Apenas ayer la Corte Suprema de Justicia estaba condenando a 7 años de prisión por el delito de tráfico de influencias al general (r) Rodolfo Palomino, y aunque ya se conocía el monto de la pena e incluso la orden que dio el alto tribunal de emitir orden de captura en su contra, hoy está vigente un debate jurídico al rededor de la tutela con la que Palomino busca revocar esa orden.En las últimas horas se conoció una petición que elevó el magistrado de la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Emilio Caldas, a su colega Fernando Augusto Jiménez, magistrado de la Sala de Casación Civil, Agraria Y Rural donde le pide declarar improcedente (rechazar) la tutela que presentó la defensa de Palomino.Si bien el magistrado Caldas salvó su voto, lo que quiere decir que tuvo una posición contraria a la de sus colegas a la hora de decidir sobre la captura de Palomino, sí aclaró que existen otros mecanismos distintos al de la tutela para este tipo de casos como son los recursos ordinarios contra la orden de captura.Rodolfo Palomino habría intervenido de manera irregular para solicitar a la entonces fiscal especializada Sonia Lucero Velásquez Patiño la suspensión de la orden de captura que pesaba sobre el empresario Luis Gonzalo Gallo Restrepo, por esa razón fue condenado a 7 años de cárcel que deberá cumplir recluido en las instalaciones de la Escuela de Postgrados de la Policía, CESPO (Centro de Estudios Superiores de la Policía Nacional).Habrá que esperar la respuesta del despacho del magistrado de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural sobre la pertinencia del recurso interpuesto por la defensa de Palomino.
La muerte por envenenamiento con talio de dos adolescentes colombianas y los graves daños sufridos por otros dos jóvenes no fue accidental sino intencional, según la investigación de la Fiscalía que apunta a una empresaria como sospechosa del crimen.La investigación de la Fiscalía concluyó que la sospechosa es Zulma Guzmán Castro, una empresaria de 54 años que días después de la muerte de las menores salió de Colombia, según publican este viernes medios locales.El caso, que estremeció al país, ocurrió el pasado 5 de abril cuando tres adolescentes y el hermano mayor de una de ellas, de 21 años, fueron ingresados en una clínica de Bogotá con síntomas de intoxicación tras ingerir alimentos en casa de la familia De Bedout, en un barrio acomodado de la capital, donde las niñas se habían reunido para pasar el día y hacer galletas.Una de las niñas intoxicadas, de 14 años, murió el mismo día, y otra, que era la anfitriona, falleció el 9 de abril, mientras que su hermano de 21 años y la tercera adolescente sobrevivieron, pero continúan en tratamiento médico por los graves daños que sufrieron en su organismo.Descubrir el agente causante del envenenamiento y la forma como fue ingerido tardó varias semanas, hasta que exámenes de laboratorio concluyeron que la sustancia usada fue talio, un metal altamente tóxico usado en la fabricación de dispositivos electrónicos y que es inodoro e insípido, según la Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades de Estados Unidos (ATSDR, sigla en inglés).Frambuesas envenenadasEse hallazgo permitió a la Fiscalía descubrir que el veneno estaba en un tarro de frambuesas con chocolate consumidas por las víctimas, con lo cual la investigación se orientó a descubrir cómo se produjo la contaminación del producto.Con base en el testimonio del mensajero que entregó las frambuesas con chocolate en casa de los De Bedout como un supuesto obsequio, los investigadores rastrearon su origen y descubrieron que Guzmán Castro compró dos tarros del producto el 25 y 26 de marzo, diez días antes."Tras seis meses de investigación, la evidencia apuntaría a Guzmán Castro, quien ahora está siendo buscada internacionalmente por solicitud de la Fiscalía y quien es una vieja conocida de Juan De Bedout, padre de una de las menores", señala hoy el diario El Tiempo, que tuvo acceso a los resultados de la investigación.Según la publicación, "esa pista llevó hasta Guzmán Castro, cuyos movimientos migratorios la ubican desplazándose hacia Argentina, Brasil, España y Reino Unido".La mujer participó hace unos años en un 'reality show' de emprendedores en el que se presentó como fundadora de Car B, una plataforma de alquiler de automóviles eléctricos por horas.Las investigaciones apuntan a que el envenenamiento al parecer fue cometido por venganza, cuyos motivos se desconocen, contra Juan De Bedout, empresario del sector financiero y padre de una de las niñas muertas y del joven de 21 años que sobrevivió al veneno aunque con graves secuelas.
Las autoridades lograron judicializar a 19 personas señaladas de integrar una red transnacional dedicada a estafar a ciudadanos interesados en obtener visas de trabajo hacia Estados Unidos. De acuerdo con el director de Investigación Criminal e Interpol, coronel Elver Alfonso, tres presuntos integrantes fueron capturados en Medellín. La organización habría defraudado a cerca de 700 víctimas en 15 países de Suramérica y el Caribe, por un monto aproximado de 2,5 millones de dólares.Según la Delegada para las Finanzas Criminales, Liliana Trujillo, la estructura operaba desde oficinas ubicadas en los barrios Robledo y Cabañas de Medellín, donde contaban con infraestructura para la falsificación de documentos, incluidos una prensa manual en hierro con sello del Departamento de Estado de Estados Unidos y escenografías que simulaban dependencias oficiales. Con estos elementos hacían creer a las víctimas que estaban en contacto con funcionarios estadounidenses y que participaban en procesos auténticos para obtener visas laborales, especialmente la categoría H-2B.La investigación determinó que la red delinquía desde distintas ciudades de Estados Unidos, El Salvador, Ecuador, Nicaragua y Colombia. Además, utilizaban identificaciones gubernamentales falsas, como tarjetas de seguridad social y tarjetas de residencia permanente, junto con sellos y documentos. Para completar el engaño, las víctimas eran dirigidas a portales web que imitaban sitios oficiales de agencias estadounidenses.Los interesados debían transferir entre 50.000 y 90.000 dólares a personas ubicadas en ciudades como Miami, Houston, Boston y Chicago. Entre los presuntos receptores de los pagos figura un abogado de inmigración que afirmaba trabajar para el Gobierno de Estados Unidos y que, supuestamente, gestionaría citas y trámites para la obtención de las visas. El dinero habría sido distribuido entre los miembros de la organización en los distintos países.En Colombia fueron capturados Danna Pamela Porras Marín, Andrés Giraldo Ospina y Edwin Alberto Correa David, requeridos en extradición por la Corte del Distrito Sur de Florida por cargos de fraude electrónico, lavado de dinero, fraude de visas, fraude de identidad y fraude en contratación de mano de obra extranjera.En los allanamientos fueron incautados múltiples elementos relacionados con la actividad ilegal.Como 27 tarjetas con datos biográficos de diferentes ciudadanos de autorización de empleo, 21 tarjetas de beneficios, tarjetas de crédito, pasaportes, 19 cartas de bienvenida de diferentes empresas, 20 formatos de visa H2B, 20 dispositivos de almacenamiento de información y 28 millones de pesos en efectivo, entre otros elementos.
La excongresista Aida Merlano Rebolledo fue condenada a tres años y seis meses de prisión, además de igual período de inhabilidad para ejercer funciones públicas, tras aceptar su responsabilidad en los hechos relacionados con su fuga durante una cita odontológica en el norte de Bogotá el 1 de octubre de 2019. La decisión fue adoptada por la juez 18 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, quien avaló el preacuerdo logrado entre la Fiscalía General de la Nación y la excongresista por el delito de fuga de presos. La pena quedó fijada en 42 meses y un día de prisión.Durante la diligencia la Juez informó que además de la condena se ordena “negar a la señora Aida Merlano Rebolledo, los sustitutos penales de la suspensión condicionante de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria conforme a los antecedentes e intento de fuga y, en consecuencia, una vez quede en firme la sentencia, se dispone a oficiar al INPEC para que, una vez quede en libertad por cuenta de los otros procesos, se deje a disposición para el cumplimiento de la presente sentencia”.La fuga, ocurrida en 2019, se convirtió en uno de los episodios más recordados de la historia judicial reciente. Merlano, trasladada desde su lugar de reclusión a un consultorio odontológico en el norte de la ciudad, se lanzó por una ventana utilizando una cuerda improvisada. Tras caer al primer piso, fue recogida por un hombre, quien la ayudó a escapar en motocicleta. Ese hecho derivó en la apertura de un nuevo proceso penal y, finalmente, en la negociación del preacuerdo que la excongresista firmó con la Fiscalía.Durante la diligencia judicial de aprobación del acuerdo, la juez también reconoció al INPEC como víctima institucional. El abogado del Instituto sostuvo que la fuga afectó la confianza ciudadana y deterioró la reputación de la entidad encargada de la custodia de personas privadas de la libertad. La juez acogió esa solicitud y señaló que la credibilidad pública del INPEC se vio comprometida, así como la percepción de posibles irregularidades internas derivadas del episodio.Durante la diligencia, Aida Merlano aprovechó para ofrecer disculpas públicas a las personas que, según dijo, resultaron afectadas por su fuga. Señaló que su decisión respondió al miedo y a la necesidad de protegerse, y aseguró haber sido víctima de abusos dentro del INPEC, hechos que , afirmó, están denunciados. Merlano pidió perdón a la Administración de Justicia, al odontólogo involucrado en la cita del día de la fuga y al capitán Álvarez, a quien considera injustamente condenado. También extendió disculpas a su familia, en especial a sus hijos Aida Victoria y Esteban José, por las afectaciones emocionales que les generó el episodio.Merlano, quien hoy suma esta nueva sentencia, cumple otras condenas en su contra por hechos de corrupción. En septiembre de 2019, la Corte Suprema de Justicia la condenó a cinco años y seis meses de prisión por superar los topes electorales durante su campaña al Congreso en 2018, proceso que marcó el inicio de su situación judicial. Con la decisión adoptada este viernes, queda en firme su responsabilidad penal por la cinematográfica fuga registrada hace cinco años.
El Chontico Noche volvió a atraer la atención de miles de apostadores en Colombia durante la jornada del jueves, 4 de diciembre de 2025. Este tradicional sorteo, arraigado en la cultura del Valle del Cauca, se mantiene como una de las opciones más populares gracias a su historia, su cercanía con la comunidad y la posibilidad de participar con apuestas accesibles para todos los bolsillos.Resultado oficial del Chontico Noche – 4 de diciembre de 2025Durante la transmisión oficial se confirmó la combinación ganadora de la noche: 2363 - 1.Número ganador: 2363.Tres últimas cifras: 363.Dos últimas cifras: 63.Quinta balota: 1.Miles de jugadores siguieron el sorteo en vivo para verificar sus apuestas y conocer a los nuevos ganadores de la jornada.Horarios del sorteoEl Chontico Noche mantiene horarios constantes que facilitan la participación en toda la región:Lunes a viernes: 7:00 p. m.Sábados: 10:00 p. m.Domingos y festivos: 8:00 p. m.Además del sorteo principal, los apostadores pueden optar por alternativas como Chontico Día y el Súper Chontico Noche, que se realiza los jueves y es reconocido por entregar premios especiales.Modalidades disponibles para jugarLa variedad de modalidades es una de las razones por las que el Chontico Noche se ha posicionado como uno de los chances favoritos del país. Los jugadores pueden elegir entre:Cuatro cifras directo (superpleno): acertar la combinación exacta.Cuatro cifras combinado: ganar sin importar el orden.Tres cifras: en modalidad directa o combinada.Dos cifras (pata): acertar las dos últimas cifras.Una cifra (uña): basada en la última cifra del resultado.Esta flexibilidad permite que cada apostador seleccione la modalidad que mejor se adapte a su estilo de juego.Costos para participarUna de las mayores ventajas del Chontico Noche es su accesibilidad económica:Apuesta mínima: $500Apuesta máxima: $10.000 por jugadaEstos valores permiten que tanto jugadores frecuentes como quienes participan ocasionalmente prueben su suerte sin realizar grandes inversiones.¿Cómo reclamar un premio?Los ganadores deben cumplir con los requisitos establecidos por el operador del sorteo para hacer efectivo su premio:Presentar el tiquete original en buen estado.Mostrar un documento de identidad vigente.En premios de alto valor, el operador podrá solicitar documentación adicional para garantizar un proceso seguro y transparente.
Mathius Bernal, Santiago Ríos y Andrés Felipe Hernández; y uno en España, Leonardo Restrepo, encabezan la lista que, finalmente, dio a conocer el entrenador Tomás Díaz de 12 jugadores que integran jugadores de Antioquia, Atlántico, Caldas, San Andrés y otras regiones del país de la Selección Colombia Sub-17 de Baloncesto.El equipo se prepara para viajar hasta Asunción, Paraguay, para enfrentar el Campeonato Sudamericano que irá del 9 al 15 de diciembre, torneo clasificatorio al Pre Mundial de 2016, con proyección directa al Mundial Sub-19 de 2027.El equipo está bajo la dirección de Tomás Díaz, entrenador de amplia trayectoria y actual técnico de la Selección Colombia de mayores. Díaz lidera un cuerpo técnico conformado por Harold Hoyos (Atlántico), Yesid Rivero (Bogotá) y Samuel Pablot (delegado), un grupo que combina formación, conocimiento regional y experiencia competitiva.Estos son los grupos del Campeonato SudamericanoGrupo AColombiaUruguayArgentinaEcuadorGrupo BBrasilVenezuelaChileParaguayEl sueño de hacer historiaEl objetivo competitivo no se queda ahí. Esta generación quiere superar el quinto lugar histórico alcanzado por Colombia en esta categoría y consolidar el protagonismo internacional del baloncesto nacional.Para la Federación, este grupo representa el recambio natural del deporte, con talento proyectado a ser el relevo de figuras como Braian Angola y Hansel Atencia, referentes del presente en la Selección de mayores.La delegación viajará a Asunción el lunes 8 de diciembre, con la convicción de competir, sorprender y dejar en alto el nombre del baloncesto colombiano.
Cada vez se conocen más testimonios de ciudadanos que han tenido angustiantes experiencias por cuenta de los delincuentes que intentan hurtar los objetos personales de las personas en Bogotá. Ahora se conoció el testimonio del la hermana del exjugador de Millonarios Falcao García, Michelle García, quien vivió una situación similar que el joven estudiante Jean Claude Bossard, quien fue asesinado por un menor de 16 años cuando le intentó robar sus pertenencias en el norte de la capital.A través de una historia en su cuenta de Instagram, Michelle relató cómo con su madre casi son víctimas de un delincuente que iba armado "con pistola". Ella asegura que esto sucedió hace tres días, cuando a las 5:50 de la tarde salió con su mamá del municipio de Chía, se subieron al vehículo y emprendieron su camino por una vía principal. Allí, en medio del tráfico, se percata que hay un hombre que simula esperar un bus de servicio público, pero, de un momento a otro, saca un arma y, aunque al parecer su primera víctima era un motociclista que logró esquivarlo, luego apuntó hacia ellas.Por fortuna, en ese momento se despejó la vía y ella pudo acelerar para evitar lo que podría haber sido una situación que pudo haber puesto en riesgo sus vidas."Yo dije: 'Acá fue'. El tipo viene hacia el carro, nos apunta con la pistola. En esas, yo creo que fue Dios, yo no sé qué pasó, pero se despeja la vía y pudimos escapar gracias a Dios", relató Michelle.En el texto que acompañó su video, Michelle García aseguró que por poco "les pegan un tiro y pasa una tragedia". Por eso, recomendó a los ciudadanos no salir solos, estar pendientes de sus alrededores y orar mucho.Asimismo, compartió en su Instagram una declaración del alcalde Carlos Fernando Galán en el que contó los antecedentes del menor de 16 años que asesinó al estudiante de Administración de Empresas en el norte de Bogotá, por eso, realizó una crítica al sistema judicial que es "inexistente".Vale recordar que en el caso del joven barranquillero, un policía que estaba en el sector se percató de lo sucedido y accionó su arma de dotación, dando de baja al conductor de la moto del segundo delincuente e hiriendo al menor de edad.
Este jueves en Voz Populi hablamos de los diferentes temas políticos, nacionales e internacionales más importantes, acompañados del humor característico de cada uno de nuestros personajes en el programa.
Las fuerzas armadas de Estados Unidos publicaron este jueves un vídeo de un nuevo ataque contra una lancha supuestamente ligada al narcotráfico en el Pacífico Oriental, en medio de la controversia en el Senado por legalidad de estas operaciones militares de la administración Trump contra buques de este tipo y sus tripulantes.El ataque, que habría sucedido este jueves, fue anunciado por el Comando Sur en su cuenta oficial de X y presentado como parte de las operaciones de la ofensiva 'Lanza del Sur' y provocó la muerte de cuatro tripulantes, descritos como "narcoterroristas" por el Ejército.La publicación afirma que la orden del ataque fue dada por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, quien se encuentra en el ojo del huracán mediático luego de que el Washington Post revelara que en septiembre las fuerzas estadounidenses ordenaron un segundo ataque contra una embarcación en el Caribe para eliminar a dos sobrevivientes de un prime disparo.Las fuerzas armadas no han dado detalles de la organización criminal que supuestamente operaba el bote en esta ocasión.Este mismo jueves, el almirante Frank Bradley compareció en una reunión a puerta cerrada con el comité de fuerzas armadas del Senado que investigan la legalidad de las acciones militares de la campaña antinarcóticos del presidente, Donald Trump.Trump aseguró esta semana que se preparan para iniciar operaciones en territorio venezolano para eliminar objetivos ligados al narcotráfico.La campaña de Trump cerca de Venezuela y Colombia ha dejado al menos 80 muertos y levantado acciones legales por posibles violaciones a derechos humanos, como la demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que el abogado del presidente colombiano, Gustavo Petro, presentó por la posible ejecución extrajudicial de un pescador en el Pacífico durante una de las operaciones estadounidenses.
La Fiscalía llamó a interrogatorio al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, para que explique las presuntas irregularidades en la compra de un penthouse en Bogotá, que habría sido vendido por una empresa controlada por el conocido empresario del sector de los hidrocarburos, Serafino Iácono.Blu Radio estableció que la diligencia de interrogatorio en calidad de indiciado que tendrá que cumplir Roa ante la Dirección Contra la Corrupción de la Fiscalía se realizará antes de finalizar este año, en el marco de la línea investigativa sobre las presuntas irregularidades en contratos entregados por la estatal petrolera.Lo que busca establecer la Fiscalía es si la compra del apartamento que hizo Roa a una empresa de Serafino Iácono, se hizo de manera legal o si detrás existía una estrategia para comprometer presuntamente contratos de Ecopetrol antes de que Roa asumiera la presidencia de la compañía.La línea de tiempo que investiga la Fiscalía es la siguiente: la transacción del apartamento 901 fue realizada en diciembre de 2022, Ricardo Roa fue nombrado presidente de Ecopetrol por parte del presidente Gustavo Petro en abril de 2023 y en marzo de 2024, una empresa ligada a Serafino Iácono recibió los derechos de exploración del bloque Sinú 9.De acuerdo con las investigaciones periodísticas, Ricardo Roa compró el apartamento 901 en un edificio en el sector del Museo del Chicó en Bogotá por 1.800 millones de pesos, un valor que estaría por debajo del precio del mercado teniendo en cuenta el tamaño y la ubicación del predio.
Ocho meses después del envenenamiento que causó la muerte de dos estudiantes del Colegio Los Nogales, la Fiscalía reveló nuevos detalles sobre la presunta responsabilidad de la empresaria Zulma Guzmán Castro. El caso, ocurrido en abril de este año, comenzó cuando a una vivienda del norte de Bogotá llegó un domicilio con frambuesas achocolatadas, consumidas por varias menores de edad.Horas después, cuatro de las jóvenes que habían participado en la reunión presentaron síntomas de intoxicación aguda y fueron trasladadas a la Fundación Santa Fe de Bogotá. A pesar de los esfuerzos médicos, Inés de Bedout falleció el 5 de abril y, cuatro días más tarde, murió su amiga Emilia Forero, ambas de 15 años. Otros dos menores y un adulto resultaron afectados, aunque lograron sobrevivir.Cómo se identificó el talio como agente tóxicoEl secretario de Salud de Bogotá, Gerson Bermont, confirmó que la intoxicación no fue accidental ni tuvo origen en alimentos contaminados por error. Los equipos de vigilancia epidemiológica detectaron desde el inicio la presencia de talio, un metal altamente tóxico, sin olor ni sabor, difícil de rastrear y que no forma parte de los elementos monitoreados por la entidad.“Se pudo concluir […] que lo sucedido no responde a una intoxicación ocasionada por alimentos, sino por un agente que no es objeto de vigilancia. […] Se logró el hallazgo de esta sustancia desde el comienzo”, afirmó Bermont en su momento. La evidencia descartó cualquier incidente fortuito y reforzó la hipótesis de un acto deliberado.La presunta participación de Zulma Guzmán CastroLa investigación señaló como principal sospechosa a Zulma Guzmán Castro, empresaria del sector tecnológico y fundadora de la plataforma de carsharing, conocida por su participación en el programa televisivo Shark Tank. Según la Fiscalía, Guzmán habría gestionado el envío del domicilio con las frambuesas que consumieron las víctimas.Los investigadores también indagan la relación sentimental que Guzmán habría sostenido con el padre de una de las menores. Las autoridades consideran que el caso podría corresponder a un crimen de venganza derivado de un conflicto pasional.Además, la Fiscalía examina una posible conexión con la muerte de la esposa del mismo hombre, fallecida dos años atrás en circunstancias no esclarecidas y cuya causa, según los investigadores, también podría estar relacionada con talio.Huida internacional y red de países involucradosPoco después de confirmarse la intoxicación, Guzmán salió de Colombia con destino a Argentina. Su desplazamiento posterior por Brasil, España y Reino Unido llevó a la Fiscalía a internacionalizar la investigación.Con base en las pruebas recolectadas, un juez de control de garantías avaló una orden de captura en su contra. De igual forma, fue emitida una circular roja de Interpol para facilitar su ubicación y detención en cualquier país donde pueda encontrarse.La evidencia clave que sostiene el casoLa Fiscalía consolidó los siguientes elementos como base de la investigación:Rastro del talio en los cuerpos de las víctimas, identificado desde el ingreso a urgencias.Vínculo directo entre Guzmán y el envío del domicilio consumido por las menores.Salida inmediata del país, horas después de conocerse la intoxicación.Relación personal con el padre de una de las víctimas, considerada relevante en la motivación del crimen.Antecedentes sospechosos, incluyendo la muerte previa de otra mujer cercana al mismo núcleo familiar.Movimiento internacional de la sospechosa por varios países, lo que motivó la intervención de autoridades en Argentina, Brasil, España y Reino Unido.Impacto del caso y avance judicialEl envenenamiento con talio, un metal prácticamente indetectable, ha generado preocupación por su uso criminal y la dificultad de rastrear su origen. Por ahora, la Fiscalía mantiene activa la búsqueda de Guzmán Castro, mientras avanza en cooperación con autoridades extranjeras para lograr su captura.“Podemos decir que se encontró una sustancia que hace parte de la historia clínica de los pacientes […] No existe un riesgo para la salud pública”, reiteró el secretario Bermont, aclarando que el caso corresponde a un hecho puntual y dirigido, no a un riesgo general para la ciudadanía.La investigación continúa y se mantiene bajo reserva, mientras las autoridades buscan esclarecer completamente el crimen que conmocionó a Bogotá y llevó a la muerte de dos menores de edad.
El Tribunal Superior de Bogotá ordenó la libertad inmediata de la exfiscal Ana Catalina Noguera Toro, tras determinar que ya cumplió la pena impuesta por los delitos de fraude procesal y violación ilícita de comunicaciones.En su decisión, el Tribunal explicó que, luego de la revisión realizada en segunda instancia, la pena fue reajustada a 38 meses de prisión, junto con una multa y una inhabilidad para ejercer cargos públicos. Además, al contabilizar el tiempo que estuvo privada de la libertad, sumado a las redenciones de pena por estudio y trabajo, se demostró que Noguera, quien estaba en prisión domiciliaria, había cumplido la condena en su totalidad.El caso, originado por interceptaciones ilegales de comunicaciones de una tercera persona durante 2020, incluyó la participación de miembros de la Dijín y la manipulación de fiscales mediante informes falsos para obtener órdenes de escucha.La exfiscal Noguera, quien ocupó cargos claves como directora de Extinción de Dominio y delegada de Finanzas Criminales en la Fiscalía General de la Nación, aceptó haber participado en una red de corrupción que combinaba narcotraficantes, policías y funcionarios judiciales y por ello fue capturada en febrero de 2023.Según la Fiscalía, dicha red operaba captando personas con investigaciones judiciales inconclusas, en especial narcotraficantes, para ofrecerles favores judiciales a cambio de sobornos y evitar evitar extradiciones a Estados Unidos.Sin embargo, la investigación demostró que Noguera también estaba implicada en interceptaciones ilegales que se habría gestionado y ejecutado con fines personales.Los archivos referían que la exfuncionaria judicial ordenó en marzo de 2020 la interceptación ilegal del teléfono celular de Carolina Vélez, una mujer que sostenía una relación con un trabajador bancario con quien Noguera habría tenido vínculos sentimentales con el fin de confirmar si el hombre mantenía una relación paralela.Durante la imputación de cargos, salieron a relucir también nombres como el del excoronel de la Dijín Ricardo Alberto Durán, los policías John Fredy Redondo Bautista y Anderson Jesús Salba Contreras, así como el exparamilitar y exnarcotraficante Ramón Esteban Peña, alias El Médico, pieza clave en la operación ilegal.Con la decisión conocida este jueves, Noguera logra saldar su deuda con justicia y cerrar un caso que representó un golpe para el sector pues ella era considerada una autoridad en la lucha contra la delincuencia.
La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó este 4 de diciembre al general en retiro Rodolfo Palomino López por el delito de tráfico de influencias de servidor público cuando se desempeñaba como director de la Policía Nacional.De acuerdo con la Sala, el entonces alto oficial se reunió en su residencia con la entonces fiscal especializada Sonia Lucero Velásquez Patiño para hablar de una operación contra 14 personas vinculadas al Fondo Ganadero de Córdoba. Durante ese encuentro, Palomino le habría pedido que se detuviera la captura de Luis Gonzalo Gallo Restrepo.La decisión le impone una pena de siete años de cárcel, una multa equivalente a 174,9976 salarios mínimos, y además lo inhabilita para ejercer derechos y funciones públicas por nueve años. El fallo también aclara que no hay posibilidad de solicitar prisión domiciliaria.Para el alto tribunal, la intervención del general en retiro constituyó un aprovechamiento de su cargo y un intento deliberado por influir en una decisión judicial. La Sala señaló que, en lugar de respetar las órdenes emitidas por la autoridad competente, Palomino optó por favorecer a un particular, pese a que este estaba siendo investigado por delitos especialmente graves como concierto para delinquir, promoción de grupos paramilitares y desplazamiento forzado asociado al despojo de tierras. La Corte recordó que este último es un crimen de lesa humanidad, lo que subraya la gravedad de la interferencia.El fallo también detalla que la reunión generó presión e intimidación sobre la fiscal, quien, aunque realizó la captura, posteriormente dejó en libertad al investigado tras escucharlo en indagatoria, sin corroborar la información presentada como descargo.El tribunal también hizo énfasis en que Palomino conocía plenamente la ilegalidad de su comportamiento, dada su experiencia y la dignidad del cargo que ocupaba. Aun así, optó por apartarse de la normatividad que juró cumplir y proteger. La Sala resaltó que tuvo “la posibilidad de autodeterminarse para proceder de manera distinta” y, pese a ello, eligió influenciar indebidamente a otro servidor público, en este caso a una fiscal delegada.Durante la lectura del fallo Palomino y su defensa interpusieron el recurso de apelación y solicitaron un plazo de cinco días hábiles para preparar la defensa y argumentación de la apelación.
Las autoridades confirmaron nuevos avances en la investigación del caso que estremeció al país el pasado 4 de abril, cuando un grupo de jóvenes en el norte de Bogotá resultó envenenado tras recibir una encomienda con frambuesas achocolatadas contaminadas con talio, un metal altamente tóxico, incoloro e insípido. En el trágico episodio murieron dos niñas de 15 años, mientras que otra adolescente aún se recupera lentamente por las graves afectaciones que sufrió. Un cuarto joven logró restablecerse por completo.De acuerdo con la información revelada por la periodista María Elvira Arango y corroborada por la Fiscalía General de la Nación, el caso nunca fue accidental. De hecho, ya identificaron a la principal sospechosa detrás de este crimen.Señalada salió de ColombiaLa principal señalada por el envío de las frambuesas envenenadas con talio sería Zulma Guzmán Castro, una mujer que habría tenido cercanía previa con Juan de Bedout, padre de una de las víctimas y destinatario de la encomienda. Esta mujer no ha enfrentado un juicio porque no está en el país.Se estableció que la sospechosa abandonó Colombia pocos días después del crimen. Las autoridades han rastreado su paso por Argentina, Brasil, España y el Reino Unido, países a los que viajó mientras avanzaban las pesquisas.Buscan a sospechosa con circular de InterpolAnte este escenario, la Interpol emitió el pasado 25 de octubre una circular roja contra Guzmán Castro, una alerta internacional que permite su búsqueda y captura en más de 180 países. Con este recurso, las autoridades esperan lograr su detención y posterior extradición a Colombia, donde deberá responder por el homicidio de dos menores de edad y por las graves lesiones ocasionadas a otros dos jóvenes. Este caso, que comienza a esclarecerse, sigue siendo una prioridad para la Fiscalía, determinada a llevar ante los jueces a la presunta responsable de una tragedia que conmocionó a Bogotá.
La tragedia que estremeció al norte de Bogotá el pasado 4 de abril comienza a esclarecerse. Ese día, un grupo de adolescentes que se encontraba reunido en una vivienda para hacer tareas recibió una encomienda con frambuesas achocolatadas. Horas después, dos niñas de 15 años murieron y otros dos jóvenes resultaron gravemente afectados. Los análisis de Medicina Legal confirmaron que los dulces estaban impregnados con talio, un metal incoloro, inodoro e insaboro, altamente tóxico. Desde entonces, la Fiscalía General de la Nación asumió el caso bajo la hipótesis de que no se trató de un accidente, sino de un acto premeditado.¿Quién envió las frambuesas envenenadas?En las últimas horas, nuevos hallazgos han sido revelados por la periodista María Elvira Arango y corroborados por la Fiscalía. Todo apunta a que el envío fue un crimen deliberado. La investigación identificó como presunta responsable a Zulma Guzmán Castro, una mujer que, según las autoridades, tenía cercanía previa con Juan de Bedout, el destinatario de la encomienda. Tras un distanciamiento entre ambos, la Fiscalía sostiene que Guzmán Castro habría decidido ejecutar el envío de las frambuesas contaminadas, lo que derivó en la muerte de las dos adolescentes.De acuerdo con la información divulgada, la mujer salió del país pocos días después de presuntamente cometer el crimen. Su ruta internacional ha incluido paradas en Argentina, Brasil, España y el Reino Unido, lo que para los investigadores parece indicar un intento de evadir a las autoridades colombianas. Mientras tanto, una de las jóvenes intoxicadas continúa recuperándose lentamente de las graves secuelas, y otro de los menores afectados ya logró restablecerse por completo.La Fiscalía avanza en la recolección de pruebas y testimonios que permitan llevar a Guzmán Castro a juicio. No obstante, su ubicación actual es incierta, lo que ha llevado a las autoridades a activar mecanismos internacionales de cooperación judicial. Por eso, este jueves, 4 de diciembre, se conoció que la Interpol emitió una circular roja el pasado 25 de octubre para localizar y capturar a Zulma Guzmán Castro en cualquiera de los más de 180 países miembros. Con esta alerta internacional, la Fiscalía espera que la mujer sea detenida y extraditada a Colombia, donde deberá responder por el homicidio de dos menores de edad y por su presunta participación en un crimen que hoy, tras meses de incertidumbre, empieza a desenredarse.
La Corte Suprema de Justicia tomó una importante decisión relacionada con Arturo Char: el alto tribunal resolvió acusarlo por presunta corrupción y compra de votos.La decisión de hoy tiene un contexto. Los hechos por los cuales Arturo Char es investigado se relacionan con un supuesto acuerdo delictivo para comprar votos en Atlántico, el cual, posiblemente, se materializó en octubre de 2017 y en el que habrían intervenido varias personas.Entre ellos, Arturo Char y la excongresista Aída Merlano, quien fue condenada en primera y segunda instancia por la Corte Suprema de Justicia por estos hechos de corrupción electoral que se fraguaron desde la sede política Casa Blanca.En septiembre de 2023, la propia Sala de Instrucción ordenó la captura de Char, quien posteriormente fue dejado en libertad. El presunto concierto delictivo habría ido más allá de un simple convenio político, en la medida en que, supuestamente, buscaba conseguir la elección de Aída Merlano en el Senado, de Lilibeth Llinás Delgado en la Cámara y la reelección del propio Arturo Char en el Senado.Presuntamente, se habrían ejecutado delitos contra los mecanismos de participación democrática a través de la compra de votos para estos tres candidatos. Esta fue una agitada discusión, en la que dos magistrados salvaron su voto, es decir, tuvieron una posición contraria al resto de sus colegas.
La muerte de Emilia Forero e Inés de Bedout, dos menores de 15 años intoxicadas con talio en un apartamento del barrio Rosales, norte de Bogotá, quedó oficialmente trazada como un homicidio. La Fiscalía General de la Nación confirmó que la intoxicación, ocurrida en abril, fue producto del consumo de unas frambuesas contaminadas enviadas de manera deliberada a la familia De Bedout.Un equipo de fiscales y servidores del CTI, adscritos a la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, recopiló evidencias y elementos materiales probatorios, sumados al dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal, que establecen que el alimento llegó a través de una empresa de mensajería, presentado como un regalo que nunca existió. El consumo de las frambuesas resultó letal para dos de las menores, dejó a otra con lesiones graves y a un cuarto joven fuera de peligro.La investigación señala directamente a Zulma Guzmán Castro, una mujer que tuvo cercanía con la familia Bedout. Según reveló María Elvira Arango, las pruebas apuntan a que Guzmán habría coordinado el envío del tarro contaminado. La Fiscalía corroboró esa línea: Guzmán salió de Colombia hacia Argentina pocos días después de la intoxicación masiva y, según información reciente, se ha desplazado por Brasil, España y el Reino Unido.Arango recordó que lleva “meses presionando a la Fiscalía” para conocer avances del caso, y detalló que las frambuesas llegaron “con una cantidad de talio impresionante”, un metal “inoloro, incoloro e insaboro, pero letal”. Sus fuentes confirman que las pruebas han sido “contundentes” para ubicar a Guzmán como la presunta responsable.Ante el avance del caso, la fiscal a cargo acudió ante un juez penal de control de garantías y obtuvo la orden de captura contra Guzmán. Paralelamente, se gestionó la expedición de una notificación roja de Interpol, emitida el pasado 25 de octubre, con el fin de materializar su captura en cualquiera de los más de 180 países miembros.Con la circular roja vigente, la búsqueda internacional ya está en marcha. La Fiscalía sostiene que se trató de un homicidio premeditado y que es cuestión de tiempo para que Zulma Guzmán Castro sea localizada y puesta a disposición de la justicia colombiana.
A través de una carta que conoció Mañanas Blu 10:30 a.m., el ministro de Justicia, Andrés Idarraga le solicitó a la fiscal general de EEUU, Pamela Jo Bondi, información que esclarezca la identidad de un funcionario colombiano que, según el Acuerdo de Enjuiciamiento Diferido que firmo el Grupo Aval con el departamento de justicia en 2023, recibió una coima de 3,4 millones del Corficolombiana y Odebrecht.Esta carta del 3 de junio, que también es enviada al jefe de la Corte para el Distrito de Maryland que ha investigado estos delitos, se envía sobre la base de que esa información ya fue aportada por el Grupo Aval al Departamento de Justicia.No son muchas las pistas del perfil del misterioso funcionario que se detalla en el acuerdo en los anexos 32, 33 y 34, pero se sabe que fue un alto funcionario del gobierno entre 2010 y 2018.El ministro Idarraga pide que a la individualización de dicha persona se anexe los documentos aportados, que soportaría los hechos delictivos en mención. Así mismo, el ministro colombiano encargado que se hagan llegar al Ministerio de Justicia o en su defecto a la Fiscalía General.
Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra Neider Gómez Castrillón, señalado de participar en el secuestro del cantante Miguel Ayala Galeano y de su mánager, Nicolás Pantoja, ocurrido en la vereda Chorritos, en La Sierra, Cauca. La decisión judicial se produjo tras la presentación de los elementos materiales probatorios recolectados por un fiscal Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales.De acuerdo con la Fiscalía, Gómez Castrillón habría tenido un papel directo en la custodia armada de las víctimas, quienes permanecieron retenidas en una construcción artesanal. Desde ese lugar se habría tomado y enviado a los familiares una fotografía en la que el artista y su representante aparecían descalzos, encadenados y envueltos en una cobija. Asimismo, el procesado estaría involucrado en las llamadas mediante las cuales los secuestradores exigieron 5.000 millones de pesos a cambio de su liberación.El operativo que permitió la liberación del músico y su mánager también condujo a la captura en flagrancia del presunto responsable. Durante la intervención fueron incautadas dos pistolas, dos proveedores, 29 cartuchos calibre 9 mm, una cadena, dos candados y dos pavas de tela camuflada.Con base en este material probatorio, el ente acusador imputó a Gómez Castrillón los delitos de secuestro extorsivo agravado y fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido o privativo de las Fuerzas Armadas. El procesado no aceptó los cargos.Las investigaciones indican que la retención habría sido ejecutada por una red delictiva presuntamente vinculada a la estructura Carlos Patiño, una facción de las disidencias de las Farc.La Fiscalía aseguró que los hechos sucedieron en medio de un viaje desde la ciudad de Popayán hasta la ciudad de Palmira, a efectos de tomar un vuelo con rumbo a la ciudad de Bogotá, el cual fue interrumpido de manera violenta por un vehículo y una motocicleta que los contactaron a la altura del sector de la vereda del túnel, vía Panamericana.Dice la Fiscal del caso: “Cuatro personas portando armas de fuego detienen al conductor que transportaba a las dos víctimas, lo amenazan, se suben al vehículo y los obligan a retomar el viaje, regresándose a la ciudad de Popayán. Más adelante, en el sector conocido como el Parador de las Margaritas, se desvían a mano derecha, cuando ya tomaban el sentido norte-sur, se desvían a mano derecha hacia el sector conocido como el Lago del Bolsón. El vehículo iba siendo seguido, detienen la marcha y Miguel Ángel y Víctor Alonso Nicolás son bajados y montados en otro vehículo, el conductor es dejado y posteriormente acuden las autoridades”.
Blu Radio conoció el fallo de 40 páginas con el que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena de 4 años de cárcel contra Laude José Fernández Arroyo, al negar el recurso extraordinario de casación presentado por su defensa contra la sentencia que lo declaró responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado y violación de datos personales.Con esta decisión, el alto tribunal ratificó el fallo emitido en noviembre de 2022 por el Tribunal Superior de Bogotá, que impuso esta pena y además una multa e inhabilitación para ejercer cargos públicos.La Corte Suprema de Justicia pudo establecer que Laude José Fernández, quien fue agente de inteligencia del extinto DAS, hizo parte entre 2017 y 2018 de una organización criminal dedicada a la interceptación ilegal de comunicaciones y obtención indebida de bases de datos privadas, en la que participaron exfuncionarios del CTI y empresas privadas que ofrecían servicios de “inteligencia corporativa”.El fallo de casación de la Corte reveló que, Laude José Fernández, desde su rol como directivo de una firma consultora, habría solicitado información privada de dirigentes sindicales de Avianca durante la huelga de pilotos, así como datos relacionados con litigios entre el Grupo de Energía de Bogotá y la multinacional ENEL.El alto tribunal descartó los argumentos de la defensa, que buscaba acceder al beneficio de la suspensión condicional de la pena y a la prisión domiciliaria, al señalar que el delito de concierto para delinquir agravado cuando involucra a exintegrantes de organismos de seguridad del Estado está expresamente excluido de beneficios penales.La Corte Suprema de Justicia señala además que el exagente de inteligencia no acreditó la condición de padre cabeza de familia, pues se demostró que las menores cuentan con familia extendida legalmente obligada a asistirlas.
Una madre acusada de envenenar con medicamentos a sus dos hijas, una de las cuales falleció, y de intentar asesinar a su exmarido, ha sido condenada este miércoles en Francia a 30 años de prisión.Maylis Daubon, de 53 años, fue declarada culpable del envenenamiento de su hija Enea, que falleció a los 18 años tras ingerir una gran cantidad de medicamentos.Los análisis revelaron que su otra hija, Luan, había ingerido una cantidad significativa de un somnífero para adultos. Luan resultó ilesa y defendió la inocencia de su madre durante el juicio.La presidenta del tribunal penal de Mont-de-Marsan (suroeste), Emmanuelle Adoul, justificó la sentencia "teniendo en cuenta la gravedad de los hechos". La corte impuso una pena de 30 años, con un periodo de seguridad de 20, cinco más de los solicitados por el fiscal.Durante el juicio la acusada permaneció estoica, con la cabeza baja y oculta tras su cabello, sin mirar al tribunal. Tiene diez días para apelar. El 13 de noviembre de 2019, Enea, que llevaba más de un año sin ir a la escuela y sufría problemas psicológicos, sufrió una crisis de convulsiones en el domicilio familiar.Su muerte se produjo por la ingesta de propranolol, un betabloqueante que ralentiza la actividad cardíaca, en una dosis "diez veces superior a la terapéutica", según la investigación.Además del envenenamiento de Enea y Luan, Maylis Daubon también era sospechosa de haber intentado asesinar a su exmarido sobornando a compañeras de prisión en Pau, algo que la acusada calificó de "rumores de prisión".
Luego de varios meses de seguimiento, investigadores de Policía Judicial capturaron a una mujer en el municipio de Villavieja, Huila, quien estaría presuntamente relacionada con hechos de extorsión afectando el patrimonio económico de comerciantes y propietarios de fincas en el norte del departamento.Según las autoridades, la captura de esta mujer se hizo efectiva tras la denuncia formal que interpuso una de las víctimas, quien manifestó haber sido abordado en su finca por varias personas que les exigieron dinero identificándose como integrantes de un grupo armado ilegal.“Gracias al trabajo articulado de las unidades investigativas y de inteligencia se logró identificar a esta mujer, quien, al parecer, cumpliría un rol clave en la recepción y administración de los recursos producto de la presunta extorsión, mediante el uso de plataformas digitales”, dijo el coronel Carlos Eduardo Téllez, comandante de Policía Huila.De acuerdo con las investigaciones, las exigencias extorsivas oscilaban entre cinco y diez millones de pesos. La mujer capturada tendrá que responder ante la Fiscalía por el delito de extorsión.
Blu Radio conoció un documento de 11 páginas donde la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra el presidente del Comité Disciplinario del Partido de la U, en medio de la controversia por la decisión interna que buscaba retirarle el aval al presidente de la Cámara de Representantes, Julián López.La actuación se inició tras la queja presentada por su abogado, Mauricio Pava, y confirma que el Ministerio Público encontró mérito suficiente para indagar posibles abusos de poder dentro de la colectividad.De acuerdo con el documento, la Procuraduría no solo asumió la investigación disciplinaria, sino que también trasladó el expediente a la delegada para Asuntos Electorales con el fin de evaluar una eventual intervención preventiva. Ese doble movimiento institucional indica que el órgano de control considera que hay riesgos reales y actuales para los derechos políticos del congresista, y que la situación del Partido de la U ya está bajo escrutinio estatal.Además, el Ministerio Público recordó que, según el artículo 11 de la Ley 1475 de 2011, las decisiones internas de los partidos que afectan avales o membresías están sujetas a impugnación ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), recurso que se concede en efecto suspensivo. Esto significa que ninguna medida contra López puede ejecutarse hasta que el CNE tome una decisión de fondo, por lo que todas sus garantías políticas permanecen plenamente vigentes.Para la Procuraduría, las colectividades políticas no pueden tomar decisiones disciplinarias que desconozcan los derechos fundamentales de sus integrantes ni incidir, sin sustento, en la estabilidad institucional del Congreso. El proceso continuará con la práctica de pruebas y la evaluación del impacto que tuvo la actuación del Comité Disciplinario en el ejercicio del cargo que hoy ocupa López en la Cámara.
Este miércoles 3 de diciembre se tenía previsto iniciar la audiencia preparatoria en contra de Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones de la Presidencia de la República, por su presunta participación en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Sin embargo, su nuevo abogado solicitó suspender la diligencia, argumentando que no ha podido recolectar todos los elementos materiales probatorios que pretende descubrir en el juicio.En medio de la diligencia, el abogado Mauricio Camacho argumentó que “no se hace responsable que un profesional de derecho en estas condiciones, en esa desventaja, vaya a un juicio oral, por lo que le ruego, honorables jueces, primero que usted haya entendido y segundo que usted entienda que el día de hoy no se pueda adelantar la audiencia preparatoria”, sustentó la defensa.Luego de que las partes no se opusieron a la suspensión, la Juez 08 Penal del Circuito Especializado de Bogotá avaló la suspensión de estas audiencias en las cuales se presentan las pruebas que harán parte del juicio. La juez aseguró que “mal haría en sorprender el día de hoy al señor defensor, corriendo en el traslado para que descubra a la Fiscalía los elementos materiales probatorios cuando precisamente eso es lo que no ha podido hacer: recolectar los elementos materiales probatorios que pretende descubrir. En estas condiciones, no queda otro camino que acceder a la suspensión expresa solicitada por la defensa”. Las diligencias se retomarán el 11 de febrero de 2026.La situación jurídica de Ortiz se definió después de que la Fiscalía la acusara formalmente el pasado 1 de septiembre por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público. De acuerdo con el grupo de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, la exconsejera habría desempeñado un papel determinante al facilitar la entrega de sobornos a congresistas con el fin de asegurar apoyo político a las reformas impulsadas por el Gobierno Nacional en el Congreso.Según la acusación, la exfuncionaria habría actuado como enlace entre los entonces directivos de la UNGRD, Olmedo López y Sneyder Pinilla, y los expresidentes del Senado y la Cámara, Iván Name y Andrés Calle. En esa línea, la Fiscalía señaló que Ortiz habría recibido en dos ocasiones millonarias sumas de dinero en efectivo, que posteriormente fueron trasladadas en un vehículo oficial hacia puntos previamente acordados con Name.Para el ente acusador, Ortiz no solo tenía conocimiento del origen ilícito de los recursos, sino también del propósito de los pagos. De acuerdo con la investigación, los sobornos estarían relacionados con el direccionamiento irregular de una orden de proveeduría destinada a la compra de 40 carrotanques para suministrar agua potable a comunidades de La Guajira, contrato que habría sido instrumentalizado dentro del entramado de corrupción.