Entre 2016 y 2026, cerca de 700.000 personas han sido afectadas por el confinamiento en Colombia desde la firma del acuerdo de paz del Gobierno nacional con la extinta guerrilla de las Farc.“Entre enero del 2025 y marzo del 2026, a fecha de hoy, la misma situación ha afectado a 170.000 personas. Si hacemos un cálculo sencillo nos dan unas cifras bien preocupantes que vienen a ser 380 personas diariamente a lo largo del país”, aseguró Boris Aristin, gerente del consorcio Miremas.De acuerdo con el Consejo Noruego para Refugiados, Acción Contra el Hambre y Médicos por el Mundo, estas personas enfrentan restricciones a la movilidad, limitaciones en el acceso a alimentos, salud y educación, y condiciones que vulneran su dignidad.“La situación de confinamiento está bastante extendida a lo largo del país”, explicó el gerente de Miremas, quien detalló que los departamentos más afectados son Chocó, Cauca, Valle del Cauca, Bolívar y Norte de Santander, territorios donde la presencia de grupos armados ilegales mantiene bajo presión a las comunidades.Agregó además que el confinamiento, a diferencia del desplazamiento forzado, es menos visible, pero igual de grave. “Es más complicado que definir que cuando hay un ataque directo o cuando hay un desplazamiento, simplemente porque es menos visible. Pero esto no significa que no tenga el mismo impacto hacia la población que se está viendo afectada. Es parte del conflicto armado en Colombia que tenemos que tomar en su justa medida y como una prioridad dentro de la respuesta”, advirtió.Frente a este escenario, aseguran que las organizaciones humanitarias enfrentan importantes desafíos. El principal, según Ignacio García, coordinador de Mecanismos de Respuesta en Emergencias en Acción contra el Hambre, es el acceso a las zonas afectadas.“Muchas comunidades pues tienen dificultades para salir de esos territorios y por lo tanto también para ingresar distintos tipos de ayuda a sus comunidades”, señaló.A esto se suman complejidades logísticas y de seguridad, especialmente en contextos donde operan múltiples actores armados. “El acceso y todo el proceso logístico para ingresar las ayudas siempre es muy complejo”, agregó García.Pese a las dificultades, el consorcio Miremas, integrado por el Consejo Noruego para los Refugiados, Acción contra el Hambre y Médicos del Mundo, asegura que su labor se centra en llegar a los territorios más aislados.“Llegamos donde otros actores no llegan”, afirmó Aristin. Allí brindan atención integral que incluye salud, asistencia legal, agua y saneamiento, seguridad alimentaria y educación.Sin embargo, advierten que la respuesta humanitaria no es suficiente, insisten en que se requiere una acción más amplia y sostenida por parte del Gobierno.Aristin enfatizó en que el confinamiento debe ser tratado como una prioridad, al tiempo que recordó no caer en el olvido.En medio de este panorama, el consorcio presentó en Bogotá una exposición que retrata la vida cotidiana de las comunidades confinadas. Una muestra que, según las organizaciones, busca acercar a la ciudadanía a una realidad que, aunque muchas veces invisible, sigue afectando a miles de personas en el país.La exposición estará abierta al público entre las 8:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde en la Universidad EAN hasta el 27 de marzo.
La Defensoría del Pueblo alertó sobre una escalada de violencia en el corregimiento San José de los Chorros, en Rionegro, Santander, tras la presencia de grupos armados ilegales en disputa, que ya deja al menos dos personas asesinadas, denuncias de tortura, amenazas contra la población civil y restricciones a la movilidad.De acuerdo con la entidad, los hechos se registraron el pasado 22 de marzo y estarían relacionados con la presencia armada de integrantes de ‘Los Pachenca’, en medio de su confrontación con el Clan del Golfo en esta zona del departamento.Según los reportes recibidos por la Defensoría, presuntos integrantes del ACSN grupo retuvieron, torturaron y posteriormente asesinaron a un hombre, a quien señalaron de pertenecer al Clan del Golfo. Horas después, se conoció un segundo homicidio en el mismo territorio.La Defensoría advirtió que, en medio de esta disputa, la población civil ha sido víctima de amenazas, estigmatización y señalamientos, al ser acusada de permitir el tránsito de integrantes del Clan del Golfo.“De manera paralela, se conocieron presuntas intimidaciones por parte de integrantes del ACSN, que manifestaron su intención de confrontar violentamente al Clan del Golfo, incluso en medio de la población civil, advirtiendo posibles acciones de carácter masivo contra personas señaladas de colaborar con el grupo contrario”.A esto se suman restricciones a la movilidad y presuntos casos de privación de la libertad, incluyendo afectaciones a líderes sociales.La entidad recordó que ya había advertido sobre estos riesgos mediante la Alerta Temprana 016 de 2025, por lo que instó a las autoridades locales, departamentales y nacionales a adoptar medidas urgentes para proteger a la población.Finalmente, hizo un llamado a los grupos armados ilegales a cesar las acciones de violencia e intimidación, y a las autoridades a avanzar en las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.
La reunión entre el Gobierno nacional, la Defensoría del Pueblo y las misiones de la ONU y la OEA concluyó sin anuncios concretos, luego de que las disidencias de las FARC advirtieran que no permitirán su ingreso a los territorios donde operan. El viceministro de Diálogo Social informó que este viernes se realizará un segundo encuentro, así como un consejo de seguridad encabezado por el presidente Gustavo PetroA la reunión asistieron delegados del ministerio de Defensa, de la oficina del comisionado de paz, la defensora del Pueblo, Iris Marín, que se conectó de forma virtual, y representantes de las misiones de la OEA y la ONU en colombia. El viceministro de diálogo social del Ministerio del Interior, Gabriel Rondón, lideró este encuentro y al término, entregó declaraciones a medios.“Hay que entender que son instituciones neutrales e imparciales y tener un policía o un soldado al lado rompe la dinámica propia. Haremos lo propio dentro de nuestras capacidades, estuvimos con el Ministerio de Defensa, tendremos un Consejo de Seguridad muy rápido para tomar medidas, pero ante todo es decirle a la comunidad que el Gobierno Nacional está en capacidad de garantizar el desarrollo de las acciones de estas instituciones en todo el país. Todas estas instituciones entrarán a su propia evaluación y el día de mañana a las 2 de la tarde tendremos otra reunión para evaluar las acciones que hemos tomado de manera inmediata”, dijo.Cabe mencionar que, a través de un comunicado, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA señaló que los anuncios que buscan limitar el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, la Misión de Verificación de Naciones Unidas y la propia MAPP/OEA afectan directamente su labor en las regiones más impactadas por el conflicto armado."A la vez desmiente categóricamente los señalamientos sobre falta de imparcialidad y la supuesta filtración de información para favorecer acciones militares, a través de su labor", se lee en el documento.El viceministro también insistió en que el Gobierno se mantiene en la postura de buscar el diálogo con estos grupos al margen de la ley, pero pidió que no haya amenazas. “Los invitamos a que esa energía y tiempo que gastan haciendo un panfleto para amenazar, nos pongamos a hacer un acuerdo que lleve a la paz. Seguimos con las puertas al diálogo pero no vamos a detener las operaciones. Ni la OEA, ni la ONU, ni la Defensoria ni ninguna misión le colabora a la Fuerza Pública para los operativos, nada tiene que ver”, concluyó.
A través de un comunicado, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA rechazó y señaló que los anuncios que buscan limitar el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, la Misión de Verificación de Naciones Unidas y la propia MAPP/OEA afectan directamente su labor en las regiones más impactadas por el conflicto armado.“A la vez, desmiente categóricamente los señalamientos sobre falta de imparcialidad y la supuesta filtración de información para favorecer acciones militares, a través de su labor”.En el documento, la Misión advirtió que las limitaciones a la acción humanitaria no solo son contrarias al Derecho Internacional Humanitario, sino que impactan principalmente a las comunidades más apartadas del país.“Las limitaciones que se pretenden imponer, además de ser contrarias al Derecho Internacional Humanitario, afectan principalmente a la población de las regiones más apartadas, para quienes la presencia y permanencia de organismos nacionales e internacionales resulta fundamental para la protección de todos sus derechos”, aseguraron.Pese a las restricciones anunciadas por el grupo armado, la MAPP/OEA reiteró que continuará haciendo presencia en los territorios.“En apego a su mandato y fiel a sus principios institucionales, la MAPP/OEA continuará haciendo presencia en los territorios donde la población requiera de su acompañamiento, y apoyando los esfuerzos de construcción de paz en Colombia”.Finalmente, hizo un llamado a los actores armados a no interferir en la labor de los organismos humanitarios y de derechos humanos en el país.
El presidente Gustavo Petro respondió a los cuestionamientos surgidos en el Congreso tras el accidente de un avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana ocurrido en Puerto Leguízamo. El hecho, registrado en la mañana del 23 de marzo durante la fase de despegue, dejó múltiples personas afectadas y desencadenó un debate sobre el estado de la aviación militar en el país.La aeronave, que transportaba personal uniformado, presentó una falla pocos segundos después de elevarse, según reportes preliminares. Equipos de emergencia fueron desplegados de inmediato en la zona, mientras los heridos comenzaron a ser trasladados a centros médicos locales y posteriormente a ciudades como Bogotá. Las autoridades continúan investigando las causas del siniestro.En paralelo, desde el Congreso se elevaron críticas relacionadas con la frecuencia de incidentes similares en los últimos años. La representante Juana Carolina Londoño advirtió que el accidente no sería un caso aislado, al señalar que en cerca de 43 meses se han registrado al menos 12 eventos con aeronaves militares. Según indicó, estos antecedentes ya habían sido expuestos en debates previos sobre seguridad aérea.Por su parte, la senadora María Fernanda Cabal solicitó que la investigación cuente con estándares rigurosos y propuso la participación de organismos internacionales especializados para garantizar transparencia. En la misma línea, el senador Carlos Fernando Motoa planteó preocupaciones sobre la disponibilidad de la flota, señalando que una parte significativa de las aeronaves estaría fuera de operación por mantenimiento o desgaste.En este contexto, el presidente Petro utilizó su cuenta en X para responder directamente a las críticas y trasladar el foco del debate hacia la financiación estatal. En su publicación, el mandatario cuestionó el papel del Congreso y de otras instituciones, al afirmar: “¿Que está pasando con un congreso y una corte que no fueron capaces de financiar al estado? por no cobrarle impuestos a los ricos y por dañar el gobierno progresista con el que no convenían y que explícitamente les pidió los recursos para mantener la defensa del país? Ningún país se defiende con regalos y limosnas”.En el mismo mensaje, el jefe de Estado también expresó su inconformidad con sectores que, según indicó, no respaldaron las solicitudes presupuestales del Ejecutivo. “Asalariados de los tacaños vampiros ahora se hacen los Poncio Pilatos. Le pedí al pueblo colombiano que no votaran por los compradores de votos que no son sino mercanchifles y vampiros, haciendo ganancia con la muerte de la juventud”, escribió.Asimismo, Petro anunció decisiones relacionadas con el fortalecimiento de las capacidades militares. “Firmaré el decreto, que no han querido que firme, desde hace unos años, el decreto de compra de armamentos de las fuerzas militares de Colombia para la modernización del ejército de la defensa de la vida de las y los colombianos”, señaló en su publicación.El mandatario también hizo referencia a la necesidad de autonomía en materia de defensa. “Acepto ayudas militares pero fundamentalmente la ayuda es hacer nuestras propias armas para defendernos de lo que nos amenace”, afirmó, insistiendo en la importancia de fortalecer las capacidades internas del país.Las declaraciones del presidente se producen en medio de un debate que combina aspectos técnicos, operativos y políticos, mientras continúan las investigaciones sobre el accidente ocurrido en Putumayo y el seguimiento a la situación de los heridos.
El despliegue tecnológico en los cielos de Oriente Medio ha dado un giro radical con la aparición en escena de herramientas de aviación no tripulada que parecen sacadas de una película de ingeniería avanzada. Recientemente, se ha difundido material audiovisual que pone el foco sobre el lanzamiento de una flotilla de drones de última generación, los cuales han sido protagonistas en acciones dirigidas hacia puntos estratégicos, específicamente en las inmediaciones del aeropuerto Ben Gurión, la principal terminal aérea de Israel.Estamos hablando de piezas de alta tecnología diseñadas para cubrir distancias que desafían la logística convencional. Uno de los nombres que más resuena en estos reportes es el del Arash 2.Este dron no solo destaca por su diseño aerodinámico, sino por una capacidad operativa impresionante: posee un alcance de 2.000 kilómetros. Para ponerlo en perspectiva, esa distancia permite que el equipo sea lanzado desde puntos muy remotos y aun así logre alcanzar objetivos precisos, como ocurrió con una instalación vinculada a la industria aeronáutica situada justo al lado del aeropuerto Ben Gurión.Las imágenes captadas por la Guardia Revolucionaria muestran el momento exacto en que decenas de estos aparatos son enviados al aire, creando una estampa que subraya la magnitud del arsenal disponible. Lo que hemos visto hasta ahora, según fuentes locales, es apenas la punta del iceberg de un inventario mucho más vasto. La operación no se limitó a un par de unidades aisladas, sino que se describió como una auténtica lluvia de proyectiles y dispositivos que cruzaron el firmamento. Este evento no ocurrió en el vacío, ya que se enmarca en una serie de intercambios de fuerza donde también se ha mencionado el uso de misiles capaces de evadir sistemas de defensa tradicionales como los Patriot.La sofisticación de estos ataques sugiere que la tecnología de drones ha alcanzado un nivel de madurez donde la detección y la intercepción se vuelven retos constantes para cualquier sistema de seguridad.El panorama se vuelve aún más complejo cuando observamos las reacciones en otros puntos del mapa. Mientras estos drones surcaban el aire, se reportaban acciones contra complejos estratégicos, incluyendo centros de energía nuclear en territorio iraní por parte de fuerzas combinadas de Estados Unidos e Israel, a lo cual Teherán respondió alcanzando ciudades con centros nucleares importantes.La escala de estas operaciones ha llevado a que se hable de ataques de gran envergadura contra la capital iraní, Teherán, marcando un ritmo de eventos que no da respiro a los analistas internacionales.Incluso dentro de las esferas militares de las potencias involucradas, como en el caso de Estados Unidos, existe un debate interno sobre las estrategias a seguir. Algunos efectivos han manifestado sus dudas respecto a las tácticas implementadas en esta región, lo que añade una capa de incertidumbre sobre cómo evolucionará la situación en los próximos días.Lo cierto es que el Arash 2 y sus contrapartes han demostrado que la distancia ya no es un impedimento para la proyección de fuerza. Con un alcance tan extendido, estos drones de última generación se posicionan como el elemento central de una nueva era tecnológica donde la precisión y el largo alcance definen quién tiene la ventaja en el aire
“Negra, papito Dios me quiso dar una segunda oportunidad de vida y estoy vivo de milagro”, fueron las primeras palabras que le dijo el soldado profesional Jhony Ortiz a su esposa, Natalia Micanquer, minutos después de que el avión en el que se transportaba se accidentó en la zona rural del municipio de Puerto Leguízamo, en Putumayo.En diálogo exclusivo con Blu Radio, la señora Micanquer aseguró que su esposo se encuentra estable. “Simplemente me ha dicho que él se encuentra bien, pero no me ha dicho más. El estado no es de gravedad, pero fue trasladado al Hospital Militar Central de Bogotá”, comentó.Relató que su esposo la llamó desde Puerto Leguízamo hacia las 6:00 de la mañana para decirle que salía de permiso y que viajaría hacia Ricaurte, donde viven. “Como a las seis o siete de la mañana se volvió a comunicar y me dijo que ya había llegado el avión Hércules y que llegaría a Bogotá sobre las ocho o nueve de la mañana”, recordó.En medio del llanto, Natalia relató que su esposo le dijo: “Bueno, me voy a subir al avión”. Minutos después, recibió la noticia del accidente. “En ese momento de desespero no sabía nada de él, ni cómo estaba”, expresó.Según contó, desde el batallón le informaron inicialmente que la aeronave se había accidentado, pero no tenía detalles sobre su estado. “Pasó más de media hora hasta que él me llamó y me dijo: ‘El avión en el que íbamos se estrelló. Estoy golpeado de la cabeza’”, relató.El soldado le contó que tiene varios puntos en la cabeza y una fractura en el brazo, motivo por el cual fue trasladado a Bogotá. “No sé qué tan grave sea la fractura, pero me dijo que está estable”, añadió.En su testimonio, Ortiz describió los momentos de angustia dentro de la aeronave: “Solo recuerdo muchos gritos. Vi un hueco por donde logré salirme, pero tenía la pierna atrapada porque llevábamos mucho equipaje. Había soldados encima mío, me pisoteaban. Con todas las fuerzas que me dio papito Dios logré salir”.Agregó que, aunque ya tenía el brazo fracturado, logró arrastrarse hasta salir. “Le pedí mucho a Dios y logré salir por un hueco. Tenía la pierna atascada, pero con la fuerza que me dio papá Dios logré salir. Estoy bien, solo tengo fracturas en el brazo y varios puntos en la cabeza”, le dijo a su esposa.Natalia también contó que horas antes del accidente sintió una especie de presentimiento. “Mi bebé se levantó a las cinco de la mañana y no podía dormir. Yo sentía una fatiga extraña. Mi bebé tiene apenas tres meses”, dijo.Finalmente, relató que su esposo le aseguró que sobrevivir fue un milagro: “Me dijo que fue un milagro de Dios, porque cuando él logró salir, el avión explotó. Dice que había mucha bulla y que al instante en que salió fue cuando explotó la aeronave. Había muchos muertos. Por eso dice que Dios le dio otra oportunidad de vida”.Hasta el momento, la comunicación con el soldado ha sido limitada debido a su traslado y atención médica en el Hospital Militar Central de Bogotá. “Solo me ha dicho: ‘Negra, estoy bien. Papá Dios es muy grande y me dio otra oportunidad de vida’”, concluyó.
La Cinemateca de Bogotá anunció la apertura de las convocatorias audiovisuales para 2026, como parte del Programa Distrital de Estímulos (PDE), una estrategia institucional orientada a fortalecer el desarrollo del sector en la capital colombiana. La iniciativa, liderada por el Instituto Distrital de las Artes - Idartes, contempla actualmente 13 concursos activos que integran un total de 15 incentivos dirigidos a creadores, colectivos y organizaciones.El programa busca respaldar diferentes fases del proceso audiovisual, incluyendo la creación, investigación, producción, circulación y formación. Esta estructura permite que proyectos en diversas etapas encuentren opciones de financiación y acompañamiento, desde ideas iniciales hasta obras listas para exhibición.De acuerdo con la información entregada por la entidad, las convocatorias incluyen apoyos específicos para cortometrajes de ficción, documental, animación y propuestas de narrativa de no ficción. Asimismo, se han habilitado espacios experimentales enfocados en el desarrollo de lenguajes innovadores dentro del ámbito audiovisual, lo que amplía el espectro de participación para distintos perfiles creativos.Uno de los aspectos destacados del PDE 2026 es su enfoque en la diversidad de trayectorias. Las convocatorias están diseñadas tanto para realizadores con experiencia como para nuevos participantes que buscan ingresar al sector. En ese sentido, existen estímulos que requieren únicamente una idea en etapa inicial, mientras que otros exigen proyectos más avanzados con guiones estructurados y propuestas técnicas definidas.Camila Muñoz, líder de fomento de la Cinemateca, explicó que la intención es facilitar el acceso a estos recursos y motivar la participación de un mayor número de interesados. Según detalló, cada convocatoria cuenta con requisitos específicos que deben ser revisados cuidadosamente por los postulantes para asegurar el cumplimiento de las condiciones establecidas.Además del componente económico, el programa incorpora herramientas de acompañamiento técnico que buscan mejorar la calidad de las postulaciones. Entre estas se encuentran los consultorios virtuales, espacios diseñados para orientar a los participantes en la formulación de sus proyectos y en el proceso de inscripción. Estas sesiones, que se desarrollarán de forma semanal, permiten resolver inquietudes y ofrecer asesoría personalizada.La estrategia también incluye acciones dirigidas a la circulación de contenidos. En este frente, se destacan las becas de curaduría, orientadas a facilitar la exhibición de las obras en distintos escenarios de la ciudad. Este componente busca generar conexiones entre los realizadores y el público, promoviendo el acceso a producciones locales en diversos espacios culturales.Según la Cinemateca, en los últimos años se ha registrado un incremento en la participación de iniciativas relacionadas con el cine comunitario y los contenidos dirigidos a audiencias infantiles. Estas tendencias reflejan una ampliación en los enfoques narrativos y una mayor diversidad en las propuestas que integran el panorama audiovisual de Bogotá.El PDE 2026 se consolida así como una de las principales plataformas de estímulo para el sector en la ciudad, al articular recursos económicos, acompañamiento técnico y oportunidades de circulación. Con esta nueva edición, Idartes mantiene su apuesta por fortalecer las capacidades creativas y productivas del ecosistema audiovisual, en línea con las dinámicas culturales contemporáneas.Las inscripciones para las convocatorias ya se encuentran abiertas, y los interesados pueden consultar los detalles a través de los canales oficiales de la Cinemateca de Bogotá.
Un trágico accidente aéreo ocurrido este lunes 23 de marzo enlutó al país, luego de que un avión tipo Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) se precipitara a tierra en el departamento del Putumayo.La aeronave, identificada como FAC 1016, transportaba a 125 personas y había despegado desde el municipio de Puerto Leguízamo con destino a Puerto Asís. Sin embargo, hacia las 9:50 de la mañana, por causas que aún son materia de investigación, el avión cayó a tierra y posteriormente se incendió.En medio de la emergencia, las autoridades confirmaron un balance preliminar de 66 personas fallecidas: seis tripulantes de la FAC, 58 militares del Ejército Nacional y dos miembros de la Policía.Se conocieron las primeras identidades de los seis tripulantes de la Fuerza Aeroespacial Colombiana que perdieron la vida en cumplimiento de su deber:Teniente coronel Juan Pablo Amador PinillaMayor Jaime Alexander Fernández CamargoMayor Natalia Rojas VelandiaSubteniente Julián David González HerreraTécnico primero Javier Fernando Méndez TorresTécnico segundo Jhonathan Stid Pinzón ReyesA esta lista se suman dos miembros de la Policía Nacional que también fallecieron en el siniestro, cuyas identidades fueron confirmadas a través de una pieza conmemorativa:Subintendente Ariel Leonardo Villota Guevara (1989–2026)Patrullero Carlos Elías de la Cruz Gutiérrez (2001–2026)A través de un comunicado oficial, la Fuerza Aeroespacial Colombiana lamentó profundamente lo ocurrido. “La Fuerza Aeroespacial Colombiana se permite informar, con profundo pesar, que como consecuencia del trágico accidente ocurrido hoy en Puerto Leguízamo, Putumayo, seis tripulantes perdieron la vida en cumplimiento del deber. Extendemos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y elevamos una oración al Todopoderoso, pidiendo fortaleza y consuelo en estos difíciles momentos”, aseguró la FAC.Según información de la institución, en la aeronave viajaban militares del Ejército, tripulantes de la Fuerza Aérea y miembros de la Policía Nacional. El siniestro se registró poco después del despegue en esta zona.
El presbítero Jorge Ernesto Zapata Ochoa, vicario general de la diócesis de Istmina-Tadó, en Chocó, advirtió que la situación en terreno es crítica y que ya hay comunidades directamente afectadas.“La comunidad de Santa Rosa ha tenido que desplazarse; se han dirigido hacia la comunidad de Puerto Meluk. Tenemos otras que, por el tema del confinamiento, se han visto afectadas en temas de alimentación y en temas laborales”, explicó.El sacerdote detalló que ya se registran desplazamientos y confinamientos en varias zonas. “De la comunidad desplazada tenemos 24 familias, son unas 120 personas, pero si pensamos en los que están confinados, llegamos a tener un gran número, casi unas 400 o 500 personas de distintos sectores que no se pueden movilizar”, señaló.Además, describió las dificultades del territorio, que agravan la emergencia. “Son regiones en las que no tenemos movilidad carreteable, sino que todo es fluvial; se utilizan solamente los ríos. Los caminos en el sendero por la selva son escasos, no se pueden utilizar. Todo lo que se consume, los alimentos en su mayoría vienen de afuera, vienen de la capital, vienen de Pizarro, de Buenaventura, y entonces obviamente no tienen acceso”, indicó.A esto se suma la falta de reservas en las comunidades. “No hay reservas alimenticias en las despensas; esto significa que, si no se puede ingresar a los campos para ir a buscar su comida, pues todo se va quedando. Entonces, la situación alimenticia, la situación en salud, la atención de los niños y de los mayores se vuelve cada vez más compleja”, advirtió.Asegura además que, en educación, la afectación es inmediata. “Ni los profesores pueden tener acceso ni tampoco tenemos una red de internet que nos permita que los chicos puedan tener seguimiento escolar vía virtual. Entonces, les ha tocado esperar en sus casas y esto se agrava porque se van aproximando también los días de Semana Santa”, explicó.Alertó que incluso la Iglesia enfrenta limitaciones para acompañar a las comunidades. “También estamos sufriendo las restricciones, no podemos movilizarnos y, por lo tanto, lo que vamos haciendo desde fuera es ir realizando los balances, porque nos tocaría generar unos puentes a alto nivel para ver qué podemos lograr, algún corredor humanitario”, señaló.Finalmente, hizo un llamado al grupo armado ilegal a frenar la violencia y priorizar a la población civil. “Cualquier tensión bélica no trae buenos resultados, siempre empeora las situaciones. Por eso, el llamado que hacemos desde la Iglesia colombiana es que pedimos a los actores armados que mitiguen esos conflictos, que cesen esas confrontaciones, porque vamos a tener una mayor afectación de carácter no solamente físico, de movilidad, de alimentación, sino también de carácter psicológico, que no nos va a permitir tener unas relaciones fraternas en las comunidades”, concluyó.
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, el paro armado indefinido anunciado por el ELN ha generado graves afectaciones a la población civil, que enfrenta restricciones en su movilidad y en el acceso a bienes básicos.“En particular, afecta a 16 comunidades afrocolombianas, equivalentes a 530 familias (1.933 personas), y a nueve comunidades indígenas pertenecientes a los pueblos Unión Pitalito, Puerto Piña, Puerto Chinchillano, Bajo Grande, Santa Rosa, Playa Linda, Puerto Gálvez, Bella Vista y Puerto Ismarek, integradas por 886 familias (4.114 personas)”, aseguró la Defensoría.La entidad alerta que las comunidades no pueden movilizarse por los ríos, que son su principal vía de transporte, lo que ha limitado el abastecimiento de alimentos y ha impedido el desarrollo de jornadas de atención en salud en los territorios.Además, aseguran que niñas, niños y jóvenes han visto interrumpida su asistencia a clases, en medio de un contexto que agrava las condiciones de vulnerabilidad en la zona.La Defensoría también advirtió que las misiones humanitarias enfrentan dificultades para ingresar a las áreas afectadas. “Las misiones humanitarias enfrentan restricciones para desplazarse hacia las zonas donde hay condiciones de confinamiento”, señaló la entidad.“La Defensoría del Pueblo hace un llamado urgente a las autoridades competentes y a los organismos de seguridad para que adopten medidas inmediatas, coordinadas y con enfoque diferencial que permitan proteger de manera efectiva a las poblaciones del Bajo Baudó y de los territorios aledaños”.Finalmente, la Defensoría instó al grupo armado ilegal a “cesar de manera inmediata el paro armado y a respetar estrictamente las normas del DIH, en particular el principio de distinción y la obligación de garantizar la protección de la población civil. Ninguna acción en el marco del conflicto armado puede poner en riesgo la vida, la dignidad y los derechos de las comunidades”.
La Iglesia católica alertó sobre la situación que atraviesan las comunidades en la frontera entre Colombia y Ecuador, al advertir un deterioro creciente en las condiciones sociales, económicas, políticas y ambientales en esta región.A través de un comunicado conjunto, los obispos de las diócesis de Ipiales, monseñor José Saúl Grisales, y de Tulcán, monseñor Carlos Washington Yépez, expresaron su “profunda preocupación” frente a las dificultades que afectan a las poblaciones fronterizas, donde, según señalaron, se ha configurado un escenario cada vez más complejo.De acuerdo con el pronunciamiento, la crisis está marcada por la expansión de economías ilícitas como el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando, así como por otras manifestaciones de inseguridad que impactan directamente la convivencia social y el medio ambiente.“Diversos factores han contribuido a esta situación, entre ellos la presencia de economías ilícitas como narcotráfico, minería ilegal, contrabando y otras manifestaciones de inseguridad que afectan la convivencia social, el cuidado del ambiente y la tranquilidad de nuestras comunidades”, advirtieron.A esta problemática se suman las tensiones comerciales entre ambos países, que han reducido de manera significativa el flujo de mercancías y el tránsito de carga por el puente internacional de Rumichaca, principal conexión terrestre entre Colombia y Ecuador.“El flujo comercial y el tránsito de carga en el paso del puente internacional de Rumichaka, principal conexión terrestre entre ambos países, se ha reducido de manera significativa, afectando a comerciantes, transportistas y trabajadores que dependen de esta actividad para el sustento de sus familias”, señalaron.Según la Iglesia, esta disminución en la actividad comercial está golpeando directamente a comerciantes, transportadores, cambistas, agricultores y otros trabajadores que dependen de la dinámica fronteriza para el sustento diario de sus familias.“Muchos trabajadores dependen directamente de la dinámica fronteriza, por lo que las dificultades actuales generan inquietud en numerosas familias”, señalaron los obispos.El comunicado también advierte sobre los efectos ambientales de las actividades ilegales, al señalar que estas prácticas “contaminan ríos, degradan ecosistemas y ponen en riesgo la salud y el futuro de quienes habitan estos territorios”.Frente a este panorama, la Iglesia insistió en que no es aceptable que las comunidades más vulnerables continúen expuestas a estas condiciones, y elevó un llamado directo a los gobiernos de Colombia y Ecuador.“Es necesario fortalecer los espacios de diálogo y cooperación que permitan atender las preocupaciones existentes y buscar soluciones que favorezcan el bien común”, señalaron.Finalmente, pidieron adoptar medidas urgentes que mitiguen los impactos sociales y económicos en la región, especialmente en los sectores más vulnerables.“Invitamos a todos los actores sociales, económicos y políticos a mantener la serenidad, fortalecer el respeto mutuo y contribuir a la construcción de caminos de diálogo y entendimiento que permitan superar las dificultades actuales”, concluyeron.
La Defensoría del Pueblo emitió una Alerta Temprana para los municipios de Algeciras y Campoalegre, en Huila, ante el riesgo de una disputa armada entre disidencias de las Farc que buscan consolidar su dominio territorial en la zona.“El escenario de riesgo se define por la convergencia de tres estructuras con pretensiones de dominio: el Frente Iván Díaz (del Bloque Jorge Suárez Briceño, del autodenominado y disidente Estado Mayor de Bloques y Frente, EMBF), que mantenía un control consolidado; la compañía Árlex Vargas (del Bloque Central Isaías Pardo, del autodenominado y disidente Estado Mayor Central, EMC), que ingresó en 2025, y la incursión de la Segunda Marquetalia, que busca retomar el control histórico de la zona”, asegura la Defensoría.La advertencia señala que esta disputa podría desencadenar enfrentamientos armados con graves efectos humanitarios tanto en las cabeceras municipales como en zonas rurales, donde comunidades ya enfrentan restricciones a la movilidad, imposición de normas de comportamiento y el cobro sistemático de extorsiones.Además, la Defensoría alertó sobre la posible repetición de patrones de violencia observados en el norte del Caquetá, como combates abiertos, uso de drones y artefactos explosivos improvisados, lo que incrementa el riesgo para la población civil.Según la Defensoría, la violencia en la zona ya muestra señales de recrudecimiento. “En Algeciras hubo 29 homicidios en 2025, situación que coincide con las tensiones entre facciones disidentes. La entidad, a través de su Sistema de Alertas Tempranas (SAT), ha documentado eventos como el homicidio del vicepresidente de la junta de acción comunal (JAC) de la vereda Santuario, ocurrido en enero del 2026, y ataques con explosivos a establecimientos comerciales y estaciones de servicio”.En este contexto, señalan que los grupos armados estarían ejerciendo una gobernanza ilegal basada en el control social violento, mediante amenazas, citaciones obligadas y la cooptación de liderazgos comunitarios. Comerciantes, transportadores y sectores productivos como el arrocero estarían siendo objeto de extorsión.La Defensoría también advirtió sobre posibles instalaciones de minas antipersonal y el uso de la población civil como escudo en medio de la confrontación.La entidad advirtió que el riesgo es especialmente alto para firmantes del Acuerdo de Paz y sus familias, quienes enfrentan amenazas, estigmatización y presiones para vincularse a los grupos armados. Asimismo, niñas, niños y adolescentes están expuestos a reclutamiento forzado, especialmente en zonas rurales.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó responsabilidad a ocho integrantes del Ejército Nacional por crímenes cometidos contra pueblos étnicos, comunidades campesinas y sus territorios en los municipios de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas, en Nariño, entre los años 2001 y 2012.La Sala de Reconocimiento de Verdad concluyó que las conductas investigadas afectaron principalmente al Pueblo Negro Afrocolombiano, a los pueblos indígenas Awá y Eperara Siapidaara, y a comunidades campesinas de la región. En esta decisión, la Sala llamó a reconocer responsabilidad a ocho comparecientes del Ejército Nacional.Entre ellos se encuentra Luis Felipe Montoya Sánchez, entonces comandante del Grupo de Caballería Mecanizado No. 3 General José María Cabal, quien posteriormente llegó al grado de mayor general y se desempeñó como jefe de Estado Mayor Operacional del Ejército. También fueron imputados José David Vázquez Acevedo, jefe de la Sección de Operaciones; Juan Carlos Dueñas Mejía, comandante de escuadrón; y el capitán Carlos Alfredo Castro Pinzón, quien fue jefe de la Sección de Operaciones y ejecutivo y segundo comandante de esa unidad.A la lista se suman Carlos Alberto Gutiérrez González, jefe de inteligencia del Grupo Cabal; José Gregorio Betancur Rodríguez, coordinador de la red de inteligencia; Alexander Guerrero Castellanos, comandante de pelotón y coordinador de la red de cooperantes; y Adolfo Díaz Masmela, comandante de compañía del Batallón de Contraguerrilla No. 93 “Ramiro Rueda Mendoza”.“La Sala concluyó que los hechos determinados en el Caso 02 configuran crímenes de sistemas cometidos contra sujetos de especial protección constitucional e internacional, como los pueblos y los territorios étnicos y las comunidades campesinas. Estas conductas fueron calificadas como crímenes de lesa humanidad de asesinato, desaparición forzada, exterminio, traslado forzoso de población, tortura y persecución. Asimismo, se configuraron los crímenes de guerra, de homicidio y de tortura”, aseguró Belkis Izquierdo, magistrada relatora del caso 02.Según la investigación, el proceso de contrastación judicial permitió establecer que la forma en que se implementó la política estatal de consolidación territorial en la zona derivó en una militarización intensiva del territorio y de la vida cotidiana de sus habitantes, sin considerar que se trataba de un territorio mayoritariamente étnico ni coordinar con sus autoridades y sistemas de gobierno propio.“Este escenario generó condiciones que facilitaron la comisión de crímenes por parte de integrantes de la Fuerza Pública”, señaló la magistrada Belkis Izquierdo, al explicar que el contexto estuvo marcado por factores como la estigmatización sistemática de pueblos indígenas, comunidades negras y campesinas, la presión por resultados operacionales, la ausencia de enfoque étnico-racial en las políticas estatales, la connivencia con estructuras paramilitares y la relación entre la lucha antidrogas y la estrategia contrainsurgente.A partir del análisis de la información recolectada, la Sala identificó tres patrones macrocriminales. El primero corresponde a la estigmatización y violencia selectiva contra líderes y procesos organizativos étnicos y comunitarios, mediante señalamientos, amenazas, detenciones arbitrarias, torturas y homicidios selectivos. El segundo patrón incluye asesinatos de civiles presentados ilegítimamente como bajas en combate. El tercero se relaciona con el control militar del territorio, que se tradujo en desplazamientos forzados, confinamientos y restricciones a la movilidad, así como en la ocupación de espacios comunitarios y territorios colectivos.“La JEP determinó que en Tumaco, Ricaurte y Barbacoas se ejecutó una política militar en la que el territorio fue tratado como un recurso estratégico para el despliegue de operaciones contra insurgentes y de erradicación de cultivos de uso ilícito, lo que afectó a los derechos territoriales de los pueblos negros afrocolombianos, indígenas y comunidades campesinas de la zona”, aseguró la magistrada relatora del caso 02.Según explicó, “los hechos no se limitaron a la agresión contra personas, sino que se extendieron al territorio, la naturaleza y los lugares sagrados”, afectando de manera directa la vida comunitaria y espiritual de los pueblos étnicos.Con esta decisión, la Sala de Reconocimiento de Verdad da por concluida la etapa de investigación del macrocaso, que ahora avanza hacia las fases de reconocimiento de verdad y responsabilidad, juicio y eventual sanción.Los ocho comparecientes tendrán 30 días hábiles para reconocer o rechazar las responsabilidades atribuidas. Si aceptan los cargos, el proceso seguirá la ruta restaurativa; si los niegan, el caso pasará a la Unidad de Investigación y Acusación, que podría llevarlos a un juicio ante el Tribunal para la Paz.
De acuerdo con el Foro Interétnico de Solidaridad Chocó, las comunidades de Unión Pitalito, Puerto Piña, Puerto Chichiliano, Bajo Grande, Santa Rosa, Playa Linda, Puerto Galve y Playa Bonita permanecen actualmente confinadas por la presencia y las acciones de grupos armados ilegales, entre ellos el ELN y el Clan del Golfo.La organización advirtió que 518 familias, equivalentes a cerca de 2.305 personas, están siendo afectadas por esta situación, que ha generado temor entre la población y ha alterado de manera significativa la vida cotidiana en estos territorios.Según denunciaron las comunidades, el confinamiento dificulta el acceso a alimentos, servicios de salud y educación para niñas, niños y jóvenes, lo que agrava las condiciones humanitarias en la zona.Además, señalaron que la imposibilidad de desplazarse impide que muchas familias puedan realizar sus actividades productivas o trabajar, lo que impacta directamente en sus medios de subsistencia y en las condiciones de vida de la población.Finalmente, las organizaciones y comunidades afectadas advirtieron que existen necesidades humanitarias en el territorio. Entre las principales solicitudes están el envío de asistencia alimentaria, brigadas de salud, presencia institucional que garantice protección para la población civil y atención psicosocial para las familias que permanecen en medio de los enfrentamientos y el confinamiento.
La Defensoría del Pueblo acompañó a autoridades tradicionales arhuacas en una misión humanitaria realizada en inmediaciones de la comunidad Gunmaku, en la Sierra Nevada de Santa Marta, con el objetivo de verificar la situación de derechos humanos de las comunidades afectadas por los combates entre el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.Durante la misión, la entidad constató que la acción de la fuerza pública permitió la evacuación de nueve personas heridas, entre ellas dos menores de edad, que permanecían confinadas en zonas donde se registraban enfrentamientos armados.“En consecuencia, la Defensoría del Pueblo ha solicitado de manera inmediata la convocatoria a una sesión extraordinaria de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), a fin de que permita coordinar las acciones necesarias en materia de protección y atención humanitaria tendientes a garantizar los derechos a la vida, libertad e integridad, así como los derechos civiles y políticos de los habitantes del sector Serankua, parte alta de la Sierra Nevada de Santa Marta y la vereda Palestina, de Aracataca, Magdalena”.En el recorrido también evidenciaron una compleja situación humanitaria. Aseguran que varias comunidades permanecen con dificultades para acceder a agua potable, atención médica, insumos básicos y asistencia humanitaria, por lo que se advirtió la necesidad de reforzar la atención en salud y el suministro de ayuda para la población.Ante este panorama, la Defensoría reiteró su llamado al Clan del Golfo y a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada para que detengan los combates y respeten a la población civil, especialmente a las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta.“Asimismo, solicitamos que, en el marco de los espacios de conversación sociojurídicos existentes, estos grupos armados asuman compromisos expresos con las comunidades indígenas de no dirigir acciones en su contra, no involucrarlas en las confrontaciones y respetar su integridad, su autonomía y su derecho a permanecer en el territorio. Este llamado responde a la legítima preocupación manifestada por las propias comunidades, quienes advierten sobre el riesgo de que se repitan graves infracciones contra la población civil como las registradas con anterioridad en la Sierra Nevada de Santa Marta, entre ellas desplazamientos forzados masivos y confinamientos”.Finalmente, exhortaron a la fuerza pública para que continúe adoptando las medidas necesarias para proteger a la población civil y respetar las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH).
La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia 006 de 2026 ante el grave escenario de riesgo para las comunidades de Ocaña y Ábrego, en Norte de Santander, y Río de Oro y González, en el Cesar, donde se intensifica la confrontación entre grupos armados ilegales, se registran posibles alianzas criminales y avanza la expansión de estructuras que buscan el control territorial y de economías ilícitas.La advertencia se basa en tres dinámicas principales que están agravando la situación de seguridad en esta zona del nororiente del país.La primera está relacionada con la reconfiguración de alianzas entre actores armados ilegales en medio del recrudecimiento de la confrontación entre el ELN y las disidencias del Frente 33, vinculadas al Estado Mayor de Bloques y Frente. Según la Defensoría, existe la posibilidad de una alianza entre el Frente 33 y la estructura criminal conocida como ‘Los Pelusos’.La segunda corresponde a la expansión de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada hacia el sur del Cesar y su avance hacia municipios como Ocaña y Río de Oro, además de posibles confrontaciones con el ELN. Este movimiento estaría orientado a disputar el control de corredores estratégicos de movilidad, como la Ruta del Sol, y de economías ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal.El tercer factor identificado es la posible urbanización de la violencia, con enfrentamientos entre las ACSN y el Clan del Golfo en zonas entre Ocaña y Río de Oro, particularmente en el corregimiento Agua de la Virgen.La Defensoría advirtió que estas disputas territoriales han derivado en un mayor control armado sobre la población, con la instalación de retenes ilegales en vías secundarias, requisas, restricciones a la movilidad y la imposición de normas de conducta por parte de los grupos armados.El organismo también documentó el uso de drones cargados con explosivos en sectores rurales como Cerro de las Flores y Quebrada La Esperanza, en Ocaña. Asimismo, se han reportado artefactos explosivos en vías nacionales que conectan a Ocaña con Ábrego y Cúcuta, y el uso de vehículos cargados con explosivos, como el atentado registrado contra el Batallón de Infantería número 15 en ese municipio.La Defensoría señala que durante 2025, “Ocaña registró un incremento significativo de homicidios en un contexto donde Norte de Santander cerró el año con 774 muertes violentas. El impacto masivo se evidencia también en el desplazamiento forzado: solo en los primeros meses de 2025, Ocaña atendió a 18.538 personas desplazadas (4.851 familias) provenientes de varios lugares de la subregión del Catatumbo”.La alerta también advierte sobre riesgos para niñas, niños y adolescentes, quienes enfrentan un alto riesgo de reclutamiento forzado, utilización en actividades ilícitas y violencia sexual. Mujeres y lideresas sociales también han sido víctimas de amenazas y estigmatización en redes sociales.Además, señalan que comerciantes, ganaderos y transportadores enfrentan amenazas permanentes de extorsión y secuestro para financiar las estructuras armadas, mientras que personas firmantes del Acuerdo de Paz han sufrido afectaciones reiteradas en medio de la intensificación de la confrontación.
La Oficina en Colombia de la ONU para los Derechos Humanos hizo un llamado al Clan del Golfo y a las Autodefensas Gaitanistas que se están enfrentando en Aracataca, Magdalena, para que respeten de manera “irrestricta” el Derecho Internacional Humanitario y los derechos humanos de las comunidades indígenas arhuacas.Según la entidad, desde el pasado 6 de marzo se han registrado enfrentamientos entre los dos grupos armados ilegales en cercanías de las comunidades de Serankwa, Sabana Gobierno, Dwinawimmaku y Gunmaku, lo que ha generado graves afectaciones a la población civil.La ONU indicó que está dando seguimiento a la situación y manifestó su “profunda preocupación” por los presuntos abusos a los derechos humanos y las infracciones al DIH reportadas en las últimas horas.Entre los hechos denunciados se encuentran la muerte de una persona civil, la desaparición de mujeres de la comunidad, personas heridas, entre ellas un niño, además de amenazas y malos tratos contra la población.Ante este panorama, la oficina de Derechos Humanos instó a las autoridades colombianas a redoblar las acciones para garantizar la protección de la vida y los derechos del pueblo arhuaco y de todas las comunidades afectadas por la violencia en la zona.La ONU señaló además que seguirá monitoreando la situación en la Sierra Nevada de Santa Marta, brindando asistencia técnica al Estado, acompañamiento a los pueblos indígenas y promoviendo una respuesta institucional coordinada que permita garantizar los derechos humanos en el territorio.Finalmente, la entidad reconoció los esfuerzos que han adelantado la Gobernación del Magdalena, la Fuerza Pública y la Defensoría del Pueblo para atender esta situación e indicó que mantiene comunicación constante con las autoridades para dar seguimiento a la crisis humanitaria.
La JEP decidió asumir la competencia para investigar a Rodrigo Granda, quien era conocido como el canciller de las Farc, por el secuestro de Cecilia Cubas, hija del expresidente de Paraguay Raúl Cubas.Granda asegura que se le están vulnerando sus derechos al debido proceso y a la defensa. Recordemos que cuando se asumió la competencia del caso, la investigación fue enviada a la Unidad de Investigación y Acusación, UIA, que es la Fiscalía de la JEP. Esto abre la posibilidad de que Granda enfrente un juicio, pues como él ha negado su responsabilidad en el secuestro de Cubas, si la UIA encuentra pruebas o información que lo involucren con el caso, empezaría la etapa de juicio, y de ser hallado culpable , podría enfrentar hasta 20 años de prisión.En una primera medida, Granda dice que las relaciones entre las Farc y el brazo armado del movimiento Patria Libre, de Paraguay, fueron de “solidaridad política”. Sin embargo, su defensa señala que el compareciente no tuvo una participación directa en el caso Cubas.“El señor Rodrigo Granda, dentro de la versión libre, no reconoció su responsabilidad en los hechos que se le endilgan por las autoridades de la República del Paraguay. En ese orden, entiende el despacho que el análisis que se debe hacer al momento en relación con el factor material sigue girando en torno a un análisis probatorio bajo, no solo porque se está definiendo la competencia sino porque, al entrar en la ruta de no reconocimiento, el proceso se retrotraería a una fase primigenia que no es otra que la activación del ejercicio de la acción penal”, dice el abogado de Granda.En el mismo sentido, asegura su defensa que la JEP está buscando que Granda reconozca conductas que no ha cometido.“La sección no solo estaría intentando obligar al compareciente a pensar de forma distinta respecto de su propia responsabilidad, sino que iría en contravía del debido proceso, siendo este actuar transgresor del principio de culpabilidad que exige para una declaratoria de responsabilidad, que el hecho sea típico, antijurídico y culpable. En ese orden, de conformidad con la normativa que guía las actuaciones de la JEP el Acto Legislativo 01 de 2017 en su artículo 5 transitorio establece que para acceder al tratamiento especial previsto por el Sistema Integral de Verdad Justicia Reparación y No Repetición es necesario aportar verdad plena, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición. De otra parte, establece que el aporte de verdad no implica la obligación de aceptar responsabilidades y que quien aporte de manera dolosa información falsa, o incumpla cualquiera de las condiciones del sistema, perderá el tratamiento especial de justicia”, se lee en la apelación presentada por Granda.Por otro lado, Granda explica que no está en capacidad de aportar verdad detallada y exhaustiva sobre los hechos acaecidos en el día el 21 de septiembre de 2004 en Paraguay, es decir, el caso de Cecilia Cubas y que la Sección de Reconocimiento de Verdad debió haber hecho la contrastación de información antes de enviar el caso a la Unidad de Investigación y Acusación, que es la Fiscalía de la JEP."La Sala de la Sección de Primera Instancia para Casos de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, tenía el deber y la obligación de profundizar e investigar el modo el tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos y conductas que se le endilga, al compareciente Rodrigo Granda Escobar, por el secuestro y posterior asesinato de Cecilia Mariana Cubas en hechos acaecidos el 21 de septiembre de 2004 en la República del Paraguay y otras conductas que ocurrieron presuntamente con ocasión del conflicto armado interno, por el que atraviesa la nación paraguaya, y que luego de haber perfeccionado dicha investigación, entrar a valorar los elementos tácticos y jurídicos que no existen dentro del paginarlo de la referencia, para tomado una decisión de fondo sobre el caso de Paraguay, el que ameritaba por parte de los operadores judiciales, de haber hecho un análisis mucho más profundo y cuidadoso, toda vez, que dicho estudio no se puede comparar con algunos casos que se pueden despachar con breves y simples. Consideraciones jurídicas y sin fundamento alguno, con el propósito de entrar a dirimir en forma definitiva hechos y conductas graves que ocurrieran con ocasión del conflicto armado de carácter social y político e interno y prolongado de Colombia”, dice el documento radicado por la defensa de Granda.En el documento se solicita revocar la decisión de enviar el caso a la UIA de la JEP y Granda y su defensa piden que el proceso lo asuma la Sección de Reconocimiento de Verdad, a quienes culpan de no tener en cuenta toda la información ni pruebas del proceso.“La sala omitió de practicar pruebas para que se configurara el factor material, y así asumir la competencia de investigar el caso de Paraguay, situación que la sala se limitó a decretar la diligencia de versión de Rodrigo Granda Escobar, que le fuera suficiente para la sala, para inferir una presunta responsabilidad del compareciente, sin haber constatado y verificado lo dicho espontáneamente por el compareciente, ‘respecto’ del secuestro y posterior asesinato de Cecilia Mariana Cubas Gusinsky en hechos acaecidos el 21 de septiembre de 2004 en la república del Paraguay, según lo expuesto en la parte motiva de esta providencia’, con base a información periodística que no se puede tener como evidencia o prueba, toda vez que son opiniones, por un lado y por otro, con pruebas ilícitas derivadas de la Operación Fenix, al llevarse a cabo el bombardeo en territorio ecuatoriano en donde muriera Raúl Reyes de las Farc EP, incautándose unos ordenadores que fueran adulterados por la Policía Judicial, al abrirlo e incluir información, mensajes, correos electrónicos etc, violándose de esta manera la cadena de custodia, conforme a lo consagrado en el artículos 254 entre otros, de la Ley 906 de 2004 en donde la Corte Suprema de Justicia declaró mediante auto la ilicitud de dicha prueba, la cual no se puede tener cuenta en ningún proceso que curse en Colombia e incluso en otros Estados, conforme al Derecho Internacional y la Justicia Penal Internacional”, señala su defensa.
Entre enero y agosto de 2025, al menos 1,4 millones de personas han sido víctimas de distintos hechos de violencia. Solo en agosto se registraron 125 ataques contra civiles. En lo corrido del año, 85.550 personas han sufrido amenazas, homicidios, desapariciones, reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes, entre otras formas de violencia.Confinamientos y restriccionesCada día y medio se reporta una nueva emergencia humanitaria por confinamiento o restricciones a la movilidad. En 2025, más de 122.000 personas han enfrentado estas limitaciones, mientras que 137.600 fueron víctimas de confinamiento, cifra que ya casi iguala el total de 2024. El 63 % de estos eventos permanecen activos, con una duración promedio cercana a un mes.Desplazamientos forzadosEl desplazamiento masivo alcanzó niveles críticos: más de 79.500 personas fueron expulsadas de sus territorios en lo corrido de 2025, lo que representa un aumento del 94 % frente al mismo periodo de 2024. Esta cifra supera en un 53 % el total anual registrado el año pasado. Solo en agosto, 3.112 personas fueron desplazadas masivamente, mientras que los desplazamientos individuales afectan ya a más de 84.000 personas.Niñez bajo fuegoLa población infantil es una de las más golpeadas. Entre enero y agosto de 2025, al menos 11.000 niños, niñas y adolescentes fueron víctimas de desplazamiento, confinamiento o restricciones a la movilidad. Se estima que 291.000 menores podrían estar afectados por estas emergencias. Además, en el primer semestre del año se documentaron 52 incidentes contra la educación, incluyendo ataques a escuelas y docentes, uso de explosivos y combates en presencia de estudiantes.Ataques a bienes civilesLa Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) reportó hasta agosto 31.593 personas afectadas por ataques a objetivos ilícitos de guerra, principalmente escuelas y centros de salud. La cifra representa un incremento superior al 5.600 % frente a 2024. Además, el uso de artefactos explosivos dejó al menos 544 civiles afectados, un aumento del 145 % respecto al año anterior, en medio de la continuidad de minas antipersonal y explosivos improvisados que vulneran de forma grave el Derecho Internacional Humanitario.Las cifras reflejan un deterioro humanitario que revive las peores consecuencias del conflicto armado en Colombia, con un impacto devastador sobre comunidades enteras, especialmente sobre la niñez y los bienes civiles protegidos.
Entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2025, la Defensoría del Pueblo reportó una grave crisis humanitaria por desplazamientos forzados, confinamientos y riesgos de victimización en varias regiones del país.Según el organismo, 87.898 personas fueron víctimas de desplazamiento forzado masivo en 76 eventos, mientras que 71.219 personas resultaron afectadas por confinamientos en 67 casos documentados. Adicionalmente, se registraron 173 situaciones de riesgo de confinamiento y/o desplazamiento, lo que evidencia la persistencia de la violencia armada y sus impactos sobre las comunidades.Durante agosto, la Defensoría registró 16 eventos de desplazamiento forzado que afectaron a 2.934 personas en departamentos como Antioquia, Bolívar, Cauca, Chocó, Nariño y Norte de Santander, siendo este último el más golpeado con tres hechos en Tibú.En el mismo mes, se documentaron 10 eventos de confinamiento que limitaron la movilidad de 6.174 personas. Los departamentos más afectados fueron Chocó, Arauca, Bolívar y Valle del Cauca, donde comunidades indígenas y afrodescendientes quedaron atrapadas por enfrentamientos armados.A estas cifras se suman 21 eventos de riesgo de desplazamiento y/o confinamiento en regiones como Putumayo, Córdoba, Huila y Caquetá, lo que refleja el alcance nacional de esta problemática.Las principales causas identificadas son la presencia de actores armados ilegales, confrontaciones armadas, homicidios selectivos, amenazas, reclutamiento de menores y la siembra de artefactos explosivos, factores que incrementan la vulnerabilidad de la población civil.En paralelo, Colombia continúa siendo un país de tránsito para migrantes irregulares. Entre enero y agosto de 2025, 106.590 personas ingresaron de forma irregular, principalmente provenientes de Venezuela, Ecuador y Perú, mientras que más de 15.000 migrantes ingresaron en flujo inverso desde Panamá hacia el Chocó. Estos movimientos se desarrollan en medio de riesgos asociados como trata de personas, violencia sexual, instrumentalización de menores y xenofobia.La Defensoría advirtió que la persistencia de estos hechos exige mayores esfuerzos institucionales para garantizar la protección de las comunidades, así como la atención humanitaria urgente a las poblaciones afectadas.
Esta semana ha marcado un hito histórico para Colombia con la emisión de sentencias clave por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).Una de estas decisiones, dirigida contra el antiguo secretariado de las Farc por crímenes de guerra y de lesa humanidad asociados al secuestro, ha sido calificada como un momento fundamental para el cierre de una parte del conflicto armado.En entrevista con El Radar de Blu Radio, el magistrado Camilo Andrés Suárez del Tribunal Especial de Paz, encargado de la redacción de la sentencia, enfatizó la trascendencia de esto. El magistrado afirmó: "Yo creo que es un momento absolutamente importante, trascendental e histórico para el país porque consolida uno de los elementos muy más importantes del acuerdo final de paz". Además, recordó que este sistema judicial coloca a las víctimas en el centro, visibilizándolas y reconociéndolas. El propósito es "restaurar y reparar el daño causado", estableciendo la responsabilidad criminal por los 13 crímenes internacionales reconocidos.La sentencia impone una sanción de ocho años, el máximo permitido por la ley, que se traduce en trabajos, obras y actividades con fin reparador en lo urbano y en lo rural. Esta reparación tiene un impacto en lo colectivo, no individual. Suárez comentó que las actividades se enfocarán en cuatro líneas restaurativas principales: contribuir a la búsqueda de personas desaparecidas, preservar la memoria de las víctimas, participar en el desminado humanitario para generar desarrollo y paz, y la preservación de medio ambiente y naturaleza, reparando el daño causado por el conflicto.La sanción consta de dos componentes: uno restaurativo y otro de restricción de derechos. La restricción no implica cárcel, sino limitaciones a la movilidad y la habitabilidad en un espacio geográfico definido por el Tribunal. El control es permanente y constante por los 8 años que dura la sanción. Suárez detalló: "Esta restricción establece restricciones de habitabilidad y restricciones de movilidad". Todo desplazamiento debe ser autorizado por el Tribunal.Respecto a la participación política de algunos comparecientes, la JEP aclara que el cumplimiento de la sanción se privilegia y está por encima del ejercicio de la política.
Otra apelación se presentó este viernes contra la sentencia de la JEP, que condenó a siete exjefes de las extintas Farc a ocho años de sanciones restaurativas por más de 20.000 casos de secuestro.La Federación Colombiana de Víctimas de las Farc (Fevcol) señaló, en un documento enviado a la JEP, que los exFarc no han aportado verdad plena y que durante el proceso ante la jurisdicción no se tuvieron en cuenta las observaciones de las víctimas para los proyectos de sanción.“La sentencia apelada incurre en deficiencias sustanciales al no establecer sanciones efectivas, materiales y proporcionales contra los responsables de desaparición forzada, limitándose a medidas restaurativas de carácter declarativo y simbólico, lo cual contradice los estándares internacionales de lucha contra la impunidad, incumple el deber de los Estados de sancionar con penas proporcionales los crímenes de lesa humanidad y contraria el mandato de la JEP de imponer sanciones propias, que sean reales y tangibles, no meramente nominales”, dice el documento de Fevcol.Esta organización también señala que las sanciones no son proporcionales a los daños causados a las víctimas, pues argumentan que la desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad de carácter continuado, por lo que debe haber una privación de la libertad.Ante esta situación, desde Fevcol le hacen varías solicitudes a la JEP, ya que argumentan que los derechos de las víctimas se vieron vulnerados. Una de las solicitudes es revocar la sentencia.“Declarar la nulidad parcial de la sentencia de primera instancia, al haberse dictado sin haberse resuelto de fondo ni ejecutoriado los incidentes de incumplimiento sobre bienes y falsos listados, garantizando el derecho de contradicción y la participación efectiva de las víctimas y garantizar la segunda instancia plena, de manera que la sentencia a proferirse tenga en cuenta todos los elementos relacionados con el régimen de condicionalidad de los comparecientes. Que se ordene la práctica de pruebas omitidas y se garantice la participación efectiva de todas las víctimas”, añade el documento de Fevcol.También piden a la JEP exigir a los comparecientes la entrega de bienes ilícitos, como parte de la sanción para financiar la reparación de víctimas.“Declarar que la sentencia impugnada vulnera los derechos de las víctimas al no establecer medidas de reparación individual. Ordenar que se adopten programas de reparación diferenciada, incluyendo indemnización, rehabilitación psicológica, acompañamiento social y medidas de satisfacción personalizadas. Ordenar la revisión integral de la decisión, garantizando sanciones proporcionales y efectivas, acorde con la gravedad de los crímenes internacionales juzgados”, agrega el documento de Fevcol.
Ya fue radicada la primera apelación en contra de la sentencia de la JEP que condenó a siete exjefes de la extinta guerrilla de las Farc por lo más de 20.000 secuestros que se dieron durante el conflicto armado y que son responsabilidad de la guerrilla. El abogado Juan Camilo Sanclemente, en representación de algunos de los familiares de los diputados del Valle, le pidió a la JEP revocar la sentencia asegurando que las víctimas no están de acuerdo con la decisión."La sentencia, si bien reconoce la responsabilidad de los miembros del último Secretariado de las Farc-EP por crímenes como toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y tratos inhumanos (secciones 4.2 y 5.8), incurre en graves deficiencias que la hacen incompatible con los estándares internacionales de justicia restaurativa y con los compromisos asumidos en el Acuerdo Final de Paz. Estas deficiencias afectan directamente los derechos de las víctimas, en particular la de los familiares de los diputados del Valle que representa la Fundación Defensa de Inocentes, cuyo caso ilustra el patrón de macrocriminalidad descrito en la sentencia, exactamente en las secciones 4.2.2 y 5.2.1.4, pero no recibe un tratamiento restaurativo adecuado", sustenta Sanclemente en la apelación.En el mismo sentido, los familiares de los diputados del Valle señalan que en la sentencia no se tuvieron en cuenta las propuestas que hicieron sobre las sanciones contra los exjefes de la guerrilla. Además, señalan que las sanciones no son suficientes ni proporcionales al daño causado."Las sanciones impuestas (sección 5.15 y 5.19), como trabajos de memoria “Huellas de la Memoria” y desminado -AICMA, son retributivas pero no restaurativas en su esencia. No abordan el daño específico sufrido por nuestros apoderados, como son: la pérdida irreparable de vidas, el trauma psicológico prolongado y la estigmatización social sufrida por el único sobreviviente del secuestro y la masacre Sigifredo López Tobón y su familia", se lee en el documento.En el mismo sentido, Sanclemente argumenta que se está incumpliendo el acuerdo de paz, pues no se está reparando de manera integral a las víctimas, además, menciona que los comparecientes no aportaron verdad plena durante el proceso en la jurisdicción."El Acuerdo (Punto 5.1.1) obliga a una verdad “extrajudicial y judicial” que satisfaga a las víctimas. La sentencia reconoce patrones generales (sección 5.2.1), pero no profundiza en el caso específico de los diputados, omitiendo detalles sobre la cadena de mando responsable del asesinato, atribuido vagamente al Secretariado de las Farc-Ep en la sección 5.7. Nuestros representados han esperado 23 años por una verdad completa, detallada y exhaustiva; por lo que esta omisión viola el derecho a la verdad establecido en el Acuerdo y en los parámetros de la Corte IDH", dicen los familiares de los diputados.Ante esta situación las víctimas le piden a la JEP revocar la sentencia, por no cumplir con los estándares consagrados en el Acuerdo de Paz"El régimen de condicionalidad (sección 5.14) permite descuentos por cumplimiento anticipado (sección 5.21), pero sin verificación estricta de las contribuciones de los comparecientes, ejemplo: Rodrigo Londoño Echeverri, sección 5.20.2.4, además de las TOARS presentados anteriormente por los comparecientes como estudios de Pablo Catatumbo, donaciones de libros, creación de letrinas, entre otras, son acciones no reparan a ninguna victima y menos estas se se sienten reparadas con estos actos inocuos, sino que por el contrario constituyen una burla y revictimización, máxime que nunca fueron escuchadas las victimas y tenidas en cuenta las victimas", dice la apelación de las víctimas.