El pulso que marcó la decisión del Consejo de Estado de ponerle límites a las alocuciones presidenciales tiene nuevas aristas, porque Blu Radio conoció en primicia un auto en el que el alto tribunal corre traslado de una solicitud de incidente de desacato que interpusieron varios ciudadanos, a los que en septiembre del año pasado el Consejo de Estado les dio un espaldarazo al proteger su derecho a la información.En ese sentido, la Comisión de Regulación de Comunicaciones deberá llegar al despacho del magistrado Albert Montaña la información sobre las medidas que han tomado para darle cumplimiento a este fallo de tutela.En aquella providencia, el Consejo de Estado fijó varios criterios para las intervenciones del presidente Gustavo Petro en televisión abierta, relacionados con la urgencia, excepcionalidad, recurrencia y delimitación temática y temporal de dichas alocuciones.Además, ordenó a la CRC verificar previamente el cumplimiento de esos parámetros y, de encontrar irregularidades, impedir la transmisión de las intervenciones.“La alocución debe responder a una justificación o razón suficiente, lo que implica que la solicitud debe corresponder a circunstancias urgentes […] La alocución presidencial no puede ser recurrente, por ejemplo, en el mismo intervalo semanal. La situación alocución debe ser limitada temática y temporalmente”, se lee en el fallo del Consejo de Estado.
Un derrame de látex provocado por un accidente de tránsito en la cuenca del río Coello obligó al cierre inmediato de las bocatomas de captación, dejando sin servicio de agua potable al municipio de El Espinal y a poblaciones de su área de influencia, en una emergencia ambiental que afecta a más de 100.000 personas en el departamento del Tolima.El accidente de tránsito ocurrido en la zona rural de Ibagué desencadenó una emergencia ambiental que dejó sin agua potable a más de 100 mil habitantes del Tolima y encendió las alarmas en varios municipios ribereños del río Magdalena.El volcamiento de una tractomula en el corregimiento Coello Cocora, sobre la vía nacional, provocó el derrame de látex en el río Coello, afluente tributario del río Magdalena y estratégico para el abastecimiento de agua potable en el centro y norte del departamento. El líquido lechoso tiñó de blanco las aguas del río, obligando al cierre inmediato de las bocatomas en El Espinal y su principal corregimiento, Chicoral.Según explicó Andrea Mayorquín, directora de Ambiente y Gestión del Riesgo del Tolima, hacia las 4:00 de la tarde se evidenció el cambio de color del agua en el punto de captación, lo que llevó a suspender de manera preventiva el suministro.“Las compuertas se mantienen cerradas y solo se retomará la captación cuando, mediante observaciones organolépticas, se evidencie que el agua ya no está blanca ni espumosa”, señaló la funcionaria.La emergencia no se limita a El Espinal. Al continuar su curso, el río Coello desemboca en el río Magdalena, por lo que el contaminante podría alcanzar a municipios ribereños como Flandes, Suárez, Ambalema y Honda, entre otras poblaciones del norte del Tolima, donde también se recomendó suspender temporalmente la captación de agua y activar los planes de contingencia.“Nos comunicamos con los municipios aguas abajo para que adopten las medidas respectivas. Invitamos a todos los ribereños a estar atentos a cambios en el color del agua o presencia de espuma y, de ser necesario, cerrar las captaciones”, advirtió Mayorquín.De acuerdo con las autoridades, más de 75.000 personas en El Espinal resultaron afectadas directamente, pero la cifra total supera los 100.000 habitantes en todo el departamento.La Alcaldía de El Espinal informó que, si las condiciones del río lo permiten, el suministro de agua potable podría retomarse este miércoles en horas de la tarde, una vez desaparezca por completo el contaminante.Entre tanto, la Corporación Autónoma Regional del Tolima, Cortolima, adelanta investigaciones para determinar la cantidad exacta de látex vertida, mientras que la empresa Disproquin S.A.S. deberá indicar el tratamiento adecuado para este tipo de sustancia en cuerpos de agua.La emergencia deja en evidencia la vulnerabilidad ambiental de las fuentes hídricas del Tolima y la necesidad de reforzar los controles sobre el transporte de sustancias industriales que circulan cerca de ríos y quebradas del departamento.
Un laboratorio clandestino para el procesamiento de pasta base de coca fue desmantelado en el departamento del Chocó, en una operación del Ejército que dejó pérdidas estimadas en 170 millones de pesos al Clan del Golfo, uno de los grupos armados con mayor presencia en esta región del país.La intervención se llevó a cabo en la vereda Costa de Oro, en el municipio de Carmen del Darién, donde las tropas del Ejército ubicaron una infraestructura utilizada para transformar hoja de coca en pasta base. En el lugar fueron hallados e inutilizados cerca de 200 kilogramos de hoja de coca picada, 400 galones de pasta base en proceso y varios combustibles y químicos empleados en la producción del alcaloide, entre ellos ACPM, gasolina y amoníaco.Según el Ejército, el laboratorio estaría al servicio de la subestructura Carlos Vásquez, del Clan del Golfo, y hacía parte de la cadena de producción que sostiene las economías ilegales de esta organización en el Bajo Atrato chocoano.Durante el operativo también fueron destruidos elementos artesanales clave para la elaboración de droga, como una estructura en madera, canecas metálicas y plásticas, garrafones, una prensa artesanal, una guadaña y un sistema rudimentario de escurrido, lo que dejó inoperante el punto de procesamiento.En una acción adicional, desarrollada en el municipio de Vigía del Fuerte, el Ejército logró la incautación de 900 bultos de cemento, equivalentes a 45 toneladas, que presuntamente iban a ser utilizados para la adecuación de infraestructuras ilegales relacionadas con la producción de pasta base de coca. Estos materiales quedaron a disposición de las autoridades.Las autoridades señalan que este tipo de acciones buscan golpear las finanzas y la logística de los grupos armados ilegales que operan en el Chocó, una región estratégica para el narcotráfico por su ubicación y compleja geografía.
El coronel en retiro Renato Solano Osorio, subdirector de la cárcel de Neiva, Huila, falleció tras permanecer varios días en estado crítico luego de ser víctima de un atentado con arma de fuego ocurrido el martes 13 de enero de 2026. El oficial retirado había sido trasladado de urgencia a un centro asistencial, donde luchó por su vida tras recibir dos impactos de bala, uno en el abdomen y otro en el tórax.El ataque se registró hacia las 6:53 de la mañana, cuando el director del establecimiento carcelario, Edgar Enrique Rodríguez Muñoz, se desplazaba en un vehículo particular por la ruta 45, en la vía Neiva–Rivera, en compañía de su hijo de 11 años y del subdirector Renato Solano Osorio. De acuerdo con la información conocida, un motociclista interceptó el automotor y abrió fuego en repetidas ocasiones, realizando aproximadamente seis disparos contra el vehículo.Como consecuencia del atentado, el menor de edad, hijo del director del centro penitenciario, recibió un impacto de bala en la cabeza. Pese a los esfuerzos médicos, el niño falleció horas después. Las víctimas fueron trasladadas al Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva.Tras el ataque, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) informó que el subdirector de la cárcel de Neiva había recibido amenazas previas. No obstante, estas advertencias no derivaron en decisiones de protección por parte de la Unidad Nacional de Protección, situación que ahora es objeto de análisis por parte de las autoridades competentes.Las investigaciones para esclarecer los hechos continúan en curso. Las autoridades buscan establecer tanto los móviles del atentado como la identidad de los autores materiales e intelectuales del ataque armado, que dejó dos víctimas mortales.Como parte de las acciones para avanzar en el esclarecimiento del crimen, la Alcaldía de Neiva y la Gobernación del Huila mantienen vigente una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien suministre información veraz y oportuna que permita identificar a los responsables.
El debate económico en Colombia volvió a abrirse tras un anuncio técnico que, en apariencia, tendría un impacto directo en el bolsillo de los colombianos. No se trata de un nuevo impuesto ni de una medida inédita que afecte de forma inmediata el gasto diario, pero sí de una decisión que incidiría en el ahorro pensional, la inversión y el comportamiento del dólar. En este contexto, una nueva propuesta del Gobierno ya empezó a mover el tablero financiero.Gobierno advierte un ajuste en inversiones de fondos pensionalesEl Gobierno de Gustavo Petro advirtió que en los próximos días publicará un proyecto de decreto que reduciría el límite de inversión en el exterior de los fondos privados de pensiones, pasando del 49 % al 30 %. Esta medida impacta de forma directa a más de 18 millones de trabajadores afiliados a estos fondos y obligaría a repatriar recursos que actualmente están invertidos fuera del país.Ante este anuncio, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, explicó que el proceso será gradual y tendrá un plazo máximo de cinco años, aunque la meta ideal sería cumplirlo en tres. Según indicó Ávila, la idea es redirigir entre $120 billones y $250 billones hacia la economía nacional, con el objetivo de fortalecer la inversión interna y el financiamiento del país.Petro defiende traer el ahorro al paísDesde el Gobierno, el argumento central es que el ahorro pensional debe cumplir un rol más activo dentro de la economía local. El presidente Gustavo Petro defendió la propuesta a través de su cuenta en X con un mensaje contundente:El Ministerio de Hacienda también aclaró que la medida solo aplicaría para las administradoras de fondos de pensiones (AFP) y los cotizantes activos. Los pensionados actuales no se verían afectados por este ajuste regulatorio.Estrategia bajaría el dolar a $2.500: critican medidaEl anuncio no cayó bien en varios sectores. Analistas y representantes del sistema pensional han advertido posibles efectos negativos sobre la rentabilidad de los ahorros y la tasa de cambio. La exdirectora de la Unidad de Regulación Financiera, Mónica Higuera, cuestionó la iniciativa en su cuenta de X: “¿Alguien ha calculado realmente qué pasaría con la TRM si se repatriaran USD125 billones en ahorros pensionales? ¿Estamos dispuestos a ver un dólar a $2.500 solo por ‘traer la inversión al país’? El ahorro de los colombianos no es un botón de pánico macroeconómico”.A estas críticas se sumaron las objeciones presentadas por la consultora Integral Soluciones Pensionales (ISP), que alertó sobre riesgos como una menor diversificación internacional, mayor exposición a crisis locales y posibles vulneraciones al derecho de propiedad y al marco legal vigente.Entre las principales objeciones se destacan:La medida vulneraría el derecho de propiedad y de ahorro, amparados en los artículos 58 y 335 de la Constitución. Los fondos pertenecen a los afiliados y forzar la liquidación internacional afecta el encargo fiduciario.Una mayor concentración en instrumentos locales incrementa el riesgo y podría agotar reservas ante crisis financieras.Restringir la diversificación internacional es una medida regresiva que reduce la protección frente a la inflación, la devaluación y la volatilidad cambiaria.El Gobierno buscaría modificar el régimen legal del ahorro pensional mediante un decreto, superando sus atribuciones reglamentarias y contrariando la Ley 100 de 1993.
El director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, explicó que la institución no estaba facultada para reforzar el esquema de seguridad de Miguel Uribe Turbay, asesinado en diciembre de 2025, debido a que su condición de precandidato presidencial no se encontraba contemplada dentro de la normativa vigente al momento de los hechos.En diálogo con Mañanas Blu, Rodríguez precisó que “la palabra precandidato no existe en el lenguaje electoral ni en el lenguaje de protección de la UNP”, y que las figuras cubiertas en los decretos eran únicamente los candidatos registrados oficialmente durante el periodo de campaña. Según dijo, esa limitación impidió la activación del Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral (CORMPE), encargado de analizar amenazas contra aspirantes en contienda electoral.“El CORMPE se activa cuando hay campaña, o sea, para los candidatos. En ese momento se activaba para los candidatos, no para los precandidatos. Hoy en día cambió, lamentablemente, a raíz de lo ocurrido”, afirmó.La responsabilidad compartida entre la Policía y la UNPRodríguez aseguró que la protección de congresistas como Miguel Uribe no era responsabilidad exclusiva de la UNP, sino compartida con la Policía Nacional bajo un convenio interadministrativo con el Congreso de la República. Explicó que la Policía era la encargada de coordinar los análisis de riesgo y autorizar refuerzos en los esquemas de seguridad.El funcionario insistió en que ninguna de las 23 solicitudes de refuerzo atribuidas al senador llegó a la UNP. “No hay ni una sola solicitud; revisamos todos los archivos y correspondencias. El abogado Víctor Mosquera está equivocado al señalar que hubo desprotección de la UNP”, aseguró.Las cartas y la polémica del refuerzo no tramitadoSobre las 20 cartas enviadas por Uribe Turbay y su equipo a la UNP, en las que solicitaba apoyo logístico y de seguridad para desplazamientos a otras ciudades. Rodríguez respondió que esos documentos no constituían solicitudes de “reforzamiento del esquema”, sino simples peticiones de apoyo operativo.“Lo que había eran solicitudes de apoyo en viajes, no refuerzos del esquema. Esas se tramitaban con la Policía o con la unidad administrativa del Congreso. La UNP no tiene vehículos disponibles en todas las ciudades ni contrato directo con cada parlamentario”, argumentó.Según Rodríguez, la estructura contractual impedía a la UNP responder por cuenta propia a esas solicitudes sin una modificación del convenio con el Congreso. Por razones presupuestales, la Cámara no había contratado el servicio extendido de apoyo fuera de Bogotá.Un trasfondo político y tensiones internas en el gobiernoEl director de la UNP también sugirió que el proceso de imputación de cargos en su contra —posteriormente revocado— podría tener motivaciones políticas. Expresó sorpresa por haberse enterado a través de los medios de comunicación de la decisión de la Fiscalía 295 y señaló que “algo raro estaba pasando” por no haber sido escuchado en ninguna diligencia formal.Rodríguez mencionó además tensiones con altos funcionarios del actual gobierno, entre ellos Andrés Hidárraga, ministro de Justicia y jefe de la Oficina de Transparencia de la Presidencia. Aseguró que Hidárraga lo habría acusado de participar en supuestas “chuzadas”, lo que calificó de totalmente falso.“Jamás pasa por mi cabeza hacerle escuchas a nadie, y menos en mi posición. Soy el encargado de proteger a opositores, líderes sociales, magistrados y periodistas. Tengo que ser impoluto”, enfatizó Rodríguez.El funcionario también hizo alusión a presuntas presiones ejercidas por Hidárraga sobre la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y consideró que su gestión debería investigarse. “He conocido cosas que me hacen pensar que no están en la línea ética correcta”, comentó, sin ofrecer pruebas concretas.Cambios normativos tras el magnicidioRodríguez reconoció que el asesinato del senador Uribe Turbay motivó una reforma en los protocolos de seguridad electoral. El Ministerio del Interior modificó el marco legal para incluir, por primera vez, la protección de precandidatos presidenciales, categoría que hasta entonces no tenía reconocimiento oficial en la estructura de seguridad del Estado.El trágico episodio expuso un vacío institucional que, según analistas, evidencia las falencias del sistema de prevención y protección política. La discusión sobre quién debía responder por la seguridad del senador —la Policía, la UNP o el Congreso— quedó en el centro del debate público tras su asesinato.
La Fiscalía pedirá medida de aseguramiento contra pieza clave en presunto entramado de corrupción de la alcaldía de Daniel Quintero en Medellín. A finales de enero será la audiencia contra el exdirector del Área Metropolitana, Juan David Palacio quien habría liderado un detrimento de más de 2 mil millones de pesos en contratos con el Cuerpo de Bomberos de Itagüí.Mientras diferentes procesos por presunta corrupción durante la administración de Daniel Quintero avanzan ante entidades de control, otros se siguen moviendo en el terreno penal.Este es el caso de los seis contratos suscritos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos del municipio de Itagüí que suman más de 18 mil millones de pesos y por los cuales ya fueron imputados Misael Cadavid Jaramillo, entonces director del Cuerpo de Bomberos de Itagüí y Maria Yaneth Rúa García, profesional de la autoridad ambiental.A la lista de implicados ahora se suma uno más, considerado por varios sectores como pieza clave del presunto entramado de corrupción. Se trata de Juan David Palacio, quien se desempeñó durante el periodo de gobierno de Quintero como director de la autoridad ambiental y quien el próximo 26 de enero tiene programada una audiencia de imputación de cargos por los delitos de interés indebido para favorecer a personas cercanas, detrimento del interés general y del patrimonio público, así como presunto peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos.El exfuncionario estaría implicado en la desviación de 2.481 millones de pesos de dichos contratos celebrados entre el 2020 y diciembre de 2021 para la atención del Covid-19 y la capacitación de otros cuerpos bomberos en el Valle de Aburrá. Lucidia Amaya es la vocera de la veeduría Todos por Medellín, entidad que denunció algunas de las irregularidades de los procesos.“Es la primera vez en la que se vincula una persona que en su momento fue el director que si bien los contratos los suscriben los servidores que dependen formalmente de él, pero tendrá la Fiscalía elementos relevantes para vincular en este caso al director”, aseguró.En medio de la audiencia contra Cadavid y Rúa en octubre del año pasado, la Fiscalía reveló un audio que serviría para probar cómo los implicados inflaban los costos de insumos y servicios para presuntamente apropiarse de recursos públicos. Esta es la grabación de la profesional del Área Metropolitana en medio de una reunión sobre lo que serían los contratos.“No, ya no, pero es que la nota que es que yo me lo conseguí muy bueno por 4000. Usted a mí me tiene que dar la factura por 6000. Pues 6000 su venir. No, pero aquí lo vamos a poner a ejemplo a 50 000 pesos y lo damos un ejemplo, pero si el mismo souvenir, yo lo consigo con igual calidad en 45 y esos 5000 es de parte de la rentabilidad. Eso es plata de su rentabilidad. Es más, yo no escuché lo que se acaba de decir”, se reveló.Según Todos por Medellín, los implicados habrían contratado a dedo servicios que deben tener participación de distintos oferentes e incluso algunos se cobraron muy por encima del valor del mercado.“Estamos hablando de un cálculo muy general, muy estimado que incluye no solo los 40.000 000 por el proceso de Aguas Vivas, sino que incluye otros posibles procesos de apropiación, por ejemplo, como lo que ocurrió en el Parque de las Aguas. Recordemos que ahí la Fiscalía General ha hecho imputaciones por 2800 000 de pesos”, agregó la vocera de Todos X Medellín.Según los registros de Todos por Medellín, todos los casos hasta ahora abiertos por presunta corrupción en la alcaldía de Daniel Quintero dan cuenta de una posible apropiación de más de 100 mil millones de pesos y ya son 55 personas las relacionadas en diferentes hechos si se tiene en cuenta que además de Juan David Palacio por la misma situación llevarán a audiencia a Ana María Roldán Ortiz y a Diana María Montoya Velilla, quienes ocuparon el cargo de subdirectoras ambientales en el Área Metropolitana.Frente a esta situación, el exalcalde Daniel Quintero escribió en su red social X: “La persecución en Medellín es absurda. Mucha gente honorable e inocente perseguida de forma injusta. Mientras tanto impunidad completa con el Alcalde y el Gobernador”.
El exalcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, anunció que decidió declinar su candidatura al Senado de la República para asumir la gerencia nacional de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella.La decisión fue dada a conocer a través de sus redes sociales, donde Beltrán explicó que su retiro de la contienda al Congreso responde a una apuesta política de mayor alcance.“He decidido declinar mi candidatura al Senado para enfocar todos mis esfuerzos en la transformación de Colombia que liderará Abelardo De La Espriella como próximo presidente de nuestra patria”, señaló.En su mensaje, el exmandatario local aseguró que prioriza lo que considera una “causa de país” por encima de cualquier aspiración personal, y anunció que recorrerá distintas regiones del territorio nacional como parte de su nuevo rol en la campaña.“La causa de país es más grande que cualquier aspiración personal, por eso, desde ahora, recorreré las regiones de Colombia defendiendo los ideales de orden, autoridad, principios y valores”, afirmó.Beltrán también destacó la figura de Abelardo de la Espriella, a quien respaldó abiertamente como aspirante a la Presidencia de la República, calificándolo como “el Tigre que necesita nuestra Nación para salir del abismo en el que se encuentra”.Con este anuncio, Jaime Andrés Beltrán redefine su participación en el escenario político nacional y se suma de lleno a la estrategia electoral del candidato presidencial.
Hay luto en el norte de Barranquilla, más específicamente en el conjunto Paseo del Parque, ubicado en el barrio Villa Carolina, donde pasadas las 8:00 de la noche de este lunes 19 de enero se registró la muerte de un niño de 12 años que cayó al vacío desde el noveno piso de esta edificación.De acuerdo a los primeros reportes del caso, el menor estaba intentando hablar y jugar con sus amigos desde el balcón mientras estaba sobre una silla. Luego, en medio de un aparente descuido, terminó perdiendo su equilibrio.La emergencia alertó a todos los vecinos, quienes a su vez dieron pronto aviso a las autoridades pese a que fue demasiado tarde para intentar salvarle la vida.“Considero que fue la brisa. El niño era una persona alegre, vivía siempre con su mamá, una vecina muy buena. Estoy impresionada completamente. Le echo la culpa a la brisa, yo vivo allí y pegan los vientos horrible”, declaró a los medios de comunicación una de las vecinas del conjunto.“Su cuerpecito era delgado. Sé cómo debe sentirse esa madre, estoy llorando por su mamá. Él subirá al cielo. Tengo cinco años desde que se murió mi hijo con la pandemia y todavía lo lloro como si fuera la primera vez. Nadie sabe lo que es la muerte de un hijo o una madre hasta que no lo vive. Lamentando mucho esta tragedia, eso es para que los padres tomen conciencia de no mudarse a pisos tan altos para tener niños pequeños. Se pueden utilizar mallas también”, agregó.La noticia también fue lamentada por comerciantes de la zona, quienes acostumbraban a verlo jugar por las tardes: “Era alegre, divertido. Lo que pasa es que la situación es fuerte. Apenas me estoy enterando, solía verlo cuando salía a caminar, o hacia la Olímpica”.Hasta el punto llegaron uniformados de la Seccional de Infancia y Adolescencia de la Policía Metropolitana de Barranquilla para ponerse adelante del caso.
Alfredo Acosta Zapata fue designado como nuevo ministro de la Igualdad, en reemplazo de Juan Carlos Florián. Carece de experiencia en el sector público, aunque acumula 14 años de trabajo en la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y fue coordinador nacional de la Guardia Indígena.Nacido en 1973 en Caloto, Cauca, en el seno del pueblo nasa, Acosta solo cuenta con formación académica hasta educación básica media.Sin embargo, desde hace más de una década lidera a más de 60.000 guardias indígenas, muchos de ellos protagonistas de la Minga del Suroccidente de 2020 y de otras movilizaciones en apoyo al gobierno del presidente Gustavo Petro.Se espera que su conocimiento del tejido social indígena contribuya a la protección de los derechos colectivos y al diseño de políticas inclusivas a nivel nacional.Su nombramiento también refleja la apuesta del gobierno por integrar líderes sociales cercanos a la Administración en cargos de alto nivel, reconociendo asì la importancia de la Guardia Indígena para la estrategia política del presidente Petro.
El juez 24 del circuito de Bogotá ratificó que el Presidente debe cumplir con un fallo de tutela que le ordena rectificar y eliminar 16 mensajes contra el exgerente de la EPS, Jaime Miguel González.El presidente Gustavo Petro incurrió en un incidente de desacato a un fallo de primera instancia y una acción de tutela que le ordenaban rectificar y eliminar los mensajes que publicó en X y que amplió a través de una alocución presidencial en la que señaló al entonces gerente de Coosalud, Jaime Miguel González Montaño, de ser un “bandido” que convirtió a la EPS en una de las peores prestadora de salud del país.Los mensajes del mandatario señalan a González Montaño de casi triplicar la deuda de la EPS en casi un año (en 2024 alcanzó 2.600 millones de pesos) lo que a juicio del Presidente significa que “se robaron la plata”.Gustavo Petro también responsabilizó a la junta directiva de Coosalud EPS de permitir toda una serie de irregularidades que, según él, pasaban por el direccionamiento de recursos públicos hacia una empresa fantasma en el exterior y autorizar préstamos personales a González Montaño por más de $220.000 millones.En su cuenta de X, Petro anotó que “la investigación completa y su traslado a la Fiscalía la realizó el actual superintendente de salud Giovani Rubiano”.Sin embargo, de esa supuesta denuncia se desconoce su trazabilidad pues la defensa jurídica del Presidente no entregó a los jueces la prueba de su radicación.El juez 24 del circuito de Bogotá, Yimi Alejandro Sánchez García, ratificó la orden de primera instancia para que el presidente Petro se retracte y presente excusas públicas, en el mismo formato en el que lo hizo, al exgerente de Coosalud, Jaime Miguel Gonzalez, por cada uno de sus pronunciamientos en su contra publicados desde inicios de diciembre de 2024.La Presidencia de la República pidió que se anulara el fallo, alegando que se estaba violando el debido proceso y el derecho del presidente a hacer denuncias públicas sobre un caso penal en curso.También solicitó suspender cualquier sanción por desacato mientras se resolvía la solicitud, para evitar un daño grave a las funciones del Presidente.
Dos personas que permanecían en poder del ELN fueron liberadas hoy en zona rural del departamento de Arauca, en el marco de una misión humanitaria facilitada por el Comité Internacional de la Cruz Roja con acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y la Iglesia católica.Se trata de los hermanos Hugo y Luis González Godoy, quienes habían sido secuestrados el pasado 9 de enero en zona rural del municipio de Tame, Arauca.De acuerdo con el Comité de la Cruz Roja, la operación humanitaria se desarrolló en una zona rural del departamento y, tras verificar el estado de salud de las personas liberadas, estas fueron trasladadas a un lugar seguro.Señalan, además, que este tipo de acciones buscan aliviar el sufrimiento de las víctimas del conflicto armado y facilitar el restablecimiento del contacto familiar.La Defensoría del Pueblo por su parte recordó que, en lo corrido de 2026, el departamento de Arauca registra al menos cinco personas que habrían sido secuestradas, y reiteró su llamado a los grupos armados ilegales para que liberen de manera inmediata e incondicional a todas las personas que mantienen privadas de la libertad.“Una vez más, exhortamos a los grupos armados ilegales a liberar de manera inmediata e incondicional a todas las personas que tienen privadas de la libertad”, dijo la Defensoria.
El Ministerio de Hacienda publicó oficialmente para comentarios el borrador de proyecto con el que busca limitar y traer al mercado Colombiano parte de las inversiones que los Fondos de Pensión tienen hoy en el extranjero; un plan pedido por el presidente Gustavo Petro y mencionado en varios de sus consejos de ministros.El documento, indica que cada una de las AFP, (es decir, Porvenir, Colfondos, Skandia, etc) deben invertir en el exterior solo el 30% de sus fondos siguiendo el cronograma establecido por el Gobierno para que sea de manera progresiva y no afecte el mercado.Una vez sea firmado el decreto, tendrá un plazo inicial de tres años para que ya tengan el 35% de sus inversiones en el extranjero y en los próximos cinco años, máximo el 30%. Contando con que se oficialice este 2026, en 2031, los fondos ya tendrían que estar cumpliendo este lineamiento.Entre los argumentos del ministerio de Hacienda para este cronograma está la de evitar afectaciones a la seguridad, liquidez y rentabilidad de los ahorros de los pensionados colombianos.“Esta progresividad responde a criterios de prudencia regulatoria y viabilidad operativa, al evitar desinversiones abruptas y permitir que los flujos de nuevas cotizaciones y los vencimientos naturales de las inversiones externas faciliten el proceso de recomposición del portafolio”, dice el documento justificativo que acompaña el proyecto de decreto.Ese porcentaje deberá ser cumplido de manera independiente por cada fondo de pensión sin importar qué tantas inversiones tienen hoy en el exterior o la categoría (Conservador, Moderado, de Mayor Riesgo y de Retiro Programado). Es decir, no se calcula de manera aislada , sino sobre la suma del valor total de los cuatro tipos de fondos que administra cada AFP.Entre las indicaciones que da el Gobierno es que, dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigencia del decreto, las AFP deben entregar a la Superintendencia Financiera de Colombia el respectivo plan de cómo están ajustando dichas inversiones priorizando la inversión nacional con las nuevas cotizaciones o los procesos que están a punto de vencerse.En otras otras palabras, el Ejecutivo le dice a los fondos que los nuevos afiliados que tengan, ya sean por pensiones reglamentarias o voluntarias, o las inversiones que tengan que renovar, todo sea direccionado al mercado nacional.Para facilitar esto, dice el ministerio de Hacienda, dispondrá de un banco de proyectos en sectores como infraestructura, energía y vivienda con opciones para los fondos. Este fue uno de los argumento que presentó por su parte la URF, que es la Unidad de Regulación Financiera.“La capacidad de absorción de estos recursos no depende únicamente de la existencia de proyectos, sino de su identificación, priorización, estructuración financiera y de la disponibilidad de instrumentos admisibles conforme al régimen de inversión de los fondos de pensiones obligatorias. Por ello, el decreto incorpora un componente habilitante al disponer que, con el propósito de facilitar el cumplimiento del límite global de inversión en activos del exterior y promover la canalización del ahorro pensional hacia proyectos de inversión públicos y/o privados en el territorio nacional, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público podrá promover la creación de un banco de proyectos de inversión con enfoque productivo, cuyo desarrollo se materialice a través de cualquiera de los activos admisibles previstos en el régimen de inversión aplicable”, agregó el reporte.Las razones del Gobierno Con esta iniciativa, el Gobierno busca canalizar el ahorro pensional hacia proyectos nacionales en sectores que tienen un impacto potencial sobre el PIB superior al promedio de la economía, en especial el de la construcción. Asimismo, el objetivo es fortalecer el mercado de capitales colombiano ampliando su tamaño, liquidez y profundidad y que las empresas nacionales tengan alternativas de financiación más allá del crédito bancario tradicional.El otro frente de trabajo del Gobierno es el sistema pensional: dice que actualmente los portafolios de las AFP tienen una alta concentración en activos del exterior, cercana al 50% del total de los recursos, cerca unos $257,1 billones, lo que genera una vulnerabilidad del sistema colombiano frente a choques globales y volatilidad externa.Según el cálculo de los gremios, estos cambios implicarán repatriar a Colombia aportes o ahorros de hasta $125 billones.
La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) manifestó su intranquilidad por la posible modificación de las normas que regulan la asignación y el monitoreo de slots en los aeropuertos colombianos, una decisión que, según el gremio, podría afectar la conectividad aérea del país, la competitividad regional y los derechos históricos de las aerolíneas que operan en Colombia.En una carta dirigida a la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, IATA expresó su “profunda preocupación” por la información recibida desde la Aeronáutica Civil sobre la intención del Gobierno nacional de modificar el Apéndice A del Reglamento Aeronáutico de Colombia 3 (RAC 3), que regula el sistema de asignaciones horarias en aeropuertos congestionadosSegún la asociación, estos cambios implicarían una desviación de los Worldwide Airport Slot Guidelines (WASG), el estándar internacional aplicado en más de 300 aeropuertos congestionados del mundo y reconocido por aerolíneas, aeropuertos y coordinadores internacionales. En Colombia, este sistema fue incorporado hace más de una década para ordenar la operación del Aeropuerto El Dorado, el único del país que opera bajo el esquema de slots.IATA recordó que la aplicación de los WASG ha sido clave para el crecimiento sostenido de El Dorado, que hoy es el aeropuerto con mayor movimiento de pasajeros y carga en América Latina. De acuerdo con cifras de la Aeronáutica Civil citadas en la misiva, entre enero y octubre de 2025 se movilizaron 47,3 millones de pasajeros en el país, lo que representa un incremento de más de 800.000 personas frente al mismo periodo del año anteriorEl gremio también destacó que durante 2025 se registró un crecimiento del 7,8 % en la oferta de sillas aéreas, con un aumento del 15,6 % en vuelos internacionales y del 3,6 % en rutas domésticas. A esto se suma el crecimiento de las rutas aéreas, tanto nacionales como internacionales, indicadores que reflejan una mejora en la conectividad del país.Sin embargo, IATA advirtió que una modificación de la norma que se aparte de los estándares internacionales podría poner en riesgo esa senda de crecimiento. En particular, señaló que cambiar las reglas de asignación de slots podría afectar los derechos históricos de las aerolíneas, generar incertidumbre operativa y ubicar a Colombia en desventaja frente a otros aeropuertos hub de la región, como los de Lima, Ciudad de México o São Paulo.La asociación fue enfática en advertir que las consecuencias no serían solo operativas, sino también diplomáticas, pues Colombia tiene más de 70 acuerdos bilaterales de aviación que se basan en el respeto de las normas actuales y de los derechos adquiridos por los operadores aéreos. Una desviación de esos principios, advirtió, podría traer implicaciones graves para la relación aérea con otros países.En la carta, IATA también cuestionó que se plantee una modificación normativa sin que se haya aplicado plenamente el esquema vigente, especialmente en lo relacionado con el monitoreo del uso efectivo de los slots o franjas horarias asignadas. Según el gremio, este mecanismo es clave para controlar el uso adecuado de la infraestructura aeroportuaria y abrir espacios en las franjas horarias más congestionadas de El Dorado.Ante la posibilidad de cambios en los horarios asignados para despegues y aterrizajes en el aeropuerto El Dorado, la asociación solicitó de manera urgente una reunión con el Ministerio de Transporte para exponer en detalle los riesgos de la propuesta y reiteró su disposición a trabajar de manera conjunta en soluciones que fortalezcan la conectividad aérea del país sin afectar a los usuarios ni al sector.
A través de un pronunciamiento, los jueces destacaron que el trabajo de los defensores públicos es fundamental para garantizar el acceso oportuno y efectivo a la administración de justicia, en especial para las personas que requieren una defensa técnica adecuada y carecen de recursos para contratar un abogado particular.El documento advierte que, a la fecha, los defensores públicos han sido relegados por parte del Estado, situación que se ha traducido en el deterioro progresivo de sus condiciones laborales y profesionales.Según los jueces, esta afectación se ha profundizado desde el momento en que dejaron de recibir honorarios acordes con la importancia de su función y con los incrementos que consideran justos.En ese sentido, los jueces penales señalaron que los defensores públicos, en su condición de trabajadores, deben contar con garantías dignas y equiparables a las de los demás intervinientes y operadores del proceso penal, al advertir que no es posible hablar de derechos ni de garantías cuando quienes están llamados a protegerlos se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.“No es posible hablar de derechos ni de garantías cuando quienes están llamados a protegerlos se encuentran vulnerados y afectados”, señaló el comunicado de los jueces.
El mayor general (r) de la Policía Nacional, Luis Mendieta Ovalle, afirmó que el modelo de sanciones propias definido en la JEP terminó priorizando la financiación de los exintegrantes de las Farc y no a las víctimas del conflicto.“En este momento lo que está desfinanciado es el presupuesto que prácticamente el Estado y todas las entidades le iban a dar a las Farc para el pago de las sentencias propias. Aquí en ningún momento es reparación a las víctimas”, señaló.Mendieta sostuvo que, desde la firma del acuerdo de paz, las víctimas han sido relegadas en la implementación.También cuestionó los llamados trabajos, obras y actividades restaurativas. “Fuimos enfáticos en que no estábamos de acuerdo con esas sanciones propias y menos con todos los recursos que les iban a dar a los integrantes de la Farc para aplicar en los famosos TOAR, (…) que en nuestro sentido de restaurativas no tenían absolutamente nada, sino que eran presupuestos que iban a destinar para que los integrantes de la Farc en esos cuatro ejes centrales tuvieran burocracia y tuvieran contratos”, dijo.Según el general en retiro, distintas entidades del Estado han concentrado su acción en los comparecientes y no en las víctimas. “Aquí únicamente todas las entidades están teniendo en cuenta a los victimarios y las víctimas que la Farc ocasionaron no se les ha tenido en cuenta”, advirtió, al tiempo que recordó que el informe de la Contraloría confirma denuncias previas.En la misma línea, Sebastián Velázquez, representante legal de la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc, explicó que el inventario inicial presentado por las Farc “por un monto de un billón de pesos no se concreta” y que, finalmente, “al fondo de reparación para las víctimas solamente llega un oro avaluado aproximadamente en 40.000 millones”.Velázquez detalló que, a partir de investigaciones y expedientes judiciales, identificaron bienes no reportados. “Encontramos un expediente por unos bienes y un testaferrato por 100.000 millones de pesos”, el cual fue solicitado para que se incorporara al Caso 01 de la JEP.Agregó que, con base en informes de inteligencia conocidos como informe Génesis, se realizó una tasación de recursos ocultos que “llegaba a 13.5 billones”.Sin embargo, aseguró que los incidentes de incumplimiento presentados no han sido estudiados de fondo: “La JEP ha sido temeraria con la representación judicial, porque, en vez de investigar, nos ha inadmitido de plano y le ha dicho a la representación judicial que sea muy consciente de qué está radicando en contra”, lo que calificó como “un constreñimiento a la representación judicial”.Finalmente, Velázquez cuestionó que el Estado haya asumido la carga principal de la reparación y advirtió que las sanciones propias hoy están desfinanciadas.“Yo no sé en qué momento eso cambió, porque la prioridad y el responsable no es el Estado (...) Yo creo que ellos no tienen ahorita ni 50.000 millones para para empezar a ejecutar esas dos sentencias”, concluyó.Las víctimas advirtieron que la situación requiere “un revolcón total” al modelo actual de reparación y una revisión del marco legal, que, según señalaron, deberá ser asumida por “un nuevo Gobierno y un nuevo Congreso”.
Luego de que el registrador nacional, Hernán Penagos, presentó el modelo de tarjetón único que contendrá las hasta ahora dos consultas interpartidistas para la escogencia de candidatos presidenciales el próximo domingo 8 de marzo (Pacto Amplio y Gran Consulta por Colombia), el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), el magistrado Cristian Quiroz, manifestó su preocupación frente a los errores en los que podría incurrir el votante.“Es la primera vez en la historia que vamos a tener en una misma tarjeta las dos consultas y estamos a 40 días de las elecciones y lo que necesitamos es que las personas tengan la posibilidad de tener claro cómo se va a hacer ese proceso: van a recibir una tarjeta con las dos consultas y no se podrá marcar sino solo una porque marcar las dos va a anular ese voto”, aseguró el magistrado Quiroz.El magistrado Quiroz dejó claro que el mayor riesgo es que se dé una situación en que haya un alto porcentaje de votos nulos por confusión, falta de pedagogía o incluso por desconocimiento y buscar afectar alguna de las consultas; es por eso que pidió claridades sobre este tema y espera tratarlo con la Sala Plena del CNE en los próximos días, ya que esto se trata de una preocupación personal.Cabe recordar que esta decisión de unificar los tarjetones corresponde a una sentencia que busca proteger el secreto del voto y que no quede explícita la preferencia del votante.“No ha llegado ninguna solicitud de sanción, investigación o revocatoria de algún candidato a las consultas”: QuirozEl magistrado Quiroz también se pronunció acerca de las dudas que ha suscitado la posibilidad o no de que el senador Iván Cepeda y el exalcalde Daniel Quintero participen en la consulta del Pacto Amplio, luego de participar en la consulta del Pacto Histórico del 26 de octubre; así como qué pasaría con los candidatos que habiendo manifestado su intención de ir a una consulta, no participen el 8 de marzo.La cabeza de la autoridad electoral dejó claro que estas discusiones se realizarán una vez se dé la inscripción de los precandidatos y si se presenta la respectiva denuncia ante el CNE, ya que no se actúa por oficio.“No podemos adelantarnos sobre las acciones que van a llegar porque a hoy no ha llegado ninguna solicitud de sanción, investigación o revocatoria de algún candidato de participación o no en las próximas consultas; hasta que eso no llegue a la corporación no podremos tomar decisiones y no podemos pronunciarnos sobre algo que futuramente llegará al Consejo Nacional. Nosotros hacemos parte de un cuerpo colegiado, el Consejo Nacional Electoral no actúa de oficio, una vez llega la solicitud a la corporación se hace el reparto de algunos de los despachos de los magistrados y ellos llevarán un proyecto de resolución a la sala y será la sala plena la que deberá tomar la decisión en ese momento (...) De las consultas, no ha llegado absolutamente nada. En este momento, el Consejo Nacional Electoral no tiene para discusión de sala ninguna solicitud de revocatoria ni descripción de candidatos. Hoy no tenemos esa radicación en Sala”, aseguró Quiroz.Desde el CNE además aseguraron que tanto para las elecciones del Congreso y Consultas del 8 de marzo, como las dos vueltas presidenciales del 31 de mayo y 21 de junio, se tendrá la más grande misión de observación internacional y en la que participarán 150 observadores de la Unión Europea, 150 personas de los Estados Unidos, así como delegados de la OEA, el Centro Carter y más de 60 países.
El delegado de la Conferencia Episcopal para las relaciones Iglesia-Estado, Monseñor Hector Fabio Henao, alertó sobre las afectaciones humanitarias que enfrentan comunidades rurales del Guaviare tras los enfrentamientos por la disputa territorial entre disidencias de alias ‘Calarcá’ y alias ‘Mordisco’ registrados en la vereda Cubay, del municipio de El Retorno, en Guaviare.Según Monseñor, la violencia ha generado un clima de temor que limita la movilidad de la población y agrava la situación de niños, niñas y adolescentes que permanecen sin acceso a la educación.“El año pasado hubo clases solamente el primer semestre. Después, las amenazas a los profesores, y en el segundo semestre no hubo clases. Claro, hubo la propuesta de suplantar esto con actividades virtuales, pero muchos niños en sus casas no tienen acceso”, afirmó el delegado.A esta problemática se suma que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) no ha podido funcionar debido a las restricciones de seguridad.Monseñor, señaló además que una parte de la población rural evita desplazarse: “Hay una franja de población que no se atreve a salir de las veredas, porque tiene temor de pasar por ciertos registros o retenes que se establezcan, y tiene que dar muchas explicaciones, pero, en general, ha quedado una zozobra muy grande”, afirmó.El representante señaló que existía una alta expectativa entre los padres de familia por el posible retorno de las clases, pero “estas circunstancias que se están viviendo en el momento presente, como dijo, dan mucha incertidumbre, no hay una definitiva todavía”.Indicó que, aunque aún no hay decisiones definitivas, es necesario que “desde el Ministerio de Educación hasta las autoridades más territoriales en el municipio del Retorno, se acerquen a la situación y miren cómo serían las alternativas”.Finalmente, Monseñor Henao hizo un llamado a enfocarse “en una población particularmente vulnerable”.
En un paraje rural de la vereda Las Morras, del municipio de Algeciras, Huila, hombres armados dispararon contra la humanidad de un firmante de paz identificado como Didier Andrés Cardozo y su esposa Edna Katherin Real, oriunda de Santana Ramos, Caquetá, quien falleció en el lugar de los hechos.Según información oficial, el hombre gravemente herido fue auxiliado por habitantes de la zona y llevado al hospital local de Algeciras, donde fue atendido y remitido a un centro asistencial de Neiva, debido a la gravedad de las heridas, quien permanece con pronóstico reservado.El teniente coronel Óscar Cárdenas Peña, comandante encargado de Policía Huila, dijo que en el ataque armado, Didier Cardozo, recibió un impacto de bala en la región toráxica y de acuerdo con información preliminar el firmante de paz y su pareja se desplazaban hacia la vereda Alto Esatías a un evento a 25 minutos del casco urbano aproximadamente.“El hecho se presentó en la vía que comunica hacia la vereda Las Morras a 25 muinutos del casco urbano de Algeciras, debido a los impactos con arma de fuego murió la señora Edna Katherin Real mientras que el señor Didier Andrés Cardozo, recibió atención médica y posteriormente remitido a Neiva por recibir una herida en el tórax”, indicó el comandante encargado de Policía, Huila.De acuerdo con datos suministrados por voceros de esta población en el Huila, Didier Cardozo, hace parte de una asociación de excombatientes que actualmente desarrollan proyectos productivos como parte de los acuerdos de paz.Por su parte, el CTI de la Fiscalía, en articulación con la Sijín de la Policía, adelantan las investigaciones para esclarecer los móviles y dar con la ubicación de los responsables de este nuevo hecho de violencia que preocupa a las autoridades y a la población civil.
La Registraduría Nacional presentó el formato de la tarjeta electoral para las consultas presidenciales del próximo 8 de marzo y confirmó que habrá una sola tarjeta para todas las consultas, con el fin de garantizar el secreto del voto. Los ciudadanos deberán marcar una única opción en toda la tarjeta, pues hacerlo en más de una casilla anulará el voto.El registrador Hernán Penagos explicó que esta medida evita que se evidencie la orientación política del votante. Además, recordó que el 6 de febrero vence el plazo para la inscripción de precandidatos por parte de las organizaciones políticas y que, una vez cerrada esta etapa, se realizará el sorteo de la posición de los candidatos en la tarjeta electoral.Esta decisión ha generado inconformidad. El Consejo Nacional Electoral expresó su preocupación por que este formato genere una cantidad importante de votos nulos, en el momento en el que una persona marque más de una casilla.Este formato fue presentado durante la Comisión Nacional de Seguimiento Electoral, a la que asisten representantes de partidos, el registrador, el ministro del Interior, el director de la UNP y UIAF y otros altos funcionarios. Desde allí el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que están trabajando para garantizar la seguridad de las elecciones en todo el territorio nacional.
La iniciativa busca hace parte del conjunto de propuestas que el precandidato viene presentando antes de la consulta del Frente Amplio, que se realizará el 8 de marzo para definir el candidato único de ese sector político.De acuerdo con el planteamiento, la medida busca reducir el impacto de los altos precios del combustible sobre la economía familiar y los sectores productivos. La propuesta contempla una estructura de precios revisada, con subsidios focalizados y mecanismos de control que permitan equilibrar el costo del galón sin afectar la sostenibilidad fiscal.El exmandatario también señaló que esta medida se acompañaría de un impulso a la transición energética, con incentivos a tecnologías limpias y políticas que promuevan un consumo más responsable de combustibles.La propuesta ha generado distintas reacciones en el ámbito económico. Algunos analistas consideran que la reducción podría favorecer la competitividad y aliviar los costos del transporte público y de carga, mientras otros advierten sobre las implicaciones fiscales que tendría una disminución sostenida del precio del galón.Con esta iniciativa, el precandidato busca posicionar su agenda en torno a temas de economía popular y costo de vida, en un contexto donde el precio de la gasolina se ha convertido en uno de los debates más sensibles para los colombianos.
La directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, aseguró que desde la organización están solicitando la conformación de una comisión nacional de seguimiento electoral para la frontera con Venezuela, con el fin de analizar la situación política del país vecino y los posibles efectos que esta pueda tener sobre las elecciones en Colombia. Según explicó, se trata de un escenario que requiere monitoreo permanente y coordinación institucional. “Hay temas de cierre de fronteras que hay que coordinar, pero también presencia de una guerrilla binacional y, dependiendo de lo que pase en Venezuela, puede haber retorno de guerrilla. Hay que hacer seguimiento”, afirmó.En otro punto, la directora de la MOE cuestionó los topes de financiación establecidos para las consultas interpartidistas, al compararlos con los del proceso realizado el año anterior. “El tope del año pasado era de 6.000 millones. Este año es de $18.000 millones. La reposición de votos el año pasado era 2.555 votos, para este año es de 8.287 votos. Estamos hablando de consultas que tienen como propósito elegir candidatos a la presidencia. No tenemos claro por qué esa diferencia en topes y reposición de votos”, señaló.Barrios también alertó que la financiación de las campañas políticas sigue siendo uno de los principales retos del proceso electoral y pidió solucionar los problemas del aplicativo Cuentas Claras, que solo hasta la semana pasada fue habilitado. “Solo cuatro campañas han registrado ingresos y otras cuatro gastos y estamos hablando de 3.144 candidatos (…) es importante que el Gobierno Nacional solucione el acceso a las cuentas bancarias por parte de organizaciones políticas”, dijo.Además, advirtió que, según información verificada en Meta, existen gastos por $500 millones correspondientes a 131 cuentas que no aparecen reportados en la plataforma.Finalmente, la directora de la MOE se refirió a la violencia política en el país, al señalar que se han reportado 415 hechos contra líderes políticos. “El 40 % es en Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Valle del Cauca. El 53% en circunscripciones transitorias especiales de paz. Hay que hacer acciones coordinadas, pero no solo desde Bogotá; estamos hablando de territorios que tienen alcaldes y gobernadores”, concluyó.
El gobierno nacional finalmente expidió el decreto 0030 de 2026 con el que se estableció una prima especial de servicios en la remuneración mensual de los congresistas.Actualmente, la remuneración de los congresistas se compone de un sueldo básico, los gastos de representación y la prima especial de localización, vivienda y salud. Con esta decisión, que deroga el decreto 2170 del 4 de octubre del 2013 y que será aplicable para el Congreso que se posesione el 20 de julio de 2026, los parlamentarios dejarán de percibir $16’914.540 pesos mensuales.Según se puede leer en el decreto, el Gobierno Nacional justifica la reducción en que “la remuneración percibida por los congresistas resulta desproporcionada en relación con el ingreso promedio de la población y con la realidad económica del país”.Cabe recordar que desde el 2015, se han presentado cerca de 18 proyectos buscando reducir, congelar o establecer un tope para el salario de los congresistas. Sin embargo, todos estos proyectos fueron archivados.
El asesinato de 26 integrantes de las disidencias bajo el mando de alias ‘Calarcá’ y alias ‘Iván Mordisco’ en zona rural del municipio de El Retorno, Guaviare, puso en evidencia la intensidad y crudeza de la confrontación entre dos facciones disidentes de las antiguas Farc que se disputan el control territorial y las rentas ilegales en esta región del sur del país.De acuerdo con información de inteligencia militar, en Guaviare tiene fuerte presencia el Bloque Jorge Suárez Briceño, estructura alineada a la facción de Alexander Díaz Mendoza, alias ‘Calarcá’. Este bloque delinque a través de varias estructuras armadas, entre ellas la estructura Marco Aurelio Buendía, comandada por William Castro, alias ‘Jhon Guerrero’, y la estructura Jhon Linares, cuyo jefe es Robinson de Jesús González Londoño, alias ‘Caicedo’. Estas unidades cuentan con dispositivos armados, redes logísticas y comisiones financieras que operan en zonas rurales estratégicas del departamento.En paralelo, se mantiene activa la facción disidente liderada a nivel nacional por Néstor Gregorio Vera, alias ‘Iván Mordisco’, a través del Bloque Amazonas Manuel Marulanda Vélez. En Guaviare, esta estructura delinque principalmente mediante la estructura primera Armando Ríos, cuyo cabecilla es Diego Horacio Tarache, alias ‘Korea’, y la subestructura 44 Antonio Ricaurte, al mando de Jhon Wilmer Trochez, alias ‘Yimmi Martínez’. Estas unidades están asociadas al control de corredores de narcotráfico, centros de entrenamiento ilegal y redes de financiamiento criminal.El choque entre ambas facciones escaló en las últimas semanas por disputas internas relacionadas con el control de economías ilícitas y la dominación de áreas estratégicas en El Retorno y otros municipios del Guaviare. Según el análisis de las autoridades, las 26 personas asesinadas pertenecen a estas dos corrientes disidentes.Además de estas dos facciones, el documento de inteligencia da cuenta de la presencia de otras estructuras disidentes en el departamento, como la Segunda Marquetalia, a través de la columna móvil Rodrigo Reyes, y la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano, específicamente el Frente Iván Merchán, que mantienen articulación con redes de narcotráfico y apoyo logístico en la región.El asesinato múltiple en El Retorno no solo revela la fragmentación y violencia interna de las disidencias, sino que confirma que Guaviare sigue siendo uno de los principales escenarios de disputa armada entre estructuras criminales, donde la lucha por el control territorial y las rentas ilegales continúa dejando un alto saldo de muertos y profundizando la inestabilidad en zonas rurales del departamento.