Los ajustes introducidos por la Ley 2445 de 2025 al régimen de insolvencia para personas naturales han generado un incremento en las solicitudes de este mecanismo en el país. Según cifras oficiales, mientras en 2024 se registraron 10.459 personas insolventes, en 2025 la cifra ascendió a 18.743. En lo que va de enero de 2026, se han presentado 1.550 solicitudes, lo que representa un aumento del 28 % en comparación con el mismo mes del año anterior. La nueva normativa incluye por primera vez a deudores de créditos de libranza y pequeños comerciantes.Suspensión de descuentos por libranza y embargosLa principal modificación de la ley permite que personas con créditos de libranza —incluidos pensionados, docentes y militares— soliciten la suspensión de los descuentos automáticos en sus nóminas, siempre que posean deudas adicionales. Esta medida es de cumplimiento obligatorio para empleadores y fondos de pensiones una vez el proceso de insolvencia es admitido.Vanessa Méndez Farfán, abogada de la firma Mendez y Mendez Abogados, señala que la admisión al proceso conlleva efectos legales inmediatos: "Desde ese momento se suspenden embargos de sueldos, honorarios y bienes, así como otras medidas como la congelación de cuentas bancarias". Respecto a las libranzas, la especialista aclara que "es el empleador o el fondo de pensiones quien está obligado a suspenderlos y, si no lo hacen, pueden verse obligados a devolver el dinero descontado".Requisitos y procedimiento para deudores y comerciantesEl trámite debe realizarse ante centros de conciliación autorizados en cámaras de comercio, consultorios jurídicos universitarios o notarías con conciliadores habilitados. Para iniciar la solicitud, el interesado debe presentar:Explicación de las causas del incumplimiento de pagos.Relación completa de acreedores y monto de las deudas.Informe de ingresos actuales (salario, honorarios o pensión).Relación de bienes a su nombre.Propuesta de pago ajustada a su capacidad económica.En el caso de los pequeños comerciantes, pueden acogerse a la ley si sus bienes no superan los 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes ($1.750 millones de pesos), sin incluir su vivienda ni vehículo de uso personal. La ley permite frenar procesos de cobro, suspender demandas y detener la inmovilización de vehículos si la captura no se ha hecho efectiva.Tiempos, costos y efectos en el historial crediticioLa revisión inicial de la solicitud por parte del conciliador tarda tres días hábiles. Una vez admitida, se abre un periodo de negociación con los acreedores que suele durar 60 días, con posibilidad de prórroga en casos complejos. Durante esta fase, las obligaciones se renegocian en términos de plazos y condiciones, pero no desaparecen.Sobre los costos, estos varían dependiendo del centro de conciliación o notaría donde se realice el trámite. En cuanto a la vida crediticia, el ingreso al régimen de insolvencia puede limitar el acceso a nuevos créditos de forma temporal. No obstante, el cumplimiento de los acuerdos logrados permite la reconstrucción posterior del historial financiero del deudor.
Las autoridades aeronáuticas de Colombia avanzan en la investigación del accidente de una aeronave de Satena ocurrido en la región del Catatumbo, una zona considerada de complejidad geográfica y operacional. Dentro de las hipótesis analizadas, la Aeronáutica Civil confirmó que no se descarta la posible interferencia en los sistemas de navegación, incluyendo fenómenos conocidos como jamming y spoofing, tecnologías que afectan la señal satelital utilizada por las aeronaves.Así lo explicó el coronel Álvaro Bello, director técnico de investigaciones de accidentes de la Aeronáutica Civil, quien señaló que estos escenarios hacen parte de las líneas modernas de análisis en accidentes aéreos, especialmente en regiones con condiciones particulares.¿Qué es el jamming y cómo afecta la navegación aérea?El jamming es una interferencia directa a los sistemas de navegación satelital que impide la recepción normal de la señal. En términos prácticos, esta situación provoca que la aeronave pierda comunicación o referencia precisa de su posición, lo que afecta la navegación y el seguimiento del vuelo.De acuerdo con el coronel Bello, este tipo de interferencia consiste en “cortar la señal y la comunicación”, lo que obliga a los investigadores a revisar si hubo pérdida total o parcial de datos durante el trayecto de la aeronave.¿Qué es el spoofing y por qué es más difícil de detectar?A diferencia del jamming, el spoofing no bloquea la señal, sino que altera la información que recibe la aeronave. Esto puede llevar a que los sistemas indiquen que el avión se encuentra en un punto distinto al real.“El spoofing te puede llevar a pensar que estás en un sitio cuando realmente estás en otro”, explicó el director técnico de investigaciones. Esta característica lo convierte en un fenómeno más complejo de identificar, ya que la aeronave continúa operando con datos aparentemente normales, pero incorrectos.¿Por qué estas hipótesis se analizan en el caso del Catatumbo?La Aeronáutica Civil indicó que el lugar donde ocurrió el accidente es un factor clave dentro de la investigación. La ubicación geográfica, sumada a las condiciones del entorno, obliga a considerar escenarios que incluyen interferencias externas.Según el coronel Bello, estas hipótesis no se descartan precisamente por el contexto del territorio y forman parte del análisis técnico que se debe realizar antes de llegar a conclusiones definitivas.¿Qué papel juegan las cajas negras en la investigación?Para determinar si existió jamming, spoofing u otro tipo de interferencia, los investigadores dependen del análisis de los registradores de vuelo.“El análisis de datos y la información contenida en las cajas va a ser fundamental para poder identificar eso”, señaló el funcionario, destacando que estos elementos permitirán reconstruir la trazabilidad del vuelo y la dinámica del impacto.¿Se investiga un posible atentado contra el avión de Satena?Ante las preguntas sobre un eventual atentado, la Aeronáutica Civil fue enfática en señalar que, hasta el momento, no se ha encontrado evidencia que indique una interferencia ilícita deliberada.El coronel Bello explicó que, tras revisar los restos de la aeronave, su disposición y la dinámica del impacto, el grupo investigador no ha identificado señales que confirmen un acto intencional contra el avión.La autoridad aeronáutica reiteró que la investigación continúa abierta y que todas las hipótesis técnicas siguen siendo evaluadas. Factores humanos, organizacionales y tecnológicos hacen parte del análisis integral del accidente.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
Con información aportada por exintegrantes de la fuerza pública, excombatientes de grupos armados ilegales que se vieron involucrados en hechos de desaparición forzada en el marco del conflicto armado, el equipo forense de la Regional Sur de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, durante el año 2025, recuperaron 123 cuerpos en cementerios de Huila, Caquetá y Putumayo.De acuerdo con el reporte, en la misma vigencia 2025 se recuperaron del cementerio central de Neiva, del antiguo cementerio de Pitalito y en campo abierto o fosas comunes 53 cuerpos y 22 fueron entregados a sus familiares, mientras que los demás restos se encentran en proceso de identificación.“En el Grupo Territorial Huila, a cierre de 2025 se registraron 598 solicitudes de búsqueda y se acompañó a 96 personas aportantes de información. El equipo gestionó dos accesos a lugares de interés forense, tomó 177 muestras biológicas, recuperó 53 cuerpos, principalmente en el Cementerio Central de Neiva, y acompañó 22 entregas dignas” dijo Andrea Jiménez Silva, coordinadora de la Unidad de Búsqueda Regional Sur.Jiménez Silva, agregó que, de acuerdo a la información recopilada como Unidad de Búsqueda, en estos tres departamentos del sur colombiano hay un registro de 10.500 personas que continúan desaparecidas como consecuencia del conflicto armado que generó dolor y sufrimiento a miles de familias en los años oscuros de la violencia. En el Huila, data un registro de 1.500 personas desaparecidas.La Unidad de Búsqueda espera en este año 2026 entregar más de 100 cuerpos exhumados a los familiares en Huila, Caquetá y Putumayo quienes llevan años buscando a sus seres queridos que desaparecieron como víctimas del conflicto armado.“La búsqueda no termina con la recuperación de los cuerpos. El reto es avanzar en la identificación para devolverles el nombre que les corresponde y permitir que puedan regresar al seno de su hogar. También es fundamental mantener y abrir nuevos corredores humanitarios que nos permitan llegar a los lugares donde el acceso sigue siendo difícil”, afirmó Andrea Jiménez.Balance de cuerpos recuperados en HuilaDesde el mes de noviembre del 2023 fecha en que se inició el proceso de intervención al Monumento 14 del cementerio central de Neiva, incluyendo las exhumaciones en el antiguo cementerio de Pitalito y en campo abierto, a la fecha en el Huila se han recuperado 137 cuerpos de personas que desaparecieron por cuenta de la violencia armada en el sur del país.En ese sentido en estos dos últimos años de intervención en cementerios de Neiva y Pitalito y exhumación de cuerpos por parte de la Unidad de Búsqueda, en el Huila se han entregado 28 restos identificados a sus respectivos familiares, quienes llevaban años buscando a sus seres queridos.
La Corte Constitucional deberá tomar decisiones sobre la reforma pensional, una de las iniciativas bandera del Gobierno Petro que fue demandada en agosto del 2024 y de la cual se espera el alto tribunal tome una decisión de fondo en las próximas semanas. Sin embargo, este debate podría alargarse porque se conoció que una persona radicó una recusación contra el magistrado Vladimir Fernández, lo que en la práctica significa una petición directa a la Corte para que el togado sea apartado de la discusión de la pensional.La solicitud se produce luego de que la Secretaría Jurídica de la Presidencia, presentara una recusación contra el presidente de la Corte Constitucional, magistrado Jorge Enrique Ibáñez, por presunto prejuzgamiento en declaraciones a medios de comunicación sobre la ley que está bajo la lupa de la alta corte.Para el recusante, la actuación del Gobierno al pedir que Ibáñez sea apartado de la discusión, demostraría un interés directo en la decisión de constitucionalidad de la reforma, lo que para juicio de la persona que recusó a Vladimir Fernández compromete su imparcialidad de quien fue secretario jurídico de la Presidencia.Incluso, el escrito es claro en señalar que Vladimir Fernández debió declararse impedido para conocer del asunto una vez se posesionó como magistrado de la Corte Constitucional.Ahora será la Sala Plena de la Corte Constitucional la que deberá decidir si el magistrado Vladimir Fernández debe separarse del estudio de la reforma pensional. Esto es importante porque las cargas en la Corte están definidas, Fernández junto al magistrado Héctor Carvajal fueron cercanos al presidente Gustavo Petro en roles distintos, y en decisiones proferidas desde el alto tribunal ambos han votado a favor del gobierno.
En medio de la tensión que se vive por la contienda que se alista para elegir al rector que estará por los próximos cuatro años en la Universidad Popular del Cesar, una nueva polémica se abre al conocerse que Juliana Guerrero, la exfuncionaria del Ministerio del Interior que habría presentado un título profesional falso en su hoja de vida, sigue ocupando el cargo de delegada de Presidencia ante el consejo superior de esta institución. Pese a que, en noviembre pasado, una vez se dio la anulación de su título, Guerrero indicó que ya no estaba interesada en aspirar al cargo de viceministra de Juventud y no tenía ningún interés en cargos del gobierno, al parecer, esto no se habría cumplido al pie de la letra, pues de manera ininterrumpida continuó en el cargo.Le puede interesar: “Hemos sido víctimas”: Fundación Universitaria San José sobre caso de Juliana GuerreroLa información fue confirmada a Blu Radio por una persona vinculada al Consejo Superior y está ratificada en la página web de la institución. Juliana Guerrero enfrenta investigaciones por presunto fraude procesal y falsedad en documento público. Sin embargo, su vinculación a este cargo, en el que representa al presidente de la República, continúa dándose. De acuerdo con los estatutos de la institución, ocupar este cargo no requiere tener título profesional, sino haber tenido en el pasado vínculos con el sector universitario. Dicho requisito se cumple teniendo en cuenta que, en el pasado, Juliana Guerrero fue representante estudiantil en este plantel.
La ONG Transparencia por Colombia lanzó una alerta temprana sobre el financiamiento de las campañas al Congreso y a la Presidencia de la República en 2026, al evidenciar graves niveles de incumplimiento en la rendición de cuentas, altos riesgos de opacidad y debilidades en los mecanismos de control electoral.El informe advierte que, aunque el financiamiento es necesario para la competencia democrática, “no todo vale” e ignorar las reglas afecta la equidad electoral debilita la confianza ciudadana y abre la puerta a la captura indebida del Estado.“Desde 2025, el Consejo Nacional Electoral reiteró que todas las candidaturas deben rendir cuentas en el aplicativo Cuentas Claras sobre el origen y uso de los recursos utilizados en la etapa de inscripción y en la campaña electoral, y estableció la obligación de reporte en tiempo real, es decir, que todo ingreso o gasto debe ser registrado en cuentas claras dentro de los ocho días siguientes a la realización de la operación económica”, explicó Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia.Según el balance, el 95% de las candidaturas al Congreso no ha reportado ingresos ni gastos en el aplicativo Cuentas Claras, pese a que ya transcurrió más de la mitad del periodo de campaña y el 99,6% de los candidatos está habilitado para hacerlo.De las 2.901 candidaturas inscritas, sólo 127 han registrado algún movimiento financiero. La situación es especialmente preocupante entre los congresistas que buscan la reelección, pues apenas 17 de los 182 han cumplido con esta obligación, a pesar de conocer las reglas desde procesos electorales anteriores.“Los seis partidos políticos cuyas candidaturas más han reportado son el partido de la U, Partido Liberal, Alianza Verde, Partido Alianza por Colombia, Partido Conservador y Cambio Radical. Identificamos que los ingresos vuelven a ser principalmente de recursos propios de los candidatos y sus familiares, y los principales gastos se dan en propaganda electoral. Llama la atención que tan solo se reportan nueve millones de pesos de publicidad en redes sociales, aunque hace pocos días la moda indicó que durante el primer mes de campaña se invirtieron más de trescientos millones de pesos en Facebook e Instagram”, agrega Hernández.En el caso de las campañas presidenciales, el informe califica como “muy grave” la opacidad en la financiación de la recolección de firmas. De los 91 comités registrados, únicamente uno aparece habilitado en Cuentas Claras y ninguno ha reportado ingresos o gastos.“Solo se encuentra habilitado el acceso al reporte de Mauricio Cárdenas, pero no se evidencia en ingresos ni gastos. A la fecha no se conoce el origen de los recursos que invirtieron, por ejemplo, Abelardo de la Espriella, Vicky Dávila, Claudia López, Aníbal Gaviria o Juan Daniel Oviedo, a pesar de conocerse múltiples reportes de gastos significativos en sus actividades de campaña. No es claro si esto se debe a que las cuentas no se han entregado o a que el CNE no ha habilitado su acceso. Sobre la consulta interpartidista de la coalición del pacto histórico del pasado veintiséis de octubre, tanto Iván Cepeda como Carolina Corcho cumplieron con el reporte de ingresos y gastos”, agrega.Transparencia por Colombia advierte que no se conoce el origen de los recursos utilizados por varias candidaturas por firmas, lo que limita el control ciudadano y electoral, evidencia fallas críticas del sistema y pone en riesgo los mecanismos diseñados para prevenir el ingreso de recursos de origen indebido en la competencia presidencial de 2026.
En las pasadas elecciones al Congreso de 2022, Colombia registró una cifra alarmante: más de 1.4 millones de votos anulados. Esta cantidad de sufragios inválidos equivale, aproximadamente, a la pérdida de 10 curules en el legislativo, una situación que surge principalmente porque los ciudadanos no saben cómo marcar el tarjetón o se enfrentan a bloqueos mentales en el cubículo.Ante este panorama, Juan Manuel Corredor, CEO de Wapidd y médico experto en neurociencias aplicadas, explicó en entrevista para Mañanas BLU 10:30 por qué el ejercicio del voto se ha convertido en un desafío cognitivo para los colombianos y brindó recomendaciones para evitar el "pánico electoral".¿Por qué el cerebro se bloquea frente al tarjetón?Según Corredor, ir a votar es "el acto más difícil que uno tiene a nivel de sociedad civil". El experto señala que los ciudadanos experimentan un fenómeno similar al de un estudiante frente a un examen académico: a pesar de conocer la respuesta de antemano, el estrés del momento genera un bloqueo cognitivo que impide recordar números o partidos.Varios factores contribuyen a este fenómeno:Ausencia de ayudas visuales: En muchos tarjetones no aparece el nombre ni la foto del candidato, solo un número y el logo del partido.Complejidad de las coaliciones: Los cambios constantes en las alianzas partidistas dificultan que el elector retenga a qué grupo pertenece su candidato.Diseño del tarjetón: El documento oficial es descrito como una "sábana larguísima" que puede tener hasta 26 páginas, con números tan pequeños que los votantes suelen salirse del recuadro, provocando la nulidad del voto.¿Cómo combatir el bloqueo en el tarjetón?Para combatir este bloqueo, Corredor propone la creación de una huella electoral en el cerebro mediante la práctica previa. Así como los estudiantes realizan simulacros para el examen del ICFES, el experto sugiere que los ciudadanos deben "ensayar" su voto para automatizar el proceso mental antes de llegar a las urnas.Para facilitar este ejercicio, se ha puesto a disposición la plataforma tutarjeton.com, una herramienta virtual que permite a los usuarios buscar a sus candidatos por nombre o partido y visualizar su ubicación exacta en el tarjetón. Esta práctica digital no solo ayuda a memorizar la posición de la X, sino que evita el gasto innecesario de papel y la contaminación que generan los tarjetones pedagógicos impresos.Un dato relevante compartido por el CEO de Wapidd es la influencia de la numeración en el éxito electoral. De acuerdo con su análisis, es poco común encontrar candidatos ganadores con números superiores al 20. "Los primeros 20 números son los que salen; el número 70, 80 u 88 nunca ves que salga elegido", afirmó Corredor, subrayando que la ubicación espacial en el tarjetón es determinante para el cerebro.Finalmente, en el marco del debate sobre las consultas interpartidistas, el equipo de Mañanas BLU recordó una norma fundamental para evitar la anulación: solo se puede marcar una opción por consulta.La conclusión para los electores es clara: para que su voz cuente, la preparación es indispensable. Como bien señala el adagio popular citado en la mesa de trabajo, "la práctica hace al maestro".Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
El Super Astro Sol se ha posicionado como uno de los juegos de azar más llamativos en Colombia, gracias a una propuesta que combina el chance tradicional con la simbología de los signos del zodiaco.Número ganador de Super Astro Sol hoy, jueves 29 de enero de 2026El número ganador del chance Super Astro Sol de este miércoles 28 de enero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.Número ganador: Dos últimas cifras: Tres últimas cifras: Signo zodiacal: ¿Cómo se juega el Super Astro Sol?Este chance se distingue por una mecánica sencilla y versátil, que permite realizar varias combinaciones en una sola apuesta. Para participar, el jugador debe seguir estos pasos:Elegir un número de cuatro cifras, desde el 0000 hasta el 9999.Seleccionar uno de los 12 signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.Escoger, de manera opcional, la modalidad “Todos los signos”, que asocia el mismo número a los doce signos del zodiaco.Definir el valor de la apuesta y realizar hasta cuatro jugadas en un mismo tiquete.Desde julio de 2025, el sorteo del Super Astro Sol se lleva a cabo de lunes a sábado a las 4:00 p. m., un horario que ha contribuido a fortalecer su popularidad en distintas regiones del país.Valor de las apuestasEl Super Astro Sol ofrece opciones pensadas para diferentes presupuestos, lo que lo convierte en un juego accesible para un amplio público:Apuesta mínima: $500Apuesta máxima: $10.000 por jugadaLas apuestas deben realizarse únicamente en puntos de venta autorizados, garantizando así seguridad, legalidad y transparencia en cada transacción.¿Cómo reclamar un premio del Super Astro Sol?Los ganadores del Super Astro Sol deben acercarse a un punto autorizado para reclamar su premio y presentar los siguientes documentos:Tiquete original en buen estado.Documento de identidad con fotocopia legible.Dependiendo del valor del premio, medido en Unidades de Valor Tributario (UVT), pueden exigirse requisitos adicionales:Premios menores a 48 UVT: documentos básicos.Premios entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT.Premios mayores a 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente, con una expedición no mayor a 30 días.
El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo llegó al Parque de las Banderas en Cali para entregar una dotación de aproximadamente 20 ambulancias y unidades médicas móviles para los hospitales públicos del Valle del Cauca, y en ese evento se refirió a los reiterado cuestionamientos que la gobernadora Dilian Francisca Toro le ha hecho debido a la crisis financiera que atraviesa el sistema de salud del país.El ministro indicó que al Valle del Cauca se le ha invertido cerca de un billón de pesos en infraestructura y apoyo a la red de salud pública, por lo que no es cierto que el departamento no esté contando con el apoyo por parte del Gobierno nacional."Mientras otros nos atacan, no aceptan las reformas, pues el pueblo se levanta y exigen transformaciones, aquí hemos estado bloqueados desde el Valle del Cauca por el alfil de una persona muy importante de acá que no ha hecho más que en dos ocasiones hundirnos la Reforma a la Salud, pero nosotros seguimos trabajando y le traemos plata al Valle del Cauca, un billón y vamos a traerle más", indicó Jaramillo.Respecto a los seis billones de pesos que las EPS le deben a los hospitales del Valle del Cauca, el ministro indicó que este tipo de deudas era lo que pretendía solucionar la Reforma a la Salud y que es desde este departamento donde se ha obstaculizado su progreso."Hemos presentado la Reforma para solucionar el problema y pagar las deudas, la Cámara nos la ha aprobado para solucionar estas deudas pero resulta que llega a la Comisión Séptima del Senado y ahí hay una persona muy importante en esa comisión y siempre la ha hundido. Aquí se les advirtió, desde octubre de hace casi tres años, y ¡qué han querido? que la situación se empeore", añadió el ministro.Las tensiones entre el Gobierno nacional con la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, siguen en aumento en medio de esta discusión del financiamiento del Sistema de Salud.
El coronel Álvaro Bello, director técnico de investigaciones de accidentes de la Aeronáutica Civil, confirmó en Mañanas Blu, con Néstor Morales, que la prioridad en este momento es la descarga y análisis de las cajas negras del avión de Satena HK‑4709, siniestrado en el Catatumbo con 15 personas a bordo. Asimismo, reveló que una interferencia es una de las hipótesis que maneja le entidad.“En este momento le puedo confirmar que estoy en el proceso de descarga de datos de la caja grabadora de datos de vuelo”, explicó, al detallar que se trata de dos dispositivos: uno de voces y sonidos de cabina y otro de datos de vuelo registrados segundo a segundo. Enfatizó que aún no puede entregar conclusiones sobre las causas del siniestro porque necesita tiempo para empezar a identificar y sustentar lo que ya se pudo se detectar o leer en el sitio.Según la Aerocivil, estos grabadores son fundamentales para reconstruir la trayectoria, las comunicaciones y los parámetros técnicos del vuelo que cubría la ruta Cúcuta–Ocaña, en una zona de compleja geografía y presencia de actores armados ilegales. La autoridad aeronáutica mantiene la custodia de los equipos y adelanta un proceso de recuperación de datos más complejo en el caso de la grabadora de voces, que sufrió golpes severos por la desaceleración del impacto.¿El avión de Satena se estrelló contra la montaña?Bello reveló que la inspección preliminar en terreno permitió establecer elementos clave sobre cómo impactó la aeronave contra la montaña en el Catatumbo. “La aeronave tiene un impacto que es ascendente, es decir, no es de frente, no hay una colisión frontal contra el terreno”, relató, lo que da, según explicó, “un indicio que podría haber un intento de alguna maniobra final antes de la colisión como tal”. La huella del impacto se extiende unos 150 metros desde la parte alta de la ladera hacia abajo, en el punto más elevado donde quedaron los restos.Aunque los indicios sugieren un desplazamiento a lo largo de la ladera y no un choque frontal, el director de investigaciones se abstuvo de confirmar si el piloto realizó una maniobra in extremis para tratar de evitar la colisión. “Necesito descargar los datos y empezar a analizarlos para poder confirmar si efectivamente hubo una maniobra final”, subrayó el coronel tras insistir en que cualquier interpretación sobre la reacción de la tripulación debe estar soportada en la telemetría registrada por los sistemas de a bordo. Las condiciones meteorológicas exactas en el momento del siniestro también serán contrastadas con la información técnica de la aeronave.Conversaciones en cabina y control: prudencia frente a filtracionesEn medio de versiones y audios que han circulado en redes sobre la supuesta última conversación entre la tripulación y los servicios de control aéreo, Bello pidió cautela y rigor informativo. “En medios salen muchísimas versiones que no son confirmadas en redes”, advirtió. Asimismo, señaló que la única forma de validar esos audios será cuando se logre extraer y cotejar el contenido de la caja grabadora de voces que ya está en poder de la autoridad investigadora. Sobre esa caja, precisó: “Estamos en condiciones en este momento de poder hacer un proceso que va a llevar más tiempo, pero es la recuperación de los datos”.El oficial recordó que las comunicaciones entre pilotos y control se basan en una fraseología técnica estandarizada, en la que reportar “aproximación” implica que la aeronave ya está en fase de descenso hacia la pista de destino. Cualquier indicio de declaración de emergencia o mensajes atípicos deberá establecerse únicamente a partir de la grabación de cabina y de los registros del centro de control de tráfico aéreo.Estado del avión y rol de la empresa operadoraFrente a las condiciones técnicas del Beechcraft 1900D operado para Satena, Bello señaló que, desde el punto de vista regulatorio, la aeronave estaba habilitada para volar. “Esta aeronave como tal contaba con esos registros de aeronavegabilidad o de aprobación de operación por parte de la autoridad aeronáutica”, afirmó. Agregó que las inspecciones realizadas por los inspectores de aeronavegabilidad y de operaciones aéreas estaban vigentes y en regla al momento del accidente. “Si esa aeronave estaba haciendo ese vuelo, es porque esa aeronave está autorizada y legal en sus términos de aeronavegabilidad para cumplir con ese vuelo”, recalcó.El investigador subrayó, no obstante, que la Aerocivil también indaga el factor organizacional dentro de la empresa encargada del vuelo. Esto incluye revisar su sistema de gestión de riesgos, los procedimientos de identificación de peligros, la administración de tripulaciones y la forma en que se garantiza la disponibilidad técnica de la flota. Se trata de un enfoque integral que no se limita al desempeño de la tripulación, sino que incorpora la cultura de seguridad operacional de la organización.Interferencia, jamming y spoofing: una hipótesis de la era digitalAl ser consultado sobre si la causa más probable es el clima o el error humano, el coronel Bello insistió en que la investigación se mueve en varias líneas simultáneas. “Hay factor humano involucrado, hay un factor organizacional y hay un factor que no podemos descartar, que es algo que es moderno, es de la actualidad”, dijo, al introducir el componente de interferencia en la navegación satelital. Allí mencionó explícitamente dos conceptos: jamming y spoofing.Bello enfatizó que la ubicación del escenario —en el Catatumbo, zona fronteriza, de difícil geografía y alta conflictividad— obliga a considerar la posibilidad de interferencia cibernética como una hipótesis de trabajo. “Tenemos que tener en cuenta dentro de una hipótesis de investigación el sitio donde está ubicado el accidente y no podemos descartar que efectivamente pueda haber una situación de esta condición”, sostuvo. Ante la pregunta de si dicha interferencia podría ser eventualmente provocada por alguien, respondió con cautela: “Eso está dentro de una línea de investigación”.La hipótesis de atentado y lo que se ha descartadoSobre la hipótesis de un atentado, Bello fue categórico al señalar que, con la evidencia recogida en el lugar del siniestro, no es posible sostener esa tesis. “Dentro de lo que se identificó en los restos, en la disposición de los restos, en la trazabilidad o la dinámica de impacto, no puedo confirmar eso porque no veo o no identificamos con el grupo una evidencia que haya habido algún tipo de interferencia ilícita”, indicó. De esta forma, la Aerocivil descarta por ahora indicios de explosiones o acciones violentas previas al impacto.El investigador recordó que cualquier conexión con un posible acto terrorista deberá estar plenamente sustentada en pruebas físicas, análisis forenses y datos de las cajas negras, y no en especulaciones. Por ahora, la entidad trabaja bajo el principio de no descartar hipótesis, pero sí de ajustar o derribar líneas de investigación a medida que avanza la recolección y contrastación de información técnica. El objetivo, insistió, es establecer causas probables que deriven en recomendaciones de seguridad para evitar nuevos accidentes.
Tras el trágico accidente de una aeronave de la empresa Satena en la región del Catatumbo, Norte de Santander, la Aeronáutica Civil ha proporcionado los primeros avances de la investigación técnica en curso.En diálogo con Mañanas Blu, el coronel Álvaro Bello, director de investigaciones de la entidad, explicó que las evidencias iniciales recolectadas en el terreno sugieren que el impacto no ocurrió de manera frontal, lo que abre paso a nuevas hipótesis sobre los últimos segundos del vuelo.Hallazgos en el lugar del siniestroDe acuerdo con el coronel Bello, la inspección preliminar en la montaña donde se accidentó el avión indica que la aeronave tuvo un impacto ascendente. "No hay una colisión frontal contra el terreno, sino que efectivamente nos da un indicio de que podría haber un intento de alguna maniobra final antes de la colisión como tal", señaló el funcionario.La huella de impacto se localizó aproximadamente a 150 metros debajo de la punta de la montaña, desplazándose a lo largo de la ladera, lo que sugiere que la tripulación pudo haber intentado elevar la nariz del avión en un esfuerzo por evitar el choque. No obstante, Bello fue enfático en que estas observaciones deben ser confirmadas mediante el análisis riguroso de los datos técnicos.El desafío de las cajas negrasLa investigación se centra actualmente en la descarga y análisis de las dos cajas de grabación de la aeronave: una que registra las voces y sonidos en la cabina (CVR) y otra que recopila los datos de vuelo o telemetría (FDR). El proceso presenta retos significativos, ya que la caja de voces sufrió daños debido a la severa desaceleración del impacto, lo que requerirá un proceso de recuperación más prolongado para obtener la información.Estos dispositivos permitirán determinar con precisión si existió una declaración de emergencia final o si hubo factores atípicos en la comunicación entre la tripulación y los centros de control de tráfico aéreo.Hipótesis y líneas de investigación: ¿Interferencia técnica?Además de los factores tradicionales como el clima, el factor humano y el factor organizacional, la Aerocivil está explorando hipótesis modernas relacionadas con la navegación satelital. El Coronel Bello mencionó la posibilidad de investigar fenómenos como el jamming (corte de señal) o el spoofing, este último referido a una interferencia cibernética que podría hacer pensar a los pilotos que están en una ubicación diferente a la real.A pesar de estas líneas de estudio, la autoridad aeronáutica aclaró que, hasta el momento, no se ha identificado evidencia de interferencia ilícita o atentados contra la aeronave. Finalmente, se confirmó que el avión de Satena contaba con todos sus registros de aeronavegabilidad y aprobaciones de operación al día, cumpliendo con los marcos legales para realizar dicho vuelo.El accidenteLa aeronave, un bimotor Beechcraft 1900 con 32.000 horas de vuelo, cubría el miércoles la ruta entre Cúcuta y Ocaña, en el departamento de Norte de Santander, que se hace en 25 minutos, pero su último contacto fue cuando llevaba 12 minutos en el aire.Horas después, campesinos de la zona de Curacica, que hace parte de La Playa, informaron del hallazgo del aparato estrellado en la cima de una colina.El avión destruidoEste jueves, desde temprano, funcionarios de emergencia y rescatistas del Grupo de Búsqueda y Rescate Aeronáutico de Colombia (BRAC) seguían en el lugar del accidente, recuperando piezas del avión, que se partió en mil pedazos que quedaron esparcidos entre unos arbustos, y objetos personales de los pasajeros.Escuche aquí la entrevista:
El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Justicia y del Derecho, expidió el Decreto 063 del 26 de enero de 2026, con el cual se reglamenta la ley de mujeres buscadoras (Ley 2364 de 2024) y se establecen las condiciones para que estas mujeres y sus familias accedan a medidas integrales de protección, reparación y reconocimiento por parte del Estado.De acuerdo con el decreto oficial, la reglamentación tiene como propósito “reconocer a las mujeres buscadoras como constructoras y sujetos de especial protección constitucional y adoptar medidas para el acceso a sus derechos, la prevención de violencias, la sensibilización, la atención y la protección integral”.El decreto fija principios obligatorios para todas las entidades competentes del Estado. Entre ellos, el estándar de debida diligencia, que impone la obligación de promover los derechos de las mujeres buscadoras a una vida libre de violencias, “evitando revictimizaciones a partir de una acción diligente, proactiva, oportuna, ética y que permita la materialización efectiva del derecho a la búsqueda de las personas desaparecidas”.Asimismo, establece la atención diferenciada, señalando que el Estado deberá aplicar enfoques diferenciales y una perspectiva interseccional, teniendo en cuenta “las circunstancias específicas de las mujeres buscadoras, conforme a sus necesidades particulares y condiciones de vulnerabilidad”. A esto se suma el principio de participación, que obliga a las entidades a garantizar que las mujeres buscadoras intervengan en las decisiones que las afecten y tengan participación efectiva en los espacios donde se definan planes, programas y proyectos relacionados con su atención integral.Tras la expedición del decreto, el ministro de Justicia destacó el alcance de la medida. En su cuenta de X afirmó que se trata de “un instrumento que las mujeres buscadoras han promovido por mucho tiempo para que se les reconozca el trabajo y la dedicación de décadas en las que no solo han buscado por todos los medios a sus seres queridos”. Agregó que estas mujeres “también han buscado verdad y justicia, en medio de una guerra que ha dejado más de 160 mil personas dadas por desaparecidas”.Según el ministro, la reglamentación permitirá que más de 300 mil mujeres buscadoras de víctimas de desaparición forzada cuenten con una herramienta concreta para acceder a derechos fundamentales. “Hoy, más de 300.000 mujeres buscadoras cuentan con esta herramienta que será la puerta de entrada para que ellas y sus familias puedan acceder a servicios de salud integral, seguridad social, vivienda, educación, trabajo y autonomía económica”, señaló.Ana Angulo, madre buscadora de personas desaparecidas, aseguró que esta reglamentación tiene un valor profundo para quienes han sostenido la búsqueda en medio del miedo y la incertidumbre. “Una de las importancias es que nosotras como Madres Buscadoras hemos venido arduamente en este ejercicio con temor, con miedo, con zozobra, haciéndonos abrir espacio para que reconozcan que sí hay personas desaparecidas y que detrás de ellas hay familias, madres e hijos con dolor, con esperanza”, expresó.Angulo añadió que el respaldo institucional fortalece su labor colectiva: “Saber que nos apoyan en la incidencia política y en la política pública hacia esa ley es importante y reconfortante. Seguimos en la lucha y en la pelea”.
Según un informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), los grupos armados ilegales alcanzaron 27.121 integrantes, tras incorporar más de 5.000 nuevos miembros solo en 2025, mientras las disputas armadas llegaron a niveles récord y el Estado sigue sin recuperar el control territorial.“Colombia deja atrás un año que cerró en rojo en varios de los indicadores de seguridad e impacto humanitario, y se enfrenta a un 2026 que comienza con señales claras de deterioro en estos frentes y con los grupos armados marcando el pulso en amplias zonas del país”, advierte la FIP.El documento señala que estas estructuras crecieron 23,5 % frente a 2024, una tendencia sostenida desde 2018 que, de no revertirse, podría llevarlas a cerca de 30.000 integrantes en el corto plazo. Del total de combatientes, 13.794 corresponden a hombres en armas y 13.327 a redes de apoyo.“Estos dos tipos de integrantes cumplen funciones diferentes, pero en ambos casos sus acciones generan impactos sobre la seguridad. Por ejemplo, aunque los hombres armados participan directamente en las actividades militares, las redes de apoyo son el pilar fundamental de la vigilancia y garantizan el cumplimiento de las normas del actor armado sobre el territorio”.El crecimiento más acelerado lo registra el Clan del Golfo, con un aumento del 30 %, lo que equivale a casi 2.300 personas más en sus filas.Más guerra y más territorios en disputaLa FIP alerta que en 2025 las confrontaciones entre grupos armados aumentaron 34 %, alcanzando el nivel más alto de la última década. Actualmente, 13 zonas del país están en disputa armada, casi el doble de las que existían al inicio del gobierno del presidente Gustavo Petro en 2022.Regiones como Catatumbo, Cauca, Guaviare y Caquetá concentran las mayores afectaciones humanitarias, con comunidades atrapadas entre enfrentamientos, desplazamientos forzados y confinamientos masivos. Solo en 2025, más de un millón de personas resultaron afectadas por restricciones a la movilidad, una cifra que triplica la registrada el año anterior.Drones, control social y expansión criminalEl informe advierte, además, que en 2025 se registraron 277 ataques con drones cargados de explosivos, más del doble que en 2024, la mayoría atribuidos a disidencias de las FARC. A esto se suma el uso de cámaras ocultas y nuevas tecnologías de vigilancia para seguir los movimientos de la Fuerza Pública.La FIP advierte un control cada vez más fuerte sobre la vida cotidiana de las comunidades, con restricciones a la movilidad, carnetización, presión sobre líderes sociales e intentos de incidir en el poder local y la organización comunitaria.“Este avance territorial no solo implica más presencia armada, sino un control cada vez más fuerte sobre las comunidades. Los grupos buscan incidir en el poder local y en los procesos organizativos de la sociedad civil, ampliando su influencia sobre la vida cotidiana en las zonas donde operan”, señala el informe.Estado reactivo y Paz Total en crisisAunque en 2025 las acciones de la Fuerza Pública aumentaron 34 %, la FIP concluye que la respuesta del Estado sigue siendo reactiva.“Mientras los grupos armados se adaptan con rapidez a las nuevas estrategias oficiales, la Fuerza Pública muestra pocas capacidades para ajustarse a los cambios en las dinámicas del conflicto”, advierte la Fundación.En paralelo, el documento señala que 2026 inicia con la política de Paz Total golpeada por escándalos y con un reconocimiento cada vez más extendido sobre sus límites y fracasos, “incluso por parte del propio presidente”.“En ese contexto, la creación de Zonas de Ubica-ción Temporal (ZUT) con cuatro grupos distintos se perfila como uno de los mayores retos del tramo final de esta administración, tanto en términos de seguridad física como de las garantías jurídicas que implican.La FIP ha advertido que la Paz Total cada vez más se asemeja a una ‘paz electorera’, entendida como un medio para cumplir otros fines distintos a los de llevar alivios humanitarios a los territorios más afectados por el conflicto”, advierte la FIP.
En medio del dolor que deja el trágico accidente aéreo ocurrido en la ruta Cúcuta–Ocaña, en las últimas horas comenzó a circular en redes sociales una imagen que ha conmovido profundamente a los colombianos.Se trata de la última foto tomada por una de las pasajeras al interior del avión de Satena que se precipitó en zona rural de Norte de Santander, dejando como saldo la muerte de sus 15 ocupantes.La joven fue identificada como Gineth Tatiana Rincón Sanjuán, una estilista oriunda de Ocaña que por motivos laborales residía en Cúcuta. De acuerdo con versiones cercanas a su familia, Gineth regresaba a su tierra natal cuando abordó la aeronave en el aeropuerto Camilo Daza, sin imaginar que ese vuelo sería el último de su vida.La imagen, captada minutos antes del despegue, muestra a la joven sentada en uno de los asientos del avión, sonriente y tranquila, mientras otros pasajeros se acomodaban para iniciar el trayecto. Según las autoridades, la aeronave de Satena se accidentó aproximadamente 20 minutos después de despegar de Cúcuta con destino a Ocaña. En el siniestro fallecieron los 13 pasajeros y los dos tripulantes, hecho que conmocionó a Norte de Santander y encendió las alertas de los organismos de emergencia y de investigación aérea.Mientras avanzan las labores técnicas, el Gobierno nacional confirmó recientemente el hallazgo de las cajas negras —los grabadores de datos de vuelo y de voz de cabina—, lo que permitirá esclarecer las causas del accidente. Último audio del avión de Satena accidentadoDe acuerdo con la transcripción conocida, la última comunicación se dio cuando los tripulantes informaron a la torre de control de Cúcuta que estaban listos para iniciar el descenso.“Cúcuta, aproximaciones Satena 8849 estaría listo descenso”, se escucha en el audio, a lo que la torre respondió autorizando la maniobra y entregando instrucciones de procedimiento, al no reportarse tránsito en la zona.Este es el audioPiloto: Cúcuta, aproximación, Satena 8849, estaría listo descensoTorre de control: Satena 8849, descenso a discreción, sin tránsito reportado. Notifique 10 millas antes de Ocaña.Piloto: Llamará 10 millas fuera y descenso a discreción.Torre de control: Satena 8849, comunique autoanuncios en Ocaña.Minutos después de esa comunicación, el avión se perdió de los radares y se activaron los protocolos de búsqueda, que culminaron horas más tarde con la confirmación del accidente.
Un nuevo hecho de violencia se registró en el departamento de Caquetá. El primer hecho sucedió en el corregimiento de Río Negro, jurisdicción del municipio de Puerto Rico. Allí, la estación de Policía fue blanco de un ataque perpetrado por hombres armados que, según las primeras hipótesis de inteligencia, pertenecerían a las disidencias de las Farc que delinquen en la zona.En medio del intercambio de disparos, dos uniformados resultaron heridos. Uno de los agentes recibió un impacto en el hombro, mientras que su compañero fue alcanzado en el tórax. El reporte médico, para fortuna de sus familias y de la institución, indica que ambos se encuentran estables y fuera de peligro.Ante la gravedad de los hechos, la Gobernación del Caquetá se pronunció a través de sus canales oficiales expresando su solidaridad: "Lamentamos profundamente lo sucedido en Río Negro. Todo nuestro respaldo y apoyo a nuestra Policía Nacional en estos momentos de asedio", señalaron desde la administración departamental.Mientras en el norte del departamento se escuchaban los fusiles, en la capital, Florencia, el pánico se apoderaba de los habitantes del barrio Cunduy. Cerca de las 11:00 de la noche, la detonación de un artefacto explosivo de bajo poder sacudió las ventanas de las viviendas y despertó a toda la comunidad.Aunque el reporte oficial confirma que no hubo personas lesionadas, lo sucedido generó temor y zozobra en la comunidad de este barrio. Las autoridades investigan si este acto está vinculado a las crecientes denuncias por extorsión que vienen asfixiando al comercio y a los ciudadanos en Florencia.
En diálogo con Mañanas Blu, Humberto Sierra Porto, quien fue presidente de la Corte Constitucional y juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, analizó el impacto histórico y político de la reciente decisión de suspender provisionalmente los efectos de la emergencia económica en Colombia. Según el exmagistrado, esta medida representa un hito sin precedentes en la lógica jurisprudencial del país, otorgando a la Corte un papel mucho más protagónico en la gobernanza nacional.Una facultad novedosa y el "derecho de veto"Sierra Porto calificó la decisión como “absolutamente novedosa”, comparándola con la creación de la doctrina de sustitución de la Constitución en su época. Explicó que la implementación de la suspensión cautelar cambia la aproximación de la Corte al análisis de las normas, transformándola de ser la última etapa del procedimiento legislativo a poseer, prácticamente, un derecho de veto sobre las decisiones del Congreso y del Ejecutivo.“La justicia en tiempo real, de manera concomitante con las decisiones, hace que la manera en que se trabaja judicialmente sea totalmente diferente”, señaló Sierra Porto, subrayando que ahora la Corte interviene directamente en la actualidad política y no solo sobre los derechos en abstracto.Polarización y el peligro del relato del "bloqueo institucional"Ante las acusaciones del presidente Gustavo Petro, quien afirmó que la Corte rompió el orden constitucional para defender intereses económicos, Sierra advirtió sobre los riesgos de tomar estas decisiones en sociedades polarizadas. El exmagistrado enfatizó que existe un peligro real de que las sentencias judiciales sean utilizadas como herramientas electorales.“El gobierno ha tenido un relato de bloqueo institucional que impide que ellos puedan gobernar... y las decisiones sobre temas tan relevantes en momentos electorales son utilizados políticamente a favor o en contra”, afirmó. En este sentido, hizo un llamado a la prudencia para evitar que la Corte sea arrastrada al espectro político de la oposición o del gobierno, protegiendo así la institucionalidad,.Impacto en los impuestos y la "ultraactividad"Uno de los puntos críticos de la entrevista fue el efecto de la suspensión sobre los decretos tributarios, como el 1474, que establecía impuestos al patrimonio y al consumo de licores y juegos por internet,. Sierra Porto explicó que esta medida busca frenar una práctica común de los gobiernos: dictar leyes presumiblemente inconstitucionales para recaudar fondos mientras la Corte decide de fondo, aprovechando la ultraactividad de las normas.Aunque el dinero ya recaudado (cercano a un billón de pesos) no se devolvería inicialmente por respeto a la vigencia previa de la norma, la suspensión detiene el recaudo hacia el futuro,. El exmagistrado advirtió: “Hay que tener mucho cuidado de la justicia en tiempo real porque en tiempos electorales puede terminar perturbando el equilibrio y la información y las decisiones de los ciudadanos”.Escuche aquí la entrevista:
Más de 300 soldados de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 4 del Ejército fueron insertados vía aérea en zonas rurales de Huisitó, Honduras y Nayita, en jurisdicción del municipio de El Tambo, Cauca, como parte de una operación militar focalizada para recuperar control en corredores estratégicos de movilidad de grupos armados ilegales.El despliegue busca bloquear rutas utilizadas por la estructura ‘Carlos Patiño’ de las disidencias de las Farc, señalada de delinquir en el área del Cañón del Micay y de estar al servicio de alias ‘Zamora’, integrante del Bloque Occidental Jacobo Arenas. Según la información oficial, la intervención apunta a limitar los movimientos del grupo, afectar su capacidad de maniobra y reducir su presencia en sectores rurales donde mantiene influencia.Las maniobras incluyen posicionamiento estratégico de tropas y control de puntos clave de tránsito, dentro de una ofensiva sostenida orientada a debilitar redes logísticas y operativas de esta estructura. El objetivo, de acuerdo con el reporte, es impactar sus capacidades y disminuir riesgos para las comunidades de la zona.Las acciones se desarrollan bajo protocolos de operación militar con enfoque de protección a la población civil y cumplimiento de las normas de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, mientras continúan los movimientos de inserción y aseguramiento de área en terreno.
Durante los primeros 30 días del año, las operaciones militares desplegadas en varias zonas críticas del país dejaron un balance de alto impacto contra grupos armados organizados y redes de economías ilícitas. Las acciones, concentradas principalmente en Catatumbo, Cauca, Arauca, Nariño y el sur de Bolívar, según las Fuerzas Militares, se enfocaron en golpear estructuras de mando, frenar rentas criminales y recuperar control territorial en corredores estratégicos.De acuerdo con general Hugo López, comandante general de las FFMM, en este periodo fueron neutralizados 631 integrantes de organizaciones ilegales: 543 fueron capturados, 34 se sometieron a la justicia, 28 menores fueron recuperados y 11 murieron en desarrollo de operaciones.En paralelo, las autoridades reportaron la incautación de 165 armas de fuego, más de 22.800 municiones y 199 artefactos explosivos. Entre los resultados señalados figura la desarticulación de la Comisión 34 de las disidencias, en Carmen de Atrato (Chocó), con 11 sometimientos, y la estructura Jhonier Arenas en Leticia (Amazonas), donde hubo capturas, menores recuperados y bajas en combate.En un mes se incautaron más de 38 toneladas de clorhidrato de cocaína, 21 toneladas de hoja de coca y fueron destruidos 188 laboratorios de procesamiento. Las autoridades estiman que el golpe a estas cadenas ilegales representa pérdidas cercanas a los 1.254 millones de dólares para las organizaciones criminales, al impactar producción, transformación y rutas de salida.Las operaciones incluyeron intervenciones contra minería ilegal y sabotaje a infraestructura energética. En ese frente fueron capturadas 41 personas por explotación ilícita de yacimientos, incautadas 66 dragas y 256 equipos entre motores, bombas y plantas eléctricas. También se evitó daño a tres tramos de oleoductos y se destruyeron 13 válvulas clandestinas utilizadas para el hurto de combustibles.Dentro de los resultados más sensibles está la caída de cabecillas señalados de coordinar acciones armadas y control territorial. Entre ellos alias ‘Santiago’, identificado como jefe del ELN en el occidente del país, vinculado a acciones contra población civil y trabajo de expansión organizativa, y alias “Polo”, cabecilla de disidencias en Amazonas, señalado de manejar seguridad, logística y dinamización de rentas ilegales en la región.
Colombia reanudó los vuelos de repatriación de sus ciudadanos desde Estados Unidos, tan solo cinco días antes de la reunión que el presidente Gustavo Petro y su homólogo Donald Trump sostendrán la próxima semana en la Casa Blanca, informó la Cancillería."El Ministerio de Relaciones Exteriores tiene el gusto de informar que a partir de hoy, siguiendo nuestro compromiso con el trato digno a nuestros connacionales, bajo el liderazgo del presidente Gustavo Petro, y en cooperación con la Fuerza Aérea Colombiana, reanudamos los vuelos de repatriación de connacionales deportados desde Estados Unidos", señaló la Cancillería en su cuenta de X. La publicación está acompañada de tres fotografías de personas vestidas con sudadera gris, recibidas en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá por funcionarios de Migración Colombia y de la Cruz Roja Colombiana.Estos fueron vuelos suspendidos hace un año y detonaron la primera crisis entre el Gobierno de Colombia y la nueva administración de Trump, luego de que Petro no autorizara la entrada al país de dos aviones que venían de EE.UU. con deportados, alegando que por venir esposados, no recibían un trato digno."Un migrante no es un delincuente y debe ser tratado con la dignidad que un ser humano merece", afirmó el mandatario colombiano en X el 26 de enero de 2025.Trump respondió de inmediato con la imposición de aranceles del 25 % a los productos colombianos mientras que el Departamento de Estado suspendió por unos días la atención al público en Bogotá para la expedición de visados, pero la crisis se contuvo con gestiones diplomáticas.Como parte del arreglo Colombia asumió la repatriación de sus ciudadanos, para lo cual envió días después dos aviones a San Diego (California) y Houston (Texas), pero esa operación no continuó debido a varios factores, entre ellos el alto coste de cada vuelo.Después de un año de diferencias por la política migratoria, la lucha contra el narcotráfico y la intervención de EE.UU. en Venezuela, que agravaron la crisis en la relación bilateral, los dos presidentes sostuvieron una llamada telefónica el pasado 7 de enero en la que se acordó una reunión en la Casa Blanca el próximo 3 de febrero que es aguardada con expectación en Colombia.Según dijo Petro el pasado martes, la reunión con Trump será "determinante" para él, a quien EE.UU. le canceló el visado y lo incluyó en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), conocida como 'Lista Clinton'."Es una reunión clave, fundamental, determinante, no solo de mi vida personal, sino de la vida de la humanidad", dijo el mandatario durante un acto en la Casa de Nariño, sede presidencial.Ese mismo día pidió a los colombianos que residen en Estados Unidos, Chile y Argentina que regresen al país, al asegurar que en esas naciones son tratados "como esclavos y perros perseguidos por las calles".
La polémica por los nombramientos de interventores en la Superintendencia Nacional de Salud volvió al centro del debate político luego de que el presidente Gustavo Petro señalara públicamente a Laura Sarabia, actual embajadora de Colombia en el Reino Unido, por una presunta entrega de hojas de vida relacionadas con ese proceso. Las declaraciones fueron hechas durante dos discursos del mandatario, uno en el Hospital San Juan de Dios y otro en el Salón Gobelinos de la Casa de Nariño.Según el presidente, habría sido “engañado” en la designación de interventores, a quienes acusó de haber hecho “un business” durante la intervención al sistema de salud. En ese contexto, mencionó a Sarabia como responsable de unas hojas de vida que, aseguró, no provenían de él.Defensa niega cualquier responsabilidad de Laura SarabiaEn entrevista con Recap Blu, la abogada Lina Sandoval, apoderada de Laura Sarabia, negó de manera categórica que su clienta haya tenido injerencia en esos nombramientos. “No existe ningún fundamento. Los chats, los videos y los elementos que corroboran que Laura no tuvo ninguna injerencia en la designación de los interventores existen y ya están en manos de las autoridades”, afirmó.Sandoval explicó que estos hechos hacen parte de un proceso de desinformación que actualmente investiga la Fiscalía General de la Nación, en el cual Sarabia figura como víctima. “Estamos hablando de aproximadamente 33 procesos de desinformación en su contra”, señaló.Solicitud para que el presidente declare ante la FiscalíaLa defensa envió una carta a la Fiscalía solicitando que el presidente Petro rinda declaración jurada sobre sus afirmaciones. Para Sandoval, es clave que lo dicho en escenarios públicos sea trasladado al ámbito judicial. “La labor del abogado es que las versiones y declaraciones queden consignadas en los escenarios judiciales adecuados”, sostuvo, al tiempo que pidió que se establezca “qué información tiene el presidente y quién se la suministró”.Reunión en el despacho presidencial y circular del DapreLa abogada también hizo referencia a una reunión realizada el 30 de octubre de 2024 en el despacho presidencial, en la que habrían participado el entonces superintendente Luis Carlos Leal y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. “Tenemos la certeza de que en esa reunión quedó claro que la doctora Laura Sarabia no tuvo nada que ver con la designación de los interventores”, afirmó.Además, recordó una circular emitida por Sarabia el 4 de junio de 2024 cuando dirigía el Dapre, en la que se instaba a prevenir intermediaciones indebidas. En palabras del documento: “Crear mecanismos de confirmación respecto a las gestiones adelantadas o instruidas, con el objetivo de prevenir esquemas de intermediación”.Denuncia por violencia política contra la mujerFinalmente, Sandoval explicó que la denuncia interpuesta es por violencia política contra la mujer, una forma de violencia de género. “Hay una construcción de narrativas sin evidencia que buscan entorpecer su labor como mujer en la política”, concluyó.La defensa reiteró que Sarabia “está tranquila” y a la espera de que la Fiscalía avance en las investigaciones para esclarecer los hechos.Escuche la entrevista completa acá:
La decisión de la Corte Constitucional de suspender de manera provisional el decreto de emergencia económica fue recibida con respaldo por parte de varios gobernadores del país, quienes advirtieron que la medida evita un fuerte golpe a las finanzas regionales y protege recursos clave para la inversión social.La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, calificó la decisión como acertada y oportuna, al señalar que el decreto habría generado afectaciones directas en sectores esenciales.Toro explicó que la medida evita impactos negativos en programas financiados con rentas departamentales, especialmente en el pago del régimen subsidiado; en educación, como el PAE y el transporte escolar; y en el deporte.Desde el Tolima, la gobernadora Adriana Magaly Matiz aseguró que respeta la independencia de la justicia y destacó el alcance constitucional de la determinación del alto tribunal. Matiz fue enfática en señalar que el decreto ponía en riesgo la autonomía regional.“Más que celebrar la decisión de la Corte Constitucional, lo que aquí se mantiene es la salvaguarda constitucional frente a un afán desenfrenado por tapar un hueco fiscal a costa de la inversión social en salud, educación y deporte. El país se construye fortaleciendo las regiones, no asfixiándolas ni debilitando su independencia”, manifestó.Por su parte, el presidente de la Federación Nacional de Departamentos y gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, destacó que la suspensión provisional del decreto refuerza el papel de la corte como guardiana de la Constitución de 1991 y protege los recursos que permiten a los departamentos atender las necesidades de sus comunidades.“Los gobernadores y gobernadoras del país acogemos con profundo respeto la reciente decisión de la Corte Constitucional, como garante de la separación de poderes, la independencia de la justicia y la verdadera autonomía de las regiones”, señaló.Las reacciones se conocen luego de que la Corte Constitucional decidiera suspender temporalmente los efectos del decreto de emergencia económica, mientras se pronuncia de fondo sobre su constitucionalidad, una decisión que ha sido interpretada por los gobernadores como un alivio para las finanzas territoriales y la inversión social en las regiones.
El dolor por el accidente aéreo ocurrido en Norte de Santander, en el que murieron 15 personas que viajaban en un vuelo de Satena entre Cúcuta y Ocaña, sigue creciendo con los testimonios de quienes conocieron a las víctimas. Una de ellas fue Maira Alejandra Avendaño, trabajadora humanitaria y líder social, cuya historia fue recordada por su amiga y colega Yadira Galeano en entrevista con Noticias Caracol.Maira Alejandra hacía parte del Consejo Noruego para Refugiados, una organización internacional con presencia en más de 40 países que en Colombia trabaja desde hace más de dos décadas en la atención de población desplazada y comunidades en riesgo por el conflicto armado. Según relató Galeano, Maira llevaba más de 10 años vinculada a la entidad y se había convertido en un referente por su compromiso con las comunidades del Catatumbo, Arauca y el nororiente del país.“Fue una colega excelente, una profesional brillante, una mujer que nació para servir”, expresó Galeano durante la entrevista. Contó que Maira Alejandra se caracterizaba por su cercanía con las víctimas, su sensibilidad frente al dolor ajeno y su insistencia en buscar soluciones, incluso cuando parecía no haberlas. “Ella no se quedaba con un no. Tocaba puertas, buscaba apoyos y siempre encontraba la manera de ayudar”, añadió.La mujer fallecida en el accidente del avión de Satena tenía su sede de trabajo en Ocaña, pero se movilizaba constantemente entre Norte de Santander y Arauca para liderar proyectos de protección y acompañar comunidades afectadas por la violencia. En el vuelo en el que perdió la vida, regresaba precisamente a Ocaña luego de cumplir compromisos laborales en Cúcuta relacionados con la atención de poblaciones en riesgo.Galeano también relató cómo se enteraron de la tragedia. Explicó que, por razones de seguridad, la organización hace seguimiento a los desplazamientos de su personal, especialmente en zonas de alto riesgo. “Maira informó que estaba abordando el avión y, como siempre, esperábamos confirmar que hubiera llegado. Luego nos dimos cuenta de que el vuelo no había aterrizado y empezaron las incertidumbres”, dijo, describiendo el angustioso momento que vivieron antes de conocer la noticia del accidente.El siniestro ocurrió el miércoles 28 de enero, cuando el Beechcraft 1900 se precipitó en el sector de Playa de Belén, en el Alto el Buey, zona rural de Curasica, a pocos minutos de aterrizar en el aeropuerto de Ocaña. En el hecho murieron 13 pasajeros, además del piloto y copiloto, generando una profunda conmoción en el departamento y en el país.Sobre cómo debe ser recordada Maira Alejandra Avendaño, su amiga fue enfática: “Tenemos que recordarla con admiración, con respeto, celebrar su vida y lo que significó para el trabajo humanitario en zonas tan complejas como el Catatumbo y Arauca. Maira fue una persona que creía que las cosas podían cambiar y trabajó incansablemente para que fueran mejores”.Mientras avanzan las investigaciones para esclarecer las causas del accidente del avión de Satena, las historias de vida de las víctimas, como la de Maira Alejandra, siguen dejando huella y recordando el impacto silencioso de quienes dedican su vida a servir a los demás.
Las filas interminables, los retrasos inesperados y el cansancio acumulado suelen convertir un viaje en avión en una experiencia tensa para muchos pasajeros. Basta un vuelo demorado o una conexión perdida para que la paciencia se agote y el ambiente a bordo se torne incómodo.En medio de ese estrés, algunos viajeros reaccionan de forma impulsiva sin medir las consecuencias, olvidando que un avión no es solo un medio de transporte, sino un espacio que está regulado por estrictas normas de seguridad.Como consecuencia, la Aeronáutica Civil hizo una advertencia a los pasajeros sobre los comportamientos disruptivos durante un vuelo, pues pueden acarrear sanciones graves y penalizaciones, según la normativa vigente.Conductas en vuelo que pueden generar graves multas y sancionesDe acuerdo con la entidad aérea, existen comportamientos que, aunque algunos pasajeros consideran menores, pueden derivar en consecuencias serias durante o después del vuelo. Entre las principales se encuentran:Desobediencia a la tripulaciónNo acatar las instrucciones del personal de cabina, ya sea durante el abordaje, el despegue, el vuelo o el aterrizaje, constituye una falta grave. Las indicaciones de la tripulación no son opcionales, ya que están relacionadas directamente con la seguridad de todos los ocupantes.Comportamiento agresivoLos actos de violencia verbal o física, discusiones exaltadas, amenazas o alteraciones del orden a bordo pueden llevar a sanciones inmediatas. En casos extremos, el vuelo puede verse obligado a desviarse, lo que incrementa la gravedad de la falta.Interrupción del vueloCualquier acción que afecte el normal desarrollo de la operación aérea, como provocar disturbios, negarse a permanecer sentado o generar pánico entre otros pasajeros, puede traducirse en multas, procesos administrativos e incluso restricciones para volar en el futuro.La autoridad aeronáutica recordó que estas conductas no solo afectan al pasajero infractor, sino también al resto de viajeros, a la tripulación y a las aerolíneas, que deben enfrentar retrasos, costos adicionales y riesgos operativos.El objetivo del llamado de la Aerocivil es "prevenir situaciones que pongan en riesgo la seguridad aérea y el normal desarrollo de las operaciones".
Con el avance de la investigación por el trágico accidente aéreo ocurrido en Norte de Santander, en el que murieron 15 personas, salió a la luz el último audio de la aeronave de Satena que cubría la ruta entre Cúcuta y Ocaña. Las grabaciones, extraídas de las llamadas “cajas negras”, revelan los instantes finales de comunicación entre los pilotos y la torre de control, justo antes de que el avión desapareciera del radar.El siniestro ocurrió en la tarde del miércoles 28 de enero, cuando el Beechcraft 1900, con matrícula HK-4709, se encontraba a tan solo cinco minutos de aterrizar en el aeropuerto de Ocaña. La aeronave terminó precipitándose en el sector de Playa de Belén, específicamente en el Alto el Buey, zona rural de Curasica, en un área de difícil acceso que complicó las labores de rescate.Último audio del avión de Satena accidentadoDe acuerdo con la transcripción conocida, la última comunicación se dio cuando los tripulantes informaron a la torre de control de Cúcuta que estaban listos para iniciar el descenso. “Cúcuta, aproximaciones Satena 8849 estaría listo descenso”, se escucha en el audio, a lo que la torre respondió autorizando la maniobra y entregando instrucciones de procedimiento, al no reportarse tránsito en la zona. Este es el audioPiloto: Cúcuta, aproximación, Satena 8849, estaría listo descensoTorre de control: Satena 8849, descenso a discreción, sin tránsito reportado. Notifique 10 millas antes de Ocaña.Piloto: Llamará 10 millas fuera y descenso a discreción.Torre de control: Satena 8849, comunique autoanuncios en Ocaña.Minutos después de esa comunicación, el avión se perdió de los radares y se activaron los protocolos de búsqueda, que culminaron horas más tarde con la confirmación del accidente.Las autoridades señalaron que este audio constituye una pieza fundamental para establecer qué ocurrió en los instantes finales del vuelo. “Ese elemento va a permitir seguramente fortalecer unas hipótesis y al final tiene que haber una conclusión de las causas de lo ocurrido”, afirmó la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.Avances clave en la investigación del accidente aéreoLa Aeronáutica Civil confirmó que ya fueron hallados y asegurados los grabadores de datos de vuelo y de voz de cabina, conocidos como las “cajas negras”, lo que marca una nueva etapa en el proceso investigativo. Según explicó el director de la entidad, Luis Alfonso Chimenty, esta información será contrastada con la evidencia recopilada en la zona del impacto para reconstruir la secuencia exacta de los hechos.“Contar con los grabadores de vuelo y de cabina nos permite avanzar en una etapa clave de la investigación. Ya tenemos una línea inicial de trabajo, que deberá ser validada con el análisis completo de datos y evidencias recolectadas en terreno”, indicó el funcionario.Equipos especializados de la Dirección de Investigación de Accidentes Aéreos continúan en el sitio del siniestro, donde ya realizaron la primera caminata técnica para identificar restos de la aeronave, ubicar componentes relevantes y establecer una aproximación preliminar a la dinámica del impacto.