Monseñor Omar Sánchez, arzobispo de Popayán, compartió detalles sobre la violenta incursión ocurrida en Buenos Aires, Cauca, y la difícil situación que vivió el padre Winston, el párroco local, quien fue obligado a emitir un mensaje por el megáfono a las fuerzas policiales. El monseñor pudo comunicarse con el sacerdote casi inmediatamente después de que se restablecieron las comunicaciones, consultándole sobre su estado y el desarrollo de los hechos.Uso de los altavoces parroquialesSegún Monseñor Sánchez, la acción armada fue catalogada de "brutal" y "demoledora". En el contexto del ataque, que duró poco más de 10 horas, los guerrilleros detectaron la posibilidad de usar los parlantes de la parroquia, que normalmente se usan para poner música o villancicos en diciembre.Un grupo de combatientes, que se metió en la casa cural armados, le pidió al padre Winston que le dijera a la policía que se rindieran, prometiéndoles que les respetarían la vida. El monseñor explicó que hacerse con esas armas y con los policías es uno de los propósitos de estas incursiones. Para el sacerdote, estar con actores armados a su lado mientras se escuchaba el rigor de los disparos y las explosiones circundantes no dejaba margen psicológico para la acción. El contexto de la situación era brutal e intimidante.El padre actuó bajo constreñimiento, pues se encontraba ante una orden que no podía rehusar sin exponerse a ser lastimado. En ese modo espontáneo e intimidado, terminó recibiendo y cumpliendo la orden, sin tener otra opción. El arzobispo aclaró que nadie es formado en contextos de guerra, y la dimensión de un bombardeo intimida a cualquier civil, incluso a los sacerdotes que han lidiado con estos temas.Aunque la presión fue intensa, el Padre Winston mostró un acto de valentía al oponerse a una segunda petición. Los armados le pidieron después que fuera hasta la estación de policía, asegurándole que le respetarían la vida como sacerdote, para que él mismo le dijera a los uniformados que se rindieran.Escuche aquí la entrevista:
La Contraloría General de la República evidenció irregularidades por parte de la Agencia Nacional de Tierras en el proceso de compra de la ‘Hacienda Simba’ en el departamento de Sucre y determinó hallazgos fiscales por más de 16.000 millones de pesos.El ente de control, evidenció que la agencia del Gobierno suscribió en abril de 2024 una promesa de compraventa con la Sociedad de Activos Especiales por un valor total de 27.304 millones de pesos, desembolsando un anticipo del 60 % hace más de 18 meses, sin que el bien haya sido escriturado ni transferido a nombre de la ANT.En su investigación la Contraloría estableció que el procedimiento de compra “no se ajustó al marco normativo aplicable” y omitió procesos como “la validación técnica, jurídica y social. Además indicó que la agencia no podía registrar contablemente el predio dentro de sus activos, ni reconocerlo como parte del patrimonio público.La Contraloría advirtió además las irregularidades configuran “un riesgo inminente de pérdida de recursos públicos, dado que la Agencia Nacional de Tierras no puede registrar contablemente el predio dentro de sus activos, ni reconocerlo como parte del patrimonio público”El organismo de control también confirmó que hubo un cambio “sustancial” en la destinación del predio, ya que la compra fue concebida originalmente para beneficiar a comunidades campesinas, pero con posterioridad la Agencia Nacional de Tierras realizó la una entrega provisional de cerca del 60 % del predio a comunidades indígenas, sin contar con un acto administrativo que justificara dicho cambio ni ajuste presupuestal que respaldara la modificación.“Este cambio de destinatarios finales implicó el uso de un rubro presupuestal específico destinado a comunidades campesinas para financiar un proyecto con un propósito distinto, lo que podría configurar una desviación de la finalidad del gasto público”, advirtió la entidad.La Contraloría pidió a la Agencia Nacional de Tierras corregir las irregularidades detectadas, fortalecer los mecanismos de control interno y asegurar que toda adquisición de tierras se realice bajo “los principios de planeación, legalidad y transparencia para evitar la pérdida de recursos públicos”.
Los hogares venezolanos contribuyen con más de USD 10.600 millones al año a las economías de América Latina y el Caribe, principalmente a través del gasto en vivienda, alimentos, educación y servicios de salud, según un nuevo estudio de la Organización Internacional para las Migraciones ,OIM.El informe también señala que las personas migrantes venezolanas realizan valiosos aportes fiscales, que representan alrededor del 1,2% del total de la recaudación tributaria en los países analizados. Solo en Colombia, esta contribución ha superado los USD 529 millones en un solo año.Además del consumo y la recaudación pública, los emprendimientos y las empresas venezolanas lideradas por personas migrantes han generado aproximadamente 40.000 puestos de trabajo en Panamá y han impulsado inversiones que superan los USD 1.100 millones en Aruba. Estos emprendimientos fortalecen las economías locales, fomentan la innovación y dinamizan sectores como la tecnología, el turismo y la gastronomía.Sin embargo, este potencial sigue estando limitado. Se estima que el 82% de las personas venezolanas en la región trabaja en el mercado laboral informal y que el 41% no tiene acceso a crédito ni a servicios financieros formales. Estas barreras restringen su autonomía económica, el crecimiento de sus negocios y su capacidad de contribuir aún más sustancialmente al desarrollo local. Es importante destacar que la informalidad está impulsada por obstáculos estructurales que limitan el acceso al empleo formal, y no por la regularización en sí misma.De los 6,9 millones de personas venezolanas que viven en la región, cerca del 70% cuenta actualmente con un estatus migratorio regular, lo que le ha permitido a millones de ellas acceder a oportunidades que antes estaban fuera de su alcance y avanzar gradualmente hacia una participación plena en las economías formales. La regularización es, por tanto, una base necesaria para reducir la informalidad y maximizar los aportes económicos de las personas migrantes.En el Día Internacional del Migrante, la Procuraduría reafirmó el compromiso por la garantía de los derechos de esta población y diseñar políticas migratorias acertadas, sostenibles y realistas. “A los migrantes que han venido a vivir en nuestro país, asegurarles la protección de sus derechos humanos, al menos los básicos, salud, instalación, vivienda, kits de emergencia cuando los necesiten y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que esa migración sea regular, segura, sea una oportunidad de vida. Toda Colombia se nutre y mejora con la migración” aseguró el procurador delegado para los Derechos Humanos, Néstor Osuna.
A través de redes sociales, Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNN) anunció la muerte de Tamá, el oso andino de anteojos que estaba siendo trasladado para ponerlo en libertad en su hábitat natural. Este proceso fue planificado como un operativo interinstitucional bajo el nombre de “Tamá vuelve a casa” e incluía el transporte terrestre y aéreo desde Bogotá hasta Cúcuta; desde allí, se tenía planeado su traslado hacia el Parque Nacional Tamá.“Informamos con profundo dolor que, durante el traslado para su liberación, el oso Tamá falleció. Su historia refuerza nuestro compromiso de seguir trabajando por la protección de la fauna silvestre y la vida. Tamá no alcanzó a conocer la libertad. Durante el proceso de traslado y liberación, se dio el deceso por causas que deben ser determinadas por nuestros científicos”, indicaron desde la cuenta de X de PNN.Según la información conocida la aeronave tipo Eurocopter EC145 en la que iba el osito no alcanzó a aterrizar. Tamá no soportó a pesar del proceso de rehabilitación y acompañamiento que por años hicieron entidades como la Fundación Parque Jaime Duque y el Santuario del Oso de Anteojos participaron en su cuidado y preparación para el retorno a su hábitat natural.Parques Nacionales había comunicado oficialmente en la tarde de este 17 de diciembre que Tamá estaba en condiciones óptimas para regresar a su hábitat, que pesaba 174 kilos y que la liberación se concretaría con un operativo que incluía avión y helicóptero para acceder a la zona de páramo donde nació.Tamá fue rescatado en 2014 siendo un osezno huérfano tras la muerte de su madre por cacería; pasó años en centros de rehabilitación y en 2022 protagonizó una fuga del Bioparque Wakatá en la que demostró habilidades para sobrevivir en libertad, lo que alimentó el plan de reintroducción.La muerte del oso Tamá representa un golpe simbólico para las iniciativas de reintroducción de fauna emblemática, además de un llamado a las autoridades por la transparencia institucional en este tipo de procesos de traslado. Ahora solo queda esperar el informe que determine las causas de la muerte de Tamá.
Un indignante caso de abuso sexual contra una menor de 16 años en Acacías terminó en la condena de 4 hombres a una pena de 18 años de cárcel, por delitos sexuales cometidos contra una menor de edad en estado de indefensión, y ordenó la adopción de medidas de reparación a favor de la víctima, tras evidenciar no solo la gravedad de los hechos, sino también episodios de revictimización durante el proceso judicial. Todo ocurrió en Acacías, Meta, cuando la víctima, de 16 años, salió a una discoteca con familiares y posteriormente se desplazó a otro establecimiento con su novio.De acuerdo con el expediente, la menor consumió una alta cantidad de alcohol y fue vista inconsciente en el exterior del lugar. Testigos relataron que varios hombres, entre ellos su pareja sentimental, la levantaron y se la llevaron del sitio. De la joven no se tuvo noticia hasta el día siguiente, cuando llegó a su casa y manifestó no recordar lo sucedido, señalando que había amanecido en la vivienda de su novio.Asimismo, el fallo advirtió que durante el juicio la menor fue víctima de violencia institucional; al evidenciar una conducta hostil por parte del juez del caso durante la práctica del testimonio tanto de la víctima como de su hermana, la Corte pidió investigarlo por estas conductas. El alto tribunal también cuestionó la pérdida de los exámenes toxicológicos practicados a la víctima, por lo que ordenó compulsar copias a la Fiscalía para que se investigue lo ocurrido.
El pasado sábado 29 de noviembre se conoció la muerte de la reconocida influencer Maria Katiane Gomes da Silva, de 25 años, quien perdió la vida tras caer desde el décimo piso de un conjunto de apartamentos residenciales en São Paulo, Brasil.El hecho ha generado conmoción entre sus seguidores y en todo el país, ya que las autoridades investigan el caso como un posible feminicidio. El principal sospechoso es su esposo, Alex Leandro Bispo dos Santos, de 40 años, quien quedó registrado en videos de seguridad mientras agredía a la joven.La influencer vivía con su esposo en el lugar donde ocurrieron los hechos. Sin embargo, el 1 de diciembre, día en que se llevó a cabo el funeral, el hombre se mostró visiblemente conmovido. Incluso, varias imágenes lo muestran sentado junto al ataúd, entre lágrimas.Revelan videos de las agresiones Cabe señalar que, en la madrugada del día de la muerte de Maria, fue su esposo quien llamó a los servicios de emergencia para informar que la joven “había saltado desde el piso 10”. No obstante, tras varios días de investigación, las autoridades establecieron, gracias a las cámaras de seguridad del edificio, que su versión no coincidía con lo ocurrido.En los videos se observa cómo Alex Leandro Bispo agrede a la joven: en uno de ellos, aparece jalándola del cabello dentro de un ascensor y empujándola. En otro material audiovisual se aprecia el momento en el que la arroja al piso en lo que sería el parqueadero del edificio y la golpea.Posteriormente, ambos subieron nuevamente al ascensor y se dirigieron al décimo piso, lugar donde la joven perdió la vida. Gracias al análisis de estos registros, las autoridades lograron vincular a Alex Leandro Bispo con la muerte de Maria Katiane Gomes da Silva, por lo que fue capturado el pasado martes 9 de diciembre.
La solicitud fue presentada por el presidente de la Veeduría Nacional, el exjuez de la República Luis Miguel Marimón Reyes, ante la Unidad Anticorrupción y la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de la Fiscalía General de la Nación. La petición busca establecer si la Junta Directiva de EMCALI S.A. E.S.P., como máximo órgano de dirección y control de la empresa, conoció, autorizó, permitió u omitió acciones frente a un proceso contractual de alto impacto económico que actualmente es investigado.Marimón Reyes afirmó que “el contrato de alumbrado público, por su cuantía, alcance y duración, exigía una planeación rigurosa, estudios previos completos y reglas claras que garantizaran la libre concurrencia y la selección objetiva, según lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y la Ley 1474 de 2011”. La ausencia de estos elementos, añadió, podría constituir delitos contra la administración pública, como interés indebido en la celebración de contratos, celebración de contratos sin cumplir los requisitos legales y peculado.La Veeduría fundamenta su solicitud en el rol de la Junta Directiva en la aprobación de decisiones estratégicas, la supervisión de procesos contractuales y la garantía de que la gestión administrativa se ajuste a los principios de legalidad, transparencia, moralidad y defensa del patrimonio público. Además, recuerda que la jurisprudencia del Consejo de Estado establece que los órganos directivos no pueden eludir su deber de control y que la Corte Constitucional señala que la vigilancia y supervisión deben ser reales y efectivas, con consecuencias disciplinarias, fiscales y penales en caso de incumplimiento.Con esta acción, la Veeduría busca que la Fiscalía determine si la Junta Directiva actuó de manera negligente o permitió irregularidades en un contrato de gran impacto financiero para la ciudad, reafirmando la necesidad de proteger los recursos públicos y la transparencia en la contratación estatal.
La tragedia que enlutó al país tras el grave accidente de tránsito ocurrido en el nordeste de Antioquia ha puesto la atención en Jonathan Taborda Lopera, conductor del bus de turismo que transportaba a los estudiantes del Liceo Antioqueño. Taborda, quien trabajaba para la empresa Precoltur, falleció en el siniestro junto a 16 jóvenes que regresaban de su viaje de grado desde Tolú y Coveñas. El accidente se registró en la madrugada del domingo 14 de diciembre, cuando el vehículo se precipitó a un abismo de aproximadamente 80 metros en el sector de Remedios. Aunque las autoridades han indicado que se maneja la hipótesis de un posible microsueño del conductor, esta versión fue desmentida por familiares y sobrevivientes, quienes señalaron que el bus habría presentado fallas mecánicas previas al siniestro, relacionadas con la batería, el motor y el sistema de aire acondicionado.Las exequias de Jonathan Taborda se realizaron en la tarde del martes 16 de diciembre, en medio de un homenaje por parte de familiares, amigos y allegados. Durante la despedida, se registraron manifestaciones simbólicas como el uso de bengalas de humo y fuegos artificiales. Los videos del homenaje, difundidos en redes sociales, estuvieron acompañados de mensajes que llamaban la atención sobre el conductor, señalando que gran parte de la atención se había centrado en los estudiantes fallecidos. Algunos de los mensajes compartidos en redes sociales por amigos señalan que: "Ni acá se terminará esta amistad de más de 20 años. Jamás te olvidarémos amigo"."Fue tu ultimo y mejor viaje, amiguit. Gracias porque fuiste un exelecte conductor", dice otro de los mensajes. Uno de los mensajes que más ha llamado la atención indica: "Para quienes lo juzgan, les comento lo que hizo este señor. De su propio bolsillo intentó reparar el vehículo. ¿Por qué decidieron viajar de noche? Porque en horas de la tarde se difundió en redes sociales y en medios de comunicación la advertencia de un posible paro armado de 72 horas. Ahora les pregunto: ¿qué habrían hecho los “santos criticones”? ¿Quedarse? Sí, pero ¿quién asumiría el costo de tres días de hospedaje?".También añade que "él tomó la decisión de regresar a Medellín con la esperanza de llevar sanos y salvos a esos niños. Quienes saben de vehículos, y más aún de motores térmicos, pueden decir qué ocurre cuando un bus circula de noche sin aire acondicionado: los vidrios se empañan por completo. Por eso se mantenía abierta la puerta de ingreso y las escotillas".Finalizó diciendo que es falsoq ue iba a alta velocidad. "Gracias, Cocacolo, porque quienes te conocimos sabemos que hiciste hasta lo imposible por traer a esos niños a salvo y que el destino te jugó una mala pasada. Estuviste detenido 15 minutos antes de la tragedia buscando señal para pedir ayuda. Tenías miedo de amanecer y exponer a esos niños a un posible reclutamiento, secuestro o una masacre. Eres un guerrero, un campeón, un HÉROE".Por su parte, la empresa Precoltur lamentó, a través de un comunicado, la muerte de los 16 estudiantes y de Jonathan Taborda, y destacó su compromiso y vocación de servicio.
La Alcaldía de Bucaramanga adelanta una la campaña de recolección de ayudas humanitarias para atender a las 58 familias damnificadas por el voraz incendio que arrasó el asentamiento humano 12 de Octubre, en el norte de la ciudad, dejando a 183 personas afectadas y decenas de viviendas destruidas.El director de Gestión del Riesgo de Bucaramanga, Didier Rodríguez, lamentó lo ocurrido y explicó que, tras la emergencia, el censo inicial pasó de 55 a 58 núcleos familiares, todos los cuales perdieron completamente sus viviendas.Desde el primer momento, la Oficina de Gestión del Riesgo activó la atención humanitaria para mitigar el impacto de la tragedia.“Las familias afectadas han recibido frazadas, colchonetas, cobijas, kits de aseo y de cocina, mercados y carpas, destinadas a cubrir sus necesidades más urgentes mientras se define una solución de fondo”, explicó el funcionario.Rodríguez destacó la solidaridad de los bumangueses, que se ha visto reflejada en la entrega constante de donaciones. Actualmente, la Alcaldía de Bucaramanga dispuso un punto de acopio en la sede administrativa, donde se instaló una carpa para la recepción de ayudas. Allí, los elementos donados son clasificados y posteriormente entregados a las familias del asentamiento 12 de Octubre.Entre los insumos más requeridos se encuentran artículos de aseo, ropa en buen estado y alimentos no perecederos, que resultan fundamentales para atender la emergencia.La caracterización de la población afectada evidenció una situación social compleja. Según la Dirección de Gestión del Riesgo, el 43 % de las personas damnificadas son menores de edad, principalmente niños entre los 0 y 10 años, y una parte importante de los núcleos familiares está conformada por población migrante venezolana.De manera paralela a la ayuda humanitaria, la Alcaldía mantiene un acompañamiento permanente en el sector. Equipos interdisciplinarios de la Unidad de Gestión del Riesgo y la Secretaría de Desarrollo Social realizan visitas diarias para brindar apoyo psicosocial a las familias, especialmente a niños y adultos mayores, afectados emocionalmente por la pérdida de sus hogares.Actualmente, algunas de las familias que no cuentan con redes de apoyo permanecen en carpas instaladas en el lugar, donde pasan las noches mientras avanzan las acciones institucionales para su atención y recuperación.
La jueza Vivian Polanía fue hallada sin vida este miércoles en el interior de su residencia en Cúcuta, Norte de Santander. El cuerpo de la funcionaria fue localizado junto a su hija, una bebé de apenas dos meses de nacida, quien se encuentra con vida y bajo protección del Instituto de Bienestar Familiar (ICBF) mientras se esclarecen los hechos.A esta hora, unidades de criminalística de la Policía Nacional adelantan la inspección técnica al cadáver para determinar las causas exactas del deceso. El hallazgo ha generado conmoción en el sector judicial de la capital nortesantandereana, mientras los peritos buscan establecer si se trató de una muerte violenta o por causas naturales.Frente a la residencia de la jueza, además del despliegue policial, se han reunido decenas de curiosos que buscan obtener información sobre lo ocurrido en el interior del inmueble.Polanía, quien se desempeñaba como jueza penal de control de garantías, era una figura mediática y controversial en el país. Su carrera estuvo marcada por una alta exposición en redes sociales y múltiples procesos ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial.Entre sus episodios más polémicos se recuerda cuando apareció en una audiencia virtual semidesnuda y fumando, así como su participación en una celebración con bailarines eróticos dentro del Palacio de Justicia de Cúcuta. Pese a las críticas y suspensiones, la jurista defendía activamente su estilo de vida y su autonomía frente a los cuestionamientos de la magistratura.“Me acuesto en la cama porque no me podía levantar. Tenía ansiedad, sí tenía un cigarrillo, pero en Colombia no es delito fumar”, explicó en su momento Polanía en entrevista con Mañanas Blu.En dicha entrevista, la jueza agregó que sus fotos en Instagram no son vulgares, que muestra menos de lo que una mujer podría mostrar en traje de baño.“¿Si una mujer va a la playa y está en vestido de baño está casi desnuda? (…) Sensual, si tú ves estoy mostrando menos de que si estuviera en la playa”, explicó.
La embajadora del Reino Unido, Laura Sarabia, aseguró que Zulma Guzmán se encuentra hospitalizada en Londres, no presenta heridas de gravedad y que, una vez reciba el alta médica, será judicializada. Indicó, además, que Interpol estará a cargo del proceso. Agregó que la embajada le brindará asistencia consular, como a cualquier ciudadano colombiano.“La información que nos brinda la policía británica es que ya está siendo atendida en un hospital, no tiene heridas de gravedad y, apenas sea dada de alta, será judicializada. Interpol se encargará del proceso. No tenemos más información; es un procedimiento que ya está siendo manejado directamente por Interpol y cualquier dato adicional vendrá de su parte”, dijo en conversación con Blu Radio.Guzmán es señalada de haber enviado frambuesas envenenadas con talio que ocasionaron la muerte de dos menores de edad. Fue rescatada del río Támesis, en Londres, luego de que, al parecer, intentara quitarse la vida. Esto ocurrió en inmediaciones del puente Battersea, al oeste de la capital británica, según informó el diario Daily Mail.De acuerdo con las autoridades, Guzmán había ingresado al Reino Unido el pasado 11 de noviembre y era buscada activamente por la Agencia Nacional del Crimen. La policía recibió una llamada de emergencia a las 6:45 a. m., alertando sobre una mujer en situación de peligro en el puente. Minutos después, la Unidad de Policía Marina logró sacarla del agua y trasladarla a un centro asistencial.
Aunque Colombia avanza en sus esfuerzos de construcción de paz, la violencia armada sigue afectando de forma grave a las comunidades rurales, étnicas y campesinas. Así lo advierte el Informe Periódico 39 de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP/OEA), presentado ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que analiza la situación del país entre enero y junio de 2025.Durante ese semestre, la Misión realizó 977 despliegues en 161 municipios y 295 comunidades, donde constató crisis humanitarias en regiones como Guaviare, Catatumbo y sur de Bolívar, marcadas por desplazamientos masivos, confinamientos y afectaciones a la salud mental de la población civil. En el informe se advierte, además, que el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes persiste, mientras grupos armados emplean drones, explosivos y ataques indiscriminados, especialmente en zonas con baja presencia estatal.El jefe de la MAPP/OEA, Roberto Menéndez, subrayó que estas dinámicas profundizan la polarización social y la desconfianza institucional, y llamó al Estado colombiano a fortalecer sus capacidades institucionales para garantizar la paz y la seguridad de las comunidades. “Proteger a la población civil no es una medida de contingencia, sino una obligación ética y política de todos los Estados del hemisferio”, enfatizó.El informe también alerta sobre la violencia contra liderazgos sociales y políticos, en especial tras el asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, y exhorta a las autoridades a garantizar unas elecciones libres de violencia y de participación segura. La Misión recordó que un proceso electoral transparente y pacífico es una condición esencial para consolidar la paz en Colombia.En cuanto a los avances, el documento resalta el impulso a los diálogos de paz con grupos armados urbanos y rurales, la implementación del Acuerdo Final de 2016, la búsqueda de desaparecidos, la reparación integral a las víctimas y la puesta en marcha del programa RenHacemos, orientado a sustituir cultivos de coca por proyectos productivos. Asimismo, reconoce la aprobación de la Ley 2453 de 2025, que busca prevenir la violencia política contra las mujeres.De cara a 2026, la MAPP/OEA invita a preservar los logros alcanzados y revisar con espíritu crítico los retos pendientes, reforzando la acción institucional para transformar las condiciones que perpetúan la violencia.El trabajo de la Misión cuenta con el apoyo político y financiero de países como Alemania, Canadá, España, Italia, Noruega, Suiza, Reino Unido y Suecia, entre otros, que integran el Fondo Canasta.
La directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Angie Lizeth Rodríguez, presentó su renuncia irrevocable al cargo de superintendente nacional de Salud ad hoc para la Nueva EPS, en medio de la controversia política que se está gestando desde hace semanas y que incluyó tensiones internas en la Casa de Nariño.En una carta fechada el 17 de diciembre de 2025 y dirigida al presidente Gustavo Petro, Rodríguez explicó que su decisión está relacionada con una denuncia penal interpuesta ante la Fiscalía General de la Nación por el presunto uso indebido de su nombre para el cobro de comisiones ilegales a EPS intervenidas. En el documento, la funcionaria señaló que se trata de una investigación por “los presuntos delitos de estafa y otros, debido al uso de mi buen nombre para cobrar coimas a las EPS intervenidas”.La directora del Dapre precisó que el proceso ya fue formalmente radicado. Según explicó, su renuncia busca proteger la institucionalidad y evitar cualquier interpretación errónea sobre su rol dentro del Gobierno.“Con el fin de preservar la transparencia institucional, mi buen nombre y la rectitud del ejercicio de la función pública, he decidido dar un paso al costado”, señaló, agregando que su salida también busca evitar “escenarios que puedan prestarse a confusión, instrumentalización o favorecimiento indebido”.La renuncia se produce en un contexto de creciente desgaste político para Rodríguez, quien en los últimos meses protagonizó un choque interno con el director de la UNGRD, Carlos Carrillo, al señalarlo por la baja ejecución y posibles irregularidades en el Fondo de Adaptación.
La Procuraduría General de la Nación decretó una serie de pruebas por los videos donde se ve al prófugo exdirector del Dapre, Carlos Ramón González, en una fiesta en el Teatro Nacional Rubén Darío en Managua, Nicaragua, una de ellas tiene que ver con la inspección disciplinaria que harán los delegados de la Procuraduría a la Cancillería para obtener información sobre la participación del Ministerio de Relaciones Exteriores en ese evento.En ese sentido, el Ministerio Público también busca establecer si la Cancillería tuvo conocimiento previo de la asistencia de Carlos Ramón González al evento en Managua, adicionalmente la Procuraduría ordenó a la Embajada de Colombia en Nicaragua informar si tuvo participación en la organización o desarrollo del evento “La Noche Vallenata”, y para que remita documentación relacionada con contratos, pagos, recursos invertidos y demás actuaciones vinculadas a su realización.Los vídeos en donde se ve a Carlos Ramón González de fiesta mientras que en su contra pesa una circular roja de Interpol por su vinculación al escándalo de corrupción al interior de la UNGRD han generado una enorme polémica que derivó en estas investigaciones disciplinarias.El ente de control, ya había ordenado la apertura de una indagación previa contra funcionarios por determinar de la Cancillería y de la Embajada de Colombia en Nicaragua, por las presuntas irregularidades que se habrían presentado en aquella fiesta que se llevó a cabo el pasado 11 de diciembre.Principalmente, la Procuraduría busca establecer las razones por las cuales el exdirector estuvo presente, sin que los servidores públicos de la Cancillería y de la embajada avisaran a las autoridades competentes.
El presidente Gustavo Petro advirtió a las disidencias de ‘Iván Mordisco’ que, si continúan utilizando a la población civil contra la fuerza pública, “se pasará del programa de sustitución de cultivos en Argelia al programa de fumigación con glifosato”.“Poner banderas e incluso explosivos es una debilidad militar, no una fortaleza. En el caso de las fuerzas de Iván Mordisco, que pertenecen a la junta del narcotráfico, tienen capacidad de reposición después de los golpes propinados; prácticamente su frente araucano fue destruido, basados también en el comercio cocainero en el mundo”, escribió el mandatario.El presidente reiteró que este grupo armado se encuentra en combate con el Estado y que no existe ningún tipo de negociación. Esta declaración se da tras el ataque en Buenos Aires, Cauca, que dejó a ocho uniformados asesinados y varias edificaciones públicas destruidas, entre ellas el puesto de Policía, la Alcaldía Municipal y la sede del Banco Agrario, además de daños en viviendas y otros bienes, producto del uso de explosivos y del fuego cruzado durante más de siete horas de hostigamiento.Por su parte, el Ministerio del Interior anunció que destinará recursos para la reconstrucción de la infraestructura afectada y confirmó que este miércoles se reunirá el jefe de la cartera política, Armando Benedetti, con el alcalde de Buenos Aires, Cauca, Pablo César Peña.
La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes decidió cerrar 16 procesos que se adelantaban contra el presidente Gustavo Petro, una determinación que desató una nueva controversia política en el Congreso, debido a que se trataba de una actitud de la mayoría de los integrantes de la célula legislativa para favorecer al mandatario.La decisión fue duramente cuestionada por el representante a la Cámara Hernán Cadavid, quien anunció su retiro de la sesión y calificó lo ocurrido como “un regalazo de Navidad”. Cadavid aseguró que no podía ser parte de “semejante barbaridad y abuso”.En una constancia dirigida a la presidenta de la Comisión, Gloria Arizabaleta, quien llegó a su curul por la coalición Pacto Histórico por el departamento del Valle del Cauca, el congresista explicó que se ausentó de la sesión del 17 de diciembre al considerar que la Comisión estaría siendo instrumentalizada para archivar procesos contra Petro sin el rigor, la objetividad ni la imparcialidad que exige la Constitución.Cadavid también cuestionó que 19 expedientes nuevos contra el mandatario, no tratados previamente, fueran incluidos como primeros puntos del orden del día, pese a que existen otros procesos antiguos aún pendientes, lo que evidenciaría un uso indebido de la Comisión.El representante a la Cámara rechazó que este órgano sea utilizado para promover impunidad o legitimar actuaciones que no garanticen una investigación independiente, rigurosa y transparente.
A través de su cuenta en X, el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre el escándalo desatado por los videos en los que aparece Carlos Ramón González, exdirector de la DNI y hoy prófugo de la justicia, participando en una parranda vallenata realizada el 11 de diciembre en el Teatro Rubén Darío de Managua, un evento que había sido promocionado por la Cancillería colombiana.En su mensaje, el mandatario aclaró la situación diplomática en Nicaragua y negó que actualmente exista un embajador en ese país. “Nosotros no tenemos embajador en Nicaragua. Nicaragua no dio beneplácito a la sanandresana Vilma Jay”, escribió Petro, en referencia a la periodista que había sido postulada para ocupar ese cargo. En el mismo trino, el presidente ordenó que “los responsables de la fiesta deben salir de inmediato de sus cargos”.Esto se da en medio de versiones encontradas sobre la organización y financiación del evento. Aunque la Cancillería negó una solicitud de recursos para la parranda, hecha por Óscar Muñoz, encargado de negocios de la embajada en Nicaragua, el evento finalmente se realizó. Muñoz incluso aparece en los videos bailando junto a González, señalado por las autoridades de ser el cerebro del entramado de corrupción de la UNGRD.Por estos hechos, la Cancillería anunció una investigación disciplinaria en contra de este funcionario, que se suma a la que ya tenía por haber gestionado la renovación de la residencia para Carlos Ramón González.
La magistrada Catalina Díaz, de la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), informó que el general Huertas será llamado nuevamente a dar versión voluntaria en el marco de la investigación por presuntas ejecuciones extrajudiciales. En una audiencia anterior en Granada, varios militares bajo su mando afirmaron que Huertas conocía e incluso habría dado instrucciones relacionadas con estos hechos.La JEP explicó que esta convocatoria es obligatoria, ya que su jurisdicción es competente para juzgar crímenes cometidos en el marco del conflicto armado, tanto por antiguos miembros del Ejército como de la extinta guerrilla de las Farc. No se requiere ningún acto adicional de suscripción para investigar a Huertas, quien permanece vinculado al proceso.El nombre del general también ha surgido en investigaciones por presuntos vínculos con disidencias de las Farc, específicamente con la estructura de alias Calarcá, según comunicaciones y documentos recopilados por las autoridades. La nueva citación busca esclarecer su responsabilidad en los falsos positivos ocurridos durante su periodo como oficial de operaciones del Batallón de Artillería N.° 4 Jorge Eduardo Sánchez.La fecha exacta para la nueva versión voluntaria aún está en evaluación, y la JEP insiste en que todos los involucrados en crímenes del conflicto deben someterse a esta justicia para garantizar verdad, justicia y reparación a las víctimas.
La incertidumbre sobre el paradero de Miguel Ayala, hijo del reconocido cantante de música popular Giovanny Ayala, y de su mánager, Nicolás Pantoja, se extendió por dos semanas luego de su desaparición la noche del 18 de noviembre.Ambos fueron secuestrados cuando se movilizaban en un vehículo particular desde Popayán hacia el aeropuerto de Cali. El secuestro ocurrió en la Vía Panamericana, a la altura de la vereda El Túnel, en zona rural de Cajibío, Cauca. De acuerdo con las primeras versiones, hombres armados que se desplazaban en dos vehículos interceptaron a las víctimas sobre las 10:45 p. m., obligándolas a desviarse hacia el norte del departamento. El conductor del automóvil fue dejado en libertad en el lugar.Tras conocerse la alerta, unidades del Gaula Militar y de la Policía activaron un operativo de búsqueda. Aunque inicialmente se señaló que el secuestro podría tener relación con las disidencias de las Farc, especialmente los frentes Jaime Martínez y Dagoberto Ramos, las investigaciones confirmaron que los responsables pertenecen al Frente Carlos Patiño del Estado Mayor Central.Según información del Gaula de la Policía, Miguel Ayala y Nicolás Pantoja permanecieron en cautiverio cerca de 15 días. Presuntamente, los motivos del secuestro fueron económicos, pues los captores exigieron un pago de aproximadamente $7.500 millones por su liberación y habían fijado un plazo de 72 horas para ejecutar la extorsión, bajo la amenaza de asesinar a ambos, sin embargo, aún sigue siendo materia de investigación. La mañana de este martes 2 de diciembre de 2025 se confirmó finalmente el rescate. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó que la operación fue “impecable” y destacó el trabajo de los “héroes de la patria” que participaron en la intervención.El operativo se desarrolló en la vereda Chorritos, en el municipio de La Sierra, Cauca, con la participación del Gaula de la Policía, los Comandos Jungla, el GOES y la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Durante la acción se capturó a uno de los presuntos responsables y se incautó una pistola calibre 9 mm.El ministro Sánchez envió un mensaje a la familia Ayala, resaltando que no cedieron ante las presiones criminales y celebrando que Miguel Ayala fuera encontrado con vida para reencontrarse con su padre.
Las primeras imágenes del rescate de Miguel Ayala, hijo del cantante de música popular Giovanny Ayala, y de su mánager, Nicolás Pantoja, fueron dadas a conocer este martes 2 de diciembre. Las fotografías muestran a los dos hombres acompañados por unidades de la Policía Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, después de permanecer 15 días en cautiverio.La operación se desarrolló en la vereda Chorritos, del municipio de La Sierra (Cauca), donde los uniformados lograron ubicar el punto de retención e ingresar para asegurar la liberación de las víctimas. Ambos fueron encontrados con vida en medio de un campamento improvisado.El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó directamente la noticia a Giovanny Ayala a través de una llamada telefónica a la que tuvo acceso Blu Radio. “Está en buenas manos y está bien”, le aseguró el funcionario, mientras el artista, visiblemente conmovido, respondió entre lágrimas: “Ministro, muy feliz. Estoy feliz de escuchar esta noticia”.Sánchez destacó el trabajo conjunto de las instituciones que participaron en la operación y afirmó que el mánager también fue liberado sin daños. “Una ejecución impecable de héroes de la patria, policías valientes”, expresó.Las autoridades señalaron que los presuntos responsables del secuestro serían integrantes del Frente ‘Carlos Patiño’ del Estado Mayor Central, quienes habrían exigido a las familias un pago de $7.500 millones por la liberación de los dos hombres. Incluso se había impuesto un plazo máximo de 72 horas para concretar la extorsión.El ministro también entregó detalles sobre el lugar y las condiciones en las que se encontraban. “En unas carpas improvisadas, ahí metidos en el monte, a la intemperie, en condiciones infrahumanas, sometidos al terror de que los podían asesinar si no pagaban el dinero que estaban exigiendo”, señaló.
En una operación conjunta de la Policía Nacional, el Gaula y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, las autoridades lograron rescatar a Miguel Ayala, hijo del reconocido cantante de música popular Giovanny Ayala, luego de permanecer 20 días en cautiverio en zona rural del Cauca. Su mánager también fue liberado.El anuncio fue realizado por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien confirmó la noticia desde Expo Defensa. En medio de una llamada a la que tuvo acceso Blu Radio, el ministro dio la noticia Giovanni Ayala. "Ministro, uy feliz, muy feliz. Estoy feliz de escuchar esta noticia", dijo Ayala entre lágrimas. El ministro le señaló que "así es. Ya Miguel está va a estar en el lugar que va a estar. El manager también fue liberado. Una ejecución impecable de héroes de la patria, policías valientes". "Dios lo bendiga a usted, a toda su familia y a la fuerza pública", añadió el cantante. Posteriormente, Pedro Sánchez expresó: "Yo le dije que primaba la vida de su hijo. Era lo más importante. Obviamente la del manager también. Y no nos doblegamos ante estos criminales. Aquí la invitación también es a que todo el mundo denuncie, todo el mundo esté alerta y nos dé información para poderlos traer sanos y salvos, como lo hicimos hoy con nuestros héroes. Pero lo más importante, disculpen la redundancia y pero lo más importante es saber que su hijo Miguel está vivo. y va a estar pronto abrazándolo a usted".El ministro entregó detalles sobre el lugar y las condiciones en las que permanecían retenidos. “En unas carpas improvisadas, ahí metidos en el monte, a la intemperie, en condiciones infrahumanas, sometidos al terror de que los podían asesinar si no pagaban el dinero que estaban exigiendo por liberarlos. Estaban en el suroccidente del país”, señaló Sánchez.De acuerdo con la información oficial, los secuestradores exigían cerca de 7.500 millones de pesos para permitir la liberación de las víctimas. El rescate tuvo lugar en el municipio de La Sierra, Cauca, donde unidades del Gaula militar y policial, junto con la Fuerza Aeroespacial Colombiana, ejecutaron una operación que el ministro calificó como una “acción impecable de héroes de la patria”.Durante el procedimiento, una persona fue capturada. Las autoridades continúan verificando la autoría del secuestro, aunque recordaron que en la zona delinque una estructura narcotraficante vinculada a Iván Mordisco.Miguel Ayala y su mánager fueron secuestrados el 18 de noviembre, alrededor de las 10:45 p.m., cuando viajaban en un vehículo particular desde Popayán hacia el aeropuerto de Cali. En la vereda El Túnel, en el municipio de Cajibío, hombres armados los interceptaron y los obligaron a desviarse hacia el norte del departamento. El conductor fue liberado en el lugar.
Las autoridades confirmaron este martes, 2 de diciembre, el rescate de Miguel Ayala, hijo del reconocido cantante de música popular Giovanny Ayala, quien permanecía secuestrado desde el pasado 18 de noviembre en carreteras del departamento del Cauca.La noticia le fue comunicada directamente al artista por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, a través de una llamada telefónica. “Está en buenas manos y está bien”, le aseguró el jefe de esa cartera, quien también destacó que tanto Miguel como su mánager, Nicolás Pantoja, fueron liberados durante una operación conjunta de la Policía Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana.“Ya Miguel va a estar en el lugar que debe estar y el mánager también fue liberado en una operación impecable de la Fuerza Pública. Lo más importante es que su hijo Miguel está vivo”, indicó el ministro al entregarle detalles del procedimiento al cantante de música popular.Según explicó Sánchez, los secuestradores mantenían a los dos hombres en zona rural de La Sierra, en el suroccidente del país.El secuestro ocurrió el pasado martes 18 de noviembre, cuando Miguel Ayala y su mánager fueron interceptados por hombres armados en la Vía Panamericana, a la altura de la vereda El Túnel. Los sujetos los obligaron a desplazarse hacia el norte del departamento, donde permanecieron retenidos hasta el operativo de rescate.Las autoridades señalaron que los presuntos responsables del secuestro serían integrantes del Frente ‘Carlos Patiño’ del Estado Mayor Central, quienes habrían exigido a las familias un pago de $7.500 millones por la liberación de los dos hombres. Incluso se había impuesto un plazo máximo de 72 horas para concretar la extorsión.
El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, arremetió fuertemente contra Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, calificando su retiro de la mesa de concertación del salario mínimo como una "conducta reprochable". Sanguino afirmó que Cabal "se comporta más como un como un opositor político que como un dirigente gremial".La polémica surge luego de que Fenalco decidiera abandonar la mesa de negociación, argumentando que el Gobierno nacional, a través del presidente Gustavo Petro o del ministro del Interior, Armando Benedetti, ya había insinuado un aumento del salario mínimo de dos dígitos, supuestamente del 11%.Conducta de FenalcoSanguino desmintió que el gobierno haya fijado ya una cifra, señalando que hasta el momento, solo el ministro Benedetti ha hablado de porcentajes o cifras de incremento. El ministro del Trabajo enfatizó que su cartera no ha hecho públicos los escenarios construidos y busca ser "muy responsable en esa materia".La crítica de Sanguino a Cabal es profunda, pues asegura que el líder gremial no solo tiene una posición de "no", sino del "nunca". Según el ministro, a Cabal "nunca le gusta nada que venga del gobierno", incluyendo la reforma laboral, la reforma pensional y los incrementos de salario mínimo. Sanguino sugirió que "ese tipo de conducta pues no ayuda a la concertación" y contrastó la actitud de Cabal con la de otros líderes gremiales como Bruce Mac Master de la Andi, quien, a pesar de ser crítico, se mantiene en la mesa de discusión, al igual que los delegados de Acopi y la Sociedad de Agricultura de Colombia.Debate con el ministro BenedettiEl proceso de negociación se ha visto mediado por una discusión pública con el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien ha expresado su opinión en sendos videos, proponiendo un incremento de salario mínimo en dos dígitos. El ministro Sanguino calificó esta interacción como una "discusión cordial" y contradicciones normales dentro del gabinete.No obstante, Sanguino le respondió públicamente a Benedetti invitándolo a argumentar su propuesta en la mesa de concertación "con rigor". Sanguino destacó que una discusión responsable debe examinar las variables que exige la ley y la Constitución: la inflación (causada y esperada, provenientes del Dane y el Banco de la República) y la productividad (productividad de todos los factores y productividad del trabajo). Para Sanguino, no es suficiente con mencionar los porcentajes de incremento de otros países.Actualmente, el Ministerio del Trabajo se encuentra modelando escenarios y ajustando indicadores técnicos. Apenas se conocerán los datos actualizados de inflación este viernes, un factor clave para la discusión. La decisión final sobre el incremento le corresponde al presidente de la República.Escuche aquí la entrevista:
La Procuraduría General de la Nación le está pidiendo al Tribunal Administrativo de Cundinamarca una medida cautelar que se traduce en la suspensión de los giros de recursos públicos relacionados con el convenio para la producción y personalización de pasaportes, documentos de viaje y etiquetas de visa, celebrado entre el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Imprenta Nacional de Colombia y la Casa da Moeda S.A. de Portugal.La petición fue presentada dentro de una demanda de controversias contractuales en la que la Procuraduría busca que se declare la nulidad absoluta del convenio, al considerar que fue celebrado en contravía de las normas que regulan la contratación estatal, particularmente por no haberse adelantado un proceso de licitación pública, pese a que la cuantía y el objeto del contrato así lo exigían.Según la Procuraduría, el contrato por un valor que asciende a 1,3 billones de pesos se celebró desconociendo el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, que establece la licitación como regla general para la selección de contratistas, lo que habría vulnerado los principios de transparencia, planeación, libre concurrencia y selección objetiva.“En tal sentido, los aquí demandados actuaron con evidente desviación de poder, al eludir el procedimiento de selección objetiva y los demás requisitos previstos en la norma aplicable al proceso de contratación, vulnerando así los principios de transparencia, planeación, libre concurrencia y selección objetiva del contratista”, señaló el procurador delegado Marcio MelgosaY es que la Procuraduría General de la Nación advierte además que la Imprenta Nacional de Colombia no contaría con la capacidad técnica ni la infraestructura necesaria para ejecutar directamente el objeto del convenio, lo que habría derivado en la subcontratación de un tercero y en una presunta desviación de poder por parte de las entidades involucradas.En ese sentido, el procurador delegado para la contratación estatal le pidió al Tribunal ordenar al Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores suspender los desembolsos económicos previstos en el convenio, al considerar que continuar con los pagos podría generar un daño grave al patrimonio público y volver nugatorios los efectos de una eventual sentencia que declare la nulidad del contrato.