En las últimas horas, una fuerte controversia se armó en las campañas presidenciales por un cruce de declaraciones entre el abogado Abelardo de la Espriella y el exdirector del DANE, Juan Daniel Oviedo, a raíz de comentarios que han sido calificados en la opinión pública como homofóbicos.El origen de la discordia entre De La Espriella y OviedoEl incidente se desencadenó durante una entrevista concedida por De la Espriella al canal de YouTube RichyTv. En un ambiente distendido que terminó por generar un incendio digital, el abogado y hoy aspirante presidencial se refirió a Oviedo de una manera que muchos sectores consideraron despectiva y cargada de prejuicios. Al ser consultado sobre su contendor, De la Espriella lanzó una frase que rápidamente se volvió viral: “No, pues, a mí hay vainas de Juan Daniel que tampoco me gustan y no las digo. Digo, lo mío se resuelve poniéndose las medias. Lo que no me gusta de Juan Daniel, loco, jodido que lo arregle”.La expresión sobre la imposibilidad de "arreglo" para Oviedo fue interpretada como un ataque directo a su orientación sexual. La reacción de Juan Daniel Oviedo no se hizo esperar. A través de su cuenta oficial en la red social X: “Si no respetas una voz distinta, no estás listo para representar a todas”. La controversia no se quedó en un asunto de dos. Otros actores de la contienda electoral, como el exministro Mauricio Cárdenas, se sumaron a las voces de protesta. Cárdenas fue enfático al rechazar las palabras de De la Espriella: "Colombia no se puede equivocar. La homofobia no tiene espacio en nuestra sociedad y un candidato homofóbico no puede ser presidente."
A pocos días de las elecciones legislativas, en las que los colombianos también podrán votar por las diferentes consultas, el precandidato Mauricio Cárdenas, integrante de la Gran Consulta por Colombia, enfatizó en Recap Blu que el próximo mandatario del país no puede tener jefe."Creo firmemente que el presidente de Colombia no puede tener jefes, debe ser totalmente autónomo, debe ser una persona con independencia, porque los problemas que le llegan al presidente son grandes y no hay tiempo para empezar a llamar a pedir permiso. No, hay que decidirlos ahí", dijo el exministro de Hacienda.Esta declaración la hizo apropósito de la pregunta que le realizó durante el debate con Blu Radio este martes a Paloma Valencia sobre su independencia en caso de llegar a la Casa de Nariño y luego que ella sugiriera que su fórmula vicepresidencial podría ser Álvaro Uribe Vélez, algo que -enfatizó Cárdenas- es algo inconstitucional."¿Qué creo yo que en el fondo estaba pasando? Lo usó como una estrategia política electoral, porque obviamente hay una base política que sigue al presidente Uribe, y que entonces con esto se sienten que están bien rodeados y que ella va a estar bien acompañada", aclaró el economista.Por eso, volvió a enfatizar que debe haber un cambio generacional en el poder de Colombia y, en ese sentido, no puede haber un jefe detrás del próximo presidente."Y uno para gobernar tiene que acertar, y acertar es interpretar las necesidades de los colombianos. No puede estar pensando en lo que puedan pensar otras personas o lo que necesiten otros, hay que estar pensando en el país, en su totalidad", agregó Cárdenas.Para el exministro, gobernar Colombia exige construir una gran coalición que supere la lógica de un solo partido en el poder para así llegar a acuerdos con diferentes sectores políticos del país. “Esto no va a ser el gobierno de un movimiento. Tiene que ser una coalición amplia, diversa, que entienda que el poder es compartido”, explicó.¿Si no gana el 8 de marzo aspira a un ministerio?Finalmente, Mauricio Cárdenas dejó claro que su aspiración es la Presidencia y no un cargo en un eventual gabinete, pues en su momento ya fue jefe de la cartera de Hacienda. Sin embargo, aclaró que está dispuesto a ayudar a su coalición en lo que se requiera si el candidato de la Gran Consulta por Colombia llega a la Casa de Nariño.“Yo quiero ser presidente de Colombia, eso es lo que quiero. Si gana otra persona, estoy listo a ayudar. Ese es mi compromiso”, concluyó.
El presidente Gustavo Petro realizó este martes una alocución sobre las elecciones del 8 de marzo. En medio de su discurso se refirió a las dudas que tiene sobre el software para los comicios e insistió en los testigos electorales para evitar un supuesto fraude, sugiriendo que las mesas de votación deben ser impugnadas.“Si una mesa no es impugnada queda válido el preconteo, es decir lo que dijo la empresa privada que hubo en esa mesa, pero si se impugna,son los jueces de las comisiones escrutadoras los que van a abrir las urnas y contarán los votos para ratificar si lo dicho es cierto. Entre más mesas impugnadas más claridad”, dijo.Cabe mencionar que el preconteo no lo hacen empresas privadas, sino los jurados de votación que son ciudadanos seleccionados para desempeñar esa labor. No es ilegal, pero tampoco tiene un valor jurídico, simplemente es utilizado para que la opinión pública conozca el conteo de forma más rápida. Lo que sí tiene valor jurídico es el escrutinio a cargo de comisiones en las que hay jueces y notarios.El presidente está insinuando que deberían impugnarse las mesas para mayor claridad sin embargo, al ser 125.000 en todo el país, esto retrasaria significativamente los procesos pero además es algo que solo se hace cuando hay indicios claros de irregularidades, no ante la sospecha o prevención.Durante su intervención, el mandatario también advirtió que perseguirán a los compradores de votos y habló de una nueva herramienta para identificarlos el día de las elecciones. Además, informó que han aparecido 14 hechos de este tipo en todo el país y una serie de capturas en los departamentos de Antioquia, Sucre, Magdalena, Meta, Cauca y ahora en La Guajira.“Le solicito a la UIAF, dado que ahora hemos pasado a métodos modernos de compra del voto como las transacciones financieras en línea, hacer las investigaciones en la Unidad de análisis financiera del Minhacienda que trasladadas a la Fiscalía indiquen de qué lugares, celulares y personas se están transmitiendo dineros multitudinarios el día de las elecciones. Este nuevo sistema es detectable”, concluyó
La Aeronáutica Civil aseguró que, por ahora, no habrá modificación en la reglamentación que rige los slots, que son las franjas de tiempo para despegues y aterrizajes, en el aeropuerto El Dorado. Esta posición difiere de la emitida por la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, hace solo 24 horas.Tras una visita de delegados de la Procuraduría a la sede de la entidad y en una reunión donde también estuvo presente Paula Bernal, gerente general en Colombia de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, IATA, la Aerocivil aclaró que se aumentará el monitoreo de estas frecuencias pues continuarán alineados con los estándares internacionales en materia de slots.“En tal sentido se comunicó la conformación del equipo técnico de monitoreo que, desde la Aeronáutica Civil, iniciará un proceso riguroso de revisión y análisis orientado a establecer conclusiones precisas frente a la asignación y cumplimiento de slots para El Dorado, lo que permitirá tener estadísticas claras en torno a las temporadas de verano (summer) e invierno (winter) con una data precisa, permitiendo evaluar técnicamente el uso que se hace de los slots en el país”, detalló la entidad.Además, dice la Aerocivil, contarán con el acompañamiento y capacitación de la IATA, la misma que respaldó la decisión de mantener la normativa actual.“Conservar el esquema actual aporta estabilidad al sector y permite una operación bajo un sistema predecible y coordinado a nivel global para la asignación de horarios de despegue y aterrizaje. Así mismo, la implementación del monitoreo del uso de los slots permitirá un mejor aprovechamiento de la infraestructura aeroportuaria”, indicó en un comunicado la asociación internacional.Según el director general Luis Alfonso Martínez, el objetivo de esta iniciativa es avanzar con el sistema de monitoreo hacia un modelo de organización más armónico, transparente y equitativo en la asignación de slots.Hoy esto está determinado a través del RAC3 (Reglamento Aeronáutico de Colombia) que dice, entre otras, cómo asignar las franjas o turnos específicos para aterrizaje y despegue, organizados cada 6 meses, considerando la capacidad técnica del aeropuerto y mantiene unos derechos Históricos para ciertas aerolíneas que tienen prioridad sobre los slots utilizados en temporadas anteriores y establece que los slots no utilizados deben ser redistribuidos; estos dos puntos han sido plan de críticas.Justamente, el pasado lunes, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, defendió el plan de su cartera para reestructurar el sistema de slots, o franjas de tiempo para despegues y aterrizajes, en el aeropuerto El Dorado con el objetivo de promover mayor competencia entre aerolíneas y beneficiar a los viajeros.“Pero uno tiene dos cosas para hacerlo como Estado: o hacer algo o no hacer nada. Yo no siento que yo deba no hacer nada, hacerme la loca y pasar de agache y que se acabe esto. No, yo creo que sí podemos hacer algo, y así como que tengo que entender la lógica que motiva a las aerolíneas, sobre todo a las grandes, sobre mi obligación mayor, es entender la lógica de los usuarios. Y por los usuarios es que estamos reflexionando sobre qué hacer, cómo incentivar los cambios que generen beneficios a esos usuarios. Más oferta, mejores precios y más conectividad”, detalló la ministra.
La intervención de las EPS Savia Salud y SOS por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro ha deteriorado la atención de sus millones de pacientes y ha producido un preocupante descalabro financiero cuyos responsables son los interventores nombrados por la Superintendencia de Salud.Esa es la conclusión de dos decisiones de la Procuraduría que abrió investigación contra los ocho interventores y exinterventores nombrados para esas dos EPS en los últimos tres años, con un elemento adicional: el Ministerio Público decidió suspender provisionalmente a los actuales responsables de esas entidades, William Humberto Salgado de Savia Salud y Carlos Alberto Betancur de SOS.La EPS Savia Salud, que atiende a cerca de 1 millón 700 mil pacientes principalmente en Antioquia, fue intervenida por la Supersalud el 16 de junio de 2023 con el fin de supuestamente corregir las condiciones económicas y administrativas de la entidad, fines que según la Procuraduría, no se cumplieron.Según el Ministerio Público, el número de peticiones, quejas, reclamos y solicitudes de pacientes de Savia Salud pasó de 70 mil en 2023 a 93.500 en 2025, lo que significa que tuvieron un incremento del 33%. El motivo más frecuente de queja fue la falta de oportunidad en citas o consultas médicas, que creció un 485% en ese periodo.Las acciones de tutela también aumentaron. En 2023 se interpusieron 18.662; en 2024 la cifra llegó a 23.546, un incremento del 26%. Para 2025 hubo una leve disminución hasta 22.001 acciones, pero aún 18% por encima del año de inicio de la intervención. En promedio, cada mes se radicaban 1.833 tutelas al cierre de 2025.En el caso de la EPS SOS, que atiende a cerca de 750 mil pacientes en Valle del Cauca y Risaralda, la Procuraduría concluyó que durante los 20 meses de intervención forzosa, desde abril de 2024, la prestación del servicio de salud y la situación financiera se deterioraron de manera significativa.En materia de acceso a los servicios de salud, el número de peticiones, quejas, reclamos y solicitudes pasó de 66.611 en 2023 a 95.025 en 2024 —un incremento del 42%— y llegó a 114.910 en 2025, lo que representa un aumento del 71,5% frente al año previo a la intervención. Las principales causas de las quejas se concentran en la falta de atención integral, la negación de autorizaciones médicas y la ausencia oportuna de medicamentos.Las acciones de tutela también crecieron de manera sostenida: de 6.406 en 2023 pasaron a 7.280 en 2024 y a 7.496 en 2025. Según el informe, cerca de 710 de estas acciones constitucionales permanecen sin resolución definitiva, y 3.633 generaron incidentes de desacato durante el período analizado.La Procuraduría también advirtió que podrían evaluarse las responsabilidades de la propia Superintendencia Nacional de Salud en la selección de los perfiles de los interventores y en el seguimiento a su gestión. Del mismo modo, señaló que el Ministerio de Salud y Protección Social podría tener responsabilidades derivadas de su rol como órgano rector del sistema de salud y entidad de control de tutela sobre la Superintendencia.
La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa para establecer posibles irregularidades en un contrato suscrito por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas con una empresa de externalización de procesos de negocio. La actuación fue iniciada por la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Pública, tras una denuncia recibida en 2025 que advierte sobre presuntas anomalías en la ejecución del acuerdo.De acuerdo con la información conocida, la denuncia alerta sobre un supuesto manejo irregular de personal, posible desviación de poder, extralimitación de funciones, coadministración indebida y vulneración de derechos laborales en el marco del contrato. Estos señalamientos llevaron al ente de control a activar una indagación preliminar con el fin de identificar a eventuales responsables dentro de la entidad.Entre los aspectos bajo revisión se encuentra una presunta toma de decisiones administrativas y contractuales calificadas como de extrema gravedad. Según lo advertido en la denuncia, se habría producido la sustitución de más del 80 % del personal operativo y jurídico vinculado al contrato, sin que existiera evidencia de evaluaciones técnicas objetivas, matrices de desempeño, informes de auditoría o criterios de mérito debidamente documentados que justificaran dichos cambios.Asimismo, se indaga una posible desmejora deliberada de las condiciones salariales contempladas en el contrato, lo que podría implicar afectaciones a derechos laborales del personal involucrado. Este punto forma parte de las pruebas que el Ministerio Público ordenó practicar para esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que habrían ocurrido los hechos objeto de análisis.Por ahora inició de manera formal una etapa de verificación orientada a recopilar elementos que permitan establecer si hubo o no irregularidades en la contratación y ejecución del convenio suscrito por la Unidad de Víctimas.
Periodista en el Urabá antioqueño denunció llamadas amenazantes por parte del Clan del Golfo donde le pidieron abandonar junto a su familia la subregión. El comunicador asegura que intimidaciones podrían estar relacionadas con denuncias publicadas sobre el municipio de ApartadóHay preocupación en el Urabá antioqueño tras las amenazas que en las últimas horas fueron denunciadas públicamente por parte de la Fundación para la Libertad de Prensa en contra del periodista y corresponsal en esta zona, Yeison Rojas.Según la FLIP, Rojas recibió una llamada por parte de una persona que se identificó como “segundo al mando de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia” y le exigió abandonar junto a su familia el territorio.La víctima aseguró que se trata de la cuarta amenaza directa que recibe a lo largo de su carrera y que la más reciente podría estar relacionada con informes emitidos para el noticiero del canal regional Teleantioquia sobre el municipio de Apartadó, a propósito de las recientes lluvias que generaron múltiples afectaciones en el territorio.Rojas indicó que en su trabajo se refirió a la falta de acciones para la mitigación del frente frío que azotó a la región, advertencias previas antes de que la creciente de un río derribara un puente y los reclamos por ayudas humanitarias.Después de esto, empezaron las primeras llamadas e incluso la citación a un sector rural de Apartadó bajo el pretexto de “hablar del problema”, pero no accedió por falta de garantías de seguridad.Mientras que para el comunicador hay un patrón claro frente a la publicación de denuncias y la llegada de amenazas, la FLIP pidió a la Fiscalía una investigación inmediata y con enfoque diferencial, “reconociendo que la amenaza está directamente ligada al ejercicio periodístico”.De igual manera, pidieron a la Unidad Nacional de Protección un estudio para evaluar el nivel del riesgo del comunicador, algo que aseguró Rojas ya ha sucedido en las tres ocasiones anteriores sin que se determine una amenaza que implique la adopción de algún tipo de medida para proteger su vida.
Tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 10 del Ejército, en medio de operaciones militares, lograron el sometimiento voluntario a la justicia de cinco integrantes del Bloque Amazonas de las disidencias de las Farc y la recuperación de una menor de edad que, al parecer, había sido vinculada de manera forzada. La operación se logró tras un bombardeo en la zona por parte de las Fuerzas Militares como parte de la ofensiva contra las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Iván Mordisco’.El primer procedimiento se registró en la vereda La Leona, zona rural de San José del Guaviare, donde unidades del Batallón de Acción Directa y Reconocimiento N.° 28 recibieron la presentación voluntaria de tres hombres señalados de pertenecer al Bloque Amazonas, Estructura Primera. Durante el hecho fueron entregados dos fusiles calibre 5,56 milímetros, 16 proveedores metálicos, 886 cartuchos del mismo calibre y dos chalecos multipropósito, material que quedó a disposición de la autoridad competente.Luego, en la vereda Agua Bonita, también en jurisdicción de San José del Guaviare, tropas del Batallón de Acción Directa y Reconocimiento N.° 30 reportaron el sometimiento de otros dos presuntos integrantes de las estructuras 1 y 44 del mismo grupo armado criminal. Según la información oficial, estos se presentaron sin material de guerra, provenientes del sector de Puerto Flórez, en medio de la presión operacional sostenida en la zona.En el mismo procedimiento fue recuperada una adolescente que, de acuerdo con las autoridades, habría permanecido cerca de tres años vinculada de manera forzada a la Estructura 44. La menor fue puesta a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el restablecimiento de sus derechos y el acompañamiento integral correspondiente.Las autoridades señalaron que estos resultados afectan de manera directa las capacidades logísticas, operacionales y financieras de las estructuras criminales que delinquen en la región, y reiteraron que continuarán las operaciones para fortalecer la seguridad y el control territorial en el Guaviare.
Los precios del petróleo continúan disparándose el martes, ya que el mercado teme que la guerra de Irán dure tiempo, lo que provocaría importantes interrupciones en el suministro, con el estrecho de Ormuz impracticable y las infraestructuras energéticas afectadas.Hacia las 11H30 GMT del martes, el precio del barril de Brent del mar del Norte para entrega en mayo subía un 7,94% hasta los 83,91 dólares, minutos después de haber alcanzado los 85,12 dólares, su nivel más alto desde julio de 2024. Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate para entrega en abril, avanzaba un 7,36% hasta los 76,47 dólares.Los precios del petróleo y el gas se dispararon, el dólar se fortaleció y las bolsas europeas cayeron: la guerra en Medio Oriente desatada por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán sacudió a los mercados, con la excepción de Wall Street.En su tercer día, el conflicto empeoró y se expandió a distintos frentes, con nuevos bombardeos de Estados Unidos e Israel en Irán, que continúa atacando a los países del Golfo e incluso a territorio de la Unión Europea en Chipre."Las repercusiones (económicas) son amplias, pero los efectos más significativos se refieren a los precios de la energía y al mercado de bonos soberanos", comentó Kathleen Brooks, directora de investigación de XTB.Wall Street cerró el lunes con resultados dispares, pero resistiéndose a la tendencia a la baja que arrastró a la mayoría de los demás mercados bursátiles por los temores a las consecuencias de la guerra en Oriente Medio.Los más perjudicados fueron las bolsas de Asia y las plazas europeas, ya que los inversores buscaron protegerse y apostaron por valores refugio como el dólar y el oro. El dólar escaló 1% frente a otras monedas y el oro ganó 1% y cotizaba a 5.298,90 dólares la onza.El conflicto regional compromete el transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz, por donde transita alrededor del 20% del petróleo mundial.El barril de Brent del mar del Norte subió un 7,26% hasta 77,74 dólares, unos 15 dólares por encima del precio de comienzo de año.El West Texas Intermediate (WTI) cerró con un alza del 6,28% hasta 71,23 dólares por barril.El precio del barril de Brent llegó a dispararse casi un 14% y el de WTI, cerca de un 12% en la apertura, después del fin de semana en el que Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva contra Irán que mató al guía supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y a otros altos mandos.El Brent, referencia internacional del oro negro, ya había incorporado progresivamente una prima de riesgo geopolítico hasta situarse en 72 dólares el viernes, escalando desde los 61 dólares del inicio del año."El tráfico de petroleros en el estrecho de Ormuz [...] está virtualmente paralizado", indicó Kristian Kerr, de la firma LPL Financial.Un general de los Guardianes de la Revolución de Irán amenazó el lunes con "quemar cualquier barco" que intente cruzar el importante paso.El sector petrolero terminó además al alza en Nueva York, con Chevron anotándose un 1,47% y ExxonMobil un 1,11%.- Riesgos de inflación -Las bolsas europeas cerraron a la baja, con una caída de 2,17% en París, una baja de 2,56% en Fráncfort, de 1,20% en Londres y de 1,97% en Milán. En Madrid la plaza cedió 2,62%.Las bolsas en Asia bajaron. Tokio terminó la sesión con una caída de -1,4% y Hong Kong, de -2,1%. Todas las bolsas del continente cerraron en rojo, salvo la de Shanghái, que terminó la sesión con una leve subida de 0,5%.En Nueva York, el Dow Jones cedió un 0,15%, el Nasdaq subió un 0,36% y el S&P 500 se mantuvo estable (+0,04%).El mercado de deuda también se vio sacudido el lunes, con aumentos en los bonos a 10 años del Departamento del Tesoro estadounidense subieron hasta 4,03% desde el 3,94% con el que cerraron el viernes.De acuerdo con Angelo Kourkafas, analista de Edward Jones, "durante los últimos 15 años, los inversores (estadounidenses) han aprendido a no reaccionar de forma exagerada a los grandes titulares geopolíticos"."El alza en los precios del gas sugiere que el conflicto tendría graves implicaciones macroeconómicas globales", indicó Kathleen Brooks. "La amenaza de llevar al fin la fase desinflacionaria en Europa y Estados Unidos, que ha respaldado las perspectivas económicas en ambos lados del Atlántico".Tras el ataque del domingo a varios buques en la zona del Golfo, la Organización Marítima Internacional (OMI) llamó a las navieras a "evitar" la región.El precio de los seguros se ha vuelto prohibitivo y las principales compañías han confirmado la suspensión de su paso por la zona.En respuesta a la guerra en Irán, Arabia Saudita, Rusia y otros seis miembros de la OPEP+ aumentaron el domingo sus cuotas de producción de petróleo en 206.000 barriles diarios para el mes de abril, un volumen superior al previsto.El aumento de los precios de la energía, el incremento de los costes de transporte y la pérdida de ingresos para el transporte aéreo podrían tener "un efecto perjudicial sobre el crecimiento", declaró a la AFP el economista Eric Dor, de la Escuela de Administración IESEG de París.
El Ministerio de Minas autorizó de manera temporal el transporte terrestre de diésel en carrotanques desde las plantas de Yumbo y Cartago, en el Valle del Cauca, hacia Nariño con el fin de garantizar el suministro de combustibles.La medida de contingencia llega, luego de que Ecopetrol, según el ministerio, no entregara el volumen de diésel requerido través de Reficar para ese departamento y que el poliducto Yumbo–Buenaventura esté en mantenimiento, impidiendo un traslado vía marítima desde el puerto hasta Tumaco.La cartera anunció, incluso, que iniciará una investigación y proceso sancionatorio contra la petrolera por incumplir con el plan de abastecimiento en contra del reglamento expuesto.“El riesgo de desabastecimiento de diésel que Ecopetrol somete al departamento de Nariño por este incumplimiento podría ocasionar perjuicios al sector de transporte e industrial que se abastece de este combustible y deberá ser investigado por las autoridades administrativas y disciplinarias”, aseguró el ministerio.Para el ministerio, Ecopetrol no acató lo establecido en la resolución 01853 de 2024, que estableció el plan de abastecimiento de combustibles para Nariño indicando que el diésel debía transportarse por vía marítima desde la Refinería de Cartagena, o desde puertos alternos del norte del país, hasta la planta ubicada en la Sociedad Portuaria Regional de Tumaco, bajo un esquema logístico específico.Asimismo, el Ministerio señala el incumplimiento de las Resoluciones 00148 y 00208 de 2026, que, entre otras, detallaban las regulaciones en aspectos técnicos y operativos del transporte marítimo, incluyendo condiciones sobre el punto de incorporación de biocombustible, la marcación del producto y parámetros técnicos como la lubricidad.
La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá negó la tutela presentada por la congresista Marelen Castillo Torres contra el Consejo Nacional Electoral (CNE), que había anulado su inscripción como candidata al Senado por el Centro Democrático.La decisión judicial mantiene en firme la determinación del CNE, que revocó la candidatura al considerar configurada la prohibición constitucional de doble militancia. El organismo electoral sostuvo que su condición de excandidata vicepresidencial y beneficiaria del Estatuto de la Oposición implicaba su afiliación automática al partido Liga de Gobernantes Anticorrupción.El abogado Pedro Felipe Gutiérrez Sierra, apoderado de Castillo, había interpuesto recurso de apelación contra la sentencia del 25 de febrero de 2026, dentro del proceso relacionado con la negativa a permitir su inscripción como candidata al Senado.La defensa argumentó que, aunque en 2022 Castillo fue candidata a la Vicepresidencia junto a Rodolfo Hernández por la Liga de Gobernantes Anticorrupción, tras las elecciones y el posterior reconocimiento de personería jurídica de esa colectividad, ella no tuvo injerencia en la conformación del partido, por lo que no debería configurarse doble militancia.Según el apoderado, al no estar afiliada formalmente a un partido con personería jurídica y en ejercicio de su derecho fundamental a la participación política, aceptó la postulación al Senado para 2026 avalada por el Centro Democrático, inscripción que, afirmó, se presentó dentro de los términos y con el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales.En un recurso previo de reposición, la defensa también sostuvo que la afiliación política es un acto personal, voluntario y expreso, que no puede presumirse únicamente por el reconocimiento de personería jurídica de una colectividad o por la asignación de una curul en aplicación del Estatuto de la Oposición.Pese a estos argumentos, la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá negó las pretensiones de la congresista y deja vigente así la anulación de su candidatura al Senado.
La Unidad Nacional de Protección (UNP) denunció el robo de un lote de 30 cajas a una empresa con la que tiene un contrato para la dotación de chaquetas cortavientos que están marcadas con logos de la entidad. Advirtieron que estas podrían ser utilizadas de manera fraudulenta para la suplantación de identidad, representando un riesgo para los protegidos y el personal.“La empresa Soluciones Integrales Montgomery S.A.S., que actualmente tiene un contrato vigente con la UNP para la dotación de chaquetas cortavientos, denunció el hurto de un lote de 30 cajas con 1.148 de estas prendas, que tienen impreso el logo institucional. El hecho se registró el jueves 26 de febrero en las instalaciones de la compañía, ubicadas en la ciudad de Bogotá”, se lee en un comunicado.Por eso, hicieron un llamado a las autoridades para que adelanten la investigación pertinente y a la ciudadanía para que esté alerta y reporte cualquier situación sospechosa relacionada con el uso no autorizado de estas prendas.“Cabe precisar que la empresa contratista había solicitado en diciembre pasado una prórroga para el cumplimiento del contrato, cuyo plazo inicial vencía el 30 de ese mes. Dicha prórroga fue concedida hasta el 28 de febrero. Posteriormente, tras el presunto hurto reportado, presentó una nueva solicitud de ampliación del plazo contractual”, agrega el comunicado.Esta situación se conoce cinco días antes de las elecciones del domingo, 8 de marzo, en donde los colombianos elegirán los nuevos miembros del Senado, la Cámara y los candidatos a la Presidencia en primera vuelta. La Unidad Nacional de Protección es la encargada de proteger a los aspirantes y líderes políticos, y según el ministro del Interior, Armando Benedetti, ya 64 de ellos, quienes buscan llegar a la Casa de Nariño, están protegidos.
Juan Carlos Pinzón, quien es precandidato a la Presidencia por la Gran Consulta por Colombia, publicó un mensaje en sus redes sociales en el que le envía un saludo a Germán Vargas Lleras, asegurando que hace falta en la política colombiana.“Está haciendo falta en este momento en la política colombiana. Su liderazgo, su carácter, su conocimiento de Colombia, su profundidad en lo que tiene que ver con los asuntos del Estado y sus posiciones férreas y contundentes hacen falta en este momento”, le dijo Pinzón a Vargas Lleras.Video de Pinzón sobre Vargas Lleras:Es importante recordar que Germán Vargas Lleras hasta el momento no se ha pronunciado sobre el candidato que apoyará para las elecciones presidenciales.Además, en un momento se contempló la posibilidad de que Vargas Lleras estuviera en la lista al Senado de su partido, Cambio Radical, algo que finalmente no sucedió.Por otro lado, Juan Carlos Pinzón fue fórmula a la Vicepresidencia de Germán Vargas Lleras en 2018.
El presidente del Consejo Nacional Electoral, Cristian Ricardo Quiroz Romero, y el registrador nacional, Hernán Penagos Giraldo, emitieron una circular conjunta con lineamientos para el ejercicio de funciones y la verificación de testigos electorales de mesa y de comisión escrutadora en las elecciones de Congreso de la República, previstas para el 8 de marzo de 2026.La comunicación está dirigida a delegados del Registrador Nacional, registradores distritales, especiales, municipales y auxiliares; delegados de puesto de la Registraduría Nacional del Estado Civil; cónsules de Colombia; Fuerza Pública; miembros de comisiones escrutadoras y jurados de votación.Uno de los puntos centrales establece que, al finalizar el escrutinio de mesa, los testigos electorales podrán tomar fotografías del formulario E14, acta de escrutinio de los jurados de votación, mediante la aplicación Comitium. Esta herramienta permitirá capturar la imagen y remitirla de inmediato a las agrupaciones políticas para su control. En ese sentido, se insta a los jurados de votación a permitir esta actividad.La circular aclara que la captura de imágenes y el uso de la aplicación no reemplazan ni complementan la transmisión oficial de datos ni la etapa de preconteo, funciones que son competencia exclusiva de la Registraduría. Se trata, precisa el documento, de una solución tecnológica dispuesta para apoyar la labor de los actores electorales, sin sustituir las funciones de la organización electoral.Además, se informó que en el kit municipal y en el material electoral enviado a los consulados donde se instalarán mesas de votación se incluirán cartillas para testigos electorales. Este material pedagógico deberá estar disponible en cada mesa, con el fin de orientar tanto a los testigos como a los jurados sobre sus facultades y prohibiciones durante la jornada y el escrutinio.En cuanto a la validación de credenciales en el exterior, la circular señala que esta es una facultad de los cónsules y servidores públicos consulares. Para ello, el CNE puso a disposición la herramienta web “Testigos en Línea”. En el país, la validación de credenciales de testigos de mesa y de comisiones escrutadoras podrá ser realizada por delegados de puesto de la Registraduría y secretarios de comisión escrutadora, también mediante esa plataforma.También se resalta que la Fuerza Pública, encargada de la seguridad en los puestos de votación y comisiones escrutadoras, ejercerá control integral de ingreso mediante la verificación de identidad y vigencia de credenciales de testigos electorales, auditores de sistemas y observadores nacionales e internacionales. Este control se apoyará en herramientas tecnológicas del CNE y se aplicará de manera uniforme en todo el país, garantizando que solo personal debidamente acreditado acceda a estos recintos.
El debate de la Gran Consulta por Colombia definió las líneas rojas de los precandidatos presidenciales frente a temas críticos de seguridad y justicia. En una dinámica de respuestas rápidas, la mayoría de los aspirantes se mostró a favor de bajar la edad de imputabilidad a los 14 años, una medida que busca frenar la participación de menores en delitos urbanos.Aníbal Gaviria, David Luna, Paloma Valencia, Enrique Peñalosa, Vicky Dávila y Mauricio Cárdenas votaron afirmativamente ante la propuesta de endurecer las penas para adolescentes. En contraste, Juan Manuel Galán y Juan Daniel Oviedo rechazaron la iniciativa, marcando una distancia frente a la tendencia punitiva del bloque.Posturas sobre seguridad y porte de armasSobre el porte de armas para civiles, a diferencia de la justicia juvenil, no hubo consenso. Vicky Dávila y Juan Daniel Oviedo se opusieron tajantemente, argumentando que no se debe "inundar a Colombia de armas". Dávila matizó su postura señalando que el enfoque debe ser arrebatarle el armamento a los violentos y no armar a la población civil.En materia energética, el fracking recibió un respaldo casi unánime. Con excepción de Oviedo, los candidatos apoyaron el regreso de esta técnica de extracción, incluso sin pilotos previos. Por otro lado, hubo unanimidad total en el rechazo a la reelección presidencial y al aumento del IVA, propuestas que todos los sectores consideraron inviables para el contexto actual del país.Pese a las diferencias en temas de defensa y justicia, los integrantes de la consulta ratificaron su compromiso de apoyar a quien resulte ganador el próximo domingo. Respecto a las fórmulas vicepresidenciales, figuras como David Luna, Enrique Peñalosa y Vicky Dávila sugirieron que sus acompañantes de gobierno podrían salir del mismo grupo de la consulta. En contraste, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se mostraron cautos, indicando que aún no hay decisiones definitivas sobre sus coequiperos.
A pocos días de las elecciones legislativas del 8 de marzo, el Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos (CRAC) dio a conocer una guía práctica para que las personas con discapacidad visual puedan ejercer su derecho al voto de manera autónoma, informada y en igualdad de condiciones.Según la entidad, uno de los principales desafíos no está únicamente en la infraestructura electoral, sino en los imaginarios sociales que persisten. La idea de que todas las personas con discapacidad visual deben votar acompañadas o que no pueden comprender el debate político sigue influyendo en prácticas que, aunque bien intencionadas, terminan afectando el carácter libre y secreto del sufragio.La organización enfatiza que la discapacidad visual no es homogénea: incluye tanto ceguera total como distintos niveles de baja visión. Por ello, existen herramientas que permiten votar de manera independiente, como plantillas guía en sistema Braille, ayudas ópticas personales o apoyos puntuales solicitados directamente por el votante. Desde un enfoque de derechos, el acompañamiento es un recurso disponible cuando la persona lo pide, no una obligación impuesta por terceros.Recomendaciones para ejercer el voto de manera autónomaEl CRAC subraya que el ejercicio independiente del voto comienza antes del día de elecciones y propone cinco acciones concretas:Informarse previamente sobre el lugar y mesa de votación: consultar con anticipación el puesto asignado permite planear el desplazamiento, estimar tiempos y reducir incertidumbre durante la jornada.Conocer los mecanismos de accesibilidad y los derechos disponibles: es clave saber que se puede solicitar plantilla guía en Braille cuando esté prevista, ingresar con un acompañante elegido libremente o utilizar ayudas ópticas personales.Entender que el acompañamiento es apoyo, no sustitución: si se decide contar con ayuda, esta debe facilitar la experiencia sin reemplazar la decisión política individual.Expresar con claridad el tipo de apoyo requerido: comunicar directamente a jurados o delegados las necesidades específicas ayuda a evitar intervenciones innecesarias que puedan afectar el secreto del voto.Documentar y reportar barreras: registrar obstáculos relacionados con accesibilidad contribuye a mejorar futuros procesos electorales.Con estas recomendaciones se busca que todos los colombianos habilitados para ejercer su derecho al voto lo hagan el próximo domingo 8 de marzo sin inconvenientes en todo el país.
La Registraduría Nacional del Estado Civil inició este martes el proceso de congelación del software electoral que será utilizado en las próximas elecciones legislativas, en un procedimiento que busca blindar tecnológicamente el preconteo, el escrutinio y la digitalización de las actas electorales E-14.La jornada se adelanta en compañía de auditores de la Misión de Observación de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE), la Misión de Observación Electoral (MOE), cinco auditores de partidos políticos y delegados de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República.El procedimiento, denominado Registro de Custodia de Código Fuente, tiene una duración estimada entre seis y ocho horas. Durante este tiempo, los sistemas informáticos que almacenarán los datos del preconteo, escrutinio y digitalización quedarán completamente bloqueados. Solo hasta la mañana del domingo 8 de marzo, día de las elecciones del Congreso, se realizará el “descongelamiento” del sistema para su puesta en marcha oficial.Según explicó Jaime Hernando Suárez, delegado para asuntos electorales de la Registraduría, el proceso contempla la generación de cuatro claves diferentes, introducidas de manera independiente por funcionarios de la Procuraduría, la Registraduría, el operador logístico y auditores de los partidos políticos. Este mecanismo busca garantizar que ninguna entidad tenga control exclusivo sobre el sistema.“Se descarta el fraude en el proceso electoral totalmente. Si estamos hablando de software, el proceso electoral con los software que utiliza la Registraduría está blindado”, afirmó el delegado de la Registraduría frente a los señalamientos de posibles irregularidades.En materia de vigilancia ciudadana y política, la entidad informó que hasta el momento se han inscrito 696 auditores de partidos para acompañar el proceso, lo que representa un incremento cercano al 300 % frente a 2022, cuando se registraron 188 personas en este mecanismo de control.En el panorama internacional, la Registraduría confirmó que tres consulados, ubicados en Israel, Beirut (Líbano) y Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos), no fueron autorizados para instalar mesas de votación. Sin embargo, señaló que en el resto de sedes diplomáticas la instalación avanza con normalidad.Finalmente, la entidad indicó que en todos los puestos de votación los bolígrafos que se utilizarán el día de la jornada ya fueron sometidos a dos pruebas, tanto químicas como de calor, bajo supervisión de las auditorías, con el fin de evitar cualquier alteración en los votos.Con estas medidas, la autoridad electoral busca reforzar la confianza pública en el proceso y garantizar la transparencia de los comicios legislativos.
La reactivación del transporte férreo en Colombia dio un paso clave con el inicio oficial de la operación comercial del proyecto APP La Dorada – Chiriguaná. La Concesión Línea Férrea Central puso en circulación su primer tren de carga en el corredor que conecta Ciénaga, Chiriguaná y La Dorada, un eje estratégico para la logística nacional.El primer movimiento comercial movilizó 2.414 toneladas de carga en operación bidireccional. En el trayecto inicial se transportaron 1.190 toneladas de varilla y pulpa de papel, mientras que en el recorrido de regreso el tren llevó 1.224 toneladas de refrescos y bebidas.El tren atraviesa más de 20 municipios en su recorrido, lo que no solo fortalece la conectividad regional, sino que también dinamiza economías locales. Más de 40 personas participan en cada operación, muchas provenientes del área de influencia del proyecto, involucradas en labores de cargue, coordinación, tránsito y descargue, lo que representa generación de empleo y fortalecimiento de capacidades técnicas en el territorio.Este inicio comercial también consolida un modelo de transporte multimodal, al articular el modo férreo con el transporte carretero y portuario. La integración permite reducir costos logísticos, mejorar tiempos de entrega y ofrecer soluciones más competitivas para los generadores de carga en sectores industriales y de consumo masivo.“Estamos muy complacidos de iniciar esta operación comercial con un tren de 35 plataformas, capacidad de 1.190 toneladas y un esquema operativo que nos permite cumplir itinerarios y atender requerimientos de clientes de diferentes sectores. Esto es el resultado de un trabajo técnico y operativo sostenido que hoy habilita al corredor para prestar servicio de manera formal”, señaló Germán de la Torre, gerente de la Concesión Línea Férrea Central.Con esta puesta en marcha, la Concesión Línea Férrea Central avanza en la recuperación del modo férreo como alternativa estratégica para el país. El reto ahora será mantener la continuidad del servicio, ampliar volúmenes de carga y consolidar el corredor como un eje estructural para la competitividad regional y nacional.
Han pasado 40 años desde aquel 6 de noviembre de 1985, cuando el país quedó paralizado ante uno de los hechos más desgarradores de su historia. En medio del ruido de las balas y el olor a humo, 94 personas perdieron la vida y más de una docena desapareció sin dejar rastro. Hoy, esa memoria vuelve a interpelar a Colombia desde distintas voces que se niegan a olvidar. En Sala de Prensa Blu, algunos sobrevivientes, familiares de víctimas y representantes del poder judicial recordaron esos dos días que partieron en dos la vida del país.Se trata de una conmemoración necesaria y dolorosa. No es solo una fecha más en el calendario, es un recordatorio del “holocausto nacional” que sigue siendo una herida abierta. Como lo resumió uno de los entrevistados: “Esta llaga no sana. Cuarenta años después, el dolor sigue ahí”.La verdad ausente en la toma del Palacio: ¿Quién sabía y quién pagó?Durante el especial radial, la voz de Carlos Medellín, hijo del magistrado asesinado Alfonso Reyes Echandía, puso sobre la mesa una verdad incómoda: “La primera víctima del Palacio de Justicia fue la verdad”. Medellín asegura que aún no se sabe con certeza quién dejó expuesta a la Corte Suprema, por qué se retiró la seguridad del edificio y qué tanto sabían las autoridades antes de la toma.Para él, la tragedia ha sido contada “incluso sobre mentiras”, dejando de lado la responsabilidad directa de los guerrilleros del M-19 que justificaron la acción como una medida “revolucionaria” contra el gobierno de Belisario Betancur. Mientras algunos sectores han centrado la culpa en la brutalidad de la retoma militar, Medellín insiste: “La responsabilidad del M-19 es muy grande, ellos sabían lo que hacían al entrar ahí, a sangre y fuego”.El entrevistado también recordó que la explosiva relación con Pablo Escobar no ha sido aclarada del todo: “No sabemos si financió el ataque para destruir expedientes y frenar su extradición. Esa verdad no está completa”.Crudo testimonio: Sobrevivir al infiernoEl relato de Francisco González, auxiliar de servicios generales del Palacio, estremeció a la audiencia. Contó que solo se salvó “por un cheque olvidado” que lo obligó a volver al edificio minutos antes del ataque. “Pedí permiso para tomar una gaseosa. Segundos después todo fue ráfagas, gritos y humo”. Su escape terminó entre carros abandonados, donde se ocultó aterrado mientras escuchaba los disparos.Por su parte, Orlando Arrechea relató el drama de los sobrevivientes en manos de la Fuerza Pública: “Nos pusieron en fila india y nos llevaron a Usaquén. Ahí me acusaron de guerrillero. Trompada va, patada viene, y pasé toda la noche de pie contra la pared”. Solo un familiar logró demostrar que era inocente.La memoria frágil: El costo de la ausenciaEl presidente de la Corte Suprema, magistrado Octavio Tejeiro, recordó cómo vivió la tragedia desde San Juanito, Meta, donde era juez municipal. “Si eso pasó en Bogotá, ¿qué podía pasarme a mí en un pueblo pequeño?”, dijo. Hoy, aunque el Palacio fue reconstruido, su historia sigue “incompleta”. Los expedientes ardieron y el número exacto de desaparecidos sigue siendo un misterio.El cierre del especial lo dio una de las víctimas anónimas de la historia: Carmen, la señora del aseo que trabajaba en el Palacio. Le preguntaron si la herida había cerrado después de tanto tiempo. Su respuesta fue simple, pero profunda: “No, eso no es así”.
El programa del domingo, 2 de noviembre de 2025, En Blu Jeans contó con las siguientes secciones:En Un columnista nos contó, se habló sobre la tumba del pesimismo.En el Tema Central, se habló de ¿Qué revelan las fantasías sexuales sobre nuestra mente y emociones?En 'La maquina de la verdad', se comentó sobre mitos y realidades de retoques estéticos en el rostro.Escuche el programa completo aquí:
El presidente Gustavo Petro, en una entrevista para el canal Al Jazeera, anunció que en medio de encuentros que se habrían realizado anteriormente con la Media Luna Roja, el equivalente de la Cruz Roja para el mundo árabe, está buscando estrategias para ser más eficaces en las ayudas humanitarias. Frente a este panorama aseguró que se va a convocar a médicos voluntarios para brindar las ayudas y llevarlas al territorio de Gaza.“Nosotros estuvimos en la media luna roja, aquí en Egipto, en el Cairo, buscando cómo volver más eficaz. La ayuda colombiana, incluso, vamos a llevar médicos y médicas voluntarias en el Hospital Militar de Colombia, que tiene experiencia, por lo que hemos también vivido nosotros en el largo conflicto de 70 años dentro de Colombia”, señaló el presidente Gustavo Petro.Además, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que una mujer se convertirá en gerente del Hospital Militar, que se encargará de liderar las ayudas a las comunidades de Gaza. Además, realizó una invitación a médicos con experiencia, a que se puedan dirigir hasta El Cairo para llevar a los niños que se han visto directamente afectados por la guerra hasta Colombia.“Vamos a tener una mujer gerente del Hospital Militar, que va a encargarse de esta tarea, y ojalá muchísimos médicos y médicas con experiencia, en Colombia quieran ir transitoriamente, si quieren, hasta El Cairo, hasta el lugar que podamos, y llevar los niños hasta Colombia” afirmó el presidente colombiano.En la entrevista también ofreció la Cruz de Boyacá a 4 invitados (médicos, periodista y artistas), que participaron en la entrevista. En el espacio también afirmó su apoyo a Gaza y rechazó la “persecución” frente a su inclusión a la lista Clinton y los ataques que se han registrado en el Caribe colombiano por parte de la administración de Donald Trump.
Un atentado armado registrado la noche del sábado interrumpió la tranquilidad del municipio de El Hobo, Huila. En el hecho sicarial, tres personas resultaron heridas, entre ellas el presidente del Concejo, Víctor Arley Chavarro Moreno.Según información de la Policía, dos hombres armados ingresaron al establecimiento comercial de propiedad del concejal del partido Alianza Verde y, sin mediar palabra, dispararon contra el dirigente político y las personas que lo acompañaban.“De acuerdo con la información preliminar, las víctimas se encontraban en un establecimiento de comercio cuando dos personas que se movilizaban en una motocicleta llegaron al lugar y dispararon de manera indiscriminada. Entre los lesionados está el concejal del municipio, quien presenta una herida en la zona abdominal que no compromete su vida, al igual que las otras dos personas afectadas”, señaló el coronel Carlos Eduardo Téllez Betancourt, comandante del Departamento de Policía Huila.Tras el ataque sicarial, las autoridades activaron un operativo en la zona con el fin de capturar a los responsables de este hecho que alteró el orden público en el norte del departamento.“En el municipio de Hobo, en coordinación con las unidades de Policía de Campoalegre, Gigante y Yaguará, mantenemos activado el plan candado con el objetivo de localizar y capturar a los responsables del hecho de violencia en el que resultaron tres personas lesionadas por arma de fuego”, agregó el oficial.Este no es el primer atentado del que ha sido víctima el cabildante. El 9 de octubre de 2024, mientras se movilizaba por la vía que comunica el municipio con Yaguará, también resultó herido al ser interceptado por hombres armados que le dispararon, aparentemente para robarlo.“Nuestra Seccional de Investigación Criminal, con el apoyo de Inteligencia Policial, avanza en la recolección de información, entrevistas, videos de cámaras de seguridad y demás elementos materiales probatorios que nos permitan identificar, individualizar y llevar ante la justicia a los responsables de este hecho”, concluyó el coronel Téllez.
Los familiares y amigos de Franque Esley Hoyos Murcia y Rodrigo Antonio López Estrada, agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, convocaron una marcha en Bogotá para exigir su liberación. Ambos funcionarios fueron secuestrados por guerrilleros del ELN el pasado 8 de mayo en el municipio de Fortul, Arauca.La movilización, denominada “marcha por la vida y la libertad”, se realizará el domingo 9 de noviembre a la 1:00 p. m. Los participantes se reunirán en el búnker de la Fiscalía y caminarán hasta la plaza de Bolívar, vistiendo camisas blancas y portando cadenas como acto simbólico de apoyo.Alejandra Sanabria, esposa de Hoyos, hizo un llamado a la ciudadanía para unirse a esta causa: “Caminaremos por mi esposo y sus compañeros que llevan meses lejos de sus familias y de sus hijos. No es justo que tengamos que acostumbrarnos a vivir con esa incertidumbre. Salimos a las calles para pedir respeto por la vida y recordar que no puede haber negociación sin humanidad”.En concordancia con ese mensaje, Yariel Macualo, esposa de Rodrigo López, expresó que la fe y la esperanza siguen firmes tras seis meses de espera: “Confiamos en Dios en que pronto estarán de vuelta. Invitamos a todos a marchar por el amor, por la vida y por el reencuentro. No podemos rendirnos mientras ellos no estén en casa”.Las familias insisten en que el país no puede olvidar a los funcionarios que permanecen en cautiverio y piden al Gobierno nacional y al ELN acciones concretas para garantizar su pronta liberación.Yariel Macualo, esposa de Rodrigo Antonio López Estrada.Alejandra Sanabria, esposa de Franque Esley Hoyos Murcia.
Dos presuntos integrantes de las disidencias de las Farc fueron capturados en la vereda Tuamo, zona rural del municipio de Rovira, departamento de Tolima, como parte de las investigaciones por las amenazas y el presunto plan para atentar contra la gobernadora Adriana Magaly Matiz.El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que por labores conjuntas de Inteligencia y allanamiento, entre el Ejército, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional, fueron incautadas armas cortas, escopetas y munición de varios calibres.“Este resultado fortalece la seguridad institucional en el Tolima y envía un mensaje claro: ningún grupo criminal intimidará a las autoridades legítimamente elegidas ni a ningún colombiano”, afirmó el ministro.El atentado habría sido ordenado por alias ‘Calarcá’, uno de los cabecillas de las disidencias, mientras que alias ‘Arley’ o ‘El Paisa’ sería quien lidera la estructura delictiva, también encargada del plan. Este último fue detenido el 23 de octubre en la vereda Tolda Vieja, municipios de Roncesvalles, y tendría presencia en zonas rurales de Roncesvalles, Cajamarca y Rovira, y manejaría recursos provenientes de extorsiones que financian actividades ilícitas tanto en el Tolima como en el Meta.Sobre la primera capturaSobre el primer capturado por esta investigación, alias ‘Arley’ o alias ‘El Paisa’, segundo cabecilla de finanzas de las disidencias de las Farc, frente Joaquín González, está señalado de extorsionar a agricultores, ganaderos y comerciantes en los municipios de San Antonio, Roncesvalles, Rovira, Cajamarca, Valle de San Juan y veredas de la ciudad de Ibagué.El Ministerio de Defensa había informado el 23 de octubre que soldados del Gaula Militar Tolima, de la Sexta Brigada del Ejército en coordinación con la Policía, “realizaron la captura del criminal que mensualmente recaudaba 800 millones de pesos, y tenía la directriz de alias ‘Calarcá’ de enviar el 70% de este dinero al departamento del Meta para el fortalecimiento del Bloque Jorge Suárez Briceño”.