Entre 2016 y 2026, cerca de 700.000 personas han sido afectadas por el confinamiento en Colombia desde la firma del acuerdo de paz del Gobierno nacional con la extinta guerrilla de las Farc.“Entre enero del 2025 y marzo del 2026, a fecha de hoy, la misma situación ha afectado a 170.000 personas. Si hacemos un cálculo sencillo nos dan unas cifras bien preocupantes que vienen a ser 380 personas diariamente a lo largo del país”, aseguró Boris Aristin, gerente del consorcio Miremas.De acuerdo con el Consejo Noruego para Refugiados, Acción Contra el Hambre y Médicos por el Mundo, estas personas enfrentan restricciones a la movilidad, limitaciones en el acceso a alimentos, salud y educación, y condiciones que vulneran su dignidad.“La situación de confinamiento está bastante extendida a lo largo del país”, explicó el gerente de Miremas, quien detalló que los departamentos más afectados son Chocó, Cauca, Valle del Cauca, Bolívar y Norte de Santander, territorios donde la presencia de grupos armados ilegales mantiene bajo presión a las comunidades.Agregó además que el confinamiento, a diferencia del desplazamiento forzado, es menos visible, pero igual de grave. “Es más complicado que definir que cuando hay un ataque directo o cuando hay un desplazamiento, simplemente porque es menos visible. Pero esto no significa que no tenga el mismo impacto hacia la población que se está viendo afectada. Es parte del conflicto armado en Colombia que tenemos que tomar en su justa medida y como una prioridad dentro de la respuesta”, advirtió.Frente a este escenario, aseguran que las organizaciones humanitarias enfrentan importantes desafíos. El principal, según Ignacio García, coordinador de Mecanismos de Respuesta en Emergencias en Acción contra el Hambre, es el acceso a las zonas afectadas.“Muchas comunidades pues tienen dificultades para salir de esos territorios y por lo tanto también para ingresar distintos tipos de ayuda a sus comunidades”, señaló.A esto se suman complejidades logísticas y de seguridad, especialmente en contextos donde operan múltiples actores armados. “El acceso y todo el proceso logístico para ingresar las ayudas siempre es muy complejo”, agregó García.Pese a las dificultades, el consorcio Miremas, integrado por el Consejo Noruego para los Refugiados, Acción contra el Hambre y Médicos del Mundo, asegura que su labor se centra en llegar a los territorios más aislados.“Llegamos donde otros actores no llegan”, afirmó Aristin. Allí brindan atención integral que incluye salud, asistencia legal, agua y saneamiento, seguridad alimentaria y educación.Sin embargo, advierten que la respuesta humanitaria no es suficiente, insisten en que se requiere una acción más amplia y sostenida por parte del Gobierno.Aristin enfatizó en que el confinamiento debe ser tratado como una prioridad, al tiempo que recordó no caer en el olvido.En medio de este panorama, el consorcio presentó en Bogotá una exposición que retrata la vida cotidiana de las comunidades confinadas. Una muestra que, según las organizaciones, busca acercar a la ciudadanía a una realidad que, aunque muchas veces invisible, sigue afectando a miles de personas en el país.La exposición estará abierta al público entre las 8:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde en la Universidad EAN hasta el 27 de marzo.
La Defensoría del Pueblo alertó sobre una escalada de violencia en el corregimiento San José de los Chorros, en Rionegro, Santander, tras la presencia de grupos armados ilegales en disputa, que ya deja al menos dos personas asesinadas, denuncias de tortura, amenazas contra la población civil y restricciones a la movilidad.De acuerdo con la entidad, los hechos se registraron el pasado 22 de marzo y estarían relacionados con la presencia armada de integrantes de ‘Los Pachenca’, en medio de su confrontación con el Clan del Golfo en esta zona del departamento.Según los reportes recibidos por la Defensoría, presuntos integrantes del ACSN grupo retuvieron, torturaron y posteriormente asesinaron a un hombre, a quien señalaron de pertenecer al Clan del Golfo. Horas después, se conoció un segundo homicidio en el mismo territorio.La Defensoría advirtió que, en medio de esta disputa, la población civil ha sido víctima de amenazas, estigmatización y señalamientos, al ser acusada de permitir el tránsito de integrantes del Clan del Golfo.“De manera paralela, se conocieron presuntas intimidaciones por parte de integrantes del ACSN, que manifestaron su intención de confrontar violentamente al Clan del Golfo, incluso en medio de la población civil, advirtiendo posibles acciones de carácter masivo contra personas señaladas de colaborar con el grupo contrario”.A esto se suman restricciones a la movilidad y presuntos casos de privación de la libertad, incluyendo afectaciones a líderes sociales.La entidad recordó que ya había advertido sobre estos riesgos mediante la Alerta Temprana 016 de 2025, por lo que instó a las autoridades locales, departamentales y nacionales a adoptar medidas urgentes para proteger a la población.Finalmente, hizo un llamado a los grupos armados ilegales a cesar las acciones de violencia e intimidación, y a las autoridades a avanzar en las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.
La reunión entre el Gobierno nacional, la Defensoría del Pueblo y las misiones de la ONU y la OEA concluyó sin anuncios concretos, luego de que las disidencias de las FARC advirtieran que no permitirán su ingreso a los territorios donde operan. El viceministro de Diálogo Social informó que este viernes se realizará un segundo encuentro, así como un consejo de seguridad encabezado por el presidente Gustavo PetroA la reunión asistieron delegados del ministerio de Defensa, de la oficina del comisionado de paz, la defensora del Pueblo, Iris Marín, que se conectó de forma virtual, y representantes de las misiones de la OEA y la ONU en colombia. El viceministro de diálogo social del Ministerio del Interior, Gabriel Rondón, lideró este encuentro y al término, entregó declaraciones a medios.“Hay que entender que son instituciones neutrales e imparciales y tener un policía o un soldado al lado rompe la dinámica propia. Haremos lo propio dentro de nuestras capacidades, estuvimos con el Ministerio de Defensa, tendremos un Consejo de Seguridad muy rápido para tomar medidas, pero ante todo es decirle a la comunidad que el Gobierno Nacional está en capacidad de garantizar el desarrollo de las acciones de estas instituciones en todo el país. Todas estas instituciones entrarán a su propia evaluación y el día de mañana a las 2 de la tarde tendremos otra reunión para evaluar las acciones que hemos tomado de manera inmediata”, dijo.Cabe mencionar que, a través de un comunicado, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA señaló que los anuncios que buscan limitar el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, la Misión de Verificación de Naciones Unidas y la propia MAPP/OEA afectan directamente su labor en las regiones más impactadas por el conflicto armado."A la vez desmiente categóricamente los señalamientos sobre falta de imparcialidad y la supuesta filtración de información para favorecer acciones militares, a través de su labor", se lee en el documento.El viceministro también insistió en que el Gobierno se mantiene en la postura de buscar el diálogo con estos grupos al margen de la ley, pero pidió que no haya amenazas. “Los invitamos a que esa energía y tiempo que gastan haciendo un panfleto para amenazar, nos pongamos a hacer un acuerdo que lleve a la paz. Seguimos con las puertas al diálogo pero no vamos a detener las operaciones. Ni la OEA, ni la ONU, ni la Defensoria ni ninguna misión le colabora a la Fuerza Pública para los operativos, nada tiene que ver”, concluyó.
A través de un comunicado, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA rechazó y señaló que los anuncios que buscan limitar el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, la Misión de Verificación de Naciones Unidas y la propia MAPP/OEA afectan directamente su labor en las regiones más impactadas por el conflicto armado.“A la vez, desmiente categóricamente los señalamientos sobre falta de imparcialidad y la supuesta filtración de información para favorecer acciones militares, a través de su labor”.En el documento, la Misión advirtió que las limitaciones a la acción humanitaria no solo son contrarias al Derecho Internacional Humanitario, sino que impactan principalmente a las comunidades más apartadas del país.“Las limitaciones que se pretenden imponer, además de ser contrarias al Derecho Internacional Humanitario, afectan principalmente a la población de las regiones más apartadas, para quienes la presencia y permanencia de organismos nacionales e internacionales resulta fundamental para la protección de todos sus derechos”, aseguraron.Pese a las restricciones anunciadas por el grupo armado, la MAPP/OEA reiteró que continuará haciendo presencia en los territorios.“En apego a su mandato y fiel a sus principios institucionales, la MAPP/OEA continuará haciendo presencia en los territorios donde la población requiera de su acompañamiento, y apoyando los esfuerzos de construcción de paz en Colombia”.Finalmente, hizo un llamado a los actores armados a no interferir en la labor de los organismos humanitarios y de derechos humanos en el país.
Por medio de las cámaras de videovigilancia del distrito, la Policía identificó a un hombre sospechoso que se paraba en los semáforos de la Calle 80 esperando el cambio para ofrecer sus servicios como “limpiavidrios”. Sin embargo, por algunas conductas sospechosas, la Policía de Bogotá llegó hasta el sitio para identificar al sujeto.Entre tanto, al hacer el procedimiento de identificación y revisión de antecedentes, las autoridades confirmaron que tenía una orden judicial vigente por hurto agravado y calificado, por lo que fue capturado de inmediato y entregado a las autoridades judiciales.De acuerdo con las autoridades, este hombre capturado presuntamente es responsable de varios delitos de hurto a personas dentro de los vehículos mientras esperan en los semáforos, específicamente en el sector de Engativá de Bogotá.“Con más tecnología y capacidades en terreno estamos atacando a los delincuentes que afectan a la seguridad de la ciudad. No vamos a parar en la lucha contra los criminales", aseguró el secretario de seguridad, César Restrepo.Por otro lado, según el distrito, son más de 500 cámaras de videovigilancia que están en constante monitoreo para hacerle frente a la inseguridad en Bogotá.
Versiones conocidas en medios estadounidenses señalan que autoridades judiciales de Estados Unidos estarían adelantando indagaciones preliminares en las que aparece mencionado el nombre del presidente Gustavo Petro. Las investigaciones, según reportes periodísticos, se desarrollarían en dos frentes: uno a cargo de fiscales federales en Nueva York y otro relacionado con información recopilada por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA). Hasta ahora no existe una acusación formal ni una notificación oficial contra el mandatario colombiano.De acuerdo con las versiones difundidas, fiscales federales en Manhattan y Brooklyn estarían revisando información sobre posibles vínculos entre actores del narcotráfico y la campaña presidencial de Petro en 2022. En ese contexto, investigadores habrían mencionado a dos figuras del crimen organizado colombiano: Andrés Felipe Marín, alias ‘Pipe Tuluá’, exjefe de la banda criminal La Inmaculada y recientemente extraditado a Estados Unidos, y Diego Marín, conocido como ‘Papá Pitufo’, señalado como presunto líder de redes de contrabando. Según las versiones citadas, ambos podrían aportar información relacionada con eventuales aportes ilegales a la campaña presidencial, hipótesis que forma parte de lo que se ha denominado públicamente como el “Pacto de la Picota”.En el caso de alias ‘Pipe Tuluá’, se menciona que antes de su extradición habría afirmado que supuestamente fue contactado por Juan Fernando Petro, hermano del presidente, durante la campaña de 2022, para discutir eventuales beneficios judiciales, como la no extradición, a cambio de apoyo político o financiero. Estas afirmaciones, según las mismas versiones, estarían siendo revisadas por investigadores federales como parte de la recopilación de testimonios y evidencias.Por su parte, el nombre de ‘Papá Pitufo’ aparece vinculado a otro episodio relacionado con la presunta entrega de dinero en efectivo a integrantes de la campaña presidencial. De acuerdo con estas versiones, se trataría de recursos que posteriormente habrían sido devueltos, aunque ese episodio continúa siendo objeto de debate público y de verificación por parte de las autoridades.Paralelamente, reportes de prensa también mencionan una segunda línea de investigación asociada a información recopilada por la DEA. Esta incluiría testimonios de fuentes confidenciales que hablan de presuntos nexos con organizaciones criminales internacionales y otros supuestos movimientos financieros; sin embargo, estas versiones han sido descritas como preliminares y basadas en informantes, por lo que su verificación aún estaría en curso.Desde el Gobierno colombiano se han rechazado categóricamente estas afirmaciones. Funcionarios como el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, han señalado que las versiones carecen de fundamento y lógica. La Embajada de Colombia en Washington también calificó los reportes como información no verificada basada en fuentes anónimas. Por su parte, el presidente Gustavo Petro ha manifestado en redes sociales que no existe ningún proceso judicial en su contra y que cualquier investigación servirá para aclarar las acusaciones en su contra.Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han anunciado cargos formales ni decisiones judiciales sobre el caso, por lo que el alcance de las investigaciones y el eventual papel de los mencionados testigos sigue siendo incierto. Mientras tanto, el tema continúa generando debate político tanto en Colombia como en Estados Unidos.
La marca Choco Krispis® presentó en Bogotá su renovada propuesta “Choco Power”, una evolución que no solo redefine su sabor, sino también su forma de conectarse con los consumidores. El lanzamiento estuvo marcado por un evento de alto impacto en el Movistar Arena, donde más de 300 asistentes fueron testigos de un hito: la construcción del dominó de cajas de cereal más grande del mundo. La hazaña fue oficialmente validada por Guinness World Records, consolidando el concepto de “Nivel Pro” como una experiencia tangible que va más allá del producto."Estamos súper emocionados. Había gente del equipo que se abrazaba. Realmente son retos muy grandes que requieren muchísima coordinación, muchísimas semanas, incluso meses de preparación. Entonces cuando ves que cae la última caja realmente sientes una emoción grande porque el equipo logra el objetivo y con Melvin haciendo historia, llevamos a un nivel pro los Choco Krispis®", dijo José Valenzuela, Gerente General para el Pacífico, respecto a esta hazaña nunca antes vista por el país. Pero detrás del espectáculo la compañía Kellogg's busca darle un nuevo impulso a una de sus marcas más emblemáticas, adaptándola a las expectativas de nuevas generaciones que demandan sabores más intensos, propuestas innovadoras y marcas con las que puedan identificarse."Nos vinimos acá, al corazón de Bogotá, al Movistar Arena, para sorprender a los consumidores, creadores de contenido y hoy ratificamos el liderazgo de Choco Krispis® como la marca líder de cereal de chocolate en Colombia. Y para conmemorar el nivel pro, llevamos a cabo este tipo de ideas: un récord Guinness de nivel mundial", afirmó Alejandro Díaz, Director de Marketing para cereales Kelloggs, agregando que "las marcas que logran mantenerse relevantes son aquellas capaces de evolucionar sin perder la confianza de su base fiel".La renovación incluye una fórmula denominada “Nivel Pro”, que intensifica el sabor a chocolate y transforma la experiencia tradicional del cereal con leche en una “chocoleche” más rica y envolvente. Este cambio responde directamente a lo que los consumidores han expresado: el deseo de llevar sus gustos a un nivel superior.¿Qué va a pasar con estas 20.000 cajas de cereal?"Hoy estamos en compañía del Banco de Alimentos de Bogotá, a quien le vamos a donar estas raciones de alimentos. Serán 120.000 raciones que ratifican la alianza que tenemos con ellos desde el 2014", agregó José Valenzuela. Esta acción se suma a una colaboración sostenida que, solo en 2025, permitió recuperar más de 200.000 kilogramos de alimentos. "La marca ha acompañado a muchas generaciones. Más allá de la iniciativa que estamos conmemorando hoy acá, hay un tema súper importante y es la iniciativa social que tiene esta compañía. Por más de 120 años hemos acompañado iniciativas sociales como la donación de alimentos", agregó Diaz como abrebocas a la iniciativa que tuvo la marca en cuanto al bienestar social del país.Además, Choco Krispis® continúa apoyando iniciativas como el programa Desayunos Saludables, que garantiza alimentación diaria a más de 5.000 niños durante el calendario escolar, reforzando su enfoque en impacto social.Por otra parte, Recientemente, Choco Krispis® incursionó en nuevos formatos con el lanzamiento del Choco Cono en alianza con Crem Helado, ampliando las ocasiones de consumo y consolidando su marca y productos en mercados mas versátiles y familiares a nivel nacional e internacional. Con “Choco Power”, la marca no solo busca fortalecer su liderazgo en la categoría, sino también posicionarse como un referente de evolución constante. La apuesta es clara: conquistar a los consumidores con experiencias memorables, propuestas diferenciadas y un sabor que, literalmente, sube de nivel.
El uso del efectivo sigue dominando el mercado en Colombia, pero además se ha convertido en un terreno fértil para los delincuentes. En medio de ello, el Banco de la República reveló una información que dejó a muchos sorprendidos, pues afirma que no todos los billetes que circulan deben ser aceptados y hay señales que pueden evitar dolores de cabeza.Resulta que desde hace más de una década, el país ha renovado su familia de billetes, dejando atrás figuras tradicionales e incorporando nuevas imágenes como Gabriel García Márquez o Débora Arango. Si bien este mecanismo busca modernizar el sistema y reforzar la seguridad, todavía existe confusión entre los ciudadanos respecto a los billetes que son válidos y cuáles no.Ante ello, pese al crecimiento de las transferencias y pagos digitales, el efectivo sigue dominando; por eso, el 79 % de los colombianos todavía paga en efectivo, lo que hace necesario identificar cuál es un billete auténtico y uno falso.Características para identificar billetes no válidosMás allá del diseño o de los personajes que aparecen en los billetes, hay un detalle clave que muchos pasan por alto y es el tamaño. El Banco de la República ha sido claro en tener presentes las dimensiones del billete, siendo esta la manera más sencilla para identificar una falsificación.Un billete que no cumpla con las medidas oficiales debe generar sospecha inmediata. Estas son las dimensiones correctas:$2.000: 66 mm x 128 mm$5.000: 66 mm x 133 mm$10.000: 66 mm x 138 mm$20.000: 66 mm x 143 mm$50.000: 66 mm x 148 mm$100.000: 66 mm x 153 mmSi el billete es más pequeño, más grande o tiene proporciones extrañas, podría tratarse de una falsificación.BanRep enciende la alarma en Semana SantaLa alerta no es un tema menor. Según lo establecido por Bibiana Gordillo, jefe de la Sección de Estudio de Especies Monetarias del Banco de la República, hay momentos donde el riesgo aumenta considerablemente. “Son aquellas épocas donde tenemos festivales, carnavales, ferias y fiestas e incluso vacaciones”, explicó, al referirse a los periodos en los que más circula efectivo.En esos contextos, el volumen de transacciones sube y los controles suelen relajarse, lo que facilita que billetes falsos entren en circulación sin ser detectados a tiempo.Qué pasa con los billetes falsosEl tema no solo es de prevención, también es un asunto legal. En Colombia, la falsificación de moneda es un delito grave que puede llevar a enfrentar penas de entre 12 y 15 años de prisión. Pero hay un detalle aún más delicado: incluso intentar poner en circulación un billete falso, sabiendo que lo es, también puede traer consecuencias judiciales.Por ello, además de revisar el diseño, las autoridades recomiendan verificar elementos de seguridad como la marca de agua, la cinta de seguridad o los efectos de color.
Sigue la conmoción nacional luego de que, en horas de la mañana de este martes 24 de marzo, se confirmara que la cifra de víctimas mortales tras el siniestro del avión militar Hércules C-130 en Puerto Leguízamo ascendió a 68 fallecidos, una tragedia que ocurrió apenas segundos después del despegue.La aeronave, que transportaba a 128 personas, se precipitó a tierra a tan solo un kilómetro de la pista. Actualmente, las autoridades judiciales enfrentan un complejo reto en la identificación de los cuerpos en una morgue local que ya ha superado su capacidad operativa.Por su parte, el alcalde de la localidad, Luis Emilio Bustos, lanzó un duro reclamo al Gobierno Nacional a través de Mañanas Blu, denunciando el abandono histórico que sufren las regiones apartadas en materia de infraestructura y salud.En medio de la conmoción, Yorjadi Méndez, prima de uno de los soldados que murió en el accidente, identificado como Andrés Navarro, de 23 años, reveló detalles de lo ocurrido en Noticias Caracol.Según relató, su primo, oriundo de Aguachica, Cesar, estaba orgulloso de pertenecer al Ejército Nacional. Aseguró que era un joven muy alegre, lleno de ilusiones, que quería crecer profesionalmente y formar una familia.“Era alguien muy familiar, nos quería a todos, siempre estaba pendiente. Era alguien a quien podíamos acudir en cualquier momento si lo necesitábamos”, dijo la mujer.En un momento cargado de tristeza, en el que no pudo contener las lágrimas, reveló cómo fue su última conversación con el soldado Navarro: “Lo último que hablé con él fue que me preguntó cómo estaba, por un estado que publiqué. Me dijo: ‘¿Cómo estás, mi hermosa princesa? Te amo mucho’. Yo le respondí que también lo amaba mucho y que se cuidara, que lo estábamos esperando. Él dijo que también nos amaba mucho y que cuidara a mami y a nana”.Yorjadi contó que la familia estaba compuesta por dos hermanos y su madre. Señaló que él ingresó al Ejército con aspiraciones de crecer dentro de la institución: “Él siempre decía que quería lograr un cargo alto y alcanzar cada una de las metas o retos que el Ejército le propusiera para poder crecer”.Finalmente, la mujer indicó que aún no han recibido información sobre la entrega del cuerpo y pidió a las autoridades que les brinden detalles lo antes posible “para acabar con esta zozobra”.
Otra apelación se presentó este viernes contra la sentencia de la JEP, que condenó a siete exjefes de las extintas Farc a ocho años de sanciones restaurativas por más de 20.000 casos de secuestro.La Federación Colombiana de Víctimas de las Farc (Fevcol) señaló, en un documento enviado a la JEP, que los exFarc no han aportado verdad plena y que durante el proceso ante la jurisdicción no se tuvieron en cuenta las observaciones de las víctimas para los proyectos de sanción.“La sentencia apelada incurre en deficiencias sustanciales al no establecer sanciones efectivas, materiales y proporcionales contra los responsables de desaparición forzada, limitándose a medidas restaurativas de carácter declarativo y simbólico, lo cual contradice los estándares internacionales de lucha contra la impunidad, incumple el deber de los Estados de sancionar con penas proporcionales los crímenes de lesa humanidad y contraria el mandato de la JEP de imponer sanciones propias, que sean reales y tangibles, no meramente nominales”, dice el documento de Fevcol.Esta organización también señala que las sanciones no son proporcionales a los daños causados a las víctimas, pues argumentan que la desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad de carácter continuado, por lo que debe haber una privación de la libertad.Ante esta situación, desde Fevcol le hacen varías solicitudes a la JEP, ya que argumentan que los derechos de las víctimas se vieron vulnerados. Una de las solicitudes es revocar la sentencia.“Declarar la nulidad parcial de la sentencia de primera instancia, al haberse dictado sin haberse resuelto de fondo ni ejecutoriado los incidentes de incumplimiento sobre bienes y falsos listados, garantizando el derecho de contradicción y la participación efectiva de las víctimas y garantizar la segunda instancia plena, de manera que la sentencia a proferirse tenga en cuenta todos los elementos relacionados con el régimen de condicionalidad de los comparecientes. Que se ordene la práctica de pruebas omitidas y se garantice la participación efectiva de todas las víctimas”, añade el documento de Fevcol.También piden a la JEP exigir a los comparecientes la entrega de bienes ilícitos, como parte de la sanción para financiar la reparación de víctimas.“Declarar que la sentencia impugnada vulnera los derechos de las víctimas al no establecer medidas de reparación individual. Ordenar que se adopten programas de reparación diferenciada, incluyendo indemnización, rehabilitación psicológica, acompañamiento social y medidas de satisfacción personalizadas. Ordenar la revisión integral de la decisión, garantizando sanciones proporcionales y efectivas, acorde con la gravedad de los crímenes internacionales juzgados”, agrega el documento de Fevcol.
Ya fue radicada la primera apelación en contra de la sentencia de la JEP que condenó a siete exjefes de la extinta guerrilla de las Farc por lo más de 20.000 secuestros que se dieron durante el conflicto armado y que son responsabilidad de la guerrilla. El abogado Juan Camilo Sanclemente, en representación de algunos de los familiares de los diputados del Valle, le pidió a la JEP revocar la sentencia asegurando que las víctimas no están de acuerdo con la decisión."La sentencia, si bien reconoce la responsabilidad de los miembros del último Secretariado de las Farc-EP por crímenes como toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y tratos inhumanos (secciones 4.2 y 5.8), incurre en graves deficiencias que la hacen incompatible con los estándares internacionales de justicia restaurativa y con los compromisos asumidos en el Acuerdo Final de Paz. Estas deficiencias afectan directamente los derechos de las víctimas, en particular la de los familiares de los diputados del Valle que representa la Fundación Defensa de Inocentes, cuyo caso ilustra el patrón de macrocriminalidad descrito en la sentencia, exactamente en las secciones 4.2.2 y 5.2.1.4, pero no recibe un tratamiento restaurativo adecuado", sustenta Sanclemente en la apelación.En el mismo sentido, los familiares de los diputados del Valle señalan que en la sentencia no se tuvieron en cuenta las propuestas que hicieron sobre las sanciones contra los exjefes de la guerrilla. Además, señalan que las sanciones no son suficientes ni proporcionales al daño causado."Las sanciones impuestas (sección 5.15 y 5.19), como trabajos de memoria “Huellas de la Memoria” y desminado -AICMA, son retributivas pero no restaurativas en su esencia. No abordan el daño específico sufrido por nuestros apoderados, como son: la pérdida irreparable de vidas, el trauma psicológico prolongado y la estigmatización social sufrida por el único sobreviviente del secuestro y la masacre Sigifredo López Tobón y su familia", se lee en el documento.En el mismo sentido, Sanclemente argumenta que se está incumpliendo el acuerdo de paz, pues no se está reparando de manera integral a las víctimas, además, menciona que los comparecientes no aportaron verdad plena durante el proceso en la jurisdicción."El Acuerdo (Punto 5.1.1) obliga a una verdad “extrajudicial y judicial” que satisfaga a las víctimas. La sentencia reconoce patrones generales (sección 5.2.1), pero no profundiza en el caso específico de los diputados, omitiendo detalles sobre la cadena de mando responsable del asesinato, atribuido vagamente al Secretariado de las Farc-Ep en la sección 5.7. Nuestros representados han esperado 23 años por una verdad completa, detallada y exhaustiva; por lo que esta omisión viola el derecho a la verdad establecido en el Acuerdo y en los parámetros de la Corte IDH", dicen los familiares de los diputados.Ante esta situación las víctimas le piden a la JEP revocar la sentencia, por no cumplir con los estándares consagrados en el Acuerdo de Paz"El régimen de condicionalidad (sección 5.14) permite descuentos por cumplimiento anticipado (sección 5.21), pero sin verificación estricta de las contribuciones de los comparecientes, ejemplo: Rodrigo Londoño Echeverri, sección 5.20.2.4, además de las TOARS presentados anteriormente por los comparecientes como estudios de Pablo Catatumbo, donaciones de libros, creación de letrinas, entre otras, son acciones no reparan a ninguna victima y menos estas se se sienten reparadas con estos actos inocuos, sino que por el contrario constituyen una burla y revictimización, máxime que nunca fueron escuchadas las victimas y tenidas en cuenta las victimas", dice la apelación de las víctimas.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia aseguró este jueves que la primera sentencia restaurativa de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), contra 12 exmilitares colombianos por crímenes de guerra y de lesa humanidad, "contribuye a superar posturas negacionistas"."Esta sentencia contribuye a superar posturas negacionistas sobre graves violaciones de derechos humanos, que revictimizan a las víctimas y provocan más dolor en sus vidas", afirmó la Oficina en un comunicado.La JEP condenó hoy a doce exmilitares colombianos a penas restaurativas de entre cinco y ocho años por crímenes de guerra y de lesa humanidad como máximos responsables de 135 asesinatos cometidos en el norte del país entre 2002 y 2005, en el conflicto armado colombiano.En ese sentido, el representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Scott Campbell, afirmó que "la articulación y la incorporación de los saberes propios y el diálogo con los sistemas de justicia étnicos en el marco de la justicia transicional resultan esenciales para la dignificación y restauración de sus derechos".La Jurisdicción Especial para la Paz fue creada tras la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y las desmovilizadas guerrillas de las FARC en 2016.La oficina de la ONU destacó que la sentencia reconoce "la victimización individual y colectiva que sufrieron de manera desproporcionada los pueblos indígenas Wiwa y Kankuamo (caribe) y los consejos comunitarios Kusuto MaGende y José Prudencio Padilla y sus territorios".Los condenados, todos miembros del Batallón de Popa, son responsables de 135 asesinatos cometidos en el norte del país. El fallo ordena su participación en proyectos como la construcción y el mantenimiento de memoriales y centros culturales, o su apoyo en obras de infraestructura y adecuación de espacios productivos, en colaboración directa con comunidades indígenas y afrodescendientes.
La JEP emitió su segunda sentencia, esta vez contra 12 militares que hicieron parte del Batallón La Popa entre 2002 y 2005. Las 12 personas, que son responsables de 135 casos de falsos positivos, no pagarán cárcel y deberán cumplir unas sanciones restaurativas para reparar a las víctimas, la mayoría de ellas del Magdalena y Cesar.Laura Piña es la hija de Adolfo Piña, quien fue llevado de Barranquilla a Codazzi, Cesar, por medio de engaños. Piña le señaló a Blu Radio que esta sentencia es una demostración de que los falsos positivos sí existieron."Con respecto a los daños de las víctimas lo deja muy claro que en el fenómeno macrocriminal se haya agregado persecución y tortura que no habían quedado inicialmente me parece fundamental porque fue una solicitud que hicimos las víctimas. Me parece interesante los exhortos que hace a que el Gobierno pida perdón por estos crímenes, se trata de decir que hay que abolir el discurso negacionista, estos crímenes existieron", dijo Piña.Mónica Márquez es hermana de Jesús Emilio Márquez y, al pronunciarse sobre esta sentencia, dijo que empieza a darse una claridad sobre la verdad con esta sentencia y que se proyectan unas sanciones propias que buscan dignificar a las víctimas de estos crímenes."Es positivo ver cómo la JEP reconoció los daños sufridos por las víctimas, también los proyectos de sanción propia son valiosos porque están enfocados en la memoria, la cultura y la armonización, pero quisiera decir en esta parte que no queden en el papel, sino que se concreten con la participación activa con las víctimas y en cuanto al cumplimiento que sea real", dijo Márquez.Estos militares cumplirán sus sanciones desde Valledupar, quienes no residen allá tendrán que quedarse en unidades militares, aunque también se está gestionando un predio de la SAE para que allí se puedan alojar los militares mientras cumplen la sanción. Ellos tendrán un dispositivo electrónico para vigilarlos mientras cumplen las sentencias.Franklin Flórez, hermano de Albeiro Flórez Hernández, hizo varias observaciones a las sanciones de la JEP. Dice que tiene una posición crítica, ya que aunque se conoce la verdad considera que la sentencia no es proporcional al daño que se hizo. Agrega que siente que los proyectos están dirigido a ciertas comunidades y que algunas víctimas no fueron reconocidas. Tampoco le parece justo que a algunos militares se les haya impuesto la sanción por menos de ocho años."Siempre he pensado que a veces vemos que son más escuchados los victimarios que las víctimas, creemos que debemos ser nosotros los protagonistas de esta historia, no los actores de reparto o los extra, sería bueno la participación activa de todas las víctimas, de todas las personas a las que les arrebataron sus familiares", agregó Flórez.
Crece la preocupación en algunas regiones del país a raíz de hechos de orden público que se han presentado en los últimos meses, en materia de seguridad y violencia. Pero la situación no se ve mejor y, ahora, por tercer año consecutivo Colombia ocupó el primer lugar del ranking del estudio de la organización internacional Global Witness sobre el hostigamiento y crímenes contra líderes sociales."La investigación que aquí se presenta demuestra que en todas las regiones del mundo hay personas que alzan la voz para denunciar los daños causados por las industrias extractivas (como la deforestación, la contaminación y el acaparamiento de tierras) y se enfrentan por ello a actos violentos, discriminación y amenazas", indicó el estudio.Ante esto, Indepaz fue una de las primeras organizaciones en pronunciarse y recordó que, en 2025, van 117 líderes sociales asesinados en todo el país. Según el director de la organización, Leonardo González, esta situación va creciendo y se necesita mayor presencia, transparencia y rigurosidad de las autoridades. Además, recordó el trágico caso de Luis Fernando Sánchez Caicedo, asesinado el 8 de septiembre, a manos de la Armada Nacional: "Han dicho que fue un accidente, la alcaldesa tiene otra versión. Dice que los vieron pasar, pero el hecho es que la Armada disparó contra la lancha donde iban", dijo en diálogo con Noticias Caracol.A nivel mundial, el 82 % de asesinatos de líderes sociales se concentra en Latinoamérica, de la cual el 48 % lo ocupa Colombia por encima de países como México, Guatemala, Brasil, Filipinas, entre otros, que no superan ni el 20 %."Implementar el acuerdo de paz, implementar el plan de acción oportuna", añadió. Asimismo, el exprocurador delegado de Asuntos Ambientales Gustavo Guerrero dijo que no puede seguir siendo objeto de trámite la solicitud de una protección, en el caso de esta criminalidad y estas personas que representan una comunidad y/o región.
El presbítero Jorge Ernesto Zapata Ochoa, vicario general de la diócesis de Istmina-Tadó, en Chocó, advirtió que la situación en terreno es crítica y que ya hay comunidades directamente afectadas.“La comunidad de Santa Rosa ha tenido que desplazarse; se han dirigido hacia la comunidad de Puerto Meluk. Tenemos otras que, por el tema del confinamiento, se han visto afectadas en temas de alimentación y en temas laborales”, explicó.El sacerdote detalló que ya se registran desplazamientos y confinamientos en varias zonas. “De la comunidad desplazada tenemos 24 familias, son unas 120 personas, pero si pensamos en los que están confinados, llegamos a tener un gran número, casi unas 400 o 500 personas de distintos sectores que no se pueden movilizar”, señaló.Además, describió las dificultades del territorio, que agravan la emergencia. “Son regiones en las que no tenemos movilidad carreteable, sino que todo es fluvial; se utilizan solamente los ríos. Los caminos en el sendero por la selva son escasos, no se pueden utilizar. Todo lo que se consume, los alimentos en su mayoría vienen de afuera, vienen de la capital, vienen de Pizarro, de Buenaventura, y entonces obviamente no tienen acceso”, indicó.A esto se suma la falta de reservas en las comunidades. “No hay reservas alimenticias en las despensas; esto significa que, si no se puede ingresar a los campos para ir a buscar su comida, pues todo se va quedando. Entonces, la situación alimenticia, la situación en salud, la atención de los niños y de los mayores se vuelve cada vez más compleja”, advirtió.Asegura además que, en educación, la afectación es inmediata. “Ni los profesores pueden tener acceso ni tampoco tenemos una red de internet que nos permita que los chicos puedan tener seguimiento escolar vía virtual. Entonces, les ha tocado esperar en sus casas y esto se agrava porque se van aproximando también los días de Semana Santa”, explicó.Alertó que incluso la Iglesia enfrenta limitaciones para acompañar a las comunidades. “También estamos sufriendo las restricciones, no podemos movilizarnos y, por lo tanto, lo que vamos haciendo desde fuera es ir realizando los balances, porque nos tocaría generar unos puentes a alto nivel para ver qué podemos lograr, algún corredor humanitario”, señaló.Finalmente, hizo un llamado al grupo armado ilegal a frenar la violencia y priorizar a la población civil. “Cualquier tensión bélica no trae buenos resultados, siempre empeora las situaciones. Por eso, el llamado que hacemos desde la Iglesia colombiana es que pedimos a los actores armados que mitiguen esos conflictos, que cesen esas confrontaciones, porque vamos a tener una mayor afectación de carácter no solamente físico, de movilidad, de alimentación, sino también de carácter psicológico, que no nos va a permitir tener unas relaciones fraternas en las comunidades”, concluyó.
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, el paro armado indefinido anunciado por el ELN ha generado graves afectaciones a la población civil, que enfrenta restricciones en su movilidad y en el acceso a bienes básicos.“En particular, afecta a 16 comunidades afrocolombianas, equivalentes a 530 familias (1.933 personas), y a nueve comunidades indígenas pertenecientes a los pueblos Unión Pitalito, Puerto Piña, Puerto Chinchillano, Bajo Grande, Santa Rosa, Playa Linda, Puerto Gálvez, Bella Vista y Puerto Ismarek, integradas por 886 familias (4.114 personas)”, aseguró la Defensoría.La entidad alerta que las comunidades no pueden movilizarse por los ríos, que son su principal vía de transporte, lo que ha limitado el abastecimiento de alimentos y ha impedido el desarrollo de jornadas de atención en salud en los territorios.Además, aseguran que niñas, niños y jóvenes han visto interrumpida su asistencia a clases, en medio de un contexto que agrava las condiciones de vulnerabilidad en la zona.La Defensoría también advirtió que las misiones humanitarias enfrentan dificultades para ingresar a las áreas afectadas. “Las misiones humanitarias enfrentan restricciones para desplazarse hacia las zonas donde hay condiciones de confinamiento”, señaló la entidad.“La Defensoría del Pueblo hace un llamado urgente a las autoridades competentes y a los organismos de seguridad para que adopten medidas inmediatas, coordinadas y con enfoque diferencial que permitan proteger de manera efectiva a las poblaciones del Bajo Baudó y de los territorios aledaños”.Finalmente, la Defensoría instó al grupo armado ilegal a “cesar de manera inmediata el paro armado y a respetar estrictamente las normas del DIH, en particular el principio de distinción y la obligación de garantizar la protección de la población civil. Ninguna acción en el marco del conflicto armado puede poner en riesgo la vida, la dignidad y los derechos de las comunidades”.
La Iglesia católica alertó sobre la situación que atraviesan las comunidades en la frontera entre Colombia y Ecuador, al advertir un deterioro creciente en las condiciones sociales, económicas, políticas y ambientales en esta región.A través de un comunicado conjunto, los obispos de las diócesis de Ipiales, monseñor José Saúl Grisales, y de Tulcán, monseñor Carlos Washington Yépez, expresaron su “profunda preocupación” frente a las dificultades que afectan a las poblaciones fronterizas, donde, según señalaron, se ha configurado un escenario cada vez más complejo.De acuerdo con el pronunciamiento, la crisis está marcada por la expansión de economías ilícitas como el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando, así como por otras manifestaciones de inseguridad que impactan directamente la convivencia social y el medio ambiente.“Diversos factores han contribuido a esta situación, entre ellos la presencia de economías ilícitas como narcotráfico, minería ilegal, contrabando y otras manifestaciones de inseguridad que afectan la convivencia social, el cuidado del ambiente y la tranquilidad de nuestras comunidades”, advirtieron.A esta problemática se suman las tensiones comerciales entre ambos países, que han reducido de manera significativa el flujo de mercancías y el tránsito de carga por el puente internacional de Rumichaca, principal conexión terrestre entre Colombia y Ecuador.“El flujo comercial y el tránsito de carga en el paso del puente internacional de Rumichaka, principal conexión terrestre entre ambos países, se ha reducido de manera significativa, afectando a comerciantes, transportistas y trabajadores que dependen de esta actividad para el sustento de sus familias”, señalaron.Según la Iglesia, esta disminución en la actividad comercial está golpeando directamente a comerciantes, transportadores, cambistas, agricultores y otros trabajadores que dependen de la dinámica fronteriza para el sustento diario de sus familias.“Muchos trabajadores dependen directamente de la dinámica fronteriza, por lo que las dificultades actuales generan inquietud en numerosas familias”, señalaron los obispos.El comunicado también advierte sobre los efectos ambientales de las actividades ilegales, al señalar que estas prácticas “contaminan ríos, degradan ecosistemas y ponen en riesgo la salud y el futuro de quienes habitan estos territorios”.Frente a este panorama, la Iglesia insistió en que no es aceptable que las comunidades más vulnerables continúen expuestas a estas condiciones, y elevó un llamado directo a los gobiernos de Colombia y Ecuador.“Es necesario fortalecer los espacios de diálogo y cooperación que permitan atender las preocupaciones existentes y buscar soluciones que favorezcan el bien común”, señalaron.Finalmente, pidieron adoptar medidas urgentes que mitiguen los impactos sociales y económicos en la región, especialmente en los sectores más vulnerables.“Invitamos a todos los actores sociales, económicos y políticos a mantener la serenidad, fortalecer el respeto mutuo y contribuir a la construcción de caminos de diálogo y entendimiento que permitan superar las dificultades actuales”, concluyeron.
La Defensoría del Pueblo emitió una Alerta Temprana para los municipios de Algeciras y Campoalegre, en Huila, ante el riesgo de una disputa armada entre disidencias de las Farc que buscan consolidar su dominio territorial en la zona.“El escenario de riesgo se define por la convergencia de tres estructuras con pretensiones de dominio: el Frente Iván Díaz (del Bloque Jorge Suárez Briceño, del autodenominado y disidente Estado Mayor de Bloques y Frente, EMBF), que mantenía un control consolidado; la compañía Árlex Vargas (del Bloque Central Isaías Pardo, del autodenominado y disidente Estado Mayor Central, EMC), que ingresó en 2025, y la incursión de la Segunda Marquetalia, que busca retomar el control histórico de la zona”, asegura la Defensoría.La advertencia señala que esta disputa podría desencadenar enfrentamientos armados con graves efectos humanitarios tanto en las cabeceras municipales como en zonas rurales, donde comunidades ya enfrentan restricciones a la movilidad, imposición de normas de comportamiento y el cobro sistemático de extorsiones.Además, la Defensoría alertó sobre la posible repetición de patrones de violencia observados en el norte del Caquetá, como combates abiertos, uso de drones y artefactos explosivos improvisados, lo que incrementa el riesgo para la población civil.Según la Defensoría, la violencia en la zona ya muestra señales de recrudecimiento. “En Algeciras hubo 29 homicidios en 2025, situación que coincide con las tensiones entre facciones disidentes. La entidad, a través de su Sistema de Alertas Tempranas (SAT), ha documentado eventos como el homicidio del vicepresidente de la junta de acción comunal (JAC) de la vereda Santuario, ocurrido en enero del 2026, y ataques con explosivos a establecimientos comerciales y estaciones de servicio”.En este contexto, señalan que los grupos armados estarían ejerciendo una gobernanza ilegal basada en el control social violento, mediante amenazas, citaciones obligadas y la cooptación de liderazgos comunitarios. Comerciantes, transportadores y sectores productivos como el arrocero estarían siendo objeto de extorsión.La Defensoría también advirtió sobre posibles instalaciones de minas antipersonal y el uso de la población civil como escudo en medio de la confrontación.La entidad advirtió que el riesgo es especialmente alto para firmantes del Acuerdo de Paz y sus familias, quienes enfrentan amenazas, estigmatización y presiones para vincularse a los grupos armados. Asimismo, niñas, niños y adolescentes están expuestos a reclutamiento forzado, especialmente en zonas rurales.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó responsabilidad a ocho integrantes del Ejército Nacional por crímenes cometidos contra pueblos étnicos, comunidades campesinas y sus territorios en los municipios de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas, en Nariño, entre los años 2001 y 2012.La Sala de Reconocimiento de Verdad concluyó que las conductas investigadas afectaron principalmente al Pueblo Negro Afrocolombiano, a los pueblos indígenas Awá y Eperara Siapidaara, y a comunidades campesinas de la región. En esta decisión, la Sala llamó a reconocer responsabilidad a ocho comparecientes del Ejército Nacional.Entre ellos se encuentra Luis Felipe Montoya Sánchez, entonces comandante del Grupo de Caballería Mecanizado No. 3 General José María Cabal, quien posteriormente llegó al grado de mayor general y se desempeñó como jefe de Estado Mayor Operacional del Ejército. También fueron imputados José David Vázquez Acevedo, jefe de la Sección de Operaciones; Juan Carlos Dueñas Mejía, comandante de escuadrón; y el capitán Carlos Alfredo Castro Pinzón, quien fue jefe de la Sección de Operaciones y ejecutivo y segundo comandante de esa unidad.A la lista se suman Carlos Alberto Gutiérrez González, jefe de inteligencia del Grupo Cabal; José Gregorio Betancur Rodríguez, coordinador de la red de inteligencia; Alexander Guerrero Castellanos, comandante de pelotón y coordinador de la red de cooperantes; y Adolfo Díaz Masmela, comandante de compañía del Batallón de Contraguerrilla No. 93 “Ramiro Rueda Mendoza”.“La Sala concluyó que los hechos determinados en el Caso 02 configuran crímenes de sistemas cometidos contra sujetos de especial protección constitucional e internacional, como los pueblos y los territorios étnicos y las comunidades campesinas. Estas conductas fueron calificadas como crímenes de lesa humanidad de asesinato, desaparición forzada, exterminio, traslado forzoso de población, tortura y persecución. Asimismo, se configuraron los crímenes de guerra, de homicidio y de tortura”, aseguró Belkis Izquierdo, magistrada relatora del caso 02.Según la investigación, el proceso de contrastación judicial permitió establecer que la forma en que se implementó la política estatal de consolidación territorial en la zona derivó en una militarización intensiva del territorio y de la vida cotidiana de sus habitantes, sin considerar que se trataba de un territorio mayoritariamente étnico ni coordinar con sus autoridades y sistemas de gobierno propio.“Este escenario generó condiciones que facilitaron la comisión de crímenes por parte de integrantes de la Fuerza Pública”, señaló la magistrada Belkis Izquierdo, al explicar que el contexto estuvo marcado por factores como la estigmatización sistemática de pueblos indígenas, comunidades negras y campesinas, la presión por resultados operacionales, la ausencia de enfoque étnico-racial en las políticas estatales, la connivencia con estructuras paramilitares y la relación entre la lucha antidrogas y la estrategia contrainsurgente.A partir del análisis de la información recolectada, la Sala identificó tres patrones macrocriminales. El primero corresponde a la estigmatización y violencia selectiva contra líderes y procesos organizativos étnicos y comunitarios, mediante señalamientos, amenazas, detenciones arbitrarias, torturas y homicidios selectivos. El segundo patrón incluye asesinatos de civiles presentados ilegítimamente como bajas en combate. El tercero se relaciona con el control militar del territorio, que se tradujo en desplazamientos forzados, confinamientos y restricciones a la movilidad, así como en la ocupación de espacios comunitarios y territorios colectivos.“La JEP determinó que en Tumaco, Ricaurte y Barbacoas se ejecutó una política militar en la que el territorio fue tratado como un recurso estratégico para el despliegue de operaciones contra insurgentes y de erradicación de cultivos de uso ilícito, lo que afectó a los derechos territoriales de los pueblos negros afrocolombianos, indígenas y comunidades campesinas de la zona”, aseguró la magistrada relatora del caso 02.Según explicó, “los hechos no se limitaron a la agresión contra personas, sino que se extendieron al territorio, la naturaleza y los lugares sagrados”, afectando de manera directa la vida comunitaria y espiritual de los pueblos étnicos.Con esta decisión, la Sala de Reconocimiento de Verdad da por concluida la etapa de investigación del macrocaso, que ahora avanza hacia las fases de reconocimiento de verdad y responsabilidad, juicio y eventual sanción.Los ocho comparecientes tendrán 30 días hábiles para reconocer o rechazar las responsabilidades atribuidas. Si aceptan los cargos, el proceso seguirá la ruta restaurativa; si los niegan, el caso pasará a la Unidad de Investigación y Acusación, que podría llevarlos a un juicio ante el Tribunal para la Paz.
De acuerdo con el Foro Interétnico de Solidaridad Chocó, las comunidades de Unión Pitalito, Puerto Piña, Puerto Chichiliano, Bajo Grande, Santa Rosa, Playa Linda, Puerto Galve y Playa Bonita permanecen actualmente confinadas por la presencia y las acciones de grupos armados ilegales, entre ellos el ELN y el Clan del Golfo.La organización advirtió que 518 familias, equivalentes a cerca de 2.305 personas, están siendo afectadas por esta situación, que ha generado temor entre la población y ha alterado de manera significativa la vida cotidiana en estos territorios.Según denunciaron las comunidades, el confinamiento dificulta el acceso a alimentos, servicios de salud y educación para niñas, niños y jóvenes, lo que agrava las condiciones humanitarias en la zona.Además, señalaron que la imposibilidad de desplazarse impide que muchas familias puedan realizar sus actividades productivas o trabajar, lo que impacta directamente en sus medios de subsistencia y en las condiciones de vida de la población.Finalmente, las organizaciones y comunidades afectadas advirtieron que existen necesidades humanitarias en el territorio. Entre las principales solicitudes están el envío de asistencia alimentaria, brigadas de salud, presencia institucional que garantice protección para la población civil y atención psicosocial para las familias que permanecen en medio de los enfrentamientos y el confinamiento.
La Defensoría del Pueblo acompañó a autoridades tradicionales arhuacas en una misión humanitaria realizada en inmediaciones de la comunidad Gunmaku, en la Sierra Nevada de Santa Marta, con el objetivo de verificar la situación de derechos humanos de las comunidades afectadas por los combates entre el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.Durante la misión, la entidad constató que la acción de la fuerza pública permitió la evacuación de nueve personas heridas, entre ellas dos menores de edad, que permanecían confinadas en zonas donde se registraban enfrentamientos armados.“En consecuencia, la Defensoría del Pueblo ha solicitado de manera inmediata la convocatoria a una sesión extraordinaria de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), a fin de que permita coordinar las acciones necesarias en materia de protección y atención humanitaria tendientes a garantizar los derechos a la vida, libertad e integridad, así como los derechos civiles y políticos de los habitantes del sector Serankua, parte alta de la Sierra Nevada de Santa Marta y la vereda Palestina, de Aracataca, Magdalena”.En el recorrido también evidenciaron una compleja situación humanitaria. Aseguran que varias comunidades permanecen con dificultades para acceder a agua potable, atención médica, insumos básicos y asistencia humanitaria, por lo que se advirtió la necesidad de reforzar la atención en salud y el suministro de ayuda para la población.Ante este panorama, la Defensoría reiteró su llamado al Clan del Golfo y a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada para que detengan los combates y respeten a la población civil, especialmente a las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta.“Asimismo, solicitamos que, en el marco de los espacios de conversación sociojurídicos existentes, estos grupos armados asuman compromisos expresos con las comunidades indígenas de no dirigir acciones en su contra, no involucrarlas en las confrontaciones y respetar su integridad, su autonomía y su derecho a permanecer en el territorio. Este llamado responde a la legítima preocupación manifestada por las propias comunidades, quienes advierten sobre el riesgo de que se repitan graves infracciones contra la población civil como las registradas con anterioridad en la Sierra Nevada de Santa Marta, entre ellas desplazamientos forzados masivos y confinamientos”.Finalmente, exhortaron a la fuerza pública para que continúe adoptando las medidas necesarias para proteger a la población civil y respetar las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH).
La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia 006 de 2026 ante el grave escenario de riesgo para las comunidades de Ocaña y Ábrego, en Norte de Santander, y Río de Oro y González, en el Cesar, donde se intensifica la confrontación entre grupos armados ilegales, se registran posibles alianzas criminales y avanza la expansión de estructuras que buscan el control territorial y de economías ilícitas.La advertencia se basa en tres dinámicas principales que están agravando la situación de seguridad en esta zona del nororiente del país.La primera está relacionada con la reconfiguración de alianzas entre actores armados ilegales en medio del recrudecimiento de la confrontación entre el ELN y las disidencias del Frente 33, vinculadas al Estado Mayor de Bloques y Frente. Según la Defensoría, existe la posibilidad de una alianza entre el Frente 33 y la estructura criminal conocida como ‘Los Pelusos’.La segunda corresponde a la expansión de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada hacia el sur del Cesar y su avance hacia municipios como Ocaña y Río de Oro, además de posibles confrontaciones con el ELN. Este movimiento estaría orientado a disputar el control de corredores estratégicos de movilidad, como la Ruta del Sol, y de economías ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal.El tercer factor identificado es la posible urbanización de la violencia, con enfrentamientos entre las ACSN y el Clan del Golfo en zonas entre Ocaña y Río de Oro, particularmente en el corregimiento Agua de la Virgen.La Defensoría advirtió que estas disputas territoriales han derivado en un mayor control armado sobre la población, con la instalación de retenes ilegales en vías secundarias, requisas, restricciones a la movilidad y la imposición de normas de conducta por parte de los grupos armados.El organismo también documentó el uso de drones cargados con explosivos en sectores rurales como Cerro de las Flores y Quebrada La Esperanza, en Ocaña. Asimismo, se han reportado artefactos explosivos en vías nacionales que conectan a Ocaña con Ábrego y Cúcuta, y el uso de vehículos cargados con explosivos, como el atentado registrado contra el Batallón de Infantería número 15 en ese municipio.La Defensoría señala que durante 2025, “Ocaña registró un incremento significativo de homicidios en un contexto donde Norte de Santander cerró el año con 774 muertes violentas. El impacto masivo se evidencia también en el desplazamiento forzado: solo en los primeros meses de 2025, Ocaña atendió a 18.538 personas desplazadas (4.851 familias) provenientes de varios lugares de la subregión del Catatumbo”.La alerta también advierte sobre riesgos para niñas, niños y adolescentes, quienes enfrentan un alto riesgo de reclutamiento forzado, utilización en actividades ilícitas y violencia sexual. Mujeres y lideresas sociales también han sido víctimas de amenazas y estigmatización en redes sociales.Además, señalan que comerciantes, ganaderos y transportadores enfrentan amenazas permanentes de extorsión y secuestro para financiar las estructuras armadas, mientras que personas firmantes del Acuerdo de Paz han sufrido afectaciones reiteradas en medio de la intensificación de la confrontación.
La Oficina en Colombia de la ONU para los Derechos Humanos hizo un llamado al Clan del Golfo y a las Autodefensas Gaitanistas que se están enfrentando en Aracataca, Magdalena, para que respeten de manera “irrestricta” el Derecho Internacional Humanitario y los derechos humanos de las comunidades indígenas arhuacas.Según la entidad, desde el pasado 6 de marzo se han registrado enfrentamientos entre los dos grupos armados ilegales en cercanías de las comunidades de Serankwa, Sabana Gobierno, Dwinawimmaku y Gunmaku, lo que ha generado graves afectaciones a la población civil.La ONU indicó que está dando seguimiento a la situación y manifestó su “profunda preocupación” por los presuntos abusos a los derechos humanos y las infracciones al DIH reportadas en las últimas horas.Entre los hechos denunciados se encuentran la muerte de una persona civil, la desaparición de mujeres de la comunidad, personas heridas, entre ellas un niño, además de amenazas y malos tratos contra la población.Ante este panorama, la oficina de Derechos Humanos instó a las autoridades colombianas a redoblar las acciones para garantizar la protección de la vida y los derechos del pueblo arhuaco y de todas las comunidades afectadas por la violencia en la zona.La ONU señaló además que seguirá monitoreando la situación en la Sierra Nevada de Santa Marta, brindando asistencia técnica al Estado, acompañamiento a los pueblos indígenas y promoviendo una respuesta institucional coordinada que permita garantizar los derechos humanos en el territorio.Finalmente, la entidad reconoció los esfuerzos que han adelantado la Gobernación del Magdalena, la Fuerza Pública y la Defensoría del Pueblo para atender esta situación e indicó que mantiene comunicación constante con las autoridades para dar seguimiento a la crisis humanitaria.
Las labores se concentraron en 17 sitios de interés forense dentro del cementerio, donde, según la entidad, habrían sido inhumadas clandestinamente personas desaparecidas en el marco del conflicto armado antes del 1 de diciembre de 2016.De acuerdo con la Unidad de Búsqueda, muchos de los cuerpos fueron enterrados en condiciones precarias: algunos dentro de cajones de madera improvisados y otros envueltos en plástico, sin registros ni rituales funerarios que permitieran su identificación.El cementerio está ubicado frente al mar Caribe y la erosión costera comenzó a afectar la zona, poniendo en riesgo los sitios donde podrían encontrarse más restos humanos. Según la entidad, el avance del mar amenaza con arrastrar parte del terreno y borrar posibles evidencias clave para la búsqueda.En total, la UBPD ha realizado tres fases de intervención en este lugar. En la primera, desarrollada en 2025, se recuperaron seis cuerpos. En la segunda fase se hallaron 16 más y, finalmente, en febrero de 2026, se logró la recuperación de otros 19.La mayoría de las personas inhumadas en este lugar provenían de los departamentos de Antioquia, Córdoba y Chocó. Muchos eran habitantes de los propios corregimientos del municipio de Necoclí, lo que evidencia el impacto del conflicto en las comunidades de esta región costera”, afirma la UBPD.“A hoy seguimos buscando a los más de 1000 desaparecidos de la zona norte, y además agradeciendo a cada familia, a cada líder, a cada lideresa y a cada persona que se ha unido a la búsqueda por el avance que hoy estamos teniendo y continuamos fortaleciendo el plan regional para seguir dándole resultados y aliviar el sufrimiento de las familias”, aseguró Marly Lozada, funcionaria de la UBPD.Los cuerpos recuperados fueron trasladados al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde avanzan los procesos de identificación. Una vez se logre establecer su identidad, la Unidad de Búsqueda iniciará los procedimientos para la entrega digna a sus familias.