La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió de manera provisional la comparecencia de José Leonairo Dorado Gaviria, quien fue sargento viceprimero del Ejército Nacional y se desempeñó durante años en el área de inteligencia. Fue condenado en la justicia ordinaria por extorsión, al aprovechar información confidencial y apropiarse de 22 millones de pesos, y actualmente se encuentra privado de la libertad.En 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) rechazó su sometimiento por considerar que la Jurisdicción no tenía competencia material sobre la conducta por la que fue condenado. Esa decisión fue confirmada por la Sección de Apelación, y en los años siguientes la SDSJ se mantuvo en lo ya resuelto, pese a nuevas solicitudes del compareciente para ingresar al sistema transicional.Con el paso del tiempo, Dorado Gaviria amplió sus aportes y afirmó tener conocimiento, e incluso participación, en múltiples hechos delictivos, relacionados con su labor como integrante de la inteligencia militar encubierta del Ejército.A partir de esa información, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) lo llamó a rendir versión voluntaria dentro de los macrocasos 06 y 08 y emitió un concepto preliminar positivo sobre sus contribuciones, al considerar que podrían ser relevantes.En abril de 2024, un despacho de la SDSJ resolvió desarchivar la actuación transicional, al concluir que las nuevas solicitudes del compareciente incluían hechos y conductas que debían ser analizados para determinar si podían ser competencia de la JEP.El auto señaló que esos relatos podrían contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durtante su vinculación a la Brigada XX y al Batallón Charry Solan, en particular aquellas asociadas a estructuras de inteligencia militar, como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, así como posibles vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en distintas regiones del país.Posteriormente, la defensa de Dorado interpuso un recurso de apelación, solicitando que se revisara la decisión que había negado beneficios transicionales y que se analizara la conexidad entre su conducta y el conflicto armado, teniendo en cuenta su rol funcional dentro del Ejército y los aportes entregados ante la JEP.En diálogo con Blu Radio, Pedro Díaz, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por donde pasó el proceso en una primera instancia, explicó el alcance de esta admisión provisional y lo que se espera del compareciente dentro del sistema transicional.“Eso significa que debe aportar aquello más de lo que se ha establecido en las investigaciones, los procesos y sentencias de la justicia ordinaria, que sean razonados, que sean verdades, que a la JEP le permita contrastar no solo señalamientos o expresiones reiterativas o genéricas, sino que esto permita avanzar en las investigaciones y especialmente de los hechos de desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante esa década de los años 80 y comienzos de los 90, en que los servicios de inteligencia de las fuerzas militares fueron muy activos en este patrón y práctica criminal”, detalló el magistrado. Finalmente, el magistrado señaló que en estos casos, la prioridad es garantizar los derechos de las víctimas y conocer la verdad en crímenes que son considerados de los más graves por el derecho internacional, como la desaparición forzada.
La mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo atraviesa un momento delicado tras el anuncio de suspensión provisional de los diálogos por parte del grupo armado ilegal. De acuerdo con la delegación del Gobierno, la decisión se habría tomado de manera unilateral y sin comunicación oficial que precise sus alcances.“Nos hemos enterado de una decisión unilateral de suspensión provisional; dicen ellos que es para algunas consultas. Esperamos una notificación formal y enterarnos bien del detalle”, aseguró Álvaro Jiménez, negociador del Gobierno con el Clan del Golfo.Según se conoció, la suspensión estaría relacionada con declaraciones realizadas en las últimas horas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Jiménez indicó que la información conocida hasta ahora apunta a una reacción del grupo armado frente a esos pronunciamientos.“Entendí, de la información que ha sido conocida, que es a raíz de unas declaraciones que el señor ministro de Defensa hizo en la mañana de hoy y esperamos un poco los desarrollos para poder asumir un comportamiento respecto de las mismas”, añadió.Jiménez señaló que la delegación se encuentra a la espera de mayores desarrollos para definir su postura frente a la decisión anunciada, y reiteró que, hasta el momento, no existe una notificación formal que confirme la suspensión ni sus términos.El delegado del Gobierno también subrayó que las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia exclusiva de esa cartera y que no corresponde a la mesa de negociación contradecirlas.“Las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia del señor ministro; yo no las voy a contradecir, pero he podido conversar con él y el señor ministro de Defensa me ha indicado que ellos cumplirán con el compromiso que se ha hecho en las mesas; por tanto, espero que haya alguna precisión al respecto”.Por ahora, el Gobierno espera que el Clan del Golfo notifique oficialmente su decisión, precise si la suspensión será temporal y aclare qué ocurrirá con el futuro de los diálogos.
El 2025 cerró como uno de los años más críticos para la movilidad humana forzada en Colombia. De acuerdo con el balance Dinámicas de Movilidad Humana Forzada en Colombia de la Defensoría del Pueblo, durante el año se registraron 133 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 107.924 personas, así como 99 eventos de confinamiento, que restringieron la movilidad de 128.825 personas en distintas regiones del país.En comparación con el año anterior, el número de personas desplazadas aumentó un 318,3 %, mientras que los casos de confinamiento crecieron un 19,4 %. “El informe advierte que las cifras superaron ampliamente las de 2024 y reflejan graves afectaciones a comunidades civiles en diferentes territorios”, afirma el documento.La subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, concentró la mayor parte de las afectaciones. La crisis registrada a comienzos de año dejó más de 73.000 personas desplazadas, equivalente al 73 % del total nacional. Municipios como Tibú y El Tarra encabezaron los reportes, y durante el resto del año se mantuvieron nuevos episodios de desplazamiento y confinamiento.Otros departamentos como Nariño, Cauca y Antioquia también reportaron desplazamientos masivos, mientras que en confinamiento los mayores impactos se registraron en Chocó, Norte de Santander, Cauca, Huila, Guaviare, Antioquia y Valle del Cauca, que concentraron el 80,3 % de los casos del país. Solo en Chocó se contabilizaron 23.645 personas confinadas, la cifra más alta a nivel nacional.Solo en diciembre de 2025, se documentaron 10 eventos de desplazamiento forzado masivo, con 4.680 personas afectadas, y 6 eventos de confinamiento, que limitaron la movilidad de 18.450 personas.Nuevamente, Catatumbo concentró la mayor parte de las emergencias, con más de 3.700 personas desplazadas y 6.283 confinadas en ese periodo. Frente a diciembre de 2024, el incremento fue drástico: 676,2 % más personas desplazadas y 921,7 % más afectadas por confinamiento.El informe también advierte sobre el impacto migratorio. Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025, 152.858 migrantes irregulares transitaron por Colombia, un 61 % más que en 2024. A esto se suma el retorno de 20.474 personas desde Norte y Centroamérica, en su mayoría de nacionalidad venezolana.Adicionalmente, la Defensoría acompañó a 5.204 connacionales deportados desde España, Estados Unidos y Chile, por medio de 50 vuelos humanitarios.“Durante estos procesos, la entidad recibió quejas por violencia basada en género, abuso sexual, requisas inapropiadas, deficiencias en aseo, alimentación y atención médica, así como posibles actos de discriminación o xenofobia”, aseguraron desde la Defensoría.Finalmente, la entidad advirtió que “el desplazamiento forzado masivo en el país, durante 2025, creció más de tres veces en relación con el 2024, evidenciando el recrudecimiento del conflicto armado en el territorio nacional y la ineficacia del Estado con las medidas de prevención y protección de los derechos de la población”.
El informe RED-clutamiento 2.0 de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP documenta que al menos 1.749 menores de edad fueron reclutados en Colombia entre 2017 y 2026. Uno de los principales hallazgos es el uso sistemático de redes sociales para atraer a niños y adolescentes, especialmente en zonas rurales.“Desde 2021, el reclutamiento de niños y niñas es el tipo de victimización a la población civil que más rápido crece en Colombia (por encima de masacres, asesinato de líderes sociales, desplazamiento forzado y confinamiento). Esto coincide con el uso sistemático de las redes sociales”, asegura el informe.De acuerdo con el documento, el 44 % de los casos registrados en 2025 estuvieron asociados directamente al reclutamiento a través de plataformas digitales.Las cifras muestran, además, un crecimiento sostenido: mientras en 2022 se registraron 151 casos de reclutamiento, en 2023 la cifra subió a 255; en 2024 alcanzó los 362 y en 2025 llegó a 386 casos. En apenas cuatro años, el incremento supera el 150 %, convirtiéndose en una de las violencias con mayor crecimiento en el país.De acuerdo con la UIA, el uso de TikTok y Facebook ha facilitado que los casos de reclutamiento se dupliquen mensualmente en algunos territorios. Antes de la expansión del reclutamiento digital, estos hechos se concentraban en 97 municipios; hoy se registran en 248 municipios, lo que representa un aumento del 156 %.“Las redes sociales han propiciado que se presenten casos de reclutamiento en lugares donde jamás habíamos registrado hechos (inclusive en la época más álgida del conflicto armado con las Farc-EP)”, subraya el informe.Según el documento, los reclutadores digitales reproducen estereotipos de género binarios para hacer más atractiva la oferta y generar identificación entre niños y adolescentes. En algunos casos, convocan a menores a supuestos torneos de fútbol, asegurando que asistirán cazatalentos extranjeros que los llevarán a equipos profesionales fuera del país.El escrito señala que las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, son el grupo armado que más niños recluta a través de redes sociales. Esta estructura concentra 116 cuentas activas en Facebook y TikTok, con publicaciones que alcanzan en promedio más de 20.000 visualizaciones y, en algunos casos, millones de reproducciones.Su principal zona de operación está en el suroccidente del país, especialmente en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, departamentos donde opera el 67 % de las cuentas identificadas.En total, el informe identificó 186 cuentas en redes sociales vinculadas a actividades de reclutamiento, con un promedio de 6.700 seguidores por cuenta.La UIA alerta que, si no se adoptan medidas urgentes de prevención y control, entre 2026 y 2030 podrían registrarse más de 2.300 nuevos casos de reclutamiento, lo que equivaldría a que un menor sea vinculado a un grupo armado cada 12 horas.
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (norte) confirmó la condena de un año de prisión y multa de 3.240 a un hombre por un delito de odio al insultar y humillar a un trabajador venezolano por su origen, a quien también deberá indemnizar con 1.000 euros.Los jueces desestimaron el recurso interpuesto por el acusado, aunque la sentencia puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, informó el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV).En la primera sentencia, recurrida por el condenado, la Audiencia de Bizkaia declaró probado que el 19 de septiembre de 2023 la víctima, nacida en Venezuela y que trabajaba como técnico de una mercantil de telefonía, acudió a prestar un servicio al domicilio del acusado, ubicado en la localidad vasca de Sestao.El procesado, con ánimo de "menospreciar, humillar y menoscabar la integridad moral" por razón de su origen nacional, profirió afirmaciones como "machupichu de mierda, todos sois iguales, estoy cansado de decirle a Vodafone que no me manden inmigrantes a casa, solo quiero españoles", y "negros de mierda no sabéis hacer nada, vete a tu puta tierra, machupichu", entre otras.Cuando el trabajador tomaba el ascensor para abandonar la vivienda, el acusado "se abalanzó sobre él y trató de golpearle con los puños" al tiempo que le gritaba: "No se te ocurra dar una patada al ascensor que te abro la cabeza, te voy a dar negro de mierda, vete para tu puto pueblo".El acusado recurrió la condena alegando que había sido condenado sin prueba incriminatoria concluyente, ya que él había negado los hechos durante el juicio y el tribunal había dado "plena fiabilidad" a lo narrado por el denunciante sin que existieran, en su opinión, otras pruebas contra él.También mantenía que no se podían integrar los hechos probados en el delito de odio recogido en el Código Penal porque con las expresiones utilizadas "no se muestra rechazo e intolerancia hacia el colectivo latinoamericano
El presidente Gustavo Petro, aseguró que salió con una "impresión positiva" de su reunión con su homólogo estadounidense, Donald Trump, y que, pese a las diferencias entre ambos, lo invitó a visitar Cartagena de Indias."La impresión que tengo de una reunión reciente, hace apenas unas horas, es, ante todo, positiva", dijo Petro al describir su encuentro con Trump, agregando que fue un encuentro entre "diferentes" pero "sin humillaciones de ningún tipo".Según el presidente Petro, "las fotos y el ambiente de la reunión demuestran un encuentro entre iguales, que piensan diferente, pero son capaces de encontrar caminos conjuntos".Añadió que, pese a esas diferencias, extendió al republicano una invitación para visitar Cartagena de Indias, ciudad que calificó como "un lugar bello y hermoso para vivir".Petro agregó que, como muestra del tono cordial del encuentro, Trump le obsequió una gorra con el lema "Make America Great Again", en la que el mandatario colombiano escribió con un lapicero la palabra "Americas".Asimismo, relató que Trump le dijo "I like you" durante la reunión y, en tono de broma con la prensa, aseguró que cuando termine su mandato se compromete a aprender inglés.El encuentro entre ambos mandatarios se produjo un mes después de la captura de Nicolás Maduro en Venezuela y luego de que Colombia condenara el accionar militar de Estados Unidos en la región, así como una tensión marcada por declaraciones de Trump directas contra Petro a quien le había dicho que sería "el siguiente" y acusado abiertamente de ser narcotraficante.
Colombia tuvo en 2025 una de las peores crisis humanitarias de la última década por los abusos cometidos por los grupos armados, mientras que el periodo previo a las elecciones de este año se vio "empañado" por el asesinato del precandidato presidencial de derechas Miguel Uribe Turbay, según Human Rights Watch (HRW).Así lo señaló esa organización en su informe mundial de 2025, en el que afirmó que "los abusos cometidos por los grupos armados, el limitado acceso a la justicia y los altos niveles de pobreza, especialmente entre las comunidades rurales, indígenas y afrodescendientes, siguen siendo graves problemas de derechos humanos en Colombia".Según cifras de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), citadas por HRW, más de 137.000 personas no pudieron salir de sus comunidades entre enero y agosto de 2025 por amenazas, combates y otras acciones perpetradas por los grupos armados.Igualmente, ese organismo señaló que 544 civiles murieron o resultaron heridos por artefactos explosivos entre enero y agosto pasado, un aumento del 145 % frente al mismo periodo de 2024.La Defensoría del Pueblo, por su parte, reportó 625 casos de reclutamientos de niñas, niños y adolescentes en 2024, un aumento del 81 % con respecto a los 342 casos de 2023, mientras que "datos de Naciones Unidas indican que la tendencia al alza continuó en 2025", agregó HRW.La situación más grave de violencia ocurre en la convulsa región del Catatumbo, fronteriza con Venezuela, donde la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) se enfrenta con el Frente 33 de las disidencias de las Farc por el control territorial desde enero de 2025.Según HRW, el ELN "inició una campaña" en la que ha estado "asesinando, agrediendo, secuestrando y desapareciendo a civiles acusados de tener vínculos con el Frente 33", lo que obligó "a más de 64.000 personas a huir de sus hogares, en lo que fue uno de los mayores desplazamientos masivos en Colombia en décadas".Violencia políticaEn el contexto electoral, el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, del partido opositor Centro Democrático, falleció en agosto pasado, dos meses después del atentado del que fue víctima en Bogotá.El asesinato del senador, quien murió el 11 de agosto tras permanecer dos meses en grave estado, conmocionó al país y ha derivado en una compleja investigación judicial.En ese sentido, Human Rights Watch insistió en que el "período previo a las elecciones legislativas y presidenciales de 2026 se vio empañado por la violencia, incluyendo el asesinato del congresista y precandidato presidencial".El calendario electoral de 2026 en Colombia se inicia con las votaciones legislativas el 8 de marzo, jornada en la que también se celebrarán consultas internas para la selección de candidatos presidenciales de izquierda y derecha.Posteriormente, el 31 de mayo se celebrarán las elecciones presidenciales y una eventual segunda vuelta está prevista para el 21 de junio.HRW recordó que la Defensoría del Pueblo "identificó riesgos para los derechos civiles y políticos que podrían afectar al proceso electoral y pidió que se adoptaran medidas inmediatas y urgentes en 224 de los 1.103 municipios del país".
El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba Carlos Fernández de Cossio negó este martes en una entrevista con EFE que La Habana esté diseñando conjuntamente con EE.UU una mesa de negociación.El diplomático aseguró que se han "intercambiado mensajes" desde la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero, pero recalcó que "sería un error decir que se está diseñando" una negociación bilateral porque ese diálogo "no se ha empezado"."Hemos intercambiado mensajes y el Gobierno de Estados Unidos conoce perfectamente bien cuál es la posición de Cuba en disposición a sostener un diálogo y no lo ha rechazado", afirmó De Cossio, quien negó también que pueda haber contactos indirectos a través de intermediarios como México o El Vaticano.Sus declaraciones contrastan con las que ha realizado en los últimos días el presidente de EE.UU., Donald Trump, quien ha asegurado en varias ocasiones que su administración está teniendo una negociación con el Gobierno cubano, incluso a alto nivel."Cuba tiene la razón legal y tiene la razón moral frente al asedio petrolero, y tiene la disposición a sentarse a dialogar con Estados Unidos. Y lo conoce el Gobierno de Estados Unidos. Se lo hemos dicho directamente, lo hemos dicho públicamente", afirmó.De Cossio advirtió que "tiene que haber una voluntad mutua de asegurar y diseñar un diálogo que sea serio, que sea constructivo, que sea responsable y que sea respetuoso de la igualdad soberana entre ambos Estados".Ni reformas ni presosTambién dibujó los límites de los ámbitos que se podrían abordar en esa potencial negociación, descartando las reformas políticas y económicas, así como una excarcelación de presos en la isla (como ha sucedido en Venezuela).Sobre posibles reformas políticas o económicas, indicó que Cuba tiene "la misma limitación" que tendría Washington a discutir con La Habana sobre "la constitución de los Estados Unidos" o sobre "las redadas" contra migrantes que se están realizando "en Minneapolis y en otras ciudades".En cuanto a los presos fue tajante: "No vemos razón, no vemos qué vínculo tiene un tema (bloqueo petrolero) con el otro (presos). No tenemos intención de hablar sobre eso, no es parte del diálogo bilateral entre dos países".Consultado sobre si en Cuba podría surgir una figura como la de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, De Cossio rechazó de plano comentar esa analogía."Si se está pensando que existe fraccionamiento dentro del Gobierno cubano, fraccionamiento dentro de las fuerzas políticas en Cuba, y una disposición de un grupo pequeño a ceder los derechos soberanos de Cuba -la prerrogativa de nuestro país- y a claudicar frente a la presión, la agresividad de Estados Unidos, injustificada e inmoral,... es una interpretación equivocada", aseveró.Opciones limitadasEn este contexto, De Cossio reconoció que su país tiene "opciones limitadas" y avanzó que "en los próximos días" se comunicará a la población un plan de contingencia, "un proceso de reorganización" que va a ser "muy difícil" para la población."Tenemos opciones limitadas y tenemos además una necesidad reorganizativa en el país que implica que nos va a costar mucho trabajo, va a requerir mucha creatividad. Un proceso de reorganización que hemos previsto (...) y venimos preparando. No es algo sencillo, es algo difícil para la gestión del Gobierno y es algo muy difícil para la población en su conjunto", avanzó.Mientras tanto, explicó el diplomático, el país se está "preparando para la defensa", para "resistir una agresión militar". La responsabilidad del Gobierno con respecto a sus ciudadanos, argumentó, es "defenderlos como cubanos, no como súbditos de Estados Unidos"."El Gobierno de Estados Unidos debe conocer que no es sencillo una agresión militar contra Cuba, a pesar de la superioridad absolutamente asimétrica que tiene Estados Unidos frente a Cuba (...). Pero tendrían ellos que preguntarse cuál es el fin. Bombardear y destruir Cuba, y dejar todo en una tierra desolada, o pretender poner soldados en Cuba y desarrollar una guerra aquí contra el pueblo cubano", advirtió.La aspiración del Gobierno cubano, prosiguió, es que Washington "se llame a conciencia", "comprenda el peligro" de una acción militar extrema en la isla" y "no le haga caso a alguno de los políticos que han hecho carrera y que han lucrado mediante la conducta hostil contra Cuba".
Al menos 18 personas han muerto este miércoles en los bombardeos emprendidos durante la noche por el Ejército de Israel contra la Franja de Gaza, la mayoría en la ciudad de Gaza (norte), según el recuento de las morgues y hospitales del enclave.A las diez víctimas mortales registradas por las autoridades se añaden cuatro fallecidos más: uno en Jan Yunis, elevando a cuatro los muertos en el sur de Gaza, y siete más en la capital, donde ya sumaban siete.Hasta el momento, el Ejército de Israel sólo confirmó haber lanzado bombardeos "de precisión" en el barrio de Tuffah de la ciudad de Gaza, y rechazó pronunciarse sobre los ataques en Jan Yunis o la zona de Zeitún, también en la capital gazatí.El Hospital Shifa de la ciudad de Gaza registró la muerte de siete personas más provenientes de Tuffah a lo largo de la mañana.El balance de la capital sitúa en tres los fallecidos en Zeitún y once en Tuffah.En Jan Yunis, el Hospital Nasser registró la muerte de un cuarto perteneciente a la misma familia (Abu Sitta) de víctimas en los ataques contabilizados previamente, si bien el hospital apuntó que aún no ha sido identificado debido a las quemaduras que presenta el cadáver.Las otras víctimas mortales son: Mahmud Ayman Al Rass, de 21 años; Suleiman Abu Sitta, de 28, y Farid Suleiman Abu Sitta, de 12.En la ciudad de Gaza, los fallecidos que ya habían sido registrados por el Hospital Shifa a causa de los ataques en Tuffah son Youssef Haboush (36 años), Bilal Haboush (16), Rital Haboush (12) y Ahmad Talaat Haboush (22).Provenientes de Zeitún, los tres fallecidos contabilizados a primera hora de este miércoles son Ali Ahmad Salmi, de 60 años; Basina Mohammad Ayad, de 55, y Saqr Badr Al Hatto, de cinco meses."Los equipos de Defensa Civil en las gobernaciones de la Franja de Gaza llevaron a cabo 30 misiones diferentes desde la mañana del martes 3 de febrero de 2026 hasta la mañana del miércoles", señaló en un comunicado el servicio de emergencias de Defensa Civil gazatí. Entre las misiones hubo 12 actividades de rescate y 12 servicios de ambulancias.Desde la madrugada, el Ejército israelí ha bombardeado y disparado artillería contra áreas residenciales fuera del perímetro que mantiene bajo su control en Gaza al este de la línea amarilla.En la capital fuentes locales aseguraron que drones cuadrocópteros habían abierto fuego contra la población, mientras que en Jan Yunis señalaron que el Ejército de Israel había abierto fuego contra la costa desde el mar.Además, residentes del centro de Gaza denunciaron también fuego de artillería al este de Deir al Balah y el campamento de refugiados de Bureij.En su comunicado este miércoles, el Ejército puntualizó que el ataque de las milicias que hirió al soldado en el norte de Gaza, el cual ya ha sido evacuado a un hospital israelí, constituye una "flagrante violación del acuerdo de alto el fuego".Más de 530 palestinos han muerto por ataques israelíes en la Franja de Gaza desde que entró en vigor el acuerdo de alto el fuego en octubre de 2025. En total, la cifra desde el inicio de la ofensiva en octubre de 2023 supera los 71.800.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) abrió en El Plateado, Cauca, la Casa Atrapasueños, un espacio que hace parte de la estrategia intersectorial del mismo nombre. Su propósito es brindar atención y acompañamiento a cerca de 200 niñas, niños y adolescentes que residen en un territorio impactado por el conflicto armado y otras expresiones de violencia.La Casa Atrapasueños busca prevenir cualquier forma de vulneración de derechos a través de actividades centradas en el juego, el arte, la cultura, el deporte y el uso de tecnologías de la información y la comunicación. Estas herramientas se integran como parte de un enfoque que promueve la participación, la expresión y el fortalecimiento de capacidades individuales, familiares y comunitarias.La estrategia Atrapasueños es una intervención intersectorial impulsada por el ICBF en diversas zonas del país, con especial atención a contextos de alto riesgo para la infancia y la adolescencia. La apertura de este espacio en El Plateado responde a las condiciones particulares del territorio y a las necesidades identificadas por el instituto y sus aliados en la región.Además de la atención directa a niñas, niños y adolescentes, la Casa Atrapasueños también contempla el trabajo con sus familias y cuidadores. Se espera que esta intervención contribuya al fortalecimiento del tejido social y a la generación de entornos protectores dentro de la comunidad.La implementación del espacio se logró gracias a la articulación del ICBF con entidades del orden local, regional y nacional, en el marco de una política de atención integral a la niñez en zonas priorizadas por su situación de vulnerabilidad.
La Agencia Nacional de Tierras (ANT) recuperó tres predios en El Agrado, Huila, que suman 270 hectáreas, como parte de la estrategia de reforma agraria del Gobierno Petro. Más de 20 familias campesinas y víctimas del conflicto recibieron tierras para trabajar, producir y reconstruir sus proyectos de vida.Durante tres días de operaciones, del 13 al 15 de agosto, la ANT, bajo la dirección de Juan Felipe Harman, adelantó la aprehensión material de tres predios rurales:El Dindal (97,5 hectáreas): perteneciente al Fondo de Tierras y adquirido en 2013 para beneficiar a las familias desplazadas por el proyecto hidroeléctrico El Quimbo. Fue entregado a 12 familias campesinas, quienes recuperan ahora un espacio digno para sembrar y vivir con estabilidad.Los Manzanillos (101,96 hectáreas) y Los Llanitos (69,98 hectáreas): administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) tras procesos de extinción de dominio contra su propietario, fueron entregados a seis familias campesinas de la Asociación Mujeres Agrarias, integrada en su mayoría por madres cabeza de hogar.Las acciones contaron con el acompañamiento de autoridades judiciales, policiales y administrativas, garantizando legalidad y respeto a los derechos fundamentales.“Estoy muy agradecido con la Agencia de Tierras por este predio que nos otorga la oportunidad de dignificar nuestras luchas. Por fin puedo decir con orgullo: ¡esta tierra sí es mía!”, expresó Rusbert Sinbaqueva, víctima del proyecto El Quimbo.Por su parte, Vianey Medina, lideresa de la Asociación Mujeres Agrarias, destacó: “Recibir este predio representa para nosotras dignificar la lucha social y fortalecer nuestra identidad campesina”.Con estas recuperaciones, la ANT avanza en la devolución de derechos territoriales a comunidades rurales históricamente vulneradas. Cada hectárea entregada se convierte en una herramienta para la justicia social, la equidad de género y el fortalecimiento del campo colombiano, en línea con la reforma agraria impulsada por el Gobierno Nacional.
Organizaciones sociales exigen que 73 predios vinculados a Chiquita Brands en el Urabá antioqueño, con más de 4.000 hectáreas, sean destinados a la reparación de las víctimas del paramilitarismo financiado por la multinacional.Las tierras, equivalentes en tamaño a la isla de San Andrés, pertenecen a Agrícola El Retiro S.A., empresa socia fundadora de Banadex y filial de Chiquita Brands. Están ubicadas en Chigorodó, Apartadó, Carepa y Turbo, zonas estratégicas para el desarrollo de Puerto Antioquia. Una de ellas ya fue declarada de utilidad pública por la Gobernación.La historia de estas propiedades está marcada por un entramado empresarial que ha dificultado su uso en procesos de justicia y reparación. Banadex vendió sus bienes en 2004 a Banacol, y en 2020 estas compañías pasaron a formar parte de Greenland Investments S.A.S.Sin embargo, investigaciones han demostrado que Agrícola El Retiro financió a la convivir Papagayo entre 1997 y 2004, aportando más de 4.600 millones de pesos mediante descuentos a nóminas de trabajadores y contratistas. Estos recursos se dirigieron a las estructuras paramilitares en la región.Responsabilidades judicialesEn julio de 2025, siete exdirectivos de Chiquita Brands —entre ellos Reinaldo Escobar de la Hoz, partícipe en los acuerdos de pagos a paramilitares con los hermanos Castaño— fueron condenados en Colombia a 11 años y tres meses de prisión y al pago de 13.800 millones de pesos. No obstante, esos dineros no han llegado directamente a las víctimas.En Estados Unidos, la multinacional ya fue sancionada en dos procesos judiciales, incluyendo una condena que ordenó indemnizar con 38 millones de dólares a ocho familias colombianas.La Fundación Forjando Futuros, el IPC, Pares, Cinep y otras organizaciones, reiteran que estos predios no pueden ser tratados como simples activos de mercado. Su exigencia es clara: que las tierras pasen al Fondo de Víctimas y se conviertan en una herramienta real de reparación y reconstrucción para las comunidades afectadas por la violencia en Urabá.
El exembajador de Colombia en Perú, senador del partido de la U entre 2007 y 2009 y expresidente de Fedegan fue condenado por el delito de concierto para delinquir agravado.Según la investigación, Visbal Martelo entre 1998 y 2005, cuando era miembro de la Comisión de Paz y, al mismo tiempo, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, asistió a reuniones con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en las fincas “La 7”, “La 21” y “La 53” en el departamento de Córdoba.“Además de mostrar afinidad con dicha organización armada ilegal y empatía con Carlos Castaño Gil, sugería su expansión a territorios de actividad ganadera que en ese entonces tenían presencia guerrillera”, se lee en el comunicado de la Corte Suprema.Así mismo, se comprobó que financió a las AUC pagando cuotas de sostenimiento a cambio de seguridad, siendo también miembro del “Grupo los Doce” que asesoraba al exjefe paramilitar Carlos Castaño Gil.De acuerdo con la Sala de Casación Penal, Visbal Martelo aprovechó su condición de miembro del Consejo Nacional de Paz para promocionar a las AUC hasta la fecha de su desmovilización.“La Sala no pone en duda que el acusado hizo parte del Consejo Nacional de Paz desde 1998 hasta 2004 y que en tal condición intervino en los acercamientos y Diálogos no solo con organizaciones guerrilleras, Farc y ELN, sino también con las AUC, y que en tales actividades contó con la autorización del Gobierno Nacional, en cuyo caso, estas no pueden generarle ninguna responsabilidad penal”, se lee en la sentencia.El exembajador acudía a los jefes paramilitares para pedirles que hicieran presencia en territorios o zonas ganaderas con alto predominio guerrillero.La Corte negó la prescripción del proceso porque cuando el proceso fue entregado a la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP lo expulsó y el expediente fue devuelto a la Corte Suprema de Justicia.Adicionalmente, con la modificación al código penal que se materializó con el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, se aumentó la pena para el delito de concierto para delinquir agravado, por lo que, los términos para prescripción se ampliaron.
El equipo jurídico del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) confirmó que avanzan las conversaciones con el Gobierno nacional dentro de una fase de prenegociación, en el marco de la política de Paz Total. Según el abogado Ricardo Andrés Giraldo Cifuentes, representante de la organización, esta etapa busca establecer una hoja de ruta inicial que permita dar paso a un eventual proceso formal de diálogo.El jurista precisó que el Gobierno ya ha reconocido al EGC como interlocutor válido bajo su autodenominación, dejando de lado términos como “Clan del Golfo”. Un punto central de la agenda es la definición del estatus jurídico del grupo, lo que implicaría su recategorización como grupo armado organizado al margen de la ley, habilitando un proceso de paz conforme a la Ley 2272 de 2022 y la Sentencia C-525 de 2023.Giraldo señaló que el EGC designó voceros para las conversaciones, algunos ajenos a la estructura armada, cuyas identidades no se han revelado. Los acercamientos se realizan en territorio neutral y bajo estricta reserva, en un país con prestigio y compromiso con el derecho internacional.En las reuniones participan facilitadores, mediadores y verificadores nacionales e internacionales, lo que, según el abogado, fortalece la transparencia y legitimidad del proceso. Por ahora, no existe un acuerdo vinculante y las decisiones son adoptadas por el Estado Mayor Conjunto del EGC.El equipo jurídico subrayó que el objetivo de la organización es construir una relación estable con el Estado colombiano como institución, más allá de un gobierno en particular, y que la paz no será posible sin garantizar dos pilares esenciales: seguridad y justicia para todos.
Mientras Colombia cerró 2025 como el año con la mayor crisis humanitaria de las últimas dos décadas, los territorios más golpeados por el conflicto armado continúan registrando avances en la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Así lo señala el V Informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las Recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad, presentado este jueves 30 de enero en Bogotá.De acuerdo con el Comité, 2025 dejó la cifra más alta de desplazamientos forzados en los últimos 18 años y más de un millón de personas confinadas por la acción de grupos armados, lo que triplicó los registros del año anterior.Para la presidenta del Comité, Julia Eva Cogollo, esta situación se explica por el traslape entre los territorios priorizados por los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y las zonas donde se ha incrementado la presencia de actores armados.Según explicó, este contexto ha llevado al Gobierno a focalizar la implementación de políticas públicas en las regiones más afectadas como una forma de mitigar el impacto humanitario. Sin embargo, el Comité advierte que la persistencia de la violencia sigue siendo un obstáculo para que las comunidades puedan ejercer plenamente sus derechos.Entre los principales avances, el informe destaca la reducción del Índice de Pobreza Multidimensional en las zonas PDET, que pasó de 39,8 % en 2018 a 23,7 % en 2023, aunque en 2024 se ubicó en 24,4 %. También resalta el fortalecimiento de iniciativas de acceso a tierras y proyectos productivos liderados por mujeres. Regiones como Montes de María, la Costa Pacífica, el norte del Cauca y el sur de Bolívar concentran avances relevantes, aunque, según el Comité, estas mismas zonas enfrentan altos niveles de riesgo por la violencia armada.De cara al escenario electoral y a la llegada de nuevos gobiernos, el Comité considera que la política PDET se encuentra blindada tras su ampliación hasta 2034. No obstante, advierte riesgos si en la actualización de los planes de acción no se incorporan las 220 recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Frente a la continuidad de la transformación rural, la presidenta del Comité envió un mensaje directo a los próximos gobiernos y a los candidatos. “El primer mensaje que queremos enviar es a los candidatos. Uno, que saquen la violencia de la política, por favor. Y el segundo que le queremos incluir es que incluyan las recomendaciones en sus programas de gobierno y posteriormente en el plan de desarrollo”, afirmó.Finalmente, Cogollo advirtió que el mayor riesgo para la no repetición en Colombia sigue siendo la combinación entre la violencia armada y la crisis humanitaria. “El mayor riesgo que tenemos es la presencia alta de actores armados y la crisis humanitaria. Y el desbalance que hay realmente en la presencia de actores armados versus implementación de políticas públicas que no garantizan el gozo efectivo de los derechos”, concluyó.
En diálogo con Blu Radio, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José Luis Caballero, expresó su preocupación por los riesgos que enfrenta la democracia en Colombia en medio del contexto preelectoral, especialmente por la persistencia de la violencia armada y la exclusión social que, según advirtió, siguen afectando al país.“Nos preocupa la presencia de grupos armados no estatales desde hace mucho tiempo. Hemos advertido el esfuerzo del Acuerdo de Paz de 2016; hemos instado también, en una recomendación, a que se retome el diálogo con otros grupos armados no estatales. Es decir, es una observación que tenemos desde hace mucho tiempo”.“La coyuntura electoral debe trascenderse con paz, con diálogo, con serenidad, con las condiciones que alejen la violencia electoral, pero la perspectiva de que no haya violencia es una condición que la Comisión ha advertido en todos los mecanismos desplegados con Colombia”, añadió.En cuanto al futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Caballero sostuvo que debe ser fortalecida.“Tiene que tener recursos suficientes, tiene que poder desplegar con mayor claridad su trabajo. Yo creo que ha hecho esfuerzos muy importantes; nos hemos reunido para conocer las primeras sentencias, estamos en un diálogo muy franco con la Jurisdicción Especial para la Paz y pienso que tiene que tener mucha mayor fortaleza para cumplir con su mandato”.Frente a los señalamientos de algunos sectores sobre posibles afectaciones a la libertad de expresión durante el gobierno de Gustavo Petro, el presidente de la CIDH indicó que la principal preocupación del organismo es que se garantice la libertad de expresión.“Lo que a la Comisión le preocupa es que se garantice la libertad de expresión, que se proteja la labor de los periodistas, que no se les estigmatice. La Comisión ha reconocido desde muchos años, desde épocas muy incipientes, que el periodismo es una labor fundamental para el ejercicio de la libertad de expresión, que es una piedra angular de la democracia; entonces, yo creo que los periodistas merecen respeto y merecen cumplir con su trabajo”.Sobre el asesinato de líderes sociales, que en el último año superó los 180 casos, el presidente de la CIDH fue enfático: “Tienen que proteger a los defensores y a las defensoras, tienen que proteger a los liderazgos sociales. Nosotros se lo hemos expresado mucho al Estado colombiano; es una obligación que tienen que atender con mayor prestancia”.Además, señaló que “estamos también con medidas de protección, medidas cautelares para defensores y líderes sociales. Esto es una cuestión que a la Comisión le preocupa mucho y yo creo que el Estado tiene que estar al frente con esa protección”.
El coronel (r) Juan Carlos Figueroa Suárez, excomandante del Batallón La Popa, aceptó su responsabilidad ante la JEP por falsos positivos, cometidos entre 2004 y 2005 en Valledupar.La decisión se produjo luego de la imputación formulada por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), que documentó 24 hechos que dejaron al menos 38 personas asesinadas, entre ellas 11 víctimas de desaparición forzada y 9 casos de tortura.Durante la diligencia, Figueroa reconoció su responsabilidad por omisión, al admitir que no identificó ni detuvo a tiempo las acciones criminales cometidas por sus subalternos.“Acepto la responsabilidad en la omisión de no saber que mis subalternos estaban asesinando civiles, que las operaciones militares que siempre ordené a la luz de la Constitución Nacional, de las leyes de Colombia, de la doctrina militar, de la ley militar, del derecho internacional de conflictos armados”.Según la acusación de la UIA, los hechos respondieron a tres modalidades. La primera se caracterizó por asesinatos y desapariciones de personas que luego eran presentadas como supuestos resultados operacionales.La segunda modalidad correspondió a homicidios de civiles que algunos integrantes de los pelotones identificaban de manera arbitraria como “objetivos militares ilícitos”, para hacerlos pasar como miembros de grupos armados ilegales.La tercera estuvo marcada por el asesinato de combatientes que ya habían depuesto las armas o que se encontraban heridos tras enfrentamientos legítimos con tropas del batallón.En su declaración, Figueroa sostuvo que durante su mando no identificó el riesgo específico de los falsos positivos y aseguró que esto solo fue reconocido de manera general en la Fuerza Pública a partir de 2007, cuando estallaron los escándalos a nivel nacional.“Ese riesgo operacional no fue contemplado bajo mi mando porque los riesgos operacionales que para esa época se tenían eran el robo de armamento, robo de municiones, robo de equipo militar, infiltrados, penetrados, las nóminas paralelas, tráfico de información, miembros que posiblemente podían estar en concierto para delinquir con organizaciones armadas al margen de la ley”, afirmó.Con la aceptación de responsabilidad, el proceso ya no continuará por la vía del juicio adversarial. Ahora, la JEP aplicará la ruta de reconocimiento tardío, que contempla la realización de una audiencia restaurativa. Esta diligencia fue programada para el 24 de marzo a las 9:00 de la mañana, espacio en el que se abordarán las medidas de reparación y reconocimiento a las víctimas.Posteriormente, el tribunal deberá imponer una sanción alternativa, que implica entre 5 y 8 años de cárcel.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) concluyó que los 11 militares que reconocieron su responsabilidad por falsos positivos ocurridos entre 2007 y 2008 en Norte de Santander, cumplen las condiciones para recibir una sanción restaurativa.Según las investigaciones de la JEP, durante este periodo en el Catatumbo, hubo al menos 120 casos de falsos positivos, además de un intento de homicidio.Sin embargo, al analizar los hechos, el tribunal decidió imputar nuevos delitos a varios de los comparecientes. En ese sentido, 8 de los 11 militares serán sentenciados por el crimen de esclavitud.“La sección determinó que al menos 29 personas fueron víctimas del crimen de esclavitud en el marco de la segunda modalidad del patrón macrocriminal, al comprobarse el ejercicio de atributos propios del derecho de propiedad sobre ellas. En particular, este crimen se cometió a partir de la colaboración de organizaciones criminales y terceros reclutadores, quienes, en articulación con integrantes de unidades militares y a cambio de una remuneración económica, conseguían civiles indefensos y los entregaban a los militares para hacerlos pasar por supuestas bajas en combate”, explicó la JEP.¿Quiénes son los imputados?Los militares imputados por este delito, en calidad de coautores, son Rubén Darío Castro Gómez, Gabriel de Jesús Rincón Amado, Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar, Álvaro Diego Tamayo Hoyos, Juan Carlos Chaparro Chaparro, Sandro Mauricio Pérez Contreras y Alexander Carretero Díaz.Además, la JEP imputó el delito de esclavitud por omisión a Paulino Coronado Gámez, general (r) del Ejército y comandante de la Brigada 30 ubicada en Cúcuta para la época de los hechos. La JEP consideró que, desde su posición de mando, permitió que estas conductas ocurrieran sin adoptar medidas para impedirlas.Adicionalmente, los militares Santiago Herrera Fajardo, Daladier Rivera Jácome, Juan Carlos Chaparro Chaparro y Sandro Mauricio Pérez Contreras fueron imputados por el crimen de guerra de tortura, en relación con hechos asociados a tres víctimas.“Para adoptar esta decisión, la sección tuvo en cuenta los relatos entregados por las víctimas y sus familiares en el proceso judicial”, aseguró la JEP.El proceso continuará con la audiencia pública de verificación, en la que se confirmará si los militares cumplen con sus compromisos de verdad y reparación. Superada esta etapa, la JEP emitirá la sentencia que definirá de manera definitiva su situación jurídica.
En su pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo cuestionó el manejo que desde el Gobierno se le ha dado a la crisis del sistema de salud y pidió reconocer la magnitud de las afectaciones que hoy enfrentan millones de usuarios, especialmente los afiliados a la Nueva EPS.“Pedimos a @MinSaludCol mejorar los canales de comunicación y, especialmente, dejar de lado declaraciones indolentes que pongan en duda el deber del Gobierno de garantizar los derechos humanos en igualdad para todas las personas. La falta de empatía con la angustia de quienes están al frente de la atención y deben lidiar diariamente con el sufrimiento de las personas es inadmisible y preocupante. Deja el mensaje de que las autoridades no harán nada para resolverlo. Sin embargo, hacerlo es su deber”.La Defensoría aseguró que, ante la creciente vulneración del derecho a la salud, ha participado en lo que va del año en múltiples mesas interinstitucionales con EPS, hospitales, gestores farmacéuticos, usuarios y pacientes.Estos espacios, según explicaron, han buscado garantizar la atención de casos prioritarios y críticos, avanzar en la entrega pendiente de medicamentos y avanzar en compromisos relacionados con la estabilización de pagos y la conformación de redes de prestación de servicios suficientes y operativas.No obstante, el organismo advirtió que el panorama es crítico para los afiliados de la Nueva EPS, “entidad que enfrenta una situación financiera muy delicada”. Para la Defensoría, esta medida no solo profundiza la crisis de la EPS, sino que termina afectando directamente a hospitales, clínicas y dispensarios, que enfrentan dificultades para sostener la atención y la operación diaria.Aunque la problemática se extiende a todo el país, la Defensoría alertó de manera particular sobre la situación en Boyacá, Huila, Antioquia, Valle del Cauca, Santander, San Andrés y Providencia y Tolima, donde las afectaciones al derecho a la salud se estarían profundizando.
El mayor general (r) de la Policía Nacional, Luis Mendieta Ovalle, afirmó que el modelo de sanciones propias definido en la JEP terminó priorizando la financiación de los exintegrantes de las Farc y no a las víctimas del conflicto.“En este momento lo que está desfinanciado es el presupuesto que prácticamente el Estado y todas las entidades le iban a dar a las Farc para el pago de las sentencias propias. Aquí en ningún momento es reparación a las víctimas”, señaló.Mendieta sostuvo que, desde la firma del acuerdo de paz, las víctimas han sido relegadas en la implementación.También cuestionó los llamados trabajos, obras y actividades restaurativas. “Fuimos enfáticos en que no estábamos de acuerdo con esas sanciones propias y menos con todos los recursos que les iban a dar a los integrantes de la Farc para aplicar en los famosos TOAR, (…) que en nuestro sentido de restaurativas no tenían absolutamente nada, sino que eran presupuestos que iban a destinar para que los integrantes de la Farc en esos cuatro ejes centrales tuvieran burocracia y tuvieran contratos”, dijo.Según el general en retiro, distintas entidades del Estado han concentrado su acción en los comparecientes y no en las víctimas. “Aquí únicamente todas las entidades están teniendo en cuenta a los victimarios y las víctimas que la Farc ocasionaron no se les ha tenido en cuenta”, advirtió, al tiempo que recordó que el informe de la Contraloría confirma denuncias previas.En la misma línea, Sebastián Velázquez, representante legal de la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc, explicó que el inventario inicial presentado por las Farc “por un monto de un billón de pesos no se concreta” y que, finalmente, “al fondo de reparación para las víctimas solamente llega un oro avaluado aproximadamente en 40.000 millones”.Velázquez detalló que, a partir de investigaciones y expedientes judiciales, identificaron bienes no reportados. “Encontramos un expediente por unos bienes y un testaferrato por 100.000 millones de pesos”, el cual fue solicitado para que se incorporara al Caso 01 de la JEP.Agregó que, con base en informes de inteligencia conocidos como informe Génesis, se realizó una tasación de recursos ocultos que “llegaba a 13.5 billones”.Sin embargo, aseguró que los incidentes de incumplimiento presentados no han sido estudiados de fondo: “La JEP ha sido temeraria con la representación judicial, porque, en vez de investigar, nos ha inadmitido de plano y le ha dicho a la representación judicial que sea muy consciente de qué está radicando en contra”, lo que calificó como “un constreñimiento a la representación judicial”.Finalmente, Velázquez cuestionó que el Estado haya asumido la carga principal de la reparación y advirtió que las sanciones propias hoy están desfinanciadas.“Yo no sé en qué momento eso cambió, porque la prioridad y el responsable no es el Estado (...) Yo creo que ellos no tienen ahorita ni 50.000 millones para para empezar a ejecutar esas dos sentencias”, concluyó.Las víctimas advirtieron que la situación requiere “un revolcón total” al modelo actual de reparación y una revisión del marco legal, que, según señalaron, deberá ser asumida por “un nuevo Gobierno y un nuevo Congreso”.
El delegado de la Conferencia Episcopal para las relaciones Iglesia-Estado, Monseñor Hector Fabio Henao, alertó sobre las afectaciones humanitarias que enfrentan comunidades rurales del Guaviare tras los enfrentamientos por la disputa territorial entre disidencias de alias ‘Calarcá’ y alias ‘Mordisco’ registrados en la vereda Cubay, del municipio de El Retorno, en Guaviare.Según Monseñor, la violencia ha generado un clima de temor que limita la movilidad de la población y agrava la situación de niños, niñas y adolescentes que permanecen sin acceso a la educación.“El año pasado hubo clases solamente el primer semestre. Después, las amenazas a los profesores, y en el segundo semestre no hubo clases. Claro, hubo la propuesta de suplantar esto con actividades virtuales, pero muchos niños en sus casas no tienen acceso”, afirmó el delegado.A esta problemática se suma que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) no ha podido funcionar debido a las restricciones de seguridad.Monseñor, señaló además que una parte de la población rural evita desplazarse: “Hay una franja de población que no se atreve a salir de las veredas, porque tiene temor de pasar por ciertos registros o retenes que se establezcan, y tiene que dar muchas explicaciones, pero, en general, ha quedado una zozobra muy grande”, afirmó.El representante señaló que existía una alta expectativa entre los padres de familia por el posible retorno de las clases, pero “estas circunstancias que se están viviendo en el momento presente, como dijo, dan mucha incertidumbre, no hay una definitiva todavía”.Indicó que, aunque aún no hay decisiones definitivas, es necesario que “desde el Ministerio de Educación hasta las autoridades más territoriales en el municipio del Retorno, se acerquen a la situación y miren cómo serían las alternativas”.Finalmente, Monseñor Henao hizo un llamado a enfocarse “en una población particularmente vulnerable”.
La Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana 001 de 2026 para los municipios de Belén de Umbría, Mistrató y Pueblo Rico, tras identificar un riesgo alto por “graves violaciones de los derechos fundamentales a la vida, integridad y movilidad e infracciones al derecho internacional humanitario”.Según la entidad, el deterioro de la seguridad se debe a las pretensiones de consolidación territorial de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y a la expansión del Ejército Gaitanista de Colombia, conocido como Clan del Golfo.En el caso del ELN, la alerta señala la actuación de su Frente Manuel Hernández 'El Boche' en Mistrató y Pueblo Rico, mientras que el EGC estaría incursionando en los tres municipios a través de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle.La Defensoría explica que la presencia simultánea de estos actores armados ilegales responde al interés por controlar corredores estratégicos que comunican a Risaralda con Chocó, Antioquia, Caldas y Valle del Cauca, zonas clave para el fortalecimiento de sus estructuras y para el dominio de economías ilícitas, especialmente aquellas asociadas a actividades mineras en la región.El informe advierte que esta competencia territorial podría intensificar la violencia en el corto plazo y afectar de manera particular a niñas, niños, adolescentes y jóvenes en riesgo de reclutamiento forzado; a lideresas y líderes sociales; a mujeres; autoridades locales; comunidades campesinas y pueblos étnicos, entre ellos los indígenas Embera Chami y Embera Katío. También se señala un riesgo específico para los firmantes del Acuerdo de Paz que permanecen en estos territorios.La entidad identificó afectaciones en más de 50 veredas, barrios urbanos, resguardos indígenas y consejos comunitarios de los tres municipios. En estas zonas, los grupos armados imponen normas de conducta, profieren amenazas y han provocado desplazamientos forzados y confinamientos.La Defensoría también alertó sobre el incremento de homicidios. En 2023 se registraron 15 homicidios y en 2024 otros 14 en Belén de Umbría, Mistrató y Pueblo Rico, mientras que en 2025 la cifra ascendió a 39 casos, lo que representa un incremento del 34,48 % frente al total de los dos años anteriores.Ante este panorama, la Defensoría hizo un llamado urgente para que las autoridades del orden nacional, departamental y municipal implementen los deberes de reacción rapida bajo la perspectiva de derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla emitió sentencia condenatoria contra el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómez por su responsabilidad en 117 hechos delictivos cometidos contra la población indígena wayúu y otras comunidades del departamento de La Guajira.De acuerdo con la decisión judicial, los crímenes fueron ejecutados entre los años 2002 y 2006 por integrantes del autodenominado Frente Contrainsurgencia Wayúu, una estructura armada adscrita al Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que actuó siguiendo los lineamientos definidos por sus máximos cabecillas, entre ellos Mancuso. Durante ese periodo, el grupo ilegal perpetró homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, hechos de violencia basada en género y otras graves conductas ilícitas contra la población civil.La sentencia atribuyó de manera específica la incursión armada a la ranchería Manaki, ubicada en el municipio de Uribia, ocurrida el 10 de octubre de 2003. En ese hecho, varios indígenas wayúu fueron golpeados y sometidos a maltratos durante aproximadamente cuatro horas. Además, los hombres armados destruyeron y se apropiaron de bienes simbólicos de la cultura wayúu, como chinchorros, mochilas, sombreros y mantas bordadas, elementos que constituían el sustento económico y cultural de las familias afectadas.Asimismo, el tribunal estableció la responsabilidad del Frente Contrainsurgencia Wayúu en el homicidio de dos indígenas ocurrido el 17 de marzo de 2002 en la ranchería Kepischon, también en jurisdicción de Uribia. Estos hechos, junto con otros documentados en el proceso, evidenciaron un patrón de violencia sistemática contra comunidades indígenas en distintas zonas del departamento.Según lo probado en el proceso, el Frente Contrainsurgencia Wayúu fue creado en marzo de 2002 y, en sus inicios, contó con aproximadamente 150 integrantes. Esta estructura permitió a las AUC ampliar su presencia y accionar armado hacia sectores de La Guajira y la Sierra Nevada de Santa Marta, con el objetivo de consolidar el control territorial.En su decisión, la Sala de Justicia y Paz reconoció como sujetos de reparación colectiva a las comunidades indígenas wayúu asentadas en las regiones de Carraipia, Majayura y Malaki, en el municipio de Uribia, así como a la comunidad de Matitas, en Riohacha. El tribunal concluyó que estas poblaciones fueron afectadas de manera directa y reiterada por el accionar del grupo paramilitar.Por estos hechos, Salvatore Mancuso Gómez fue condenado a una pena de 40 años de prisión, al pago de una multa equivalente a 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y a la inhabilidad para ejercer cargos públicos por el mismo periodo. No obstante, en aplicación de los beneficios previstos en la Ley 975 de 2005, conocida como Ley de Justicia y Paz, la sentencia contempla una pena alternativa de ocho años de prisión, condicionada al cumplimiento de las obligaciones de verdad, reparación y no repetición establecidas en el fallo.
El cabecilla de la guerrilla del ELN, alias 'Antonio García', aseguró a la agencia a AFP que respalda la propuesta de unificar a las guerrillas del país para combatir a Estados Unidos, luego de amenazas de ataques terrestres de Donald Trump contra narcotraficantes.Si se trata de una iniciativa "para defender la Patria contra el agresor extranjero", "nos encontraremos en la lucha", dijo García en un intercambio de correspondencia electrónica con la AFP.La semana pasada el criminal más buscado de Colombia, Néstor Gregorio Vera, alias 'Iván Mordisco', propuso la unión con ELN tras el ataque de EE.UU. en Venezuela en el que fue capturado el presidente Nicolás Maduro."Los convocamos, con necesidad imperiosa, a una cumbre de comandantes insurgentes de Colombia y toda nuestra América. Basta de intervenciones militares (...) de dominación cultural, que cese toda forma de agresión imperialista", expresó Iván Mordisco en un video publicado en redes sociales.El jefe del EMC, por el que el Gobierno colombiano ofrece una recompensa de 5.000 millones de pesos (unos 1,3 millones de dólares), invitó a la cumbre a los comandantes de la Segunda Marquetalia y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), que son otras dos disidencias, y al ELN, que opera principalmente en la frontera colombo-venezolana."Ante ustedes dejamos esta propuesta, no somos fuerzas dispersas, somos herederos de una misma causa (...) Forjemos el gran bloque insurgente que hará retroceder a los enemigos de la patria grande", expresó el jefe del EMC.En ese sentido, resaltó que aunque "existen diferencias heredadas del pasado", hoy enfrentan "al mismo enemigo, la sombra del águila intervencionista se cierne sobre todos por igual"."Los convocamos a dejar a un lado estas diferencias, ya habrá momento para sentarnos en camaradería para discutir estos desencuentros", manifestó y agregó: "El destino nos grita que es hora de juntarnos (...) en la trinchera común".Las disidencias de las FARC y el ELN tienen violentas disputas por el control territorial y el negocio de la coca en varias partes de Colombia, especialmente en la región del Catatumbo y el departamento de Arauca, ambos en zonas fronterizas con Venezuela.Tras la captura de Maduro el sábado pasado, el ELN saludó el llamado de autoridades venezolanas, como el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, a resistir tras el ataque de Estados Unidos."Saludamos los llamados de las autoridades venezolanas a resistir ante esta brutal intervención militar y a seguir defendiendo el legado de (el expresidente) Hugo Chávez", afirmó el Comando Central, máxima autoridad de mando de la guerrilla, en un comunicado publicado el domingo.Colombia y Venezuela comparten una frontera terrestre de 2.219 kilómetros que se extiende desde el Caribe hasta la Amazonía y que en su mayor parte son territorios despoblados.El ELN, incluido por Estados Unidos en su lista de organizaciones terroristas extranjeras y a la que el propio presidente colombiano, Gustavo Petro, acusa de haberse convertido en una banda narcotraficante, es el grupo armado con mayor poder en la frontera y por ende tiene una fuerte presencia en Venezuela.