El representante a la Cámara Andrés Forero informó que presentó un derecho de petición para solicitar información detallada sobre la creación de nuevos cargos y los salarios asignados en una entidad pública, en medio de un escenario que, de acuerdo con lo expuesto por el congresista, está marcado por restricciones presupuestales.Según el contenido del requerimiento, Forero pidió precisar las funciones, perfiles profesionales, experiencia requerida y remuneración de varios cargos recientemente creados o provistos. Entre los casos mencionados se encuentra el de un cargo de internacionalista, con una asignación mensual de 22 millones de pesos, cuya creación fue cuestionada por el representante en el documento enviado a la entidad.El derecho de petición también hace referencia a un cargo de gerente de gestión humana, ocupado por una persona de 25 años de edad, con tres años de haber culminado sus estudios profesionales y con una especialización en derecho procesal civil. De acuerdo con la información solicitada, este cargo tendría una remuneración mensual cercana a los 23 millones de pesos. El congresista pidió conocer los criterios utilizados para la designación y la relación del perfil con las funciones desempeñadas.Otro de los casos incluidos en el requerimiento corresponde a un exprofesional universitario de la Contraloría de Montería, quien, según lo expuesto en el documento, no contaría con experiencia previa en el sector salud y tendría una asignación mensual de 40 millones de pesos. Frente a este nombramiento, Forero solicitó detalles sobre el proceso de selección, el tipo de vinculación y la justificación técnica del salario.El representante indicó que el derecho de petición busca establecer si la creación de estos cargos y los montos salariales cumplen con los principios de planeación, eficiencia y legalidad que rigen la administración pública. En el documento, también se solicita información sobre el impacto presupuestal de estas decisiones y su coherencia con la situación financiera reportada por la entidad.Forero señaló que, una vez se conozca la respuesta oficial al derecho de petición, se evaluará la información suministrada para determinar si se requieren actuaciones adicionales en el marco de las funciones de control político que ejerce el Congreso de la República. Mientras tanto, el requerimiento permanece a la espera de respuesta dentro de los plazos establecidos por la ley.Hasta el momento, la entidad no se ha pronunciado.
El uso de cámaras de seguridad en viviendas y negocios se ha convertido en una tendencia cada vez más común en Colombia, especialmente ante la falta de vigilancia permanente o de recursos para contratar seguridad privada. Estos dispositivos no solo cumplen una función preventiva, también pueden convertirse en piezas clave dentro de una investigación judicial, un aspecto que muchos ciudadanos desconocen.Si bien se trata de equipos de carácter privado, la ley colombiana establece deberes claros para quienes los instalan. La Fiscalía General de la Nación ha reiterado que las grabaciones captadas por cámaras de seguridad pueden ser solicitadas por las autoridades y que, en determinados casos, su entrega no es opcional.Fiscalía advierte deber legal por cámaras de seguridadDe acuerdo con la Fiscalía, grabar entradas, fachadas o espacios públicos es completamente legal cuando el objetivo es proteger un inmueble. Sin embargo, estas grabaciones deben regirse por el Código de Procedimiento Penal y por la Ley 1581 de 2012, que protege los datos personales.En ese orden de ideas, los videos obtenidos por cámaras de vigilancia son considerados elementos materiales probatorios y evidencia física. Por este motivo, los ciudadanos pueden ser requeridos para entregar grabaciones cuando estas resulten relevantes dentro de un proceso judicial.¿Las autoridades pueden pedir videos sin orden judicial?La normativa permite que entidades como la Policía, la Fiscalía o el CTI soliciten imágenes de cámaras privadas sin orden judicial cuando se trate de actuaciones urgentes relacionadas con un hecho delictivo. El objetivo es evitar la pérdida, alteración o eliminación del material probatorio.En situaciones que no sean de urgencia, la solicitud puede estar respaldada por una orden de un fiscal delegado. Aun así, la colaboración del ciudadano sigue siendo obligatoria. Negarse a entregar las grabaciones puede interpretarse como una obstrucción a la justicia, especialmente si la información es clave para la investigación.Así debe entregar las grabaciones a las autoridadesLa Fiscalía también ha entregado orientaciones prácticas para quienes deban suministrar videos de seguridad. Entre las principales recomendaciones están:No borrar ni modificar las grabaciones.Entregar una copia en un medio físico o digital.Solicitar constancia formal de la entrega.De igual manera, se advierte que difundir imágenes en redes sociales o entregarlas a particulares sin autorización puede vulnerar derechos fundamentales, como la privacidad. La entrega de estos videos debe realizarse únicamente a autoridades judiciales competentes y bajo solicitud formal.Con más de 26.000 cámaras de videovigilancia instaladas en el país y miles más en manos de particulares, la Fiscalía insiste en que tener cámaras no solo implica un beneficio en seguridad, sino también responsabilidades legales que los ciudadanos deben conocer y cumplir.
Uno de los asuntos pendientes de la Corte Constitucional tras reiniciar la vacancia judicial es el estudio del decreto de la emergencia económica expedido por el Gobierno Nacional tras el hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso de la República.En ese sentido, ya se conoció que fue a Carlos Camargo, magistrado de la Corte, a quien por sorteo le correspondió ser ponente de este caso allí al interior del alto tribunal. Asimismo, el magistrado Juan Carlos Cortés deberá estudiar uno de los decretos sobre este mismo asunto.Este decreto tiene control automático por parte de la Corte Constitucional y sobre esto el Consejo Gremial radicó una solicitud de suspensión provisional de este decreto que no ha sido visto con buenos ojos por distintos sectores.Con esto entonces comienza formalmente el estudio de este decreto de la emergencia económica expedido por el gobierno del presidente Gustavo Petro tras el hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso de la República. Al alto tribunal deberán allegarse varios conceptos, entre ellos, el del procurador general.El alto tribunal había dejado en suspenso sobre quién era el magistrado ponente de este caso porque la declaratoria coincidió con la vacancia judicial; sin embargo, ya es un hecho que Carlos Camargo tendrá en sus manos la ponencia de este decreto.“La suspensión provisional es necesaria para impedir el abuso presidencial del estado de emergencia económica para suplantar al Legislador en su competencia de crear impuestos”, señaló el Consejo Gremial.
Hoy termina la vacancia judicial de las altas cortes y, en ese sentido, ante la Corte Constitucional acaba de ser radicada una solicitud de suspensión provisional del decreto de la emergencia económica; lo hace el consejo gremial, argumentando que se trata de una medida manifiestamente inconstitucional y que podría generar efectos económicos y jurídicos irreversibles.La petición fue presentada por Camilo Sánchez, presidente del Consejo Gremial, ante el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, y allí el gremio solicita no solo la suspensión del decreto que declara la emergencia, sino también de todos los decretos legislativos que se expidan con base en esa declaratoria.Y es que según el Consejo Gremial, el Gobierno estaría usando de manera indebida las facultades excepcionales con el fin de suplantar al Congreso en su función de crear impuestos, luego de que este negara dos proyectos de ley de financiamiento para las vigencias 2025 y 2026.El gremio además sostiene que la crisis fiscal invocada por el Ejecutivo no responde a hechos sobrevinientes ni extraordinarios, sino a problemas estructurales conocidos, como obligaciones en salud, pagos de sentencias judiciales, gastos en seguridad, desastres naturales y restricciones fiscales ya existentes.“La suspensión provisional es necesaria para impedir el abuso presidencial del estado de emergencia Económica para suplantar al Legislador en su competencia de crear impuestos”, señaló el Consejo Gremial.
Un pensionado de la Policía Nacional, identificado como Jimmy Leonardo Vargas Briceño, de 43 años, resultó herido con arma de fuego durante un violento asalto registrado hacia las 2:00 de la madrugada de este lunes 12 de enero de 2026, en el barrio Alfonso López, en Bucaramanga.De acuerdo con la información suministrada por la esposa de la víctima, Vargas Briceño se movilizaba en motocicleta y estaba llegando a su lugar de residencia, cuando fue interceptado por dos hombres armados que lo venían siguiendo y lo interceptaron en el garaje de la casaAl oponer resistencia para evitar que le hurtaran otros elementos de valor, uno de los agresores accionó el arma de fuego en dos oportunidades, hiriéndolo de gravedad, alcanzaron a llevarse 300.000 pesos.Tras el ataque, los responsables huyeron del lugar en una motocicleta de color negro con rumbo desconocido.El pensionado fue auxiliado inicialmente por su esposa y trasladado de urgencia a la Clínica de la Policía Nacional (CLIPO), donde recibió atención médica inmediata. Debido a la gravedad de las heridas, fue remitido, posteriormente, al Hospital Universitario de Santander (HUS), donde permanece bajo observación médica y su estado de salud es estable, según el más reciente parte médico.Unidades de la Policía Metropolitana de Bucaramanga adelantan las investigaciones correspondientes para identificar y capturar a los responsables del ataque, apoyándose en testimonios y en la revisión de cámaras de seguridad del sector.El hecho vuelve a generar preocupación entre los habitantes del barrio Alfonso López, quienes insisten en la necesidad de reforzar la presencia de las autoridades ante el aumento de los hechos de inseguridad.
El país se encuentra conmocionado tras el trágico fallecimiento del cantante de música popular Yeison Jiménez, ocurrido el pasado sábado 10 de enero de 2026 en el municipio de Paipa, Boyacá. El siniestro se registró cerca de las 4:00 de la tarde cuando la aeronave en la que viajaba el artista, junto a otros cinco integrantes de su equipo, perdió potencia poco después de despegar del aeropuerto Juan José Rondón, impactando a aproximadamente una milla de la pista. Entre las víctimas mortales se encuentran, además del intérprete de 'Destino final', su mánager Jefferson Osorio, el fotógrafo Weisman Mora, dos colaboradores más y el piloto de la avioneta, el capitán Hernando Torres.En un video que se ha hecho viral en redes sociales se puede observar al artista en una tienda junto a tres integrantes de su grupo fuera del municipio minutos antes del siniestro que cobró con su vida. La grabación de cámaras de seguridad del lugar, con hora en las 2:18 de la tarde, muestra al cantante vestido de blanco, sonriente y sosteniendo una conversación con la dueña del local. Además, se escucha cómo le dice a la mujer “¿Cuál es el mejor queso campesino?”.Este video es el último rastro del artista con vida antes del accidente. Este es el video:Según los reportes del Ministerio de Transporte, las autoridades han establecido tres líneas de investigación prioritarias para esclarecer el accidente: el componente operacional y meteorológico, el estado técnico y de mantenimiento de la aeronave, y los factores humanos vinculados al piloto. Testigos en la zona relataron que tras un intento de giro para regresar a la pista, la avioneta impactó contra el suelo, sufriendo una fractura en la cola y dos explosiones consecutivas debido a residuos de combustible. Por su parte, la Fiscalía General ya inició una indagación formal para determinar las causas exactas del siniestro que dejó la aeronave totalmente calcinada.Mientras miles de seguidores se congregaron en puntos emblemáticos como el estadio El Campín para rendir homenajes, se confirmó que las honras fúnebres de Yeison Jiménez se realizarán el martes 13 de enero en el Movistar Arena de Bogotá.
Con música del artista de fondo y, en medio de un ambiente cargado de emociones, el artista santandereano Jorge Hernández realizó un mural en homenaje al cantante de música popular Yeison Jiménez, en el barrio Toledo Plata, como muestra de respeto, solidaridad y memoria para su familia y seguidores.La obra fue plasmada en el proyecto cultural del sector conocido como “Callarte”, un corredor artístico de más de 400 metros de longitud, donde se destacan murales dedicados a figuras que han dejado huella en la historia musical y cultural, como Egidio Cuadrado, Diomedes Díaz y Martín Elías.El mural de Yeison Jiménez, elaborado en acrílico, mide más de cinco metros de alto por tres metros y medio de ancho. Los trabajos iniciaron hacia las 5:30 de la tarde y se extendieron hasta las 11:30 de la noche, con el acompañamiento constante de la comunidad del sector.Hernández explicó que esta obra no solo busca exaltar el legado artístico del cantante, sino también brindar un espacio de encuentro para quienes lo siguieron y admiraron.“A su familia, a sus hijos, a su esposa y a sus padres, les expreso mi más sentido pésame por el fallecimiento del cantante, quien partió a los 34 años. Le pido a Dios que les conceda fortaleza para afrontar este momento tan difícil. Con respeto y amor realizamos desde acá este mural para enviarles un mensaje de unión y esperanza, y también para brindarle a la comunidad un espacio donde puedan recordarlo, ya que él visitaba frecuentemente la ciudad. En el barrio nos gusta plasmar este tipo de murales que conservan la memoria de quienes dejan huella”, expresó el artista.El proyecto “Callarte” nació durante la pandemia y se ha convertido en un símbolo de transformación cultural del barrio Toledo Plata, consolidando el arte urbano como un punto de encuentro para la memoria colectiva y el reconocimiento de quienes marcaron generaciones.
Las alertas por el incremento de homicidios en Antioquia también se trasladan a la ciudad de Medellín, pues dos hombres fueron asesinados en medio de aparentes agresiones con objetos cortopunzantes.El primer caso se registró en el barrio Boston, centro de la ciudad, donde dos hombres que transitaban por la calle 55 con carrera 37 apuñalaron sin mediar palabra a otro que sería habitante de calle, entre los 30 y 35 años de edad y aún por identificar, para, posteriormente, huir de la zona.Gracias al seguimiento de cámaras de seguridad y la información aportada por residentes del lugar pocos minutos después los victimarios fueron requeridos por la Policía para su respectiva judicialización.En el segundo caso la víctima fue identificada como Geider Andrés Santana, de 25 años de edad, quien fue agredido durante una riña mientras departía con otras personas en el barrio Belén.Santana junto a otro hombre herido fueron trasladados a la unidad de Metrosalud de la zona, sin embargo, el primero falleció por la gravedad de las lesiones. Un presunto responsable del hecho fue capturado con un cuchillo, elemento que servirá como material probatorio dentro de las investigaciones que ya avanzan.Con esos casos ya son 14 las personas asesinadas en los primeros 11 días de 2026, tres casos más que los reportados en el mismo periodo del año anterior. Del total de hechos violentos cinco han sido registrados como producto de riñas o situaciones de convivencia.
Una operación liderada por la Policía permitió intervenir 12 minas ilegales en el corregimiento de Guayabal, zona rural del municipio de Quibdó, en el departamento del Chocó. La acción representó un golpe directo a las economías ilícitas del Clan del Golfo, estructura criminal que se lucraba de la explotación ilegal de yacimientos mineros y que ha sido señalada de depredar de manera sistemática los recursos naturales de la región.La intervención fue ejecutada por la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Nacional, en coordinación con el Ejército Nacional, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), la Inspección de Policía de Quibdó y la Corporación Autónoma Regional del Chocó (Codechocó). El trabajo articulado permitió identificar varios frentes de extracción ilegal durante patrullajes de observación y control en zonas de difícil acceso.Como resultado de la operación, las autoridades intervinieron 12 casos de minería ilegal y lograron la destrucción e inutilización de cinco dragas, 20 motobombas y 13 motores, maquinaria empleada para la extracción ilícita de minerales en afluentes y áreas boscosas. De acuerdo con la Policía, estos equipos tenían un avalúo aproximado de 275 millones de pesos, lo que representa una afectación significativa a la capacidad financiera y logística del Clan del Golfo en esta zona del país.Además del impacto contra las economías criminales, el operativo tuvo un efecto directo sobre la protección del capital natural del Chocó. La minería ilegal venía generando una grave degradación de ecosistemas estratégicos, la alteración de la franja forestal protectora y la contaminación de fuentes hídricas, principalmente por el uso de mercurio y otros químicos altamente tóxicos utilizados en los procesos de extracción.Las autoridades advirtieron que estas prácticas no solo ponen en riesgo los ríos y suelos, sino que también afectan de manera severa la fauna y la flora silvestre, provocando el desplazamiento de especies y, en muchos casos, su muerte por intoxicación. La intervención permitió frenar de manera temporal estos daños y reducir la presión ambiental sobre territorios altamente sensibles.“Cada una de estas operaciones refleja el compromiso permanente de la Policía Nacional con la protección del capital natural del país. Al intervenir la minería ilegal no solo afectamos las economías criminales, sino que protegemos los ecosistemas, las fuentes hídricas y la biodiversidad que son fundamentales para las comunidades y para las futuras generaciones”, señaló el brigadier general Carlos Germán Oviedo Lamprea, director de Carabineros y Protección Ambiental, quien reiteró que el trabajo interinstitucional seguirá fortaleciéndose para garantizar la sostenibilidad ambiental del territorio.
En hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades judiciales, dos personas identificadas como Como Neil Javier Poveda Rodríguez, de 58 años de edad, y Lari Alexander Ramírez Vargas, de 27 años, fueron ultimadas por hombres armados en el barrio La Caraguaja del municipio de Campoalegre.La subteniente Luis Fernanda Castaño, comandante de la estación de Policía de Campoalegre, Huila, informó que los dos hombres fueron atacados mediante la modalidad de sicariato, quienes fallecieron en el lugar de los hechos “de acuerdo con las primeras verificaciones el hecho se habría presentado mediante la modalidad de sicariato con arma de fuego y preliminarmente todo apunta a un posible ajuste de cuentas” dijo.Entre tanto, en el centro poblado de Potrerillos del municipio de Gigante, centro del Huila, hombres armados llegaron al parque del pueblo donde abrieron fuego dejando como saldo dos personas fallecidas y dos más con heridas de consideración. Las víctimas de este ataque responden a los nombres de Hernando Arredondo Vargas y Juan Camilo Giraldo Ramírez, habitantes de la región.“La información es que dos sujetos se movilizaban en una motocicleta de alto cilindraje llegaron hasta un parque y abrieron fuego contra un grupo de personas donde murieron dos ciudadanos”, relató el mayor Héctor Silva, comandante del Distrito Dos de Policía de Campoalegre, Huila.Investigadores de la Sijín y del CTI de la Fiscalía han recaudado evidencias y testimonios que les permita esclarecer los móviles y ubicar a los responsables de estos dos hechos de violencia registrados en el Huila.
El Inpec confirmó la muerte del hijo de 11 años del director de la cárcel de Neiva, Huila, Edgar Enrique Rodríguez Muñoz, quien fue víctima de un atentado sicarial ocurrido en la mañana de este martes en la ruta 45, en la vía que comunica a Neiva con el municipio de Rivera. En el mismo ataque resultó gravemente herido el subdirector del penal, quien se movilizaba en el mismo vehículo.De acuerdo con la información oficial, los hechos se registraron hacia las 6:53 a. m., cuando el director Rodríguez Muñoz se desplazaba en un vehículo particular junto a su hijo y el subdirector de la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Neiva, el coronel (r) Renato Solano Osorio. Durante el trayecto, un motociclista interceptó el automóvil y disparó en al menos seis ocasiones contra los ocupantes.El menor recibió un impacto de bala en la cabeza que le causó la muerte, mientras que el subdirector del penal resultó herido con dos disparos, uno en el abdomen y otro en el tórax, por lo que su estado de salud es delicado. En el mismo hecho, el director de la cárcel y el conductor del vehículo salieron ilesos.Los heridos fueron trasladados de urgencia al Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, en la capital del Huila, donde reciben atención médica especializada. Entre tanto, las autoridades adelantan labores de investigación tanto en el lugar del atentado como en el centro asistencial para establecer los móviles del ataque y dar con los autores materiales e intelectuales.A través de un comunicado, la Dirección General del Inpec lamentó y repudió el ataque perpetrado contra el director, el subdirector de la cárcel de Neiva y uno de sus familiares, y reiteró un llamado al respeto por la vida. La entidad solicitó a las autoridades competentes redoblar esfuerzos para identificar y capturar a los responsables de este hecho, que ha generado conmoción en el sector penitenciario del país.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se pronunció frente a la denuncia sobre un posible espionaje a través del software Pegasus contra el ministro de Justicia, Andrés Idárraga, y aseguró que ya sostuvo una conversación directa con él para aclarar el alcance de la situación. Según explicó, desconoce los detalles del hecho denunciado, pero expresó total disposición para colaborar en lo que sea necesario con el fin de esclarecer el caso.Sánchez afirmó que el señalamiento es “muy grave y delicado” y subrayó que resulta inaceptable que en el país pueda llegar a ocurrir un episodio de espionaje ilegal como el que se ha puesto en conocimiento público. En ese sentido, recalcó que cualquier uso irregular de herramientas de inteligencia debe ser investigado a fondo y con absoluta transparencia.El ministro de Defensa también informó que se comunicó con la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, así como con el contralor y el procurador, con el objetivo de articular esfuerzos institucionales y colaborar plenamente con las investigaciones que se adelanten desde los organismos de control y judiciales.De manera paralela, Sánchez ordenó a la cúpula militar y policial iniciar de inmediato las investigaciones correspondientes y avanzar con la mayor celeridad posible para esclarecer la denuncia formulada por el ministro de Justicia encargado.Además, anunció que en los próximos minutos convocará de urgencia a la Junta de Inteligencia Conjunta, instancia en la que se impartirán las directrices específicas para el manejo y seguimiento de este caso.
La tutela contra el decreto que fijó el salario mínimo fue presentada por el comerciante Alexander Donato Rondón, a través de su apoderado, el exmagistrado de la Corte Constitucional Alejandro Linares.Allí se argumenta que el Gobierno fijó el incremento de manera unilateral tras el fracaso de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, pero sin aplicar los cinco criterios obligatorios establecidos en la Ley 278 de 1996, entre ellos la inflación, la productividad y el crecimiento del PIB.La tutela además advierte que el incremento tendría efectos inmediatos e irreversibles sobre las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), que representan el 99,7 % del tejido empresarial del país.Entre los riesgos señalados están el cierre de negocios, la reducción de jornadas laborales, despidos y un aumento de la informalidad, que actualmente supera el 55 % de la población ocupada.El documento también cita estudios del Banco de la República que indican que, por cada aumento del 1 % en el salario mínimo, el empleo en pequeñas empresas puede caer hasta un 1,4 % en el corto plazo, y que los mayores impactos se concentran en los primeros cuatro meses tras la entrada en vigencia del ajuste salarialComo medida provisional se pidió que se suspendan temporalmente los efectos del decreto mientras se decide de fondo la tutela.
Un atentado se registró en la madrugada de este martes 13 de enero contra el director de la cárcel de Neiva, Edgar Rodríguez, y el subdirector del establecimiento penitenciario, Renato Solano Osorio, confirmó el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. El ataque ocurrió cuando los funcionarios se movilizaban en un vehículo particular junto a un menor de 11 años, hijo del director del penal.De acuerdo con la información oficial, el hecho se presentó hacia las 7:03 de la mañana en el sector de Los Olivos, sobre la vía que comunica a Neiva con el municipio de Rivera, en el departamento del Huila. Hombres armados interceptaron el automotor y dispararon en repetidas ocasiones contra sus ocupantes, en lo que las autoridades califican como un atentado directo.Como resultado del ataque, el subdirector de la cárcel de Neiva, teniente coronel (r) Renato Solano Osorio, resultó herido con un impacto de arma de fuego en la región intercostal derecha. El menor de edad recibió un disparo en la cabeza y su estado de salud fue reportado como crítico. El director del establecimiento penitenciario salió ileso del atentado.Las personas heridas fueron trasladadas de inmediato al Hospital Universitario de Neiva, donde reciben atención médica especializada. Entre tanto, las autoridades desplegaron un operativo en la zona para dar con el paradero de los responsables y establecer los móviles del ataque, que ha generado máxima alerta en el sistema penitenciario del país. La información continúa en desarrollo.
En Yarumal, Antioquia, se dio el rescate de 17 menores de edad que estaban bajo custodia de Lev Tahor, una secta ortodoxa judía conocida internacionalmente por estar asociada a casos de abusos, matrimonios forzados de menores y violaciones, sin embargo, cinco de ellos contaban con circular amarilla de Interpol por desaparición e igualmente ingresaron por el filtro de Migración sin problema a Colombia.“Ellos ingresan en dos grupos, por dos terminales áreas diferentes. Ocho por el aeropuerto de Rionegro y el resto por el de Cartagena. Desde que un ciudadano o ciudadana presente los documentos suficientes para entrar al país, si es una nacionalidad restringida pues la visa. Pero si un ciudadano presenta los documentos y pasa la entrevista en Migración y no salta alarma que indique que puede ser pasible a un rechazo, cualquier ciudadano puede entrar”, explicó en diálogo con Recap de Blu Radio, Paola Salazar, directora de la Regional Antioquia - Chocó de Migración Colombia.¿Por qué Migración Colombia no detectó la circular amarilla?De acuerdo con Salazar, cuando ellos ingresaron al país no tenían ninguna alerta ni de Interpol u organización internacional, sino que eso da mucho tiempo después. La secta entró a Colombia a inicios de octubre de 2025 y sin problema en la documentación.“Es importante dar claridad en lo siguiente: en este caso no tenemos ningún niño/niña adolescente que no esté acompañado por sus representantes legales. Lo decimos porque presentan pasaporte y entran regularmente al país y presentan documento de viaje como el pasaporte. El control de ingreso de menores de edad no se hace manera rigurosa, como cuando van a salir del país. Quien tiene el control de su salida es la agencia homologa”, explicó sobre el por qué no se detectó algún tipo de anomalía.Sin embargo, lo curioso es que sí eran sus tutores biológicos y de ahí viene a la circula amarilla de Interpol. Según Salazar, a sus padres se les había retirado la patria potestad y puesta en favor de otra persona, de ahí es donde se motiva esa alerta: la alerta la ponen los que tienen la tutoría, pero ellos se encuentran en Colombia al lado de sus padres biológicos.“Es por esa razón que tienen una circular amarilla. De todos esos menores hay denuncias de desaparición, pero no todos pesaba de la misma manera, porque del rastro hay un proceso del retiro de la patria potestad”, añadió.
La decisión sobre quién encabezaría la lista al Senado de la coalición Ahora Colombia —integrada por el Nuevo Liberalismo, el Partido MIRA y Dignidad y Compromiso— generó una intensa discusión pública. Aunque inicialmente el Nuevo Liberalismo propuso a Alejandro Gaviria como su candidato, la coalición terminó eligiendo por consenso a Juan Sebastián Gómez, actual primer vicepresidente de la Cámara. En entrevista con Recap Blu, Juan Manuel Galán, precandidato presidencial, explicó por primera vez con claridad qué ocurrió detrás de esa determinación.Galán aseguró que su partido veía en Gaviria al aspirante más idóneo para encabezar la lista; sin embargo, al interior de la coalición surgieron reparos, especialmente desde Dignidad y Compromiso. Allí, según Galán, cuestionaron que Gaviria hubiese hecho parte del Gobierno de Gustavo Petro cuando fue ministro de Educación. Ese antecedente, reconoció, se convirtió en la principal resistencia para respaldarlo como cabeza visible de la lista."Ellos en un momento dado expresaron que estaban de acuerdo en que Alejandro fuera parte de la lista al Senado, pero que no compartían la idea de que fuera la cabeza de lista, el vocero de la lista. Entre otras razones expresaron el haber sido parte del Gobierno de Gustavo Petro. Ese fue, digamos, el reparo principal", relató Galán en Recap Blu.Aunque el Nuevo Liberalismo insistió ante el Consejo Nacional del partido en mantener la propuesta de Gaviria, este finalmente desistió. Galán explicó que la decisión no tomó por sorpresa al exministro, pues desde hacía un mes le habían compartido los reparos internos y la necesidad de explorar otros nombres. En ese proceso también se barajó públicamente la opción de Mauricio Gaona, un perfil técnico y académico que el partido veía con buenos ojos, pero que declinó por compromisos personales y profesionales fuera de Colombia.Ante el retiro de Gaviria y la imposibilidad de sumar a Gaona, la coalición se volcó hacia Juan Sebastián Gómez, una figura del Nuevo Liberalismo con trayectoria en cargos locales y departamentales en Caldas y reconocimiento por proyectos como el de perfiles genéticos para investigaciones criminales. Galán destacó que su experiencia, independencia y compromiso con la construcción del partido hicieron que su nombre fuera aprobado por unanimidad como cabeza de lista.¿Qué pasará ahora con Alejandro Gaviria?Una pregunta adicional surgió en la entrevista con Recap Blu: si Gaviria no encabezaba la lista, ¿estaría dispuesto al menos a integrar el tarjetón al Senado? La respuesta de Galán fue clara: el exministro decidió no aspirar al Congreso en esta elección.Aun así, el precandidato confirmó que avanzan en conversaciones para que Gaviria ingrese formalmente al Nuevo Liberalismo y participe en la vida interna del partido, reconociendo su trayectoria académica, su experiencia ministerial y el trabajo conjunto que ambos realizaron en la ley sobre el uso medicinal del cannabis.Con esta decisión, la coalición Ahora Colombia cierra un capítulo complejo, en el que también figuraba con candidata a encabezar la lista al Senado Jennifer Pedraza.
El Ejército Nacional anunció la apertura de investigaciones internas en relación con los señalamientos que involucran al general Juan Miguel Huertas Herrera, director del Comando de Personal de la institución, en presuntos vínculos con las disidencias de las Farc asociadas a alias ‘Calarcá’.La decisión se conoce luego de la revelación, por parte de Noticias Caracol, de los llamados “archivos secretos” de ese cabecilla, que contendrían comunicaciones y documentos que mencionan contactos con el alto oficial y ofrecimientos de apoyo logístico.En un comunicado oficial, el Comando del Ejército Nacional informó que, ante la gravedad de los hechos denunciados en medios de comunicación los días 23 y 24 de noviembre, se impartió la orden de iniciar las investigaciones internas correspondientes.La institución detalló que se abrirá la acción disciplinaria y las averiguaciones administrativas a que haya lugar, con el propósito de establecer si, durante el tiempo en que el general Huertas ha ejercido su cargo y funciones, ha incurrido en conductas contrarias a la ley.En el mismo documento, el Ejército recordó que el oficial volvió al servicio activo en agosto de 2025, después de haber sido retirado de la institución en 2021 por decisión del Gobierno nacional, a una posición clave relacionada con el personal de la institución.El anuncio del Ejército se suma al pronunciamiento del ministro de Defensa, el general en retiro Pedro Sánchez, quien desde su cuenta de X confirmó que se adelantarán investigaciones internas frente a los presuntos vínculos del general Huertas con las disidencias de alias ‘Calarcá’.Sánchez aseguró que estas pesquisas se realizarán “en colaboración armónica y absoluta con la comunidad de inteligencia” y que todo lo que requiera la Fiscalía será puesto a disposición para acelerar el esclarecimiento de los hechos.Por su parte, el general Juan Miguel Huertas negó las acusaciones. En un comunicado, calificó lo revelado por Noticias Caracol como una “fabricación malintencionada” y sostuvo que los reportes conocidos públicamente “carecen de validación oficial” y buscan afectar su nombre y su trayectoria profesional.“Rechazo de manera tajante, categórica y absoluta cualquier señalamiento que pretenda vincularme con organizaciones armadas ilegales”, afirmó el oficial, en respuesta a las versiones que hablan de supuestos encuentros en Venezuela y ofrecimientos logísticos cuando se encontraba por fuera del servicio.El Comando del Ejército también aclaró que en el caso de situaciones de carácter personal de miembros del personal militar en uso de retiro, estas deben ser asumidas directamente por los involucrados ante las autoridades correspondientes, recordando que el vínculo con la fuerza pública está determinado por la naturaleza del servicio y la condición de servidor público.
La Industria Militar de Colombia, INDUMIL, negó los señalamientos, según los cuales, el director de la entidad habría participado en una reunión destinada a crear una empresa de seguridad privada que favorecería a integrantes de las disidencias al mando de alias ‘Calarcá’.En un comunicado, Indumil aseguró que su misión se limita a la producción y comercialización de armas, municiones y explosivos para la seguridad y defensa del Estado, y que no tiene competencia alguna en la creación o asesoría de empresas de vigilancia privada.La empresa estatal explicó que la adquisición de armamento por parte del sector privado está regulada por un proceso independiente que involucra a otras autoridades y que es la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada la encargada de validar y autorizar a las empresas del sector, mientras que el Departamento Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos, (adscrito al Comando General de las Fuerzas Militares) es la única entidad habilitada para emitir permisos de tenencia, porte o compra.“INDUMIL interviene únicamente al final, con la facturación y entrega del material, una vez se verifica la existencia del permiso válido. Esta estructura garantiza la independencia entre actores del proceso y aseguran la trazabilidad obligatoria en cada operación comercial”, agregó la compañía.Indumil aseguró que mantiene políticas estrictas de control interno, transparencia y cumplimiento normativo, y expresó su disposición para colaborar con las autoridades en cualquier proceso de verificación o investigación que permita aclarar plenamente los hechos.“El presidente de INDUMIL no ha sostenido reuniones con representantes de grupos armados ilegales, ni ha recibido solicitudes, requerimientos o invitaciones relacionadas con los hechos mencionados. Tampoco ha autorizado, delegado o instruido a funcionario alguno para participar en actividades o encuentros con organizaciones al margen de la ley”, puntualizaron.En el informe de la unidad investigativa de Noticias Caracol, uno de los testimonios revelados de un integrante del grupo ilegal señaló al director de Indumil de participar en reuniones ilegales.Y es que el Ejército y la Dirección Nacional de Inteligencia están bajo la lupa y bajo fuertes cuestionamientos luego de que se conociera que en los computadores, USB y celulares decomisados al cabecilla de las disidencias alias 'Calarcá' hay información de una presunta relación entre ese grupo ilegal y altos funcionarios del Estado.Según la investigación de Noticias Caracol, entre los implicados están el general Juan Miguel Huertas, jefe del Comando de Personal del Ejército, y Wilmar Mejía, alto funcionario del DNI. En esos documentos se incluyen chats, correos, cartas y fotografías que apuntan a una colaboración estructurada para compartir información reservada e impulsar proyectos conjuntos como el de crear una empresa de seguridad privada que sirviera como fachada para el transporte en carros blindados o permisos de porte de armas.La Procuraduría, el DNI, el Ministerio de Defensa y el comando de las Fuerzas Militares han anunciado sus propias investigaciones, mientras que la vicepresidenta Francia Márquez rechazó cualquier señalamiento en su contra.
El ministro de Justicia, Andrés Idárraga, defendió con firmeza los diálogos de paz que el Gobierno nacional adelanta con bandas criminales Los Pepes y Los Costeños en Barranquilla, enviando un mensaje directo al alcalde Alejandro Char y al gobernador Eduardo Verano. Según el alto funcionario, las autoridades locales no pueden descalificar la efectividad de estas negociaciones, ya que los resultados en materia de seguridad, aunque cuestionados recientemente, han sido producto de estos acercamientos."No pueden decir que negociación no ha sido efectiva. Ha sido efectiva gracias al Gobierno", afirmó el ministro, señalando que los mandatarios locales aprovecharon la baja en las cifras para sacar pecho en su momento, pero omitieron mencionar que esto se debía a la tregua entre las bandas.El choque por la efectividad de la treguaLa controversia escaló tras la suspensión del traslado de cabecillas de alta peligrosidad, como alias ‘Castor’, Digno Palomino y el ‘Negro Ober’, a cárceles en Barranquilla. Ante las críticas de Char y Verano, quienes calificaron la intención de traslado como una amenaza a la seguridad regional, Idárraga sostuvo que la reducción de homicidios y extorsiones reportada meses atrás fue mérito de la negociación impulsada por el Gobierno.¿Por qué se suspendió el traslado?Contrario a lo que se pensaba, la suspensión del traslado a las cárceles Modelo y El Bosque no se debió únicamente a la presión política local. El ministro reveló que la orden vino del Alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño, tras un desacuerdo en la mesa de diálogo."Hubo un desacuerdo, porque las personas que se van a trasladar tendrían que trasladarse con fines concretos de paz, no simplemente llevándose pues a los amigos", indicó el ministro de Justicia. Se conoció que el propio Digno Palomino habría manifestado desacuerdo con las condiciones del traslado, lo que llevó a frenar la decisión por ahora."Esa coordinación del traslado, operativamente hablando, no requiere, digamos, de las autoridades locales, pero sí es necesario e importante siempre que las autoridades locales sepan. El traslado se va a surtir, siempre y cuando, así lo autorice el señor Otty Patiño, el director de la oficina del comisionado de paz", aseveró. Escuche la entrevista:
La Contraloría General de la República lanzó una nueva alerta por la elevada inmovilización de recursos públicos administrados a través de fiducias, al advertir que $4,84 billones de un total de $13,48 billones comprometidos permanecían sin ejecutar a diciembre de 2024. El hallazgo hace parte de un estudio que evaluó la gestión y ejecución de los recursos públicos en contratos fiduciarios y que, según el órgano de control, evidencia una grave ineficiencia fiscal con efectos directos sobre la inversión social y el desarrollo del país.De acuerdo con el informe, los recursos inmovilizados corresponden a 156 negocios fiduciarios de un total de 787 analizados, lo que representa el 35,61 % del monto comprometido. La Contraloría advirtió que esta situación contradice el propósito mismo de las fiducias, diseñadas para garantizar eficiencia, transparencia y agilidad en la ejecución del gasto público. “Cada peso inmovilizado es un proyecto de vivienda, un centro de salud o una obra de infraestructura que se aplaza”, señala el análisis, subrayando el impacto negativo sobre el Gasto Público Social y la calidad de vida de los ciudadanos.El estudio también identificó a varias entidades públicas con altos niveles de recursos sin ejecutar. En una muestra de negocios fiduciarios por $390.265 millones, el Ministerio de Vivienda encabeza la lista con $165.255 millones inmovilizados, equivalentes al 42,34 %. Le siguen el Ministerio de Comercio, con $109.320 millones (28,01 %), y el Ministerio de Salud, con $67.792 millones (17,37 %), lo que evidencia que sectores estratégicos mantienen recursos disponibles sin una ejecución efectiva.La Contraloría concluyó que esta situación genera un doble costo para el Estado. Por un lado, una pérdida de eficiencia económica asociada al costo de oportunidad, pues los recursos permanecen en portafolios de baja rentabilidad, muy por debajo del valor público que producirían si se ejecutaran oportunamente. Por otro lado, una pérdida de eficacia social, reflejada en el retraso en la entrega de bienes y servicios esenciales y en el incumplimiento de metas de inversión pública.En el análisis también se identificó una alta concentración de recursos inmovilizados en pocas fiduciarias. Scotiabank Colpatria administra $168.081 millones sin ejecutar, seguida de Fiduciaria La Previsora con $74.440 millones y Fiduciaria Popular con $46.979 millones. Para la Contraloría, esta concentración obliga a focalizar acciones correctivas en actores específicos para mejorar la eficiencia del gasto público.Finalmente, el órgano de control estableció que las principales causas de la inmovilización de recursos en fiducias están relacionadas con la falta de ejecución oportuna, deficiencias contractuales y procesos administrativos ineficientes. Aunque los recursos estaban disponibles, estos factores generaron rigidez operativa y retrasos significativos. Los proyectos más afectados pertenecen a sectores clave como infraestructura inmobiliaria, energía, transporte de hidrocarburos y servicios sociales, áreas de alta inversión inicial y ejecución a largo plazo, alineadas con prioridades de política pública, pero que hoy enfrentan serias demoras en su materialización.
Con una vigilia a la luz de velas, familiares de los colombianos presos en Venezuela expresaron este lunes, en uno de los puentes fronterizos, su esperanza de que los detenidos sean incluidos en las liberaciones que hace el Gobierno del país vecino.Bajo la consigna 'Acompaña a los familiares de los presos políticos', decenas de personas se congregaron en el puente internacional Simón Bolívar para exigir la liberación de 19 colombianos que, según aseguran, permanecen injustamente tras las rejas en cárceles venezolanas desde hace años.Del lado colombiano del puente, las familias cubrieron el piso con fotografías de los detenidos y con pancartas clamaron por su libertad, que esperan ansiosas desde que la semana pasada las autoridades venezolanas empezaron a liberar presos, entre ellos cinco españoles y dos italianos.Un hombre llamado Javier Giraldo habló en representación de quienes consideran que sus seres queridos son víctimas de "un sistema judicial arbitrario", entre ellos su padre, del mismo nombre y de 70 años de edad, quien está preso en la cárcel Rodeo II y tiene graves problemas de salud."Estamos aquí reunidos los familiares de los detenidos injustamente. Mi papá es uno de ellos, los llamamos presos políticos porque el Gobierno venezolano aplica el mismo libreto para todos: inventa delitos de 'terrorismo', 'traición a la patria' o 'espionaje'", denunció Giraldo.El complejo penitenciario Rodeo I, II y III está ubicado en el estado de Miranda y, según diversos organismos de defensa de los derechos humanos, al menos en la primera unidad las condiciones de reclusión "suponen un trato cruel e inhumano".
El presidente Gustavo Petro convocó para el martes 13 de enero, a las 3:00 de la tarde, una reunión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, integrada por expresidentes de la República y congresistas de la comisión de relaciones internacionales (segundas de Cámara de Representantes y Senado de la República).El objetivo del encuentro será analizar los asuntos bilaterales entre Colombia y Estados Unidos, así como la situación actual de Venezuela, después de la acción militar del Gobierno del presidente Donald Trump que permitió la captura de Nicolás Maduro, lo que provocó que en el vecino país haya un “gobierno interino”, aunque de la misma línea del régimen.En la agenda se contempla que Petro intervendrá para liderar la reunión y presentar los temas de interés ante la comisión. Luego intervendrá la canciller Rosa Yolanda Villavicencio, quien expondrá un informe preliminar sobre las acciones adelantadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores en relación con estos temas.El encuentro continuará con los comentarios, preguntas y recomendaciones de los miembros de la Comisión Asesora y finalizará con el cierre de la sesión.El expresidente Andrés Pastrana confirmó que no asistirá a la cita por encontrarse fuera del país. Señaló que esta reunión debería ser una oportunidad para rectificar la política del Gobierno frente a Estados Unidos en temas como los pactos de paz con el narcotráfico, los cultivos de coca y el respaldo al que calificó de “narcorégimen” y recordó que mantiene cientos de presos políticos.“Será esta, sin duda, la oportunidad para rectificar la política de su gobierno frente a Estados Unidos en materia de pactos de paz con el narcotráfico y cultivos de coca, y el apoyo al narco régimen de Venezuela que aún mantiene secuestrados a un número importante de presos políticos”, expresó el exmandatario.El encuentro está previsto que se desarrolle en la Casa de Nariño y había sido sugerido por varias voces del mundo político; sin embargo, en los últimos años esta instancia no ha tenido éxito, debido a que la mayoría de los integrantes no asisten, por lo general, por las diferencias de fondo sobre los asuntos a debatir con el mandatario de turno.
La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) propuso este lunes, por medio de su Delegación de Paz, que en la campaña para las elecciones de este año se debata un "acuerdo nacional" orientado a superar los problemas de todo tipo que vive el país."El Ejército de Liberación Nacional le propone al país, a las fuerzas políticas y sociales, construir un Acuerdo Nacional para superar la crisis estructural y el conflicto social, político y armado de más de siete décadas, que le permita a Colombia construir su futuro en democracia, soberanía, equidad y justicia social para bien de las mayorías", señaló la Delegación de Paz en un comunicado.El ELN ha sostenido diálogos de paz con distintos gobiernos en las últimas décadas pero todos los intentos han fracasado, incluso el iniciado en noviembre de 2022 con la Administración del presidente Gustavo Petro, que recientemente ha acusado a esa guerrilla de abandonar su lucha revolucionaria para dedicarse al narcotráfico.En su convocatoria, el ELN destacó que este año comienza con una "mayor agresión imperialista en el continente, especialmente con la operación militar contra Venezuela y el secuestro de su presidente, amenazas que se han extendido a México, Cuba, Nicaragua y Colombia, y que avizoran propagarse a otras latitudes".Eso, sumado a que "en Colombia se agudiza la confrontación política" por las elecciones legislativas del 8 de marzo y las presidenciales del 31 de mayo, llevó a esa guerrilla a proponer el acuerdo."Consideramos la actual campaña electoral como una oportunidad para debatir esta propuesta, de tal manera que iniciando el próximo gobierno abordemos la construcción de dicho Acuerdo Nacional", agregó el mensaje.Objetivos del acuerdoLa Delegación de Paz del ELN, que siempre ha insistido en la participación de la sociedad en los diálogos, señaló que el acuerdo nacional que propone debe tener entre sus propósitos "consensuar una verdadera política de soberanía nacional y popular; erradicar la pobreza, la persecución política, la corrupción y el paramilitarismo".Igualmente plantea "construir un nuevo diseño económico para atender las necesidades de la población y las comunidades; protección a los ecosistemas y transición hacia energías limpias y un plan para superar el narcotráfico con la participación de las comunidades", así como una transformación de las Fuerzas Armadas.Algunos de esos puntos han sido debatidos sin avances en los diálogos de paz con los distintos gobiernos, y aunque el ELN aboga por la protección de los ecosistemas, no reconoce en sus conversaciones el daño que causan al medioambiente sus atentados terroristas contra la infraestructura petrolera del país.Según la propuesta, un acuerdo como el que plantea "crearía una nueva manera de gobernar al país y estaría legitimado como un proceso constituyente popular".El Gobierno de Petro también quiere promover una Asamblea Nacional Constituyente para realizar los cambios que el Gobierno esperaba lograr a través de sus reformas sociales, algunas de las cuales no fueron aprobadas por el Congreso de la República.A finales de diciembre pasado el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, inscribió ante la autoridad electoral el comité promotor de la Asamblea Nacional Constituyente con el fin de comenzar a recoger los cerca de tres millones de firmas que se necesitan para presentar la iniciativa ante el Congreso.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, inició este lunes una visita de tres días a Estados Unidos para reforzar la cooperación en la lucha contra el narcotráfico, como preámbulo al encuentro que tendrán la primera semana de febrero los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump en la Casa Blanca.El viaje del jefe de la cartera de Defensa se produce pocos días después de que Petro y Trump sostuvieran una conversación telefónica que rebajó las tensiones diplomáticas entre ambos países, tras semanas de cruces verbales y desacuerdos por la política antidrogas y la situación en Venezuela.Según informó el Ministerio de Defensa, Sánchez sostendrá reuniones con funcionarios del Departamento de Defensa, representantes de la Casa Blanca y miembros del Congreso estadounidense vinculados a temas de seguridad, armas e inteligencia."Tenemos tres prioridades: adelantar una agenda de alto nivel en Estados Unidos, fortalecer aún más la cooperación internacional en inteligencia, drones y antidrones, y trazar una hoja de ruta para afectar de manera crítica al crimen organizado transnacional, que no reconoce fronteras", afirmó Sánchez Suárez en un comunicado.El Gobierno explicó que durante los encuentros se expondrán los avances y resultados del país en la lucha contra la producción de drogas y el combate a bandas criminales transnacionales, en un momento en el que Washington ha insistido en la necesidad de frenar el flujo de cocaína hacia Estados Unidos."Esta agenda en Estados Unidos busca que las autoridades de ese país entiendan claramente lo que estamos haciendo en Colombia en la lucha contra las drogas", agregó el ministro de Defensa.El pasado miércoles, los presidentes Petro y Trump mantuvieron una llamada telefónica que el mandatario estadounidense calificó como "realmente buena", tras la cual anunció que espera reunirse con su homólogo colombiano en la Casa Blanca durante la primera semana de febrero.