, Luis Carlos Casas, describió el panorama tras una noche de atención a la emergencia: “Gran parte del comercio de este sector está inundado… hay un conjunto de unas 600 casas que está completamente afectado”.El mandatario local explicó que el desbordamiento se produjo por la acumulación de agua proveniente de zonas altas y la obstrucción del cauce por material vegetal. “Estamos esperando maquinaria para dragar el buchón que está impidiendo que el agua fluya rápidamente y el nivel pueda bajar”, indicó.En total, se reportan al menos 15 barrios afectados y más de 2.500 familias damnificadas solo en este municipio. Las autoridades han desplegado ayudas humanitarias que incluyen mercados, colchonetas y frazadas para quienes lo perdieron todo.Infraestructura y movilidad, gravemente afectadasLas lluvias no solo han impactado viviendas, sino también la infraestructura vial del departamento. El gobernador Rey detalló múltiples afectaciones en corredores clave, como la vía Bogotá–Villeta, donde deslizamientos de tierra han obligado a restringir el paso vehicular.“Tuvimos un desprendimiento de material que taponó la vía. En este momento trabajamos con paso a un carril mientras se restablece completamente el tránsito”, explicó.En municipios como Pacho, la situación es aún más delicada. “Se perdió casi el 70% de la banca de la vía del Río Negro, que es la única conexión departamental”, señaló el gobernador, advirtiendo el impacto directo sobre el sector agropecuario. Asimismo, en San Francisco se reportan desbordamientos de fuentes hídricas y nuevos derrumbes que dificultan la movilidad en la provincia del Gualivá. Actualmente, el departamento tiene maquinaria operando en al menos 56 puntos críticos para atender las emergencias.Lluvias persistentes y riesgo prolongadoEl origen de la emergencia está relacionado con un aumento inusual de las precipitaciones. Según el gobernador Rey, un nuevo frente frío ha intensificado las lluvias en la región durante las últimas semanas.“Este segundo frente frío nos ha perjudicado drásticamente… tenemos más de 56 emergencias que estamos atendiendo”, afirmó. Además, el IDEAM ha advertido que la temporada de lluvias se extenderá hasta abril, lo que mantiene en alerta a las autoridades ante posibles nuevas emergencias.Santander también en alerta: Lebrija declara calamidad públicaLa situación no es exclusiva de Cundinamarca. En el departamento de Santander, el municipio de Lebrija enfrenta una emergencia similar tras el desbordamiento de las quebradas La Raíces y La Angula.El balance preliminar indica que al menos 72 familias han perdido prácticamente todas sus pertenencias. Viviendas inundadas, daños en enseres y afectaciones en vías hacen parte del panorama actual. Ante la magnitud de la crisis, la Alcaldía declaró la calamidad pública y activó un Puesto de Mando Unificado (PMU) para coordinar la atención.Las autoridades locales trabajan de manera ininterrumpida, aunque advierten que la capacidad de respuesta podría verse superada si continúan las lluvias.
“Un diálogo real” con quienes lideran el Paro Minero es lo que está pidiendo el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, al Gobierno nacional para acabar con las jornadas de protesta que están afectando el transporte y la economía en el sur del departamento.Los manifestantes completan cuatro días de protesta en la vía que conecta a los municipios de Montelíbano y Puerto Libertador, bloqueando el paso hacia Cerro Matoso, lo cual está afectando a más de 2.000 personas que diariamente se movilizan desde y hacia la operación de este complejo minero.Ricardo Gaviria, presidente de Cerro Matoso, informó que “cerca de 500 trabajadores directos y contratistas permanecen en la planta sin posibilidad de realizar el relevo de turnos de forma habitual” y que, inclusive, hubo la necesidad de “suspender parcial y totalmente muchos contratos de bienes y servicios ante la imposibilidad de mantener unas operaciones normales”.“De igual manera, no hemos podido entrar suministros necesarios y vitales para el sostenimiento de nuestra operación durante las 24 horas y nos tocó suspender el despacho de nuestros productos al puerto de Cartagena”, dijo.“Respetamos, por supuesto, el derecho a la protesta, pero una protesta que sea pacífica, pero que no afecte el derecho a la movilidad de los trabajadores y el derecho al trabajo”, agregó.Es precisamente por estas afectaciones que el gobernador Zuleta le está insistiendo al Gobierno que establezca un verdadero diálogo con los manifestantes,de hecho, el mandatario dijo que la administración departamental está dispuesta a ser garante en este proceso “para que se escuchen las voces, se construyan acuerdos y se avance hacia la normalización”, antes de que la situación escale a inconvenientes de orden público.Hasta un juez falló una tutela para ordenar que de manera inmediata permitan la libre circulación en la vía, pero más de 100 manifestantes aún impiden el tránsito normal y solo mantienen habilitado un corredor humanitario para el paso de ambulancias, alimentos y bienes esenciales.
En Baranoa, Atlántico, hay fiesta porque fue declarado como Patrimonio Inmaterial Cultural de la Nación la fiesta de La Loa de los Santos Reyes Magos, una tradición que rinde homenaje cada mes de enero a la visita de los reyes de Oriente al niño Jesús en el pesebre. La noticia surge luego de que ayer se aprobara en cuarto y último debate este proyecto de ley que cuenta con la ponencia y coautoría del senador Pedro Flórez. “Esta nueva ley, luego de su sanción, le permitirá a Baranoa proteger, salvaguardar, divulgar y financiar de mejor manera esta tradición religiosa y escénica que se realiza en el mes de enero. Con esto se promoverá el turismo y la identidad cultural del municipio. Una gran noticia para sus habitantes, pero también para el departamento del Atlántico, porque continuamos así, preservando las tradiciones culturales y religiosas de nuestro Caribe colombiano”, manifestó el senador Flórez.Entre otros, la inclusión de esta fiesta en la lista de patrimonio cultural del país, también permitirá el fomento de actividades para fortalecer el turismo y la economía local.Al respecto, Alberto Sarmiento, director de La Loa, asegura que esto se convierte en orgullo para el municipio, siendo que se refuerza el sentir por esta tradición que reúne a mas de 230 personas. "Esta representación llegó a Baranoa hace más de 150 años de la mano de un sacerdote español. Lo interesante es que de principio a fin todo esta escrito en prosa y verso. Tiene teatro, danza, música, efectos especiales. Hoy en día nos acompañamos de muchos elementos. Es un conglomerado de muchas personas. El elenco está conformado por unas 45 personas. Ahí tenemos niños, jóvenes, adultos, personas mayores, pero detrás en la organización y montaje hay unas 170 personas que hacen posible todos lo años esta esceneficación", contó el gestor cultural.
Momentos de terror se vivieron alrededor de un establecimiento comercial tipo billar en el norte de Barranquilla, el cual se terminó convirtiendo en un campo de batalla entre las bandas ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’ en la madrugada de este jueves, debido a un violento ataque a bala que registró al menos seis personas heridas.Reportaron las autoridades que Luis Bernal Castro Barrios (30 años), José Armando Pertuz Montenegro (39 años), Julio Enrique Ruiz Polania (39 años), presuntos integrantes de ‘Los Costeños’, departían a las afueras del sitio cuando fueron sorprendidos por los disparos provenientes desde un taxi, de placas TZK-850, en el que estaban cuatro presuntos ‘Pepes’, dos de ellos adolescentes.Según pudo conocer Blu Radio, al parecer, el ataque iba dirigido contra Julio Enrique Ruiz Polania al ser hermano de Danelis Patrícia Ruiz Polania, pareja sentimental de alias 'Castor', máximo cabecilla de la estructura ‘Los Costeños’. Ella habría sido capturada por un proceso de lavado de activos, según la Policía.De hecho, Julio Enrique sería la persona que estaría en un estado de salud más grave al recibir cerca de 10 impactos de bala, la mayoría de ellos en su espalda y extremidades inferiores. Sus acompañantes fueron blanco de tres disparos entre los tres.Los agresores intentaron huir en su vehículo por toda la carrera 43, aunque fueron perseguidos en una rápida reacción de la Policía. Así las cosas, terminaron chocando su vehículo en otro sector de Barranquilla, propiciando la captura de Jean David Pacheco González, de 21 años, y las aprehensiones de un joven de 14 años y otra persona sin identificar de aproximadamente 17 años, todos lesionados también.Las investigaciones de este caso están en marcha y fueron asignadas al CTI de la Fiscalía. Las autoridades incautaron cuatro armas de fuego tipo pistola; cuatro proveedores, varios de ellos con capacidad para 32 cartuchos; y el vehículo utilizado para los hechos.
En Nueva EPS, al parecer, no solo no cumplen con la oportuna atención a los pacientes y entrega de medicamentos sino también con las ordenes de arresto judicial.Esto por cuenta de que desde ayer están siendo buscados Eudes del Carmen Cueto, gerente regional en salud, y Juan Carlos Fontalvo, gerente regional Norte, para que cumplan con diez días de arresto, tras una orden emitida por el Juzgado Quinto Civil Municipal de Barranquilla, debido al desacato en el cumplimiento de tutelas para la entrega de medicamentos y citas.Ambos deberán ir a un centro penitenciario de la ciudad, sin embargo, cuando fueron por Cueto y Fontalvo a las oficinas, ninguno de los dos estaba en las instalaciones. En el caso de Cueto, al parecer, está incapacitada; mientras que dijeron que Fontalvo habría sido ascendido a un cargo nacional, dentro de la misma EPS, en diciembre pasado y que por eso no se encontraba.Sin embargo, no es la primera vez que ambos están enfrentando órdenes de arresto. En febrero de este año, Fontalvo también fue sancionado para que cumpliera con 10 días de arresto por desatender el cumplimiento de una tutela en Cesar, con un paciente de la tercera edad. La orden fue entregada por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Valledupar, ante el no cumplimiento de las tutelas ordenadas, para que la misma fuera cumplida en el Comando de la Policía Nacional de su ciudad de residencia.Al respecto, no hay confirmación de si cumplió con este arresto.
Tres meses después de que familiares de Carlos Mario Peralta Velásquez perdieran todo rastro de él, el CTI de la Fiscalía de Barranquilla, con ayuda del Gaula del Ejército, capturaron a una mujer que era su amante y al esposo de ésta, como principales sospechosos de la desaparición forzada del electricista de 28 años.Blu Radio conoció que miembros del grupo NN y desaparecidos del Cuerpo Técnico de Investigación de esta ciudad, lograron realizar una inspección al inmueble de la pareja hoy investigada, encontrando rastros de sangre en la habitación de la casa ubicada en el barrio El Santuario.Allí las autoridades temen que pasó lo peor, pues incluso, según conoció este medio, hay testigos que dicen haber visto a los investigados, sacar de su casa un colchón lleno de sangre.Los capturados son Natalia Jhoana Maestre González, con quién Carlos, el desaparecido, sostenía una aventura amorosa y el esposo de la mujer, un expolicía identificado como Sergio Andrés León Franco, quien fue desvinculado hace ocho años de la institución y actualmente trabajaba como taxista.La mujer fue enviada como medida preventiva a la cárcel El Buen Pastor y su esposo a la de El Bosque.María Peralta, hermana del soldador, cuenta que el nombre de Natalia salió a relucir, luego de que Carlos le contara a un amigo que se vería con ella en el barrio Santuario, dato que fue relevante para orientar la investigación.El 12 de diciembre, Carlos Peralta salió de su casa en el municipio de Juan de Acosta en su moto. A su familia le dijo que iría al estadio Metropolitano para ver el partido de ida de la final del FPC entre el Junior y Deportes Tolima, cuando en realidad esta fue la excusa para verse con su amante, una mujer que también era casada y a la que había conocido cuando trabajó en un hotel del norte de Barranquilla.La captura de la amante del soldador y su esposo se produjo en el municipio de Galapa. Por ahora las autoridades no descartan que otras personas también estén involucradas en esta desaparición. Mientras tanto sigue la búsqueda del sitio donde pueda encontrarse Carlos Peralta.
La Fiscalía seccional 28 de Bogotá citó a audiencia de formulación de imputación a los ex interventores de Air-e Diana Bustamante y Nelson Vásquez Torres, para imputarles cargos por los delitos de fraude a resolución judicial.La audiencia fue citada de forma virtual para este jueves a partir de las 10 de la mañana como parte de una investigación que se adelanta a los exinterventores por presuntamente no haber entregado información sobre la administración de la empresa de energía durante el periodo que estuvieron al frente de la misma.Bustamante y Vásquez, según denuncias, no acataron un fallo del Consejo de Estado que ordenaba a los interventores entregar a los accionistas de Air-e toda la información sobre el proceso en curso, lo que representó una irregularidad.Diana Bustamante, quien se desempeñaba en el área de mercadeo de Air-e, fue nombrada interventora tras la salida del cargo de Edwin Palma a finales del mes de febrero de 2025. La mujer solo estuvo tres meses al frente de la compañía.En su reemplazo fue nombrado Nelson Vásquez Torres quien duró 8 meses como agente interventor hasta que el pasado mes de enero presentó su carta de renuncia la cual fue aceptada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
Las oficinas de la Nueva EPS en Bosconia, Cesar, se encuentran cerradas por segundo día consecutivo debido al plantón adelantado por Keyla Michell Vargas, mujer a la que desde hace 36 días la tienen esperando por un traslado de urgencia para su bebé recién nacido, al que cada día que pasa se le disminuyen los latidos del corazón y tiene un diagnóstico de ataque cianótico, es decir falta temporal de oxígeno en la sangre.La orden desde el centro médico en el que es atendido es de llevarlo hacia una clínica de cuarto nivel, aunque dice Keyla que la Nueva EPS no les da respuesta. Llegaron a proponer la posibilidad de una remisión hacia Cartagena, pero más de 30 días después el silencio de ellos es absoluto.Por eso, pese a estar en su recuperación por cesárea decidió tomarse la sede de la entidad con cintas y pancartas.“Como madre tengo 36 días con una operación que es la cesárea, 36 días luchando para que mi hijo pueda ser atendido y todavía no me dan respuesta. He hecho todo lo que ha estado en mis manos y haré todo para ser escuchada, para que me colaboren para que la Supersalud vea lo que estoy pidiendo. Él tiene derecho a la vida y a la salud”, declaró a Blu Radio.Los hechos fueron inmediatamente rechazados por el senador Didier Lobo, quien señaló desde el Congreso que este niño está luchando una batalla que no le corresponde.“Jermain tiene pocas semanas de vida y ya está peleando una batalla que no le corresponde pelear. En este momento está luchando por sobrevivir en un centro asistencial del municipio de Bosconia en mi departamento del Cesar. No sabe caminar, no sabe hablar, solo sabe respirar y lo está haciendo con mucha dificultad. Los médicos que lo atienden han dicho con claridad, "este niño necesita un hospital especializado que Bosconia no tiene”. Han pedido el traslado una y otra vez y la respuesta de la EPS ha sido el silencio”, dijo inicialmente.“Mientras los funcionarios revisan papeles y autorizan reuniones, una madre llamada Keyla Vargas espera orando para que alguien escuche. El Cesar es uno de los departamentos con una de las tasas más altas de mortalidad infantil del país. Y cuando uno revisa por qué mueren esos niños la respuesta no siempre es la gravedad de la enfermedad. La respuesta muchas veces es la demora, es la burocracia, es el papel que no llegó, la autorización que no salió, la cama que nadie buscó a tiempo. Los niños en Colombia no están muriendo solo de neumonía o de nutrición, están muriendo de un sistema que los hace esperar. Si este niño muere esperando un traslado que debió hacerse hace días, eso no será una tragedia, será una vergüenza nacional”, agregó.Keyla señala que lo que mantiene con vida a su hijo en estos momentos es el medicamento que ha venido tomando, sin embargo, teme a que en algún punto deje de funcionar y pierda la vida.
A la fecha, Barranquilla ha reportado cinco casos sospechosos de sarampión ante el Instituto Nacional de Salud, donde se recibieron las muestras para análisis de laboratorio y por lo menos tres resultaron negativos, pero los otros dos aún se encuentran en observación y a la espera de los resultados.El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa, que afecta a todo tipo de edad y se propaga rápidamente cuando una persona infectada habla, tose o estornuda. Teniendo en cuenta esto, la secretaria de Salud de Barranquilla, Stephany Araújo, pide a la ciudadanía, en especial a aquellos que tienen planes de viajar en la próxima Semana Santa, que revisen sus esquemas de vacunación para prevenir enfermedades como esta y la fiebre amarilla."Aquí en el Distrito contamos con más de 40.000 dosis que se pueden aplicar de manera gratuita en 60 puntos de vacunación que tenemos entre IPS vacunadoras, Pasos y Caminos de Mi Red y la red privada del Distrito. La prevención se encuentra en reforzar y completar nuestro esquema de vacunación contra el sarampión, rubéola y triple viral", dijo la secretaria.La funcionaria indicó que en lo que va del 2026 se han aplicado en Barranquilla 6.876 dosis de Triple Viral que protege de enfermedades como el sarampión, la rubéola y paperas, y 1.574 dosis de la vacuna bivalente sarampión rubéola.Agregó que en el año 2025 se aplicaron más de 60.000 dosis, logrando alcanzar las coberturas establecidas.Los niños entre los 6 y 18 meses deben tener la primera dosis; niños de 1 a 10 años deben contar con ambas dosis, mientras que viajeros de 11 a 59 años sin antecedente vacunal, deben aplicársela 15 días antes del viaje.Así mismo, talento humano en salud y personas vinculadas al sector turismo, de hotelería y de transporte internacional que no esté vacunado debe iniciar su esquema.
Más de 24 horas completan en protesta un grupo de habitantes del corregimiento de Aguas Blancas, jurisdicción de Valledupar, donde se han tomado la vía nacional entre la capital del Cesar y el municipio de Bosconia, la cual conecta con Santa Marta y Barranquilla, para exigir mejoras en la prestación de servicios públicos.La protesta empezó por fallas en la energía desde el pasado lunes; sin embargo, la Alcaldía reporta que el servicio ya fue restablecido y que la comunidad ahora reclama reducción en las tarifas por consideran que los precios siguen elevados. A su vez, la gente estaría reclamando el envío de carrotanques para compensar la intermitencia con la que se presta el servicio de agua potable.Dada la situación, la Alcaldía de Valledupar activó un puesto de mando unificado en la Policía Metropolitana, donde el mandatario Ernesto Orozco informó que desde este martes ha intentado dialogar con los manifestantes pero no ha sido posible conocer formalmente sus peticiones ni mucho menos llegar a un acuerdo.El alcalde sostuvo que este miércoles irá él mismo junto a una comisión a hablar con los manifestantes, pero si no logra un acuerdo, entonces intervendrá la Fuerza Pública."Acabamos de enviar una comisión como última instancia para seguir con los diálogos y si no, ya nos veremos obligados a usar la fuerza. Nosotros no hemos encontrado un líder o un vocero, hay diferentes peticiones, pero tampoco hay como un pliego de peticiones concordantes. Nosotros el año pasado tuvimos una situación similar donde hicimos unos compromisos que hemos venido cumpliendo", manifestó Orozco.El alcalde sostiene que a través de su administración han ido desarrollando proyectos para el mejoramiento de la calidad de vida en Aguas Blancas y que están dispuestos a escuchar a la comunidad, siempre y cuando ésta exprese con claridad, a través del diálogo, sus necesidades.
En más de cuatro puntos porcentuales incrementó la participación electoral en la región caribe, tanto para las elecciones de Cámara y Senado, lo que significó la asistencia de 700.000 personas más a las urnas que hace cuatro años, ubicándose incluso ocho puntos porcentuales por encima de la media nacional, al darse una movilización a las urnas del 58% de los caribeños, frente al 50% del promedio del país.Esto implicó una reconfiguración en el panorama electoral a nivel regional, donde, por ejemplo, Cambio Radical perdió preponderancia en la lista de Senado en los departamentos de Atlántico, Magdalena y San Andrés, donde la ventaja la tomaron el Partido Liberal y Pacto Histórico. Es decir, no pudieron mantener el primer lugar en votación, lo que terminó impactando esta lista a nivel nacional, la cual perdió al menos cinco curules frente a lo obtenido hace cuatro años, dado el peso que tenía la votación Caribe en sus cuentas.Otro de los derrotados fue el candidato presidencial Carlos Caicedo, quien nuevamente no logró pasar con su partido Fuerza Ciudadana pasar el umbral en Senado y se quedó sin curul a Cámara de Representantes en Magdalena, donde tiene su bastión político. Allí le ganó el pulso el Pacto Histórico, el cual logró quedarse con el 15% de los votos, lo que le da una curul. Sin embargo, también allí perdió el Centro Democrático la mayoría de los votos, pues aunque en 2022 fue la fuerza más votada, en esta ocasión lo logró el partido Liberal, un viraje ideológico determinante.En términos numéricos, entre los ocho departamentos del Caribe, al Senado la fuerza más votada fue Pacto Histórico con más de 892.000 votos y le sigue el Partido Liberal con 801.000 votos. En tercer lugar, está el Partido de la U, con al menos 693.000, le sigue el Partido Conservador con 687.000 y de quinto Cambio Radical con 601.000.Algo similar sucedió a Cámara, donde Pacto Histórico fue el único partido que presentó lista en todos los departamentos del Caribe. Para el caso, sumó más de 923.000 votos.Sin embargo, vale la pena mencionar varios casos puntuales que se dieron en algunos departamentos, donde se dieron votaciones arrasadoras, como le sucedió a Cambio Radical con su lista a la cámara baja por Atlántico. Allí, por ejemplo, alcanzaron 327 votos, lo que les hizo ganadores de tres curules con Stefanel Gutiérrez, Welfran Mendoza y Samir Radi, todos ellos impulsados por la casa Char, la cual logró defender el terreno ganado en 2022 con el mismo número de credenciales.Un caso similar se dio en Bolívar, donde la votación del partido Conservador (422.000 votos), destacó para hacerse a la mayoría de las curules, aunque perdieron una con relación a 2022, pasando de cuatro a tres.Victorias costeñas bajo escándaloPero el balance no solo es con el panorama de los que pierden, sino también de las polémicas victorias. Una de estas se dio en el Cesar con Alfredo Ape Cuello, del partido Conservador, cuestionado porque su publicidad política fue colocada en carrotanques que entregan agua en Aguachica. El ahora representante electo con 94.000 votos, logró en ese municipio 5.900 votos, siendo el segundo más votado allí.El que también quedó elegido fue Didier Lobo, candidato al Senado por Cambio Radical, procedente también del Cesar, donde también se le acusa, como a Cuello, de un presunto uso electoral del suministro de agua, pues su publicidad electoral fue puesta en carrotanques que abastecían a comunidades afectadas por carencia del preciado líquido.Otra que ganó fue Ana Paola García al Senado, ella es una de las salpicadas con la incautación de más de $400 millones de pesos en efectivo en Córdoba. Aunque no hay ninguna investigación contra ella por este proceso, su nombre entró al sonajero por la cercanía que mantiene con uno de los que transportaba el dinero y que fue, posteriormente, capturado.Pero esta no fue la misma suerte del senador Julio Elías Chagui, quien buscaba repetir curul por la U. Al excandidato, quien también fue mencionado en este escándalo por dudas de posible compra de votos, no le alcanzaron los 69 mil votos que obtuvo para seguir en el Congreso. Además, también está en la mira por el escándalo de los carrotanques.No puede faltar en la lista la victoria de Wadith Manzur, quien también fue mencionado en el escándalo de los carrotanques y actualmente está siendo investigado por la Corte Suprema de Justicia en el marco del escándalo de corrupción en la UNGRD. Este último logró 134 mil votos, concentrando en Córdoba 60 mil votos
Tras conocerse el resultado del 99,85% de las mesas escrutadas de las elecciones del pasado domingo en el departamento de Bolívar, en esta zona del país el partido Conservador sigue liderando la votación a la Cámara de Representantes con más de 422.000 votos.Curules de conservadoresLos conservadores lograron asegurar tres curules, que estarían repartidas entre María Camila Salas, cuñada del actual gobernador Yamil Arana con 140.000 votos; Juliana Aray y Andrés Montes, quienes repiten curules con 85.000 y 58.000 votos, respectivamente.El Pacto Histórico duplicó votación en el departamentoEn segundo lugar se ubica el Pacto Histórico, que duplicó su votación en Bolívar frente al 2022 con lista cerrada.El Pacto en Bolívar mantiene curul, pero esta vez con Amaury Julio.Los liberalesEl partido Liberal también mantiene su curul, pero luego de una disputa casi de “fotofinisih” entre el actual representante Silvio Carrasquilla y la abogada Yolanda Wong, quien logró desbancarlo luego de tres periodos en el Congreso.Resultados Centro Democrático Una de las sorpresas en Bolívar corrió por cuenta de José Ricardo Ardila del Centro Democrático, quien hasta el momento asegura curul con más de 61.000 votos.Sobre la jornada electoral en el departamento Sobre el desarrollo de la jornada electoral en el departamento de Bolívar, el secretario del Interior, Javier Doria, aseguró que se llevó a cabo en normalidad y sin contratiempos.Además, puntualizó que las dos situaciones previas, que se registraron el día sábado en el corregimiento de Barranca Vieja, donde hubo disturbios y quema de cubículos y urnas; y en zona rural de Santa Rosa del sur, por hostigamientos de grupos armados, fueron atendidas a tiempo sin que esto altera el avance y la participación electoral del domingo.“Le cumplimos a la democracia en Bolívar, en los 639 puestos de votación instalados a lo largo de nuestro departamento podemos dar un parte de tranquilidad, las personas pudieron acudir a los puestos de votación para ejercer su derecho, fue un trabajo articulado con la Fuerza Pública y con toda la institucionalidad. En el día de ayer tuvimos unas situaciones de orden público, específicamente en el corregimiento ro de Barranca Vieja, en Calamar, y en zona corregimental de Santa Rosa, ambas situaciones fueron atendidas, y en Barranca Viena la jornada de adelantó en absoluta tranquilidad”, detalló.En el departamento de Bolívar estaban habilitados para votar 1.794.186 personas, de cuales 1.007.995 lo hicieron este domingo.
La tarde de este domingo, a pocas horas del cierre de las urnas, se produjo una nueva captura en Córdoba, relacionada con presunto lavado de activos.El caso esta vez se dio en los alrededores de un puesto de votación ubicado en el municipio de Montelíbano, donde la Policía interceptó un vehículo en el que transportaba más de 14 millones de pesos en efectivo y material de campaña electoral.La persona que se transportaba en este vehículo fue identificada como Uber Correa, ex concejal y quién no pudo justificar el origen del dinero, por lo que fue capturado, informó el coronel Fernando Guzmán, comandante de la Policía de Córdoba."En un vehículo, al ser registrado, se encuentra una mochila que lleva un dinero. Además, hallamos presencia de material electoral, publicidad política y unas inconsistencias en las versiones sobre el origen de este dinero, por lo cual esta persona es dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación", dijo el oficial.Aclaró el oficial que, a pesar de esto, hasta ahora no ha habido alteraciones de orden público en el departamento de Córdoba.
Las alarmas estuvieron encendidas en Córdoba, debido a la más reciente denuncia de la Registraduría Nacional del Estado Civil en la que advirtió un alto riesgo de asonada en el puesto de votación Corosalito, ubicado en el municipio de Chimá, Córdoba, debido a la presencia de “testigos electorales que no cuentan con la respectiva acreditación”.La denuncia fue realizada inicialmente por las redes sociales, sin embargo Blu Radio pudo conocer gracias fuentes judiciales que la situación fue controlada rápidamente tanto por el registrador departamental, Fabián Daza, como por las unidades de vigilancia que fueron asignadas para ese sitio.Según fue reportado, una persona intentó ingresar a la institución educativa Corosalito cumplido el cierre de las votaciones para presenciar de primera mano el conteo de los sufragios.Inicialmente se identificó como un testigo electoral, no obstante tras revisiones su nombre no estaba registrado en las planillas físicas ni en las virtuales. A lo que se enfureció en gran manera cuando le negaron su entrada.Las autoridades intervinieron inmediatamente y los presentes abuchearon su comportamiento, por lo que optó por marcharse del sitio.En ese punto reporta la Policía de Córdoba no se presentaron alteraciones del órden público ni novedades durante la jornada electoral. Además, el conteo de los votos avanza con normalidad.Cabe resaltar que en el municipio también fueron desplegados activos del Ejército Nacional para garantizar la tranquilidad de los votantes en las urnas.
En medio del desarrollo de la jornada electoral de este domingo, al menos cuatro personas han sido capturadas en Atlántico en momentos en que ejercían su derecho al voto.En un primer caso, las autoridades realizaron la captura de un hombre que era requerido por la justicia por un presunto caso de abuso sexual con una menor de edad. El procedimiento se registró en el puesto de votación instalado en el colegio Sofía Camargo de Lleras, en Barranquilla, cuando el ciudadano Honer Bello Morales llegó al lugar para sufragar.Según la información preliminar, al verificar sus datos en el sistema, las autoridades evidenciaron que Bello tenía un requerimiento judicial vigente por el presunto delito de abuso sexual, a raíz de un caso ocurrido en el año 2023 en el municipio de Soledad, Atlántico.Esta persona, capturada de inmediato en el sitio, tiene cinco anotaciones judiciales por los delitos de tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas de fuego y amenazas.Entretanto, en el municipio de Campo de la Cruz fue capturado otro hombre requerido por el delito de deserción. Esta persona, que responde al nombre de Deivis Reales Páez, de 22 años, fue capturado cuando votaba en la IE Pánfilo Cantillo, donde al revisarle sus antecedentes la Policía también encontró que tiene una anotación por abuso sexual.Una tercera captura se produjo en la institución educativa San Cayetano de Gallego, corregimiento de Sabanalarga, donde capturaron mediante orden judicial a Alberto Rafael Lobo López, de 62 años, requerido por el delito de abigeato.A su vez, en la IE Nuestra Señora de la Misericordia, del municipio de Soledad, recién fue capturada otra persona cuando sufragaba en la mesa 5 de este puesto de votación.
En Santa Marta, una testigo electoral terminó haciendo las veces de jurado, por una supuesta confusión por parte de ella. El caso ya está en manos de la Procuraduría.El casoPor presunto “desconocimiento”, según su testimonio a las autoridades, una testigo electoral del Partido Nuevo Liberalismo habría ejercido las funciones de jurado de votación en uno de los 389 puestos habilitados en Magdalena.Puntualmente, el caso se registró en la mesa 18, del puesto de votación de la Institución Educativa Distrital El Parque, ubicado frente a la terminal de transportes de Santa Marta, donde Yamith Paola Algarín Estrada llegó al comienzo de la jornada y suscribió los formularios E-9, que corresponde al de sello de urna, y el E-11, que es el de la instalación.Algarín suscribió estos formatos como si fuera jurado de votación, siendo que su rol es el de testigo y no debía diligenciar estos documentos.La delegada de la Procuraduría levantó de inmediato el acta correspondiente y reportó la novedad en el sistema en línea de dicho ente de control.