El Hospital Universitario de Santander (HUS) alertó sobre una situación de sobreocupación crítica en su servicio de urgencias, donde la demanda de pacientes supera ampliamente la capacidad instalada en varias áreas.Según informó la institución, urgencias para adultos registra una de las mayores presiones asistenciales. Aunque el servicio cuenta con 116 camillas, actualmente atiende 195 pacientes, lo que equivale a una ocupación del 168 %.La situación también se repite en otras áreas. En urgencias de ginecoobstetricia, con una capacidad instalada de 12 unidades, se están atendiendo 20 pacientes, lo que representa una ocupación del 167 %. Mientras tanto, en urgencias pediátricas, el hospital tiene 9 unidades disponibles, pero actualmente hay 16 pacientes, alcanzando una ocupación del 178 %.El hospital explicó que, pese a las coordinaciones permanentes con el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) para gestionar la referencia de pacientes dentro de la red hospitalaria del departamento, las cifras continúan superando la capacidad operativa de la institución.Ante esta situación, el HUS hizo un llamado a la ciudadanía para que, en caso de presentar enfermedades de menor complejidad, acuda inicialmente a centros de salud o hospitales de primer nivel en municipios del área metropolitana como Floridablanca, Girón y Piedecuesta, así como a la red hospitalaria de Bucaramanga, incluyendo el Hospital Local del Norte y la UIMIST, o a las IPS asignadas por cada aseguradora.La institución recordó que el hospital es un centro de alta complejidad, cuya prioridad es la atención de pacientes que requieren manejo especializado o en estado crítico, por lo que pidió a la comunidad hacer uso responsable de los servicios de salud para mejorar el flujo de atención y reducir los tiempos de espera.
Un hombre de 31 años fue asesinado a tiros en el barrio Marianela, sector La Ladrillera, en el municipio de Girón, Santander. Por este hecho, la Policía Metropolitana de Bucaramanga logró la aprehensión de un menor de 15 años que presuntamente estaría vinculado al homicidio.De acuerdo con el reporte de las autoridades, la víctima se movilizaba en una motocicleta cuando fue interceptada por varios hombres que se desplazaban en otro vehículo. Según las primeras informaciones, el parrillero sacó un arma de fuego y le disparó en repetidas ocasiones.El hombre recibió cinco impactos de bala en la región del tórax y murió en el lugar de los hechos. Tras el ataque, unidades de la Policía activaron un plan candado y realizaron un cierre de vías que permitió interceptar a los presuntos responsables, cuando huían hacia el barrio Porvenir, sobre el anillo vial de Girón.Durante el procedimiento fue aprehendido un adolescente de 15 años, a quien se le halló en su poder un revólver con seis cartuchos percutidos.El comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, brigadier general William Quintero Salazar, aseguró que la rápida reacción de los uniformados permitió la captura del menor y el avance en el esclarecimiento del caso.“Gracias a la reacción inmediata de nuestros uniformados logramos la aprehensión de un menor de edad que estaría vinculado a este hecho. Continuamos adelantando las investigaciones para establecer la participación de otras personas y esclarecer completamente lo ocurrido”, indicó el oficial.Según la verificación realizada por las autoridades, la víctima registraba seis anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) por delitos como porte ilegal de armas de fuego, tráfico o porte de estupefacientes, hurto agravado, lesiones personales y daño en bien ajeno.Por su parte, el menor aprehendido registra tres anotaciones judiciales: dos por lesiones culposas en 2024 y una por hurto calificado en 2026.El adolescente y el arma de fuego incautada fueron dejados a disposición de la autoridad competente, mientras continúan las investigaciones para determinar si hay más personas involucradas en este homicidio.
El superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Felipe Durán Carrón, visitó el embalse Embalse Topocoro en Santander para verificar sus condiciones operativas, la generación de energía, el manejo de caudales y la oferta de precios asociada a la producción eléctrica de la central Central Hidroeléctrica Sogamoso.Durante la inspección, realizada junto a su equipo técnico, la entidad revisó aspectos técnicos y administrativos de la hidroeléctrica operada por la empresa ISAGEN, en el marco de las labores de vigilancia sobre los principales embalses del país.Según la Superintendencia, el embalse, que tiene una capacidad máxima de 4.800 millones de metros cúbicos, mantiene actualmente un volumen útil del 96,6 %, disponible para la generación de energía. No obstante, entre enero y febrero se registraron aportes hídricos del río Sogamoso muy por encima de lo esperado, alcanzando el 207,9 % y el 316,9 % respectivamente, situación que obligó a realizar vertimientos debido a dos semanas consecutivas con crecientes superiores al percentil 90.Frente a estas condiciones, el superintendente aseguró que no existe riesgo para las comunidades ubicadas aguas abajo.“Actualmente no existe nivel de riesgo aguas abajo, ya que para llegar a ese nivel se requerirían caudales de descarga de más de 2.500 metros cúbicos por segundo y hoy el embalse está por el orden de 430 m³ por segundo y en el turbinado, para generar energía, se descargan 583 m³ por segundo”, explicó Felipe Durán Carrón.Durante la visita también se evaluó el comportamiento de la generación eléctrica de la central, que aporta cerca del 10 % de la demanda energética nacional, con especial impacto en el suministro para el nororiente del país y la región Caribe.La inspección en Topocoro hace parte de una serie de recorridos que adelanta la Superintendencia por los principales embalses del país, luego de las lluvias atípicas registradas en los últimos meses. Antes ya se realizaron visitas a los complejos hidroeléctricos Embalse de Urrá en Córdoba, Hidroituango en Antioquia y Embalse de Calima en el Valle del Cauca.Según el funcionario, estas inspecciones buscan supervisar el manejo operativo de los embalses, mitigar posibles riesgos y evitar que eventuales ineficiencias en la operación se trasladen a las tarifas que pagan los usuarios de energía en el país.
A pocas horas de la jornada electoral del 8 de marzo, la campaña política del candidato a la Cámara de Representantes por Santander, Sergio Isnardo Muñoz, denunció públicamente lo que calificó como un “ataque ruin” y una presunta estrategia sistemática de desprestigio en su contra, que, según su versión, habría sido gestada desde la administración departamental.El pronunciamiento se conoció luego de un comunicado emitido por la Gobernación de Santander, frente al cual el equipo político de Muñoz aseguró que “queda en evidencia” una presunta campaña de guerra sucia basada en montajes, desinformación y ataques políticos.En una entrevista con Blu Radio, el candidato Sergio Isnardo Muñoz, sostiene que un funcionario cercano al mandatario departamental habría realizado acciones que califican como “entrampamiento” contra ciudadanos, presuntamente haciéndose pasar por integrantes de su equipo político. Según la denuncia, el material obtenido en esos hechos no habría sido entregado inicialmente a las autoridades competentes, sino que habría sido difundido en escenarios políticos, dando paso a señalamientos y difamaciones como ciertasDe acuerdo con la versión entregada por la campaña, tras interponer una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación, y hacerla pública, se habría presentado posteriormente una acción jurídica conjunta entre el funcionario señalado y otro candidato, lo que, afirman, evidenciaría un posible concierto para afectar el proceso electoral.La campaña también cuestionó la presunta participación en política por parte de la administración departamental y expresó su preocupación por las garantías de transparencia en el actual proceso electoral. En ese sentido, el candidato Sergio Isnardo Muñoz hizo un llamado directo al gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, solicitando que se brinden condiciones equitativas para todos los aspirantes.Asimismo, anunciaron que solicitarán una reunión extraordinaria ante la Mesa de Garantías Electorales y el Gobernador Ad Hoc, con el fin de exponer los hechos denunciados y pedir acompañamiento institucional.El pronunciamiento se produce en un clima de alta tensión política en Santander, en la recta final de la campaña hacia las elecciones del 8 de marzo. En su declaración, el movimiento político reiteró que continuará en contienda y aseguró que los ataques no frenarán su aspiración electoral.Hasta el momento, la Gobernación no ha emitido un nuevo pronunciamiento frente a estos señalamientos, mientras se espera que las autoridades competentes evalúen las denuncias y determinen si existen méritos para adelantar investigaciones formales.
A través de la Secretaría de Seguridad de Bogotá, se conoció un caso en el cual la Policía Metropolitana logró la captura de un hombre que había robado una bicicleta minutos antes en la localidad de Usaquén y quien planeaba escapar usando la multitud que se moviliza en TransMilenio.El caso ocurrió en la tarde de este miércoles, 4 de marzo. El delincuente, de 21 años, despojó a una persona de su bicicleta en la localidad de Usaquén usando la intimidación y para poder moverse rápido, se dirigió a la estación de la Calle 100 en donde planeaba subir el objeto robado.Sin embargo, un detalle no permitió que cumpliera con su cometido: la denuncia del ciudadano. De acuerdo con las autoridades, al minuto del robo se reportó lo sucedido y gracias al seguimiento de cámaras de seguridad, además de la descripción física que había sobre el delincuente, se logró ubicar rápidamente y cuando llegó a este punto ya era esperado por las autoridades.“Estoy muy agradecido con la Policía Nacional, de Bogotá y en especial con la de TransMilenio que me ayudaron a recuperar la bicicleta el día de hoy”, expresó la víctima sobre lo sucedido, a través de un video publicado por la propia Secretaría de Seguridad.El capturado fue trasladado a la URI de Paloquemao en donde enfrentará los cargos por hurto, además a la espera de su caso, pues la víctima habría interpuesto una demanda formal por lo sucedido y el caso podría ser escalado por las autoridades, asimismo, la bicicleta volvió a las manos del dueño tras este hecho.La Policía Nacional les recordó a todos los ciudadanos la necesidad de reportar cualquier caso de hurto para poner en acción cualquier plan en contra de la delincuencia, además de usar los canales oficiales para poder cumplir con esta labor a tiempo.
El Senado de Estados Unidos rechazó este miércoles la resolución que pretendía frenar la intervención militar ordenada contra Irán por el presidente estadounidense, Donald Trump, que no solicitó autorización previa al Congreso para el ataque.Con una votación de 47 a favor y 53 en contra, la propuesta que había sido impulsada por el demócrata Tim Kaine y apoyada también por el republicano Rand Paul, tenía pocas posibilidades de salir adelante porque la oposición está en minoría en ambas cámaras legislativas.Aunque la medida hubiera avanzado, enfrentaba una batalla complicada en el Capitolio, ya que habría tenido que ser enmendada antes de pasar a la Cámara de Representantes, y luego un probable veto presidencial que requiere dos tercios de los votos para anularlo.La decisión de los senadores republicanos de proteger al presidente se produce después de que Trump criticara duramente a los cinco senadores del partido que votaron a favor de impulsar una resolución previa sobre poderes de guerra para la acción militar en Venezuela.De esos cinco, solo uno Paul votó de nuevo a favor de restringir los poderes del presidente y espera que la Cámara vote sobre el mismo tema el jueves.Por otro lado, senadores demócratas advirtieron el martes de que el Gobierno de Trump no descarta el envío de tropas a territorio iraní, después de una sesión informativa confidencial con funcionarios de alto nivel."Tengo más miedo que nunca", dijo el senador demócrata Richard Blumenthal al confirmar que el Gobierno les comunicó que no descartan el envío de tropas terrestres a Irán.La Cámara tiene previsto también votar el jueves sobre una resolución similar sobre poderes de guerra, que el presidente Mike Johnson, republicano de Luisiana, aseguró que cree que tiene los votos para derrotar.Incluso si se hubiera aprobado en el Senado y el jueves lo hiciera también la Cámara de Representantes, Trump podría vetarla y para anular ese veto se requerirían una mayoría de dos tercios en ambas cámaras.
Un correo interno encendió las alertas en el sector de las telecomunicaciones y en el Ministerio de Trabajo. Tras la fusión entre Tigo y Movistar, y la terminación de la relación laboral con Colombia Telecomunicaciones, la empresa de telecomunicaciones les comunicó a sus trabajadores la apertura de un Plan de Retiro Voluntario (PRV) con bonificaciones por años laborados, una decisión que ahora está bajo la lupa del Ministerio de Trabajo, que anunció una investigación para revisar cómo se está implementando.“A partir de querellas recibidas, desde el Ministerio del Trabajo activamos labores de inspección, vigilancia y control para proteger y acompañar los derechos de las y los trabajadores”, señaló el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino.El ministro añadió que se realizará una mesa de diálogo social tripartito, con participación del Ministerio de Hacienda, para así garantizar que la “recomposición empresarial” se ajuste al cumplimiento de las leyes laborales.Adaptar la organización a las necesidades actuales del negocio y construir una empresa sostenible y que, además, este preparada para desafíos que se puedan presentar, es el argumento de Movistar del porqué la activación de este PRV. Que tenía un lapso de postulación del miércoles 25 de febrero hasta el viernes 27 de febrero, según la empresa de telecomunicaciones.La propuesta consiste en terminar el contrato por mutuo acuerdo y recibir una bonificación equivalente a 30 días de salario por cada año trabajado. Si el tiempo laborado no completa un año, se pagarán 30 días si la fracción supera seis meses y 15 días si es menor. La empresa incluso habilitó un simulador para que cada empleado calcule cuánto dinero recibiría y fijó un plazo corto de postulación, de apenas dos días y medio.El plan, según el correo, es “completamente libre y voluntario” y está dirigido a quienes consideren que es un buen momento para iniciar un nuevo proyecto personal o profesional.Aunque la compañía insiste en que se trata de una alternativa voluntaria y transparente, el anuncio generó inquietudes en el proceso de integración empresarial. Por eso, el Ministerio de Trabajo revisará si se están respetando todas las garantías laborales.Por ahora, Movistar sostiene que es un proceso interno y que no hará más pronunciamientos. Entretanto, crece la expectativa sobre el impacto que este plan pueda tener en la estabilidad laboral tras la fusión de dos de las principales empresas del sector.
Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este miércoles, 4 de marzo de 2026:El ciclista colombiano Santiago Buitrago se coronó campeón del Trofeo Laigueglia, tras imponerse en territorio italiano y sumar un nuevo título internacional a su palmarés.Esta noche, Atlético Nacional y Millonarios FC se enfrentan por la fase preliminar de la Copa Sudamericana, en un duelo clave que se disputará desde las 7:30 de la noche.El exentrenador del Junior de Barranquilla César Farías explicó qué sucedió con su expulsión en la Copa Libertadores tras decisión del árbitro colombiano Wilmar Roldán.El futbolista colombiano Julián Millán habló sobre su llegada al Fluminense, club al que se suma tras su paso por Nacional de Montevideo, y aseguró que asume el reto con ilusión y responsabilidad.Escuche el programa completo aquí:
En la tarde de este miércoles, el Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cali ordenó tres días de arresto y una multa de tres salarios mínimos legales mensaules vigentes, para Derly Katherine Andrade y Carlos Rafael Villero, gerentes de las regionales Occidente y Suroccidente respectivamente de la Nueva EPS. La decisión del juez está basada en el desacato del fallo de una tutela emitido el pasado 22 de enero, donde se le exigía a la entidad garantizar la continuidad del tratamiento oncológico del señor Saúl Quiñonez, paciente de 95 años de edad, que padece cáncer de próstata en estado metastásico, a quien se le suspendió la atención en la Clínica Valle del Lili desde octubre del año 2025."Lo que nos dice la clínica es que no pueden atender al paciente porque no tienen covenio con la Nueva EPS, pero la situación cada día puede complicarse más, porque él requiere exámenes, medicamentos, atención en quimioterápias y radioterapias, pero todo esto lo negó la Nueva EPS. El paciente hacía parte de la 'ruta de Oncología' de la clínica y lo sacaron por el no pago de la eps", explicó Omar Quiñonez, hijo del paciente.En el fallo emitido el 22 de enero, el juez ordenaba a la clínica la autorización, programación y la garantía continua e ininterrumpida de los servicios de salud al señor Saúl, tanto en los cuidados en casa, como en el suministro oportuno de los medicamentos, sin dilaciones ni barreras administrativas."Garantice la continuidad de la atención del señor Saúl Quiñonez Mendoza en la Fundación Clínica Valle del Lili, siempre que las prestaciones ordenadas se encuentren médicamente justificadas y prescritas por el médico tratante, por tratarse de una institución que ha venido conociendo su caso y que cuenta con la capacidad técnica y científica para el manejo de sus patologías, absteniéndose de imponer cambios de prestador que impliquen interrupción del tratamiento, desmejora en la calidad del servicio", fue la orden del fallo.A pesar de tener una orden judicial, donde establecía un plazo de 48 horas para dar respuesta y continuidad al paciente, la Nueva EPS no se comunicó con el usuario, ni tampoco dio respuesta a las exigencias del Juzgado.Hasta el momento la Nueva EPS no ha emitido un pronunciamiento oficial respecto a orden de arresto de los directivos regionales.
Una ofensiva militar adelantada por el Ejército Nacional en coordinación con la Policía permitió ubicar a los presuntos responsables de la quema de un vehículo de una empresa de gaseosa en el municipio de San Cayetano, Norte de Santander, hecho que estaría relacionado con el no pago de extorsiones por parte del grupo armado organizado ELN.De acuerdo con las autoridades, las tropas del Gaula Militar Norte de Santander, junto con el Gaula de la Policía Nacional, desarrollaron una operación contra integrantes del Frente de Guerra Urbano Nacional Camilo Torres Restrepo del ELN, quienes delinquen en esta zona del departamento.La acción se produjo gracias a información suministrada por la comunidad, lo que permitió ubicar a dos hombres señalados de participar en el atentado contra el vehículo. Al percatarse de la presencia de las tropas, los sujetos iniciaron un combate de encuentro que dejó como resultado la muerte en operaciones militares de uno de ellos y la captura de otro, quien ya fue puesto a disposición de las autoridades competentes."En el lugar también fueron incautadas tres motocicletas y dos armas cortas, elementos que eran utilizados para la movilidad y actividades delictivas del Frente Urbano Carlos Germán Velasco Villamizar, del ELN", aseguró el comandante de la Trigésima Brigada del Ejército, general Mario Geovanni Contreras Guineme. El Gaula Militar de la Segunda División del Ejército reitero el llamado a la comunidad de Norte de Santander para seguir denunciando hechos de extorsiones, secuestros y amenazas a la línea telefónica gratuita 147.
La Universidad Cooperativa de Colombia, seccional Bucaramanga, emitió un comunicado en el que rechazó los actos de violencia registrados este miércoles 3 de septiembre en las afueras de su campus, durante un operativo de recuperación de espacio público adelantado por la Dirección de Tránsito con el acompañamiento de la Policía Nacional.De acuerdo con la institución, algunos estudiantes participaron en las agresiones contra los agentes que retiraban motocicletas estacionadas en zonas no autorizadas. La directora de la sede, Nancy Duarte Pabón, aseguró que este tipo de conductas “no solo ponen en riesgo la seguridad e integridad de quienes las protagonizan, sino que también vulneran la imagen de la Universidad y desconocen los valores que orientan nuestra labor formativa”.La universidad recordó que cuenta con parqueaderos seguros, habilitados especialmente para la comunidad estudiantil, con costos accesibles y condiciones de protección para los vehículos, a diferencia de los espacios informales que no cumplen las normas. Además, hizo un llamado a la reflexión y al respeto de la legalidad.“La dignidad de portar el uniforme de la Universidad Cooperativa de Colombia conlleva una responsabilidad personal y colectiva. Cada estudiante representa dentro y fuera del campus los principios institucionales que promovemos: el respeto, la empatía, la legalidad y la convivencia”, señaló Duarte.Por su parte, el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, calificó de inaceptables las agresiones contra los agentes de tránsito y reiteró que el espacio público debe ser recuperado en beneficio de toda la ciudadanía.“El orden y la autoridad no se negocian. La agresión y la violencia no son el mecanismo ni la ruta para hacer valer una opinión. En Bucaramanga se ha vuelto normal que cada uno haga lo que quiera con el semáforo, con el parque, con el espacio público, y cuando se van a tomar decisiones, la reacción es la agresión. No vamos a permitir este tipo de comportamientos”, advirtió.El mandatario también informó que se encuentra a la espera de los reportes médicos sobre la condición de los agentes y policías que resultaron afectados durante el procedimiento, y pidió a la universidad colaborar en la identificación de los responsables.Jorge Abril, representante del sindicato de Tránsito de Bucaramanga, rechazó de manera enérgica la agresión: “En nombre de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga y de los agentes de tránsito de mi ciudad, rechazamos plenamente la acción de los jóvenes frente a este proceso, que solo busca garantizar condiciones óptimas de movilidad. Ese joven que golpeó a nuestro agente se verá inmerso en una demanda penal, con penas que pueden oscilar entre 4 y 8 años de prisión”, señaló.
Un juez Decimo Penal de la capital santandereana condenó a 11 años de prisión a nueve de los once procesados por el millonario y cinematográfico robo a la joyería Franco, ocurrido en Bucaramanga, en julio de 2024. Fue un planificado atraco, seis delincuentes asaltaron la Joyería Franco, ubicada en el Centro Comercial San José Plaza, sobre la carrera 17C con calle 56 de Bucaramanga. En videos se ve cómo dos de los ladrones, vestidos con uniformes de policía (uno con el uniforme antiguo y otro con el nuevo), ingresan al local, desarman al vigilante de la joyería y lo golpean. Acto seguido, amenazan con armas a los cuatro empleados presentes, iniciando el asalto.Un tercer delincuente, disfrazado con el uniforme de una empresa de envíos, se une al grupo junto a un cuarto asaltante. Ambos saltan sobre las vitrinas y comienzan a llenar costales con las valiosas joyas expuestas en las bandejas.“Los individuos ingresan, colocan en indefensión al vigilante y proceden a hurtar las bandejas en donde se encontraban anillos, cadenas y aretes”, señaló las autoridades de Bucaramanga horas después del hurto. Mientras tanto, los testigos en el Centro Comercial La Isla, al percatarse del atraco, comenzaron a gritar desesperadamente pidiendo ayuda. La presión obligó a los asaltantes a huir apresuradamente, descendiendo las escaleras hacia la salida del centro comercial.La decisión judicial recae sobre Humberto Vargas, Jesica Valenzuela, José Gómez, Jonathan Martínez, Lino Zárate, Ángel Gabriel Díaz, Diego Rubiano y Hugo Sánchez, quienes fueron hallados responsables de participar en el atraco que conmocionó a la ciudad por la forma en que fue ejecutado.El robo, que en su momento fue calificado por las autoridades como uno de los más osados registrados en la región, dejó pérdidas millonarias para los propietarios de la joyería y derivó en un amplio operativo policial que permitió la captura de los implicados.Aunque en total fueron 11 las personas procesadas, solo nueve recibieron condena en esta primera instancia, mientras los demás esperan definición de su situación jurídica.
Un grave hecho de violencia se registró en inmediaciones de la Universidad Cooperativa de Bucaramanga, donde varios agentes de tránsito fueron agredidos mientras realizaban un operativo de control en la zona.De acuerdo con las autoridades, un grupo de estudiantes de la institución participó en una asonada contra los funcionarios, quienes se vieron obligados a bajar de la grúa varias motocicletas que habían sido inmovilizadas. Aunque una patrulla de la Policía acudió al lugar, no fue posible controlar la multitud que arremetió contra los uniformados.Jorge Abril, representante del sindicato de Tránsito de Bucaramanga, rechazó de manera enérgica la agresión: “En nombre de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga y de los agentes de tránsito de mi ciudad, rechazamos plenamente la acción de los jóvenes frente a este proceso, que solo busca garantizar condiciones óptimas de movilidad. Ese joven que golpeó a nuestro agente se verá inmerso en una demanda penal, con penas que pueden oscilar entre 4 y 8 años de prisión”, señaló.Abril recordó que recientemente un ciudadano fue condenado por atacar a un agente de tránsito y advirtió que estas conductas no solo afectan a los funcionarios, sino a la ciudad entera.“Los bumangueses no podemos seguir copiando esas prácticas de odio y rabia. Invitamos a la ciudadanía a reflexionar antes de arriesgar su proyecto de vida con actos violentos que terminan en procesos judiciales”, agregó.Las autoridades aún no se pronuncian pero se espera que adelantan las investigaciones para identificar a los responsables de la agresión.
Una grave denuncia de violencia de género involucra al concejal de Aratoca por el Partido Liberal, Ciro Alfonso Ortiz Márquez, señalado por su novia de 22 años de haberla agredido el pasado domingo 31 de agosto.De acuerdo con el testimonio entregado por la joven en el hospital local, los hechos ocurrieron en el municipio de Jordán, donde ambos compartían con amigos. Según la víctima, un episodio de celos habría desatado la agresión.“Un amigo me ofreció una cerveza y él reaccionó de manera violenta, empezó a empujarme y a insultarme. Luego, dentro del carro, me golpeó en la cara, el tórax y los brazos, incluso intentó ahorcarme. Un amigo suyo le decía que me iba a matar”, relató la mujer.La joven aseguró que la violencia continuó al llegar al casco urbano de Aratoca, donde vecinos tuvieron que intervenir y dar aviso a la Policía. Sin embargo, denunció que los uniformados no actuaron frente a la situación, presuntamente por tratarse de un concejal en ejercicio.El hospital de Aratoca activó de inmediato la ruta por violencia intrafamiliar y brindó atención médica a la víctima, quien presentó múltiples golpes y laceraciones. Posteriormente, el caso fue puesto en conocimiento de la Comisaría de Familia.Ante la situación, la Personería Municipal de Aratoca solicitó a la Policía, al hospital y a la Comisaría de Familia un informe detallado sobre las medidas de protección y atención implementadas en favor de la víctima.Por su parte, la Alcaldía de Aratoca rechazó de manera enfática cualquier acto de violencia contra la mujer y pidió a la Fiscalía General de la Nación adelantar una investigación rigurosa contra el cabildante.El caso genera preocupación en la comunidad, que exige garantías de protección para la joven y pide a las autoridades competentes —Fiscalía y Procuraduría— intervenir de manera inmediata, dado que se trata de un funcionario público que, por su cargo, debería ser ejemplo de respeto y convivencia.
Un vehículo utilizado por el aspirante a la Cámara de Representantes, Mauricio Martínez, candidato a la Cámara de Representantes de Santander por el Centro Democrático, fue prendido en llamas frente a su domicilio en el barrio Villa de San Juan, en Piedecuesta.Según versiones preliminares, el automóvil, un Spark GT que le había sido prestado a Martínez para actividades de campaña, fue dañado totalmente por el fuego y se investiga si se trató de un acto intencional dirigido a intimidar al candidato. El propio candidato Martínez describió en sus redes sociales el hecho como “terrible” y aseguró que el siniestro no solo puso en riesgo su vida, sino también la de sus vecinos. Bomberos del municipio acudieron al lugar y lograron controlar las llamas, aunque otro vehículo estacionado junto al de Martínez también resultó afectado. Testigos relatan que el estruendo despertó a residentes de la zona, quienes alertaron a las autoridades. De acuerdo con la información recopilada en el lugar por la Policía, el automotor era utilizado para actividades de publicidad de campaña de un candidato a la Cámara de Representantes, y pertenecía a un ciudadano cercano al equipo de campaña. "El vehículo permanecía estacionado en el sector desde días anteriores debido a fallas mecánicas", señaló el coronel Héctor García, subcomandante de la Policía de Bucaramanga. Al lugar acudieron unidades del Cuerpo de Bomberos de Piedecuesta, quienes controlaron la situación. Asimismo, uniformados realizaron labores de verificación en el sector, donde se identificaron cámaras de seguridad que serán analizadas para avanzar en la investigación y establecer las circunstancias de este hecho.La candidata a la presidencia, Paloma Valencia y el Centro Democrático pidieron investigar el caso y se solidarizaron con el aspirante. "Rechazamos de manera contundente el ataque contra nuestro candidato Mauricio Matri a quien le incendiaron el vehículo de campaña frente a su casa, poniendo en riesgo a su familia y su comunidad. La violencia no nos va a intimidar. Santander y Colombia no se arrodillan ante los violentos", señaló el Centro Democrático. Este hecho se registra a pocos días de las elecciones legislativas programadas para el 8 de marzo de 2026, en un momento en el que otros políticos han denunciado ataques contra sus campañas. Por ejemplo, la candidata a la Cámara por el Atlántico, María Bolívar Maury, también reportó un atentado armado contra su vehículo días atrás, cuando hombres en una motocicleta le dispararon al automotor en una vía de su departamento. Aunque las autoridades aún no han establecido si los ataques están conectados o si obedecen a motivaciones políticas, estos episodios ilustran un clima de inseguridad y amenazas hacia candidatos en plena contienda electoral, lo cual preocupa tanto a partidos como a organismos de control democrático. Mauricio Martínez, quien también ha enfrentado procesos judiciales recientes por desacato a una tutela interpuesta por el actual candidato al Congreso Ferley Sierra, del partido Verde, quien calificó el incidente como una tentativa de intimidación política y reafirmó su determinación de continuar la campaña. La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, no han emitido versiones oficiales sobre la investigación por el vehículo quemado del candidato Mauricio Martínez, pero fuentes internas de las dos instituciones señalaron que no se descarta ninguna hipótesis. Las primeras pesquisas se enfocan en determinar responsabilidades, posibles móviles y si hay vínculos con otras amenazas en el contexto de la contienda electoral.
La seguridad en Bucaramanga para la jornada electoral de este 8 de marzo contará con el refuerzo de más de 100 uniformados de la Policía Nacional provenientes de la Escuela de Formación de Vélez, quienes apoyarán las labores de vigilancia y control durante los comicios.Así lo confirmó el secretario del Interior de Bucaramanga, Alfonso Pinto Frattali, al explicar que la administración municipal ya tiene listo el dispositivo de seguridad para garantizar el normal desarrollo de las elecciones y proteger el derecho al voto de los ciudadanos.“Este domingo 8 de marzo, en elecciones parlamentarias, Congreso y consultas presidenciales, garantizamos la seguridad de los bumangueses”, afirmó.Según indicó, el refuerzo de la Policía permitirá aumentar la presencia institucional en los puestos de votación, así como fortalecer los patrullajes preventivos en diferentes sectores de la ciudad y en los principales corredores viales.El operativo también contará con el acompañamiento del Ejército Nacional, que apoyará las labores de control en la periferia de la ciudad y en los corregimientos, con el fin de mantener condiciones de orden público en estas zonas.Además, las autoridades instalarán un centro de coordinación en Neomundo, desde donde se articulará el trabajo de las diferentes entidades encargadas de la seguridad y logística de la jornada electoral.Pinto Frattali explicó que este despliegue es resultado del trabajo conjunto entre la Alcaldía, la Policía y el Ejército, lo que permitirá fortalecer la vigilancia este domingo 8 de marzo.
La presencia de hipopótamos en zonas cercanas a humedales y áreas rurales habitadas de Barrancabermeja ha generado preocupación entre la comunidad, luego de que circularan videos en los que se observa a uno de estos animales desplazándose por el humedal de Cuatro Bocas y posteriormente en potreros del sector de Tierra Adentro.Las imágenes, que fueron enviadas por ciudadanos a las autoridades, muestran al animal en zonas donde también hay presencia de ganado y muy cerca de áreas habitadas, lo que ha encendido las alertas por el riesgo que podría representar para la población.Ante esta situación, la Secretaría de Ambiente y Transición Energética de Barrancabermeja solicitó a la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) y al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible activar de manera inmediata el protocolo para la atención de hipopótamos en la región, ya que estas entidades son las competentes para adelantar el procedimiento de captura, reubicación o control de la especie.El secretario de Ambiente y Transición Energética de Barrancabermeja, Leonardo Granados, explicó que la preocupación aumenta debido a que expertos veterinarios han advertido sobre el comportamiento territorial de estos animales.“Frente a los videos que han hecho llegar a la Secretaría de Ambiente, donde vemos a un hipopótamo en el humedal de Cuatro Bocas y luego en potreros en Tierra Adentro, se genera una preocupación. Los expertos veterinarios nos han dicho claramente que cuando el hipopótamo abre la boca frente a las personas es un mensaje de territorialidad y después de eso pueden venir los ataques”, señaló el funcionario.Granados agregó que uno de los registros muestra al animal cerca de una zona donde se encuentra una escuela rural, lo que incrementa la preocupación de las autoridades locales.“Estamos solicitando que se active el protocolo para la captura de esta especie y así proteger nuestros humedales, nuestra comunidad y especialmente a nuestros niños. El interés superior del menor debe ser prioritario en estos momentos”, afirmó.Desde la administración municipal también se han adelantado acciones preventivas junto con la Policía Ambiental, que incluyen labores de sensibilización a la comunidad y operativos para ahuyentar a los animales cuando se acercan a zonas pobladas.El caso fue llevado además al Consejo de Gestión del Riesgo, desde donde se enviaron oficios a la Procuraduría Ambiental y Agraria de Santander, así como a la CAS y al Ministerio de Ambiente, solicitando medidas urgentes frente a una problemática que, según las autoridades locales, viene creciendo en diferentes municipios del Magdalena Medio.
La Gobernación de Santander ha solicitado a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación que investiguen presuntos hechos de corrupción electoral en el departamento. La denuncia se produce después de que un funcionario de la Gobernación recogiera información sobre posibles irregularidades en programas del Departamento de Prosperidad Social (DPS) y la presentara ante la Fiscalía.La Gobernación de Santander ha pedido a las autoridades que investiguen los hechos con celeridad y transparencia, en defensa de la democracia y la transparencia electoral. "Es fundamental que se investiguen estos hechos para garantizar la integridad del proceso electoral", agregó el comunicado."El funcionario actuó por iniciativa propia y que la Gobernación no autorizó ni instruyó su actuación. Reiteramos el compromiso de nuestros servidores con la ley y las garantías", señaló la entidad. Este nuevo escándalo sacude el panorama político en el departamento de Santander y salpica al candidato a la Cámara de Representantes, por el partido de la U, Sergio Isnardo Muñoz, quien aparece nombrado en el comunicado de la Gobernación de Santander. Sergio Isnardo Muñoz, aseguró estar siendo víctima de una campaña de desprestigio y de la circulación de información falsa en su contra en redes sociales, como una supuesta compra de votos entregando electrodomésticos a través de un programa para emprendedores del Gobierno Nacional. De acuerdo con el aspirante al Congreso, desde la Gobernación de Santander y desde sectores del mismo partido político al que pertenece se estarían promoviendo ataques sistemáticos con el propósito de afectar su imagen y debilitar su aspiración electoral."Un asesor del gobernador está implicado en este tema. Incluso, un cuñado de Didier Tavera (exgobernador de Santander y actual director de la Federación Nacional de Departamentos), son los supuestos estrategas de esa campaña difamatoria", señaló el candidato.Muñoz manifestó que en los últimos días han circulado versiones y señalamientos relacionados con una presunta compra de votos, situación que calificó como “mentiras y noticias falsas” orientadas a confundir a la opinión pública y generar un escándalo político en plena contienda electoral.El candidato aseguró que su campaña se ha desarrollado dentro del marco legal y con transparencia, e hizo un llamado a las autoridades competentes para que investiguen el origen de las acusaciones y determinen responsabilidades, en caso de comprobarse la difusión intencional de información falsa en redes sociales. El caso genera inquietud en el escenario político regional y podría tener repercusiones en el desarrollo de la campaña electoral en Santander, donde se intensifican las tensiones a medida que avanzan los comicios.
Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer la muerte de Jonathan Andrés Badillo Beltrán, un enfermero santandereano de 32 años que fue hallado sin vida en el Hospital Departamental de Granada, en el departamento del Meta, centro asistencial donde trabajaba desde hacía cerca de dos meses.De acuerdo con la información conocida, el profesional de la salud había sido reportado como desaparecido el pasado 28 de febrero, luego de que fuera visto por última vez hacia la 1:00 de la tarde en las instalaciones del hospital.Sin embargo, dos días después, el 2 de marzo, su cuerpo fue encontrado en un baño del mismo centro médico, situación que generó conmoción entre sus compañeros y motivó la apertura de una investigación para determinar las circunstancias de su fallecimiento.Badillo Beltrán era egresado de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Bucaramanga y se había trasladado recientemente al Meta tras obtener un empleo como jefe de enfermería en el área de Urgencias del Hospital Departamental de Granada. Antes de asumir este cargo también había trabajado como enfermero en Bucaramanga.Tras confirmarse el fallecimiento, el hospital emitió un comunicado en el que lamentó lo ocurrido y expresó solidaridad con sus familiares.“El Hospital Departamental de Granada E.S.E. lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro colaborador Jonathan Andrés Badillo Beltrán, quien se desempeñaba como jefe de enfermería en el área de Urgencias de nuestra institución”, señaló la entidad.En el mismo pronunciamiento, la institución indicó que está colaborando con las autoridades para esclarecer lo ocurrido. “Como institución, estamos trabajando de manera articulada con las autoridades competentes para que se adelanten las investigaciones correspondientes y se logre el esclarecimiento de los hechos”, agregó el centro asistencial.Mientras avanzan las indagaciones, familiares, amigos y colegas del profesional de la salud han expresado su dolor por la repentina muerte del enfermero santandereano, recordándolo por su compromiso con el servicio y la atención a los pacientes.
La Electrificadora de Santander informó que a esta hora se presenta afectación en la prestación del servicio de energía en al menos 15 municipios del departamento, debido a un evento no programado en la subestación Barbosa.Según el reporte oficial, las fallas se originaron por fuertes descargas atmosféricas que impactaron transformadores y líneas asociadas a esta infraestructura eléctrica, lo que generó una reacción en cadena en otras subestaciones que reciben energía desde este punto del sistema.Entre las subestaciones afectadas se encuentran Barbosa, Sucre, Vélez, Cimitarra, Puerto Araujo y Landázuri. Inicialmente, también resultaron impactadas las subestaciones de Oiba, Vado Real, Contratación y Charalá; sin embargo, en estos municipios el servicio ya fue restablecido.Actualmente, se mantiene la interrupción del suministro eléctrico en los municipios de Barbosa, Vélez, Guavatá, Bolívar, El Peñón, Chipatá, La Paz, Aguada, Sucre, Florián, La Belleza, Jesús María, Albania, Güepsa, Puente Nacional, San Benito, Cimitarra, Landázuri y Puerto Parra, en la zona sur del departamento.La empresa señaló que personal operativo ya se encuentra realizando inspecciones, validaciones y pruebas técnicas a los equipos afectados, con el propósito de restablecer el servicio en el menor tiempo posible. No obstante, advirtió que las labores se desarrollan en medio de condiciones climáticas adversas, lo que limita la ejecución inmediata de algunas actividades por razones de seguridad.
En la madrugada de este miércoles 4 de marzo falleció Andrés Camilo Polo Serrano, uno de los heridos en la balacera registrada la tarde del martes a las afueras del Cementerio Central de Bucaramanga, cuando asistentes a un sepelio fueron atacados a disparos.El joven, conocido entre sus allegados como “Polo” o “Polito”, había sido trasladado de urgencia a la Clínica Chicamocha tras recibir un impacto de bala en la cabeza. Pese a las maniobras y procedimientos practicados por el personal médico, su estado era crítico y finalmente se confirmó su deceso horas después.El ataque ocurrió hacia las 3:40 de la tarde, cuando Polo Serrano salía del camposanto luego de participar en las exequias de Alejandrina Gaona Lizarazo, mujer de 50 años asesinada el pasado fin de semana en el barrio Estoraques. En ese momento, hombres armados abrieron fuego contra quienes se encontraban en el lugar, generando pánico entre familiares y asistentes.Las autoridades informaron que el presunto responsable del atentado fue capturado y quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su judicialización.Entretanto, la violencia no dio tregua en el área metropolitana. En el barrio Colorados, al norte de Bucaramanga, se reportó otro homicidio con arma de fuego, mientras que en el sector La Cumbre, en Floridablanca, una persona fue asesinada con arma blanca. Estos hechos son materia de investigación por parte de las autoridades, que buscan establecer si guardan relación entre sí o con otros episodios recientes.La Policía Metropolitana reforzó la presencia en los sectores afectados e hizo un llamado a la ciudadanía para aportar información que permita esclarecer estos crímenes.
El Consejo Académico de la Universidad Industrial de Santander (UIS) rechazó de manera categórica los actos de violencia e intimidación protagonizados por personas encapuchadas que, en la tarde de este martes, ingresaron a algunos salones de la Facultad de Ciencias con el propósito de obligar a los estudiantes a abandonar las clases y sumarse a una jornada de protesta.A través de un comunicado oficial, la institución señaló que estos hechos constituyen una vulneración a los principios fundamentales que orientan la vida universitaria y representan un atentado contra la paz y el normal desarrollo de las actividades académicas.“El Consejo Académico rechaza de manera categórica los actos de violencia, intimidación y agresión perpetrados (…) por personas encapuchadas contra miembros de la comunidad universitaria”, indicó la universidad, al advertir que el campus no puede convertirse en un escenario de hostigamiento ni de vulneración de las libertades y los derechos humanos.De acuerdo con lo conocido, los encapuchados intentaron presionar a estudiantes para que salieran de sus aulas y se unieran a la protesta. En uno de los casos, un docente enfrentó a los desconocidos cuando ingresaron a su clase y defendió el derecho de sus alumnos a continuar con la jornada académica.Los representantes de los profesores ante los órganos de gobierno universitario respaldaron la actuación del maestro, calificándola como valiente y coherente con la defensa de la autonomía académica y el derecho a la educación.En su pronunciamiento, el Consejo Académico reiteró que este tipo de conductas ponen en riesgo la integridad de la comunidad universitaria y afectan los espacios físicos y de convivencia que sostienen la vida académica y social de la institución.
El gremio de taxistas que presta servicio en el Aeropuerto Internacional Palonegro anunció un plan tortuga para este viernes 6 de marzo desde las 4:30 de la mañana, en protesta por el presunto incumplimiento de la Resolución 10025 del 3 de octubre de 2024, expedida por la Superintendencia de Transporte.Según los conductores, la norma establece que las terminales terrestres y aéreas del país no pueden cobrar a los taxistas por permitir la prestación del servicio público dentro de sus instalaciones, y deben garantizar la libre escogencia por parte de los usuarios.Ángel García, presidente del sindicato de taxistas del Aeropuerto Palonegro y directivo de la Asociación de Transportadores del aeropuerto, aseguró que llevan 17 meses esperando que se haga cumplir la resolución.“Necesitamos que se le haga caso a la resolución de la Supertransporte. Llevamos 17 meses esperando. Mientras tanto el gremio que no hace parte del consorcio sigue siendo perseguido, sancionado y sin garantías para trabajar”, afirmó.El dirigente señaló que actualmente existe un consorcio denominado Taxiaeropuerto, cuyos integrantes pagan una mensualidad de 90.000 pesos y son los únicos que pueden parquear en las zonas azules habilitadas dentro del aeropuerto. Según García, esto vulneraría el principio de igualdad consagrado en la resolución.“La norma dice que no se le puede cobrar a los taxistas por trabajar y que todos tenemos el mismo derecho. Si alguien quiere pagar para hacer parte de un consorcio, que lo haga, pero no pueden excluir a los demás. Solo pedimos que se aplique la ley”, agregó.De acuerdo con el vocero, también denuncian la falta de bahías o zonas amarillas para quienes no pertenecen al consorcio, además de presuntas sanciones y restricciones de ingreso.El plan tortuga se desarrollará sobre la vía que del municipio de Girón conduce al aeropuerto Palonegro desde primeras horas de la mañana. Los convocantes señalaron que la protesta será pacífica y que buscan llamar la atención de las autoridades competentes para que intervengan y definan la situación.
A pocos días de la jornada electoral del 8 de marzo, en Santander hay 112 puestos de votación en 31 municipios donde partidos políticos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos no han inscrito testigos electorales.El panorama se presenta en medio de un proceso que en el departamento contempla 5.954 mesas de votación distribuidas en 825 puestos habilitados en 87 municipios, para un potencial electoral de 1.867.345 ciudadanos.Ante esta situación, el Consejo Nacional Electoral amplió el plazo para la inscripción de testigos. A través de la Resolución 1202 del 1 de marzo de 2026, la autoridad electoral extendió el término hasta este jueves 5 de marzo a las 11:59 p.m.Sergio Hernández Moreno, apoyo territorial del CNE en Santander, explicó que la decisión busca garantizar la vigilancia del proceso democrático.“El Consejo Nacional Electoral amplió el plazo hasta el 5 de marzo a las 11:59 de la noche para que las agrupaciones políticas postulen a sus testigos electorales. Es importante recordar que ellos son los veedores del ejercicio democrático y representan a los partidos y movimientos que inscribieron candidatos”, señaló.Los testigos electorales cumplen una función clave durante la jornada, ya que verifican la instalación de mesas, presencian la apertura de urnas, acompañan el escrutinio y revisan el diligenciamiento de los documentos oficiales, actuando como garantes de transparencia en nombre de las organizaciones políticas.De acuerdo con el informe del CNE, los municipios donde no se han registrado testigos incluyen Albania, Betulia, Bolívar, Bucaramanga, California, Cepitá, Cerrito, Charta, Cimitarra, Concepción, Curití, El Carmen de Chucurí, El Playón, Enciso, Florián, Gámbita, Girón, Guaca, Jesús María, Jordán, Lebrija, Molagavita, Puente Nacional, Rionegro, San Andrés, San José de Miranda, San Vicente de Chucurí, Socorro, Sucre, Suratá y Santa Helena del Opón.La postulación debe realizarse a través de la Plataforma Única de Postulación y Acreditación de Actores Electorales, herramienta habilitada para que los partidos registren a sus testigos y demás actores autorizados.Desde el CNE reiteraron el llamado a las organizaciones políticas para que aprovechen la ampliación del plazo y eviten que haya mesas sin representación durante los comicios.