Estados Unidos le otorgó una visa diplomática al ministro del Interior, Armando Benedetti. La decisión se tomó faltando cuatro días para que se de el encuentro entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro en Washington.Es importante recordar que desde el pasado mes de octubre Armando Benedetti fue incluido en la lista Clinton junto al presidente Gustavo Petro, Verónica Alcocer y Nicolás Petro.La visa diplomática que obtuvo Armando Benedetti tiene vigencia hasta agosto del 2026, mes en el que termina el Gobierno del presidente Gustavo Petro.Sin embargo, es importante recordar que hasta el momento no se sabe si Armando Benedetti acompañará a Petro a su reunión con el presidente Trump.El encuentro entre Trump y Petro se da tras varios episodios de tensión que se han presentado entre los dos mandatarios.Pues al presidente Gustavo Petro lo incluyeron en la lista Clinton, además, le retiraron su visa.La primera crisis diplomática se dio en enero del 2025 cuando el presidente Gustavo Petro prohibió el ingreso al país de dos vuelos desde Estados Unidos en el que venían colombianos deportados.
La canciller Rosa Villavicencio se refirió a la reanudación de los vuelos con colombianos deportados desde Estados Unidos.Lo que señaló Villavicencio es que la idea es realizar un vuelo por semana.“Con Estados Unidos hemos acordado seguir trayendo a las personas que van a ser deportadas, que cuentan ya con una resolución de expulsión por esta vía y por ahora mantendremos o haremos unos 20 vuelos, uno semanal para ir trayendo a estas personas”, dijo Villavicencio.Es importante señalar que estos vuelos los opera la Fuerza Aérea desde hace un año. Lo anterior, ya que el pasado mes de enero de 2025 el presidente Gustavo Petro prohibió el ingreso de dos vuelos desde Estados Unidos pues los colombianos deportados venían esposados.“Hay que decir también que Estados Unidos tiene un programa de retorno voluntario al que pueden acogerse las personas que todavía no están en estos centros de internamiento, por decirlo así, pero que tengan la voluntad de querer volver porque no tienen posibilidad de contar con un permiso de trabajo y unas condiciones, digamos, administrativas legales”, agregó Villavicencio.Este anuncio de la canciller se da solo días antes de la reunión en Washington entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro. Un encuentro que se da tras algunos episodios de tensión entre los dos gobiernos.
El Gobierno reaccionó a la decisión de la Corte Constitucional de suspender provisionalmente el decreto de emergencia económica expedido por la administración del presidente Gustavo Petro y confirmó que emprenderá acciones jurídicas para controvertir la medida. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, aseguró que aunque respetan las decisiones judiciales, no comparten el criterio aplicado por el alto tribunal y consideran que la figura utilizada no existe en la legislación colombiana para este tipo de actos.Ávila señaló que la defensa del decreto se dará ante la misma Corte y estará centrada en cuestionar la validez de la suspensión provisional de un acto legislativo de emergencia. Según explicó, el Ejecutivo sostiene que la normatividad vigente no contempla ese mecanismo frente a decretos dictados bajo estados de excepción, por lo que buscarán que la decisión sea revisada jurídicamente.“Obviamente, las decisiones que se toman en la corte las respetamos, aunque no las compartamos, y las reclamamos también. Vamos a hacer una acción jurídica ante la misma corte por la decisión que ha tomado, porque consideramos que adoptó una decisión en la cual no existe precedentes en la legislación colombiana y no existe en nuestra normatividad esa suspensión provisional de actos legislativos de emergencia como los que adoptó el gobierno”, afirmó el ministro. Agregó que, a juicio del Gobierno, “suspensiones provisionales no existen, y por eso vamos a reclamar ante la misma corte la no aplicabilidad de esta norma que ellos aducen”.La reacción del Ministerio de Hacienda se suma al impacto que produjo la decisión judicial sobre el paquete de medidas económicas que el Ejecutivo buscaba aplicar con carácter urgente. Más temprano, distintos sectores económicos advirtieron que, tras la caída del decreto, el Gobierno deberá ajustar el manejo presupuestal por las vías ordinarias y tramitar cualquier modificación fiscal a través de los mecanismos legislativos tradicionales, mientras se resuelve el nuevo frente jurídico abierto ante la Corte.
La exministra de Ambiente, Susana Muhamad, ha salido en defensa de la participación de Iván Cepeda en la consulta del próximo 8 de marzo, calificando los posibles impedimentos del Consejo Nacional Electoral (CNE) como "maniobras políticas" que atentan contra la democracia. Según Mohamad, el movimiento progresista no contempla un escenario sin su candidato principal, a quien define como el portador del "ADN progresista" necesario para liderar el país. Por ello, Muhamad fue enfática en que darán la pelea jurídica."Aquí vamos a luchar palmo a palmo con todos los elementos a nuestro alcance para que no solo Iván Cepeda esté en la consulta, sino que podamos consolidar el Frente por la Vida y el objetivo es luchar por los derechos democráticos de los más de 3 millones de personas que ya participaron en procesos previos", indicó Muhamad.Para la exministra, la consulta no es solo un tema táctico, sino la base para constituir un frente que pueda disputar el poder en igualdad de condiciones."No se puede impedir con leguleyadas la estrategia de formación de mayorías, que en el fondo es de lo que se trata la democracia. Nos negarían la constitución de ese Frente por la Vida si no permiten que todos los que hemos decidido constituirnos en ese frente podamos participar", enfatizó. A pesar de las diferencias, Muhamad aseguró que el compromiso de la consulta interpartidista es absoluto: si otro candidato resultara ganador, el sector de Cepeda apoyaría a esa persona para la primera vuelta. Sin embargo, insistió en que la "continuidad de Gustavo Petro" se encuentra representada genuinamente en Iván Cepeda."Que nuestra consulta sea la más votada de todas las consultas, porque eso impulsa al candidato que gane en esa consulta a la primera vuelta", expresó.Escuche la entrevista aquí:
Las autoridades recuperaron en el barrio Alfonso Bonilla Aragón, en el oriente de Cali, una mercancía avaluada en 60 millones de pesos que había sido hurtada bajo la modalidad de estafa a una empresa con sede en Villavicencio, Meta.De acuerdo con la investigación, el presunto estafador envió a la asesora de ventas un comprobante de consignación que inicialmente se reflejó como efectivo en el sistema, lo que llevó a que se autorizara el despacho de la mercancía.“La denuncia fue interpuesta el 27 de enero por la empresa Pisos y Enchapes. De inmediato, iniciamos labores de investigación criminal, inteligencia y trabajo de campo. El 28 de enero, nuestros uniformados lograron ubicar la mercancía en el sector Las Carretas, del barrio Alfonso Bonilla Aragón, en la ciudad de Cali, logrando la recuperación total de estos elementos”, señaló el teniente coronel Justo Alejandro Rivero Cubides, jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte del Departamento de Policía Valle.En el lugar donde fueron halladas en Cali, el ciudadano realizó la entrega voluntaria de la mercancía, manifestando que únicamente era el propietario del vehículo tipo furgón en el que fueron transportadas y que había sido contratado para el traslado de las 415 cajas de porcelanato que contenían baldosas."Invitamos a la ciudadanía a denunciar de manera oportuna cualquier hecho delictivo a través de la línea de emergencia 123 o ante las autoridades más cercanas”, explicó el oficial.La mercancía recuperada fue dejada a disposición de la Fiscalía URI de Villavicencio, en el departamento del Meta, que continuará con el proceso judicial para esclarecer los hechos y dar con los responsables del delito.
A cuentagotas el Gobierno nacional sigue girando los recursos que se aprobaron desde el gobierno de Iván Duque, para adelantar las obras del Metro de la 80 que se estipularon en $3,5 billones para su ejecución, gracias a la cofinanciación por parte de la Nación con una participación del 70 % y el municipio de Medellín con el 30 % restante.Durante los últimos dos años, el gobierno del presidente Gustavo Petro sólo ha girado 568.000 millones de pesos, de los cerca de un billón que se tenía previsto en los cronogramas.Luego de una fuerte polémica el año pasado, el Ministerio de Hacienda hizo efectivo sus compromisos financieros y giró 423.000 millones de pesos, que correspondían a los recursos que se debían aportar en el año 2024.Ahora, y luego de saber que durante todo el año anterior no hubo giros de la Nación para el megaproyecto, Blu Radio confirmó que luego de la última reunión de la Junta del Metro se decidió que ya se tiene dispuesto el desembolso de 85.000 millones de pesos de los 497.000 millones correspondientes al 2025.El presidente del Concejo de Medellín, Alejandro de Bedout, insistió que el Gobierno nacional debe hacer pagos oportunos debido a que con esos recursos que se girarán no son ni el 25 % de lo adeudado del año pasado."Las vigencias futuras que el Gobierno nacional tenía que transferirle al Metro no han sido oportunas y efectivamente pues a hoy siguen estando en deuda, lo que tenían que consignar en la fiducia para el año 2025, que eran 497.000 millones de pesos, pues a hoy ya incumplieron", manifestó el concejal de Creemos.A pesar de la no llegada de la totalidad de los recursos, el Metro de Medellín ha insistido que eso no retrasa la construcción y entrada en operación en 2027 del Metro Ligero de la 80. Esta obra tendrá un trazado de 13 kilómetros y medio, entre las estaciones Caribe y Aguacatala de la Línea A del Metro e integración al Metroplús y a otros sistemas de transporte masivo.
Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este jueves, 29 de enero de 2026:En la segunda fecha de la Liga argentina, el colombiano Juan Fernando Quintero fue el protagonista del doblete que le otorgó la victoria a River Plate sobre Gimnasia, con un marcador de 2 - 0.En la tercera fecha de la Liga BetPlay, Millonarios volvió a perder, esta vez, frente a Pasto 2 - 1. Como consecuencia, el director técnico Hernán Torres fue despedido de su cargo.Un gol histórico marcó la clasificación del Benfica en el compromiso ante el Real Madrid, donde en el último segundo, el portero Anatoliy Trubin, marcó un golazo de cabeza, dejando el partido 4 - 2 y garantizando el paso de 'Las Águilas' al repechaje.Santa Fe empató en su casa 2 - 2 contra el Deportivo Pereira en la tercera fecha de la Liga BetPlay.Yúber Quiñones, futbolista del Pereira, se pronunció sobre el partido de ayer frente a Santa Fe.Escuche el programa completo aquí:
La competencia en Desafío Siglo XXI no solo está cargada de pruebas exigentes y estrategias inesperadas, sino también de momentos que despiertan la curiosidad de los televidentes. En la emisión del pasado 28 de enero, mientras los equipos luchaban por mantenerse a salvo y conservar los beneficios de la casa, una escena en particular se robó la atención en redes sociales y entre los seguidores del reality.La jornada arrancó con tensión en el equipo Gamma, que sabía que la próxima sentencia recaería sobre alguno de sus integrantes, debido a que el grupo Neos ya tenía a sus cuatro competidores en riesgo. Esto generó múltiples conversaciones, análisis y especulaciones sobre quiénes podrían ser las siguientes parejas en enfrentar el temido Box Negro.Durante la comunicación con Andrea Serna, varios participantes expresaron sus hipótesis. Valentina, por ejemplo, consideró que Gio y Valkyria podrían ser los próximos en recibir chaleco, mientras que Potro planteó otras combinaciones posibles, como Rosa con Gero o nuevamente Valkyria junto a Gio. Además, reveló que en la máquina de dinero lograron recaudar poco más de 16 millones de pesos, cifra que aumentó la expectativa de cara a la siguiente prueba, en la que estaba en juego un premio de 20 millones.La competencia en el Box Blanco, como es costumbre, puso a prueba la fuerza, agilidad y precisión de los equipos. Finalmente, fue Neos quien se quedó con la victoria, encestando cuatro balones y asegurando así las comodidades de la casa, mientras Gamma debía enfrentar una noche cargada de incertidumbre.Sin embargo, más allá de la estrategia y la competencia, lo que realmente dio de qué hablar ocurrió en la casa Gamma. En medio del descanso nocturno, las cámaras captaron a los capitanes Zambrano y Miryan compartiendo un momento de cercanía que no pasó desapercibido. Ambos aparecieron “arrunchados” mientras dormían, una imagen que rápidamente generó comentarios entre los seguidores del programa, quienes desde días atrás habían notado una conexión especial entre ellos.Horas después, Zambrano volvió a llamar la atención al cambiar su postura frente a la sentencia. Aunque inicialmente aseguró que seguía evaluando sus opciones, más tarde le confesó a Miryan que su plan podría incluir a Tina y Kevyn, una pareja que recientemente logró salvarse de la eliminación.Así, entre estrategias, pruebas físicas y posibles romances, Desafío Siglo XXI continúa demostrando que no solo se trata de fuerza y resistencia, sino también de emociones, alianzas y vínculos que mantienen al público pendiente de cada detalle.
En medio de un clima de descontento, un grupo de motociclistas llegó hasta el Parque Santander, en el centro de Bucaramanga, para alzar su voz de protesta contra las nuevas restricciones viales que se empezarán a implementar desde el lunes, 2 de febrero, en la ciudad.Los manifestantes, que protagonizaron un plantón cargado de consignas, denuncian lo que consideran una medida arbitraria que vulnera su derecho al trabajo y a la libre movilidad, centrando sus críticas en la prohibición de circulación por la carrera 33 y la restricción del parrillero en el eje de la calle 36.La inconformidad del gremio es tal que sus líderes ya han lanzado una advertencia contundente a la Dirección de Tránsito de Bucaramanga: realizar una movilización masiva que promete paralizar las principales arterias de la ciudad el día en que empiece a regir la medida.Algunos manifestantes dijeron sentirse discriminados, pues la restricción es solo para motociclistas y este medio de transporte es el más utilizado por las familias de bajos recursos.Frente a la manifestación, el director de Tránsito de Bucaramanga, Jahir Manrique, se mantuvo firme en la postura institucional al explicar que estas decisiones no responden a un capricho administrativo, sino al cumplimiento de una orden judicial inapelable emitida por el Juzgado 15 Administrativo de Bucaramanga.El funcionario subrayó que la administración está obligada a atacar de raíz el fenómeno de los denominados “terminalitos”, tras un estudio técnico riguroso que identificó más de 105 puntos de despacho de transporte ilegal en la ciudad.Según Manrique, la calle 36 es el destino neurálgico de la mayoría de estos viajes informales, lo que justifica la necesidad de generar una afectación directa en este corredor para desincentivar esta práctica.Cabe recordar que la restricción establece la prohibición de circulación de motocicletas por la carrera 33, entre la avenida Quebrada Seca y la calle 55 en sentido norte–sur, y entre la calle 56 y la avenida Quebrada Seca en sentido sur–norte. Esta medida aplica de lunes a viernes, entre las 6:00 y las 9:00 de la mañana, y de 5:00 de la tarde a 8:00 de la noche, exceptuando los días festivos.Adicionalmente, se tendrá restricción para motocicletas con parrillero o acompañante en la calle 36, en el tramo comprendido entre las carreras 15 y 19, en ambos sentidos viales. En este sector, la medida rige de lunes a viernes, de 6:00 a 8:00 de la mañana y de 6:00 a 8:00 de la noche, sin aplicación en días festivos.La medida empezará a regir el próximo 2 de febrero y los conductores que incumplan la restricción se expondrán a multas equivalentes a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, además de la inmovilización del vehículo.
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) reportó que durante el mes de enero se registraron 158 eventos asociados a emergencias por lluvias en 117 municipios de 20 departamentos del territorio nacional, como consecuencia de las precipitaciones registradas durante los últimos días.De acuerdo con el informe, los departamentos con mayor número de eventos fueron Huila, con 31 reportes; Nariño y Valle del Cauca, con 23 cada uno; Antioquia, con 13; y Cundinamarca, con 10 eventos asociados a la temporada de lluvias.El consolidado nacional indica que los 158 eventos registrados corresponden principalmente a movimientos en masa, con 87 casos, seguidos de inundaciones (28), crecientes súbitas (22), vendavales (11) y avenidas torrenciales (8). Estas situaciones han generado afectaciones en zonas urbanas y rurales de los municipios reportados.Según la UNGRD, 6.237 familias resultaron afectadas por estos eventos en distintas regiones del país. La entidad señaló que las emergencias están relacionadas con las fuertes lluvias que se han presentado en los últimos días, las cuales han incrementado el riesgo de deslizamientos, desbordamientos y afectaciones a la infraestructura local.La Unidad indicó que mantiene el monitoreo permanente de las condiciones climáticas y de los territorios con mayor nivel de afectación, en coordinación con las autoridades departamentales y municipales, para atender las situaciones reportadas y realizar el seguimiento correspondiente.
Los ajustes introducidos por la Ley 2445 de 2025 al régimen de insolvencia para personas naturales han generado un incremento en las solicitudes de este mecanismo en el país. Según cifras oficiales, mientras en 2024 se registraron 10.459 personas insolventes, en 2025 la cifra ascendió a 18.743. En lo que va de enero de 2026, se han presentado 1.550 solicitudes, lo que representa un aumento del 28 % en comparación con el mismo mes del año anterior. La nueva normativa incluye por primera vez a deudores de créditos de libranza y pequeños comerciantes.Suspensión de descuentos por libranza y embargosLa principal modificación de la ley permite que personas con créditos de libranza —incluidos pensionados, docentes y militares— soliciten la suspensión de los descuentos automáticos en sus nóminas, siempre que posean deudas adicionales. Esta medida es de cumplimiento obligatorio para empleadores y fondos de pensiones una vez el proceso de insolvencia es admitido.Vanessa Méndez Farfán, abogada de la firma Mendez y Mendez Abogados, señala que la admisión al proceso conlleva efectos legales inmediatos: "Desde ese momento se suspenden embargos de sueldos, honorarios y bienes, así como otras medidas como la congelación de cuentas bancarias". Respecto a las libranzas, la especialista aclara que "es el empleador o el fondo de pensiones quien está obligado a suspenderlos y, si no lo hacen, pueden verse obligados a devolver el dinero descontado".Requisitos y procedimiento para deudores y comerciantesEl trámite debe realizarse ante centros de conciliación autorizados en cámaras de comercio, consultorios jurídicos universitarios o notarías con conciliadores habilitados. Para iniciar la solicitud, el interesado debe presentar:Explicación de las causas del incumplimiento de pagos.Relación completa de acreedores y monto de las deudas.Informe de ingresos actuales (salario, honorarios o pensión).Relación de bienes a su nombre.Propuesta de pago ajustada a su capacidad económica.En el caso de los pequeños comerciantes, pueden acogerse a la ley si sus bienes no superan los 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes ($1.750 millones de pesos), sin incluir su vivienda ni vehículo de uso personal. La ley permite frenar procesos de cobro, suspender demandas y detener la inmovilización de vehículos si la captura no se ha hecho efectiva.Tiempos, costos y efectos en el historial crediticioLa revisión inicial de la solicitud por parte del conciliador tarda tres días hábiles. Una vez admitida, se abre un periodo de negociación con los acreedores que suele durar 60 días, con posibilidad de prórroga en casos complejos. Durante esta fase, las obligaciones se renegocian en términos de plazos y condiciones, pero no desaparecen.Sobre los costos, estos varían dependiendo del centro de conciliación o notaría donde se realice el trámite. En cuanto a la vida crediticia, el ingreso al régimen de insolvencia puede limitar el acceso a nuevos créditos de forma temporal. No obstante, el cumplimiento de los acuerdos logrados permite la reconstrucción posterior del historial financiero del deudor.
Las autoridades aeronáuticas de Colombia avanzan en la investigación del accidente de una aeronave de Satena ocurrido en la región del Catatumbo, una zona considerada de complejidad geográfica y operacional. Dentro de las hipótesis analizadas, la Aeronáutica Civil confirmó que no se descarta la posible interferencia en los sistemas de navegación, incluyendo fenómenos conocidos como jamming y spoofing, tecnologías que afectan la señal satelital utilizada por las aeronaves.Así lo explicó el coronel Álvaro Bello, director técnico de investigaciones de accidentes de la Aeronáutica Civil, quien señaló que estos escenarios hacen parte de las líneas modernas de análisis en accidentes aéreos, especialmente en regiones con condiciones particulares.¿Qué es el jamming y cómo afecta la navegación aérea?El jamming es una interferencia directa a los sistemas de navegación satelital que impide la recepción normal de la señal. En términos prácticos, esta situación provoca que la aeronave pierda comunicación o referencia precisa de su posición, lo que afecta la navegación y el seguimiento del vuelo.De acuerdo con el coronel Bello, este tipo de interferencia consiste en “cortar la señal y la comunicación”, lo que obliga a los investigadores a revisar si hubo pérdida total o parcial de datos durante el trayecto de la aeronave.¿Qué es el spoofing y por qué es más difícil de detectar?A diferencia del jamming, el spoofing no bloquea la señal, sino que altera la información que recibe la aeronave. Esto puede llevar a que los sistemas indiquen que el avión se encuentra en un punto distinto al real.“El spoofing te puede llevar a pensar que estás en un sitio cuando realmente estás en otro”, explicó el director técnico de investigaciones. Esta característica lo convierte en un fenómeno más complejo de identificar, ya que la aeronave continúa operando con datos aparentemente normales, pero incorrectos.¿Por qué estas hipótesis se analizan en el caso del Catatumbo?La Aeronáutica Civil indicó que el lugar donde ocurrió el accidente es un factor clave dentro de la investigación. La ubicación geográfica, sumada a las condiciones del entorno, obliga a considerar escenarios que incluyen interferencias externas.Según el coronel Bello, estas hipótesis no se descartan precisamente por el contexto del territorio y forman parte del análisis técnico que se debe realizar antes de llegar a conclusiones definitivas.¿Qué papel juegan las cajas negras en la investigación?Para determinar si existió jamming, spoofing u otro tipo de interferencia, los investigadores dependen del análisis de los registradores de vuelo.“El análisis de datos y la información contenida en las cajas va a ser fundamental para poder identificar eso”, señaló el funcionario, destacando que estos elementos permitirán reconstruir la trazabilidad del vuelo y la dinámica del impacto.¿Se investiga un posible atentado contra el avión de Satena?Ante las preguntas sobre un eventual atentado, la Aeronáutica Civil fue enfática en señalar que, hasta el momento, no se ha encontrado evidencia que indique una interferencia ilícita deliberada.El coronel Bello explicó que, tras revisar los restos de la aeronave, su disposición y la dinámica del impacto, el grupo investigador no ha identificado señales que confirmen un acto intencional contra el avión.La autoridad aeronáutica reiteró que la investigación continúa abierta y que todas las hipótesis técnicas siguen siendo evaluadas. Factores humanos, organizacionales y tecnológicos hacen parte del análisis integral del accidente.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
Con información aportada por exintegrantes de la fuerza pública, excombatientes de grupos armados ilegales que se vieron involucrados en hechos de desaparición forzada en el marco del conflicto armado, el equipo forense de la Regional Sur de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, durante el año 2025, recuperaron 123 cuerpos en cementerios de Huila, Caquetá y Putumayo.De acuerdo con el reporte, en la misma vigencia 2025 se recuperaron del cementerio central de Neiva, del antiguo cementerio de Pitalito y en campo abierto o fosas comunes 53 cuerpos y 22 fueron entregados a sus familiares, mientras que los demás restos se encentran en proceso de identificación.“En el Grupo Territorial Huila, a cierre de 2025 se registraron 598 solicitudes de búsqueda y se acompañó a 96 personas aportantes de información. El equipo gestionó dos accesos a lugares de interés forense, tomó 177 muestras biológicas, recuperó 53 cuerpos, principalmente en el Cementerio Central de Neiva, y acompañó 22 entregas dignas” dijo Andrea Jiménez Silva, coordinadora de la Unidad de Búsqueda Regional Sur.Jiménez Silva, agregó que, de acuerdo a la información recopilada como Unidad de Búsqueda, en estos tres departamentos del sur colombiano hay un registro de 10.500 personas que continúan desaparecidas como consecuencia del conflicto armado que generó dolor y sufrimiento a miles de familias en los años oscuros de la violencia. En el Huila, data un registro de 1.500 personas desaparecidas.La Unidad de Búsqueda espera en este año 2026 entregar más de 100 cuerpos exhumados a los familiares en Huila, Caquetá y Putumayo quienes llevan años buscando a sus seres queridos que desaparecieron como víctimas del conflicto armado.“La búsqueda no termina con la recuperación de los cuerpos. El reto es avanzar en la identificación para devolverles el nombre que les corresponde y permitir que puedan regresar al seno de su hogar. También es fundamental mantener y abrir nuevos corredores humanitarios que nos permitan llegar a los lugares donde el acceso sigue siendo difícil”, afirmó Andrea Jiménez.Balance de cuerpos recuperados en HuilaDesde el mes de noviembre del 2023 fecha en que se inició el proceso de intervención al Monumento 14 del cementerio central de Neiva, incluyendo las exhumaciones en el antiguo cementerio de Pitalito y en campo abierto, a la fecha en el Huila se han recuperado 137 cuerpos de personas que desaparecieron por cuenta de la violencia armada en el sur del país.En ese sentido en estos dos últimos años de intervención en cementerios de Neiva y Pitalito y exhumación de cuerpos por parte de la Unidad de Búsqueda, en el Huila se han entregado 28 restos identificados a sus respectivos familiares, quienes llevaban años buscando a sus seres queridos.
La Corte Constitucional deberá tomar decisiones sobre la reforma pensional, una de las iniciativas bandera del Gobierno Petro que fue demandada en agosto del 2024 y de la cual se espera el alto tribunal tome una decisión de fondo en las próximas semanas. Sin embargo, este debate podría alargarse porque se conoció que una persona radicó una recusación contra el magistrado Vladimir Fernández, lo que en la práctica significa una petición directa a la Corte para que el togado sea apartado de la discusión de la pensional.La solicitud se produce luego de que la Secretaría Jurídica de la Presidencia, presentara una recusación contra el presidente de la Corte Constitucional, magistrado Jorge Enrique Ibáñez, por presunto prejuzgamiento en declaraciones a medios de comunicación sobre la ley que está bajo la lupa de la alta corte.Para el recusante, la actuación del Gobierno al pedir que Ibáñez sea apartado de la discusión, demostraría un interés directo en la decisión de constitucionalidad de la reforma, lo que para juicio de la persona que recusó a Vladimir Fernández compromete su imparcialidad de quien fue secretario jurídico de la Presidencia.Incluso, el escrito es claro en señalar que Vladimir Fernández debió declararse impedido para conocer del asunto una vez se posesionó como magistrado de la Corte Constitucional.Ahora será la Sala Plena de la Corte Constitucional la que deberá decidir si el magistrado Vladimir Fernández debe separarse del estudio de la reforma pensional. Esto es importante porque las cargas en la Corte están definidas, Fernández junto al magistrado Héctor Carvajal fueron cercanos al presidente Gustavo Petro en roles distintos, y en decisiones proferidas desde el alto tribunal ambos han votado a favor del gobierno.
Las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre Nicolás Maduro al manifestar que el venezolano está secuestrado en Estados Unidos desde el 3 de enero, generaron críticas y rechazo de diferentes ámbitos políticos. Para la exvicepresidenta y excanciller Marta Lucía Ramírez, el mandatario colombiano no solo incurrió en una grave torpeza diplomática, sino que además optó por ponerse “del lado del convicto” en referencia al líder venezolano, investigado por la justicia estadounidense por delitos relacionados con el narcotráfico.En entrevista con Recap Blu, Ramírez cuestionó con dureza el momento y el contenido de las afirmaciones de Petro, justo cuando se acerca una reunión clave con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca. A su juicio, el jefe de Estado colombiano estaría buscando quedar bien con Maduro, aun a costa de deteriorar la relación con Washington y de “hacer quedar muy mal a Colombia” en el escenario internacional.“Maduro es un convicto, una persona con procesos abiertos por narcotráfico y conspiración. Y el presidente de Colombia decide ponerse de su lado, no del lado de la justicia”, afirmó la exfuncionaria.Ramírez también aseguró que existen “secretos inconfesables” entre Petro y Maduro, los cuales, según ella, podrían estar relacionados con la financiación de la campaña presidencial. En ese contexto, interpretó las declaraciones del mandatario como un intento de “cuidarse la espalda” frente al régimen venezolano, especialmente ante la posibilidad de que surjan revelaciones ante la justicia norteamericana.La exvicepresidenta también alertó sobre el riesgo de una nueva crisis diplomática, similar a la vivida en enero de 2025, cuando Colombia devolvió aviones con deportados desde Estados Unidos. Según Ramírez, estas provocaciones podrían incluso llevar a la cancelación de la reunión bilateral prevista, pese a que —en su concepto— el propio Petro habría solicitado el encuentro por preocupación sobre su futuro político después de dejar el poder en 2026."Sí creo que podrían eventualmente en Estados Unidos decidir cancelar esa reunión bilateral, que me parece que además la buscó fue el presidente Gustavo Petro, fue él el que pidió una llamada con el presidente Trump", concluyó.
La polémica por la compra de los aviones de combate Gripen volvió a escalar al marco judicial. Un juez ordenó, por segunda vez, que el presidente Gustavo Petro haga pública toda la información relacionada con este contrato, una operación financiada con recursos del Estado y que ha permanecido bajo reserva.La orden judicial responde a una tutela interpuesta por el candidato presidencial David Luna, quien desde diciembre pasado ha insistido en que la ciudadanía tiene derecho a conocer los términos de una de las adquisiciones más costosas en la historia del sector defensa.Aunque el Juzgado 29 Administrativo de Bogotá ya había ordenado la divulgación del contrato, el Gobierno no acató el fallo, lo que llevó a Luna a solicitar un incidente de desacato para forzar su cumplimiento.En su nuevo pronunciamiento, la justicia fue enfática en señalar que no existe justificación para mantener en secreto un contrato que compromete millonarios recursos públicos. El juez reiteró que el acceso a la información es un principio constitucional y que la reserva no puede utilizarse para limitar el control ciudadano ni el escrutinio democrático sobre decisiones de alto impacto fiscal.Más allá del debate político, el fallo deja un mensaje contundente al Gobierno: las decisiones judiciales deben cumplirse. Ahora, el Gobierno enfrenta la presión de revelar el contrato o asumir las consecuencias legales por desacatar nuevamente una orden de la justicia.
Durante la presentación del informe 'Los impactos de la violencia en la situación de derechos humanos en Colombia', el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y relator para el país, José Luis Caballero, lanzó una de las radiografías más severas sobre la realidad colombiana: el país es el más desigual de las Américas y uno de los más desiguales del mundo.“Colombia es el país más desigual de las Américas y uno de los más desiguales del mundo, donde la acumulación de recursos en un sector reducido de la población y las brechas estructurales han perpetuado la exclusión de grupos históricamente marginados”, aseguró el presidente.Según la Comisión, la extrema concentración de recursos en un sector reducido de la población y las brechas estructurales históricas han perpetuado la exclusión de pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, raizales, palenqueras y campesinas, así como de mujeres, niñas, niños y adolescentes, y víctimas del desplazamiento forzado.El informe advierte que una de las particularidades de la desigualdad en Colombia es que las acciones del Estado no logran modificar de manera significativa la distribución del ingreso.“Los bajos niveles de recaudación y la distribución del gasto tienen como contrapartida una limitada inversión social, lo que impacta directamente en la garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la población”, subrayó.El informe también cuestiona que la respuesta estatal haya priorizado durante años la persecución militar y judicial de los grupos armados, sin una presencia integral y sostenida del Estado en los territorios.“Esta ausencia prolongada del Estado en diversas regiones del país permitió la consolidación de economías ilícitas y estructuras criminales que ejercen control sobre la cotidianidad de las comunidades”, señaló.Según la CIDH, uno de los efectos más graves de este escenario es la violencia sistemática contra personas defensoras de derechos humanos, liderazgos sociales, comunitarios y periodistas.“Los ataques en contra de estas personas revelan un patrón sostenido que incluye homicidios, amenazas, desplazamientos forzados y otras violaciones. Todas estos procesos van degradando a nivel local el Estado de Derecho, la institucionalidad democrática”, aseguró.El informe también señala la responsabilidad del Estado en la perpetuación de este orden violento, especialmente a través de políticas de seguridad asociadas a la “guerra contra las drogas”."Con el objeto de contrarrestar el narcotráfico y las economías ilegales, las políticas de seguridad del Estado, impulsadas por el Plan Colombia, se concentraron en la represión militar y las aspersiones con glifosato. Esta estrategia derivó en la relación de la fuerza pública con grupos paramilitares, masacres, los “falsos positivos”, entre otras acciones que impactaron de manera desproporcionada a comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, agravando la pobreza y los desplazamientos forzados”, agregó.Frente a este panorama, la CIDH advierte en que si bien el acuerdo de paz abrió una oportunidad histórica para transformar estas raíces, “los avances muestran un progreso desigual, marcado por demoras significativas en componentes clave como la Reforma Rural Integral, el Capítulo Étnico y el Programa de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito”.
El anuncio de Ecuador de incrementar en más del 900 % la tarifa de transporte de crudo por el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) encendió las alarmas en el sector petrolero colombiano, especialmente en el sur del país, donde una parte clave de la producción depende de esta infraestructura para acceder a mercados internacionales. La medida, que elevaría el costo de transporte de cerca de 2,7 dólares por barril a aproximadamente 30 dólares, tendría un fuerte impacto económico y logístico para Colombia.El uso del SOTE se convirtió en una alternativa estratégica luego de la suspensión del Oleoducto Transandino (OTA), en el tramo Orito–Tumaco, en octubre de 2023. Las constantes interferencias ilícitas y pérdidas operativas, estimadas en cerca del 27 % del crudo transportado, hicieron inviable su operación, elevando el costo de transporte hasta unos 12 dólares por barril. Ante este escenario, los productores optaron por redireccionar las exportaciones a través de Ecuador, donde el SOTE ofrecía costos considerablemente más bajos y mayor estabilidad operativa.Sin embargo, el nuevo esquema tarifario anunciado por Ecuador, sumado a la decisión de imponer un arancel del 30 % a las importaciones colombianas a partir del 1 de febrero de 2026, cambia de forma drástica el panorama. Según el documento técnico, el incremento de 27,3 dólares por barril generaría un sobrecosto diario cercano a los 531.000 dólares, lo que equivaldría a unos 194 millones de dólares anuales, suponiendo que se mantenga el flujo actual de exportación.El impacto es especialmente sensible para la producción de la cuenca Caguán–Putumayo, que en 2025 exportó en promedio 19.452 barriles diarios a través del SOTE. Campos como Cohembi, Costayaco, Caribe, Orito y Moqueta concentran buena parte de este volumen, con una producción conjunta superior a los 22.000 barriles diarios. Este crudo pertenece tanto a Ecopetrol como a compañías privadas como Gran Tierra Energy, Parex Resources y Geopark, que hoy dependen de la infraestructura ecuatoriana para evacuar su producción.Frente a este escenario, los operadores evalúan rutas alternativas, entre ellas la exportación por el terminal de Coveñas, utilizando transporte terrestre como opción contingente. Aunque esta alternativa implica mayores retos logísticos, sería más competitiva que asumir el sobrecosto derivado del uso del SOTE bajo las nuevas tarifas.Expertos coinciden en que Colombia debe activar de manera prioritaria los canales diplomáticos y técnicos con Ecuador para revisar las condiciones de transporte y buscar una solución concertada que devuelva previsibilidad al comercio de crudo. De forma paralela, el país enfrenta el reto de reducir su dependencia de infraestructura externa y avanzar en soluciones estructurales, como la eventual reactivación o construcción del oleoducto Orito–Tumaco, que permitiría fortalecer la autonomía logística del sector petrolero en el sur del país.
El coronel Álvaro Bello, director técnico de investigaciones de accidentes de la Aeronáutica Civil, confirmó en Mañanas Blu, con Néstor Morales, que la prioridad en este momento es la descarga y análisis de las cajas negras del avión de Satena HK‑4709, siniestrado en el Catatumbo con 15 personas a bordo. Asimismo, reveló que una interferencia es una de las hipótesis que maneja le entidad.“En este momento le puedo confirmar que estoy en el proceso de descarga de datos de la caja grabadora de datos de vuelo”, explicó, al detallar que se trata de dos dispositivos: uno de voces y sonidos de cabina y otro de datos de vuelo registrados segundo a segundo. Enfatizó que aún no puede entregar conclusiones sobre las causas del siniestro porque necesita tiempo para empezar a identificar y sustentar lo que ya se pudo se detectar o leer en el sitio.Según la Aerocivil, estos grabadores son fundamentales para reconstruir la trayectoria, las comunicaciones y los parámetros técnicos del vuelo que cubría la ruta Cúcuta–Ocaña, en una zona de compleja geografía y presencia de actores armados ilegales. La autoridad aeronáutica mantiene la custodia de los equipos y adelanta un proceso de recuperación de datos más complejo en el caso de la grabadora de voces, que sufrió golpes severos por la desaceleración del impacto.¿El avión de Satena se estrelló contra la montaña?Bello reveló que la inspección preliminar en terreno permitió establecer elementos clave sobre cómo impactó la aeronave contra la montaña en el Catatumbo. “La aeronave tiene un impacto que es ascendente, es decir, no es de frente, no hay una colisión frontal contra el terreno”, relató, lo que da, según explicó, “un indicio que podría haber un intento de alguna maniobra final antes de la colisión como tal”. La huella del impacto se extiende unos 150 metros desde la parte alta de la ladera hacia abajo, en el punto más elevado donde quedaron los restos.Aunque los indicios sugieren un desplazamiento a lo largo de la ladera y no un choque frontal, el director de investigaciones se abstuvo de confirmar si el piloto realizó una maniobra in extremis para tratar de evitar la colisión. “Necesito descargar los datos y empezar a analizarlos para poder confirmar si efectivamente hubo una maniobra final”, subrayó el coronel tras insistir en que cualquier interpretación sobre la reacción de la tripulación debe estar soportada en la telemetría registrada por los sistemas de a bordo. Las condiciones meteorológicas exactas en el momento del siniestro también serán contrastadas con la información técnica de la aeronave.Conversaciones en cabina y control: prudencia frente a filtracionesEn medio de versiones y audios que han circulado en redes sobre la supuesta última conversación entre la tripulación y los servicios de control aéreo, Bello pidió cautela y rigor informativo. “En medios salen muchísimas versiones que no son confirmadas en redes”, advirtió. Asimismo, señaló que la única forma de validar esos audios será cuando se logre extraer y cotejar el contenido de la caja grabadora de voces que ya está en poder de la autoridad investigadora. Sobre esa caja, precisó: “Estamos en condiciones en este momento de poder hacer un proceso que va a llevar más tiempo, pero es la recuperación de los datos”.El oficial recordó que las comunicaciones entre pilotos y control se basan en una fraseología técnica estandarizada, en la que reportar “aproximación” implica que la aeronave ya está en fase de descenso hacia la pista de destino. Cualquier indicio de declaración de emergencia o mensajes atípicos deberá establecerse únicamente a partir de la grabación de cabina y de los registros del centro de control de tráfico aéreo.Estado del avión y rol de la empresa operadoraFrente a las condiciones técnicas del Beechcraft 1900D operado para Satena, Bello señaló que, desde el punto de vista regulatorio, la aeronave estaba habilitada para volar. “Esta aeronave como tal contaba con esos registros de aeronavegabilidad o de aprobación de operación por parte de la autoridad aeronáutica”, afirmó. Agregó que las inspecciones realizadas por los inspectores de aeronavegabilidad y de operaciones aéreas estaban vigentes y en regla al momento del accidente. “Si esa aeronave estaba haciendo ese vuelo, es porque esa aeronave está autorizada y legal en sus términos de aeronavegabilidad para cumplir con ese vuelo”, recalcó.El investigador subrayó, no obstante, que la Aerocivil también indaga el factor organizacional dentro de la empresa encargada del vuelo. Esto incluye revisar su sistema de gestión de riesgos, los procedimientos de identificación de peligros, la administración de tripulaciones y la forma en que se garantiza la disponibilidad técnica de la flota. Se trata de un enfoque integral que no se limita al desempeño de la tripulación, sino que incorpora la cultura de seguridad operacional de la organización.Interferencia, jamming y spoofing: una hipótesis de la era digitalAl ser consultado sobre si la causa más probable es el clima o el error humano, el coronel Bello insistió en que la investigación se mueve en varias líneas simultáneas. “Hay factor humano involucrado, hay un factor organizacional y hay un factor que no podemos descartar, que es algo que es moderno, es de la actualidad”, dijo, al introducir el componente de interferencia en la navegación satelital. Allí mencionó explícitamente dos conceptos: jamming y spoofing.Bello enfatizó que la ubicación del escenario —en el Catatumbo, zona fronteriza, de difícil geografía y alta conflictividad— obliga a considerar la posibilidad de interferencia cibernética como una hipótesis de trabajo. “Tenemos que tener en cuenta dentro de una hipótesis de investigación el sitio donde está ubicado el accidente y no podemos descartar que efectivamente pueda haber una situación de esta condición”, sostuvo. Ante la pregunta de si dicha interferencia podría ser eventualmente provocada por alguien, respondió con cautela: “Eso está dentro de una línea de investigación”.La hipótesis de atentado y lo que se ha descartadoSobre la hipótesis de un atentado, Bello fue categórico al señalar que, con la evidencia recogida en el lugar del siniestro, no es posible sostener esa tesis. “Dentro de lo que se identificó en los restos, en la disposición de los restos, en la trazabilidad o la dinámica de impacto, no puedo confirmar eso porque no veo o no identificamos con el grupo una evidencia que haya habido algún tipo de interferencia ilícita”, indicó. De esta forma, la Aerocivil descarta por ahora indicios de explosiones o acciones violentas previas al impacto.El investigador recordó que cualquier conexión con un posible acto terrorista deberá estar plenamente sustentada en pruebas físicas, análisis forenses y datos de las cajas negras, y no en especulaciones. Por ahora, la entidad trabaja bajo el principio de no descartar hipótesis, pero sí de ajustar o derribar líneas de investigación a medida que avanza la recolección y contrastación de información técnica. El objetivo, insistió, es establecer causas probables que deriven en recomendaciones de seguridad para evitar nuevos accidentes.
Tras el trágico accidente de una aeronave de la empresa Satena en la región del Catatumbo, Norte de Santander, la Aeronáutica Civil ha proporcionado los primeros avances de la investigación técnica en curso.En diálogo con Mañanas Blu, el coronel Álvaro Bello, director de investigaciones de la entidad, explicó que las evidencias iniciales recolectadas en el terreno sugieren que el impacto no ocurrió de manera frontal, lo que abre paso a nuevas hipótesis sobre los últimos segundos del vuelo.Hallazgos en el lugar del siniestroDe acuerdo con el coronel Bello, la inspección preliminar en la montaña donde se accidentó el avión indica que la aeronave tuvo un impacto ascendente. "No hay una colisión frontal contra el terreno, sino que efectivamente nos da un indicio de que podría haber un intento de alguna maniobra final antes de la colisión como tal", señaló el funcionario.La huella de impacto se localizó aproximadamente a 150 metros debajo de la punta de la montaña, desplazándose a lo largo de la ladera, lo que sugiere que la tripulación pudo haber intentado elevar la nariz del avión en un esfuerzo por evitar el choque. No obstante, Bello fue enfático en que estas observaciones deben ser confirmadas mediante el análisis riguroso de los datos técnicos.El desafío de las cajas negrasLa investigación se centra actualmente en la descarga y análisis de las dos cajas de grabación de la aeronave: una que registra las voces y sonidos en la cabina (CVR) y otra que recopila los datos de vuelo o telemetría (FDR). El proceso presenta retos significativos, ya que la caja de voces sufrió daños debido a la severa desaceleración del impacto, lo que requerirá un proceso de recuperación más prolongado para obtener la información.Estos dispositivos permitirán determinar con precisión si existió una declaración de emergencia final o si hubo factores atípicos en la comunicación entre la tripulación y los centros de control de tráfico aéreo.Hipótesis y líneas de investigación: ¿Interferencia técnica?Además de los factores tradicionales como el clima, el factor humano y el factor organizacional, la Aerocivil está explorando hipótesis modernas relacionadas con la navegación satelital. El Coronel Bello mencionó la posibilidad de investigar fenómenos como el jamming (corte de señal) o el spoofing, este último referido a una interferencia cibernética que podría hacer pensar a los pilotos que están en una ubicación diferente a la real.A pesar de estas líneas de estudio, la autoridad aeronáutica aclaró que, hasta el momento, no se ha identificado evidencia de interferencia ilícita o atentados contra la aeronave. Finalmente, se confirmó que el avión de Satena contaba con todos sus registros de aeronavegabilidad y aprobaciones de operación al día, cumpliendo con los marcos legales para realizar dicho vuelo.El accidenteLa aeronave, un bimotor Beechcraft 1900 con 32.000 horas de vuelo, cubría el miércoles la ruta entre Cúcuta y Ocaña, en el departamento de Norte de Santander, que se hace en 25 minutos, pero su último contacto fue cuando llevaba 12 minutos en el aire.Horas después, campesinos de la zona de Curacica, que hace parte de La Playa, informaron del hallazgo del aparato estrellado en la cima de una colina.El avión destruidoEste jueves, desde temprano, funcionarios de emergencia y rescatistas del Grupo de Búsqueda y Rescate Aeronáutico de Colombia (BRAC) seguían en el lugar del accidente, recuperando piezas del avión, que se partió en mil pedazos que quedaron esparcidos entre unos arbustos, y objetos personales de los pasajeros.Escuche aquí la entrevista:
El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Justicia y del Derecho, expidió el Decreto 063 del 26 de enero de 2026, con el cual se reglamenta la ley de mujeres buscadoras (Ley 2364 de 2024) y se establecen las condiciones para que estas mujeres y sus familias accedan a medidas integrales de protección, reparación y reconocimiento por parte del Estado.De acuerdo con el decreto oficial, la reglamentación tiene como propósito “reconocer a las mujeres buscadoras como constructoras y sujetos de especial protección constitucional y adoptar medidas para el acceso a sus derechos, la prevención de violencias, la sensibilización, la atención y la protección integral”.El decreto fija principios obligatorios para todas las entidades competentes del Estado. Entre ellos, el estándar de debida diligencia, que impone la obligación de promover los derechos de las mujeres buscadoras a una vida libre de violencias, “evitando revictimizaciones a partir de una acción diligente, proactiva, oportuna, ética y que permita la materialización efectiva del derecho a la búsqueda de las personas desaparecidas”.Asimismo, establece la atención diferenciada, señalando que el Estado deberá aplicar enfoques diferenciales y una perspectiva interseccional, teniendo en cuenta “las circunstancias específicas de las mujeres buscadoras, conforme a sus necesidades particulares y condiciones de vulnerabilidad”. A esto se suma el principio de participación, que obliga a las entidades a garantizar que las mujeres buscadoras intervengan en las decisiones que las afecten y tengan participación efectiva en los espacios donde se definan planes, programas y proyectos relacionados con su atención integral.Tras la expedición del decreto, el ministro de Justicia destacó el alcance de la medida. En su cuenta de X afirmó que se trata de “un instrumento que las mujeres buscadoras han promovido por mucho tiempo para que se les reconozca el trabajo y la dedicación de décadas en las que no solo han buscado por todos los medios a sus seres queridos”. Agregó que estas mujeres “también han buscado verdad y justicia, en medio de una guerra que ha dejado más de 160 mil personas dadas por desaparecidas”.Según el ministro, la reglamentación permitirá que más de 300 mil mujeres buscadoras de víctimas de desaparición forzada cuenten con una herramienta concreta para acceder a derechos fundamentales. “Hoy, más de 300.000 mujeres buscadoras cuentan con esta herramienta que será la puerta de entrada para que ellas y sus familias puedan acceder a servicios de salud integral, seguridad social, vivienda, educación, trabajo y autonomía económica”, señaló.Ana Angulo, madre buscadora de personas desaparecidas, aseguró que esta reglamentación tiene un valor profundo para quienes han sostenido la búsqueda en medio del miedo y la incertidumbre. “Una de las importancias es que nosotras como Madres Buscadoras hemos venido arduamente en este ejercicio con temor, con miedo, con zozobra, haciéndonos abrir espacio para que reconozcan que sí hay personas desaparecidas y que detrás de ellas hay familias, madres e hijos con dolor, con esperanza”, expresó.Angulo añadió que el respaldo institucional fortalece su labor colectiva: “Saber que nos apoyan en la incidencia política y en la política pública hacia esa ley es importante y reconfortante. Seguimos en la lucha y en la pelea”.
Según un informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), los grupos armados ilegales alcanzaron 27.121 integrantes, tras incorporar más de 5.000 nuevos miembros solo en 2025, mientras las disputas armadas llegaron a niveles récord y el Estado sigue sin recuperar el control territorial.“Colombia deja atrás un año que cerró en rojo en varios de los indicadores de seguridad e impacto humanitario, y se enfrenta a un 2026 que comienza con señales claras de deterioro en estos frentes y con los grupos armados marcando el pulso en amplias zonas del país”, advierte la FIP.El documento señala que estas estructuras crecieron 23,5 % frente a 2024, una tendencia sostenida desde 2018 que, de no revertirse, podría llevarlas a cerca de 30.000 integrantes en el corto plazo. Del total de combatientes, 13.794 corresponden a hombres en armas y 13.327 a redes de apoyo.“Estos dos tipos de integrantes cumplen funciones diferentes, pero en ambos casos sus acciones generan impactos sobre la seguridad. Por ejemplo, aunque los hombres armados participan directamente en las actividades militares, las redes de apoyo son el pilar fundamental de la vigilancia y garantizan el cumplimiento de las normas del actor armado sobre el territorio”.El crecimiento más acelerado lo registra el Clan del Golfo, con un aumento del 30 %, lo que equivale a casi 2.300 personas más en sus filas.Más guerra y más territorios en disputaLa FIP alerta que en 2025 las confrontaciones entre grupos armados aumentaron 34 %, alcanzando el nivel más alto de la última década. Actualmente, 13 zonas del país están en disputa armada, casi el doble de las que existían al inicio del gobierno del presidente Gustavo Petro en 2022.Regiones como Catatumbo, Cauca, Guaviare y Caquetá concentran las mayores afectaciones humanitarias, con comunidades atrapadas entre enfrentamientos, desplazamientos forzados y confinamientos masivos. Solo en 2025, más de un millón de personas resultaron afectadas por restricciones a la movilidad, una cifra que triplica la registrada el año anterior.Drones, control social y expansión criminalEl informe advierte, además, que en 2025 se registraron 277 ataques con drones cargados de explosivos, más del doble que en 2024, la mayoría atribuidos a disidencias de las FARC. A esto se suma el uso de cámaras ocultas y nuevas tecnologías de vigilancia para seguir los movimientos de la Fuerza Pública.La FIP advierte un control cada vez más fuerte sobre la vida cotidiana de las comunidades, con restricciones a la movilidad, carnetización, presión sobre líderes sociales e intentos de incidir en el poder local y la organización comunitaria.“Este avance territorial no solo implica más presencia armada, sino un control cada vez más fuerte sobre las comunidades. Los grupos buscan incidir en el poder local y en los procesos organizativos de la sociedad civil, ampliando su influencia sobre la vida cotidiana en las zonas donde operan”, señala el informe.Estado reactivo y Paz Total en crisisAunque en 2025 las acciones de la Fuerza Pública aumentaron 34 %, la FIP concluye que la respuesta del Estado sigue siendo reactiva.“Mientras los grupos armados se adaptan con rapidez a las nuevas estrategias oficiales, la Fuerza Pública muestra pocas capacidades para ajustarse a los cambios en las dinámicas del conflicto”, advierte la Fundación.En paralelo, el documento señala que 2026 inicia con la política de Paz Total golpeada por escándalos y con un reconocimiento cada vez más extendido sobre sus límites y fracasos, “incluso por parte del propio presidente”.“En ese contexto, la creación de Zonas de Ubica-ción Temporal (ZUT) con cuatro grupos distintos se perfila como uno de los mayores retos del tramo final de esta administración, tanto en términos de seguridad física como de las garantías jurídicas que implican.La FIP ha advertido que la Paz Total cada vez más se asemeja a una ‘paz electorera’, entendida como un medio para cumplir otros fines distintos a los de llevar alivios humanitarios a los territorios más afectados por el conflicto”, advierte la FIP.
En medio del dolor que deja el trágico accidente aéreo ocurrido en la ruta Cúcuta–Ocaña, en las últimas horas comenzó a circular en redes sociales una imagen que ha conmovido profundamente a los colombianos.Se trata de la última foto tomada por una de las pasajeras al interior del avión de Satena que se precipitó en zona rural de Norte de Santander, dejando como saldo la muerte de sus 15 ocupantes.La joven fue identificada como Gineth Tatiana Rincón Sanjuán, una estilista oriunda de Ocaña que por motivos laborales residía en Cúcuta. De acuerdo con versiones cercanas a su familia, Gineth regresaba a su tierra natal cuando abordó la aeronave en el aeropuerto Camilo Daza, sin imaginar que ese vuelo sería el último de su vida.La imagen, captada minutos antes del despegue, muestra a la joven sentada en uno de los asientos del avión, sonriente y tranquila, mientras otros pasajeros se acomodaban para iniciar el trayecto. Según las autoridades, la aeronave de Satena se accidentó aproximadamente 20 minutos después de despegar de Cúcuta con destino a Ocaña. En el siniestro fallecieron los 13 pasajeros y los dos tripulantes, hecho que conmocionó a Norte de Santander y encendió las alertas de los organismos de emergencia y de investigación aérea.Mientras avanzan las labores técnicas, el Gobierno nacional confirmó recientemente el hallazgo de las cajas negras —los grabadores de datos de vuelo y de voz de cabina—, lo que permitirá esclarecer las causas del accidente. Último audio del avión de Satena accidentadoDe acuerdo con la transcripción conocida, la última comunicación se dio cuando los tripulantes informaron a la torre de control de Cúcuta que estaban listos para iniciar el descenso.“Cúcuta, aproximaciones Satena 8849 estaría listo descenso”, se escucha en el audio, a lo que la torre respondió autorizando la maniobra y entregando instrucciones de procedimiento, al no reportarse tránsito en la zona.Este es el audioPiloto: Cúcuta, aproximación, Satena 8849, estaría listo descensoTorre de control: Satena 8849, descenso a discreción, sin tránsito reportado. Notifique 10 millas antes de Ocaña.Piloto: Llamará 10 millas fuera y descenso a discreción.Torre de control: Satena 8849, comunique autoanuncios en Ocaña.Minutos después de esa comunicación, el avión se perdió de los radares y se activaron los protocolos de búsqueda, que culminaron horas más tarde con la confirmación del accidente.
Un nuevo hecho de violencia se registró en el departamento de Caquetá. El primer hecho sucedió en el corregimiento de Río Negro, jurisdicción del municipio de Puerto Rico. Allí, la estación de Policía fue blanco de un ataque perpetrado por hombres armados que, según las primeras hipótesis de inteligencia, pertenecerían a las disidencias de las Farc que delinquen en la zona.En medio del intercambio de disparos, dos uniformados resultaron heridos. Uno de los agentes recibió un impacto en el hombro, mientras que su compañero fue alcanzado en el tórax. El reporte médico, para fortuna de sus familias y de la institución, indica que ambos se encuentran estables y fuera de peligro.Ante la gravedad de los hechos, la Gobernación del Caquetá se pronunció a través de sus canales oficiales expresando su solidaridad: "Lamentamos profundamente lo sucedido en Río Negro. Todo nuestro respaldo y apoyo a nuestra Policía Nacional en estos momentos de asedio", señalaron desde la administración departamental.Mientras en el norte del departamento se escuchaban los fusiles, en la capital, Florencia, el pánico se apoderaba de los habitantes del barrio Cunduy. Cerca de las 11:00 de la noche, la detonación de un artefacto explosivo de bajo poder sacudió las ventanas de las viviendas y despertó a toda la comunidad.Aunque el reporte oficial confirma que no hubo personas lesionadas, lo sucedido generó temor y zozobra en la comunidad de este barrio. Las autoridades investigan si este acto está vinculado a las crecientes denuncias por extorsión que vienen asfixiando al comercio y a los ciudadanos en Florencia.