A menos de dos días de que los colombianos acudan a las urnas, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que el Gobierno nacional mantiene activado un amplio dispositivo de seguridad para garantizar el desarrollo de las elecciones en el país. En entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, el funcionario afirmó que, pese a las denuncias y hechos de violencia registrados en algunas regiones, el Estado ha desplegado recursos humanos y operativos suficientes para proteger el proceso democrático.“En todas las elecciones ha habido problemas de orden público, pero el Gobierno ha hecho todos los esfuerzos para que los ciudadanos puedan votar con garantías”, afirmó Benedetti durante el diálogo radial.Plan Democracia: despliegue de seguridad en todo el paísEl ministro explicó que desde hace cerca de un año el Gobierno trabaja en coordinación con el Ministerio de Defensa en la implementación del denominado Plan Democracia, una estrategia que busca proteger a candidatos, campañas y votantes durante el proceso electoral.Según Benedetti, una de las medidas clave fue la creación del CORPES, un mecanismo de seguimiento electoral que permitió brindar protección incluso a precandidatos antes de su inscripción oficial.“Esta es la primera vez que se asegura a los candidatos desde siete meses antes de que sean oficialmente candidatos”, señaló el ministro.De acuerdo con las cifras entregadas por el funcionario:Se han realizado 12 CORPES para candidatos presidenciales, con 64 aspirantes protegidos.Se llevaron a cabo 20 operativos para candidatos al Congreso, que cubren cerca de 400 aspirantes.También se realizaron 10 operativos para 91 candidatos en otros procesos electorales.Además, el Gobierno ha acompañado cerca de 4.000 eventos de campaña en territorio, para lo cual se han desplegado 50.000 miembros de la fuerza pública encargados de garantizar la seguridad durante actividades políticas.Regiones con mayores riesgos de orden públicoDurante la entrevista, Benedetti reconoció que existen zonas del país donde históricamente se han presentado problemas de seguridad, especialmente en regiones afectadas por economías ilegales relacionadas con el narcotráfico.El ministro identificó cuatro áreas críticas donde se concentran los mayores desafíos:Norte de SantanderCauca (especialmente López de Micay)Nariño y Valle del CaucaChocó y el sur de Bolívar, hacia el Magdalena MedioSegún explicó, estos territorios han enfrentado conflictos durante décadas debido a la presencia de cultivos de hoja de coca y grupos armados. “Ese es nuestro gran problema, que no es de ahora sino que siempre lo hemos tenido, particularmente en zonas donde se produce coca”, indicó.De acuerdo con los análisis de la Policía Nacional, que cruzan 39 variables de riesgo, existen 108 municipios con posibles amenazas al proceso electoral, cifra que representa cerca del 13 % del territorio nacional.Fuerza pública y seguridad en los puestos de votaciónFrente a las preocupaciones expresadas por autoridades regionales y organizaciones de observación electoral, Benedetti aseguró que el Estado desplegará un robusto dispositivo de seguridad el día de las votaciones.El Gobierno anunció que en los 13.393 puestos de votación del país estarán presentes:120.000 policías capacitados en temas electorales146.000 integrantes del EjércitoEn total, 246.000 miembros de la fuerza pública custodiarán las elecciones. “Esa es una garantía de que el Estado está presente y que el Gobierno nacional está enfrentando la situación”, afirmó el ministro.No obstante, Benedetti lamentó los recientes ataques contra la fuerza pública, entre ellos la muerte de tres soldados en operativos recientes, hechos que calificó como un sacrificio en defensa de la democracia. “Es un dolor para la patria que tres hombres de la fuerza pública tengan que morir tratando de que otros colombianos puedan votar”, expresó.Denuncias de constreñimiento electoralDurante la entrevista también se abordaron las denuncias sobre presiones de grupos armados ilegales para influir en el voto, particularmente en departamentos como Caquetá.Sobre este tema, el ministro indicó que el Gobierno ha coordinado acciones con el Ministerio de Defensa para contrarrestar estas situaciones mediante operativos militares e inteligencia en terreno. Asimismo, explicó que fenómenos como la trashumancia electoral o trasteo de votos no solo involucran a grupos armados, sino que también han sido prácticas históricas de algunas estructuras políticas en el país.Debate por los mapas de riesgo electoralOtro punto de discusión ha sido el número de municipios en riesgo reportados por diferentes entidades. Mientras la Misión de Observación Electoral (MOE) y la Defensoría del Pueblo han señalado cifras superiores a los 180 municipios, el Gobierno maneja un cálculo menor basado en datos de la Policía.Benedetti explicó que las diferencias se deben a la metodología utilizada para medir el riesgo. “En algunos estudios, si ocurre un hecho en una vereda, se termina clasificando todo el municipio como zona de riesgo”, explicó el ministro, quien aclaró que esto puede ampliar significativamente los mapas de alerta.Sin embargo, subrayó que el Gobierno no pretende desestimar los informes de estas organizaciones. “No se trata de demeritar su trabajo, sino de entender que las variables pueden producir resultados distintos”, puntualizó.Impugnación de mesas y transparencia electoralFinalmente, Benedetti se refirió a la controversia generada por las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre la posibilidad de impugnar mesas electorales si se detectan irregularidades. El ministro explicó que el llamado del mandatario se basa en antecedentes electorales, como los votos que se recuperaron en procesos anteriores gracias a reclamaciones presentadas por testigos electorales.“Si usted no impugna, no puede reabrir ni volver a contar los votos”, señaló Benedetti, al recordar casos como la revisión de resultados en elecciones legislativas pasadas.No obstante, aclaró que no existe una instrucción general para impugnar todas las mesas, sino que se trata de un mecanismo legal que los testigos pueden usar cuando detecten inconsistencias. “Entre más se revisen las mesas cuando haya irregularidades, mucho más nítidas y transparentes serán las elecciones”, concluyó.
Se acerca la fecha de la jornada electoral en Colombia; los ciudadanos se preparan para elegir en las legislativas a los miembros del Congreso de la República y la consultas interpartidistas que marcarán el panorama en las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en mayo. Para ello, las autoridades, fechas atrás se vienen preparando en materia de seguridad para mantener el orden y la tranquilidad durante la jornada que se llevará a cabo el próximo domingo 8 de marzo. El Gobierno expidió el Decreto 0188 de 2026, mediante el cual se dictan medidas para la conservación del orden público durante el proceso electoral. El decreto también cobija la jornada del 31 de mayo, correspondiente a la primera vuelta de las elecciones de Presidencia y Vicepresidencia de la República.Entre las medidas, el Gobierno reiteró la medida de ley seca. El decreto establece que los alcaldes deberán restringir la venta y el consumo de bebidas alcohólicas desde las 6:00 p. m. del sábado 7 de marzo de 2026 hasta el mediodía del lunes 9 de marzo, con el fin de preservar el orden público. Este decreto deberá ser aplicado a nivel nacional para preservar la seguridad y tranquilidad antes, durante y posterior a las elecciones. Otra de las medidas importantes es el cierre de los pasos terrestres y fluviales fronterizos, que regirá desde las 6:00 p. m. del 7 de marzo hasta las 6:00 a. m. del 9 de marzo de 2026. La única excepción será para los casos de fuerza mayor o emergencia.Otras restriccionesDurante los días de las elecciones también se prohíbe cualquier tipo de propaganda política, entrevistas de promoción, manifestaciones públicas, publicación de encuestas o apoyo a movimientos políticos en los medios de comunicación. Asimismo, se ordena a los alcaldes municipales restringir la propaganda en el espacio público, a través de pancartas, vallas y otros elementos publicitarios. En ese sentido, las reuniones de carácter político solo podrán realizarse en recintos cerrados, desde el lunes 2 de marzo hasta el lunes 9 de marzo.
Héctor Cabrera, hermano de la candidata a la Cámara por Nariño Claudia Cabrera, fue asesinado este jueves por disidencias de las Farc en el municipio de Policarpa. Criminales de la columna Franco Benavides, bajo el mando de alias 'Iván Mordisco', sacaron a la víctima de su casa y la trasladaron a un sitio despoblado para ejecutarla.El homicidio ocurre a solo dos días de las elecciones, donde Héctor Cabrera participaba activamente en la campaña de su hermana por el Partido de la U. Este hecho violento agrava la situación de orden público en el departamento de Nariño en plena recta final de los comicios.Reacción de la candidata Claudia CabreraTras conocer el crimen, la exalcaldesa de Policarpa se pronunció en su cuenta de Instagram. "Hoy asesinaron a mi hermano. Una vez más la violencia golpea a mi familia y a nuestra tierra. Este país no puede seguir normalizando la muerte y la impunidad. Hoy hablo con dolor, pero también con firmeza: no nos van a callar. Seguiremos luchando por la vida, la justicia y la paz", manifestó la aspirante.La columna de 'Iván Mordisco' estaría presionando a los habitantes de Nariño para votar por determinados candidatos al Senado y la Cámara. Según denuncias, este panorama de constreñimiento y presión armada se extiende a departamentos como Caquetá, donde grupos ilegales intimidan a la población para impedir que voten en libertad el próximo domingo.Sobre este caso también se pronunció la Defensoría del Pueblo, que pidió garantizar la protección de la candidata y de su familia. "Solicitamos a las autoridades desplegar todos los esfuerzos necesarios para garantizar la protección de la candidata y de su familia, quienes actualmente se encuentran en situación de riesgo. Asimismo, instamos a que se adelanten las investigaciones que permitan esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables", señaló la Defensoría.
El precandidato a la Presidencia de la Gran Consulta por Colombia David Luna hizo una denuncia sobre presuntas irregularidades que se podrían estar cometiendo en algunos puntos de votación en el marco de las elecciones en el exterior, que empezaron el pasado lunes.“Colombianos en el exterior que han ido a votar en los consulados en diferentes partes del mundo nos han alertado de varias irregularidades. La primera de ellas es que han pedido el tarjetón de las consultas y en algunos casos les han dicho que no hay, después de insistir se los terminan entregando”, dijo Luna.Según la denuncia del precandidato presidencial, la otra situación que se estaría presentando involucraría a supuestos funcionarios del Gobierno.“Antes de llegar a los puestos de votación hay varios voceros que dicen ser del Gobierno diciéndole a la gente que pidan el tarjetón de la consulta y que le pongan un ‘mamarracho’ para anular el voto, esto es muy grave”, afirmó Luna.Video completo de David Luna:
Robo contra extranjeros preocupa en Medellín: dos ciudadanas francesas fueron atracadas en El Poblado mientras comían empanadas y a un ciudadano belga le echaron una sustancia en su bebida, hurtándole un rolex y pertenencias por 170 millones de pesos.¿Cómo está la seguridad de Medellín en cifras?Un verdadero dolor de cabeza se ha convertido para los comerciantes de sectores turísticos como El Poblado y Laureles los problemas de seguridad que se están registrando recientemente en esas zonas de Medellín, pese a que las autoridades destacan que delitos como el hurto van a la baja. Según destacó la Secretaría de Seguridad, en la Comuna 14 El Poblado el hurto a personas bajó un 17%, el hurto de motos menos 44%, el de carros bajó un 20%, el hurto a residencias menos 71%, el de comercio bajó un 34% y el hurto a celulares -26%, pero se siguen registrando casos.Un ejemplo son un par de ciudadanas francesas que tan solo 24 horas después de llegar a la ciudad fueron víctimas del hurto de sus celulares a la vuelta del hotel donde se estaban hospedando. El pasado domingo, las mujeres se encontraban comiendo empanadas en el sitio, en la calle 8, cuando dos hombres con arma de fuego las intimidó para que les entregara sus pertenencias, como quedó registrado en video.Lukas Hohl Jaramillo, administrador del hotel, en diálogo con Blu Radio, mostró preocupación por la situación y aunque destacó que ha aumentado la presencia de la Policía y funcionarios de la Alcaldía en inmediaciones al parque de El Poblado, pidió que haya un acompañamiento constante.“Que hay más equipos de de alcaldía, hay más policías por el sector, pero que también siga uno teniendo un vistazo a las zonas alrededor del Yeras que nosotros cuidamos mucho el sector, hacemos mucho también con los habitantes de la calle, pues ayudamos donde podamos y nuestro objetivo principal es de demostrar esta ciudad tan hermosa por el mejor lado y pasan esas cosas y pues nos nos tiran para atrás como cuatro pasos”, relató.Por su parte, el comandante de la Policía Metropolitana, general Henry Bello Cubides, expresó que en la Comuna 14 están adelantando una intervención con 120 policías desde el pasado 19 de febrero, contra diversos delitos, y que para este caso se están avanzando en las investigaciones para dar con los responsables.“Nos reunimos con los gremios, los ediles, ciudadanos del sector que nos están suministrando información que va a ser muy importante en el desarrollo de estos procesos investigativos para poder aportar esos elementos materiales probatorios de las cámaras las cámaras LPR, las denuncias oportunas”, aseguró.Otro caso que por estos días ha preocupado a las autoridades es el de un ciudadano belga que, aunque bajo otra modalidad, también fue víctima de un millonario hurto en un edificio del barrio Laureles.Los hechos se registraron finalizando el mes de febrero, cuando una mujer que este invitó a su vivienda dos días después de conocerla llegó a su apartamento en la noche para consumir y licor y al parecer le dio algo en las bebidas, lo cual le causó somnolencia.Al despertar, la víctima se percató de que le habían hurtado un reloj marca Rolex, valuado en 30.000 euros; un reloj marca Omega, valorado en 6.000 euros; otro reloj, con un valor de 2.000 euros; además de dos teléfonos celulares y varios elementos personales. El avalúo total de los objetos sustraídos asciende a los 170.000.000 de pesos.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la nulidad de los fallos disciplinarios que habían ordenado la destitución y el retiro del comandante de la Policía Danny Arley Castaño Infante por hechos ocurridos durante el estallido social en 2021, cuando se desempeñaba como comandante de la estación de Policía El Sosiego, en el municipio de Madrid, Cundinamarca. El uniformado había sido sancionado por presuntamente no haber prestado auxilio, de manera dolosa, a Elvis Alfredo Vivas López, quien llegó herido a la estación policial y falleció días después.De acuerdo con el análisis del proceso, el policía manifestó que en ningún momento vio a Vivas López mientras permaneció en las instalaciones de la estación, por lo que no habría tenido la posibilidad de brindarle asistencia. En el expediente se describe que “la existencia de las manifestaciones ocurridas en el Municipio de Madrid Cundinamarca y los diferentes altercados ocurridos en el peaje Corzo y en la Estación de Policía el Sosiego, donde por temas de desorden público fue necesario llamar apoyo del grupo ESMAD, generándose con ello, diversas confrontaciones, al punto que resultara herido de gravedad el señor Elvis Alfredo Vivas López quien días después producto de dichas lesiones falleció”.Al evaluar las pruebas, el tribunal concluyó que no existe certeza de que el entonces comandante de la estación hubiera tenido contacto directo con la víctima durante los hechos. En la decisión se señala que “de los diferentes elementos probatorios no se tiene certeza de que el señor intendente Castaño Infante haya tenido contacto con el causante Elvis Alfredo Vivas”. El fallo también reconoce que, si bien el comandante de una estación tiene responsabilidades sobre la seguridad y la atención de personas dentro de las instalaciones, es necesario considerar el contexto en el que ocurrieron los hechos.En ese sentido, el tribunal resaltó que las circunstancias de orden público en ese momento eran complejas. Según el análisis judicial, “no se desconoce que el demandante era el comandante de la Estación de Policía el Sosiego para la fecha de los hechos (…) tampoco puede desconocerse las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon los hechos materia de examen según el caudal probatorio recopilado, comoquiera, que estaban frente a una asonada, con entrada y salida de cuadrillas del ESMAD, con la intervención de un mando de más jerarquía como lo fue el coronel Solano, con un personal aturdido y sorprendido”.El tribunal también consideró que las condiciones en las que se desarrollaron los disturbios generaban incertidumbre sobre si el comandante pudo advertir la presencia de una persona herida dentro de la estación. En el fallo se concluye que “las circunstancias de modo, tiempo y lugar que fueron constatadas en las diferentes pruebas, generan una duda razonable de que el comandante de la estación no se hubiera percatado de la presencia de un herido dentro de la estación”.Además, dentro de las pruebas analizadas se tuvo en cuenta la declaración de varios testigos, quienes aseguraron que la víctima permaneció en la estación por un tiempo limitado de 20 minutos y fue llevado a un hospital por sus amigos, sin acompañamiento de funcionarios.Con base en estas consideraciones, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca determinó que no se contaba con elementos suficientes para mantener la responsabilidad disciplinaria que había derivado en la destitución del uniformado, por lo que decidió anular los fallos que ordenaron su retiro de la institución y ordenó reintegrar al funcionario, junto al pago de salarios y prestaciones sociales dejados de devengar desde su retiro del servicio.
Según el monitoreo realizado por el Observatorio de Conflictividad Social, entre el 1 de enero y el 28 de febrero de 2026 se identificaron 35 eventos de conflictos sociales asociados al contexto preelectoral en Bogotá y en municipios de Atlántico, Boyacá, Cauca, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Huila, Meta, Norte de Santander, Santander, Tolima y Valle del Cauca.De acuerdo con el informe, la mayoría de estos hechos están relacionados con acciones contra la oposición política, tensiones derivadas de la polarización entre sectores con posturas políticas distintas, controversias por la inscripción de candidatos y situaciones que afectan el derecho a elegir y ser elegido.En cuanto a las formas de manifestación, la Defensoría señaló que predominan plantones y concentraciones, aunque también se han registrado daños a vallas electorales, disturbios en protestas, afectaciones a sedes de campaña, marchas y sabotajes en actos políticos.Aunque la mayoría de estas manifestaciones han sido de carácter pacífico, la entidad advirtió que algunos episodios recientes han incluido agresiones, daños materiales y enfrentamientos entre simpatizantes, lo que refleja un escenario de tensión latente que podría escalar en medio de la jornada electoral o durante el proceso de escrutinio.Entre los factores de riesgo identificados están: “pronunciamientos públicos sobre un eventual fraude electoral, controversias y decisiones judiciales relacionadas con candidaturas, nuevas demandas que cuestionen la contabilización de votos en determinadas circunscripciones electorales, tensiones durante actividades proselitistas en distintos territorios, incidentes de seguridad en eventos políticos y convocatorias a movilizaciones sociales o manifestaciones pacíficas en fechas cercanas a las elecciones, que podrían afectar la movilidad de las y los ciudadanos y de las autoridades electorales o del material electoral que podrían incidir el normal desarrollo de la jornada”.Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado a las autoridades nacionales y territoriales para adoptar medidas preventivas oportunas que permitan garantizar el ejercicio libre del derecho al voto, la protección de los derechos humanos y el normal desarrollo del proceso electoral.“En este sentido, resulta fundamental promover canales de comunicación efectivos entre autoridades electorales, gobiernos territoriales, organizaciones sociales y actores políticos, con el fin de tramitar de manera temprana las tensiones que puedan presentarse en los territorios y así evitar escenarios de escalamiento de la conflictividad social”.Finalmente, la Defensoría hizo un llamado a partidos políticos, candidaturas y a la ciudadanía “para que cualquier inconformidad relacionada con el proceso electoral sea tramitada exclusivamente a través de los mecanismos institucionales y legales establecidos, en un marco de respeto por la diferencia política y la convivencia democrática”.
Un operativo militar en zona rural de Yondó terminó con la muerte de alias 'Pájaro', señalado cabecilla local de la subestructura Edgar Madrid Benjumea, perteneciente al Clan del Golfo. La acción fue desarrollada por tropas de la Quinta Brigada durante labores de control territorial en el Magdalena Medio, cuando el hombre abrió fuego al percatarse de la presencia militar, lo que derivó en un intercambio de disparos.De acuerdo con información oficial del Ejército, el individuo resultó herido en el enfrentamiento y recibió atención inmediata en el lugar conforme a los protocolos establecidos. Posteriormente fue evacuado a un centro asistencial del municipio, donde se confirmó su fallecimiento horas después.Las autoridades le atribuían un papel clave en la coordinación de homicidios selectivos, el cobro de extorsiones a ganaderos y palmicultores, y el sostenimiento de las finanzas ilícitas de la estructura armada. También era señalado de liderar labores de vigilancia e inteligencia criminal contra la Fuerza Pública para alertar sobre movimientos y operaciones en la zona."Llevaba más de siete años delinquiendo, generando actividades de extorsión, intimidando a la población civil de esta región del Magdalena Medio. Con esto el Ejército Nacional genera una acción contundente para debilitar las capacidades de la amenaza y sobre todo llevar tranquilidad a la población civil", aseguró el coronel Gerson Iván Molina Cortés, comandante de la Quinta Brigada del Ejército.En el desarrollo de la operación, las autoridades incautaron una pistola calibre 9 milímetros, munición, granadas artesanales tipo mortero y un teléfono celular, elementos que quedaron a disposición de las autoridades judiciales.
TGI y Promigas, las principales transportadoras de gas natural en Colombia, niegan haber hecho cobros indebidos a los usuarios del gas natural en el país y aseguran que nadie las ha notificado de cambios a las tarifas de transporte, lo que deja en veremos el anuncio de una millonaria devolución a los usuarios.El anuncio del Ministerio de Minas y Energía apuntaba a la entrega de 150.000 millones de pesos a los usuarios de gas natural debido a cobros irregulares en las facturas."Las Compañías Transportadoras reiteramos que hemos aplicado de manera estricta la regulación vigente y NO hemos generado ni trasladado a los usuarios sobrecostos en el transporte de gas y, por lo tanto, no habría lugar a devoluciones", señalaron en un comunicado.Aunque el Gobierno asegura que hay una decisión de la Creg que cambiará el cobro de las tarifas de transporte, las empresas dicen que nadie las ha notificado y que analizarán la decisión cuando ocurra. Sin embargo, desde ya anuncian que están listas para acudir a instancias judiciales "de ser necesario".El incremento de los precios del gas en Colombia ha sido uno de los dolores de cabeza desde que comenzaron las importaciones para atender a la demanda de hogares y pequeños comercios desde el año pasado. Los agentes de mercado han atribuido las alzas al mayor costo del gas importado; sin embargo, el Gobierno ha venido apuntando a una posible especulación con los precios.Mientras tanto, la Superintendencia de Servicios Públicos emitió un informe en el que concluye que la compra y venta de gas natural por parte de compañías que no atienden a los usuarios generó sobrecostos por 124.000 millones de pesos para los usuarios en el 2024 y sugirió que existe la necesidad de limitar esa actividad.
La decisión fue adoptada por la Sección Quinta del Consejo de Estado que resolvió los recursos de apelación presentados contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Boyacá que había anulado su elección y tras estudiar los argumentos de las partes, el alto tribunal determinó que no prosperaron los recursos del demandado ni del impugnador, por lo que decidió confirmar la nulidad del acto que declaró su elección como alcalde de Tunja.El Consejo de Estado concluyó que Krasnov incurrió en la inhabilidad que prohíbe aspirar a la alcaldía a quienes hayan celebrado contratos con entidades públicas dentro del año anterior a la elección cuando estos deban ejecutarse en el mismo municipio.En el proceso se acreditó que el entonces candidato suscribió el contrato 2302 de 2022 con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) el 6 de diciembre de 2022 para prestar servicios profesionales relacionados con capacitación académica.En el proceso también se alegó que Krasnov no podía ser alcalde por tener doble nacionalidad, al ser colombiano por adopción y tener origen ruso y ucraniano.Sin embargo, el tribunal concluyó que esa restricción ya no existe en la legislación vigente para aspirar a la alcaldía, por lo que ese cargo de nulidad no fue aceptado.Ahora, si la defensa de Krasnov no interpone recurso de aclaración o adición que sería lo único que procede en este caso, lo que sigue entonces es que las autoridades electorales y el Gobierno departamental deberán adoptar las medidas correspondientes para la administración del municipio.
El presidente Gustavo Petro volvió a referirse públicamente a su participación en la película sobre el almirante José Prudencio Padilla y difundió una nueva imagen del rodaje en la que aparece caracterizado con vestuario de época, lo que reavivó la conversación sobre su cameo en la producción financiada con recursos del Estado.La fotografía, que corresponde a una escena del filme, muestra al mandatario con casaca roja bordada, camisa blanca de cuello alto y un fajín militar propio de inicios del siglo XIX. En la imagen también aparece el actor estadounidense Cuba Gooding Jr., quien interpreta al almirante Padilla y encabeza el reparto de la producción.Según explicó el propio presidente en sus redes sociales, su aparición en la película será breve. La imagen difundida corresponde a una toma fija de una escena que ya fue filmada. En ella, Petro aparece caracterizado con maquillaje, peinado y utilería de época, incluso sosteniendo un sable, lo que confirma que su participación implicó preparación de vestuario y ambientación dentro de la producción cinematográfica.El mandatario también argumentó su corta participación en esta película al enfatizar que hace parte de un capítulo de la historia del país y, al mismo tiempo, cuestionó a otros presidentes que han sido DJ o aquellos a los que calificó que buscan "perpetuarse en el poder"."No veo por qué unos presidentes se puedan dedicar a perpetuarse en el poder, otros a ser DJ y yo no pueda ser actor o escritor, y más si es para lanzar niveles mayores del arte audiovisual, de la investigación de nuestra historia, del papel de las negritudes y los indígenas en nuestra independencia y del conocimiento de Colombia en el mundo", escribió en su cuenta de Instagram.Una película financiada con recursos públicosLa producción sobre la vida de Padilla —estratega naval afrodescendiente que lideró la victoria de la Armada de la Gran Colombia en la batalla de Maracaibo en 1823— cuenta con financiación estatal cercana a los cuatro millones de dólares, equivalentes a casi 16.000 millones de pesos.El proyecto es desarrollado por la productora Valencia Producciones con el apoyo de RTVC, que aportó 8.104 millones de pesos, mientras que el resto de los recursos provienen del FUTIC. Los detalles de la contratación fueron publicados en la plataforma estatal SECOP.El rodaje comenzó en febrero y se prevé que la película esté lista para mediados de este año. La dirección está a cargo de Axel Mauricio Navas Talero y Andrés Arturo Valencia Acano, mientras que el guion fue escrito por Navas Talero, Henry Pérez Ballén, Luz Adriana Morales Zapata y Conchita Ruiz López de Mesa.Reparto y producciónAdemás de Gooding Jr., quien interpretará al almirante Padilla, la producción contempla un presupuesto de 2.239 millones de pesos para el actor principal. Los actores de reparto suman 116 millones y otros roles secundarios alcanzan los 2.480 millones de pesos, según los documentos contractuales.Debido a que Gooding Jr. no habla español, el contrato también prevé que gran parte de la película sea grabada en inglés.
Miguel Uribe Londoño, el padre de Miguel Uribe Turbay, se inscribió oficialmente en la Registraduría como candidato presidencial para la primera vuelta de las elecciones.Después de realizar el proceso de inscripción aseguró que su candidatura se basará en la unidad del país y por eso le hizo un llamado al Centro Democrático, partido en el que él militó hasta finales del año pasado.“Yo tengo muchos amigos en el Centro Democrático, yo fui cofundador del Centro Democrático y Miguel fue su gran líder de 2022 a 2025 y nosotros estamos en capacidad de representar todo lo que esas personas del Centro Democrático quieren, por eso creo yo los invito a votar por mí a ellos y a las comunidades negras, afros, palenqueras y raizales y a todos los colombianos y a los liberales y a los conservadores y a los del partido de la U”, dijo Uribe Londoño.Es importante recordar que Uribe Londoño fue precandidato presidencial del Centro Democrático, sin embargo, fue expulsado del proceso y él renunció a la militancia del partido.Su inscripción como candidato presidencial la hizo con el aval del Partido Demócrata Colombiano.Video de las declaraciones de Uribe Londoño:
Operaciones militares en el sur del departamento del Meta permitieron afectar las finanzas de la Estructura Ever Castro, una de las estructuras armadas que hacen parte de la facción comandada por alias ‘Calarcá’.En distintos operativos realizados durante la última semana fueron incautadas drogas, destruido un laboratorio para procesar pasta base de coca y capturado un presunto integrante del grupo armado, lo que representa una afectación cercana a 1.000 millones de pesos a las economías ilícitas de esta organización.Uno de los procedimientos se desarrolló en el centro poblado Jardín de Peñas, donde tropas del Ejército capturaron en flagrancia a un hombre que, según información de inteligencia, estaría vinculado con las actividades logísticas del grupo ilegal.Durante el operativo también fue incautada una camioneta de estacas, seis canecas de 55 galones y cerca de 450 kilogramos de marihuana, cargamento que presuntamente sería utilizado para financiar las operaciones de la estructura criminal en esta zona del departamento.De forma paralela, en la vereda Río Nuevo, en el municipio de San Juan de Arama, las tropas localizaron un laboratorio artesanal utilizado para el procesamiento de pasta base de coca, que posteriormente fue destruido de manera controlada.En el lugar fueron hallados nueve canecas con aproximadamente 455 galones de gasolina procesada, tres bombas de fumigar, nueve recipientes con combustible empleado para la extracción del alcaloide y tres bultos de amoníaco, además de otros insumos utilizados en el procesamiento de hoja de coca.A estos resultados se suma la incautación de 5,6 kilogramos de una sustancia con características similares a la pasta base de coca, hallada durante un puesto de control militar instalado en el sector conocido como La Ye, también en San Juan de Arama.El material fue dejado a disposición de las autoridades competentes, que adelantan las pruebas de identificación y las investigaciones correspondientes.
Bienvenidos al año de las coaliciones. Si tiene dudas sobre cómo votar este 8 de marzo, no sabe quiénes están en el partidor presidencial o no entiende por qué los políticos se pelean por hacer alianzas, ¡tranquilo!En el nuevo videopodcast 'El Pasillo Político', los periodistas Lina María Sandoval y Andrés Carmona le explican todo lo que necesita saber, directo desde los lugares donde se toman las verdaderas decisiones.En este episodio, desmenuzamos el tarjetón electoral y le contamos los secretos de la política, combinando más de 10 años de reportería con anécdotas de pasillo (y de largas plenarias aguantando hambre).¿Qué le explicamos en este primer capítulo?El tarjetón no es automático: le contamos por qué el tarjetón de las consultas interpartidistas no se lo entregarán por obligación y cómo debe pedirlo en su mesa de votación. ¡Ojo! Solo puede elegir a un candidato de una sola consulta o anularán su voto.El partidor presidencial: le resumimos quién es quién en las tres grandes fuerzas que se miden el 8 de marzo: La Consulta de las Soluciones (Centro), La Gran Consulta por Colombia (Centro-Derecha) y el Frente por la Vida (Izquierda).La plata y los votos: ¿Por qué es tan atractivo ir a una consulta? Le revelamos los pros estratégicos (como la reposición a $8.257 el voto) y los contras obligatorios (si gana y no va a primera vuelta, le toca pagarle al Estado).Los 'Lobos Solitarios': Analizamos qué pasará con las figuras que decidieron no hacer alianzas y se fueron directo a la primera vuelta.Para entender el poder de forma clara y sin enredos, conéctese con nosotros.Vea y escuche 'El Pasillo Político' ya disponible en YouTube aquí:
Durante su mensaje, Monseñor Pedro Mercado Cepeda, Capellán del Congreso de la República, señaló que el voto no debe asumirse únicamente como un deber ciudadano, sino también como un compromiso ético y espiritual con el futuro del país.“No se trata de una obligación meramente que tenemos como ciudadanos, sino también como hombres y mujeres de fe. Estamos llamados a participar activamente desde el Evangelio, desde nuestros valores y creencias, en la construcción del futuro de Colombia, de nuestra nación”, afirmó.Monseñor Mercado destacó que el Congreso es “la casa de la democracia” y que allí se toman decisiones que impactan directamente el presente y el futuro de la Nación. Por esa razón, invitó a los electores a informarse y votar a conciencia por candidatos que representen principios como la defensa de la vida, la justicia, la equidad y la reconciliación.“En el Parlamento mucho se discute, lo llamamos la casa de la democracia y por tanto es importante que todos nosotros, pero especialmente hombres y mujeres de fe, votemos a conciencia por aquellos hombres y mujeres que puedan mejor representar los valores de Cristo, los valores del Evangelio, en esa casa de la democracia donde se van a definir muchas cosas importantes para el presente y el futuro de nuestro país”.También reconoció que existe una creciente desconfianza hacia las instituciones del Estado, particularmente hacia el Congreso. Sin embargo, aseguró que dentro de esta, también hay liderazgos valiosos y personas comprometidas con el país.“Hoy vivimos en una enorme desconfianza a las instituciones de la República y particularmente al Congreso de la República. Sin embargo, puedo darle fe que en el Congreso ocurren también cosas buenas, cosas muy buenas, que hay gente muy valiosa, que Colombia tiene nuevos liderazgos, que hay también allí en el Congreso de la República, una presencia muy importante, muy valiosa de hombres y de mujeres de fe”, aseguró.Finalmente, el capellán reiteró su invitación a participar en la jornada electoral y a ejercer el derecho al voto de manera responsable.“Un mensaje de esperanza porque Colombia tiene mucho futuro a pesar de las dificultades, tenemos sin lugar a dudas, las herramientas para salir adelante como pueblo. Los invito a votar, a votar libremente, a votar en conciencia y a votar sobre todo con mucha fe en el futuro de nuestro país”, concluyó.
La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por una serie de ataques registrados en las últimas horas contra campañas al Congreso de la República en distintos departamentos del país.Según la entidad, en apenas 24 horas se reportaron cuatro hechos de violencia relacionados con la contienda electoral. Un homicidio, dos ataques armados contra vehículos de candidatos y la incineración de un automóvil utilizado en actividades de campaña.La entidad subraya que uno de los casos ocurrió en Sucre, donde hombres armados dispararon contra la camioneta en la que se movilizaba Gerardo Luis Ruiz, candidato a la Cámara por la Circunscripción Transitoria Especial de Paz de Montes de María. Otro hecho se registró en Atlántico, donde fue atacado con arma de fuego el vehículo de María Bolívar, aspirante a la Cámara por la Alianza Social Independiente.A estos hechos se suma la incineración del vehículo utilizado en actividades de campaña por Mauricio Matri, candidato a la Cámara por el Centro Democrático, en el municipio de Piedecuesta, Santander. Además, en Puerto Rondón, Arauca, fue asesinada una persona vinculada a la campaña del candidato a la Cámara por ese mismo partido, Manuel Pérez.La Defensoría recordó que, a través de su Alerta Temprana Electoral, ha advertido reiteradamente sobre los riesgos que enfrentan candidatos, equipos de campaña y comunidades en distintas regiones del país, especialmente en zonas PDET donde se ubican las curules de paz.“Lo ocurrido en las últimas horas evidencia que ese riesgo pasó de ser una advertencia a materializarse en hechos concretos de violencia”.Ante este panorama, la Defensoría hizo un llamado urgente al Gobierno nacional, a las autoridades territoriales, a la Fuerza Pública y a la Unidad Nacional de Protección para adoptar medidas inmediatas que garanticen la seguridad de los candidatos, sus equipos de campaña y la ciudadanía en los días previos a la jornada electoral.“Asimismo, reiteramos nuestro llamado a los grupos armados ilegales para que respeten el proceso democrático y se abstengan de cualquier acción que ponga en riesgo la vida, la integridad y los derechos políticos de quienes participan en estas elecciones”.
En medio de un procedimiento de control en carretera, la Policía incautó 71'460.000 pesos en efectivo que eran transportados ocultos dentro de una maleta en un vehículo particular. El hallazgo encendió las alertas de las autoridades al encontrar también propaganda política relacionada con un candidato a la Cámara de Representantes del Partido Liberal.Según informaron fuentes oficiales, el dinero era movilizado en una camioneta de alta gama de color oscuro, donde además se hallaron piezas publicitarias del aspirante identificado con el número 101 en el tarjetón para las elecciones a Congreso de este domingo 8 de marzo.Las imágenes divulgadas por las autoridades muestran que dentro del vehículo también había planillas con información personal de ciudadanos, en las que aparecían datos como nombre, número de cédula, dirección y teléfonos, elementos que ahora son materia de investigación.Al momento del procedimiento, en el vehículo se movilizaba un hombre de aproximadamente 70 años, quien no fue capturado debido a problemas de salud que presentó durante el operativo. No obstante, el dinero y el material incautado quedaron a disposición de las autoridades.El caso fue puesto en conocimiento de los organismos competentes, que buscan establecer si los recursos podrían estar relacionados con posibles delitos electorales, entre ellos la compra de votos.Esta incautación se suma a otros operativos recientes realizados por la Policía, en los que ya se han decomisado más de 1.760 millones de pesos en efectivo que estaban siendo movilizados por distintas regiones del país y que, según las investigaciones preliminares, podrían estar destinados a prácticas de corrupción electoral.
Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) adjudicó oficialmente el megaproyecto vial El Estanquillo – Popayán al consorcio ERG Vías Ciudad Blanca, que presentó una oferta económica cercana a 6,5 billones de pesos para ejecutar una de las obras de infraestructura más importantes del suroccidente colombiano.Este proyecto tiene una inversión total estimada de 8,8 billones de pesos, que incluye los costos de construcción, operación y mantenimiento del corredor durante el periodo de concesión. La cifra ofertada por el consorcio corresponde al valor presentado dentro del proceso de licitación, mientras que el monto total contempla todos los costos asociados al desarrollo del proyecto a lo largo de su ejecución.La iniciativa busca mejorar la conectividad entre el centro y el sur del país.“Es un corredor importante que fortalecerá las capacidades competitivas y logísticas del suroccidente colombiano”, aseguró el Presidente de la ANI , indicó Óscar Javier Torres Yarzagaray. El corredor vial tendrá aproximadamente 252 kilómetros de extensión e incluirá 62 kilómetros de doble calzada, 14 túneles y cerca de 125 puentes, además de obras de rehabilitación, mejoramiento y construcción de variantes para optimizar la movilidad y aumentar la seguridad vial.La obra se desarrollará bajo el modelo de Asociación Público-Privada (APP), mediante el cual el concesionario será responsable de financiar parte del proyecto, realizar los estudios y diseños definitivos, gestionar los aspectos ambientales, prediales y sociales, y ejecutar la construcción, rehabilitación, operación y mantenimiento del corredor.Con este proyecto se espera facilitar el transporte de pasajeros y carga, reducir los tiempos de desplazamiento y fortalecer la integración territorial entre el centro y el suroccidente del país.
Todo comenzó con una queja disciplinaria presentada ante la Procuraduría General de la Nación por el concejal de Bogotá Daniel Briceño, quien acusó a la embajadora de Colombia en el Reino Unido, Laura Sarabia, de estar inhabilitada para ejercer el cargo diplomático por integrar la Junta Directiva del Fondo Nacional de Garantías (FNG).La defensa de Sarabia, encabezada por la abogada Lina Sandoval, anunció una respuesta legal. “Vamos a presentar una acción disciplinaria en contra del señor Briceño, porque actuar de mala fe y con ignorancia supina de la ley es sancionable disciplinariamente. Quiero contarle que la doctora Laura Sarabia no incurre en ninguna prohibición al hacer parte de la Junta Directiva del Fondo Nacional de Garantías. Su designación se enmarca dentro de un encargo oficial expresamente autorizado por el Decreto Ley 274 de 2000, que regula el servicio exterior. Dicha norma permite que los embajadores representen entidades estatales cuando actúan por instrucción oficial, como ocurre en este caso, en el que la doctora Sarabia fue encargada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público”, explicó.“No se trata entonces de un empleo adicional, sino de una función pública legítima y expresamente permitida por la ley”, agregó Sandoval.La abogada argumentó además que las reuniones de la junta se realizan de forma virtual, por lo que la embajadora no ha incurrido en ningún gasto para asistir a ellas. Cabe mencionar que la denuncia de Briceño solicita a la Procuraduría investigar si Sarabia vulneró el artículo del Decreto 274 que impide a los embajadores ocupar simultáneamente cargos en juntas directivas de entidades estatales, salvo que renuncien previamente a ellos.
El reciente pronunciamiento del Consejo de Estado generó una nueva tensión entre el Gobierno y la justicia. La alta corte determinó que el presidente Gustavo Petro hizo un uso inadecuado de las alocuciones presidenciales al convertir estos espacios, destinados a informar sobre asuntos de interés nacional, en escenarios de opinión política. El mandatario respondió calificando la decisión como un acto de censura y una limitación a su libertad de expresión.Ante estas afirmaciones, el magistrado Luis Alberto Álvarez, presidente del Consejo de Estado, salió al paso de las críticas. En declaraciones a los medios, afirmó que la decisión judicial no tiene un carácter restrictivo ni busca silenciar al jefe de Estado. “Creo que las garantías ciudadanas las tiene el primer mandatario y, por supuesto, todos los ciudadanos”, señaló, enfatizando que el fallo busca equilibrar el acceso a la información y evitar el monopolio del discurso oficial en los medios públicos.El Consejo de Estado recordó que las alocuciones deben tener un carácter excepcional y justificado, dirigidas a comunicar temas de interés nacional y no a promover posturas políticas o confrontaciones con otros poderes. La sentencia también ordenó a la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) establecer reglas claras sobre el uso de estos espacios antes de finalizar el año.Con esta decisión, el alto tribunal marcó un precedente en la regulación del uso de los medios oficiales por parte del Ejecutivo. Aunque el presidente Petro mantiene su desacuerdo y advierte que el fallo afecta su capacidad de comunicarse con la ciudadanía, la Corte insiste en que su objetivo es garantizar un debate público equilibrado y plural, en el que el acceso a la información no dependa de la voz exclusiva del Gobierno. La controversia, sin embargo, deja claro que la tensión entre el poder político y la justicia seguirá siendo un tema central en el escenario colombiano.
La renuncia del director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Luis Eduardo Llinás, y la suspensión temporal de esta entidad de la red segura internacional del Egmont Group, tras revelarse la adquisición del software espía Pegasus por parte del Gobierno de Gustavo Petro, encendieron las alarmas sobre los mecanismos de supervisión financiera y ciberseguridad en Colombia.En entrevista con Blu Radio desde Uruguay, el analista de ciberseguridad Camilo Gutiérrez advirtió que “el gran problema es la confianza que puede quedar en la UIAF ante otras instituciones”. La situación plantea un doble riesgo: por un lado, la interrupción del intercambio de información clave con organismos internacionales; por otro, el daño reputacional que podría afectar a una entidad dedicada al seguimiento de transacciones sospechosas y lavado de activos. Si no se corrige la situación, explicó Gutiérrez, “en 2027 podría haber un impacto más grave cuando haya una reevaluación de la unidad”.Riesgo de aislamiento y debilitamiento de la cooperación globalLa UIAF participaba en redes internacionales que permiten rastrear flujos de dinero vinculados al crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo, explicó Gutiérrez. Aunque “esta es una de varias redes”, señaló, la pérdida de acceso o la limitación en la colaboración puede tornarse crítica en operaciones futuras. Según el experto, el efecto más inmediato podría no sentirse ahora, “pero cuando se requiera información específica de otro país, ahí puede empezar a verse el problema”.La implicación directa de Pegasus, sumada a la renuncia de Llinás, genera señales preocupantes sobre la autonomía institucional. “Se tiene que garantizar que sea una entidad independiente”, recalcó Gutiérrez. Si se debilita esa independencia, advirtió, podrían generarse “inconvenientes serios” en el mediano plazo.Ciberseguridad y transparencia: los nuevos desafíos de la supervisión financieraEl escándalo no solo es financiero, sino también de ciberseguridad y gobernabilidad. La compra del software espía Pegasus —reconocida en una locución presidencial el 4 de septiembre— plantea preguntas sobre quién accede a la información, bajo qué protocolos y con qué límites. Gutiérrez alertó que la combinación de vigilancia digital no regulada y supervisión financiera debilitada abre “un vector de riesgo enorme” para el país.Mientras tanto, los sectores encargados de combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo observan con preocupación. La UIAF deberá demostrar con evidencia sólida que no ha sido objeto de “intervenciones indebidas que comprometan su independencia”, insistió el analista. De lo contrario, el problema trascenderá lo técnico y se convertirá en una crisis institucional: la confianza del sistema global podría tardar mucho más en recuperarse de lo que se tardó en perderse.
El Gobierno Nacional expidió el decreto 1138 de 2025, una norma que cambia las reglas sobre el uso del cannabis en Colombia y autoriza por primera vez el uso de la flor de esta planta con fines médicos. A partir de ahora, las farmacias y droguerías podrán vender el producto a personas con certificaciones médicas.El decreto establece que la flor de cannabis podrá utilizarse para producir medicamentos, cremas o preparaciones recetadas, siempre que cuenten con la aprobación de las autoridades de salud. También permite que los pequeños y medianos cultivadores participen en este mercado legal, con trámites más sencillos y apoyo del Estado para fortalecer sus proyectos.Según el Ministerio de Salud, esta decisión busca garantizar que los pacientes puedan acceder a tratamientos seguros y de calidad, basados en estudios que demuestran los beneficios terapéuticos del cannabis. Además, el Gobierno espera que esta medida impulse la economía rural y contribuya a cambiar la percepción sobre el uso médico de la planta.El decreto también establece licencias extraordinarias para la investigación no comercial, regula la fabricación de derivados psicoactivos y no psicoactivos, y define que los productos con bajo contenido de tetrahidro cannabinol (THC) no serán fiscalizados. Además, introduce lineamientos técnicos para las preparaciones magistrales a base de cannabis, que deberán ser elaboradas únicamente por establecimientos farmacéuticos y bajo supervisión de químicos farmacéuticos certificados.Durante los próximos meses, los ministerios de Justicia, Agricultura y Salud deberán definir las normas técnicas para la venta y producción del cannabis medicinal, así como las condiciones para la investigación científica. Mientras tanto, los cultivadores actuales tendrán dos años para adaptarse a las nuevas reglas.
En las redes sociales hay varias denuncias contra funcionarios o ministros por aparente participación indebida en política, muchas de ellas en el contexto de la consulta del Pacto Histórico que se realizó el 26 de octubre. Sin embargo, varias de ellas no se habrían tramitado formalmente.Entre las que destacan está una contra la ministra encargada de Ambiente, Irene Vélez, que sí fue radicada formalmente por el representante a la Cámara, Juan Fernando Espinal. El congresista argumentó que “la funcionaria habría vulnerado el deber de neutralidad política que rige a todos los servidores públicos, al publicar en su cuenta de X (antes Twitter) un video en el que invita a los ciudadanos a participar en la consulta interna”.Según Espinal “constituye una conducta incompatible con los principios de imparcialidad y moralidad administrativa establecidos en la Constitución Política, así como con las prohibiciones expresas contenidas en la Ley 1952 de 2019 (Código General Disciplinario), la Ley 130 de 1994 y la Ley 1475 de 2011”.En la queja, el congresista solicita a la Procuraduría adoptar “las medidas necesarias para preservar la moralidad y la transparencia en el ejercicio de la función pública”. El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, reconoció que hubo varios hechos ventilados en redes sociales, pero recordó que solo con una publicación no basta para denunciar."Se conocen primero por medios o por las redes, que no es un medio institucional de uno entender. Invitamos a quienes tienen esas quejas a que lo hagan por el correo electrónico oficial institucional de la Procuraduría o directamente en las oficinas de la sede del centro. No puede el Procurador andar pendiente de cuántas redes existen en Colombia y cuánto tuitero hay para ver si le pareció bien o no las elecciones. Recibimos las quejas y las tramitamos como corresponde", expresó Eljach.También confesó que estimaba que habría más quejas en el contexto de la jornada electoral del Pacto Histórico: "Sí, hubo varias. No tantas como se hubiera podido esperar. Se comenzaron a tramitar, ya se iniciaron las preliminares y pronto vamos a tener resultados".
Las cifras más recientes del Ministerio de Defensa revelan que enero y septiembre de 2025 se registraron 10.220 homicidios en todo el país, un número preocupante que evidencia un incremento del 3 % frente al mismo periodo de tiempo del año pasado y que cada día 37 personas fueron asesinadas en todo el país.Pero el dato más alarmante corresponde a los miembros de la Fuerza Pública asesinados en actos del servicio. En total, 146 uniformados fueron asesinados en lo corrido del año, frente a 64 casos registrados en 2024, lo que equivale a un incremento del 128 %.El informe detalla que los soldados son el grupo más afectado, con 68 víctimas mortales, seguidos por los suboficiales, con 14. En el nivel ejecutivo y entre los oficiales también se reportan aumentos significativos. 2025, en línea con el reporte, es el año con más asesinatos de miembros de la fuerza pública en servicio desde 2022 y el más alto de la última décadaEl número de uniformados heridos en actos del servicio también aumentó de manera considerable: 597 casos, frente a 340 en 2024, lo que representa un incremento del 76 %. Entre los lesionados, los soldados pasaron de 173 a 317 casos y los suboficiales de 30 a 54, evidenciando el aumento de ataques y enfrentamientos en zonas de conflicto.El repunte de los ataques contra la Fuerza Pública ocurre en un contexto de expansión de estructuras armadas ilegales y disputas por control territorial, especialmente en regiones del sur, oriente y Pacífico colombiano.Las autoridades han atribuido gran parte de la violencia a enfrentamientos entre disidencias de las Farc, el ELN y bandas del narcotráfico, que buscan dominar corredores estratégicos para el tráfico de drogas y armas.