Entre 2016 y 2026, cerca de 700.000 personas han sido afectadas por el confinamiento en Colombia desde la firma del acuerdo de paz del Gobierno nacional con la extinta guerrilla de las Farc.“Entre enero del 2025 y marzo del 2026, a fecha de hoy, la misma situación ha afectado a 170.000 personas. Si hacemos un cálculo sencillo nos dan unas cifras bien preocupantes que vienen a ser 380 personas diariamente a lo largo del país”, aseguró Boris Aristin, gerente del consorcio Miremas.De acuerdo con el Consejo Noruego para Refugiados, Acción Contra el Hambre y Médicos por el Mundo, estas personas enfrentan restricciones a la movilidad, limitaciones en el acceso a alimentos, salud y educación, y condiciones que vulneran su dignidad.“La situación de confinamiento está bastante extendida a lo largo del país”, explicó el gerente de Miremas, quien detalló que los departamentos más afectados son Chocó, Cauca, Valle del Cauca, Bolívar y Norte de Santander, territorios donde la presencia de grupos armados ilegales mantiene bajo presión a las comunidades.Agregó además que el confinamiento, a diferencia del desplazamiento forzado, es menos visible, pero igual de grave. “Es más complicado que definir que cuando hay un ataque directo o cuando hay un desplazamiento, simplemente porque es menos visible. Pero esto no significa que no tenga el mismo impacto hacia la población que se está viendo afectada. Es parte del conflicto armado en Colombia que tenemos que tomar en su justa medida y como una prioridad dentro de la respuesta”, advirtió.Frente a este escenario, aseguran que las organizaciones humanitarias enfrentan importantes desafíos. El principal, según Ignacio García, coordinador de Mecanismos de Respuesta en Emergencias en Acción contra el Hambre, es el acceso a las zonas afectadas.“Muchas comunidades pues tienen dificultades para salir de esos territorios y por lo tanto también para ingresar distintos tipos de ayuda a sus comunidades”, señaló.A esto se suman complejidades logísticas y de seguridad, especialmente en contextos donde operan múltiples actores armados. “El acceso y todo el proceso logístico para ingresar las ayudas siempre es muy complejo”, agregó García.Pese a las dificultades, el consorcio Miremas, integrado por el Consejo Noruego para los Refugiados, Acción contra el Hambre y Médicos del Mundo, asegura que su labor se centra en llegar a los territorios más aislados.“Llegamos donde otros actores no llegan”, afirmó Aristin. Allí brindan atención integral que incluye salud, asistencia legal, agua y saneamiento, seguridad alimentaria y educación.Sin embargo, advierten que la respuesta humanitaria no es suficiente, insisten en que se requiere una acción más amplia y sostenida por parte del Gobierno.Aristin enfatizó en que el confinamiento debe ser tratado como una prioridad, al tiempo que recordó no caer en el olvido.En medio de este panorama, el consorcio presentó en Bogotá una exposición que retrata la vida cotidiana de las comunidades confinadas. Una muestra que, según las organizaciones, busca acercar a la ciudadanía a una realidad que, aunque muchas veces invisible, sigue afectando a miles de personas en el país.La exposición estará abierta al público entre las 8:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde en la Universidad EAN hasta el 27 de marzo.
La Defensoría del Pueblo alertó sobre una escalada de violencia en el corregimiento San José de los Chorros, en Rionegro, Santander, tras la presencia de grupos armados ilegales en disputa, que ya deja al menos dos personas asesinadas, denuncias de tortura, amenazas contra la población civil y restricciones a la movilidad.De acuerdo con la entidad, los hechos se registraron el pasado 22 de marzo y estarían relacionados con la presencia armada de integrantes de ‘Los Pachenca’, en medio de su confrontación con el Clan del Golfo en esta zona del departamento.Según los reportes recibidos por la Defensoría, presuntos integrantes del ACSN grupo retuvieron, torturaron y posteriormente asesinaron a un hombre, a quien señalaron de pertenecer al Clan del Golfo. Horas después, se conoció un segundo homicidio en el mismo territorio.La Defensoría advirtió que, en medio de esta disputa, la población civil ha sido víctima de amenazas, estigmatización y señalamientos, al ser acusada de permitir el tránsito de integrantes del Clan del Golfo.“De manera paralela, se conocieron presuntas intimidaciones por parte de integrantes del ACSN, que manifestaron su intención de confrontar violentamente al Clan del Golfo, incluso en medio de la población civil, advirtiendo posibles acciones de carácter masivo contra personas señaladas de colaborar con el grupo contrario”.A esto se suman restricciones a la movilidad y presuntos casos de privación de la libertad, incluyendo afectaciones a líderes sociales.La entidad recordó que ya había advertido sobre estos riesgos mediante la Alerta Temprana 016 de 2025, por lo que instó a las autoridades locales, departamentales y nacionales a adoptar medidas urgentes para proteger a la población.Finalmente, hizo un llamado a los grupos armados ilegales a cesar las acciones de violencia e intimidación, y a las autoridades a avanzar en las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.
La reunión entre el Gobierno nacional, la Defensoría del Pueblo y las misiones de la ONU y la OEA concluyó sin anuncios concretos, luego de que las disidencias de las FARC advirtieran que no permitirán su ingreso a los territorios donde operan. El viceministro de Diálogo Social informó que este viernes se realizará un segundo encuentro, así como un consejo de seguridad encabezado por el presidente Gustavo PetroA la reunión asistieron delegados del ministerio de Defensa, de la oficina del comisionado de paz, la defensora del Pueblo, Iris Marín, que se conectó de forma virtual, y representantes de las misiones de la OEA y la ONU en colombia. El viceministro de diálogo social del Ministerio del Interior, Gabriel Rondón, lideró este encuentro y al término, entregó declaraciones a medios.“Hay que entender que son instituciones neutrales e imparciales y tener un policía o un soldado al lado rompe la dinámica propia. Haremos lo propio dentro de nuestras capacidades, estuvimos con el Ministerio de Defensa, tendremos un Consejo de Seguridad muy rápido para tomar medidas, pero ante todo es decirle a la comunidad que el Gobierno Nacional está en capacidad de garantizar el desarrollo de las acciones de estas instituciones en todo el país. Todas estas instituciones entrarán a su propia evaluación y el día de mañana a las 2 de la tarde tendremos otra reunión para evaluar las acciones que hemos tomado de manera inmediata”, dijo.Cabe mencionar que, a través de un comunicado, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA señaló que los anuncios que buscan limitar el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, la Misión de Verificación de Naciones Unidas y la propia MAPP/OEA afectan directamente su labor en las regiones más impactadas por el conflicto armado."A la vez desmiente categóricamente los señalamientos sobre falta de imparcialidad y la supuesta filtración de información para favorecer acciones militares, a través de su labor", se lee en el documento.El viceministro también insistió en que el Gobierno se mantiene en la postura de buscar el diálogo con estos grupos al margen de la ley, pero pidió que no haya amenazas. “Los invitamos a que esa energía y tiempo que gastan haciendo un panfleto para amenazar, nos pongamos a hacer un acuerdo que lleve a la paz. Seguimos con las puertas al diálogo pero no vamos a detener las operaciones. Ni la OEA, ni la ONU, ni la Defensoria ni ninguna misión le colabora a la Fuerza Pública para los operativos, nada tiene que ver”, concluyó.
A través de un comunicado, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA rechazó y señaló que los anuncios que buscan limitar el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, la Misión de Verificación de Naciones Unidas y la propia MAPP/OEA afectan directamente su labor en las regiones más impactadas por el conflicto armado.“A la vez, desmiente categóricamente los señalamientos sobre falta de imparcialidad y la supuesta filtración de información para favorecer acciones militares, a través de su labor”.En el documento, la Misión advirtió que las limitaciones a la acción humanitaria no solo son contrarias al Derecho Internacional Humanitario, sino que impactan principalmente a las comunidades más apartadas del país.“Las limitaciones que se pretenden imponer, además de ser contrarias al Derecho Internacional Humanitario, afectan principalmente a la población de las regiones más apartadas, para quienes la presencia y permanencia de organismos nacionales e internacionales resulta fundamental para la protección de todos sus derechos”, aseguraron.Pese a las restricciones anunciadas por el grupo armado, la MAPP/OEA reiteró que continuará haciendo presencia en los territorios.“En apego a su mandato y fiel a sus principios institucionales, la MAPP/OEA continuará haciendo presencia en los territorios donde la población requiera de su acompañamiento, y apoyando los esfuerzos de construcción de paz en Colombia”.Finalmente, hizo un llamado a los actores armados a no interferir en la labor de los organismos humanitarios y de derechos humanos en el país.
El fabricante alemán BMW activó una revisión masiva en China que pone en alerta a miles de propietarios: cerca de 180.000 vehículos deberán pasar por inspección debido a un posible riesgo de incendio. La medida, confirmada por la autoridad reguladora de ese país, se aplica de inmediato y cubre tanto unidades ensambladas localmente como importadas.Y es que, justamente, la decisión llega en un momento complejo para la marca en ese mercado, donde registró una caída en ventas del 12.5 % en 2025.¿Qué modelos de BMW están involucrados?El llamado a revisión incluye varias líneas de la marca, principalmente de gama alta:BMW Serie 5: más de 130.000 unidades producidas en China entre finales de 2023 y abril de 2025.BMW Serie 7: más de 36.000 unidades importadas.BMW M5: 173 unidades.También se suman cerca de 9.000 unidades importadas adicionales del Serie 5.En total, la campaña abarca vehículos fabricados entre 2022 y 2025, lo que la convierte en una de las más amplias recientes para la marca en ese país.¿Cuál es la falla y por qué hay riesgo?El problema no está en el motor ni en el sistema de propulsión, sino en un componente menos visible pero clave: el cableado del sistema de climatización ubicado en la parte delantera del vehículo.Según el reporte oficial, el arnés eléctrico puede estar mal posicionado. En condiciones normales esto no genera fallas inmediatas, pero durante intervenciones como el cambio del filtro de aire, ese cableado podría deteriorarse.El escenario más crítico aparece si ese desgaste deriva en un cortocircuito. Aunque se trata de casos poco frecuentes, la consecuencia potencial —un incendio— obligó a la marca a actuar de forma preventiva.¿Qué hará BMW con los vehículos afectados?La solución planteada es técnica pero directa:Inspección completa del sistema eléctrico implicadoReubicación del arnés para evitar contacto indebidoSustitución del componente en caso de dañoTodo el proceso se realizará sin costo para los propietarios, a través de la red oficial de la marca en China.Más allá del volumen, el caso refleja un fenómeno cada vez más común en la industria: los sistemas eléctricos —y no solo los mecánicos— están en el centro de la confiabilidad de los vehículos modernos.En modelos actuales, donde conviven múltiples sistemas electrónicos, sensores y asistencias, un elemento aparentemente menor puede convertirse en un punto crítico si no está correctamente instalado o protegido.Por ahora, la campaña se limita al mercado chino y no se ha informado de medidas similares en otros países.
Para muchos colombianos, el aumento del salario mínimo fue de gran ayuda al bolsillo y es que el incremento del 23 % en el sueldo sin duda ha sido un alivio, pero para otros resultó siendo un castigo, pues también influyó en el aumento de las cuotas de administración, lo que ha sido un dolor para miles de propietarios en conjuntos residenciales.De hecho, en varias situaciones el incremento ha superado el 23 %, lo que ha llevado a dudar de la legalidad de esta situación, especialmente sobre si se puede o no hacer.Si bien a primera vista podría parecer una decisión arbitraria, lo cierto es que los ajustes suelen estar aprobados en la asamblea de copropietarios, donde la mayoría define el presupuesto del conjunto. Esto quiere decir que, incluso si el cobro es elevado, puede ser válido ya que fue aprobado por un proceso válido legalmente.Pero esa medida no quiere decir que los propietarios queden maniatados, pues hay mecanismos legales que permiten revisar cómo se tomó la decisión y si se presentaron irregularidades en el proceso.¿Qué hacer si la cuota de administración subió exageradamente?Lo principal que el copropietario debe tener claro es que no se puede demandar directamente el aumento. La ruta correcta, de acuerdo con la normativa actual, resulta ser la impugnación de la decisión tomada en la asamblea.Esto quiere decir que implica revisar si el proceso se cumplió con lo establecido de acuerdo con la Ley 675, misma que regula la propiedad horizontal en el país. Sin embargo, si el presupuesto fue aprobado de manera adecuada y el coeficiente de propiedad fue bien aplicado, el cobro definitivamente es obligatorio. En este punto, la discusión no es el monto, sino la legalidad.Cómo impugnar el aumento de las cuotas de administraciónPara quienes no estén de acuerdo con el incremento, existen varias herramientas que pueden utilizarse antes y después de la asamblea. Estas opciones permiten dejar constancia de la inconformidad y, en varios casos, llevar el tema ante un juez.Las principales acciones son:Derecho de inspección para revisar libros contables y cotizaciones antes de la asambleaParticipar en la reunión y dejar constancia de la inconformidad en el actaSolicitar explicaciones al consejo de administración sobre los gastosAcudir a una impugnación judicial dentro de los dos meses siguientesEste último punto es clave, ya que existe un plazo limitado para iniciar el proceso legal.Qué dice la ley sobre el aumento de cuotasTodo el inconveniente nace desde la Ley 675, la cual establece que las expensas comunes deben distribuirse de acuerdo con el coeficiente de copropiedad. Eso quiere decir que cada propietario debe pagar en función de su participación dentro del conjunto.Por tal motivo, más allá del porcentaje de aumento, lo importante es verificar que los cálculos y decisiones se hayan hecho de acuerdo con la norma.
Tras las frecuentes emergencias generadas por los afluentes, la Universidad Nacional entregará este martes al Área Metropolitana los estudios de la quebrada La Presidenta para que se evalúe cómo mitigar el riesgo. Se completa una semana de la aparición de un enorme socavón en la Avenida El Poblado por esta causa.Las fuertes lluvias que han azotado a la ciudad de Medellín durante el 2026 han provocado diferentes emergencias, algunas de las más críticas están relacionadas con el desbordamiento de la quebrada La Presidenta que ocasionó inundaciones y el levantamiento del asfalto hace unas semanas en la Avenida Las Vegas y el Centro Comercial Monterrey, y que hace apenas unos días generó un enorme socavón en la Avenida El Poblado, de más de 10 metros de profundidad y cuya fecha de apertura aún es incierta, pese a que el daño ya completa una semana.Por esta razón es que las autoridades en la capital de Antioquia están enfocadas en poder realizar algunas intervenciones en el afluente y por ello esperan los estudios que adelantó la Universidad Nacional para poder empezar las labores de mitigación, los cuales serán entregados al Área Metropolitana del Valle de Aburrá como autoridad ambiental este martes. Y es que el gigantesco hueco que puso en jaque la movilidad de la ciudad ha sido detonante para tener nuevas expectativas con las intervenciones.El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, insistió que el pedido es que una vez se conozcan los diseños, estos sean revaluados debido a las últimas emergencias que ocasionaron severos daños en una de las vías más importantes que pasa sobre la quebrada La Presidenta.“Entonces yo lo que estoy pidiendo que reevalúen y que pongan condiciones mucho más críticas entendiendo que estamos teniendo unos fenómenos climáticos mucho más extremos de los que deberían estar normalmente sucediendo. Porque para que cuando hagamos las obras sean obras que sí sean capaces de soportar esos caudales ya.“Entonces yo lo que estoy pidiendo que reevalúen y que pongan condiciones mucho más críticas entendiendo que estamos teniendo unos fenómenos climáticos mucho más extremos de los que deberían estar normalmente sucediendo. Porque para que cuando hagamos las obras sean obras que sí sean capaces de soportar esos caudales ya”, aseguró.La inversión para estos estudios supera los 20.000 millones de pesos y expertos esperan que los trabajos contemplen la salida del caudal al río Medellín, hecho que también indicó el mandatario es una de las problemáticas de las inundaciones que se dan en esta zona.Vale la pena recordar que ya la Alcaldía de Medellín había anunciado una inversión cercana a los 700 mil millones de pesos para atender todos los puntos críticos del río y quebradas, incluso, sin desestimar que los recursos sigan creciendo debido a la situación reciente en la quebrada La Presidenta.
La Contraloría General de la República le advirtió al Gobierno nacional que no es viable seguir adelante con su idea de trasladar, de forma inmediata, unos 25 billones de pesos de los fondos privados de pensiones hacia Colpensiones.La iniciativa del Gobierno está plasmada en un proyecto de decreto del Ministerio del Trabajo que obligaría a hacer el traslado en apenas 15 días."Para la Contraloría General de la República resulta preocupante que, en dicho panorama, los recursos de ahorro pensional puedan convertirse en gasto corriente. En el análisis que realiza el órgano de control, se evidencia la posibilidad de que el traslado total de los recursos acumulados a Colpensiones implique que los dineros destinados originalmente al ahorro pensional de largo plazo se utilicen para financiar gasto corriente asociado al pago de mesadas", señaló la entidad.Además, la Contraloría señaló que el decreto podría ir en contra de lo establecido por la propia reforma pensional, que explícitamente señala que los ahorros de los afiliados que se trasladen a Colpensiones, aprovechando la ventana pensional, deben quedarse en los fondos privados buscando rendimientos hasta el momento en que se consolide una pensión.Las críticas de la entidad van en línea con lo que señaló la semana pasada el Banco de la República, que también dijo que ese decreto podría ser ilegal. La medida también ha recibido fuertes críticas por parte del gremio de los fondos privados de pensión, Asofondos, que advirtió que las ventas masivas podrían llevar a desvalorizaciones en el mercado local y afectar incluso el costo de deuda para el Gobierno nacional.Mientras tanto, el Ministerio de Hacienda y Colpensiones emitieron un comunicado conjunto, defendiendo su postura y asegurando que la situación actual está generando una presión financiera insostenible para Colpensiones y que, por eso, es necesario traer recursos desde los fondos privados. En el comunicado, el Gobierno anunció su decisión de seguir adelante con la expedición del decreto."La Contraloría General advierte que este escenario podría generar un incremento del pasivo pensional del Estado, al sustituir sostenibilidad de largo plazo por un alivio fiscal de corto plazo, trasladando potencialmente cargas fiscales a las generaciones futuras. Es decir, la obligación futura del Estado permanece, pero se reduce el ahorro disponible para financiarla", concluye la Contraloría.
Futbolista colombiano fue asesinado tras salir de una discoteca en Medellín. El joven de 22 años jugaba en la tercera división de España y la próxima semana sería contratado por un equipo europeo.Las autoridades en Medellín investigan la muerte violenta de Denilson David Mena Aguirre, un futbolista colombiano de 22 años de edad que encontró la muerte tras un ataque con arma de fuego ocurrido a las afueras de una discoteca.El hecho se registró hacia las 3:36 a. m. en la calle 44 con carrera 89, barrio La América, frente al establecimiento conocido como Exclusive Mall de La 90. De acuerdo con el reporte policial, el joven fue perseguido por varias personas y, en medio de la situación, un hombre vestido con buzo negro y capucha le disparó en repetidas ocasiones antes de huir del lugar, al parecer en un vehículo.Mena Aguirre fue auxiliado por ciudadanos y trasladado en un taxi a la Unidad Intermedia de San Javier, donde ingresó sin signos vitales debido a la gravedad de las heridas.En el mismo hecho resultó herida una mujer que recibió un impacto de bala en el hombro derecho, la cual fue trasladada al mismo centro asistencial donde permanece estable.Según su testimonio, los hechos se habrían originado tras una discusión al interior del establecimiento entre dos grupos de personas. Posteriormente, los involucrados fueron retirados y, en el exterior, se presentó una riña que terminó en el ataque armado.Las autoridades indicaron que el caso estaría relacionado con un episodio de intolerancia social, aunque los móviles exactos son materia de investigación. En el lugar se halló una vainilla calibre 9 milímetros y otros elementos materiales probatorios.De acuerdo con información preliminar, la víctima habría tenido pasado como jugador en la tercera división del fútbol español y, al momento de los hechos, se encontraba sin contrato, con la expectativa de vincularse a un equipo europeo en los próximos días.Unidades de la SIJÍN realizaron la inspección técnica del lugar, así como la recolección de evidencia y verificación de cámaras de seguridad para dar con los responsables. Hasta el momento no se reportan capturas.
La resolución 327 de 2025 designó como gestores de paz a 16 exjefes paramilitares, entre ellos Salvatore Mancuso, Jorge 40, Don Berna, Julián Bolívar y Cuco Vanoy, responsables de miles de crímenes durante el auge del paramilitarismo. La decisión del Ejecutivo se enmarca en el esfuerzo por dar un cierre definitivo a la desmovilización de las AUC, iniciada en 2003, y por aprovechar su experiencia en el conflicto para prevenir nuevas violencias.Entre los nombrados están:Salvatore Mancuso, excomandante nacional de las AUC, extraditado a EE. UU. por narcotráfico y procesado en Colombia por crímenes de guerra y lesa humanidad.Rodrigo Tovar Pupo, 'Jorge 40', líder del Bloque Norte, señalado por masacres y desapariciones en la Costa Caribe.Diego Fernando Murillo, 'Don Berna', jefe del Bloque Cacique Nutibara, vinculado a la Oficina de Envigado.Carlos Mario Jiménez, 'Macaco', del Bloque Central Bolívar, procesado por desplazamientos masivos y masacres.Freddy Rendón Herrera, 'El Alemán', comandante en Urabá, vinculado a casos de parapolítica.Hernán Giraldo Serna, jefe del Frente Resistencia Tayrona, condenado por violencia sexual, homicidios y narcotráfico.Otros nombres como Ramiro Vanoy, Luis Eduardo Cifuentes, Rodrigo Pérez Alzate, Edward Cobos Téllez y los hermanos Buitrago completan la lista.Los excomandantes acumulan condenas por homicidios, desapariciones forzadas, violencia sexual, reclutamiento de menores, narcotráfico y desplazamientos. Algunos estuvieron en cárceles de Estados Unidos tras ser extraditados en 2008; otros han participado en el marco de Justicia y Paz o en procesos ante la JEP.El Gobierno argumenta que su rol como gestores permitirá consolidar compromisos de verdad, reparación y no repetición, en un intento de cerrar un proceso de paz inconcluso que dejó vacíos y nuevas violencias en las regiones.La medida ha generado reacciones encontradas. Para críticos, designar a exparamilitares con amplios historiales criminales representa un mensaje de impunidad y revictimización. Para el Ejecutivo, en cambio, se trata de un paso necesario para garantizar que quienes un día lideraron la guerra aporten ahora a la construcción de paz.
La JEP decidió asumir la competencia para investigar a Rodrigo Granda, quien era conocido como el canciller de las Farc, por el secuestro de Cecilia Cubas, hija del expresidente de Paraguay Raúl Cubas.Granda asegura que se le están vulnerando sus derechos al debido proceso y a la defensa. Recordemos que cuando se asumió la competencia del caso, la investigación fue enviada a la Unidad de Investigación y Acusación, UIA, que es la Fiscalía de la JEP. Esto abre la posibilidad de que Granda enfrente un juicio, pues como él ha negado su responsabilidad en el secuestro de Cubas, si la UIA encuentra pruebas o información que lo involucren con el caso, empezaría la etapa de juicio, y de ser hallado culpable , podría enfrentar hasta 20 años de prisión.En una primera medida, Granda dice que las relaciones entre las Farc y el brazo armado del movimiento Patria Libre, de Paraguay, fueron de “solidaridad política”. Sin embargo, su defensa señala que el compareciente no tuvo una participación directa en el caso Cubas.“El señor Rodrigo Granda, dentro de la versión libre, no reconoció su responsabilidad en los hechos que se le endilgan por las autoridades de la República del Paraguay. En ese orden, entiende el despacho que el análisis que se debe hacer al momento en relación con el factor material sigue girando en torno a un análisis probatorio bajo, no solo porque se está definiendo la competencia sino porque, al entrar en la ruta de no reconocimiento, el proceso se retrotraería a una fase primigenia que no es otra que la activación del ejercicio de la acción penal”, dice el abogado de Granda.En el mismo sentido, asegura su defensa que la JEP está buscando que Granda reconozca conductas que no ha cometido.“La sección no solo estaría intentando obligar al compareciente a pensar de forma distinta respecto de su propia responsabilidad, sino que iría en contravía del debido proceso, siendo este actuar transgresor del principio de culpabilidad que exige para una declaratoria de responsabilidad, que el hecho sea típico, antijurídico y culpable. En ese orden, de conformidad con la normativa que guía las actuaciones de la JEP el Acto Legislativo 01 de 2017 en su artículo 5 transitorio establece que para acceder al tratamiento especial previsto por el Sistema Integral de Verdad Justicia Reparación y No Repetición es necesario aportar verdad plena, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición. De otra parte, establece que el aporte de verdad no implica la obligación de aceptar responsabilidades y que quien aporte de manera dolosa información falsa, o incumpla cualquiera de las condiciones del sistema, perderá el tratamiento especial de justicia”, se lee en la apelación presentada por Granda.Por otro lado, Granda explica que no está en capacidad de aportar verdad detallada y exhaustiva sobre los hechos acaecidos en el día el 21 de septiembre de 2004 en Paraguay, es decir, el caso de Cecilia Cubas y que la Sección de Reconocimiento de Verdad debió haber hecho la contrastación de información antes de enviar el caso a la Unidad de Investigación y Acusación, que es la Fiscalía de la JEP."La Sala de la Sección de Primera Instancia para Casos de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, tenía el deber y la obligación de profundizar e investigar el modo el tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos y conductas que se le endilga, al compareciente Rodrigo Granda Escobar, por el secuestro y posterior asesinato de Cecilia Mariana Cubas en hechos acaecidos el 21 de septiembre de 2004 en la República del Paraguay y otras conductas que ocurrieron presuntamente con ocasión del conflicto armado interno, por el que atraviesa la nación paraguaya, y que luego de haber perfeccionado dicha investigación, entrar a valorar los elementos tácticos y jurídicos que no existen dentro del paginarlo de la referencia, para tomado una decisión de fondo sobre el caso de Paraguay, el que ameritaba por parte de los operadores judiciales, de haber hecho un análisis mucho más profundo y cuidadoso, toda vez, que dicho estudio no se puede comparar con algunos casos que se pueden despachar con breves y simples. Consideraciones jurídicas y sin fundamento alguno, con el propósito de entrar a dirimir en forma definitiva hechos y conductas graves que ocurrieran con ocasión del conflicto armado de carácter social y político e interno y prolongado de Colombia”, dice el documento radicado por la defensa de Granda.En el documento se solicita revocar la decisión de enviar el caso a la UIA de la JEP y Granda y su defensa piden que el proceso lo asuma la Sección de Reconocimiento de Verdad, a quienes culpan de no tener en cuenta toda la información ni pruebas del proceso.“La sala omitió de practicar pruebas para que se configurara el factor material, y así asumir la competencia de investigar el caso de Paraguay, situación que la sala se limitó a decretar la diligencia de versión de Rodrigo Granda Escobar, que le fuera suficiente para la sala, para inferir una presunta responsabilidad del compareciente, sin haber constatado y verificado lo dicho espontáneamente por el compareciente, ‘respecto’ del secuestro y posterior asesinato de Cecilia Mariana Cubas Gusinsky en hechos acaecidos el 21 de septiembre de 2004 en la república del Paraguay, según lo expuesto en la parte motiva de esta providencia’, con base a información periodística que no se puede tener como evidencia o prueba, toda vez que son opiniones, por un lado y por otro, con pruebas ilícitas derivadas de la Operación Fenix, al llevarse a cabo el bombardeo en territorio ecuatoriano en donde muriera Raúl Reyes de las Farc EP, incautándose unos ordenadores que fueran adulterados por la Policía Judicial, al abrirlo e incluir información, mensajes, correos electrónicos etc, violándose de esta manera la cadena de custodia, conforme a lo consagrado en el artículos 254 entre otros, de la Ley 906 de 2004 en donde la Corte Suprema de Justicia declaró mediante auto la ilicitud de dicha prueba, la cual no se puede tener cuenta en ningún proceso que curse en Colombia e incluso en otros Estados, conforme al Derecho Internacional y la Justicia Penal Internacional”, señala su defensa.
Entre enero y agosto de 2025, al menos 1,4 millones de personas han sido víctimas de distintos hechos de violencia. Solo en agosto se registraron 125 ataques contra civiles. En lo corrido del año, 85.550 personas han sufrido amenazas, homicidios, desapariciones, reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes, entre otras formas de violencia.Confinamientos y restriccionesCada día y medio se reporta una nueva emergencia humanitaria por confinamiento o restricciones a la movilidad. En 2025, más de 122.000 personas han enfrentado estas limitaciones, mientras que 137.600 fueron víctimas de confinamiento, cifra que ya casi iguala el total de 2024. El 63 % de estos eventos permanecen activos, con una duración promedio cercana a un mes.Desplazamientos forzadosEl desplazamiento masivo alcanzó niveles críticos: más de 79.500 personas fueron expulsadas de sus territorios en lo corrido de 2025, lo que representa un aumento del 94 % frente al mismo periodo de 2024. Esta cifra supera en un 53 % el total anual registrado el año pasado. Solo en agosto, 3.112 personas fueron desplazadas masivamente, mientras que los desplazamientos individuales afectan ya a más de 84.000 personas.Niñez bajo fuegoLa población infantil es una de las más golpeadas. Entre enero y agosto de 2025, al menos 11.000 niños, niñas y adolescentes fueron víctimas de desplazamiento, confinamiento o restricciones a la movilidad. Se estima que 291.000 menores podrían estar afectados por estas emergencias. Además, en el primer semestre del año se documentaron 52 incidentes contra la educación, incluyendo ataques a escuelas y docentes, uso de explosivos y combates en presencia de estudiantes.Ataques a bienes civilesLa Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) reportó hasta agosto 31.593 personas afectadas por ataques a objetivos ilícitos de guerra, principalmente escuelas y centros de salud. La cifra representa un incremento superior al 5.600 % frente a 2024. Además, el uso de artefactos explosivos dejó al menos 544 civiles afectados, un aumento del 145 % respecto al año anterior, en medio de la continuidad de minas antipersonal y explosivos improvisados que vulneran de forma grave el Derecho Internacional Humanitario.Las cifras reflejan un deterioro humanitario que revive las peores consecuencias del conflicto armado en Colombia, con un impacto devastador sobre comunidades enteras, especialmente sobre la niñez y los bienes civiles protegidos.
Entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2025, la Defensoría del Pueblo reportó una grave crisis humanitaria por desplazamientos forzados, confinamientos y riesgos de victimización en varias regiones del país.Según el organismo, 87.898 personas fueron víctimas de desplazamiento forzado masivo en 76 eventos, mientras que 71.219 personas resultaron afectadas por confinamientos en 67 casos documentados. Adicionalmente, se registraron 173 situaciones de riesgo de confinamiento y/o desplazamiento, lo que evidencia la persistencia de la violencia armada y sus impactos sobre las comunidades.Durante agosto, la Defensoría registró 16 eventos de desplazamiento forzado que afectaron a 2.934 personas en departamentos como Antioquia, Bolívar, Cauca, Chocó, Nariño y Norte de Santander, siendo este último el más golpeado con tres hechos en Tibú.En el mismo mes, se documentaron 10 eventos de confinamiento que limitaron la movilidad de 6.174 personas. Los departamentos más afectados fueron Chocó, Arauca, Bolívar y Valle del Cauca, donde comunidades indígenas y afrodescendientes quedaron atrapadas por enfrentamientos armados.A estas cifras se suman 21 eventos de riesgo de desplazamiento y/o confinamiento en regiones como Putumayo, Córdoba, Huila y Caquetá, lo que refleja el alcance nacional de esta problemática.Las principales causas identificadas son la presencia de actores armados ilegales, confrontaciones armadas, homicidios selectivos, amenazas, reclutamiento de menores y la siembra de artefactos explosivos, factores que incrementan la vulnerabilidad de la población civil.En paralelo, Colombia continúa siendo un país de tránsito para migrantes irregulares. Entre enero y agosto de 2025, 106.590 personas ingresaron de forma irregular, principalmente provenientes de Venezuela, Ecuador y Perú, mientras que más de 15.000 migrantes ingresaron en flujo inverso desde Panamá hacia el Chocó. Estos movimientos se desarrollan en medio de riesgos asociados como trata de personas, violencia sexual, instrumentalización de menores y xenofobia.La Defensoría advirtió que la persistencia de estos hechos exige mayores esfuerzos institucionales para garantizar la protección de las comunidades, así como la atención humanitaria urgente a las poblaciones afectadas.
Esta semana ha marcado un hito histórico para Colombia con la emisión de sentencias clave por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).Una de estas decisiones, dirigida contra el antiguo secretariado de las Farc por crímenes de guerra y de lesa humanidad asociados al secuestro, ha sido calificada como un momento fundamental para el cierre de una parte del conflicto armado.En entrevista con El Radar de Blu Radio, el magistrado Camilo Andrés Suárez del Tribunal Especial de Paz, encargado de la redacción de la sentencia, enfatizó la trascendencia de esto. El magistrado afirmó: "Yo creo que es un momento absolutamente importante, trascendental e histórico para el país porque consolida uno de los elementos muy más importantes del acuerdo final de paz". Además, recordó que este sistema judicial coloca a las víctimas en el centro, visibilizándolas y reconociéndolas. El propósito es "restaurar y reparar el daño causado", estableciendo la responsabilidad criminal por los 13 crímenes internacionales reconocidos.La sentencia impone una sanción de ocho años, el máximo permitido por la ley, que se traduce en trabajos, obras y actividades con fin reparador en lo urbano y en lo rural. Esta reparación tiene un impacto en lo colectivo, no individual. Suárez comentó que las actividades se enfocarán en cuatro líneas restaurativas principales: contribuir a la búsqueda de personas desaparecidas, preservar la memoria de las víctimas, participar en el desminado humanitario para generar desarrollo y paz, y la preservación de medio ambiente y naturaleza, reparando el daño causado por el conflicto.La sanción consta de dos componentes: uno restaurativo y otro de restricción de derechos. La restricción no implica cárcel, sino limitaciones a la movilidad y la habitabilidad en un espacio geográfico definido por el Tribunal. El control es permanente y constante por los 8 años que dura la sanción. Suárez detalló: "Esta restricción establece restricciones de habitabilidad y restricciones de movilidad". Todo desplazamiento debe ser autorizado por el Tribunal.Respecto a la participación política de algunos comparecientes, la JEP aclara que el cumplimiento de la sanción se privilegia y está por encima del ejercicio de la política.
El presbítero Jorge Ernesto Zapata Ochoa, vicario general de la diócesis de Istmina-Tadó, en Chocó, advirtió que la situación en terreno es crítica y que ya hay comunidades directamente afectadas.“La comunidad de Santa Rosa ha tenido que desplazarse; se han dirigido hacia la comunidad de Puerto Meluk. Tenemos otras que, por el tema del confinamiento, se han visto afectadas en temas de alimentación y en temas laborales”, explicó.El sacerdote detalló que ya se registran desplazamientos y confinamientos en varias zonas. “De la comunidad desplazada tenemos 24 familias, son unas 120 personas, pero si pensamos en los que están confinados, llegamos a tener un gran número, casi unas 400 o 500 personas de distintos sectores que no se pueden movilizar”, señaló.Además, describió las dificultades del territorio, que agravan la emergencia. “Son regiones en las que no tenemos movilidad carreteable, sino que todo es fluvial; se utilizan solamente los ríos. Los caminos en el sendero por la selva son escasos, no se pueden utilizar. Todo lo que se consume, los alimentos en su mayoría vienen de afuera, vienen de la capital, vienen de Pizarro, de Buenaventura, y entonces obviamente no tienen acceso”, indicó.A esto se suma la falta de reservas en las comunidades. “No hay reservas alimenticias en las despensas; esto significa que, si no se puede ingresar a los campos para ir a buscar su comida, pues todo se va quedando. Entonces, la situación alimenticia, la situación en salud, la atención de los niños y de los mayores se vuelve cada vez más compleja”, advirtió.Asegura además que, en educación, la afectación es inmediata. “Ni los profesores pueden tener acceso ni tampoco tenemos una red de internet que nos permita que los chicos puedan tener seguimiento escolar vía virtual. Entonces, les ha tocado esperar en sus casas y esto se agrava porque se van aproximando también los días de Semana Santa”, explicó.Alertó que incluso la Iglesia enfrenta limitaciones para acompañar a las comunidades. “También estamos sufriendo las restricciones, no podemos movilizarnos y, por lo tanto, lo que vamos haciendo desde fuera es ir realizando los balances, porque nos tocaría generar unos puentes a alto nivel para ver qué podemos lograr, algún corredor humanitario”, señaló.Finalmente, hizo un llamado al grupo armado ilegal a frenar la violencia y priorizar a la población civil. “Cualquier tensión bélica no trae buenos resultados, siempre empeora las situaciones. Por eso, el llamado que hacemos desde la Iglesia colombiana es que pedimos a los actores armados que mitiguen esos conflictos, que cesen esas confrontaciones, porque vamos a tener una mayor afectación de carácter no solamente físico, de movilidad, de alimentación, sino también de carácter psicológico, que no nos va a permitir tener unas relaciones fraternas en las comunidades”, concluyó.
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, el paro armado indefinido anunciado por el ELN ha generado graves afectaciones a la población civil, que enfrenta restricciones en su movilidad y en el acceso a bienes básicos.“En particular, afecta a 16 comunidades afrocolombianas, equivalentes a 530 familias (1.933 personas), y a nueve comunidades indígenas pertenecientes a los pueblos Unión Pitalito, Puerto Piña, Puerto Chinchillano, Bajo Grande, Santa Rosa, Playa Linda, Puerto Gálvez, Bella Vista y Puerto Ismarek, integradas por 886 familias (4.114 personas)”, aseguró la Defensoría.La entidad alerta que las comunidades no pueden movilizarse por los ríos, que son su principal vía de transporte, lo que ha limitado el abastecimiento de alimentos y ha impedido el desarrollo de jornadas de atención en salud en los territorios.Además, aseguran que niñas, niños y jóvenes han visto interrumpida su asistencia a clases, en medio de un contexto que agrava las condiciones de vulnerabilidad en la zona.La Defensoría también advirtió que las misiones humanitarias enfrentan dificultades para ingresar a las áreas afectadas. “Las misiones humanitarias enfrentan restricciones para desplazarse hacia las zonas donde hay condiciones de confinamiento”, señaló la entidad.“La Defensoría del Pueblo hace un llamado urgente a las autoridades competentes y a los organismos de seguridad para que adopten medidas inmediatas, coordinadas y con enfoque diferencial que permitan proteger de manera efectiva a las poblaciones del Bajo Baudó y de los territorios aledaños”.Finalmente, la Defensoría instó al grupo armado ilegal a “cesar de manera inmediata el paro armado y a respetar estrictamente las normas del DIH, en particular el principio de distinción y la obligación de garantizar la protección de la población civil. Ninguna acción en el marco del conflicto armado puede poner en riesgo la vida, la dignidad y los derechos de las comunidades”.
La Iglesia católica alertó sobre la situación que atraviesan las comunidades en la frontera entre Colombia y Ecuador, al advertir un deterioro creciente en las condiciones sociales, económicas, políticas y ambientales en esta región.A través de un comunicado conjunto, los obispos de las diócesis de Ipiales, monseñor José Saúl Grisales, y de Tulcán, monseñor Carlos Washington Yépez, expresaron su “profunda preocupación” frente a las dificultades que afectan a las poblaciones fronterizas, donde, según señalaron, se ha configurado un escenario cada vez más complejo.De acuerdo con el pronunciamiento, la crisis está marcada por la expansión de economías ilícitas como el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando, así como por otras manifestaciones de inseguridad que impactan directamente la convivencia social y el medio ambiente.“Diversos factores han contribuido a esta situación, entre ellos la presencia de economías ilícitas como narcotráfico, minería ilegal, contrabando y otras manifestaciones de inseguridad que afectan la convivencia social, el cuidado del ambiente y la tranquilidad de nuestras comunidades”, advirtieron.A esta problemática se suman las tensiones comerciales entre ambos países, que han reducido de manera significativa el flujo de mercancías y el tránsito de carga por el puente internacional de Rumichaca, principal conexión terrestre entre Colombia y Ecuador.“El flujo comercial y el tránsito de carga en el paso del puente internacional de Rumichaka, principal conexión terrestre entre ambos países, se ha reducido de manera significativa, afectando a comerciantes, transportistas y trabajadores que dependen de esta actividad para el sustento de sus familias”, señalaron.Según la Iglesia, esta disminución en la actividad comercial está golpeando directamente a comerciantes, transportadores, cambistas, agricultores y otros trabajadores que dependen de la dinámica fronteriza para el sustento diario de sus familias.“Muchos trabajadores dependen directamente de la dinámica fronteriza, por lo que las dificultades actuales generan inquietud en numerosas familias”, señalaron los obispos.El comunicado también advierte sobre los efectos ambientales de las actividades ilegales, al señalar que estas prácticas “contaminan ríos, degradan ecosistemas y ponen en riesgo la salud y el futuro de quienes habitan estos territorios”.Frente a este panorama, la Iglesia insistió en que no es aceptable que las comunidades más vulnerables continúen expuestas a estas condiciones, y elevó un llamado directo a los gobiernos de Colombia y Ecuador.“Es necesario fortalecer los espacios de diálogo y cooperación que permitan atender las preocupaciones existentes y buscar soluciones que favorezcan el bien común”, señalaron.Finalmente, pidieron adoptar medidas urgentes que mitiguen los impactos sociales y económicos en la región, especialmente en los sectores más vulnerables.“Invitamos a todos los actores sociales, económicos y políticos a mantener la serenidad, fortalecer el respeto mutuo y contribuir a la construcción de caminos de diálogo y entendimiento que permitan superar las dificultades actuales”, concluyeron.
La Defensoría del Pueblo emitió una Alerta Temprana para los municipios de Algeciras y Campoalegre, en Huila, ante el riesgo de una disputa armada entre disidencias de las Farc que buscan consolidar su dominio territorial en la zona.“El escenario de riesgo se define por la convergencia de tres estructuras con pretensiones de dominio: el Frente Iván Díaz (del Bloque Jorge Suárez Briceño, del autodenominado y disidente Estado Mayor de Bloques y Frente, EMBF), que mantenía un control consolidado; la compañía Árlex Vargas (del Bloque Central Isaías Pardo, del autodenominado y disidente Estado Mayor Central, EMC), que ingresó en 2025, y la incursión de la Segunda Marquetalia, que busca retomar el control histórico de la zona”, asegura la Defensoría.La advertencia señala que esta disputa podría desencadenar enfrentamientos armados con graves efectos humanitarios tanto en las cabeceras municipales como en zonas rurales, donde comunidades ya enfrentan restricciones a la movilidad, imposición de normas de comportamiento y el cobro sistemático de extorsiones.Además, la Defensoría alertó sobre la posible repetición de patrones de violencia observados en el norte del Caquetá, como combates abiertos, uso de drones y artefactos explosivos improvisados, lo que incrementa el riesgo para la población civil.Según la Defensoría, la violencia en la zona ya muestra señales de recrudecimiento. “En Algeciras hubo 29 homicidios en 2025, situación que coincide con las tensiones entre facciones disidentes. La entidad, a través de su Sistema de Alertas Tempranas (SAT), ha documentado eventos como el homicidio del vicepresidente de la junta de acción comunal (JAC) de la vereda Santuario, ocurrido en enero del 2026, y ataques con explosivos a establecimientos comerciales y estaciones de servicio”.En este contexto, señalan que los grupos armados estarían ejerciendo una gobernanza ilegal basada en el control social violento, mediante amenazas, citaciones obligadas y la cooptación de liderazgos comunitarios. Comerciantes, transportadores y sectores productivos como el arrocero estarían siendo objeto de extorsión.La Defensoría también advirtió sobre posibles instalaciones de minas antipersonal y el uso de la población civil como escudo en medio de la confrontación.La entidad advirtió que el riesgo es especialmente alto para firmantes del Acuerdo de Paz y sus familias, quienes enfrentan amenazas, estigmatización y presiones para vincularse a los grupos armados. Asimismo, niñas, niños y adolescentes están expuestos a reclutamiento forzado, especialmente en zonas rurales.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó responsabilidad a ocho integrantes del Ejército Nacional por crímenes cometidos contra pueblos étnicos, comunidades campesinas y sus territorios en los municipios de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas, en Nariño, entre los años 2001 y 2012.La Sala de Reconocimiento de Verdad concluyó que las conductas investigadas afectaron principalmente al Pueblo Negro Afrocolombiano, a los pueblos indígenas Awá y Eperara Siapidaara, y a comunidades campesinas de la región. En esta decisión, la Sala llamó a reconocer responsabilidad a ocho comparecientes del Ejército Nacional.Entre ellos se encuentra Luis Felipe Montoya Sánchez, entonces comandante del Grupo de Caballería Mecanizado No. 3 General José María Cabal, quien posteriormente llegó al grado de mayor general y se desempeñó como jefe de Estado Mayor Operacional del Ejército. También fueron imputados José David Vázquez Acevedo, jefe de la Sección de Operaciones; Juan Carlos Dueñas Mejía, comandante de escuadrón; y el capitán Carlos Alfredo Castro Pinzón, quien fue jefe de la Sección de Operaciones y ejecutivo y segundo comandante de esa unidad.A la lista se suman Carlos Alberto Gutiérrez González, jefe de inteligencia del Grupo Cabal; José Gregorio Betancur Rodríguez, coordinador de la red de inteligencia; Alexander Guerrero Castellanos, comandante de pelotón y coordinador de la red de cooperantes; y Adolfo Díaz Masmela, comandante de compañía del Batallón de Contraguerrilla No. 93 “Ramiro Rueda Mendoza”.“La Sala concluyó que los hechos determinados en el Caso 02 configuran crímenes de sistemas cometidos contra sujetos de especial protección constitucional e internacional, como los pueblos y los territorios étnicos y las comunidades campesinas. Estas conductas fueron calificadas como crímenes de lesa humanidad de asesinato, desaparición forzada, exterminio, traslado forzoso de población, tortura y persecución. Asimismo, se configuraron los crímenes de guerra, de homicidio y de tortura”, aseguró Belkis Izquierdo, magistrada relatora del caso 02.Según la investigación, el proceso de contrastación judicial permitió establecer que la forma en que se implementó la política estatal de consolidación territorial en la zona derivó en una militarización intensiva del territorio y de la vida cotidiana de sus habitantes, sin considerar que se trataba de un territorio mayoritariamente étnico ni coordinar con sus autoridades y sistemas de gobierno propio.“Este escenario generó condiciones que facilitaron la comisión de crímenes por parte de integrantes de la Fuerza Pública”, señaló la magistrada Belkis Izquierdo, al explicar que el contexto estuvo marcado por factores como la estigmatización sistemática de pueblos indígenas, comunidades negras y campesinas, la presión por resultados operacionales, la ausencia de enfoque étnico-racial en las políticas estatales, la connivencia con estructuras paramilitares y la relación entre la lucha antidrogas y la estrategia contrainsurgente.A partir del análisis de la información recolectada, la Sala identificó tres patrones macrocriminales. El primero corresponde a la estigmatización y violencia selectiva contra líderes y procesos organizativos étnicos y comunitarios, mediante señalamientos, amenazas, detenciones arbitrarias, torturas y homicidios selectivos. El segundo patrón incluye asesinatos de civiles presentados ilegítimamente como bajas en combate. El tercero se relaciona con el control militar del territorio, que se tradujo en desplazamientos forzados, confinamientos y restricciones a la movilidad, así como en la ocupación de espacios comunitarios y territorios colectivos.“La JEP determinó que en Tumaco, Ricaurte y Barbacoas se ejecutó una política militar en la que el territorio fue tratado como un recurso estratégico para el despliegue de operaciones contra insurgentes y de erradicación de cultivos de uso ilícito, lo que afectó a los derechos territoriales de los pueblos negros afrocolombianos, indígenas y comunidades campesinas de la zona”, aseguró la magistrada relatora del caso 02.Según explicó, “los hechos no se limitaron a la agresión contra personas, sino que se extendieron al territorio, la naturaleza y los lugares sagrados”, afectando de manera directa la vida comunitaria y espiritual de los pueblos étnicos.Con esta decisión, la Sala de Reconocimiento de Verdad da por concluida la etapa de investigación del macrocaso, que ahora avanza hacia las fases de reconocimiento de verdad y responsabilidad, juicio y eventual sanción.Los ocho comparecientes tendrán 30 días hábiles para reconocer o rechazar las responsabilidades atribuidas. Si aceptan los cargos, el proceso seguirá la ruta restaurativa; si los niegan, el caso pasará a la Unidad de Investigación y Acusación, que podría llevarlos a un juicio ante el Tribunal para la Paz.
De acuerdo con el Foro Interétnico de Solidaridad Chocó, las comunidades de Unión Pitalito, Puerto Piña, Puerto Chichiliano, Bajo Grande, Santa Rosa, Playa Linda, Puerto Galve y Playa Bonita permanecen actualmente confinadas por la presencia y las acciones de grupos armados ilegales, entre ellos el ELN y el Clan del Golfo.La organización advirtió que 518 familias, equivalentes a cerca de 2.305 personas, están siendo afectadas por esta situación, que ha generado temor entre la población y ha alterado de manera significativa la vida cotidiana en estos territorios.Según denunciaron las comunidades, el confinamiento dificulta el acceso a alimentos, servicios de salud y educación para niñas, niños y jóvenes, lo que agrava las condiciones humanitarias en la zona.Además, señalaron que la imposibilidad de desplazarse impide que muchas familias puedan realizar sus actividades productivas o trabajar, lo que impacta directamente en sus medios de subsistencia y en las condiciones de vida de la población.Finalmente, las organizaciones y comunidades afectadas advirtieron que existen necesidades humanitarias en el territorio. Entre las principales solicitudes están el envío de asistencia alimentaria, brigadas de salud, presencia institucional que garantice protección para la población civil y atención psicosocial para las familias que permanecen en medio de los enfrentamientos y el confinamiento.
La Defensoría del Pueblo acompañó a autoridades tradicionales arhuacas en una misión humanitaria realizada en inmediaciones de la comunidad Gunmaku, en la Sierra Nevada de Santa Marta, con el objetivo de verificar la situación de derechos humanos de las comunidades afectadas por los combates entre el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.Durante la misión, la entidad constató que la acción de la fuerza pública permitió la evacuación de nueve personas heridas, entre ellas dos menores de edad, que permanecían confinadas en zonas donde se registraban enfrentamientos armados.“En consecuencia, la Defensoría del Pueblo ha solicitado de manera inmediata la convocatoria a una sesión extraordinaria de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), a fin de que permita coordinar las acciones necesarias en materia de protección y atención humanitaria tendientes a garantizar los derechos a la vida, libertad e integridad, así como los derechos civiles y políticos de los habitantes del sector Serankua, parte alta de la Sierra Nevada de Santa Marta y la vereda Palestina, de Aracataca, Magdalena”.En el recorrido también evidenciaron una compleja situación humanitaria. Aseguran que varias comunidades permanecen con dificultades para acceder a agua potable, atención médica, insumos básicos y asistencia humanitaria, por lo que se advirtió la necesidad de reforzar la atención en salud y el suministro de ayuda para la población.Ante este panorama, la Defensoría reiteró su llamado al Clan del Golfo y a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada para que detengan los combates y respeten a la población civil, especialmente a las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta.“Asimismo, solicitamos que, en el marco de los espacios de conversación sociojurídicos existentes, estos grupos armados asuman compromisos expresos con las comunidades indígenas de no dirigir acciones en su contra, no involucrarlas en las confrontaciones y respetar su integridad, su autonomía y su derecho a permanecer en el territorio. Este llamado responde a la legítima preocupación manifestada por las propias comunidades, quienes advierten sobre el riesgo de que se repitan graves infracciones contra la población civil como las registradas con anterioridad en la Sierra Nevada de Santa Marta, entre ellas desplazamientos forzados masivos y confinamientos”.Finalmente, exhortaron a la fuerza pública para que continúe adoptando las medidas necesarias para proteger a la población civil y respetar las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH).
La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia 006 de 2026 ante el grave escenario de riesgo para las comunidades de Ocaña y Ábrego, en Norte de Santander, y Río de Oro y González, en el Cesar, donde se intensifica la confrontación entre grupos armados ilegales, se registran posibles alianzas criminales y avanza la expansión de estructuras que buscan el control territorial y de economías ilícitas.La advertencia se basa en tres dinámicas principales que están agravando la situación de seguridad en esta zona del nororiente del país.La primera está relacionada con la reconfiguración de alianzas entre actores armados ilegales en medio del recrudecimiento de la confrontación entre el ELN y las disidencias del Frente 33, vinculadas al Estado Mayor de Bloques y Frente. Según la Defensoría, existe la posibilidad de una alianza entre el Frente 33 y la estructura criminal conocida como ‘Los Pelusos’.La segunda corresponde a la expansión de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada hacia el sur del Cesar y su avance hacia municipios como Ocaña y Río de Oro, además de posibles confrontaciones con el ELN. Este movimiento estaría orientado a disputar el control de corredores estratégicos de movilidad, como la Ruta del Sol, y de economías ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal.El tercer factor identificado es la posible urbanización de la violencia, con enfrentamientos entre las ACSN y el Clan del Golfo en zonas entre Ocaña y Río de Oro, particularmente en el corregimiento Agua de la Virgen.La Defensoría advirtió que estas disputas territoriales han derivado en un mayor control armado sobre la población, con la instalación de retenes ilegales en vías secundarias, requisas, restricciones a la movilidad y la imposición de normas de conducta por parte de los grupos armados.El organismo también documentó el uso de drones cargados con explosivos en sectores rurales como Cerro de las Flores y Quebrada La Esperanza, en Ocaña. Asimismo, se han reportado artefactos explosivos en vías nacionales que conectan a Ocaña con Ábrego y Cúcuta, y el uso de vehículos cargados con explosivos, como el atentado registrado contra el Batallón de Infantería número 15 en ese municipio.La Defensoría señala que durante 2025, “Ocaña registró un incremento significativo de homicidios en un contexto donde Norte de Santander cerró el año con 774 muertes violentas. El impacto masivo se evidencia también en el desplazamiento forzado: solo en los primeros meses de 2025, Ocaña atendió a 18.538 personas desplazadas (4.851 familias) provenientes de varios lugares de la subregión del Catatumbo”.La alerta también advierte sobre riesgos para niñas, niños y adolescentes, quienes enfrentan un alto riesgo de reclutamiento forzado, utilización en actividades ilícitas y violencia sexual. Mujeres y lideresas sociales también han sido víctimas de amenazas y estigmatización en redes sociales.Además, señalan que comerciantes, ganaderos y transportadores enfrentan amenazas permanentes de extorsión y secuestro para financiar las estructuras armadas, mientras que personas firmantes del Acuerdo de Paz han sufrido afectaciones reiteradas en medio de la intensificación de la confrontación.
La Oficina en Colombia de la ONU para los Derechos Humanos hizo un llamado al Clan del Golfo y a las Autodefensas Gaitanistas que se están enfrentando en Aracataca, Magdalena, para que respeten de manera “irrestricta” el Derecho Internacional Humanitario y los derechos humanos de las comunidades indígenas arhuacas.Según la entidad, desde el pasado 6 de marzo se han registrado enfrentamientos entre los dos grupos armados ilegales en cercanías de las comunidades de Serankwa, Sabana Gobierno, Dwinawimmaku y Gunmaku, lo que ha generado graves afectaciones a la población civil.La ONU indicó que está dando seguimiento a la situación y manifestó su “profunda preocupación” por los presuntos abusos a los derechos humanos y las infracciones al DIH reportadas en las últimas horas.Entre los hechos denunciados se encuentran la muerte de una persona civil, la desaparición de mujeres de la comunidad, personas heridas, entre ellas un niño, además de amenazas y malos tratos contra la población.Ante este panorama, la oficina de Derechos Humanos instó a las autoridades colombianas a redoblar las acciones para garantizar la protección de la vida y los derechos del pueblo arhuaco y de todas las comunidades afectadas por la violencia en la zona.La ONU señaló además que seguirá monitoreando la situación en la Sierra Nevada de Santa Marta, brindando asistencia técnica al Estado, acompañamiento a los pueblos indígenas y promoviendo una respuesta institucional coordinada que permita garantizar los derechos humanos en el territorio.Finalmente, la entidad reconoció los esfuerzos que han adelantado la Gobernación del Magdalena, la Fuerza Pública y la Defensoría del Pueblo para atender esta situación e indicó que mantiene comunicación constante con las autoridades para dar seguimiento a la crisis humanitaria.
Las labores se concentraron en 17 sitios de interés forense dentro del cementerio, donde, según la entidad, habrían sido inhumadas clandestinamente personas desaparecidas en el marco del conflicto armado antes del 1 de diciembre de 2016.De acuerdo con la Unidad de Búsqueda, muchos de los cuerpos fueron enterrados en condiciones precarias: algunos dentro de cajones de madera improvisados y otros envueltos en plástico, sin registros ni rituales funerarios que permitieran su identificación.El cementerio está ubicado frente al mar Caribe y la erosión costera comenzó a afectar la zona, poniendo en riesgo los sitios donde podrían encontrarse más restos humanos. Según la entidad, el avance del mar amenaza con arrastrar parte del terreno y borrar posibles evidencias clave para la búsqueda.En total, la UBPD ha realizado tres fases de intervención en este lugar. En la primera, desarrollada en 2025, se recuperaron seis cuerpos. En la segunda fase se hallaron 16 más y, finalmente, en febrero de 2026, se logró la recuperación de otros 19.La mayoría de las personas inhumadas en este lugar provenían de los departamentos de Antioquia, Córdoba y Chocó. Muchos eran habitantes de los propios corregimientos del municipio de Necoclí, lo que evidencia el impacto del conflicto en las comunidades de esta región costera”, afirma la UBPD.“A hoy seguimos buscando a los más de 1000 desaparecidos de la zona norte, y además agradeciendo a cada familia, a cada líder, a cada lideresa y a cada persona que se ha unido a la búsqueda por el avance que hoy estamos teniendo y continuamos fortaleciendo el plan regional para seguir dándole resultados y aliviar el sufrimiento de las familias”, aseguró Marly Lozada, funcionaria de la UBPD.Los cuerpos recuperados fueron trasladados al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde avanzan los procesos de identificación. Una vez se logre establecer su identidad, la Unidad de Búsqueda iniciará los procedimientos para la entrega digna a sus familias.