El informe fue dado a conocer por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) durante una sesión de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación al Acuerdo de Paz (CSIVI), donde se detalló que entre julio de 2021 y diciembre de 2022 se monetizaron más de 45.900 millones de pesos provenientes de estos activos.“Estos recursos han financiado 21 indemnizaciones colectivas y 2.335 individuales, además de la adquisición de 76 bienes de inversión destinados a fortalecer los procesos de reparación, beneficiando a 2.356 sujetos de reparación”.No obstante, el balance final muestra que los bienes efectivamente entregados y monetizados son menores frente al inventario reportado por las extintas Farc durante el proceso de dejación de armas.“Esta diferencia responde a diversas realidades del ejercicio, entre ellas, la ausencia de criterios técnicos para la realización del inventario, la imposibilidad de recuperar ciertos activos —especialmente inmuebles—, debido a condiciones de seguridad que impidieron las visitas de reconocimiento por parte de los firmantes y los funcionarios de la SAE S.A.S., y llevaron al hurto de algunos de ellos. Otros bienes no pudieron ser monetizados por estar destinados a la chatarrización o carecer de valor comercial”, aseguraron.El proceso, que se extendió por cerca de diez años y contó con la participación de entidades del Estado, los firmantes y el acompañamiento de la Misión de Verificación de Naciones Unidas, marca el cierre de una de las obligaciones del Acuerdo en materia de reparación material.Tras esta etapa, el Gobierno deberá avanzar en la monetización de los bienes restantes y su traslado al Fondo de Víctimas.“La CSIVI continuará verificando que la monetización de estos recursos se destine de manera ágil y efectiva a los programas de reparación integral, asegurando que el esfuerzo de coordinación entre el Estado y firmantes del Acuerdo Final de Paz se traduzca en beneficios tangibles para las víctimas del conflicto”.Finalmente, subrayaron que le corresponde a la JEP “pronunciarse sobre el cumplimiento de las obligaciones de las extintas Farc-EP y los resultados del proceso de justicia transicional previsto en el Acuerdo Final de Paz”.
Entre 2016 y 2026, cerca de 700.000 personas han sido afectadas por el confinamiento en Colombia desde la firma del acuerdo de paz del Gobierno nacional con la extinta guerrilla de las Farc.“Entre enero del 2025 y marzo del 2026, a fecha de hoy, la misma situación ha afectado a 170.000 personas. Si hacemos un cálculo sencillo nos dan unas cifras bien preocupantes que vienen a ser 380 personas diariamente a lo largo del país”, aseguró Boris Aristin, gerente del consorcio Miremas.De acuerdo con el Consejo Noruego para Refugiados, Acción Contra el Hambre y Médicos por el Mundo, estas personas enfrentan restricciones a la movilidad, limitaciones en el acceso a alimentos, salud y educación, y condiciones que vulneran su dignidad.“La situación de confinamiento está bastante extendida a lo largo del país”, explicó el gerente de Miremas, quien detalló que los departamentos más afectados son Chocó, Cauca, Valle del Cauca, Bolívar y Norte de Santander, territorios donde la presencia de grupos armados ilegales mantiene bajo presión a las comunidades.Agregó además que el confinamiento, a diferencia del desplazamiento forzado, es menos visible, pero igual de grave. “Es más complicado que definir que cuando hay un ataque directo o cuando hay un desplazamiento, simplemente porque es menos visible. Pero esto no significa que no tenga el mismo impacto hacia la población que se está viendo afectada. Es parte del conflicto armado en Colombia que tenemos que tomar en su justa medida y como una prioridad dentro de la respuesta”, advirtió.Frente a este escenario, aseguran que las organizaciones humanitarias enfrentan importantes desafíos. El principal, según Ignacio García, coordinador de Mecanismos de Respuesta en Emergencias en Acción contra el Hambre, es el acceso a las zonas afectadas.“Muchas comunidades pues tienen dificultades para salir de esos territorios y por lo tanto también para ingresar distintos tipos de ayuda a sus comunidades”, señaló.A esto se suman complejidades logísticas y de seguridad, especialmente en contextos donde operan múltiples actores armados. “El acceso y todo el proceso logístico para ingresar las ayudas siempre es muy complejo”, agregó García.Pese a las dificultades, el consorcio Miremas, integrado por el Consejo Noruego para los Refugiados, Acción contra el Hambre y Médicos del Mundo, asegura que su labor se centra en llegar a los territorios más aislados.“Llegamos donde otros actores no llegan”, afirmó Aristin. Allí brindan atención integral que incluye salud, asistencia legal, agua y saneamiento, seguridad alimentaria y educación.Sin embargo, advierten que la respuesta humanitaria no es suficiente, insisten en que se requiere una acción más amplia y sostenida por parte del Gobierno.Aristin enfatizó en que el confinamiento debe ser tratado como una prioridad, al tiempo que recordó no caer en el olvido.En medio de este panorama, el consorcio presentó en Bogotá una exposición que retrata la vida cotidiana de las comunidades confinadas. Una muestra que, según las organizaciones, busca acercar a la ciudadanía a una realidad que, aunque muchas veces invisible, sigue afectando a miles de personas en el país.La exposición estará abierta al público entre las 8:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde en la Universidad EAN hasta el 27 de marzo.
La Defensoría del Pueblo alertó sobre una escalada de violencia en el corregimiento San José de los Chorros, en Rionegro, Santander, tras la presencia de grupos armados ilegales en disputa, que ya deja al menos dos personas asesinadas, denuncias de tortura, amenazas contra la población civil y restricciones a la movilidad.De acuerdo con la entidad, los hechos se registraron el pasado 22 de marzo y estarían relacionados con la presencia armada de integrantes de ‘Los Pachenca’, en medio de su confrontación con el Clan del Golfo en esta zona del departamento.Según los reportes recibidos por la Defensoría, presuntos integrantes del ACSN grupo retuvieron, torturaron y posteriormente asesinaron a un hombre, a quien señalaron de pertenecer al Clan del Golfo. Horas después, se conoció un segundo homicidio en el mismo territorio.La Defensoría advirtió que, en medio de esta disputa, la población civil ha sido víctima de amenazas, estigmatización y señalamientos, al ser acusada de permitir el tránsito de integrantes del Clan del Golfo.“De manera paralela, se conocieron presuntas intimidaciones por parte de integrantes del ACSN, que manifestaron su intención de confrontar violentamente al Clan del Golfo, incluso en medio de la población civil, advirtiendo posibles acciones de carácter masivo contra personas señaladas de colaborar con el grupo contrario”.A esto se suman restricciones a la movilidad y presuntos casos de privación de la libertad, incluyendo afectaciones a líderes sociales.La entidad recordó que ya había advertido sobre estos riesgos mediante la Alerta Temprana 016 de 2025, por lo que instó a las autoridades locales, departamentales y nacionales a adoptar medidas urgentes para proteger a la población.Finalmente, hizo un llamado a los grupos armados ilegales a cesar las acciones de violencia e intimidación, y a las autoridades a avanzar en las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.
La reunión entre el Gobierno nacional, la Defensoría del Pueblo y las misiones de la ONU y la OEA concluyó sin anuncios concretos, luego de que las disidencias de las FARC advirtieran que no permitirán su ingreso a los territorios donde operan. El viceministro de Diálogo Social informó que este viernes se realizará un segundo encuentro, así como un consejo de seguridad encabezado por el presidente Gustavo PetroA la reunión asistieron delegados del ministerio de Defensa, de la oficina del comisionado de paz, la defensora del Pueblo, Iris Marín, que se conectó de forma virtual, y representantes de las misiones de la OEA y la ONU en colombia. El viceministro de diálogo social del Ministerio del Interior, Gabriel Rondón, lideró este encuentro y al término, entregó declaraciones a medios.“Hay que entender que son instituciones neutrales e imparciales y tener un policía o un soldado al lado rompe la dinámica propia. Haremos lo propio dentro de nuestras capacidades, estuvimos con el Ministerio de Defensa, tendremos un Consejo de Seguridad muy rápido para tomar medidas, pero ante todo es decirle a la comunidad que el Gobierno Nacional está en capacidad de garantizar el desarrollo de las acciones de estas instituciones en todo el país. Todas estas instituciones entrarán a su propia evaluación y el día de mañana a las 2 de la tarde tendremos otra reunión para evaluar las acciones que hemos tomado de manera inmediata”, dijo.Cabe mencionar que, a través de un comunicado, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA señaló que los anuncios que buscan limitar el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, la Misión de Verificación de Naciones Unidas y la propia MAPP/OEA afectan directamente su labor en las regiones más impactadas por el conflicto armado."A la vez desmiente categóricamente los señalamientos sobre falta de imparcialidad y la supuesta filtración de información para favorecer acciones militares, a través de su labor", se lee en el documento.El viceministro también insistió en que el Gobierno se mantiene en la postura de buscar el diálogo con estos grupos al margen de la ley, pero pidió que no haya amenazas. “Los invitamos a que esa energía y tiempo que gastan haciendo un panfleto para amenazar, nos pongamos a hacer un acuerdo que lleve a la paz. Seguimos con las puertas al diálogo pero no vamos a detener las operaciones. Ni la OEA, ni la ONU, ni la Defensoria ni ninguna misión le colabora a la Fuerza Pública para los operativos, nada tiene que ver”, concluyó.
El accidente de un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) en la ciudad amazónica de Puerto Leguízamo, que ayer dejó 68 militares muertos, 57 heridos, dos desaparecidos y una persona ilesa, se convirtió en motivo de discordia entre el Gobierno y la oposición, que se responsabilizan mutuamente de la tragedia.La polémica la abrió el presidente, Gustavo Petro, quien nada más conocer el accidente, apuntó como posible causa la presunta obsolescencia del avión, que tenía 43 años y fue donado a Colombia en 2020 por la Fuerza Aérea de Estados Unidos, por lo que el mandatario lo llamó "chatarra", comentario que reiteró hoy."Un ejército no puede defender ni a su pueblo con regalos chatarra. Lo que no les sirve no los regalan y sale más costoso el regalo que comprarlo nuevo. Desde el primer día de gobierno he pedido comprar uno nuevo o hacerlo nosotros mismos", manifestó Petro este martes en su cuenta de X.Desde que se conoció la noticia del accidente, el mandatario se atrincheró en X, donde el lunes publicó numerosos mensajes defendiendo su gestión en materia de defensa y atribuyendo todas las posibles fallas a gobiernos anteriores y al propio estamento militar."La renovación del armamento de las fuerzas militares es una decisión de mi presidencia desde hace años", dijo Petro en el primero de sus mensajes sobre la tragedia, y agregó que eso no ha sido posible porque lo impiden "las dificultades burocráticas en la administración militar".Críticos piden al presidente asumir responsabilidadesLa oposición respondió con acusaciones a Petro por la supuesta falta de mantenimiento de las aeronaves militares debido al recorte del presupuesto de Defensa, un tema sensible en momentos en que el país está a poco más de dos meses para las elecciones presidenciales del 31 de mayo."Una nación necesita respaldar a sus soldados y policías. Y las fuerzas militares, equipos y naves seguros", escribió también en X el exministro de Defensa Diego Molano, mientras que la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez acusó a Petro de recortar en 800.000 millones de pesos (unos 215 millones de dólares de hoy) el presupuesto de Defensa en su primer año de Gobierno.Pero mientras el país lamentaba la tragedia y las vidas perdidas, el mandatario insistía en culpar a sus antecesores de lo sucedido y en descalificar especialmente a las mujeres que lo critican.De esta forma, llamó "mujer vampira" a la senadora de derechas María Fernanda Cabal; "princesa de la oligarquía" a Ramírez y "animal de carroña" a la exalcaldesa de Bogotá y candidata presidencial Claudia López.En la discusión terció este martes el expresidente Iván Duque (2018-2022), quien luego de que Petro lo responsabilizara de "comprar una chatarra" para la Fuerza Aérea, le pidió respeto a las víctimas y que "asuma, si es que puede, la dignidad del cargo" en los cuatro meses y medio que le quedan de mandato."Gustavo, ya le queda poco para que se despierte de su sueño de 'emperador' cósmico", le contestó Duque y, tras recomendarle que antes de lanzar acusaciones mejor investigue las causas del accidente, le espetó: "Deje de ser tan ruin y falto de inteligencia, y de hacer política con tragedias".
Los problemas de movilidad y transporte en Bogotá siguen siendo un tema que afecta a millones de ciudadanos, quienes deben pasar horas en el transporte público para poder llegar a su destino, especialmente cuando la ciudad está sumergida en cientos de frentes de obra.Ante esto, la construcción de la troncal de la avenida 68 sigue siendo una de las obras más esperadas por los ciudadanos, no solo por su extensión, sino también por el papel que jugará con la llegada de la primera línea del metro. Y es que por más de 17 kilómetros, el corredor conectará el sur con el norte de Bogotá, reduciendo tiempos de desplazamiento y reorganizando el flujo de pasajeros.El proyecto atraviesa sectores estratégicos desde Venecia hasta la calle 100 con carrera 11, lo que beneficia a cerca de dos millones de personas. De acuerdo con las proyecciones, esta medida permitirá movilizar hasta 33.000 pasajeros cada hora, un cambio frente a los tiempos actuales. Incluso, un trayecto que hoy puede tardar hasta dos horas podría reducirse a solo 30 minutos.Además, la obra también contará con intervenciones urbanas que transformarán el entorno. Nuevos espacios públicos, zonas verdes y ciclorrutas que apuntan a que el corredor sea uno de los principales ejes de movilidad en la ciudad.Estas estaciones harán que los viajes sean más cortosDe hecho, uno de los puntos más relevantes del proyecto es la red de estaciones con las que contará a lo largo de su recorrido. Estas permitirán conectar varios sectores de la ciudad y facilitar la integración con otras troncales:Calle 42 SurCalle 40 SurAvenida Primero de MayoCalle 18 SurCalle 8 SurAméricasCalle 11Calle 13Calle 19Avenida La EsperanzaCalle 53Parque Simón BolívarCalle 66Calle 72Calle 80Calle 98 (Floresta)Avenida SubaCarrera 53Avenida 19Carrera 11Las estaciones permitirán cubrir zonas de alta demanda y mejorar la conexión con distintos puntos de la capital.Troncal 68 reducirá tiempos de viajeEl impacto en los tiempos de viaje es un alivio para millones de personas. Pasar de recorridos de hasta dos horas a tan solo 30 minutos representa un cambio en la calidad de vida de los usuarios que se mueven por Bogotá en transporte público.Sumado a ello, la infraestructura también contará con 11 puentes peatonales, nueve vehiculares, ocho deprimidos y más de 480.000 metros cuadrados de espacio público nuevo. También se implementarán sistemas urbanos de drenaje sostenible, pensados para mejorar el manejo del agua en la ciudad.Inversión y obras clave de la troncal 68 de TransMilenioLa magnitud de la obra también se refleja en su inversión, que alcanza los 2,98 billones de pesos. Este presupuesto cubre no solo la construcción del corredor, sino también la adecuación urbana y ambiental del entorno.En materia de espacio verde, se contempla la siembra de más de 53.000 metros de nuevas plantas, aunque el número total de árboles se reducirá frente a la cantidad actual. Aun así, la administración asegura que se trata de una intervención integral que busca equilibrar movilidad y sostenibilidad.Se espera que la troncal entre en operación total durante el segundo semestre del próximo año, consolidándose como una pieza clave en el sistema de transporte de Bogotá.
En medio de la conmoción que sigue dejando el accidente del avión Hércules C-130 en zona rural de Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo, la familia de uno de los soldados que murió en el siniestro reveló detalles del joven.Se trata de Andrés Navarro, de 23 años, quien perdió la vida en el siniestro y que, según su familia, soñaba con crecer dentro de las Fuerzas Militares. En entrevista con Noticias Caracol, Yorjadi Méndez, su prima, afirmó que el joven era alegre, lleno de ilusiones, con metas profesionales y el anhelo de formar una familia.“Era alguien muy familiar, nos quería a todos, siempre estaba pendiente. Era alguien a quien podíamos acudir en cualquier momento si lo necesitábamos”, recordó Yorjadi.En medio de lágrimas, la mujer recordó la última conversación que tuvo con él, en la que le pidió que cuidara a su familia, conformada por dos hermanos y su madre: “Lo último que hablé con él fue que me preguntó cómo estaba, por un estado que publiqué. Me dijo: ‘¿Cómo estás, mi hermosa princesa? Te amo mucho’. Yo le respondí que también lo amaba mucho y que se cuidara, que lo estábamos esperando. Él dijo que también nos amaba mucho y que cuidara a mami y a nana”.“Él siempre decía que quería lograr un cargo alto y alcanzar cada una de las metas o retos que el Ejército le propusiera para poder crecer”, añadió Méndez, quien también pidió celeridad en el proceso de entrega del cuerpo para “acabar con esta zozobra”.Cabe recordar que en el accidente perdieron la vida 68 personas y decenas resultaron heridas, según confirmó el alcalde de la localidad, Luis Emilio Bustos, en entrevista con Mañanas Blu.“En este momento quiero anunciar, y lamentamos la noticia, que nos acaba de subir el número de fallecidos a 68; 68 confirmados que tenemos en la morgue municipal”, afirmó el alcalde Bustos durante la entrevista.Adicionalmente, el Hospital Militar Central, donde fueron trasladados algunos de los heridos, emitió un primer parte médico sobre el estado de salud de los sobrevivientes. Según informó: “A esta hora han sido ingresados veinticuatro (24) pacientes, de los cuales uno (01) es un rescatista que se encontraba en la zona. Como parte médico se tiene que veintiuno (21) se encuentran hospitalizados en piso, uno (01) en la Unidad de Cuidados Intensivos y dos (02) en observación en el área de Urgencias”.
En medio de las constantes quejas de usuarios por fallas en la atención en salud, la Superintendencia Nacional de Salud cerró 514.861 peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD) en todo el país entre el 1 de enero y el 15 de marzo de 2026, durante las llamadas ‘Jornadas Nacionales de Cierre Masivo de Reclamaciones en Salud’.Las cifras muestran que solo en marzo se concentró el mayor número de casos cerrados, con 252.231 reclamaciones, seguido de febrero con 178.188 y enero con 84.442. Sin embargo, los motivos de las quejas reflejan problemas recurrentes en el sistema: el 43 % corresponde a dificultades en la entrega de medicamentos y otras tecnologías en salud, el 28% a demoras en citas médicas y atención especializada, y el 23 % a procedimientos quirúrgicos.Aunque la entidad desplegó jornadas presenciales y virtuales para atender los casos, incluyendo regiones afectadas por la temporada de lluvias donde se resolvieron 61.742 reclamaciones, las cifras evidencian el volumen de inconformidades que siguen presentando los usuarios, en su mayoría relacionadas con EPS.Departamentos como Antioquia, Valle del Cauca, Santander, Córdoba y Bolívar concentraron buena parte de los casos atendidos durante estas jornadas.El cierre masivo de reclamaciones ocurre en un contexto en el que continúan las denuncias por barreras en el acceso a servicios de salud, retrasos en la atención y dificultades en la entrega de tratamientos, lo que mantiene la presión sobre el sistema y las entidades responsables de garantizar la atención a los usuarios.
Renault confirmó que trabaja en una nueva generación de carros electrificados que incluirá modelos híbridos enchufables con de rango extendido capaces de alcanzar hasta 1.400 kilómetros sin repostar, una tecnología con la que buscará competir con fabricantes chinos como BYD, Chery y más.Y es que, para nadie es un secreto que uno de los más duros desafíos de los carros eléctricos es el rango de autonomía que, aunque por ejemplo en Colombia hay modelos de hasta casi 800 km, no es una generalidad en ese mercado. ¿Qué cambia en la estrategia de Renault?Hasta ahora, Renault había evitado usar motores de combustión como generadores de energía en vehículos eléctricos, lo que está por cambiar con una nueva plataforma que permitirá integrar un pequeño motor térmico destinado exclusivamente a recargar la batería.Este esquema, similar al que ya utilizan algunas marcas asiáticas, busca resolver uno de los principales límites del carro eléctrico: la autonomía en trayectos largos sin depender exclusivamente de puntos de carga.¿Cuánta autonomía prometen los nuevos híbridos de Renault?La nueva arquitectura, denominada RGEV Medium 2.0, está diseñada para modelos compactos y medianos. En versiones totalmente eléctricas, la marca estima hasta 750 kilómetros de autonomía bajo ciclo WLTP.Sin embargo, la cifra cambia de forma significativa cuando entra en juego el extensor de rango:Versiones eléctricas: hasta 750 kmVersiones con extensor: hasta 1.400 km o másEste segundo escenario permitiría recorrer largas distancias con apoyo de combustible, sin perder el funcionamiento principal eléctrico.¿Qué tipo de vehículos se desarrollarán?La plataforma no estará limitada a un solo formato. Renault plantea su uso en distintos segmentos, con especial foco en los segmentos C y D, que hoy representan una parte relevante de sus ventas en Europa.Entre las carrocerías previstas están:SUVBerlinasPosible regreso de monovolúmenesAdemás, algunos modelos podrían incorporar tracción total y capacidades de remolque de hasta dos toneladas, lo que amplía su uso más allá del entorno urbano.¿Qué tecnología incorporarán?Uno de los puntos clave será la arquitectura eléctrica de 800 voltios, que permitirá cargas ultrarrápidas. Según la marca, los futuros modelos podrían recuperar una buena cantidad de autonomía en apenas 10 minutos.A esto se suma el objetivo de reducir costos de desarrollo en un 40 %, en medio de un mercado cada vez más competitivo, especialmente por la presión de fabricantes chinos que han ganado terreno en electrificación.¿Cuándo llegarán y qué busca la marca?Los primeros modelos basados en esta plataforma están previstos para finales de la década, con un horizonte claro: para 2030, Renault espera que toda su gama en Europa sea híbrida o eléctrica.Este movimiento se da en un contexto donde tecnologías como la de Leapmotor ya han apostado por soluciones similares, combinando electrificación con extensores de autonomía para ampliar el rango de uso.El planteamiento apunta a ofrecer una solución intermedia entre el vehículo 100 % eléctrico y el de combustión. En lugar de depender exclusivamente de la infraestructura de carga, el conductor podría recurrir a una gasolinera en trayectos largos.Reduce la ansiedad por autonomíaMantiene conducción eléctrica en la mayoría de escenariosPermite mayor flexibilidad en viajes largos
Crece la preocupación en algunas regiones del país a raíz de hechos de orden público que se han presentado en los últimos meses, en materia de seguridad y violencia. Pero la situación no se ve mejor y, ahora, por tercer año consecutivo Colombia ocupó el primer lugar del ranking del estudio de la organización internacional Global Witness sobre el hostigamiento y crímenes contra líderes sociales."La investigación que aquí se presenta demuestra que en todas las regiones del mundo hay personas que alzan la voz para denunciar los daños causados por las industrias extractivas (como la deforestación, la contaminación y el acaparamiento de tierras) y se enfrentan por ello a actos violentos, discriminación y amenazas", indicó el estudio.Ante esto, Indepaz fue una de las primeras organizaciones en pronunciarse y recordó que, en 2025, van 117 líderes sociales asesinados en todo el país. Según el director de la organización, Leonardo González, esta situación va creciendo y se necesita mayor presencia, transparencia y rigurosidad de las autoridades. Además, recordó el trágico caso de Luis Fernando Sánchez Caicedo, asesinado el 8 de septiembre, a manos de la Armada Nacional: "Han dicho que fue un accidente, la alcaldesa tiene otra versión. Dice que los vieron pasar, pero el hecho es que la Armada disparó contra la lancha donde iban", dijo en diálogo con Noticias Caracol.A nivel mundial, el 82 % de asesinatos de líderes sociales se concentra en Latinoamérica, de la cual el 48 % lo ocupa Colombia por encima de países como México, Guatemala, Brasil, Filipinas, entre otros, que no superan ni el 20 %."Implementar el acuerdo de paz, implementar el plan de acción oportuna", añadió. Asimismo, el exprocurador delegado de Asuntos Ambientales Gustavo Guerrero dijo que no puede seguir siendo objeto de trámite la solicitud de una protección, en el caso de esta criminalidad y estas personas que representan una comunidad y/o región.
El viceministro para el Diálogo Social y los Derechos Humanos, Gabriel Rondón, radicó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación contra la denominados Grupos Armados Organizados Residuales, a los que se les acusa de utilizar a civiles en actos de asonada ocurridos en diferentes regiones del país.De acuerdo con la denuncia, uno de los hechos señalados ocurrió el pasado 2 de agosto en la vereda Balén, municipio de La Plata, departamento de Huila. Según el funcionario, la población civil fue “amedrentada y coaccionada por las disidencias de las Farc para marchar a un destacamento militar y obligar a las tropas del Ejército a ausentarse del lugar”.Por el caso detallado señala a la estructura Hernando González Acosta, parte del Bloque Central Isaías Pardo del autodenominado Estado Mayor Central de las Farc, que tiene varias células divididas, pero el cabecilla principal en el país es alias ‘Iván mordisco”.Los casos no se limitan solo al Huila, el viceministro instó a la Fiscalía a extender la revisión de estos casos a situaciones similares que han estado ocurriendo en otros territorios.“Estos graves hechos configuran una grave violación al ordenamiento interno y al Derecho Internacional de los Derechos Humanos así como al Estatuto de Roma”, dice.Agregó que se estarían cometiendo delitos como concierto para delinquir y asonada, además de transgredir convenios internacionales que prohíben el uso de civiles como escudo frente a operaciones militares.La denuncia incluye un llamado a las autoridades judiciales para que reconozcan a las víctimas de estos hechos como sujetos de especial protección constitucional. Rondón sostuvo que esta protección debe enmarcarse en los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se refirió a la primera sentencia de la JEP, emitida en las últimas horas contra el último secretariado de las Farc.Guterres asegura que esta decisión representa un paso clave para los mecanismos de justicia transicional, contemplados en el acuerdo de paz.“Estas decisiones deben implementarse plenamente y traducirse en acciones de reparación en favor de las víctimas. Hace un llamado a todas las personas sancionadas a mantener su compromiso con la paz y cumplir plenamente con sus sentencias, y a las autoridades gubernamentales y estatales de Colombia a garantizar que se den todas las condiciones necesarias para la ejecución de las sentencias”, señaló Guterres.Es importante recordar que los siete exjefes de las Farc deberán cumplir durante ocho años sanciones restaurativas, es decir, que deberán adelantar proyectos para reparar a las víctimas de secuestro.“Las Naciones Unidas permanecen firmemente comprometidas a apoyar a Colombia en su camino hacia la paz, justicia y reconciliación, incluso a través de la Misión de Verificación de la ONU mandatada para verificar el cumplimiento y la implementación de las sanciones”, señaló Guterres en su declaración
El Sistema de Naciones Unidas en Colombia y la Misión de Verificación de la ONU en Colombia emitieron un comunicado conjunto en el cual se refieren a la primera sentencia de la JEP, que fue presentada este martes en horas de la mañana. Esa jurisdicción sentenció a siete exjefes de las extintas Farc por más de 20.000 casos de secuestro que se presentaron durante el conflicto."El reconocimiento de verdad y responsabilidad que han realizado los comparecientes ante la JEP constituye un hito en los procesos de paz. Reconociendo este avance, es crucial que las sanciones se implementen a cabalidad y que las personas sancionadas continúen manteniendo su compromiso con la justicia y la paz, como esperan las víctimas, la sociedad colombiana y la comunidad internacional. Así mismo, es fundamental que el Gobierno garantice las condiciones para la implementación de estas sanciones, incluidos los recursos financieros y la seguridad", dice el comunicado de la ONU.Desde Naciones Unidas también dicen que confían en que la materialización de las sanciones pueda contribuir a la reparación de las víctimas, a la reconciliación y a la construcción de paz."Las sentencias restaurativas son fundamentales para materializar la aspiración de justicia por parte de las víctimas y la sociedad en el marco de un proceso que lleve al país hacia la reconciliación. El modelo innovador de justicia transicional que encarna la JEP busca garantizar la rendición de cuentas por los crímenes más graves cometidos durante el conflicto, contribuye a la lucha contra la impunidad y fortalece las garantías de no repetición", agregan desde la ONU.
Los siete exjefes de la extinta guerrilla de las Farc que fueron sentenciados por la JEP este martes, por su responsabilidad en los casos de secuestro, reaccionaron a la decisión de ese tribunal. Ellos deberán cumplir ocho años de proyectos de reparación para las víctimas."El secuestro es una carga moral que pesará sobre nuestros hombros por muchos años, fue un crimen de guerra que enlodó el humanismo que sostenía la ética revolucionaria que nos acompañaba. Iniciamos estas palabras reafirmando nuestra solicitud de perdón, de manera clara y directa, a todas las víctimas que sufrieron esta violencia, a sus familias y a la sociedad colombiana. El sufrimiento causado no tiene reparación plena, pero asumimos nuestra responsabilidad histórica", señala el comunicado del antiguo secretariado.Según la JEP, las Farc son responsables de más de 20.000 casos de secuestro, Mientras estuvieron en cautiverio, algunas de las víctimas sufrieron torturas, tratos crueles, atentados a la dignidad personal y violencia sexual."Reconocemos que las sanciones que hoy se anuncian son la consecuencia de los graves crímenes cometidos durante la guerra, los cuales hemos admitido en más de 400 diligencias ante la JEP, muchas de ellas frente a las víctimas y sus representantes. En esos espacios hemos entregado información, aceptado nuestra responsabilidad y expresado nuestro anhelo de que algún día podamos ser perdonados. Reconocemos que estas sanciones propias no son solo un mandato de la justicia para la paz, producto del acuerdo final de paz, son también un compromiso ético y político con las víctimas y con Colombia", señalan los excomandantes de la extinta guerrilla.Por otro lado, el antiguo secretariado también dice en el documento que todavía tienen discusiones pendientes en la JEP y que necesitan claridades sobre algunos temas."Necesitamos claridad sobre la Resolución Única de Conclusiones, la solicitud de unificación de procesos, el alcance de las sanciones y la viabilidad de su cumplimiento. Recordamos que, en octubre de 2024, nosotros —el último secretariado de las Farc — hicimos pública nuestra asunción de responsabilidad como máximos responsables y renunciamos expresamente a la presunción de inocencia en los hechos imputados hasta ese momento. Por esa razón, miles de hombres, mujeres que estuvieron bajo nuestro mando, y sus familias, siguen esperando las garantías jurídicas necesarias como parte del espíritu y la letra del Acuerdo Final de Paz", se lee en el documento firmado por los siete exmiembros del secretariado.
A través de un comunicado, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA rechazó y señaló que los anuncios que buscan limitar el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, la Misión de Verificación de Naciones Unidas y la propia MAPP/OEA afectan directamente su labor en las regiones más impactadas por el conflicto armado.“A la vez, desmiente categóricamente los señalamientos sobre falta de imparcialidad y la supuesta filtración de información para favorecer acciones militares, a través de su labor”.En el documento, la Misión advirtió que las limitaciones a la acción humanitaria no solo son contrarias al Derecho Internacional Humanitario, sino que impactan principalmente a las comunidades más apartadas del país.“Las limitaciones que se pretenden imponer, además de ser contrarias al Derecho Internacional Humanitario, afectan principalmente a la población de las regiones más apartadas, para quienes la presencia y permanencia de organismos nacionales e internacionales resulta fundamental para la protección de todos sus derechos”, aseguraron.Pese a las restricciones anunciadas por el grupo armado, la MAPP/OEA reiteró que continuará haciendo presencia en los territorios.“En apego a su mandato y fiel a sus principios institucionales, la MAPP/OEA continuará haciendo presencia en los territorios donde la población requiera de su acompañamiento, y apoyando los esfuerzos de construcción de paz en Colombia”.Finalmente, hizo un llamado a los actores armados a no interferir en la labor de los organismos humanitarios y de derechos humanos en el país.
El presbítero Jorge Ernesto Zapata Ochoa, vicario general de la diócesis de Istmina-Tadó, en Chocó, advirtió que la situación en terreno es crítica y que ya hay comunidades directamente afectadas.“La comunidad de Santa Rosa ha tenido que desplazarse; se han dirigido hacia la comunidad de Puerto Meluk. Tenemos otras que, por el tema del confinamiento, se han visto afectadas en temas de alimentación y en temas laborales”, explicó.El sacerdote detalló que ya se registran desplazamientos y confinamientos en varias zonas. “De la comunidad desplazada tenemos 24 familias, son unas 120 personas, pero si pensamos en los que están confinados, llegamos a tener un gran número, casi unas 400 o 500 personas de distintos sectores que no se pueden movilizar”, señaló.Además, describió las dificultades del territorio, que agravan la emergencia. “Son regiones en las que no tenemos movilidad carreteable, sino que todo es fluvial; se utilizan solamente los ríos. Los caminos en el sendero por la selva son escasos, no se pueden utilizar. Todo lo que se consume, los alimentos en su mayoría vienen de afuera, vienen de la capital, vienen de Pizarro, de Buenaventura, y entonces obviamente no tienen acceso”, indicó.A esto se suma la falta de reservas en las comunidades. “No hay reservas alimenticias en las despensas; esto significa que, si no se puede ingresar a los campos para ir a buscar su comida, pues todo se va quedando. Entonces, la situación alimenticia, la situación en salud, la atención de los niños y de los mayores se vuelve cada vez más compleja”, advirtió.Asegura además que, en educación, la afectación es inmediata. “Ni los profesores pueden tener acceso ni tampoco tenemos una red de internet que nos permita que los chicos puedan tener seguimiento escolar vía virtual. Entonces, les ha tocado esperar en sus casas y esto se agrava porque se van aproximando también los días de Semana Santa”, explicó.Alertó que incluso la Iglesia enfrenta limitaciones para acompañar a las comunidades. “También estamos sufriendo las restricciones, no podemos movilizarnos y, por lo tanto, lo que vamos haciendo desde fuera es ir realizando los balances, porque nos tocaría generar unos puentes a alto nivel para ver qué podemos lograr, algún corredor humanitario”, señaló.Finalmente, hizo un llamado al grupo armado ilegal a frenar la violencia y priorizar a la población civil. “Cualquier tensión bélica no trae buenos resultados, siempre empeora las situaciones. Por eso, el llamado que hacemos desde la Iglesia colombiana es que pedimos a los actores armados que mitiguen esos conflictos, que cesen esas confrontaciones, porque vamos a tener una mayor afectación de carácter no solamente físico, de movilidad, de alimentación, sino también de carácter psicológico, que no nos va a permitir tener unas relaciones fraternas en las comunidades”, concluyó.
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, el paro armado indefinido anunciado por el ELN ha generado graves afectaciones a la población civil, que enfrenta restricciones en su movilidad y en el acceso a bienes básicos.“En particular, afecta a 16 comunidades afrocolombianas, equivalentes a 530 familias (1.933 personas), y a nueve comunidades indígenas pertenecientes a los pueblos Unión Pitalito, Puerto Piña, Puerto Chinchillano, Bajo Grande, Santa Rosa, Playa Linda, Puerto Gálvez, Bella Vista y Puerto Ismarek, integradas por 886 familias (4.114 personas)”, aseguró la Defensoría.La entidad alerta que las comunidades no pueden movilizarse por los ríos, que son su principal vía de transporte, lo que ha limitado el abastecimiento de alimentos y ha impedido el desarrollo de jornadas de atención en salud en los territorios.Además, aseguran que niñas, niños y jóvenes han visto interrumpida su asistencia a clases, en medio de un contexto que agrava las condiciones de vulnerabilidad en la zona.La Defensoría también advirtió que las misiones humanitarias enfrentan dificultades para ingresar a las áreas afectadas. “Las misiones humanitarias enfrentan restricciones para desplazarse hacia las zonas donde hay condiciones de confinamiento”, señaló la entidad.“La Defensoría del Pueblo hace un llamado urgente a las autoridades competentes y a los organismos de seguridad para que adopten medidas inmediatas, coordinadas y con enfoque diferencial que permitan proteger de manera efectiva a las poblaciones del Bajo Baudó y de los territorios aledaños”.Finalmente, la Defensoría instó al grupo armado ilegal a “cesar de manera inmediata el paro armado y a respetar estrictamente las normas del DIH, en particular el principio de distinción y la obligación de garantizar la protección de la población civil. Ninguna acción en el marco del conflicto armado puede poner en riesgo la vida, la dignidad y los derechos de las comunidades”.
La Iglesia católica alertó sobre la situación que atraviesan las comunidades en la frontera entre Colombia y Ecuador, al advertir un deterioro creciente en las condiciones sociales, económicas, políticas y ambientales en esta región.A través de un comunicado conjunto, los obispos de las diócesis de Ipiales, monseñor José Saúl Grisales, y de Tulcán, monseñor Carlos Washington Yépez, expresaron su “profunda preocupación” frente a las dificultades que afectan a las poblaciones fronterizas, donde, según señalaron, se ha configurado un escenario cada vez más complejo.De acuerdo con el pronunciamiento, la crisis está marcada por la expansión de economías ilícitas como el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando, así como por otras manifestaciones de inseguridad que impactan directamente la convivencia social y el medio ambiente.“Diversos factores han contribuido a esta situación, entre ellos la presencia de economías ilícitas como narcotráfico, minería ilegal, contrabando y otras manifestaciones de inseguridad que afectan la convivencia social, el cuidado del ambiente y la tranquilidad de nuestras comunidades”, advirtieron.A esta problemática se suman las tensiones comerciales entre ambos países, que han reducido de manera significativa el flujo de mercancías y el tránsito de carga por el puente internacional de Rumichaca, principal conexión terrestre entre Colombia y Ecuador.“El flujo comercial y el tránsito de carga en el paso del puente internacional de Rumichaka, principal conexión terrestre entre ambos países, se ha reducido de manera significativa, afectando a comerciantes, transportistas y trabajadores que dependen de esta actividad para el sustento de sus familias”, señalaron.Según la Iglesia, esta disminución en la actividad comercial está golpeando directamente a comerciantes, transportadores, cambistas, agricultores y otros trabajadores que dependen de la dinámica fronteriza para el sustento diario de sus familias.“Muchos trabajadores dependen directamente de la dinámica fronteriza, por lo que las dificultades actuales generan inquietud en numerosas familias”, señalaron los obispos.El comunicado también advierte sobre los efectos ambientales de las actividades ilegales, al señalar que estas prácticas “contaminan ríos, degradan ecosistemas y ponen en riesgo la salud y el futuro de quienes habitan estos territorios”.Frente a este panorama, la Iglesia insistió en que no es aceptable que las comunidades más vulnerables continúen expuestas a estas condiciones, y elevó un llamado directo a los gobiernos de Colombia y Ecuador.“Es necesario fortalecer los espacios de diálogo y cooperación que permitan atender las preocupaciones existentes y buscar soluciones que favorezcan el bien común”, señalaron.Finalmente, pidieron adoptar medidas urgentes que mitiguen los impactos sociales y económicos en la región, especialmente en los sectores más vulnerables.“Invitamos a todos los actores sociales, económicos y políticos a mantener la serenidad, fortalecer el respeto mutuo y contribuir a la construcción de caminos de diálogo y entendimiento que permitan superar las dificultades actuales”, concluyeron.
La Defensoría del Pueblo emitió una Alerta Temprana para los municipios de Algeciras y Campoalegre, en Huila, ante el riesgo de una disputa armada entre disidencias de las Farc que buscan consolidar su dominio territorial en la zona.“El escenario de riesgo se define por la convergencia de tres estructuras con pretensiones de dominio: el Frente Iván Díaz (del Bloque Jorge Suárez Briceño, del autodenominado y disidente Estado Mayor de Bloques y Frente, EMBF), que mantenía un control consolidado; la compañía Árlex Vargas (del Bloque Central Isaías Pardo, del autodenominado y disidente Estado Mayor Central, EMC), que ingresó en 2025, y la incursión de la Segunda Marquetalia, que busca retomar el control histórico de la zona”, asegura la Defensoría.La advertencia señala que esta disputa podría desencadenar enfrentamientos armados con graves efectos humanitarios tanto en las cabeceras municipales como en zonas rurales, donde comunidades ya enfrentan restricciones a la movilidad, imposición de normas de comportamiento y el cobro sistemático de extorsiones.Además, la Defensoría alertó sobre la posible repetición de patrones de violencia observados en el norte del Caquetá, como combates abiertos, uso de drones y artefactos explosivos improvisados, lo que incrementa el riesgo para la población civil.Según la Defensoría, la violencia en la zona ya muestra señales de recrudecimiento. “En Algeciras hubo 29 homicidios en 2025, situación que coincide con las tensiones entre facciones disidentes. La entidad, a través de su Sistema de Alertas Tempranas (SAT), ha documentado eventos como el homicidio del vicepresidente de la junta de acción comunal (JAC) de la vereda Santuario, ocurrido en enero del 2026, y ataques con explosivos a establecimientos comerciales y estaciones de servicio”.En este contexto, señalan que los grupos armados estarían ejerciendo una gobernanza ilegal basada en el control social violento, mediante amenazas, citaciones obligadas y la cooptación de liderazgos comunitarios. Comerciantes, transportadores y sectores productivos como el arrocero estarían siendo objeto de extorsión.La Defensoría también advirtió sobre posibles instalaciones de minas antipersonal y el uso de la población civil como escudo en medio de la confrontación.La entidad advirtió que el riesgo es especialmente alto para firmantes del Acuerdo de Paz y sus familias, quienes enfrentan amenazas, estigmatización y presiones para vincularse a los grupos armados. Asimismo, niñas, niños y adolescentes están expuestos a reclutamiento forzado, especialmente en zonas rurales.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó responsabilidad a ocho integrantes del Ejército Nacional por crímenes cometidos contra pueblos étnicos, comunidades campesinas y sus territorios en los municipios de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas, en Nariño, entre los años 2001 y 2012.La Sala de Reconocimiento de Verdad concluyó que las conductas investigadas afectaron principalmente al Pueblo Negro Afrocolombiano, a los pueblos indígenas Awá y Eperara Siapidaara, y a comunidades campesinas de la región. En esta decisión, la Sala llamó a reconocer responsabilidad a ocho comparecientes del Ejército Nacional.Entre ellos se encuentra Luis Felipe Montoya Sánchez, entonces comandante del Grupo de Caballería Mecanizado No. 3 General José María Cabal, quien posteriormente llegó al grado de mayor general y se desempeñó como jefe de Estado Mayor Operacional del Ejército. También fueron imputados José David Vázquez Acevedo, jefe de la Sección de Operaciones; Juan Carlos Dueñas Mejía, comandante de escuadrón; y el capitán Carlos Alfredo Castro Pinzón, quien fue jefe de la Sección de Operaciones y ejecutivo y segundo comandante de esa unidad.A la lista se suman Carlos Alberto Gutiérrez González, jefe de inteligencia del Grupo Cabal; José Gregorio Betancur Rodríguez, coordinador de la red de inteligencia; Alexander Guerrero Castellanos, comandante de pelotón y coordinador de la red de cooperantes; y Adolfo Díaz Masmela, comandante de compañía del Batallón de Contraguerrilla No. 93 “Ramiro Rueda Mendoza”.“La Sala concluyó que los hechos determinados en el Caso 02 configuran crímenes de sistemas cometidos contra sujetos de especial protección constitucional e internacional, como los pueblos y los territorios étnicos y las comunidades campesinas. Estas conductas fueron calificadas como crímenes de lesa humanidad de asesinato, desaparición forzada, exterminio, traslado forzoso de población, tortura y persecución. Asimismo, se configuraron los crímenes de guerra, de homicidio y de tortura”, aseguró Belkis Izquierdo, magistrada relatora del caso 02.Según la investigación, el proceso de contrastación judicial permitió establecer que la forma en que se implementó la política estatal de consolidación territorial en la zona derivó en una militarización intensiva del territorio y de la vida cotidiana de sus habitantes, sin considerar que se trataba de un territorio mayoritariamente étnico ni coordinar con sus autoridades y sistemas de gobierno propio.“Este escenario generó condiciones que facilitaron la comisión de crímenes por parte de integrantes de la Fuerza Pública”, señaló la magistrada Belkis Izquierdo, al explicar que el contexto estuvo marcado por factores como la estigmatización sistemática de pueblos indígenas, comunidades negras y campesinas, la presión por resultados operacionales, la ausencia de enfoque étnico-racial en las políticas estatales, la connivencia con estructuras paramilitares y la relación entre la lucha antidrogas y la estrategia contrainsurgente.A partir del análisis de la información recolectada, la Sala identificó tres patrones macrocriminales. El primero corresponde a la estigmatización y violencia selectiva contra líderes y procesos organizativos étnicos y comunitarios, mediante señalamientos, amenazas, detenciones arbitrarias, torturas y homicidios selectivos. El segundo patrón incluye asesinatos de civiles presentados ilegítimamente como bajas en combate. El tercero se relaciona con el control militar del territorio, que se tradujo en desplazamientos forzados, confinamientos y restricciones a la movilidad, así como en la ocupación de espacios comunitarios y territorios colectivos.“La JEP determinó que en Tumaco, Ricaurte y Barbacoas se ejecutó una política militar en la que el territorio fue tratado como un recurso estratégico para el despliegue de operaciones contra insurgentes y de erradicación de cultivos de uso ilícito, lo que afectó a los derechos territoriales de los pueblos negros afrocolombianos, indígenas y comunidades campesinas de la zona”, aseguró la magistrada relatora del caso 02.Según explicó, “los hechos no se limitaron a la agresión contra personas, sino que se extendieron al territorio, la naturaleza y los lugares sagrados”, afectando de manera directa la vida comunitaria y espiritual de los pueblos étnicos.Con esta decisión, la Sala de Reconocimiento de Verdad da por concluida la etapa de investigación del macrocaso, que ahora avanza hacia las fases de reconocimiento de verdad y responsabilidad, juicio y eventual sanción.Los ocho comparecientes tendrán 30 días hábiles para reconocer o rechazar las responsabilidades atribuidas. Si aceptan los cargos, el proceso seguirá la ruta restaurativa; si los niegan, el caso pasará a la Unidad de Investigación y Acusación, que podría llevarlos a un juicio ante el Tribunal para la Paz.
De acuerdo con el Foro Interétnico de Solidaridad Chocó, las comunidades de Unión Pitalito, Puerto Piña, Puerto Chichiliano, Bajo Grande, Santa Rosa, Playa Linda, Puerto Galve y Playa Bonita permanecen actualmente confinadas por la presencia y las acciones de grupos armados ilegales, entre ellos el ELN y el Clan del Golfo.La organización advirtió que 518 familias, equivalentes a cerca de 2.305 personas, están siendo afectadas por esta situación, que ha generado temor entre la población y ha alterado de manera significativa la vida cotidiana en estos territorios.Según denunciaron las comunidades, el confinamiento dificulta el acceso a alimentos, servicios de salud y educación para niñas, niños y jóvenes, lo que agrava las condiciones humanitarias en la zona.Además, señalaron que la imposibilidad de desplazarse impide que muchas familias puedan realizar sus actividades productivas o trabajar, lo que impacta directamente en sus medios de subsistencia y en las condiciones de vida de la población.Finalmente, las organizaciones y comunidades afectadas advirtieron que existen necesidades humanitarias en el territorio. Entre las principales solicitudes están el envío de asistencia alimentaria, brigadas de salud, presencia institucional que garantice protección para la población civil y atención psicosocial para las familias que permanecen en medio de los enfrentamientos y el confinamiento.
La Defensoría del Pueblo acompañó a autoridades tradicionales arhuacas en una misión humanitaria realizada en inmediaciones de la comunidad Gunmaku, en la Sierra Nevada de Santa Marta, con el objetivo de verificar la situación de derechos humanos de las comunidades afectadas por los combates entre el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.Durante la misión, la entidad constató que la acción de la fuerza pública permitió la evacuación de nueve personas heridas, entre ellas dos menores de edad, que permanecían confinadas en zonas donde se registraban enfrentamientos armados.“En consecuencia, la Defensoría del Pueblo ha solicitado de manera inmediata la convocatoria a una sesión extraordinaria de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), a fin de que permita coordinar las acciones necesarias en materia de protección y atención humanitaria tendientes a garantizar los derechos a la vida, libertad e integridad, así como los derechos civiles y políticos de los habitantes del sector Serankua, parte alta de la Sierra Nevada de Santa Marta y la vereda Palestina, de Aracataca, Magdalena”.En el recorrido también evidenciaron una compleja situación humanitaria. Aseguran que varias comunidades permanecen con dificultades para acceder a agua potable, atención médica, insumos básicos y asistencia humanitaria, por lo que se advirtió la necesidad de reforzar la atención en salud y el suministro de ayuda para la población.Ante este panorama, la Defensoría reiteró su llamado al Clan del Golfo y a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada para que detengan los combates y respeten a la población civil, especialmente a las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta.“Asimismo, solicitamos que, en el marco de los espacios de conversación sociojurídicos existentes, estos grupos armados asuman compromisos expresos con las comunidades indígenas de no dirigir acciones en su contra, no involucrarlas en las confrontaciones y respetar su integridad, su autonomía y su derecho a permanecer en el territorio. Este llamado responde a la legítima preocupación manifestada por las propias comunidades, quienes advierten sobre el riesgo de que se repitan graves infracciones contra la población civil como las registradas con anterioridad en la Sierra Nevada de Santa Marta, entre ellas desplazamientos forzados masivos y confinamientos”.Finalmente, exhortaron a la fuerza pública para que continúe adoptando las medidas necesarias para proteger a la población civil y respetar las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH).
La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia 006 de 2026 ante el grave escenario de riesgo para las comunidades de Ocaña y Ábrego, en Norte de Santander, y Río de Oro y González, en el Cesar, donde se intensifica la confrontación entre grupos armados ilegales, se registran posibles alianzas criminales y avanza la expansión de estructuras que buscan el control territorial y de economías ilícitas.La advertencia se basa en tres dinámicas principales que están agravando la situación de seguridad en esta zona del nororiente del país.La primera está relacionada con la reconfiguración de alianzas entre actores armados ilegales en medio del recrudecimiento de la confrontación entre el ELN y las disidencias del Frente 33, vinculadas al Estado Mayor de Bloques y Frente. Según la Defensoría, existe la posibilidad de una alianza entre el Frente 33 y la estructura criminal conocida como ‘Los Pelusos’.La segunda corresponde a la expansión de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada hacia el sur del Cesar y su avance hacia municipios como Ocaña y Río de Oro, además de posibles confrontaciones con el ELN. Este movimiento estaría orientado a disputar el control de corredores estratégicos de movilidad, como la Ruta del Sol, y de economías ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal.El tercer factor identificado es la posible urbanización de la violencia, con enfrentamientos entre las ACSN y el Clan del Golfo en zonas entre Ocaña y Río de Oro, particularmente en el corregimiento Agua de la Virgen.La Defensoría advirtió que estas disputas territoriales han derivado en un mayor control armado sobre la población, con la instalación de retenes ilegales en vías secundarias, requisas, restricciones a la movilidad y la imposición de normas de conducta por parte de los grupos armados.El organismo también documentó el uso de drones cargados con explosivos en sectores rurales como Cerro de las Flores y Quebrada La Esperanza, en Ocaña. Asimismo, se han reportado artefactos explosivos en vías nacionales que conectan a Ocaña con Ábrego y Cúcuta, y el uso de vehículos cargados con explosivos, como el atentado registrado contra el Batallón de Infantería número 15 en ese municipio.La Defensoría señala que durante 2025, “Ocaña registró un incremento significativo de homicidios en un contexto donde Norte de Santander cerró el año con 774 muertes violentas. El impacto masivo se evidencia también en el desplazamiento forzado: solo en los primeros meses de 2025, Ocaña atendió a 18.538 personas desplazadas (4.851 familias) provenientes de varios lugares de la subregión del Catatumbo”.La alerta también advierte sobre riesgos para niñas, niños y adolescentes, quienes enfrentan un alto riesgo de reclutamiento forzado, utilización en actividades ilícitas y violencia sexual. Mujeres y lideresas sociales también han sido víctimas de amenazas y estigmatización en redes sociales.Además, señalan que comerciantes, ganaderos y transportadores enfrentan amenazas permanentes de extorsión y secuestro para financiar las estructuras armadas, mientras que personas firmantes del Acuerdo de Paz han sufrido afectaciones reiteradas en medio de la intensificación de la confrontación.
La Oficina en Colombia de la ONU para los Derechos Humanos hizo un llamado al Clan del Golfo y a las Autodefensas Gaitanistas que se están enfrentando en Aracataca, Magdalena, para que respeten de manera “irrestricta” el Derecho Internacional Humanitario y los derechos humanos de las comunidades indígenas arhuacas.Según la entidad, desde el pasado 6 de marzo se han registrado enfrentamientos entre los dos grupos armados ilegales en cercanías de las comunidades de Serankwa, Sabana Gobierno, Dwinawimmaku y Gunmaku, lo que ha generado graves afectaciones a la población civil.La ONU indicó que está dando seguimiento a la situación y manifestó su “profunda preocupación” por los presuntos abusos a los derechos humanos y las infracciones al DIH reportadas en las últimas horas.Entre los hechos denunciados se encuentran la muerte de una persona civil, la desaparición de mujeres de la comunidad, personas heridas, entre ellas un niño, además de amenazas y malos tratos contra la población.Ante este panorama, la oficina de Derechos Humanos instó a las autoridades colombianas a redoblar las acciones para garantizar la protección de la vida y los derechos del pueblo arhuaco y de todas las comunidades afectadas por la violencia en la zona.La ONU señaló además que seguirá monitoreando la situación en la Sierra Nevada de Santa Marta, brindando asistencia técnica al Estado, acompañamiento a los pueblos indígenas y promoviendo una respuesta institucional coordinada que permita garantizar los derechos humanos en el territorio.Finalmente, la entidad reconoció los esfuerzos que han adelantado la Gobernación del Magdalena, la Fuerza Pública y la Defensoría del Pueblo para atender esta situación e indicó que mantiene comunicación constante con las autoridades para dar seguimiento a la crisis humanitaria.