Los ajustes introducidos por la Ley 2445 de 2025 al régimen de insolvencia para personas naturales han generado un incremento en las solicitudes de este mecanismo en el país. Según cifras oficiales, mientras en 2024 se registraron 10.459 personas insolventes, en 2025 la cifra ascendió a 18.743. En lo que va de enero de 2026, se han presentado 1.550 solicitudes, lo que representa un aumento del 28 % en comparación con el mismo mes del año anterior. La nueva normativa incluye por primera vez a deudores de créditos de libranza y pequeños comerciantes.Suspensión de descuentos por libranza y embargosLa principal modificación de la ley permite que personas con créditos de libranza —incluidos pensionados, docentes y militares— soliciten la suspensión de los descuentos automáticos en sus nóminas, siempre que posean deudas adicionales. Esta medida es de cumplimiento obligatorio para empleadores y fondos de pensiones una vez el proceso de insolvencia es admitido.Vanessa Méndez Farfán, abogada de la firma Mendez y Mendez Abogados, señala que la admisión al proceso conlleva efectos legales inmediatos: "Desde ese momento se suspenden embargos de sueldos, honorarios y bienes, así como otras medidas como la congelación de cuentas bancarias". Respecto a las libranzas, la especialista aclara que "es el empleador o el fondo de pensiones quien está obligado a suspenderlos y, si no lo hacen, pueden verse obligados a devolver el dinero descontado".Requisitos y procedimiento para deudores y comerciantesEl trámite debe realizarse ante centros de conciliación autorizados en cámaras de comercio, consultorios jurídicos universitarios o notarías con conciliadores habilitados. Para iniciar la solicitud, el interesado debe presentar:Explicación de las causas del incumplimiento de pagos.Relación completa de acreedores y monto de las deudas.Informe de ingresos actuales (salario, honorarios o pensión).Relación de bienes a su nombre.Propuesta de pago ajustada a su capacidad económica.En el caso de los pequeños comerciantes, pueden acogerse a la ley si sus bienes no superan los 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes ($1.750 millones de pesos), sin incluir su vivienda ni vehículo de uso personal. La ley permite frenar procesos de cobro, suspender demandas y detener la inmovilización de vehículos si la captura no se ha hecho efectiva.Tiempos, costos y efectos en el historial crediticioLa revisión inicial de la solicitud por parte del conciliador tarda tres días hábiles. Una vez admitida, se abre un periodo de negociación con los acreedores que suele durar 60 días, con posibilidad de prórroga en casos complejos. Durante esta fase, las obligaciones se renegocian en términos de plazos y condiciones, pero no desaparecen.Sobre los costos, estos varían dependiendo del centro de conciliación o notaría donde se realice el trámite. En cuanto a la vida crediticia, el ingreso al régimen de insolvencia puede limitar el acceso a nuevos créditos de forma temporal. No obstante, el cumplimiento de los acuerdos logrados permite la reconstrucción posterior del historial financiero del deudor.
Las autoridades aeronáuticas de Colombia avanzan en la investigación del accidente de una aeronave de Satena ocurrido en la región del Catatumbo, una zona considerada de complejidad geográfica y operacional. Dentro de las hipótesis analizadas, la Aeronáutica Civil confirmó que no se descarta la posible interferencia en los sistemas de navegación, incluyendo fenómenos conocidos como jamming y spoofing, tecnologías que afectan la señal satelital utilizada por las aeronaves.Así lo explicó el coronel Álvaro Bello, director técnico de investigaciones de accidentes de la Aeronáutica Civil, quien señaló que estos escenarios hacen parte de las líneas modernas de análisis en accidentes aéreos, especialmente en regiones con condiciones particulares.¿Qué es el jamming y cómo afecta la navegación aérea?El jamming es una interferencia directa a los sistemas de navegación satelital que impide la recepción normal de la señal. En términos prácticos, esta situación provoca que la aeronave pierda comunicación o referencia precisa de su posición, lo que afecta la navegación y el seguimiento del vuelo.De acuerdo con el coronel Bello, este tipo de interferencia consiste en “cortar la señal y la comunicación”, lo que obliga a los investigadores a revisar si hubo pérdida total o parcial de datos durante el trayecto de la aeronave.¿Qué es el spoofing y por qué es más difícil de detectar?A diferencia del jamming, el spoofing no bloquea la señal, sino que altera la información que recibe la aeronave. Esto puede llevar a que los sistemas indiquen que el avión se encuentra en un punto distinto al real.“El spoofing te puede llevar a pensar que estás en un sitio cuando realmente estás en otro”, explicó el director técnico de investigaciones. Esta característica lo convierte en un fenómeno más complejo de identificar, ya que la aeronave continúa operando con datos aparentemente normales, pero incorrectos.¿Por qué estas hipótesis se analizan en el caso del Catatumbo?La Aeronáutica Civil indicó que el lugar donde ocurrió el accidente es un factor clave dentro de la investigación. La ubicación geográfica, sumada a las condiciones del entorno, obliga a considerar escenarios que incluyen interferencias externas.Según el coronel Bello, estas hipótesis no se descartan precisamente por el contexto del territorio y forman parte del análisis técnico que se debe realizar antes de llegar a conclusiones definitivas.¿Qué papel juegan las cajas negras en la investigación?Para determinar si existió jamming, spoofing u otro tipo de interferencia, los investigadores dependen del análisis de los registradores de vuelo.“El análisis de datos y la información contenida en las cajas va a ser fundamental para poder identificar eso”, señaló el funcionario, destacando que estos elementos permitirán reconstruir la trazabilidad del vuelo y la dinámica del impacto.¿Se investiga un posible atentado contra el avión de Satena?Ante las preguntas sobre un eventual atentado, la Aeronáutica Civil fue enfática en señalar que, hasta el momento, no se ha encontrado evidencia que indique una interferencia ilícita deliberada.El coronel Bello explicó que, tras revisar los restos de la aeronave, su disposición y la dinámica del impacto, el grupo investigador no ha identificado señales que confirmen un acto intencional contra el avión.La autoridad aeronáutica reiteró que la investigación continúa abierta y que todas las hipótesis técnicas siguen siendo evaluadas. Factores humanos, organizacionales y tecnológicos hacen parte del análisis integral del accidente.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
Con información aportada por exintegrantes de la fuerza pública, excombatientes de grupos armados ilegales que se vieron involucrados en hechos de desaparición forzada en el marco del conflicto armado, el equipo forense de la Regional Sur de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, durante el año 2025, recuperaron 123 cuerpos en cementerios de Huila, Caquetá y Putumayo.De acuerdo con el reporte, en la misma vigencia 2025 se recuperaron del cementerio central de Neiva, del antiguo cementerio de Pitalito y en campo abierto o fosas comunes 53 cuerpos y 22 fueron entregados a sus familiares, mientras que los demás restos se encentran en proceso de identificación.“En el Grupo Territorial Huila, a cierre de 2025 se registraron 598 solicitudes de búsqueda y se acompañó a 96 personas aportantes de información. El equipo gestionó dos accesos a lugares de interés forense, tomó 177 muestras biológicas, recuperó 53 cuerpos, principalmente en el Cementerio Central de Neiva, y acompañó 22 entregas dignas” dijo Andrea Jiménez Silva, coordinadora de la Unidad de Búsqueda Regional Sur.Jiménez Silva, agregó que, de acuerdo a la información recopilada como Unidad de Búsqueda, en estos tres departamentos del sur colombiano hay un registro de 10.500 personas que continúan desaparecidas como consecuencia del conflicto armado que generó dolor y sufrimiento a miles de familias en los años oscuros de la violencia. En el Huila, data un registro de 1.500 personas desaparecidas.La Unidad de Búsqueda espera en este año 2026 entregar más de 100 cuerpos exhumados a los familiares en Huila, Caquetá y Putumayo quienes llevan años buscando a sus seres queridos que desaparecieron como víctimas del conflicto armado.“La búsqueda no termina con la recuperación de los cuerpos. El reto es avanzar en la identificación para devolverles el nombre que les corresponde y permitir que puedan regresar al seno de su hogar. También es fundamental mantener y abrir nuevos corredores humanitarios que nos permitan llegar a los lugares donde el acceso sigue siendo difícil”, afirmó Andrea Jiménez.Balance de cuerpos recuperados en HuilaDesde el mes de noviembre del 2023 fecha en que se inició el proceso de intervención al Monumento 14 del cementerio central de Neiva, incluyendo las exhumaciones en el antiguo cementerio de Pitalito y en campo abierto, a la fecha en el Huila se han recuperado 137 cuerpos de personas que desaparecieron por cuenta de la violencia armada en el sur del país.En ese sentido en estos dos últimos años de intervención en cementerios de Neiva y Pitalito y exhumación de cuerpos por parte de la Unidad de Búsqueda, en el Huila se han entregado 28 restos identificados a sus respectivos familiares, quienes llevaban años buscando a sus seres queridos.
La Corte Constitucional deberá tomar decisiones sobre la reforma pensional, una de las iniciativas bandera del Gobierno Petro que fue demandada en agosto del 2024 y de la cual se espera el alto tribunal tome una decisión de fondo en las próximas semanas. Sin embargo, este debate podría alargarse porque se conoció que una persona radicó una recusación contra el magistrado Vladimir Fernández, lo que en la práctica significa una petición directa a la Corte para que el togado sea apartado de la discusión de la pensional.La solicitud se produce luego de que la Secretaría Jurídica de la Presidencia, presentara una recusación contra el presidente de la Corte Constitucional, magistrado Jorge Enrique Ibáñez, por presunto prejuzgamiento en declaraciones a medios de comunicación sobre la ley que está bajo la lupa de la alta corte.Para el recusante, la actuación del Gobierno al pedir que Ibáñez sea apartado de la discusión, demostraría un interés directo en la decisión de constitucionalidad de la reforma, lo que para juicio de la persona que recusó a Vladimir Fernández compromete su imparcialidad de quien fue secretario jurídico de la Presidencia.Incluso, el escrito es claro en señalar que Vladimir Fernández debió declararse impedido para conocer del asunto una vez se posesionó como magistrado de la Corte Constitucional.Ahora será la Sala Plena de la Corte Constitucional la que deberá decidir si el magistrado Vladimir Fernández debe separarse del estudio de la reforma pensional. Esto es importante porque las cargas en la Corte están definidas, Fernández junto al magistrado Héctor Carvajal fueron cercanos al presidente Gustavo Petro en roles distintos, y en decisiones proferidas desde el alto tribunal ambos han votado a favor del gobierno.
Shakira sigue haciendo historia. La artista colombiana se convirtió oficialmente en la cantante con la gira más taquillera de todos los tiempos en la música latina, gracias a Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, según confirmó Billboard.La gira ha recaudado 421,6 millones de dólares, superando el récord que hasta ahora ostentaba Luis Miguel con su tour 2023–2024, que alcanzó los 409,5 millones de dólares. Con este logro, Shakira no solo rompe marcas comerciales, sino que también entra al Récord Guinness como la artista hispana más exitosa en giras.Cifras históricas para ShakiraDe acuerdo con las cifras oficiales, Las Mujeres Ya No Lloran World Tour reunió a más de 3,3 millones de personas en 82 estadios completamente llenos, consolidándose como un fenómeno global sin precedentes para una artista latina.Uno de los hitos más importantes se registró en Ciudad de México, donde Shakira ofreció 12 conciertos consecutivos en el Estadio GNP Seguros, vendiendo 65.000 boletas por noche y alcanzando un total de 780.000 entradas vendidas. Debido a la alta demanda, se anunció una fecha adicional, que marcará el cierre definitivo de su paso por la capital mexicana.Tras conocerse la noticia, la barranquillera expresó su emoción por el logro alcanzado después de más de 30 años de trayectoria:“Romper este récord es un nuevo hito para mí. Solo puedo sentir gratitud por la lealtad y la pasión de mis fans, quienes le dan sentido a todo lo que hago”, afirmó Shakira.Shakira, un nuevo impulso globalEn los últimos meses, la cantante fue distinguida con el Global Touring Icon Award de Billboard, además de recibir nominaciones en importantes premios de la industria musical por el impacto de su gira.A este éxito se suma el lanzamiento de “Zoo”, canción principal de Zootopia 2, película que ya supera los 1.700 millones de dólares en taquilla mundial, convirtiéndose en la cinta animada más exitosa en la historia de Disney SHAKIRA HIGHEST TOUR.Con este récord, Shakira reafirma su posición como la artista latina femenina más influyente del mundo, la más escuchada en Spotify y una de las más vistas en YouTube a nivel global. Además, su álbum Las Mujeres Ya No Lloran fue galardonado con el Grammy a Mejor Álbum Latino y se convirtió en uno de los lanzamientos más exitosos de los últimos años.Todo indica que 2026 llegará con más música nueva y nuevos proyectos, mientras Shakira sigue ampliando una carrera que ya es leyenda.
Tras el llamado a indagatoria del exciclista Lucho Herrera, su abogado defensor, Hernando Benavides, aseguró que fue la propia defensa la que solicitó esa diligencia judicial, al considerarla una herramienta para ejercer plenamente el derecho a la defensa. En entrevista con Blu Radio, el jurista explicó que la decisión se tomó en medio de afirmaciones públicas y versiones que, según señaló, no corresponden con el estado real del proceso.“Debo advertir de primeras que fuimos nosotros, la defensa de Luis Herrera, quien solicitó la indagatoria. La razón por la cual se solicitó que se oyera, es porque la indagatoria es un mecanismo de defensa”, afirmó Benavides, al tiempo que recordó que la investigación se encuentra bajo reserva legal, lo que le impide revelar detalles del expediente.El abogado explicó que la sentencia anticipada a un exparamilitar, con la que se fundamenta la investigación contra el ciclista, se sustenta en declaraciones de personas que obtuvieron beneficios judiciales a cambio de confesiones. “Hay declaraciones de personas que obtuvieron rebajas de veinte años por hacer confesiones y que, de acuerdo con la versión que ellos mismos dieron ante el juzgado que ordenó compulsar las copias, ni siquiera estaban en Fusagasugá ”, sostuvo.Benavides aseguró que la postura de la Fiscalía no genera alarma en la defensa, al tratarse del inicio formal del proceso. “No nos alarma la postura de la Fiscalía, porque es un mecanismo, hasta ahora inicia el proceso contra el señor Lucho Herrera”, indicó, y cuestionó las versiones que, según él, anticipan escenarios judiciales sin que se haya surtido el debido proceso.En ese sentido, el defensor insistió en la presunción de inocencia de su cliente. “Hacen afirmaciones, que está a la puerta de la cárcel, sin tener en cuenta que él tiene derecho al debido proceso y a la presunción de inocencia”, señaló, al tiempo que reiteró que la defensa mantendrá la reserva del sumario y colaborará con las autoridades. Benavides afirmó que su defendido es “ajeno a los hechos que se le imputan” y que, por el contrario, “es víctima y no victimario del acontecer en el Sumapaz, y más concretamente en Fusagasugá”.Sobre la hipótesis que, según la defensa, explicaría por qué Lucho Herrera fue vinculado a la investigación, el abogado aseguró que el exciclista habría sido objeto de extorsiones previas. “Antes de que se hiciera la investigación, a él lo requirieron para extorsionarlo, exigiéndole sumas de dinero bajo amenazas contra su vida y sus bienes”. Agregó que, tras negarse a pagar, se habría advertido que sería involucrado en hechos criminales.El pronunciamiento de la defensa se conoce luego de que la Fiscalía llamara a indagatoria a Lucho Herrera y a su hermano Rafael Herrera por su presunta participación en la desaparición forzada de cuatro personas ocurrida el 23 de octubre de 2002, en zona rural de Fusagasugá, Cundinamarca. Según el ente acusador, los elementos materiales probatorios indicarían que habrían contactado a integrantes de las extintas Autodefensas Campesinas del Casanare para que se llevaran contra su voluntad a habitantes de predios vecinos.La vinculación, más de 20 años después de los hechos, tiene como antecedente una sentencia anticipada en la que exparamilitares señalaron que Herrera habría solicitado al entonces jefe paramilitar alias Martín Llanos la desaparición de las víctimas, a quienes habrían acusado de ser milicianos de las Farc. Las personas desaparecidas fueron identificadas como Gonzalo Guerrero, Víctor Rodríguez Martínez, José del Carmen Rodríguez Martínez y Diuviseldo Torres Vega.
Como consecuencia de las fuertes lluvias que se han registrado en el transcurso de la semana los organismos de socorro han atendido más de 60 emergencias en 17 municipios del Huila y siete se encuentran en alerta roja por deslizamientos de tierra en zonas urbanas y rurales.El jefe de la Oficina de Gestión de Riesgo del Departamento Jhon Jairo Yepes, confirmó que entre las emergencias se reportan 15 viviendas averiadas, 20 familias damnificadas, cultivos de café y plátano destruidos y dos instituciones educativas con afectaciones en sus infraestructuras.“Hemos tenido afectaciones en los municipios de Tarqui, Tello, El Pital, La Plata, Campoalegre, Neiva, Oporapa, Íquira, a la fecha tenemos derrumbes en 63 vías del Huila, vías secundarias y terciarias y familias damnificadas. En Tarqui tuvimos que evacuar a una familia por prevención, debido a inestabilidad del terreno donde se encuentra la vivienda” relató el funcionario.Balance general – Primera temporada de menos lluvias 2026● Total emergencias: 60● Municipios afectados: 17● Tipos de eventos:● Deslizamientos (36)● Crecientes súbitas (9)● Inundaciones (6)● Caída de árboles (5)● Hundimiento (1)Afectaciones:● 15 viviendas afectadas (10 urbanas y 5 rurales).● Infraestructura pública: afectación en instituciones educativas y vías.De acuerdo con el reporte oficial, los municipios de Íquira, Campoalegre, Neiva, Rivera, Timaná, Elías y La Plata, han sido lo más afectados por la temporada de lluvias en lo que va corrido del año 2026 y en alerta roja están: Elías, Neiva, Oporapa, Rivera, Saladoblanco, Yaguará y La Plata.Asimismo, Bomberos del municipio de Timaná, reportan cierre parcial en el sector de Pericongo por hundimiento de la calzada en la vía Pitalito – Garzón. También hay dificultades de movilidad en el sector de Patico en la vía que comunica al municipio de La Plata con Inzá en el Cauca.Por último, el jefe de la Oficina de Gestión de Riesgo del Huila Jhon Jairo Yepes, concluyó que el banco de maquinaria amarillas se encuentra atendiendo emergencias en vías rurales en los municipios de Tello, Baraya, Saladoblanco, Nátaga, Oporapa entre otros que presentan derrumbes.
Casi 24 horas después de las situaciones provocadas por las lluvias avanzan las labores de limpieza y remoción de material en el sector de El Poblado donde el desbordamiento de la quebrada La Presidenta y La Poblada generaron principalmente inundaciones en vía pública.Con palas, escobas y baldes desde muy temprano este jueves habitantes y comerciantes de la zona se sumaron a estas acciones recordando también los momentos de pánico que se vivieron la tarde anterior por los altos niveles del agua."Parecía un río, y estaba colapsada la ciudad. La gente no se metía, yo me metía. Esto es un carro eléctrico y dije que se iba a apagar, porque se sentían las rocas, se sentía como si el río estuviera aquí en la autopista", comentó uno de ellos.Una de las zonas con mayores afectaciones a la infraestructura fue la calle 11 en inmediaciones de la glorieta de Monterrey, donde el agua produjo daños parciales en la calzada y obligó a su cierre por precaución mientras avanzan las obras para su reparación.Pablo Ruiz, secretario de Movilidad, destacó que el despliegue de la dependencia para garantizar el tráfico fluido por esta zona del sur de la ciudad, principalmente en las horas pico."Tenemos 30 agentes dispuestos en los alrededores, en los cruces semafóricos. Primero, para no generar congestión vehicular y no cerrar vías innecesariamente. Solo las dos vías por socavamiento y por alta concentración de lodo. Lo demás es que fluya la movilidad", solicitó Ruiz.Por su parte, Jhon Jairo Cardona, administrador de zona de Empresas Varias, entregó un reporte sobre el avance en las tareas de remoción de lodo sobre todo en zonas aledañas al cauce de la quebrada La Presidenta."Hemos desplazado vehículos doble troque, volquetas, minicargadores. Hemos recuperado aquí, en la estación El Poblado y en la Transversal Superior, aproximadamente 28 metros cúbicos de lodo", puntualizó el funcionario.En otro frente de la emergencia, cuadrillas de EPM trabajan para normalizar el servicio de energía de 334 instalaciones ubicadas en el sector de la Cola del Zorro. Según la compañía, estos trabajos requieren una intervención de mayor magnitud, por lo que se espera que en el transcurso del día se logre la restitución total del servicio.
En las pasadas elecciones al Congreso de 2022, Colombia registró una cifra alarmante: más de 1.4 millones de votos anulados. Esta cantidad de sufragios inválidos equivale, aproximadamente, a la pérdida de 10 curules en el legislativo, una situación que surge principalmente porque los ciudadanos no saben cómo marcar el tarjetón o se enfrentan a bloqueos mentales en el cubículo.Ante este panorama, Juan Manuel Corredor, CEO de Wapidd y médico experto en neurociencias aplicadas, explicó en entrevista para Mañanas BLU 10:30 por qué el ejercicio del voto se ha convertido en un desafío cognitivo para los colombianos y brindó recomendaciones para evitar el "pánico electoral".¿Por qué el cerebro se bloquea frente al tarjetón?Según Corredor, ir a votar es "el acto más difícil que uno tiene a nivel de sociedad civil". El experto señala que los ciudadanos experimentan un fenómeno similar al de un estudiante frente a un examen académico: a pesar de conocer la respuesta de antemano, el estrés del momento genera un bloqueo cognitivo que impide recordar números o partidos.Varios factores contribuyen a este fenómeno:Ausencia de ayudas visuales: En muchos tarjetones no aparece el nombre ni la foto del candidato, solo un número y el logo del partido.Complejidad de las coaliciones: Los cambios constantes en las alianzas partidistas dificultan que el elector retenga a qué grupo pertenece su candidato.Diseño del tarjetón: El documento oficial es descrito como una "sábana larguísima" que puede tener hasta 26 páginas, con números tan pequeños que los votantes suelen salirse del recuadro, provocando la nulidad del voto.¿Cómo combatir el bloqueo en el tarjetón?Para combatir este bloqueo, Corredor propone la creación de una huella electoral en el cerebro mediante la práctica previa. Así como los estudiantes realizan simulacros para el examen del ICFES, el experto sugiere que los ciudadanos deben "ensayar" su voto para automatizar el proceso mental antes de llegar a las urnas.Para facilitar este ejercicio, se ha puesto a disposición la plataforma tutarjeton.com, una herramienta virtual que permite a los usuarios buscar a sus candidatos por nombre o partido y visualizar su ubicación exacta en el tarjetón. Esta práctica digital no solo ayuda a memorizar la posición de la X, sino que evita el gasto innecesario de papel y la contaminación que generan los tarjetones pedagógicos impresos.Un dato relevante compartido por el CEO de Wapidd es la influencia de la numeración en el éxito electoral. De acuerdo con su análisis, es poco común encontrar candidatos ganadores con números superiores al 20. "Los primeros 20 números son los que salen; el número 70, 80 u 88 nunca ves que salga elegido", afirmó Corredor, subrayando que la ubicación espacial en el tarjetón es determinante para el cerebro.Finalmente, en el marco del debate sobre las consultas interpartidistas, el equipo de Mañanas BLU recordó una norma fundamental para evitar la anulación: solo se puede marcar una opción por consulta.La conclusión para los electores es clara: para que su voz cuente, la preparación es indispensable. Como bien señala el adagio popular citado en la mesa de trabajo, "la práctica hace al maestro".Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
El coronel Álvaro Bello, director técnico de investigaciones de accidentes de la Aeronáutica Civil, confirmó en Mañanas Blu, con Néstor Morales, que la prioridad en este momento es la descarga y análisis de las cajas negras del avión de Satena HK‑4709, siniestrado en el Catatumbo con 15 personas a bordo. Asimismo, reveló que una interferencia es una de las hipótesis que maneja le entidad.“En este momento le puedo confirmar que estoy en el proceso de descarga de datos de la caja grabadora de datos de vuelo”, explicó, al detallar que se trata de dos dispositivos: uno de voces y sonidos de cabina y otro de datos de vuelo registrados segundo a segundo. Enfatizó que aún no puede entregar conclusiones sobre las causas del siniestro porque necesita tiempo para empezar a identificar y sustentar lo que ya se pudo se detectar o leer en el sitio.Según la Aerocivil, estos grabadores son fundamentales para reconstruir la trayectoria, las comunicaciones y los parámetros técnicos del vuelo que cubría la ruta Cúcuta–Ocaña, en una zona de compleja geografía y presencia de actores armados ilegales. La autoridad aeronáutica mantiene la custodia de los equipos y adelanta un proceso de recuperación de datos más complejo en el caso de la grabadora de voces, que sufrió golpes severos por la desaceleración del impacto.¿El avión de Satena se estrelló contra la montaña?Bello reveló que la inspección preliminar en terreno permitió establecer elementos clave sobre cómo impactó la aeronave contra la montaña en el Catatumbo. “La aeronave tiene un impacto que es ascendente, es decir, no es de frente, no hay una colisión frontal contra el terreno”, relató, lo que da, según explicó, “un indicio que podría haber un intento de alguna maniobra final antes de la colisión como tal”. La huella del impacto se extiende unos 150 metros desde la parte alta de la ladera hacia abajo, en el punto más elevado donde quedaron los restos.Aunque los indicios sugieren un desplazamiento a lo largo de la ladera y no un choque frontal, el director de investigaciones se abstuvo de confirmar si el piloto realizó una maniobra in extremis para tratar de evitar la colisión. “Necesito descargar los datos y empezar a analizarlos para poder confirmar si efectivamente hubo una maniobra final”, subrayó el coronel tras insistir en que cualquier interpretación sobre la reacción de la tripulación debe estar soportada en la telemetría registrada por los sistemas de a bordo. Las condiciones meteorológicas exactas en el momento del siniestro también serán contrastadas con la información técnica de la aeronave.Conversaciones en cabina y control: prudencia frente a filtracionesEn medio de versiones y audios que han circulado en redes sobre la supuesta última conversación entre la tripulación y los servicios de control aéreo, Bello pidió cautela y rigor informativo. “En medios salen muchísimas versiones que no son confirmadas en redes”, advirtió. Asimismo, señaló que la única forma de validar esos audios será cuando se logre extraer y cotejar el contenido de la caja grabadora de voces que ya está en poder de la autoridad investigadora. Sobre esa caja, precisó: “Estamos en condiciones en este momento de poder hacer un proceso que va a llevar más tiempo, pero es la recuperación de los datos”.El oficial recordó que las comunicaciones entre pilotos y control se basan en una fraseología técnica estandarizada, en la que reportar “aproximación” implica que la aeronave ya está en fase de descenso hacia la pista de destino. Cualquier indicio de declaración de emergencia o mensajes atípicos deberá establecerse únicamente a partir de la grabación de cabina y de los registros del centro de control de tráfico aéreo.Estado del avión y rol de la empresa operadoraFrente a las condiciones técnicas del Beechcraft 1900D operado para Satena, Bello señaló que, desde el punto de vista regulatorio, la aeronave estaba habilitada para volar. “Esta aeronave como tal contaba con esos registros de aeronavegabilidad o de aprobación de operación por parte de la autoridad aeronáutica”, afirmó. Agregó que las inspecciones realizadas por los inspectores de aeronavegabilidad y de operaciones aéreas estaban vigentes y en regla al momento del accidente. “Si esa aeronave estaba haciendo ese vuelo, es porque esa aeronave está autorizada y legal en sus términos de aeronavegabilidad para cumplir con ese vuelo”, recalcó.El investigador subrayó, no obstante, que la Aerocivil también indaga el factor organizacional dentro de la empresa encargada del vuelo. Esto incluye revisar su sistema de gestión de riesgos, los procedimientos de identificación de peligros, la administración de tripulaciones y la forma en que se garantiza la disponibilidad técnica de la flota. Se trata de un enfoque integral que no se limita al desempeño de la tripulación, sino que incorpora la cultura de seguridad operacional de la organización.Interferencia, jamming y spoofing: una hipótesis de la era digitalAl ser consultado sobre si la causa más probable es el clima o el error humano, el coronel Bello insistió en que la investigación se mueve en varias líneas simultáneas. “Hay factor humano involucrado, hay un factor organizacional y hay un factor que no podemos descartar, que es algo que es moderno, es de la actualidad”, dijo, al introducir el componente de interferencia en la navegación satelital. Allí mencionó explícitamente dos conceptos: jamming y spoofing.Bello enfatizó que la ubicación del escenario —en el Catatumbo, zona fronteriza, de difícil geografía y alta conflictividad— obliga a considerar la posibilidad de interferencia cibernética como una hipótesis de trabajo. “Tenemos que tener en cuenta dentro de una hipótesis de investigación el sitio donde está ubicado el accidente y no podemos descartar que efectivamente pueda haber una situación de esta condición”, sostuvo. Ante la pregunta de si dicha interferencia podría ser eventualmente provocada por alguien, respondió con cautela: “Eso está dentro de una línea de investigación”.La hipótesis de atentado y lo que se ha descartadoSobre la hipótesis de un atentado, Bello fue categórico al señalar que, con la evidencia recogida en el lugar del siniestro, no es posible sostener esa tesis. “Dentro de lo que se identificó en los restos, en la disposición de los restos, en la trazabilidad o la dinámica de impacto, no puedo confirmar eso porque no veo o no identificamos con el grupo una evidencia que haya habido algún tipo de interferencia ilícita”, indicó. De esta forma, la Aerocivil descarta por ahora indicios de explosiones o acciones violentas previas al impacto.El investigador recordó que cualquier conexión con un posible acto terrorista deberá estar plenamente sustentada en pruebas físicas, análisis forenses y datos de las cajas negras, y no en especulaciones. Por ahora, la entidad trabaja bajo el principio de no descartar hipótesis, pero sí de ajustar o derribar líneas de investigación a medida que avanza la recolección y contrastación de información técnica. El objetivo, insistió, es establecer causas probables que deriven en recomendaciones de seguridad para evitar nuevos accidentes.
Tras el trágico accidente de una aeronave de la empresa Satena en la región del Catatumbo, Norte de Santander, la Aeronáutica Civil ha proporcionado los primeros avances de la investigación técnica en curso.En diálogo con Mañanas Blu, el coronel Álvaro Bello, director de investigaciones de la entidad, explicó que las evidencias iniciales recolectadas en el terreno sugieren que el impacto no ocurrió de manera frontal, lo que abre paso a nuevas hipótesis sobre los últimos segundos del vuelo.Hallazgos en el lugar del siniestroDe acuerdo con el coronel Bello, la inspección preliminar en la montaña donde se accidentó el avión indica que la aeronave tuvo un impacto ascendente. "No hay una colisión frontal contra el terreno, sino que efectivamente nos da un indicio de que podría haber un intento de alguna maniobra final antes de la colisión como tal", señaló el funcionario.La huella de impacto se localizó aproximadamente a 150 metros debajo de la punta de la montaña, desplazándose a lo largo de la ladera, lo que sugiere que la tripulación pudo haber intentado elevar la nariz del avión en un esfuerzo por evitar el choque. No obstante, Bello fue enfático en que estas observaciones deben ser confirmadas mediante el análisis riguroso de los datos técnicos.El desafío de las cajas negrasLa investigación se centra actualmente en la descarga y análisis de las dos cajas de grabación de la aeronave: una que registra las voces y sonidos en la cabina (CVR) y otra que recopila los datos de vuelo o telemetría (FDR). El proceso presenta retos significativos, ya que la caja de voces sufrió daños debido a la severa desaceleración del impacto, lo que requerirá un proceso de recuperación más prolongado para obtener la información.Estos dispositivos permitirán determinar con precisión si existió una declaración de emergencia final o si hubo factores atípicos en la comunicación entre la tripulación y los centros de control de tráfico aéreo.Hipótesis y líneas de investigación: ¿Interferencia técnica?Además de los factores tradicionales como el clima, el factor humano y el factor organizacional, la Aerocivil está explorando hipótesis modernas relacionadas con la navegación satelital. El Coronel Bello mencionó la posibilidad de investigar fenómenos como el jamming (corte de señal) o el spoofing, este último referido a una interferencia cibernética que podría hacer pensar a los pilotos que están en una ubicación diferente a la real.A pesar de estas líneas de estudio, la autoridad aeronáutica aclaró que, hasta el momento, no se ha identificado evidencia de interferencia ilícita o atentados contra la aeronave. Finalmente, se confirmó que el avión de Satena contaba con todos sus registros de aeronavegabilidad y aprobaciones de operación al día, cumpliendo con los marcos legales para realizar dicho vuelo.El accidenteLa aeronave, un bimotor Beechcraft 1900 con 32.000 horas de vuelo, cubría el miércoles la ruta entre Cúcuta y Ocaña, en el departamento de Norte de Santander, que se hace en 25 minutos, pero su último contacto fue cuando llevaba 12 minutos en el aire.Horas después, campesinos de la zona de Curacica, que hace parte de La Playa, informaron del hallazgo del aparato estrellado en la cima de una colina.El avión destruidoEste jueves, desde temprano, funcionarios de emergencia y rescatistas del Grupo de Búsqueda y Rescate Aeronáutico de Colombia (BRAC) seguían en el lugar del accidente, recuperando piezas del avión, que se partió en mil pedazos que quedaron esparcidos entre unos arbustos, y objetos personales de los pasajeros.Escuche aquí la entrevista:
El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Justicia y del Derecho, expidió el Decreto 063 del 26 de enero de 2026, con el cual se reglamenta la ley de mujeres buscadoras (Ley 2364 de 2024) y se establecen las condiciones para que estas mujeres y sus familias accedan a medidas integrales de protección, reparación y reconocimiento por parte del Estado.De acuerdo con el decreto oficial, la reglamentación tiene como propósito “reconocer a las mujeres buscadoras como constructoras y sujetos de especial protección constitucional y adoptar medidas para el acceso a sus derechos, la prevención de violencias, la sensibilización, la atención y la protección integral”.El decreto fija principios obligatorios para todas las entidades competentes del Estado. Entre ellos, el estándar de debida diligencia, que impone la obligación de promover los derechos de las mujeres buscadoras a una vida libre de violencias, “evitando revictimizaciones a partir de una acción diligente, proactiva, oportuna, ética y que permita la materialización efectiva del derecho a la búsqueda de las personas desaparecidas”.Asimismo, establece la atención diferenciada, señalando que el Estado deberá aplicar enfoques diferenciales y una perspectiva interseccional, teniendo en cuenta “las circunstancias específicas de las mujeres buscadoras, conforme a sus necesidades particulares y condiciones de vulnerabilidad”. A esto se suma el principio de participación, que obliga a las entidades a garantizar que las mujeres buscadoras intervengan en las decisiones que las afecten y tengan participación efectiva en los espacios donde se definan planes, programas y proyectos relacionados con su atención integral.Tras la expedición del decreto, el ministro de Justicia destacó el alcance de la medida. En su cuenta de X afirmó que se trata de “un instrumento que las mujeres buscadoras han promovido por mucho tiempo para que se les reconozca el trabajo y la dedicación de décadas en las que no solo han buscado por todos los medios a sus seres queridos”. Agregó que estas mujeres “también han buscado verdad y justicia, en medio de una guerra que ha dejado más de 160 mil personas dadas por desaparecidas”.Según el ministro, la reglamentación permitirá que más de 300 mil mujeres buscadoras de víctimas de desaparición forzada cuenten con una herramienta concreta para acceder a derechos fundamentales. “Hoy, más de 300.000 mujeres buscadoras cuentan con esta herramienta que será la puerta de entrada para que ellas y sus familias puedan acceder a servicios de salud integral, seguridad social, vivienda, educación, trabajo y autonomía económica”, señaló.Ana Angulo, madre buscadora de personas desaparecidas, aseguró que esta reglamentación tiene un valor profundo para quienes han sostenido la búsqueda en medio del miedo y la incertidumbre. “Una de las importancias es que nosotras como Madres Buscadoras hemos venido arduamente en este ejercicio con temor, con miedo, con zozobra, haciéndonos abrir espacio para que reconozcan que sí hay personas desaparecidas y que detrás de ellas hay familias, madres e hijos con dolor, con esperanza”, expresó.Angulo añadió que el respaldo institucional fortalece su labor colectiva: “Saber que nos apoyan en la incidencia política y en la política pública hacia esa ley es importante y reconfortante. Seguimos en la lucha y en la pelea”.
Según un informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), los grupos armados ilegales alcanzaron 27.121 integrantes, tras incorporar más de 5.000 nuevos miembros solo en 2025, mientras las disputas armadas llegaron a niveles récord y el Estado sigue sin recuperar el control territorial.“Colombia deja atrás un año que cerró en rojo en varios de los indicadores de seguridad e impacto humanitario, y se enfrenta a un 2026 que comienza con señales claras de deterioro en estos frentes y con los grupos armados marcando el pulso en amplias zonas del país”, advierte la FIP.El documento señala que estas estructuras crecieron 23,5 % frente a 2024, una tendencia sostenida desde 2018 que, de no revertirse, podría llevarlas a cerca de 30.000 integrantes en el corto plazo. Del total de combatientes, 13.794 corresponden a hombres en armas y 13.327 a redes de apoyo.“Estos dos tipos de integrantes cumplen funciones diferentes, pero en ambos casos sus acciones generan impactos sobre la seguridad. Por ejemplo, aunque los hombres armados participan directamente en las actividades militares, las redes de apoyo son el pilar fundamental de la vigilancia y garantizan el cumplimiento de las normas del actor armado sobre el territorio”.El crecimiento más acelerado lo registra el Clan del Golfo, con un aumento del 30 %, lo que equivale a casi 2.300 personas más en sus filas.Más guerra y más territorios en disputaLa FIP alerta que en 2025 las confrontaciones entre grupos armados aumentaron 34 %, alcanzando el nivel más alto de la última década. Actualmente, 13 zonas del país están en disputa armada, casi el doble de las que existían al inicio del gobierno del presidente Gustavo Petro en 2022.Regiones como Catatumbo, Cauca, Guaviare y Caquetá concentran las mayores afectaciones humanitarias, con comunidades atrapadas entre enfrentamientos, desplazamientos forzados y confinamientos masivos. Solo en 2025, más de un millón de personas resultaron afectadas por restricciones a la movilidad, una cifra que triplica la registrada el año anterior.Drones, control social y expansión criminalEl informe advierte, además, que en 2025 se registraron 277 ataques con drones cargados de explosivos, más del doble que en 2024, la mayoría atribuidos a disidencias de las FARC. A esto se suma el uso de cámaras ocultas y nuevas tecnologías de vigilancia para seguir los movimientos de la Fuerza Pública.La FIP advierte un control cada vez más fuerte sobre la vida cotidiana de las comunidades, con restricciones a la movilidad, carnetización, presión sobre líderes sociales e intentos de incidir en el poder local y la organización comunitaria.“Este avance territorial no solo implica más presencia armada, sino un control cada vez más fuerte sobre las comunidades. Los grupos buscan incidir en el poder local y en los procesos organizativos de la sociedad civil, ampliando su influencia sobre la vida cotidiana en las zonas donde operan”, señala el informe.Estado reactivo y Paz Total en crisisAunque en 2025 las acciones de la Fuerza Pública aumentaron 34 %, la FIP concluye que la respuesta del Estado sigue siendo reactiva.“Mientras los grupos armados se adaptan con rapidez a las nuevas estrategias oficiales, la Fuerza Pública muestra pocas capacidades para ajustarse a los cambios en las dinámicas del conflicto”, advierte la Fundación.En paralelo, el documento señala que 2026 inicia con la política de Paz Total golpeada por escándalos y con un reconocimiento cada vez más extendido sobre sus límites y fracasos, “incluso por parte del propio presidente”.“En ese contexto, la creación de Zonas de Ubica-ción Temporal (ZUT) con cuatro grupos distintos se perfila como uno de los mayores retos del tramo final de esta administración, tanto en términos de seguridad física como de las garantías jurídicas que implican.La FIP ha advertido que la Paz Total cada vez más se asemeja a una ‘paz electorera’, entendida como un medio para cumplir otros fines distintos a los de llevar alivios humanitarios a los territorios más afectados por el conflicto”, advierte la FIP.
En medio del dolor que deja el trágico accidente aéreo ocurrido en la ruta Cúcuta–Ocaña, en las últimas horas comenzó a circular en redes sociales una imagen que ha conmovido profundamente a los colombianos.Se trata de la última foto tomada por una de las pasajeras al interior del avión de Satena que se precipitó en zona rural de Norte de Santander, dejando como saldo la muerte de sus 15 ocupantes.La joven fue identificada como Gineth Tatiana Rincón Sanjuán, una estilista oriunda de Ocaña que por motivos laborales residía en Cúcuta. De acuerdo con versiones cercanas a su familia, Gineth regresaba a su tierra natal cuando abordó la aeronave en el aeropuerto Camilo Daza, sin imaginar que ese vuelo sería el último de su vida.La imagen, captada minutos antes del despegue, muestra a la joven sentada en uno de los asientos del avión, sonriente y tranquila, mientras otros pasajeros se acomodaban para iniciar el trayecto. Según las autoridades, la aeronave de Satena se accidentó aproximadamente 20 minutos después de despegar de Cúcuta con destino a Ocaña. En el siniestro fallecieron los 13 pasajeros y los dos tripulantes, hecho que conmocionó a Norte de Santander y encendió las alertas de los organismos de emergencia y de investigación aérea.Mientras avanzan las labores técnicas, el Gobierno nacional confirmó recientemente el hallazgo de las cajas negras —los grabadores de datos de vuelo y de voz de cabina—, lo que permitirá esclarecer las causas del accidente. Último audio del avión de Satena accidentadoDe acuerdo con la transcripción conocida, la última comunicación se dio cuando los tripulantes informaron a la torre de control de Cúcuta que estaban listos para iniciar el descenso.“Cúcuta, aproximaciones Satena 8849 estaría listo descenso”, se escucha en el audio, a lo que la torre respondió autorizando la maniobra y entregando instrucciones de procedimiento, al no reportarse tránsito en la zona.Este es el audioPiloto: Cúcuta, aproximación, Satena 8849, estaría listo descensoTorre de control: Satena 8849, descenso a discreción, sin tránsito reportado. Notifique 10 millas antes de Ocaña.Piloto: Llamará 10 millas fuera y descenso a discreción.Torre de control: Satena 8849, comunique autoanuncios en Ocaña.Minutos después de esa comunicación, el avión se perdió de los radares y se activaron los protocolos de búsqueda, que culminaron horas más tarde con la confirmación del accidente.
En el resguardo indígena de Inda Zabaleta, Nariño, se adelantó una nueva jornada de destrucción de material de guerra entregado por la disidencia Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB). En esta segunda fase fueron eliminadas 6,5 toneladas de artefactos explosivos, que se suman a las 3,8 toneladas destruidas previamente en Putumayo, para un total de 10,5 toneladas neutralizadas.El material incluía 823 minas antipersonal, 500 cápsulas de activación, granadas, cilindros, morteros y otros explosivos de fabricación industrial e improvisada. Las labores fueron realizadas por el grupo de manejo de artefactos explosivos del Ejército Nacional, bajo supervisión de la mesa de diálogos y con acompañamiento de las comunidades locales.De acuerdo con Armando Novoa, jefe de la delegación del Gobierno en este proceso, la destrucción de este material “representa hechos concretos que salvan vidas y transforman territorios históricamente golpeados por la guerra”. Añadió que, pese a las críticas a la Paz Total, estas acciones “protegen a las comunidades y fortalecen el derecho del país a superar la violencia por la vía del diálogo”.El Ejército Nacional destacó el impacto de la operación: con la cantidad de material destruido “se habrían podido fabricar más de 30.000 artefactos explosivos”, lo que refleja el nivel de amenaza que enfrentaban las poblaciones rurales de Nariño y Putumayo.Desde las comunidades, la percepción es similar. Jerson David Villada, representante del movimiento campesino y multiétnico Asomocampaz, aseguró que la reducción del riesgo de explosivos ha permitido “volver a transitar sin miedo, acabar con las escenas de guerra y reactivar la vida comunitaria”.La última fase de destrucción está prevista para los próximos días, también en Nariño. Con ella se completará la entrega total del arsenal de la disidencia, en lo que el Gobierno considera un avance clave para generar confianza en los diálogos y demostrar que la Paz Total puede avanzar con hechos verificables, no solo con discursos.
La Fiscalía General de la Nación ratificó a la fiscal Lucy Laborde en la investigación que se adelanta contra Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, por los presuntos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. La decisión fue adoptada tras declararse infundada la recusación presentada por el abogado defensor, Alejandro Carranza, quien solicitaba apartarla del caso.Frente a las versiones que daban cuenta de tensiones internas, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, negó que exista un conflicto entre la funcionaria que adelanta el caso, la Dirección de Lavado de Activos y su propio despacho. “No existe una polémica entre la fiscal que adelanta el caso y la dirección de lavado de activos o mi despacho como tal. Y lo que ha trascendido a los medios de comunicación, a mi modo de ver, son preocupaciones probablemente a mi juicio menores de la fiscal, quien ha asumido que algunas actuaciones que son normales en el rol y en el direccionamiento estratégico que adelantamos bajo la dirección mía”, consideró la fscal en una reciente atención a medios.La funcionaria explicó que, bajo su dirección, la entidad promueve la asociación de casos con el propósito de articular los procesos. "No queremos tener dos y tres noticias por los mismos hechos. Por eso se convoca una mesa de trabajo, para que haya un trabajo de articulación y no estemos como haciendo una cosa aquí y allá”, explicó tras la inconformidad expresada por la fiscal Laborde, quien denunció su inconformidad con una reunión de la Fiscalía en la que, afirma, se discutieron detalles de la imputación y la medida de aseguramiento contra Nicolás Petro, sin su conocimiento previo y violando el principio de reserva procesal.Camargo reconoció que las inquietudes expresadas por Laborde podrían corresponder a “preocupaciones menores”, pero insistió en que la Fiscalía respalda plenamente su gestión.La fiscal general reiteró que las decisiones sobre la asignación de casos obedecen a reglas internas para evitar duplicidad de actuaciones. “En lo que tiene que ver con aquellos casos donde hay procesos que se adelantan en varias fiscalías, hay unas reglas que se han establecido para saber quién los asume para no duplicar y triplicar después”.La decisión se da en medio de una reciente controversia entre la fiscal Laborde y la Fiscalía General, debido a que el pasado 22 de septiembre, Laborde, por medio de una carta, denunció presiones indebidas en el caso y advirtió que ella no había solicitado una fiscal de apoyo, la cual fue designada, sin la presunta consulta o petición previa de la funcionaria.
La superintendente de Industria y Comercio (SIC), Cielo Rusinque, explicó en entrevista con Blu Radio los alcances de la sanción impuesta a Movistar por contactar usuarios sin su consentimiento, e indicó que otras empresas podrían enfrentar medidas similares si persisten en esta práctica.Rusinque detalló que la entidad confirmó una multa de 170 millones de pesos contra la compañía, tras comprobar que realizó llamadas reiteradas a usuarios de otros operadores con fines comerciales sin contar con autorización expresa. “Esto constituye una violación al derecho fundamental de habeas data”, señaló.La funcionaria subrayó que los ciudadanos deben tener control sobre el uso de sus datos personales y recordó que no es normal que se utilicen números telefónicos o correos electrónicos sin consentimiento. Además, invitó a quienes se sientan afectados a inscribirse en el Registro Nacional de Números Excluidos, un mecanismo que permite solicitar la exclusión de bases de datos comerciales.No obstante, algunos usuarios han reportado dificultades con este registro, pues aseguran que al inscribirse dejan de recibir mensajes importantes, como alertas bancarias o códigos de seguridad. Rusinque aseguró que tomará nota de esta situación y revisará el tema con la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) para evitar perjuicios a los usuarios.La superintendente también recordó la importancia de leer cuidadosamente los contratos antes de aceptar el uso de datos con fines publicitarios, ya que muchas veces la autorización se otorga sin revisar las condiciones. En caso de arrepentimiento, los usuarios pueden revocar ese permiso y exigir que se suspendan los contactos.Finalmente, Rusinque confirmó que la SIC adelanta otras investigaciones relacionadas con llamadas no autorizadas por parte de diferentes operadores y empresas. “Nuestro propósito es enviar un mensaje claro al mercado: no vamos a permitir que se normalicen prácticas que vulneran la protección de datos personales”, afirmó.Durante la entrevista, la funcionaria también se refirió brevemente al proceso de integración entre Movistar y Tigo, una operación que la SIC evalúa actualmente por su posible impacto en la competencia del sector. Rusinque indicó que el análisis continúa y que la decisión final se conocerá antes de que finalice el próximo mes.
El Ministerio de Trabajo prepara una resolución que pretende “garantizar los derechos fundamentales de quienes ejercen el trabajo sexual”, en cumplimiento —según la entidad— de las sentencias T-629 de 2010, T-594 de 2016, T-073 de 2017 y T-109 de 2021 de la Corte Constitucional.El borrador establece que la norma aplicaría a una amplia gama de establecimientos: clubes, centros de entretenimiento, burdeles, casas de lenocinio y citas, whiskerías, discotecas, agencias y empresas dedicadas a la pornografía y creación de contenido, estudios webcam, plataformas de transmisión en vivo y otras tecnologías emergentes que incluyan oferta de servicios sexuales.Sin embargo, el documento fue cuestionado por Mauricio Rubiano, vocero de la Federación Nacional de Estudios de Creación de Contenido para Adultos (Fenalweb), quien aseguró que la iniciativa contiene errores jurídicos de fondo que podrían contradecir la Constitución, el Código Penal y convenios internacionales sobre derechos de las mujeres.Rubiano señaló que el primer error del Ministerio es pretender extender los efectos de sentencias judiciales que solo aplican entre las partes involucradas (interpartes) a toda la población, “bajo una interpretación equivocada de generalidad”.El segundo error —dijo— es intentar regular por resolución un derecho constitucional como el trabajo, una función que solo puede ejercer el Congreso de la República. Y el tercero, asignar a los inspectores de trabajo responsabilidades que no están previstas en el Convenio 81 de la OIT, lo que podría inducirlos al error y poner al país en contradicción con tratados internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención de Belém do Pará.Además, el representante de Fenalweb insistió en que el borrador confunde dos realidades distintas: el trabajo sexual presencial —que la Corte Constitucional reconoce como una actividad que requiere protección y prevención por la vulnerabilidad de quienes la ejercen— y el trabajo sexual en virtualidad, propio de los creadores de contenido para adultos en plataformas digitales.De las cuatro sentencias citadas por el Ministerio, solo una se refiere al ámbito virtual y no tiene aplicación general, sino orientaciones específicas para el Congreso y el Ministerio de Trabajo. “Imponer un contrato laboral a una trabajadora sexual de calle sería, en la práctica, legalizar el proxenetismo; y exigirlo a las creadoras de contenido vulneraría la libertad de empresa y la autonomía económica”, advirtió Rubiano.Consultado por Blu Radio, el Ministerio de Trabajo confirmó que no existe aún una resolución aprobada ni un borrador definitivo. Aclaró que desde 2024 funciona una mesa nacional interinstitucional con más de 20 entidades públicas, que trabaja en el diseño de instrumentos normativos para cumplir las órdenes de la Corte Constitucional. “El proceso sigue en etapa de construcción y discusión, sin ninguna propuesta final ni adoptada”, señaló la entidad.El debate deja abiertas varias preguntas sobre el alcance de la política laboral y los límites del Ejecutivo: ¿cómo garantizar derechos sin invadir competencias legislativas ni legalizar indirectamente actividades penales? Mientras tanto, gremios como Fenalweb piden que cualquier regulación distinga claramente entre el trabajo sexual presencial y el virtual, y que las decisiones se adopten con base en evidencia y concertación real con los sectores involucrados.
Un nuevo hecho de violencia se registró en el departamento de Caquetá. El primer hecho sucedió en el corregimiento de Río Negro, jurisdicción del municipio de Puerto Rico. Allí, la estación de Policía fue blanco de un ataque perpetrado por hombres armados que, según las primeras hipótesis de inteligencia, pertenecerían a las disidencias de las Farc que delinquen en la zona.En medio del intercambio de disparos, dos uniformados resultaron heridos. Uno de los agentes recibió un impacto en el hombro, mientras que su compañero fue alcanzado en el tórax. El reporte médico, para fortuna de sus familias y de la institución, indica que ambos se encuentran estables y fuera de peligro.Ante la gravedad de los hechos, la Gobernación del Caquetá se pronunció a través de sus canales oficiales expresando su solidaridad: "Lamentamos profundamente lo sucedido en Río Negro. Todo nuestro respaldo y apoyo a nuestra Policía Nacional en estos momentos de asedio", señalaron desde la administración departamental.Mientras en el norte del departamento se escuchaban los fusiles, en la capital, Florencia, el pánico se apoderaba de los habitantes del barrio Cunduy. Cerca de las 11:00 de la noche, la detonación de un artefacto explosivo de bajo poder sacudió las ventanas de las viviendas y despertó a toda la comunidad.Aunque el reporte oficial confirma que no hubo personas lesionadas, lo sucedido generó temor y zozobra en la comunidad de este barrio. Las autoridades investigan si este acto está vinculado a las crecientes denuncias por extorsión que vienen asfixiando al comercio y a los ciudadanos en Florencia.
En diálogo con Mañanas Blu, Humberto Sierra Porto, quien fue presidente de la Corte Constitucional y juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, analizó el impacto histórico y político de la reciente decisión de suspender provisionalmente los efectos de la emergencia económica en Colombia. Según el exmagistrado, esta medida representa un hito sin precedentes en la lógica jurisprudencial del país, otorgando a la Corte un papel mucho más protagónico en la gobernanza nacional.Una facultad novedosa y el "derecho de veto"Sierra Porto calificó la decisión como “absolutamente novedosa”, comparándola con la creación de la doctrina de sustitución de la Constitución en su época. Explicó que la implementación de la suspensión cautelar cambia la aproximación de la Corte al análisis de las normas, transformándola de ser la última etapa del procedimiento legislativo a poseer, prácticamente, un derecho de veto sobre las decisiones del Congreso y del Ejecutivo.“La justicia en tiempo real, de manera concomitante con las decisiones, hace que la manera en que se trabaja judicialmente sea totalmente diferente”, señaló Sierra Porto, subrayando que ahora la Corte interviene directamente en la actualidad política y no solo sobre los derechos en abstracto.Polarización y el peligro del relato del "bloqueo institucional"Ante las acusaciones del presidente Gustavo Petro, quien afirmó que la Corte rompió el orden constitucional para defender intereses económicos, Sierra advirtió sobre los riesgos de tomar estas decisiones en sociedades polarizadas. El exmagistrado enfatizó que existe un peligro real de que las sentencias judiciales sean utilizadas como herramientas electorales.“El gobierno ha tenido un relato de bloqueo institucional que impide que ellos puedan gobernar... y las decisiones sobre temas tan relevantes en momentos electorales son utilizados políticamente a favor o en contra”, afirmó. En este sentido, hizo un llamado a la prudencia para evitar que la Corte sea arrastrada al espectro político de la oposición o del gobierno, protegiendo así la institucionalidad,.Impacto en los impuestos y la "ultraactividad"Uno de los puntos críticos de la entrevista fue el efecto de la suspensión sobre los decretos tributarios, como el 1474, que establecía impuestos al patrimonio y al consumo de licores y juegos por internet,. Sierra Porto explicó que esta medida busca frenar una práctica común de los gobiernos: dictar leyes presumiblemente inconstitucionales para recaudar fondos mientras la Corte decide de fondo, aprovechando la ultraactividad de las normas.Aunque el dinero ya recaudado (cercano a un billón de pesos) no se devolvería inicialmente por respeto a la vigencia previa de la norma, la suspensión detiene el recaudo hacia el futuro,. El exmagistrado advirtió: “Hay que tener mucho cuidado de la justicia en tiempo real porque en tiempos electorales puede terminar perturbando el equilibrio y la información y las decisiones de los ciudadanos”.Escuche aquí la entrevista:
Más de 300 soldados de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 4 del Ejército fueron insertados vía aérea en zonas rurales de Huisitó, Honduras y Nayita, en jurisdicción del municipio de El Tambo, Cauca, como parte de una operación militar focalizada para recuperar control en corredores estratégicos de movilidad de grupos armados ilegales.El despliegue busca bloquear rutas utilizadas por la estructura ‘Carlos Patiño’ de las disidencias de las Farc, señalada de delinquir en el área del Cañón del Micay y de estar al servicio de alias ‘Zamora’, integrante del Bloque Occidental Jacobo Arenas. Según la información oficial, la intervención apunta a limitar los movimientos del grupo, afectar su capacidad de maniobra y reducir su presencia en sectores rurales donde mantiene influencia.Las maniobras incluyen posicionamiento estratégico de tropas y control de puntos clave de tránsito, dentro de una ofensiva sostenida orientada a debilitar redes logísticas y operativas de esta estructura. El objetivo, de acuerdo con el reporte, es impactar sus capacidades y disminuir riesgos para las comunidades de la zona.Las acciones se desarrollan bajo protocolos de operación militar con enfoque de protección a la población civil y cumplimiento de las normas de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, mientras continúan los movimientos de inserción y aseguramiento de área en terreno.
Durante los primeros 30 días del año, las operaciones militares desplegadas en varias zonas críticas del país dejaron un balance de alto impacto contra grupos armados organizados y redes de economías ilícitas. Las acciones, concentradas principalmente en Catatumbo, Cauca, Arauca, Nariño y el sur de Bolívar, según las Fuerzas Militares, se enfocaron en golpear estructuras de mando, frenar rentas criminales y recuperar control territorial en corredores estratégicos.De acuerdo con general Hugo López, comandante general de las FFMM, en este periodo fueron neutralizados 631 integrantes de organizaciones ilegales: 543 fueron capturados, 34 se sometieron a la justicia, 28 menores fueron recuperados y 11 murieron en desarrollo de operaciones.En paralelo, las autoridades reportaron la incautación de 165 armas de fuego, más de 22.800 municiones y 199 artefactos explosivos. Entre los resultados señalados figura la desarticulación de la Comisión 34 de las disidencias, en Carmen de Atrato (Chocó), con 11 sometimientos, y la estructura Jhonier Arenas en Leticia (Amazonas), donde hubo capturas, menores recuperados y bajas en combate.En un mes se incautaron más de 38 toneladas de clorhidrato de cocaína, 21 toneladas de hoja de coca y fueron destruidos 188 laboratorios de procesamiento. Las autoridades estiman que el golpe a estas cadenas ilegales representa pérdidas cercanas a los 1.254 millones de dólares para las organizaciones criminales, al impactar producción, transformación y rutas de salida.Las operaciones incluyeron intervenciones contra minería ilegal y sabotaje a infraestructura energética. En ese frente fueron capturadas 41 personas por explotación ilícita de yacimientos, incautadas 66 dragas y 256 equipos entre motores, bombas y plantas eléctricas. También se evitó daño a tres tramos de oleoductos y se destruyeron 13 válvulas clandestinas utilizadas para el hurto de combustibles.Dentro de los resultados más sensibles está la caída de cabecillas señalados de coordinar acciones armadas y control territorial. Entre ellos alias ‘Santiago’, identificado como jefe del ELN en el occidente del país, vinculado a acciones contra población civil y trabajo de expansión organizativa, y alias “Polo”, cabecilla de disidencias en Amazonas, señalado de manejar seguridad, logística y dinamización de rentas ilegales en la región.
Colombia reanudó los vuelos de repatriación de sus ciudadanos desde Estados Unidos, tan solo cinco días antes de la reunión que el presidente Gustavo Petro y su homólogo Donald Trump sostendrán la próxima semana en la Casa Blanca, informó la Cancillería."El Ministerio de Relaciones Exteriores tiene el gusto de informar que a partir de hoy, siguiendo nuestro compromiso con el trato digno a nuestros connacionales, bajo el liderazgo del presidente Gustavo Petro, y en cooperación con la Fuerza Aérea Colombiana, reanudamos los vuelos de repatriación de connacionales deportados desde Estados Unidos", señaló la Cancillería en su cuenta de X. La publicación está acompañada de tres fotografías de personas vestidas con sudadera gris, recibidas en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá por funcionarios de Migración Colombia y de la Cruz Roja Colombiana.Estos fueron vuelos suspendidos hace un año y detonaron la primera crisis entre el Gobierno de Colombia y la nueva administración de Trump, luego de que Petro no autorizara la entrada al país de dos aviones que venían de EE.UU. con deportados, alegando que por venir esposados, no recibían un trato digno."Un migrante no es un delincuente y debe ser tratado con la dignidad que un ser humano merece", afirmó el mandatario colombiano en X el 26 de enero de 2025.Trump respondió de inmediato con la imposición de aranceles del 25 % a los productos colombianos mientras que el Departamento de Estado suspendió por unos días la atención al público en Bogotá para la expedición de visados, pero la crisis se contuvo con gestiones diplomáticas.Como parte del arreglo Colombia asumió la repatriación de sus ciudadanos, para lo cual envió días después dos aviones a San Diego (California) y Houston (Texas), pero esa operación no continuó debido a varios factores, entre ellos el alto coste de cada vuelo.Después de un año de diferencias por la política migratoria, la lucha contra el narcotráfico y la intervención de EE.UU. en Venezuela, que agravaron la crisis en la relación bilateral, los dos presidentes sostuvieron una llamada telefónica el pasado 7 de enero en la que se acordó una reunión en la Casa Blanca el próximo 3 de febrero que es aguardada con expectación en Colombia.Según dijo Petro el pasado martes, la reunión con Trump será "determinante" para él, a quien EE.UU. le canceló el visado y lo incluyó en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), conocida como 'Lista Clinton'."Es una reunión clave, fundamental, determinante, no solo de mi vida personal, sino de la vida de la humanidad", dijo el mandatario durante un acto en la Casa de Nariño, sede presidencial.Ese mismo día pidió a los colombianos que residen en Estados Unidos, Chile y Argentina que regresen al país, al asegurar que en esas naciones son tratados "como esclavos y perros perseguidos por las calles".
La polémica por los nombramientos de interventores en la Superintendencia Nacional de Salud volvió al centro del debate político luego de que el presidente Gustavo Petro señalara públicamente a Laura Sarabia, actual embajadora de Colombia en el Reino Unido, por una presunta entrega de hojas de vida relacionadas con ese proceso. Las declaraciones fueron hechas durante dos discursos del mandatario, uno en el Hospital San Juan de Dios y otro en el Salón Gobelinos de la Casa de Nariño.Según el presidente, habría sido “engañado” en la designación de interventores, a quienes acusó de haber hecho “un business” durante la intervención al sistema de salud. En ese contexto, mencionó a Sarabia como responsable de unas hojas de vida que, aseguró, no provenían de él.Defensa niega cualquier responsabilidad de Laura SarabiaEn entrevista con Recap Blu, la abogada Lina Sandoval, apoderada de Laura Sarabia, negó de manera categórica que su clienta haya tenido injerencia en esos nombramientos. “No existe ningún fundamento. Los chats, los videos y los elementos que corroboran que Laura no tuvo ninguna injerencia en la designación de los interventores existen y ya están en manos de las autoridades”, afirmó.Sandoval explicó que estos hechos hacen parte de un proceso de desinformación que actualmente investiga la Fiscalía General de la Nación, en el cual Sarabia figura como víctima. “Estamos hablando de aproximadamente 33 procesos de desinformación en su contra”, señaló.Solicitud para que el presidente declare ante la FiscalíaLa defensa envió una carta a la Fiscalía solicitando que el presidente Petro rinda declaración jurada sobre sus afirmaciones. Para Sandoval, es clave que lo dicho en escenarios públicos sea trasladado al ámbito judicial. “La labor del abogado es que las versiones y declaraciones queden consignadas en los escenarios judiciales adecuados”, sostuvo, al tiempo que pidió que se establezca “qué información tiene el presidente y quién se la suministró”.Reunión en el despacho presidencial y circular del DapreLa abogada también hizo referencia a una reunión realizada el 30 de octubre de 2024 en el despacho presidencial, en la que habrían participado el entonces superintendente Luis Carlos Leal y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. “Tenemos la certeza de que en esa reunión quedó claro que la doctora Laura Sarabia no tuvo nada que ver con la designación de los interventores”, afirmó.Además, recordó una circular emitida por Sarabia el 4 de junio de 2024 cuando dirigía el Dapre, en la que se instaba a prevenir intermediaciones indebidas. En palabras del documento: “Crear mecanismos de confirmación respecto a las gestiones adelantadas o instruidas, con el objetivo de prevenir esquemas de intermediación”.Denuncia por violencia política contra la mujerFinalmente, Sandoval explicó que la denuncia interpuesta es por violencia política contra la mujer, una forma de violencia de género. “Hay una construcción de narrativas sin evidencia que buscan entorpecer su labor como mujer en la política”, concluyó.La defensa reiteró que Sarabia “está tranquila” y a la espera de que la Fiscalía avance en las investigaciones para esclarecer los hechos.Escuche la entrevista completa acá: