Las autoridades aeronáuticas de Colombia avanzan en la investigación del accidente de una aeronave de Satena ocurrido en la región del Catatumbo, una zona considerada de complejidad geográfica y operacional. Dentro de las hipótesis analizadas, la Aeronáutica Civil confirmó que no se descarta la posible interferencia en los sistemas de navegación, incluyendo fenómenos conocidos como jamming y spoofing, tecnologías que afectan la señal satelital utilizada por las aeronaves.Así lo explicó el coronel Álvaro Bello, director técnico de investigaciones de accidentes de la Aeronáutica Civil, quien señaló que estos escenarios hacen parte de las líneas modernas de análisis en accidentes aéreos, especialmente en regiones con condiciones particulares.¿Qué es el jamming y cómo afecta la navegación aérea?El jamming es una interferencia directa a los sistemas de navegación satelital que impide la recepción normal de la señal. En términos prácticos, esta situación provoca que la aeronave pierda comunicación o referencia precisa de su posición, lo que afecta la navegación y el seguimiento del vuelo.De acuerdo con el coronel Bello, este tipo de interferencia consiste en “cortar la señal y la comunicación”, lo que obliga a los investigadores a revisar si hubo pérdida total o parcial de datos durante el trayecto de la aeronave.¿Qué es el spoofing y por qué es más difícil de detectar?A diferencia del jamming, el spoofing no bloquea la señal, sino que altera la información que recibe la aeronave. Esto puede llevar a que los sistemas indiquen que el avión se encuentra en un punto distinto al real.“El spoofing te puede llevar a pensar que estás en un sitio cuando realmente estás en otro”, explicó el director técnico de investigaciones. Esta característica lo convierte en un fenómeno más complejo de identificar, ya que la aeronave continúa operando con datos aparentemente normales, pero incorrectos.¿Por qué estas hipótesis se analizan en el caso del Catatumbo?La Aeronáutica Civil indicó que el lugar donde ocurrió el accidente es un factor clave dentro de la investigación. La ubicación geográfica, sumada a las condiciones del entorno, obliga a considerar escenarios que incluyen interferencias externas.Según el coronel Bello, estas hipótesis no se descartan precisamente por el contexto del territorio y forman parte del análisis técnico que se debe realizar antes de llegar a conclusiones definitivas.¿Qué papel juegan las cajas negras en la investigación?Para determinar si existió jamming, spoofing u otro tipo de interferencia, los investigadores dependen del análisis de los registradores de vuelo.“El análisis de datos y la información contenida en las cajas va a ser fundamental para poder identificar eso”, señaló el funcionario, destacando que estos elementos permitirán reconstruir la trazabilidad del vuelo y la dinámica del impacto.¿Se investiga un posible atentado contra el avión de Satena?Ante las preguntas sobre un eventual atentado, la Aeronáutica Civil fue enfática en señalar que, hasta el momento, no se ha encontrado evidencia que indique una interferencia ilícita deliberada.El coronel Bello explicó que, tras revisar los restos de la aeronave, su disposición y la dinámica del impacto, el grupo investigador no ha identificado señales que confirmen un acto intencional contra el avión.La autoridad aeronáutica reiteró que la investigación continúa abierta y que todas las hipótesis técnicas siguen siendo evaluadas. Factores humanos, organizacionales y tecnológicos hacen parte del análisis integral del accidente.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
Con información aportada por exintegrantes de la fuerza pública, excombatientes de grupos armados ilegales que se vieron involucrados en hechos de desaparición forzada en el marco del conflicto armado, el equipo forense de la Regional Sur de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, durante el año 2025, recuperaron 123 cuerpos en cementerios de Huila, Caquetá y Putumayo.De acuerdo con el reporte, en la misma vigencia 2025 se recuperaron del cementerio central de Neiva, del antiguo cementerio de Pitalito y en campo abierto o fosas comunes 53 cuerpos y 22 fueron entregados a sus familiares, mientras que los demás restos se encentran en proceso de identificación.“En el Grupo Territorial Huila, a cierre de 2025 se registraron 598 solicitudes de búsqueda y se acompañó a 96 personas aportantes de información. El equipo gestionó dos accesos a lugares de interés forense, tomó 177 muestras biológicas, recuperó 53 cuerpos, principalmente en el Cementerio Central de Neiva, y acompañó 22 entregas dignas” dijo Andrea Jiménez Silva, coordinadora de la Unidad de Búsqueda Regional Sur.Jiménez Silva, agregó que, de acuerdo a la información recopilada como Unidad de Búsqueda, en estos tres departamentos del sur colombiano hay un registro de 10.500 personas que continúan desaparecidas como consecuencia del conflicto armado que generó dolor y sufrimiento a miles de familias en los años oscuros de la violencia. En el Huila, data un registro de 1.500 personas desaparecidas.La Unidad de Búsqueda espera en este año 2026 entregar más de 100 cuerpos exhumados a los familiares en Huila, Caquetá y Putumayo quienes llevan años buscando a sus seres queridos que desaparecieron como víctimas del conflicto armado.“La búsqueda no termina con la recuperación de los cuerpos. El reto es avanzar en la identificación para devolverles el nombre que les corresponde y permitir que puedan regresar al seno de su hogar. También es fundamental mantener y abrir nuevos corredores humanitarios que nos permitan llegar a los lugares donde el acceso sigue siendo difícil”, afirmó Andrea Jiménez.Balance de cuerpos recuperados en HuilaDesde el mes de noviembre del 2023 fecha en que se inició el proceso de intervención al Monumento 14 del cementerio central de Neiva, incluyendo las exhumaciones en el antiguo cementerio de Pitalito y en campo abierto, a la fecha en el Huila se han recuperado 137 cuerpos de personas que desaparecieron por cuenta de la violencia armada en el sur del país.En ese sentido en estos dos últimos años de intervención en cementerios de Neiva y Pitalito y exhumación de cuerpos por parte de la Unidad de Búsqueda, en el Huila se han entregado 28 restos identificados a sus respectivos familiares, quienes llevaban años buscando a sus seres queridos.
La Corte Constitucional deberá tomar decisiones sobre la reforma pensional, una de las iniciativas bandera del Gobierno Petro que fue demandada en agosto del 2024 y de la cual se espera el alto tribunal tome una decisión de fondo en las próximas semanas. Sin embargo, este debate podría alargarse porque se conoció que una persona radicó una recusación contra el magistrado Vladimir Fernández, lo que en la práctica significa una petición directa a la Corte para que el togado sea apartado de la discusión de la pensional.La solicitud se produce luego de que la Secretaría Jurídica de la Presidencia, presentara una recusación contra el presidente de la Corte Constitucional, magistrado Jorge Enrique Ibáñez, por presunto prejuzgamiento en declaraciones a medios de comunicación sobre la ley que está bajo la lupa de la alta corte.Para el recusante, la actuación del Gobierno al pedir que Ibáñez sea apartado de la discusión, demostraría un interés directo en la decisión de constitucionalidad de la reforma, lo que para juicio de la persona que recusó a Vladimir Fernández compromete su imparcialidad de quien fue secretario jurídico de la Presidencia.Incluso, el escrito es claro en señalar que Vladimir Fernández debió declararse impedido para conocer del asunto una vez se posesionó como magistrado de la Corte Constitucional.Ahora será la Sala Plena de la Corte Constitucional la que deberá decidir si el magistrado Vladimir Fernández debe separarse del estudio de la reforma pensional. Esto es importante porque las cargas en la Corte están definidas, Fernández junto al magistrado Héctor Carvajal fueron cercanos al presidente Gustavo Petro en roles distintos, y en decisiones proferidas desde el alto tribunal ambos han votado a favor del gobierno.
El coronel Álvaro Bello, director técnico de investigaciones de accidentes de la Aeronáutica Civil, confirmó en Mañanas Blu, con Néstor Morales, que la prioridad en este momento es la descarga y análisis de las cajas negras del avión de Satena HK‑4709, siniestrado en el Catatumbo con 15 personas a bordo. Asimismo, reveló que una interferencia es una de las hipótesis que maneja le entidad.“En este momento le puedo confirmar que estoy en el proceso de descarga de datos de la caja grabadora de datos de vuelo”, explicó, al detallar que se trata de dos dispositivos: uno de voces y sonidos de cabina y otro de datos de vuelo registrados segundo a segundo. Enfatizó que aún no puede entregar conclusiones sobre las causas del siniestro porque necesita tiempo para empezar a identificar y sustentar lo que ya se pudo se detectar o leer en el sitio.Según la Aerocivil, estos grabadores son fundamentales para reconstruir la trayectoria, las comunicaciones y los parámetros técnicos del vuelo que cubría la ruta Cúcuta–Ocaña, en una zona de compleja geografía y presencia de actores armados ilegales. La autoridad aeronáutica mantiene la custodia de los equipos y adelanta un proceso de recuperación de datos más complejo en el caso de la grabadora de voces, que sufrió golpes severos por la desaceleración del impacto.¿El avión de Satena se estrelló contra la montaña?Bello reveló que la inspección preliminar en terreno permitió establecer elementos clave sobre cómo impactó la aeronave contra la montaña en el Catatumbo. “La aeronave tiene un impacto que es ascendente, es decir, no es de frente, no hay una colisión frontal contra el terreno”, relató, lo que da, según explicó, “un indicio que podría haber un intento de alguna maniobra final antes de la colisión como tal”. La huella del impacto se extiende unos 150 metros desde la parte alta de la ladera hacia abajo, en el punto más elevado donde quedaron los restos.Aunque los indicios sugieren un desplazamiento a lo largo de la ladera y no un choque frontal, el director de investigaciones se abstuvo de confirmar si el piloto realizó una maniobra in extremis para tratar de evitar la colisión. “Necesito descargar los datos y empezar a analizarlos para poder confirmar si efectivamente hubo una maniobra final”, subrayó el coronel tras insistir en que cualquier interpretación sobre la reacción de la tripulación debe estar soportada en la telemetría registrada por los sistemas de a bordo. Las condiciones meteorológicas exactas en el momento del siniestro también serán contrastadas con la información técnica de la aeronave.Conversaciones en cabina y control: prudencia frente a filtracionesEn medio de versiones y audios que han circulado en redes sobre la supuesta última conversación entre la tripulación y los servicios de control aéreo, Bello pidió cautela y rigor informativo. “En medios salen muchísimas versiones que no son confirmadas en redes”, advirtió. Asimismo, señaló que la única forma de validar esos audios será cuando se logre extraer y cotejar el contenido de la caja grabadora de voces que ya está en poder de la autoridad investigadora. Sobre esa caja, precisó: “Estamos en condiciones en este momento de poder hacer un proceso que va a llevar más tiempo, pero es la recuperación de los datos”.El oficial recordó que las comunicaciones entre pilotos y control se basan en una fraseología técnica estandarizada, en la que reportar “aproximación” implica que la aeronave ya está en fase de descenso hacia la pista de destino. Cualquier indicio de declaración de emergencia o mensajes atípicos deberá establecerse únicamente a partir de la grabación de cabina y de los registros del centro de control de tráfico aéreo.Estado del avión y rol de la empresa operadoraFrente a las condiciones técnicas del Beechcraft 1900D operado para Satena, Bello señaló que, desde el punto de vista regulatorio, la aeronave estaba habilitada para volar. “Esta aeronave como tal contaba con esos registros de aeronavegabilidad o de aprobación de operación por parte de la autoridad aeronáutica”, afirmó. Agregó que las inspecciones realizadas por los inspectores de aeronavegabilidad y de operaciones aéreas estaban vigentes y en regla al momento del accidente. “Si esa aeronave estaba haciendo ese vuelo, es porque esa aeronave está autorizada y legal en sus términos de aeronavegabilidad para cumplir con ese vuelo”, recalcó.El investigador subrayó, no obstante, que la Aerocivil también indaga el factor organizacional dentro de la empresa encargada del vuelo. Esto incluye revisar su sistema de gestión de riesgos, los procedimientos de identificación de peligros, la administración de tripulaciones y la forma en que se garantiza la disponibilidad técnica de la flota. Se trata de un enfoque integral que no se limita al desempeño de la tripulación, sino que incorpora la cultura de seguridad operacional de la organización.Interferencia, jamming y spoofing: una hipótesis de la era digitalAl ser consultado sobre si la causa más probable es el clima o el error humano, el coronel Bello insistió en que la investigación se mueve en varias líneas simultáneas. “Hay factor humano involucrado, hay un factor organizacional y hay un factor que no podemos descartar, que es algo que es moderno, es de la actualidad”, dijo, al introducir el componente de interferencia en la navegación satelital. Allí mencionó explícitamente dos conceptos: jamming y spoofing.Bello enfatizó que la ubicación del escenario —en el Catatumbo, zona fronteriza, de difícil geografía y alta conflictividad— obliga a considerar la posibilidad de interferencia cibernética como una hipótesis de trabajo. “Tenemos que tener en cuenta dentro de una hipótesis de investigación el sitio donde está ubicado el accidente y no podemos descartar que efectivamente pueda haber una situación de esta condición”, sostuvo. Ante la pregunta de si dicha interferencia podría ser eventualmente provocada por alguien, respondió con cautela: “Eso está dentro de una línea de investigación”.La hipótesis de atentado y lo que se ha descartadoSobre la hipótesis de un atentado, Bello fue categórico al señalar que, con la evidencia recogida en el lugar del siniestro, no es posible sostener esa tesis. “Dentro de lo que se identificó en los restos, en la disposición de los restos, en la trazabilidad o la dinámica de impacto, no puedo confirmar eso porque no veo o no identificamos con el grupo una evidencia que haya habido algún tipo de interferencia ilícita”, indicó. De esta forma, la Aerocivil descarta por ahora indicios de explosiones o acciones violentas previas al impacto.El investigador recordó que cualquier conexión con un posible acto terrorista deberá estar plenamente sustentada en pruebas físicas, análisis forenses y datos de las cajas negras, y no en especulaciones. Por ahora, la entidad trabaja bajo el principio de no descartar hipótesis, pero sí de ajustar o derribar líneas de investigación a medida que avanza la recolección y contrastación de información técnica. El objetivo, insistió, es establecer causas probables que deriven en recomendaciones de seguridad para evitar nuevos accidentes.
La recuperación del Complejo Hospitalario San Juan de Dios entró en una nueva fase que va mucho más allá de levantar muros o restaurar estructuras históricas. Así lo explicó la ministra de Cultura, Yannai Kadamani Fonrodona, en entrevista con Mañanas Blu 10:30 AM, al detallar el alcance del convenio firmado entre el Gobierno y la Alcaldía de Bogotá.Según la ministra, el anuncio realizado recientemente en el San Juan de Dios, y que quedó opacado por la controversia alrededor del discurso del presidente Gustavo Petro, marcó un punto de quiebre tras años de bloqueos institucionales. El corazón del proyecto será el plan médico-arquitectónico, una hoja de ruta que definirá qué servicios se prestarán y cómo se usarán los distintos pabellones del hospital. Estas decisiones no quedarán al vaivén de los cambios políticos, sino que se adoptarán en comités operativos integrados por la Nación y el Distrito, con base en estudios y diseños técnicos."Por supuesto se nos va a permitir ingresar con mayor facilidad a realizar las obras que ya están andando desde hace tres años y a cumplir con los avances necesarios para entregar un complejo de mediana y alta complejidad”, recalcó la ministra, quien subrayó que este modelo rompe con visiones anteriores que contemplaban esquemas de concesión o participación privada en la operación del hospital.Avances concretos y obras en marchaAunque durante años el San Juan de Dios fue símbolo de abandono, Kadamani aseguró que hoy los avances son tangibles. En los últimos dos años se han estructurado y adjudicado 13 licitaciones, todas con recursos garantizados, y actualmente 13 pabellones están en obra.De acuerdo con el cronograma, este año se espera la entrega de cinco o seis edificios, mientras que en los próximos tres años el objetivo es mostrar avances de manera constante hasta completar la recuperación del complejo. El pabellón de mantenimiento ya fue entregado y el que presenta mayor progreso es el Materno Infantil.En materia de recursos, la ministra detalló que hasta ahora el Gobierno, en cofinanciación con los ministerios de Salud y Educación, ha invertido 338.000 millones de pesos en la recuperación de los pabellones. A esto se suma un respaldo clave: vigencias futuras por 1,6 billones de pesos, destinadas principalmente a la restauración de la torre central y el ala de urgencias, bienes de interés cultural de la Nación.Además, el modelo de operación contempla la participación de universidades públicas, no solo la Universidad Nacional, sino también la Universidad Distrital y otros programas académicos que podrían sumarse al funcionamiento del hospital.Pese a las históricas tensiones entre el Gobierno y la Alcaldía de Bogotá sobre el futuro del San Juan de Dios, la ministra destacó que hoy existe una coincidencia clara entre el presidente Gustavo Petro y el alcalde Carlos Fernando Galán. "Nosotros, por el momento, estamos concentrados en recuperar los 24 edificios que van a comprender el complejo completo (...) Pero como les menciono, nuestro valor principal será entregar un espacio totalmente público", conluyó.
Barranquilla comienza a sentir el pulso festivo que anuncia la llegada de su Carnaval 2026, y uno de los eventos que desde ya genera mayor expectativa es el Rumbódromo del Río, una propuesta musical de gran formato que promete convertirse en uno de los hitos culturales del próximo año. Durante dos jornadas consecutivas, el sábado 14 y el domingo 15 de febrero, la Explanada Puerta de Oro será el epicentro de una celebración que reunirá sonidos, generaciones y estilos en un mismo espacio.Más que un simple concierto, este encuentro se perfila como una experiencia integral pensada para exaltar la esencia carnavalera de la capital del Atlántico. La producción contará con un despliegue técnico de alto nivel, incluyendo escenarios de gran formato, sistemas de sonido de última generación y una puesta en escena diseñada para garantizar comodidad, seguridad y entretenimiento para miles de asistentes. Serán dos noches que quedarán grabadas en la memoria colectiva de la ciudad.El primer gran encuentro musical tendrá lugar el sábado 14 de febrero, coincidiendo con el tradicional Sábado de Carnaval. Desde tempranas horas, propios y visitantes podrán disfrutar de una programación diversa que combinará vallenato, salsa, bachata, reguetón y fusiones tropicales. Sobre el escenario desfilarán reconocidos artistas como Rafa Pérez, Oscar D’ León, Elder Dayán, Churo Díaz, Magic Juan, Diego Daza, Poncho Zuleta, Criss y Ronny, Mono Zabaleta, Martín Elías Jr. y Dekko, conformando una nómina que garantiza una noche cargada de ritmo y emoción.La fiesta continuará el domingo 15 de febrero con un cartel igualmente poderoso. Esta segunda jornada estará liderada por Silvestre Dangond, una de las figuras más influyentes del vallenato contemporáneo, quien compartirá tarima con el cantautor paisa Juanes. Su participación promete ser uno de los momentos más esperados del evento, gracias a un repertorio de éxitos que han conquistado escenarios internacionales y dominan las plataformas digitales.La diversidad musical será protagonista también en esta fecha. La música popular y el regionalismo tendrán su espacio con Luis Alfonso; la salsa brillará con la presencia de Tito Nieves, considerado una leyenda viva del género; mientras que el merengue dominicano llegará de la mano de Sergio Vargas, dispuesto a poner a bailar al público de principio a fin. El vallenato tradicional estará representado por Iván Villazón, y el movimiento urbano tendrá fuerza con Lil Silvio y El Vega, junto a Dekko.Como incentivo adicional, la organización ha anunciado un descuento especial en toda la boletería disponible hasta el 31 de enero, una oportunidad ideal para asegurar la entrada a uno de los eventos más esperados del Carnaval. Los interesados pueden obtener más información y adquirir sus boletas a través del portal oficial www.tuboleta.com.Con esta propuesta, Barranquilla reafirma su lugar como escenario de grandes espectáculos y se prepara para vivir dos noches donde la música será el lenguaje común de una ciudad que ya empieza a vibrar al ritmo de su Carnaval.
La Sabana de Bogotá se consolida como el principal polo de crecimiento de la construcción industrial en Colombia. La reducción de suelo disponible dentro del perímetro urbano de la capital, sumada a las restricciones del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), ha impulsado una relocalización sostenida de proyectos logísticos, centros de distribución y plantas de producción hacia municipios como Funza, Mosquera, Cota y Zipaquirá, donde existen condiciones más favorables para el desarrollo de este tipo de infraestructura.De acuerdo con Fernando Bermúdez, CEO de Bermúdez Constructores, la oferta de terrenos industriales en Bogotá ha disminuido de manera significativa en los últimos años, lo que ha elevado los precios del suelo urbano y generado un desplazamiento natural de la inversión hacia zonas con mayor disponibilidad, mejor conectividad vial y procesos normativos más ágiles.Esta migración responde también al auge del comercio electrónico y al crecimiento del transporte y la manufactura, sectores que demandan cada vez más espacios amplios, flexibles y con clara vocación logística.Según los escenarios macroeconómicos citados por Camacol en su Revista Urbana, a partir de 2027 la economía colombiana mantendría una senda de crecimiento moderado, apalancada en la fortaleza de la demanda interna y en la reactivación gradual de la inversión productiva.En este contexto, la construcción industrial y logística se consolida como un componente estratégico del desempeño económico, al acompañar la expansión de la manufactura, el comercio y las cadenas de distribución.Los municipios de la Sabana ofrecen hoy ventajas competitivas decisivas: menores costos por metro cuadrado, licencias más rápidas, disponibilidad de servicios públicos y acceso directo a las principales autopistas nacionales.Estas condiciones han favorecido el desarrollo de bodegas modulares, centros logísticos y parques industriales planificados, diseñados para optimizar operaciones y reducir tiempos de distribución.“En los últimos cinco años, la construcción de infraestructura industrial en la Sabana se ha duplicado, lo que evidencia un cambio estructural en el modelo de crecimiento regional. Solo en el último año, la mayoría de los nuevos proyectos se concentraron fuera del perímetro de Bogotá, especialmente en los corredores estratégicos del occidente y norte”, señaló Bermúdez.Los analistas coinciden en que esta tendencia continuará en los próximos años, impulsada por la ubicación estratégica de la Sabana, la disponibilidad de suelo y la articulación público-privada que ha permitido mejorar la planeación y la dotación de servicios. No obstante, persisten retos clave como la infraestructura vial, los tiempos de licenciamiento y la coordinación entre municipios.Desde la perspectiva técnica de Bermúdez Constructores, uno de los principales desafíos es equilibrar el desarrollo entre Bogotá y su área metropolitana. Para ello, resulta fundamental promover la renovación de suelos subutilizados dentro de la ciudad y fortalecer las políticas de planificación metropolitana, de modo que la expansión industrial responda a una estrategia integral de desarrollo económico sostenible.La transformación del suelo industrial ya está en marcha y todo indica que la Sabana de Bogotá seguirá liderando el nuevo ciclo de crecimiento productivo del país, consolidándose como un eje estratégico para la inversión, la logística y la competitividad nacional.
Blu Radio conoció la historia de Juan Sebastián Moreno, un joven de 27 años diagnosticado con síndrome de Ehlers-Danlos, inmunodeficiencia primaria variable común y fibrosis quística, que se encuentra nuevamente hospitalizado luego de pasar cerca de tres meses sin recibir la inmunoglobulina subcutánea, medicamento esencial para controlar infecciones y procesos inflamatorios asociados a su condición.Así lo denunció su madre, Doris Cecilia Sánchez, quien aseguró que las fallas en la dispensación de medicamentos por parte de Nueva EPS y sus gestores farmacéuticos han provocado un deterioro progresivo y severo en la salud de su hijo.Según relató, desde septiembre de 2025 comenzaron las demoras en la entrega de medicamentos. Aunque en octubre se entregaron algunos fármacos de manera parcial, desde noviembre la situación se agravó. En diciembre, afirma, no se entregó ningún medicamento, ni siquiera los de uso básico como acetaminofén.La situación más crítica, explica, fue la suspensión total de la inmunoglobulina, un tratamiento que Juan Sebastián debe recibir semanalmente y que no tiene reemplazo terapéutico. “Sin inmunoglobulina, él se infecta, convulsiona y se deteriora rápidamente”, señaló.La falta de este medicamento derivó en infecciones recurrentes, convulsiones, dolor constante y una pérdida significativa de movilidad. De acuerdo con su madre, el joven pasó de caminar y salir de su casa a no poder levantarse de la cama, presentar fatiga extrema y requerir atención hospitalaria urgente.A esto se suman las dificultades para acceder a anticonvulsivantes, analgésicos y antibióticos. En varios casos, Doris Sánchez tuvo que comprar los medicamentos con recursos propios, asumiendo gastos que superan los 3,5 millones de pesos. Algunos tratamientos, explicó, tienen costos elevados: anticonvulsivantes cercanos al millón de pesos por caja, antibióticos de hasta 200.000 pesos por ampolla y morfina que puede costar más de 180.000 pesos por frasco.Actualmente, Juan Sebastián se encuentra hospitalizado, donde ha recibido antibióticos, analgésicos e hidratación, y está siendo valorado por varios especialistas. Sin embargo, su madre insiste en que toda la crisis de salud es consecuencia directa de no haber recibido la inmunoglobulina. Incluso, uno de los gérmenes detectados sería de origen hospitalario, lo que aumenta los riesgos debido a su sistema inmunológico comprometido.Doris Sánchez también denunció falta de respuestas por parte de la EPS, los gestores farmacéuticos y las autoridades de control. Asegura que ha presentado múltiples solicitudes, derechos de petición, tutelas y al menos cuatro radicados ante la Superintendencia Nacional de Salud, sin obtener soluciones concretas. “Solo llegan respuestas automáticas y nadie asume el caso”, afirmó.Frente a la situación, este medio buscó a Nueva EPS, desde donde indicaron que van a revisar el caso; sin embargo, hasta el momento no se ha dado una respuesta de fondo ni se ha confirmado la entrega de los medicamentos pendientes.Mientras tanto, la familia teme que el estado de salud del joven continúe deteriorándose. “No es justo que mi hijo esté en una cama, con dolor e infecciones, por negligencia. Estamos pagando un servicio de salud para sobrevivir, no para morir”, concluyó su madre.
Una cadena de hechos violentos, ataques armados, asonadas y uso de explosivos improvisados tiene como eje al cabecilla Jhon Alexander Jiménez Marín, alias ‘Zamora’, señalado jefe principal de la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc en el corregimiento de El Plateado, Cauca. Informes de inteligencia militar advierten que su red estaría utilizando incluso instalaciones educativas del corregimiento para esconderse y fabricar artefactos explosivos e incendiarios, en un entorno donde además hay presencia de menores de edad, situación que quedó registrada en videos obtenidos por autoridades.Alias ‘Zamora’ es considerado hombre de confianza de Iván Mordisco y uno de los principales articuladores de control territorial en el Cañón del Micay, con influencia en veredas como Huisitó, San Juan de Mechengue y Honduras. Según los reportes, desde esa zona de retaguardia estarían moviendo armas, explosivos y material de guerra. También lo vinculan con ataques con drones cargados con explosivos, secuestros y acciones armadas contra la Fuerza Pública. Registra múltiples órdenes de captura por delitos como concierto para delinquir, homicidio agravado y tráfico de armas.La tensión más reciente se desató tras un procedimiento policial en la entrada de El Plateado, entre la noche del domingo y la madrugada del lunes, cuando uniformados instalaron un puesto de control. Un vehículo que recibió la señal de pare no se detuvo y, de acuerdo con el reporte operativo, desde su interior dispararon contra los policías. En la reacción armada murieron los dos ocupantes del carro, uno de ellos de nacionalidad venezolana. En la inspección fueron halladas armas de fuego y munición. Mientras se adelantaban los actos urgentes, un grupo de pobladores rodeó a los uniformados, los agredió y se llevó los cuerpos, en medio de una asonada.Tras el hecho comenzaron a circular audios por WhatsApp atribuidos a mandos de la estructura Carlos Patiño, en los que, según inteligencia, se ordenaba a la comunidad salir a confrontar a la Policía y exigir su retiro del sector. Habitantes de distintas veredas llegaron al corregimiento y durante esa noche aumentó la alteración del orden público. La presión, de acuerdo con las fuentes, hacía parte de una estrategia para forzar la salida de la Fuerza Pública de un punto estratégico conocido como Casa Charlie, un lugar elevado que bloquea rutas de movilidad usadas para el tráfico de droga e insumos químicos, lo que tendría cargamentos represados de la organización.El martes en la tarde la situación escaló aún más. Mientras grupos presionaban a la Policía y preparaban bombas molotov, se produjo un ataque con drones cargados con explosivos que cayó sobre personas concentradas en el parque del corregimiento. El hecho dejó una persona muerta y más de diez heridos, entre ellos una menor de edad. Informes preliminares indican que el ataque habría sido ejecutado por la misma estructura armada, en medio de la tensión por la baja asistencia a la asonada convocada.Reportes posteriores de inteligencia señalan que nuevamente fueron vistas personas elaborando artefactos incendiarios dentro de un centro educativo de El Plateado, el mismo tipo de dispositivos con los que el año pasado fue incinerado un vehículo blindado. Los explosivos, según el seguimiento, estarían siendo bajados desde la vereda Huisitó, señalada como punto de almacenamiento clandestino de la estructura de alias 'Zamora'.Ante la gravedad de la situación, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, encabezó una reunión de seguridad con la cúpula militar y mandos regionales. De ese encuentro salieron decisiones operativas y se alistan operaciones en las próximas horas en el Cañón del Micay contra la estructura Carlos Patiño. Alias Zamora figura como objetivo prioritario dentro de ese despliegue por su capacidad de mando, coordinación de acciones violentas y presión armada sobre la población civil.
Tras el trágico accidente de una aeronave de la empresa Satena en la región del Catatumbo, Norte de Santander, la Aeronáutica Civil ha proporcionado los primeros avances de la investigación técnica en curso.En diálogo con Mañanas Blu, el coronel Álvaro Bello, director de investigaciones de la entidad, explicó que las evidencias iniciales recolectadas en el terreno sugieren que el impacto no ocurrió de manera frontal, lo que abre paso a nuevas hipótesis sobre los últimos segundos del vuelo.Hallazgos en el lugar del siniestroDe acuerdo con el coronel Bello, la inspección preliminar en la montaña donde se accidentó el avión indica que la aeronave tuvo un impacto ascendente. "No hay una colisión frontal contra el terreno, sino que efectivamente nos da un indicio de que podría haber un intento de alguna maniobra final antes de la colisión como tal", señaló el funcionario.La huella de impacto se localizó aproximadamente a 150 metros debajo de la punta de la montaña, desplazándose a lo largo de la ladera, lo que sugiere que la tripulación pudo haber intentado elevar la nariz del avión en un esfuerzo por evitar el choque. No obstante, Bello fue enfático en que estas observaciones deben ser confirmadas mediante el análisis riguroso de los datos técnicos.El desafío de las cajas negrasLa investigación se centra actualmente en la descarga y análisis de las dos cajas de grabación de la aeronave: una que registra las voces y sonidos en la cabina (CVR) y otra que recopila los datos de vuelo o telemetría (FDR). El proceso presenta retos significativos, ya que la caja de voces sufrió daños debido a la severa desaceleración del impacto, lo que requerirá un proceso de recuperación más prolongado para obtener la información.Estos dispositivos permitirán determinar con precisión si existió una declaración de emergencia final o si hubo factores atípicos en la comunicación entre la tripulación y los centros de control de tráfico aéreo.Hipótesis y líneas de investigación: ¿Interferencia técnica?Además de los factores tradicionales como el clima, el factor humano y el factor organizacional, la Aerocivil está explorando hipótesis modernas relacionadas con la navegación satelital. El Coronel Bello mencionó la posibilidad de investigar fenómenos como el jamming (corte de señal) o el spoofing, este último referido a una interferencia cibernética que podría hacer pensar a los pilotos que están en una ubicación diferente a la real.A pesar de estas líneas de estudio, la autoridad aeronáutica aclaró que, hasta el momento, no se ha identificado evidencia de interferencia ilícita o atentados contra la aeronave. Finalmente, se confirmó que el avión de Satena contaba con todos sus registros de aeronavegabilidad y aprobaciones de operación al día, cumpliendo con los marcos legales para realizar dicho vuelo.El accidenteLa aeronave, un bimotor Beechcraft 1900 con 32.000 horas de vuelo, cubría el miércoles la ruta entre Cúcuta y Ocaña, en el departamento de Norte de Santander, que se hace en 25 minutos, pero su último contacto fue cuando llevaba 12 minutos en el aire.Horas después, campesinos de la zona de Curacica, que hace parte de La Playa, informaron del hallazgo del aparato estrellado en la cima de una colina.El avión destruidoEste jueves, desde temprano, funcionarios de emergencia y rescatistas del Grupo de Búsqueda y Rescate Aeronáutico de Colombia (BRAC) seguían en el lugar del accidente, recuperando piezas del avión, que se partió en mil pedazos que quedaron esparcidos entre unos arbustos, y objetos personales de los pasajeros.Escuche aquí la entrevista:
El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Justicia y del Derecho, expidió el Decreto 063 del 26 de enero de 2026, con el cual se reglamenta la ley de mujeres buscadoras (Ley 2364 de 2024) y se establecen las condiciones para que estas mujeres y sus familias accedan a medidas integrales de protección, reparación y reconocimiento por parte del Estado.De acuerdo con el decreto oficial, la reglamentación tiene como propósito “reconocer a las mujeres buscadoras como constructoras y sujetos de especial protección constitucional y adoptar medidas para el acceso a sus derechos, la prevención de violencias, la sensibilización, la atención y la protección integral”.El decreto fija principios obligatorios para todas las entidades competentes del Estado. Entre ellos, el estándar de debida diligencia, que impone la obligación de promover los derechos de las mujeres buscadoras a una vida libre de violencias, “evitando revictimizaciones a partir de una acción diligente, proactiva, oportuna, ética y que permita la materialización efectiva del derecho a la búsqueda de las personas desaparecidas”.Asimismo, establece la atención diferenciada, señalando que el Estado deberá aplicar enfoques diferenciales y una perspectiva interseccional, teniendo en cuenta “las circunstancias específicas de las mujeres buscadoras, conforme a sus necesidades particulares y condiciones de vulnerabilidad”. A esto se suma el principio de participación, que obliga a las entidades a garantizar que las mujeres buscadoras intervengan en las decisiones que las afecten y tengan participación efectiva en los espacios donde se definan planes, programas y proyectos relacionados con su atención integral.Tras la expedición del decreto, el ministro de Justicia destacó el alcance de la medida. En su cuenta de X afirmó que se trata de “un instrumento que las mujeres buscadoras han promovido por mucho tiempo para que se les reconozca el trabajo y la dedicación de décadas en las que no solo han buscado por todos los medios a sus seres queridos”. Agregó que estas mujeres “también han buscado verdad y justicia, en medio de una guerra que ha dejado más de 160 mil personas dadas por desaparecidas”.Según el ministro, la reglamentación permitirá que más de 300 mil mujeres buscadoras de víctimas de desaparición forzada cuenten con una herramienta concreta para acceder a derechos fundamentales. “Hoy, más de 300.000 mujeres buscadoras cuentan con esta herramienta que será la puerta de entrada para que ellas y sus familias puedan acceder a servicios de salud integral, seguridad social, vivienda, educación, trabajo y autonomía económica”, señaló.Ana Angulo, madre buscadora de personas desaparecidas, aseguró que esta reglamentación tiene un valor profundo para quienes han sostenido la búsqueda en medio del miedo y la incertidumbre. “Una de las importancias es que nosotras como Madres Buscadoras hemos venido arduamente en este ejercicio con temor, con miedo, con zozobra, haciéndonos abrir espacio para que reconozcan que sí hay personas desaparecidas y que detrás de ellas hay familias, madres e hijos con dolor, con esperanza”, expresó.Angulo añadió que el respaldo institucional fortalece su labor colectiva: “Saber que nos apoyan en la incidencia política y en la política pública hacia esa ley es importante y reconfortante. Seguimos en la lucha y en la pelea”.
Según un informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), los grupos armados ilegales alcanzaron 27.121 integrantes, tras incorporar más de 5.000 nuevos miembros solo en 2025, mientras las disputas armadas llegaron a niveles récord y el Estado sigue sin recuperar el control territorial.“Colombia deja atrás un año que cerró en rojo en varios de los indicadores de seguridad e impacto humanitario, y se enfrenta a un 2026 que comienza con señales claras de deterioro en estos frentes y con los grupos armados marcando el pulso en amplias zonas del país”, advierte la FIP.El documento señala que estas estructuras crecieron 23,5 % frente a 2024, una tendencia sostenida desde 2018 que, de no revertirse, podría llevarlas a cerca de 30.000 integrantes en el corto plazo. Del total de combatientes, 13.794 corresponden a hombres en armas y 13.327 a redes de apoyo.“Estos dos tipos de integrantes cumplen funciones diferentes, pero en ambos casos sus acciones generan impactos sobre la seguridad. Por ejemplo, aunque los hombres armados participan directamente en las actividades militares, las redes de apoyo son el pilar fundamental de la vigilancia y garantizan el cumplimiento de las normas del actor armado sobre el territorio”.El crecimiento más acelerado lo registra el Clan del Golfo, con un aumento del 30 %, lo que equivale a casi 2.300 personas más en sus filas.Más guerra y más territorios en disputaLa FIP alerta que en 2025 las confrontaciones entre grupos armados aumentaron 34 %, alcanzando el nivel más alto de la última década. Actualmente, 13 zonas del país están en disputa armada, casi el doble de las que existían al inicio del gobierno del presidente Gustavo Petro en 2022.Regiones como Catatumbo, Cauca, Guaviare y Caquetá concentran las mayores afectaciones humanitarias, con comunidades atrapadas entre enfrentamientos, desplazamientos forzados y confinamientos masivos. Solo en 2025, más de un millón de personas resultaron afectadas por restricciones a la movilidad, una cifra que triplica la registrada el año anterior.Drones, control social y expansión criminalEl informe advierte, además, que en 2025 se registraron 277 ataques con drones cargados de explosivos, más del doble que en 2024, la mayoría atribuidos a disidencias de las FARC. A esto se suma el uso de cámaras ocultas y nuevas tecnologías de vigilancia para seguir los movimientos de la Fuerza Pública.La FIP advierte un control cada vez más fuerte sobre la vida cotidiana de las comunidades, con restricciones a la movilidad, carnetización, presión sobre líderes sociales e intentos de incidir en el poder local y la organización comunitaria.“Este avance territorial no solo implica más presencia armada, sino un control cada vez más fuerte sobre las comunidades. Los grupos buscan incidir en el poder local y en los procesos organizativos de la sociedad civil, ampliando su influencia sobre la vida cotidiana en las zonas donde operan”, señala el informe.Estado reactivo y Paz Total en crisisAunque en 2025 las acciones de la Fuerza Pública aumentaron 34 %, la FIP concluye que la respuesta del Estado sigue siendo reactiva.“Mientras los grupos armados se adaptan con rapidez a las nuevas estrategias oficiales, la Fuerza Pública muestra pocas capacidades para ajustarse a los cambios en las dinámicas del conflicto”, advierte la Fundación.En paralelo, el documento señala que 2026 inicia con la política de Paz Total golpeada por escándalos y con un reconocimiento cada vez más extendido sobre sus límites y fracasos, “incluso por parte del propio presidente”.“En ese contexto, la creación de Zonas de Ubica-ción Temporal (ZUT) con cuatro grupos distintos se perfila como uno de los mayores retos del tramo final de esta administración, tanto en términos de seguridad física como de las garantías jurídicas que implican.La FIP ha advertido que la Paz Total cada vez más se asemeja a una ‘paz electorera’, entendida como un medio para cumplir otros fines distintos a los de llevar alivios humanitarios a los territorios más afectados por el conflicto”, advierte la FIP.
En medio del dolor que deja el trágico accidente aéreo ocurrido en la ruta Cúcuta–Ocaña, en las últimas horas comenzó a circular en redes sociales una imagen que ha conmovido profundamente a los colombianos.Se trata de la última foto tomada por una de las pasajeras al interior del avión de Satena que se precipitó en zona rural de Norte de Santander, dejando como saldo la muerte de sus 15 ocupantes.La joven fue identificada como Gineth Tatiana Rincón Sanjuán, una estilista oriunda de Ocaña que por motivos laborales residía en Cúcuta. De acuerdo con versiones cercanas a su familia, Gineth regresaba a su tierra natal cuando abordó la aeronave en el aeropuerto Camilo Daza, sin imaginar que ese vuelo sería el último de su vida.La imagen, captada minutos antes del despegue, muestra a la joven sentada en uno de los asientos del avión, sonriente y tranquila, mientras otros pasajeros se acomodaban para iniciar el trayecto. Según las autoridades, la aeronave de Satena se accidentó aproximadamente 20 minutos después de despegar de Cúcuta con destino a Ocaña. En el siniestro fallecieron los 13 pasajeros y los dos tripulantes, hecho que conmocionó a Norte de Santander y encendió las alertas de los organismos de emergencia y de investigación aérea.Mientras avanzan las labores técnicas, el Gobierno nacional confirmó recientemente el hallazgo de las cajas negras —los grabadores de datos de vuelo y de voz de cabina—, lo que permitirá esclarecer las causas del accidente. Último audio del avión de Satena accidentadoDe acuerdo con la transcripción conocida, la última comunicación se dio cuando los tripulantes informaron a la torre de control de Cúcuta que estaban listos para iniciar el descenso.“Cúcuta, aproximaciones Satena 8849 estaría listo descenso”, se escucha en el audio, a lo que la torre respondió autorizando la maniobra y entregando instrucciones de procedimiento, al no reportarse tránsito en la zona.Este es el audioPiloto: Cúcuta, aproximación, Satena 8849, estaría listo descensoTorre de control: Satena 8849, descenso a discreción, sin tránsito reportado. Notifique 10 millas antes de Ocaña.Piloto: Llamará 10 millas fuera y descenso a discreción.Torre de control: Satena 8849, comunique autoanuncios en Ocaña.Minutos después de esa comunicación, el avión se perdió de los radares y se activaron los protocolos de búsqueda, que culminaron horas más tarde con la confirmación del accidente.
Un nuevo hecho de violencia se registró en el departamento de Caquetá. El primer hecho sucedió en el corregimiento de Río Negro, jurisdicción del municipio de Puerto Rico. Allí, la estación de Policía fue blanco de un ataque perpetrado por hombres armados que, según las primeras hipótesis de inteligencia, pertenecerían a las disidencias de las Farc que delinquen en la zona.En medio del intercambio de disparos, dos uniformados resultaron heridos. Uno de los agentes recibió un impacto en el hombro, mientras que su compañero fue alcanzado en el tórax. El reporte médico, para fortuna de sus familias y de la institución, indica que ambos se encuentran estables y fuera de peligro.Ante la gravedad de los hechos, la Gobernación del Caquetá se pronunció a través de sus canales oficiales expresando su solidaridad: "Lamentamos profundamente lo sucedido en Río Negro. Todo nuestro respaldo y apoyo a nuestra Policía Nacional en estos momentos de asedio", señalaron desde la administración departamental.Mientras en el norte del departamento se escuchaban los fusiles, en la capital, Florencia, el pánico se apoderaba de los habitantes del barrio Cunduy. Cerca de las 11:00 de la noche, la detonación de un artefacto explosivo de bajo poder sacudió las ventanas de las viviendas y despertó a toda la comunidad.Aunque el reporte oficial confirma que no hubo personas lesionadas, lo sucedido generó temor y zozobra en la comunidad de este barrio. Las autoridades investigan si este acto está vinculado a las crecientes denuncias por extorsión que vienen asfixiando al comercio y a los ciudadanos en Florencia.
En diálogo con Mañanas Blu, Humberto Sierra Porto, quien fue presidente de la Corte Constitucional y juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, analizó el impacto histórico y político de la reciente decisión de suspender provisionalmente los efectos de la emergencia económica en Colombia. Según el exmagistrado, esta medida representa un hito sin precedentes en la lógica jurisprudencial del país, otorgando a la Corte un papel mucho más protagónico en la gobernanza nacional.Una facultad novedosa y el "derecho de veto"Sierra Porto calificó la decisión como “absolutamente novedosa”, comparándola con la creación de la doctrina de sustitución de la Constitución en su época. Explicó que la implementación de la suspensión cautelar cambia la aproximación de la Corte al análisis de las normas, transformándola de ser la última etapa del procedimiento legislativo a poseer, prácticamente, un derecho de veto sobre las decisiones del Congreso y del Ejecutivo.“La justicia en tiempo real, de manera concomitante con las decisiones, hace que la manera en que se trabaja judicialmente sea totalmente diferente”, señaló Sierra Porto, subrayando que ahora la Corte interviene directamente en la actualidad política y no solo sobre los derechos en abstracto.Polarización y el peligro del relato del "bloqueo institucional"Ante las acusaciones del presidente Gustavo Petro, quien afirmó que la Corte rompió el orden constitucional para defender intereses económicos, Sierra advirtió sobre los riesgos de tomar estas decisiones en sociedades polarizadas. El exmagistrado enfatizó que existe un peligro real de que las sentencias judiciales sean utilizadas como herramientas electorales.“El gobierno ha tenido un relato de bloqueo institucional que impide que ellos puedan gobernar... y las decisiones sobre temas tan relevantes en momentos electorales son utilizados políticamente a favor o en contra”, afirmó. En este sentido, hizo un llamado a la prudencia para evitar que la Corte sea arrastrada al espectro político de la oposición o del gobierno, protegiendo así la institucionalidad,.Impacto en los impuestos y la "ultraactividad"Uno de los puntos críticos de la entrevista fue el efecto de la suspensión sobre los decretos tributarios, como el 1474, que establecía impuestos al patrimonio y al consumo de licores y juegos por internet,. Sierra Porto explicó que esta medida busca frenar una práctica común de los gobiernos: dictar leyes presumiblemente inconstitucionales para recaudar fondos mientras la Corte decide de fondo, aprovechando la ultraactividad de las normas.Aunque el dinero ya recaudado (cercano a un billón de pesos) no se devolvería inicialmente por respeto a la vigencia previa de la norma, la suspensión detiene el recaudo hacia el futuro,. El exmagistrado advirtió: “Hay que tener mucho cuidado de la justicia en tiempo real porque en tiempos electorales puede terminar perturbando el equilibrio y la información y las decisiones de los ciudadanos”.Escuche aquí la entrevista:
Más de 300 soldados de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 4 del Ejército fueron insertados vía aérea en zonas rurales de Huisitó, Honduras y Nayita, en jurisdicción del municipio de El Tambo, Cauca, como parte de una operación militar focalizada para recuperar control en corredores estratégicos de movilidad de grupos armados ilegales.El despliegue busca bloquear rutas utilizadas por la estructura ‘Carlos Patiño’ de las disidencias de las Farc, señalada de delinquir en el área del Cañón del Micay y de estar al servicio de alias ‘Zamora’, integrante del Bloque Occidental Jacobo Arenas. Según la información oficial, la intervención apunta a limitar los movimientos del grupo, afectar su capacidad de maniobra y reducir su presencia en sectores rurales donde mantiene influencia.Las maniobras incluyen posicionamiento estratégico de tropas y control de puntos clave de tránsito, dentro de una ofensiva sostenida orientada a debilitar redes logísticas y operativas de esta estructura. El objetivo, de acuerdo con el reporte, es impactar sus capacidades y disminuir riesgos para las comunidades de la zona.Las acciones se desarrollan bajo protocolos de operación militar con enfoque de protección a la población civil y cumplimiento de las normas de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, mientras continúan los movimientos de inserción y aseguramiento de área en terreno.
Durante los primeros 30 días del año, las operaciones militares desplegadas en varias zonas críticas del país dejaron un balance de alto impacto contra grupos armados organizados y redes de economías ilícitas. Las acciones, concentradas principalmente en Catatumbo, Cauca, Arauca, Nariño y el sur de Bolívar, según las Fuerzas Militares, se enfocaron en golpear estructuras de mando, frenar rentas criminales y recuperar control territorial en corredores estratégicos.De acuerdo con general Hugo López, comandante general de las FFMM, en este periodo fueron neutralizados 631 integrantes de organizaciones ilegales: 543 fueron capturados, 34 se sometieron a la justicia, 28 menores fueron recuperados y 11 murieron en desarrollo de operaciones.En paralelo, las autoridades reportaron la incautación de 165 armas de fuego, más de 22.800 municiones y 199 artefactos explosivos. Entre los resultados señalados figura la desarticulación de la Comisión 34 de las disidencias, en Carmen de Atrato (Chocó), con 11 sometimientos, y la estructura Jhonier Arenas en Leticia (Amazonas), donde hubo capturas, menores recuperados y bajas en combate.En un mes se incautaron más de 38 toneladas de clorhidrato de cocaína, 21 toneladas de hoja de coca y fueron destruidos 188 laboratorios de procesamiento. Las autoridades estiman que el golpe a estas cadenas ilegales representa pérdidas cercanas a los 1.254 millones de dólares para las organizaciones criminales, al impactar producción, transformación y rutas de salida.Las operaciones incluyeron intervenciones contra minería ilegal y sabotaje a infraestructura energética. En ese frente fueron capturadas 41 personas por explotación ilícita de yacimientos, incautadas 66 dragas y 256 equipos entre motores, bombas y plantas eléctricas. También se evitó daño a tres tramos de oleoductos y se destruyeron 13 válvulas clandestinas utilizadas para el hurto de combustibles.Dentro de los resultados más sensibles está la caída de cabecillas señalados de coordinar acciones armadas y control territorial. Entre ellos alias ‘Santiago’, identificado como jefe del ELN en el occidente del país, vinculado a acciones contra población civil y trabajo de expansión organizativa, y alias “Polo”, cabecilla de disidencias en Amazonas, señalado de manejar seguridad, logística y dinamización de rentas ilegales en la región.
Colombia reanudó los vuelos de repatriación de sus ciudadanos desde Estados Unidos, tan solo cinco días antes de la reunión que el presidente Gustavo Petro y su homólogo Donald Trump sostendrán la próxima semana en la Casa Blanca, informó la Cancillería."El Ministerio de Relaciones Exteriores tiene el gusto de informar que a partir de hoy, siguiendo nuestro compromiso con el trato digno a nuestros connacionales, bajo el liderazgo del presidente Gustavo Petro, y en cooperación con la Fuerza Aérea Colombiana, reanudamos los vuelos de repatriación de connacionales deportados desde Estados Unidos", señaló la Cancillería en su cuenta de X. La publicación está acompañada de tres fotografías de personas vestidas con sudadera gris, recibidas en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá por funcionarios de Migración Colombia y de la Cruz Roja Colombiana.Estos fueron vuelos suspendidos hace un año y detonaron la primera crisis entre el Gobierno de Colombia y la nueva administración de Trump, luego de que Petro no autorizara la entrada al país de dos aviones que venían de EE.UU. con deportados, alegando que por venir esposados, no recibían un trato digno."Un migrante no es un delincuente y debe ser tratado con la dignidad que un ser humano merece", afirmó el mandatario colombiano en X el 26 de enero de 2025.Trump respondió de inmediato con la imposición de aranceles del 25 % a los productos colombianos mientras que el Departamento de Estado suspendió por unos días la atención al público en Bogotá para la expedición de visados, pero la crisis se contuvo con gestiones diplomáticas.Como parte del arreglo Colombia asumió la repatriación de sus ciudadanos, para lo cual envió días después dos aviones a San Diego (California) y Houston (Texas), pero esa operación no continuó debido a varios factores, entre ellos el alto coste de cada vuelo.Después de un año de diferencias por la política migratoria, la lucha contra el narcotráfico y la intervención de EE.UU. en Venezuela, que agravaron la crisis en la relación bilateral, los dos presidentes sostuvieron una llamada telefónica el pasado 7 de enero en la que se acordó una reunión en la Casa Blanca el próximo 3 de febrero que es aguardada con expectación en Colombia.Según dijo Petro el pasado martes, la reunión con Trump será "determinante" para él, a quien EE.UU. le canceló el visado y lo incluyó en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), conocida como 'Lista Clinton'."Es una reunión clave, fundamental, determinante, no solo de mi vida personal, sino de la vida de la humanidad", dijo el mandatario durante un acto en la Casa de Nariño, sede presidencial.Ese mismo día pidió a los colombianos que residen en Estados Unidos, Chile y Argentina que regresen al país, al asegurar que en esas naciones son tratados "como esclavos y perros perseguidos por las calles".
La polémica por los nombramientos de interventores en la Superintendencia Nacional de Salud volvió al centro del debate político luego de que el presidente Gustavo Petro señalara públicamente a Laura Sarabia, actual embajadora de Colombia en el Reino Unido, por una presunta entrega de hojas de vida relacionadas con ese proceso. Las declaraciones fueron hechas durante dos discursos del mandatario, uno en el Hospital San Juan de Dios y otro en el Salón Gobelinos de la Casa de Nariño.Según el presidente, habría sido “engañado” en la designación de interventores, a quienes acusó de haber hecho “un business” durante la intervención al sistema de salud. En ese contexto, mencionó a Sarabia como responsable de unas hojas de vida que, aseguró, no provenían de él.Defensa niega cualquier responsabilidad de Laura SarabiaEn entrevista con Recap Blu, la abogada Lina Sandoval, apoderada de Laura Sarabia, negó de manera categórica que su clienta haya tenido injerencia en esos nombramientos. “No existe ningún fundamento. Los chats, los videos y los elementos que corroboran que Laura no tuvo ninguna injerencia en la designación de los interventores existen y ya están en manos de las autoridades”, afirmó.Sandoval explicó que estos hechos hacen parte de un proceso de desinformación que actualmente investiga la Fiscalía General de la Nación, en el cual Sarabia figura como víctima. “Estamos hablando de aproximadamente 33 procesos de desinformación en su contra”, señaló.Solicitud para que el presidente declare ante la FiscalíaLa defensa envió una carta a la Fiscalía solicitando que el presidente Petro rinda declaración jurada sobre sus afirmaciones. Para Sandoval, es clave que lo dicho en escenarios públicos sea trasladado al ámbito judicial. “La labor del abogado es que las versiones y declaraciones queden consignadas en los escenarios judiciales adecuados”, sostuvo, al tiempo que pidió que se establezca “qué información tiene el presidente y quién se la suministró”.Reunión en el despacho presidencial y circular del DapreLa abogada también hizo referencia a una reunión realizada el 30 de octubre de 2024 en el despacho presidencial, en la que habrían participado el entonces superintendente Luis Carlos Leal y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. “Tenemos la certeza de que en esa reunión quedó claro que la doctora Laura Sarabia no tuvo nada que ver con la designación de los interventores”, afirmó.Además, recordó una circular emitida por Sarabia el 4 de junio de 2024 cuando dirigía el Dapre, en la que se instaba a prevenir intermediaciones indebidas. En palabras del documento: “Crear mecanismos de confirmación respecto a las gestiones adelantadas o instruidas, con el objetivo de prevenir esquemas de intermediación”.Denuncia por violencia política contra la mujerFinalmente, Sandoval explicó que la denuncia interpuesta es por violencia política contra la mujer, una forma de violencia de género. “Hay una construcción de narrativas sin evidencia que buscan entorpecer su labor como mujer en la política”, concluyó.La defensa reiteró que Sarabia “está tranquila” y a la espera de que la Fiscalía avance en las investigaciones para esclarecer los hechos.Escuche la entrevista completa acá:
La decisión de la Corte Constitucional de suspender de manera provisional el decreto de emergencia económica fue recibida con respaldo por parte de varios gobernadores del país, quienes advirtieron que la medida evita un fuerte golpe a las finanzas regionales y protege recursos clave para la inversión social.La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, calificó la decisión como acertada y oportuna, al señalar que el decreto habría generado afectaciones directas en sectores esenciales.Toro explicó que la medida evita impactos negativos en programas financiados con rentas departamentales, especialmente en el pago del régimen subsidiado; en educación, como el PAE y el transporte escolar; y en el deporte.Desde el Tolima, la gobernadora Adriana Magaly Matiz aseguró que respeta la independencia de la justicia y destacó el alcance constitucional de la determinación del alto tribunal. Matiz fue enfática en señalar que el decreto ponía en riesgo la autonomía regional.“Más que celebrar la decisión de la Corte Constitucional, lo que aquí se mantiene es la salvaguarda constitucional frente a un afán desenfrenado por tapar un hueco fiscal a costa de la inversión social en salud, educación y deporte. El país se construye fortaleciendo las regiones, no asfixiándolas ni debilitando su independencia”, manifestó.Por su parte, el presidente de la Federación Nacional de Departamentos y gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, destacó que la suspensión provisional del decreto refuerza el papel de la corte como guardiana de la Constitución de 1991 y protege los recursos que permiten a los departamentos atender las necesidades de sus comunidades.“Los gobernadores y gobernadoras del país acogemos con profundo respeto la reciente decisión de la Corte Constitucional, como garante de la separación de poderes, la independencia de la justicia y la verdadera autonomía de las regiones”, señaló.Las reacciones se conocen luego de que la Corte Constitucional decidiera suspender temporalmente los efectos del decreto de emergencia económica, mientras se pronuncia de fondo sobre su constitucionalidad, una decisión que ha sido interpretada por los gobernadores como un alivio para las finanzas territoriales y la inversión social en las regiones.
El dolor por el accidente aéreo ocurrido en Norte de Santander, en el que murieron 15 personas que viajaban en un vuelo de Satena entre Cúcuta y Ocaña, sigue creciendo con los testimonios de quienes conocieron a las víctimas. Una de ellas fue Maira Alejandra Avendaño, trabajadora humanitaria y líder social, cuya historia fue recordada por su amiga y colega Yadira Galeano en entrevista con Noticias Caracol.Maira Alejandra hacía parte del Consejo Noruego para Refugiados, una organización internacional con presencia en más de 40 países que en Colombia trabaja desde hace más de dos décadas en la atención de población desplazada y comunidades en riesgo por el conflicto armado. Según relató Galeano, Maira llevaba más de 10 años vinculada a la entidad y se había convertido en un referente por su compromiso con las comunidades del Catatumbo, Arauca y el nororiente del país.“Fue una colega excelente, una profesional brillante, una mujer que nació para servir”, expresó Galeano durante la entrevista. Contó que Maira Alejandra se caracterizaba por su cercanía con las víctimas, su sensibilidad frente al dolor ajeno y su insistencia en buscar soluciones, incluso cuando parecía no haberlas. “Ella no se quedaba con un no. Tocaba puertas, buscaba apoyos y siempre encontraba la manera de ayudar”, añadió.La mujer fallecida en el accidente del avión de Satena tenía su sede de trabajo en Ocaña, pero se movilizaba constantemente entre Norte de Santander y Arauca para liderar proyectos de protección y acompañar comunidades afectadas por la violencia. En el vuelo en el que perdió la vida, regresaba precisamente a Ocaña luego de cumplir compromisos laborales en Cúcuta relacionados con la atención de poblaciones en riesgo.Galeano también relató cómo se enteraron de la tragedia. Explicó que, por razones de seguridad, la organización hace seguimiento a los desplazamientos de su personal, especialmente en zonas de alto riesgo. “Maira informó que estaba abordando el avión y, como siempre, esperábamos confirmar que hubiera llegado. Luego nos dimos cuenta de que el vuelo no había aterrizado y empezaron las incertidumbres”, dijo, describiendo el angustioso momento que vivieron antes de conocer la noticia del accidente.El siniestro ocurrió el miércoles 28 de enero, cuando el Beechcraft 1900 se precipitó en el sector de Playa de Belén, en el Alto el Buey, zona rural de Curasica, a pocos minutos de aterrizar en el aeropuerto de Ocaña. En el hecho murieron 13 pasajeros, además del piloto y copiloto, generando una profunda conmoción en el departamento y en el país.Sobre cómo debe ser recordada Maira Alejandra Avendaño, su amiga fue enfática: “Tenemos que recordarla con admiración, con respeto, celebrar su vida y lo que significó para el trabajo humanitario en zonas tan complejas como el Catatumbo y Arauca. Maira fue una persona que creía que las cosas podían cambiar y trabajó incansablemente para que fueran mejores”.Mientras avanzan las investigaciones para esclarecer las causas del accidente del avión de Satena, las historias de vida de las víctimas, como la de Maira Alejandra, siguen dejando huella y recordando el impacto silencioso de quienes dedican su vida a servir a los demás.
Las filas interminables, los retrasos inesperados y el cansancio acumulado suelen convertir un viaje en avión en una experiencia tensa para muchos pasajeros. Basta un vuelo demorado o una conexión perdida para que la paciencia se agote y el ambiente a bordo se torne incómodo.En medio de ese estrés, algunos viajeros reaccionan de forma impulsiva sin medir las consecuencias, olvidando que un avión no es solo un medio de transporte, sino un espacio que está regulado por estrictas normas de seguridad.Como consecuencia, la Aeronáutica Civil hizo una advertencia a los pasajeros sobre los comportamientos disruptivos durante un vuelo, pues pueden acarrear sanciones graves y penalizaciones, según la normativa vigente.Conductas en vuelo que pueden generar graves multas y sancionesDe acuerdo con la entidad aérea, existen comportamientos que, aunque algunos pasajeros consideran menores, pueden derivar en consecuencias serias durante o después del vuelo. Entre las principales se encuentran:Desobediencia a la tripulaciónNo acatar las instrucciones del personal de cabina, ya sea durante el abordaje, el despegue, el vuelo o el aterrizaje, constituye una falta grave. Las indicaciones de la tripulación no son opcionales, ya que están relacionadas directamente con la seguridad de todos los ocupantes.Comportamiento agresivoLos actos de violencia verbal o física, discusiones exaltadas, amenazas o alteraciones del orden a bordo pueden llevar a sanciones inmediatas. En casos extremos, el vuelo puede verse obligado a desviarse, lo que incrementa la gravedad de la falta.Interrupción del vueloCualquier acción que afecte el normal desarrollo de la operación aérea, como provocar disturbios, negarse a permanecer sentado o generar pánico entre otros pasajeros, puede traducirse en multas, procesos administrativos e incluso restricciones para volar en el futuro.La autoridad aeronáutica recordó que estas conductas no solo afectan al pasajero infractor, sino también al resto de viajeros, a la tripulación y a las aerolíneas, que deben enfrentar retrasos, costos adicionales y riesgos operativos.El objetivo del llamado de la Aerocivil es "prevenir situaciones que pongan en riesgo la seguridad aérea y el normal desarrollo de las operaciones".
Con el avance de la investigación por el trágico accidente aéreo ocurrido en Norte de Santander, en el que murieron 15 personas, salió a la luz el último audio de la aeronave de Satena que cubría la ruta entre Cúcuta y Ocaña. Las grabaciones, extraídas de las llamadas “cajas negras”, revelan los instantes finales de comunicación entre los pilotos y la torre de control, justo antes de que el avión desapareciera del radar.El siniestro ocurrió en la tarde del miércoles 28 de enero, cuando el Beechcraft 1900, con matrícula HK-4709, se encontraba a tan solo cinco minutos de aterrizar en el aeropuerto de Ocaña. La aeronave terminó precipitándose en el sector de Playa de Belén, específicamente en el Alto el Buey, zona rural de Curasica, en un área de difícil acceso que complicó las labores de rescate.Último audio del avión de Satena accidentadoDe acuerdo con la transcripción conocida, la última comunicación se dio cuando los tripulantes informaron a la torre de control de Cúcuta que estaban listos para iniciar el descenso. “Cúcuta, aproximaciones Satena 8849 estaría listo descenso”, se escucha en el audio, a lo que la torre respondió autorizando la maniobra y entregando instrucciones de procedimiento, al no reportarse tránsito en la zona. Este es el audioPiloto: Cúcuta, aproximación, Satena 8849, estaría listo descensoTorre de control: Satena 8849, descenso a discreción, sin tránsito reportado. Notifique 10 millas antes de Ocaña.Piloto: Llamará 10 millas fuera y descenso a discreción.Torre de control: Satena 8849, comunique autoanuncios en Ocaña.Minutos después de esa comunicación, el avión se perdió de los radares y se activaron los protocolos de búsqueda, que culminaron horas más tarde con la confirmación del accidente.Las autoridades señalaron que este audio constituye una pieza fundamental para establecer qué ocurrió en los instantes finales del vuelo. “Ese elemento va a permitir seguramente fortalecer unas hipótesis y al final tiene que haber una conclusión de las causas de lo ocurrido”, afirmó la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.Avances clave en la investigación del accidente aéreoLa Aeronáutica Civil confirmó que ya fueron hallados y asegurados los grabadores de datos de vuelo y de voz de cabina, conocidos como las “cajas negras”, lo que marca una nueva etapa en el proceso investigativo. Según explicó el director de la entidad, Luis Alfonso Chimenty, esta información será contrastada con la evidencia recopilada en la zona del impacto para reconstruir la secuencia exacta de los hechos.“Contar con los grabadores de vuelo y de cabina nos permite avanzar en una etapa clave de la investigación. Ya tenemos una línea inicial de trabajo, que deberá ser validada con el análisis completo de datos y evidencias recolectadas en terreno”, indicó el funcionario.Equipos especializados de la Dirección de Investigación de Accidentes Aéreos continúan en el sitio del siniestro, donde ya realizaron la primera caminata técnica para identificar restos de la aeronave, ubicar componentes relevantes y establecer una aproximación preliminar a la dinámica del impacto.
La Federación de Empresarios del Transporte de Carga (Fedetranscarga) expresó su profunda preocupación por la caída total del sistema del Registro Nacional de Despachos de Carga (RNDC), una plataforma oficial administrada por el Ministerio de Transporte y de uso obligatorio para el sector.Según el gremio, las fallas persistentes del RNDC han provocado una afectación generalizada en la operación de las empresas transportadoras a nivel nacional, impidiendo el registro oportuno de manifiestos, remesas y demás documentos exigidos por la normativa vigente.Esta situación ha derivado en retrasos operativos, represamiento de vehículos, interrupciones en la cadena logística y congestión en terminales portuarias, con impactos directos en el cumplimiento de contratos y pérdidas económicas significativas, no solo para las empresas transportadoras, sino también para los generadores de carga.Fedetranscarga advirtió que la gravedad del problema se incrementa al tratarse de una plataforma oficial de uso obligatorio, sin que hasta el momento exista un plan de contingencia activo ni información clara y oportuna sobre los tiempos estimados para el restablecimiento del servicio. Esta falta de previsión, señaló el gremio, traslada de manera injustificada la carga operativa y legal a las transportadoras, exponiéndolas a posibles sanciones.“El transporte de carga es la columna vertebral de la economía nacional y no puede seguir paralizado por fallas estructurales en plataformas tecnológicas oficiales, esta situación compromete la eficiencia, legalidad y sostenibilidad de la operación logística del país”, enfatizó Fedetranscarga.Ante este panorama, la federación hizo un llamado urgente al Ministerio de Transporte para que active de inmediato un plan de contingencia y habilite mecanismos alternos que permitan garantizar la continuidad de la operación mientras persistan las fallas del sistema, evitando afectaciones adicionales al sector.