Hay molestia entre los gobernadores del país por la orden del presidente Gustavo Petro de liquidar las EPS en crisis y problemas financieros pues aseguran que es una decisión sin un plan de transición territorial claro, lo que pone en riesgo la atención de millones de colombianos y podría desencadenar un colapso en la red hospitalaria pública.Desde la Federación Nacional de Departamentos, aseguraron que la medida no solo tiene implicaciones administrativas, sino que amenaza directamente la continuidad de tratamientos médicos, especialmente para pacientes con enfermedades crónicas, de alto costo o que requieren atención permanente.Los mandatarios regionales alertan que una liquidación sin una estrategia organizada podría traducirse en interrupciones en medicamentos, autorizaciones y procedimientos esenciales, afectando gravemente la salud de la población más vulnerable. La otra preocupación tiene que ver con la viabilidad financiera por la deuda que sigue pendiente y creciendo.“Los datos del Sistema de Información Hospitalario del Ministerio de Salud con corte a diciembre de 2025, revelan la magnitud del riesgo: las ocho EPS intervenidas adeudan $10,6 billones solo a los hospitales públicos del país. La experiencia histórica es determinante: en las 60 EPS liquidadas o en proceso de liquidación registradas en el SIHO, entre el 99,1 % y el 99,3 % de toda su cartera con los hospitales se convierte en deuda irrecuperable”, detallaron desde la Federación.Ante esto, Rafaela Cortés Zambrano, gobernadora del Meta y presidenta del Consejo Directivo de la Federación, señaló que si bien los gobernadores reconocen la crisis estructural del sistema, no se puede avanzar en reformas sin respaldo técnico ni coordinación con las regiones.“No está en juego solo el futuro de unas entidades, sino la atención de millones de colombianos”, advirtió, al tiempo que cuestionó que una transformación de esta magnitud se impulse en la recta final del actual gobierno sin consensos territoriales.Ante este panorama, los gobernadores formularon ocho exigencias concretas al Ejecutivo, entre ellas la creación urgente de una mesa de coordinación nación-territorio, mecanismos para proteger la cartera hospitalaria, garantías de continuidad del aseguramiento y mayor claridad sobre el nuevo modelo de financiamiento y acceso a medicamentos.“La salud no admite vacíos de transición. Para los pacientes crónicos y de alto costo, cada día sin medicamentos, sin autorización o sin atención especializada puede significar un deterioro irreversible en su condición de salud. Por eso, la FND insiste en que cualquier decisión sobre la liquidación de EPS debe partir de una planeación responsable, seria, territorializada y centrada en la protección efectiva de los pacientes”, puntualizaron.
La Procuraduría General de la Nación suspendió provisionalmente por tres meses al actual agente especial interventor de Asmet Salud EPS, Lain Eduardo López Martínez, por el presunto deterioro en la prestación del servicio de salud a los usuarios de esa entidad.El organismo de control también abrió investigación disciplinaria contra cinco exagentes especiales interventores de la EPS desde 2023 a la fecha.La Procuraduría busca establecer si los funcionarios incumplieron sus deberes durante la intervención forzosa administrativa ordenada por la Superintendencia Nacional de Salud, debido a que, al parecer, aumentaron las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, así como las acciones de tutela e incidentes de desacato presentados por los afiliados.Además, el Ministerio Público también indaga por un posible deterioro en la sostenibilidad financiera de la EPS, reflejado en el aumento de la siniestralidad, presuntas irregularidades en la contratación, incremento de pasivos y una eventual disminución del patrimonio.La decisión se adoptó tras visitas preventivas realizadas por la Procuraduría para verificar la gestión durante la intervención, en las que se habría evidenciado que las medidas adoptadas no mejoraron el acceso a los servicios de salud y, por el contrario, podrían haber generado una atención precaria e ineficiente para 1.585.721 afiliados, de los cuales el 96 % pertenece al régimen subsidiado.
La salud mental hoy en día en los adolescentes generan preocupación y se vuelve un tema cada vez más importante, especialmente en una etapa marcada por los cambios emocionales, físicos y sociales. Según los expertos, muchas de las dificultades emocionales comienzan desde esta etapa, es por esto que se debe prestar atención a ciertas señales que pueden hacer la diferencia.Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), más del 30 % de los problemas de salud mental inician durante su adolescencia. Aspectos como el entorno familiar, la presión académica y el uso constante de las redes sociales pueden afectar en el estado emocional de los jóvenes.“En la actualidad, los adolescentes se ven impactados por diversos factores. Entre ellos están el entorno digital y las redes sociales, donde muchas veces aparece la necesidad de validación" , explicó Javier González, médico familiar, donde también señaló que los conflictos sociales o la presión social pueden terminar afectando el bienestar emocional de los jóvenes hoy en día.Dentro de las señales más comunes que generan alerta entre los jóvenes se encuentran aspectos como: la tristeza constante, el aislamiento social, cambios en el sueño y pérdida de interés por actividades que disfrutaba. Incluso también suelen aparecer conductas de riesgo o comentarios negativos sobre sí mismos.El especialista señala que aunque no siempre son señales que indican un problema grave, recomiendan poner mucha atención si estos aspectos se mantienen durante varias semanas o incluso afectan la vida diaria del adolescente. Otro elemento clave es la comunicación en casa. El especialista indica que, hablar abiertamente, sin juzgar, puede ayudar a que los jóvenes se sientan escuchados y acompañados. De hecho, estudios han demostrado que una buena relación entre padres e hijos pueden evitar problemas como la ansiedad e incluso la depresión.“Promover conversaciones abiertas permite que el joven se sienta validado, pueda entender sus emociones y establezca una red de apoyo para pedir ayuda", señaló el especialista.Por último, los expertos insisten en dejar de lado mitos como "es una etapa, ya se le pasará" o "los jóvenes exageran", ya que esto puede impedir una atención oportuna.
El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) anunció el restablecimiento de la atención integral en salud para pacientes oncológicos en el Instituto Nacional de Cancerología (INC), medida que entra en vigencia desde este 19 de marzo.Según la información oficial, la decisión permite garantizar la continuidad de los tratamientos para más de 170 pacientes que se encontraban en curso en esta institución, provenientes de distintas regiones del país como Bogotá, Meta, Putumayo, Caquetá, Cundinamarca, Boyacá, Nariño, Bolívar, Casanare, Tolima y Santander.El Fomag indicó que también se retoma la atención para personas con diagnóstico confirmado de cáncer que inician sus protocolos médicos en el Instituto Nacional de Cancerología.La entidad señaló que a partir del 1 de abril se ampliará la cobertura en el INC. Esta ampliación incluirá a menores de edad para diagnóstico o confirmación de patologías oncológicas, así como casos nuevos y pacientes con historial clínico en la institución.De acuerdo con el comunicado, la medida también contempla la atención de pacientes ubicados en zonas con limitaciones de acceso a servicios de salud y de personas con enfermedades de alta complejidad que requieren manejo especializado en el Instituto Nacional de Cancerología.
La temporada de lluvias sigue dejando graves afectaciones en Santander. Esta vez, el municipio de Lebrija enfrenta una de sus emergencias más complejas del año tras el desbordamiento de las quebradas La Raíces y La Angula, que ha impactado tanto la zona urbana como rural.El balance preliminar es preocupante: al menos 72 familias lo han perdido casi todo debido a las inundaciones provocadas por las intensas precipitaciones. Viviendas anegadas, enseres destruidos y vías afectadas hacen parte del panorama que hoy enfrentan decenas de habitantes.Ante la magnitud de la emergencia, la Alcaldía de Lebrija declaró la calamidad pública y mantiene al municipio en alerta naranja, mientras organismos de socorro y autoridades locales trabajan de manera ininterrumpida para atender los distintos eventos que se han presentado.Desde la madrugada fue activado el Puesto de Mando Unificado (PMU), desde donde se coordinan las acciones de respuesta. Equipos en terreno adelantan labores de acompañamiento, evaluación de daños y atención a las familias damnificadas, en medio de condiciones climáticas que siguen siendo adversas.Las autoridades municipales hicieron un llamado urgente al Gobierno Nacional y a la solidaridad del país para apoyar la atención de la emergencia, teniendo en cuenta que la capacidad de respuesta del municipio podría verse superada si continúan las lluvias.Mientras tanto, se insiste en las recomendaciones a la comunidad para evitar tragedias mayores: no acercarse a ríos ni quebradas, evitar cruzar corrientes de agua o puentes inestables y, en caso de vivir en zonas de riesgo, trasladarse a lugares seguros.Las autoridades también habilitaron la línea 315 821 6251 para el reporte de emergencias y reiteraron que es clave atender únicamente la información oficial.La situación en Lebrija refleja el impacto del invierno en varias zonas de Santander, donde las lluvias no dan tregua y mantienen en alerta a las comunidades y organismos de gestión del riesgo.
Los propietarios de más de 10.000 vehículos con los motores dañados por gasolina de mala calidad reclamaron una compensación al gobierno de Bolivia, que importa y distribuye el combustible a través de la estatal petrolera YPFB, informó este miércoles la compañía.El presidente centroderechista Rodrigo Paz asumió el poder en noviembre con la promesa de resolver una grave crisis de desabastecimiento de carburantes.Esa política de subsidios, sostenida durante 20 años por los gobiernos socialistas de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025), agotó las reservas en dólares y complicó nuevas importaciones de combustibles.¿Por qué hay gasolina de mala calidad?Paz eliminó en diciembre las subvenciones. Y aunque las largas colas en los surtidores desaparecieron, los bolivianos todavía temen que al cargar sus vehículos sus motores se ennegrezcan y estropeen."Estamos en el orden de 10.874 personas que han iniciado el reclamo" de una compensación por sus motores dañados, dijo en rueda de prensa Yussef Akly, presidente de YPFB.El Ministerio de Energía e Hidrocarburos reconoció la semana pasada que tanques de almacenamiento acumularon restos de oxidación por falta de uso, pero que al volver a utilizarse los residuos se mezclaron con los combustibles.El gobierno de Paz ha calificado la inacción de los funcionarios, que trabajan desde la gestión anterior y que debieron advertir estos problemas, como un "sabotaje".El mandatario ordenó en febrero militarizar 16 plantas de almacenamiento de YPFB a nivel nacional, pero las autoridades no volvieron a pronunciarse si continúa esta vigilancia interna.Akly señaló este miércoles que "tenemos varias personas que están en proceso de investigación" para determinar su responsabilidad, pero no dio más detalles.También explicó que el daño no alcanzó a todo el parque automotor."Esta desestabilización que se da en la gasolina se dio coyunturalmente en algunos lotes" importados y "en situaciones muy puntuales", detalló.Una línea telefónica se habilitó para registrar las quejas de los usuarios. Las compensaciones se iniciarán esta semana.Bolivia importa combustibles principalmente de Argentina, Chile y Paraguay.
Una fuerte emergencia por lluvias tiene en vilo al municipio de Facatativá, donde desde la madrugada del día anterior se registraron precipitaciones de alta intensidad que provocaron inundaciones en varios sectores residenciales. DDe acuerdo con las autoridades locales, al menos 2.500 familias resultaron afectadas y 15 barrios permanecen bajo el agua.La situación se extendió durante toda la noche, obligando a cientos de habitantes a permanecer en vela mientras intentaban contener el ingreso del agua a sus viviendas o evacuar lo poco que podían salvar. En distintas zonas del municipio, el nivel del agua alcanzó el primer piso de las casas, especialmente en conjuntos residenciales con sótanos, donde se reportan daños estructurales.Desde la administración municipal se advirtió que se trata de un evento sin precedentes recientes. Tanto el alcalde como la comunidad coinciden en que no se registraban lluvias de esta magnitud desde hace al menos dos décadas, lo que ha agravado el impacto de la emergencia.En medio de la situación, los testimonios de los habitantes reflejan la dimensión de las pérdidas. “Triste, duele, duele porque es el trabajo de muchas familias, duele porque tiene uno sus vecinos, duele”, señaló uno de los afectados a Blu Radio.Otro residente agregó: “Nada, nada, solamente pedirle a Dios que tenga misericordia de nosotros, es lo único. Llovió muy duro, bastante duro”.Las labores de atención se han concentrado en los sectores más comprometidos, con la presencia de múltiples organismos de socorro. En la zona hacen presencia unidades de bomberos, junto con la Cruz Roja Colombiana, la Defensa Civil Colombiana, la Policía Nacional y el Ejército, que apoyan tanto en la atención de la emergencia como en la seguridad.Las autoridades también han desplegado controles en los alrededores de los conjuntos afectados, debido a que varios vehículos quedaron fuera de las viviendas y existe preocupación por posibles hechos de inseguridad.Mientras tanto, los equipos de emergencia trabajan a la espera de que disminuya el nivel del agua para iniciar las labores de limpieza y recuperación. La prioridad, según indicaron, es evitar incidentes mayores y permitir que las familias puedan regresar a sus viviendas en condiciones seguras una vez baje el caudal que terminó ingresando a las casas.Escuche el informe completo en el audio adjunto:
La intensa temporada de lluvias en Colombia continúa generando graves estragos en varias regiones del país. Los departamentos de Cundinamarca y Santander enfrentan una de las emergencias más complejas de los últimos años, con miles de damnificados, vías colapsadas y comunidades enteras afectadas por inundaciones y deslizamientos de tierra.De acuerdo con el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, más de 10.000 personas han resultado afectadas, especialmente en el municipio de Facatativá, donde el desbordamiento del río Botello ha provocado inundaciones sin precedentes en al menos dos décadas.“Facatativá sin duda es el municipio que representa mayor grado de criticidad”, afirmó el mandatario departamental en entrevista con Mañanas Blu, al tiempo que confirmó que ya son más de 14 municipios impactados por la emergencia invernal.Facatativá, bajo el agua: barrios enteros inundadosLa situación en Facatativá es crítica. Barrios como Girardot, Villas de Manjú y San Benito amanecieron completamente anegados, obligando a cientos de familias a evacuar o a intentar salvar sus pertenencias en medio del agua.El alcalde del municipio, Luis Carlos Casas, describió el panorama tras una noche de atención a la emergencia: “Gran parte del comercio de este sector está inundado… hay un conjunto de unas 600 casas que está completamente afectado”.El mandatario local explicó que el desbordamiento se produjo por la acumulación de agua proveniente de zonas altas y la obstrucción del cauce por material vegetal. “Estamos esperando maquinaria para dragar el buchón que está impidiendo que el agua fluya rápidamente y el nivel pueda bajar”, indicó.En total, se reportan al menos 15 barrios afectados y más de 2.500 familias damnificadas solo en este municipio. Las autoridades han desplegado ayudas humanitarias que incluyen mercados, colchonetas y frazadas para quienes lo perdieron todo.Infraestructura y movilidad, gravemente afectadasLas lluvias no solo han impactado viviendas, sino también la infraestructura vial del departamento. El gobernador Rey detalló múltiples afectaciones en corredores clave, como la vía Bogotá–Villeta, donde deslizamientos de tierra han obligado a restringir el paso vehicular.“Tuvimos un desprendimiento de material que taponó la vía. En este momento trabajamos con paso a un carril mientras se restablece completamente el tránsito”, explicó.En municipios como Pacho, la situación es aún más delicada. “Se perdió casi el 70% de la banca de la vía del Río Negro, que es la única conexión departamental”, señaló el gobernador, advirtiendo el impacto directo sobre el sector agropecuario. Asimismo, en San Francisco se reportan desbordamientos de fuentes hídricas y nuevos derrumbes que dificultan la movilidad en la provincia del Gualivá. Actualmente, el departamento tiene maquinaria operando en al menos 56 puntos críticos para atender las emergencias.Lluvias persistentes y riesgo prolongadoEl origen de la emergencia está relacionado con un aumento inusual de las precipitaciones. Según el gobernador Rey, un nuevo frente frío ha intensificado las lluvias en la región durante las últimas semanas.“Este segundo frente frío nos ha perjudicado drásticamente… tenemos más de 56 emergencias que estamos atendiendo”, afirmó. Además, el IDEAM ha advertido que la temporada de lluvias se extenderá hasta abril, lo que mantiene en alerta a las autoridades ante posibles nuevas emergencias.Santander también en alerta: Lebrija declara calamidad públicaLa situación no es exclusiva de Cundinamarca. En el departamento de Santander, el municipio de Lebrija enfrenta una emergencia similar tras el desbordamiento de las quebradas La Raíces y La Angula.El balance preliminar indica que al menos 72 familias han perdido prácticamente todas sus pertenencias. Viviendas inundadas, daños en enseres y afectaciones en vías hacen parte del panorama actual. Ante la magnitud de la crisis, la Alcaldía declaró la calamidad pública y activó un Puesto de Mando Unificado (PMU) para coordinar la atención.Las autoridades locales trabajan de manera ininterrumpida, aunque advierten que la capacidad de respuesta podría verse superada si continúan las lluvias.
El más reciente informe sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos presentado por la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos advierte que la violencia contra líderes sociales y personas defensoras no solo persiste, sino que responde a causas estructurales que el Estado no ha logrado superar. Entre 2022 y 2025, se documentaron 410 homicidios, en un contexto donde las amenazas, ataques y la impunidad siguen marcando el panorama nacional.La ONU concluye que se trata de un fenómeno extendido y sistemático. Durante este tiempo, hubo casos en 28 departamentos y 184 municipios, con una fuerte concentración territorial. Solo diez departamentos, encabezados por Cauca, con 84 casos, Valle del Cauca con 37, Nariño y Arauca con 36 y Putumayo con 34, concentraron el 76% de los homicidios.“La violencia en contra de personas defensoras está vinculada a factores estructurales, como la persistencia de conflictos armados en varias regiones del país; el involucramiento de los actores armados no estatales y organizaciones criminales en las economías ilícitas, como el narcotráfico, la minería ilegal, la tala ilegal de árboles o el tráfico de personas; la débil presencia de las instituciones del Estado y su desarticulación en cuanto al cumplimiento de sus deberes de prevención y protección; los altos niveles de impunidad”, señala el informe.Control territorial, economías ilícitas y violenciaEl informe señala que los principales responsables serían los grupos armados no estatales, a quienes se atribuye el 73% de los homicidios, seguidos por organizaciones criminales. Aseguran que estas estructuras utilizan la violencia como mecanismo para imponer control social, silenciar liderazgos y asegurar territorios estratégicos.Regiones como el norte del Cauca, el Pacífico nariñense, el Catatumbo, el Cañón del Micay, el Nordeste Antioqueño, Arauca o el Magdalena Medio reflejan las disputas por narcotráfico, minería ilegal y corredores estratégicos que se traducen en ataques directos contra líderes comunitarios.Amenazas, silenciamiento y expansión urbana de la violenciaEl documento afirma que a los homicidios se suman 2.018 ataques y amenazas documentados en el mismo periodo. La mayoría son amenazas, pero también se registran intentos de homicidio, secuestros, vigilancia y agresiones físicas.En los territorios, la violencia se expresa en en aversiones recurrentes. Municipios como Argelia, Toribío y Santander de Quilichao, en Cauca; Tumaco, en Nariño; Tibú, en Norte de Santander; Tame, en Arauca; y zonas del Medio y Bajo Putumayo, concentran los casos más graves.“La reiteración de homicidios a lo largo de los cuatro años confirma que no se trata de eventos coyunturales, sino de patrones estructurales de agresión dirigidos contra personas defensoras indígenas, campesinas, comunitarias y comunales por parte de los grupos armados no estatales como parte de sus estrategias para ganar control social y territorial”.Además, aseguran que la violencia dejó de ser exclusivamente rural y comenzó a expandirse hacia contextos urbanos y periurbanos, donde los ataques están asociados al control barrial, economías ilícitas y disputas por la gobernanza comunitaria en ciudades como Cali, Medellín, Cúcuta, Bogotá, Barranquilla y Santa Marta.Las víctimas: liderazgo comunitarioSegún el informe, 137 víctimas eran integrantes de Juntas de Acción Comunal, 105 defendían derechos campesinos, 95 pertenecían a pueblos indígenas y 49 eran mujeres defensoras.En el caso indígena, el pueblo Nasa concentra 44 homicidios en el periodo. “ONU Derechos Humanos identificó que los grupos armados no estatales y organizaciones criminales ejercen violencia en contra de autoridades tradicionales indígenas, sabedores o médicos ancestrales, guardias o liderazgos con el fin de quebrar sus procesos organizativos y afectar sus estrategias de resistencia”.También aseguran que hay impactos diferenciados en mujeres defensoras, quienes enfrentan violencia de género, amenazas sexuales y campañas de desprestigio, además de un aumento en homicidios que se duplicaron entre 2022 y 2025.“Las violencias basadas en género, también llega a manifestarse a través de agresiones sexuales, en la medida en que incluyen agresiones sexualizadas, amenazas de violencia sexual y hostigamientos dirigidos a la vida íntima y familiar”.En el caso del pueblo Awá, la ONU documentó el homicidio de 10 autoridades y guardias indígenas, en un contexto de control armado, desplazamientos y presiones directas sobre las comunidades. “La falta de medidas de protección colectiva efectivas y de una respuesta estatal adecuada continúa profundizando la situación de riesgo para este Pueblo indígena”.También identificaron riesgos para quienes defienden los derechos de niños, niñas y adolescentes, especialmente líderes, docentes y autoridades que denuncian el reclutamiento forzado por parte de grupos armados.En cuanto a la población LGBTIQ+, documentaron homicidios de personas defensoras, incluyendo mujeres trans, hombres gays y una persona no binaria..Impunidad y fallas estructurales del EstadoEl informe es crítico frente a la respuesta institucional. Aunque reconoce avances y voluntad política, advierte que las acciones del Estado siguen siendo insuficientes, fragmentadas y desarticuladas.Aseguran que la impunidad es uno de los mayores desafíos, ya que de 800 casos investigados por la Fiscalía, solo el 6,87% ha llegado a sentencia, mientras que más de la mitad sigue sin identificar responsables.Además, señalan que el modelo de protección presenta fallas estructurales. La Unidad Nacional de Protección, que concentra la respuesta estatal, enfrenta sobrecarga, demoras superiores a seis meses y medidas que no se ajustan a contextos rurales. Incluso alertan que 34 personas defensoras fueron asesinadas pese a contar con esquemas de protección o haberlos solicitado.“Sumado a lo anterior, un número importante de los vehículos asignados a los esquemas de protección están reiteradamente en reparación por fallas técnicas, afectando por semanas y meses la labor de las personas defensoras de derechos humanos, principalmente aquellas en zonas rurales dispersas”.La ONU también cuestiona la falta de articulación entre niveles de gobierno y la debilidad de los municipios, señalando que“el nivel municipal sigue siendo el eslabón más débil del sistema de garantías”.El informe también advierte que, aunque la Procuraduría ha adelantado investigaciones disciplinarias frente a omisiones en la protección de personas defensoras, su alcance sigue siendo limitado y no ha logrado corregir fallas estructurales en la respuesta institucional.En cuanto a la Policía, señalan que enfrenta restricciones para operar en zonas rurales con presencia de grupos armados, lo que limita su capacidad de brindar protección efectiva a personas defensoras fuera de los cascos urbanos.Menos capacidad internacional en medio de la crisisONU DDHH Colombia alerta que a este panorama se suma un factor preocupante, ya que en 2025, la oficina en Colombia redujo cerca del 50% de su personal y cerró tres oficinas regionales en Medellín, Neiva y Villavicencio, lo que limita su capacidad de monitoreo e incidencia en el país: "Ello redujo la capacidad de monitoreo, asistencia técnica e incidencia en siete departamentos. Autoridades y organizaciones de la sociedad civil expresaron su preocupación" por el impacto que esto conllevaría en la promoción y defensa de los derechos humanos”.Un sistema desbordado y sin respuesta integralEl informe concluye que el modelo actual de protección es “insostenible” y ha sido superado por la magnitud del fenómeno. Incluso aseguran que mecanismos creados por el Gobierno, como los Puestos de Mando Unificados por la Vida, no lograron los resultados esperados y fueron abandonados sin evaluación clara.Un problema estructural sin resolverPara la ONU DDHH, el Estado sigue enfrentando enormes retos para garantizar la vida y la labor de quienes defienden derechos humanos en Colombia, en un contexto donde el control territorial, las economías ilícitas y la débil institucionalidad continúan alimentando la violencia.“La persistencia de los altos niveles de violencia y el repunte de casos de homicidio registrados en 2025 también muestra que el Estado en su conjunto sigue enfrentando importantes retos para revertir las tendencias y patrones de violencia, superar los obstáculos estructurales que impiden garantizar una protección integral y sostenida a las personas defensoras de derechos humanos en Colombia”.La ONU advierte que los altos niveles de violencia se han mantenido a lo largo de distintas administraciones y están anclados en causas estructurales no resueltas.En ese sentido, piden fortalecer la articulación entre el nivel nacional y territorial, aumentar la capacidad de respuesta de autoridades locales y avanzar en la superación de la impunidad como condición clave para garantizar la protección de las personas defensoras.Finalmente, aseguraron que si bien el actual Gobierno ha reconocido la labor de las personas defensoras y ha mostrado apertura al diálogo con organizaciones sociales, señalan que estos esfuerzos no se han traducido en una política sostenida ni en una asignación suficiente de recursos para garantizar una respuesta efectiva.Además, advierten que la prevención y protección no se mantuvieron como una prioridad constante en la agenda institucional, lo que ha limitado el impacto de las acciones adoptadas frente a la magnitud del problema.
Cada persona tiene una manera diferente a la hora de comer, ya sea por la forma en la que se sienta, el ritmo con el que come, la manera en la que se lleva el bocado a la boca, o incluso lo que elige cuando tiene estrés podría revelar más de lo que muchos creen. Según la psicología de la personalidad, en estudios recientes revelados por la National Library of Medicine se han encontrado vínculos entre hábitos alimentarios y ciertos rasgos que generan un debate importante.Si bien, a simple vista comer parece una acción cotidiana, investigadores han identificado que detrás de este comportamiento existen patrones relacionados con la manera en la que las personas manejan sus emociones, el control o incluso la disciplina. Eso sí, los expertos señalan que no es una fórmula exacta, pero sí da pistas que ayudan a entender mejor el comportamiento humano.Qué dice la psicología de la personalidadEl análisis se basa en el modelo de los "Cinco Grandes", una de las teorías más usadas para estudiar la personalidad de las personas. De acuerdo con este modelo, se agrupan los rasgos en cinco dimensiones clave que permiten analizar cómo actúa una persona en variados contextos, incluso en su relación con la comida.En el estudio, realizado con 425 mujeres jóvenes de la Universidad Zayed, se evaluaron tanto sus características psicológicas como sus hábitos alimentarios, con especial atención en comportamientos como la alimentación emocional o el control sobre la ingesta. Por lo tanto:Personas con alto nivel de neuroticismo tienden a comer por ansiedad o estrésQuienes son más responsables muestran hábitos más organizados al comerLos perfiles más equilibrados mantienen mayor control sobre su alimentaciónLa comida puede convertirse en una respuesta emocional, no solo físicaEstos resultados refuerzan la idea de que comer no siempre responde al hambre, sino también a estados emocionales.La personalidad tiene que ver con la dietaUno de los factores que más genera inquietud es cómo ciertas emociones influyen directamente en lo que se come. Por ejemplo, aquellos con neuroticismo, es decir, quienes tienen mayor tendencia al estrés o a la ansiedad suelen recurrir a la comida como una manera de alivio.Por su parte, las personas con mayor nivel de responsabilidad o autocontrol tienden a planificar mejor su alimentación, mantener horarios y evitar excesos. Esto no indica que unos hábitos sean mejores que otros, pero sí reflejan las maneras de enfrentar el día a día.Sin embargo, los investigadores insisten en que estas asociaciones son moderadas. Es decir, no determinan completamente la personalidad, pero sí pueden ofrecer señales sobre cómo alguien maneja sus emociones.Lo que se puede deducir al observar cómo come una personaA pesar de los hallazgos, los expertos hacen una advertencia clave: no es posible definir la personalidad de alguien solo por su forma de comer. Los hábitos alimentarios son apenas una pieza dentro de un panorama mucho más amplio.Además, el estudio se centró únicamente en mujeres jóvenes, lo que limita su aplicación a otros grupos de edad o contextos. Aun así, deja un mensaje claro: la alimentación está profundamente conectada con la mente.
En Colombia, hablar de leche es referirse a uno de los alimentos más tradicionales en la mesa. Sin embargo, aunque su presencia en los hogares es casi universal, su consumo frecuente todavía no alcanza los niveles recomendados, lo que podría estar limitando importantes beneficios para la salud.Actualmente, cerca del 94 % de los hogares colombianos compra leche y el 90 % la consume. A pesar de esto, solo el 58 % de las personas la ingiere más de una vez por semana. Este panorama refleja una oportunidad clara para fortalecer hábitos alimenticios que aporten nutrientes esenciales para el organismo.¿Por qué la proteína láctea es clave en la alimentación?La leche y sus derivados contienen proteína láctea, considerada de alta calidad. Esto significa que el cuerpo humano puede aprovecharla de manera eficiente para funciones fundamentales como la formación y reparación de tejidos.Este tipo de proteína aporta los componentes necesarios para fortalecer músculos, piel, huesos y dientes, convirtiéndose en un aliado importante en todas las etapas de la vida. Más allá de su valor técnico, su impacto se refleja en el bienestar diario y en la prevención de problemas de salud a largo plazo.Beneficios de consumir lácteos con frecuenciaIncluir leche, yogur o queso en la dieta diaria puede marcar una diferencia significativa. Estos son algunos de los beneficios más relevantes:Ayuda a mantener la masa muscular: Consumir proteína de buena calidad contribuye a preservar los músculos, especialmente con el paso de los años. Además, favorece la recuperación después de la actividad física.Fortalece los huesos: Los lácteos están asociados con una mejor salud ósea y un menor riesgo de fracturas, en especial en adultos mayores.Aporta nutrientes esenciales: No solo contienen proteína, también vitaminas, minerales y grasas que trabajan de manera conjunta en el organismo.Uno de los aspectos menos mencionados de los lácteos es la llamada “matriz láctea”. Este concepto hace referencia a la interacción natural entre los nutrientes dentro del alimento.Gracias a esta combinación, el cuerpo puede absorber y utilizar de forma más eficiente la proteína y otros componentes. En términos simples, no se trata solo de lo que contienen los lácteos, sino de cómo esos nutrientes actúan en conjunto para potenciar sus beneficios.¿Cuánta proteína aportan los lácteos?Incorporar estos alimentos en la rutina diaria es más fácil de lo que parece. Algunas opciones prácticas incluyen:Un vaso de leche (200 ml): aproximadamente 6 gramos de proteínaYogur griego (150 g): cerca de 12 gramos de proteínaQueso (30 a 40 g): entre 6 y 8 gramos de proteínaEstas cantidades permiten crear combinaciones sencillas para el desayuno, la merienda o como complemento en otras comidas, adaptándose a diferentes estilos de alimentación.Un hábito que puede mejorar su calidad de vidaEn un contexto donde cada vez más personas buscan cuidarse a través de la alimentación, el consumo regular de lácteos sigue siendo una alternativa accesible y nutritiva.Expertos coinciden en que fortalecer este hábito puede contribuir no solo al mantenimiento de la masa muscular y la salud ósea, sino también al bienestar general. En ese sentido, revisar la frecuencia con la que se consumen estos productos podría ser el primer paso para aprovechar al máximo sus beneficios.Desde la industria, también se resalta la importancia de estos alimentos en la nutrición diaria. “Contribuir a la nutrición de los colombianos ha sido históricamente nuestro motor (…) lideramos el futuro de la nutrición láctea para seguir aportando al país y contribuir al bienestar de nuestros consumidores”, señaló Paola Yanquen, Gerente de Asuntos Regulatorios Alimentarios y Nutrición de Alpina.
Crecen las alertas desde distintos sectores frente a la decisión del Gobierno nacional de avanzar en la liquidación de varias EPS. Tanto Asocajas como la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) coincidieron en que, sin una planeación adecuada, la medida podría agravar la crisis del sistema y afectar a millones de usuarios.Asocajas advirtió que el principal riesgo está en el traslado masivo de afiliados sin un plan claro, lo que podría generar desorden en la atención y afectar la continuidad de tratamientos. El gremio señaló que muchas de las personas que serían reubicadas provienen de EPS con fallas, por lo que llegan con citas atrasadas, procedimientos pendientes y necesidades urgentes, lo que aumentaría la presión sobre las entidades receptoras.En la misma línea, la Andi aseguró que el país enfrenta uno de los momentos más críticos en materia de salud, con problemas financieros que ya están impactando la prestación de servicios, el pago al personal médico y la entrega de medicamentos. Según el gremio, la eventual liquidación podría afectar al menos a 11,8 millones de afiliados.Ambas organizaciones coincidieron en que uno de los puntos más delicados es la capacidad real del sistema para recibir a estos pacientes. Advirtieron que las EPS que asuman a los nuevos usuarios podrían no estar preparadas, lo que se traduciría en demoras en citas, procedimientos e interrupciones en tratamientos, incluso en casos de alta complejidad.Además del impacto en la atención, la ANDI alertó sobre las consecuencias económicas de la medida. Señaló que una liquidación podría agravar la crisis financiera del sistema, afectar a clínicas y hospitales, y poner en riesgo el pago al talento humano en salud.Frente a este panorama, tanto Asocajas como la ANDI hicieron un llamado al Gobierno nacional para evitar decisiones improvisadas y garantizar una transición organizada. Insisten en que cualquier cambio debe priorizar a los pacientes y asegurar que la atención en salud no se vea interrumpida.
La crisis del sistema de salud en Colombia ya no solo afecta a los usuarios del régimen general, sino que también impacta con fuerza a los docentes afiliados al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag).Es el caso de Gloria Agudelo, docente en el municipio de Quinchía, Risaralda, quien completa 15 meses de incapacidad mientras espera una cirugía de alta complejidad que no ha podido concretarse por múltiples fallas en el sistema.“Ha sido un proceso muy lento. Pueden pasar meses esperando una respuesta. Dan autorizaciones, pero conseguir una cita o una cirugía es muy difícil”, relató.La docente asegura que, aunque en diciembre le habían programado su tercera cirugía en la Clínica San Rafael, el procedimiento nunca se realizó debido a la terminación del convenio entre la institución y el Fomag.“Me dijeron que no iban a renovar por problemas de pago. Que no era justo que los especialistas trabajaran tres o cuatro meses sin recibir salario”, explicó.Desde entonces, ha tenido que buscar atención en distintas clínicas sin éxito. En algunos casos, los especialistas se han negado a operarla debido a la complejidad de su condición; en otros, simplemente no ha recibido respuesta.A esto se suma la falta de seguimiento médico. Pese a presentar nuevos dolores y complicaciones, no le autorizaron una consulta con urología bajo el argumento de que ya está a la espera de cirugía.“Mi salud se ha ido deteriorando. Estoy con sonda vesical permanente y cada día es más difícil. Necesito control médico, pero no me autorizan nada”, denunció.El impacto no ha sido solo físico. La docente también enfrenta consecuencias laborales, ya que fue citada recientemente para iniciar un proceso de evaluación de pérdida de capacidad laboral, tras más de un año incapacitada.“Es muy duro. Uno siente que lo están llevando a esto por la demora del sistema, no por su condición. Si las cirugías se hubieran hecho a tiempo, yo estaría trabajando normalmente”, afirmó.Según su relato, los tiempos médicos no se han cumplido: la segunda cirugía debía realizarse en abril de 2025 y se hizo hasta junio, mientras que la tercera, prevista para septiembre, sigue sin fecha.Para Agudelo, esta situación refleja una problemática más amplia que enfrentan los docentes en el país. “Es catastrófico. Tenemos mucho que aportar y no es justo que terminemos en estas condiciones por fallas del sistema”, concluyó.
El año 2025 se consolidó como un periodo retador para la atención del VIH en Colombia, en medio de dificultades en materia de prevención, pero también con avances importantes en diagnóstico y acceso a tratamiento. Así lo evidencian los balances de las estrategias implementadas en al menos 12 territorios del país, donde se concentraron acciones clave para fortalecer la respuesta frente a esta enfermedad.En este contexto, organizaciones como Aid for Aids, una entidad sin fines de lucro que brinda apoyo a personas con VIH y poblaciones vulnerables, han enfrentado un año especialmente complejo en términos financieros, lo que ha impactado la continuidad y alcance de algunos de sus programas.Las autoridades y organizaciones involucradas enfocaron sus esfuerzos en tres frentes principales: la prevención, el acceso a servicios de salud y el diagnóstico oportuno. El objetivo, según indicaron, ha sido garantizar espacios donde todas las personas puedan recibir atención integral sin barreras.En cifras, más de 17 millones de personas fueron alcanzadas con acciones relacionadas con el VIH en Colombia durante 2025. En ese contexto, se realizaron también más de 17 millones de pruebas rápidas, lo que permitió ampliar la detección temprana de casos en diferentes regiones.Sin embargo, uno de los principales desafíos ha sido la reducción en la entrega de insumos de prevención, como condones y lubricantes, debido a limitaciones en el financiamiento internacional. A pesar de ello, se distribuyeron al menos 1.362 paquetes de prevención, una cifra que refleja el esfuerzo por mantener estas estrategias activas, aunque insuficientes frente a la demanda.En cuanto a los resultados diagnósticos, más de 1.000 personas fueron identificadas con VIH en 2025, con una tasa de positividad del 5,8 %. De manera paralela, también se detectaron más de 1.000 casos de sífilis, lo que evidencia la necesidad de reforzar las acciones de salud sexual y reproductiva en el país.Uno de los avances destacados ha sido el acceso a tratamiento. Más de 2.000 personas, en su mayoría provenientes de Venezuela y sin aseguramiento en salud, recibieron medicamentos antirretrovirales, lo que representa un paso clave en la garantía del derecho a la atención, especialmente para poblaciones vulnerables.No obstante, persisten retos importantes para llegar a poblaciones de difícil acceso, especialmente comunidades indígenas, donde las barreras geográficas, culturales y del sistema de salud dificultan la prevención, el diagnóstico oportuno y la continuidad en los tratamientos.
A través de un comunicado a la opinión pública, organizaciones sindicales vinculadas al sector salud como ASUNTSSANAR, SINDISALUD y SINTRAFAMISANAR manifestaron su preocupación frente al anuncio realizado el pasado 16 de marzo por el presidente Gustavo Petro, en el que planteó la posible liquidación de entidades con problemas financieros dentro del sistema.Los sindicatos advirtieron que esta medida no solo comprometería la atención de cerca de seis millones de afiliados en distintas regiones del país, sino que también podría profundizar las dificultades en territorios donde no existen alternativas inmediatas de prestación del servicio. Según señalaron, trasladar masivamente a los usuarios sin un plan técnico y previamente estructurado podría agravar la crisis del sistema de salud.El pronunciamiento también pone el foco en el impacto laboral de la decisión. Más de 6.100 trabajadores, muchos de ellos cabezas de familia, dependen de estas entidades. En ese sentido, alertaron que una liquidación apresurada podría dejar sin sustento a miles de hogares y afectar la estabilidad de comunidades enteras.Asimismo, los sindicatos cuestionaron que la liquidación se esté considerando como única salida. Aseguraron que existen mecanismos como la capitalización, el pago de cartera y procesos de reestructuración financiera que podrían implementarse antes de tomar una decisión definitiva.Finalmente, hicieron un llamado al Gobierno Nacional para que agote todas las alternativas disponibles y garantice un plan de transición claro que asegure la continuidad en la atención de los usuarios y la protección del empleo. “Cualquier decisión sin planificación puede generar efectos irreversibles en el sistema de salud y en la vida de millones de colombianos”, concluyeron.
La reciente difusión de un reto viral en redes sociales que incentiva el consumo excesivo de acetaminofén ha encendido las alarmas entre las autoridades de salud. El doctor Jorge Marín, especialista en toxicología clínica y presidente de la Asociación Colombiana de Toxicología, advirtió en Mañanas Blu que existe un "concepto erróneo" sobre este medicamento, pues su fácil adquisición lleva a las personas a pensar que es inocuo, cuando en realidad es la principal causa de falla hepática fulminante en el hemisferio occidentalEl peligro de los síntomas "silenciosos" Uno de los mayores riesgos de este reto viral es que las manifestaciones de toxicidad no aparecen de forma inmediata. Según el experto, un paciente puede estar asintomático hasta por 24 horas antes de presentar náuseas, vómito, mareo o dolor abdominal. Sin embargo, el daño interno puede ser severo: “El hígado se empieza a inflamar, hacen una hepatitis y finalmente pueden terminar en una falla hepática. Adicionalmente, al riñón le pasa lo mismo”, dijo Marín.Le puede interesar: Nueva investigación revela si tomar acetaminofén en embarazo eleva riesgo de autismo en niñosUna señal de alarma crítica es la ictericia (coloración amarilla en ojos y piel). El doctor Marín enfatizó que si alguien participa en este tipo de desafíos y presenta este síntoma, debe acudir a urgencias de inmediato: “Si alguien hizo este reto y se pone amarillo, hay que consultar inmediatamente porque está haciendo una hepatitis tóxica”, enfatizó.¿Cómo identificar si un menor participó en el reto? Para los padres de familia, la identificación puede ser difícil, debido a que no existe un síntoma único o "clásico" de esta intoxicación. No obstante, el doctor recomienda estar alerta ante cualquier cambio agudo en la conducta, alteraciones neurológicas, vómitos constantes o dolores abdominales repentinos. “La sospecha grande: está extraño, tiene alteración neurológica, está con vómito constante”, señaló el especialista como puntos clave de observación.Dosis máximas y realidad hospitalaria Aunque la Asociación Colombiana de Toxicología aún no ha reportado casos confirmados vinculados directamente al reto viral en el país, la situación por uso inadecuado ya es crítica. “Esta semana solamente hemos tenido cuatro pacientes intoxicados gravemente con acetaminofén. En una paciente estamos mirando si realmente cumple criterios para llevar a trasplante”, reveló Marín.Para evitar tragedias, el experto recordó las dosis límites para adultos:-No superar los 3 gramos al día ( máximo 6 tabletas de 500mg). -No tomar más de 1 gramo cada 8 horas. En el caso de los niños, las dosis deben ser estrictamente calculada, según su peso y siguiendo las instrucciones del médico o el inserto del producto.Finalmente, el especialista fue enfático en que el acetaminofén debe tratarse con respeto: “El acetaminofén no es una vitamina, es un medicamento muy bueno, pero genera gran toxicidad” si se usa de manera inadecuada .Escuche la entrevista:
La Procuraduría General de la Nación concluyó que la muerte del menor Kevin Arley Acosta, ocurrida el pasado 13 de febrero, estuvo relacionada con fallas graves en la prestación del servicio de salud por parte de la Nueva EPS, en un caso que ahora enciende las alarmas sobre la atención de pacientes con hemofilia y enfermedades de alto costo en Colombia.En entrevista con Mañanas Blu, la procuradora delegada para la Salud, Mónica Andrea Ulloa, explicó que el organismo inició una actuación preventiva tras conocer el fallecimiento del menor, lo que permitió reconstruir la trazabilidad de su atención médica. El resultado fue contundente: hubo negligencia en el suministro oportuno del medicamento vital.“La falta del suministro oportuno del medicamento incidió en el deterioro del estado de salud que pudo generar su fallecimiento”, afirmó Ulloa, quien además confirmó que se solicitó la apertura de investigaciones disciplinarias y la compulsa de copias a la Fiscalía.Deudas millonarias y ruptura de contratos: el origen del problemaUno de los hallazgos más relevantes del informe de ocho páginas elaborado por la Procuraduría tiene que ver con la ruptura de la red de prestación de servicios para pacientes con hemofilia.Según explicó Ulloa, el menor estaba asignado a Medicarte, una IPS que prestaba el servicio hasta el 31 de diciembre de 2025. Sin embargo, el contrato no fue renovado debido a una deuda superior a los 53 mil millones de pesos por parte de la Nueva EPS.“Esta relación contractual se termina no solo por la vigencia, sino por la deuda que tenía la Nueva EPS (…) nunca se concretaron los acuerdos de pago”, señaló.Tras la finalización del contrato, la EPS debía garantizar la continuidad del tratamiento con otro prestador. No obstante, esto no ocurrió de manera efectiva. La siguiente entidad, Integral Solutions, también reportó falta de pagos y ausencia de información clínica del paciente.Fallas en la red de atención y traslado críticoEl caso también evidenció fallas estructurales en la red de atención. Luego de un accidente el 8 de febrero, Kevin fue atendido inicialmente en Palestina (Huila) y remitido a Pitalito. Allí, los médicos confirmaron que no contaban con el medicamento necesario ni con la capacidad resolutiva para tratar su condición.A pesar de existir opciones en la región, el menor fue trasladado vía aérea a Bogotá, donde finalmente falleció: “Vemos la insuficiencia que tiene la Nueva EPS de contar con una red disponible (…) el efecto de los cierres de servicios por falta de reconocimiento y no pago de cartera”, explicó Ulloa.Pacientes con hemofilia, en riesgo latenteMás allá del caso individual, la Procuraduría lanzó una advertencia sobre el riesgo que enfrentan otros pacientes con hemofilia afiliados a la Nueva EPS.“Estamos ante un grave riesgo (…) hoy no contamos con una red garantizada para que atienda a estos menores o a toda la población con estas enfermedades”, aseguró la funcionaria.La preocupación se extiende a otras patologías de alto costo, debido a la falta de continuidad en los tratamientos y la inestabilidad en la red de prestadores.Crisis estructural del sistema de saludEl informe también pone en evidencia problemas estructurales en el sistema de salud colombiano, particularmente en las EPS intervenidas. La Nueva EPS, con más de 11 millones de afiliados, presenta indicadores en deterioro, según la Procuraduría.“Tenemos un deterioro grave (…) no tenemos una red de prestación de servicios garantizada y el riesgo es latente para todos los afiliados”, advirtió Ulloa. Entre los síntomas de esta crisis se encuentran el aumento de peticiones, quejas y reclamos (PQR), así como el incremento de tutelas e incidentes de desacato, lo que refleja fallas en la garantía del derecho fundamental a la salud.Consecuencias legales en cursoTras las conclusiones del informe, la Procuraduría solicitó formalmente la apertura de investigaciones disciplinarias y remitió el caso a la Fiscalía General de la Nación para determinar posibles responsabilidades penales.Aunque Ulloa evitó calificar jurídicamente los hechos, dejó claro que serán las autoridades competentes las encargadas de establecer si existen delitos como el homicidio culposo.Un caso que expone fallas sistémicasEl caso de Kevin Acosta no solo revela una presunta negligencia individual, sino que expone fallas sistémicas en la operación de la Nueva EPS y en el modelo de atención a pacientes vulnerables.La Procuraduría advirtió que, en las condiciones actuales, sería inviable que la entidad asuma una mayor carga de afiliados, lo que agrava el panorama del sistema de salud en Colombia.
Dos días de protestas completan los empleados del Nuevo Hospital Bocagrande, en la ciudad de Cartagena, quienes denuncian que desde hace cuatro meses no reciben salarios.Esmilda Rocha, una auxiliar de enfermería que hace 16 años trabaja en este centro hospitalario de mediana y alta complejidad, aseguró que la situación es crítica para más de 200 enfermeros, camilleros y empleados administrativos, quienes hoy se encuentran desesperados por las múltiples deudas y que, incluso, ya no cuentan con recursos para ir a trabajar.“Lastimosamente tenemos tres meses, bueno, casi cuatro meses con este que va corriendo, de que no recibimos salarios; o sea, no tenemos sueldo, no tenemos plata para los buses para venir a trabajar, no tenemos remuneración, o sea, no tenemos dinero para nada. Nuestros hijos están en casa, no dejamos de venir a trabajar, pero nuestros hijos los dejamos en casa sin dinero. O sea, sin plata, sin nada”, relató.Sin abandonar sus labores, al igual que sus otros compañeros del personal asistencial, Rocha contó a Blu Radio que la única respuesta que han recibido de la administración del hospital es que el retraso en los pagos se debe a la deuda que acumula la intervenida EPS Coosalud con el Nuevo Hospital de Bocagrande.“Ellos nos dicen que los culpables son Coosalud, y pues Coosalud no es culpable porque nosotros no tuvimos contratación con Coosalud, sino con Promotora Bocagrande, que fue quien nos contrató al momento de nosotros trabajar (…) y quién puede aguantar así tanto tiempo sin salario, sin un sueldo, sabiendo que tenemos hijos, tenemos obligaciones, tenemos que pagar arriendo, hay que pagar servicios, o sea, todas las problemáticas que tenemos las personas día a día”, describió la enfermera.Por su parte, a través de un comunicado, la gerencia del Nuevo Hospital de Bocagrande informó que vienen “adelantando gestiones directas” con su principal prestador de servicios, que es Coosalud, con el propósito de “viabilizar los giros” correspondientes.“Como es de conocimiento público, esta entidad se encuentra a la espera del nombramiento de un nuevo interventor, situación externa que ha incidido en los tiempos de los procesos administrativos y financieros. A pesar de este panorama, desde la gerencia se continúa trabajando de manera permanente en la búsqueda de soluciones que permitan superar esta coyuntura y fortalecer la estabilidad institucional”, detallaron en la comunicación que fue compartida a través de sus redes sociales.Hasta el momento, los servicios médicos del hospital no se han visto interrumpidos.Entretanto, Coosalud se refirió la situación del personal administrativo y asistencial del Nuevo Hospital de Bocagrande, y afirmaron que están al día con las obligaciones financieras.“La EPS ha garantizado el cumplimiento de todos los acuerdos de pago pactados con dicha institución prestadora y, a la fecha, la entidad se encuentra al día en sus obligaciones financieras y giros correspondientes”, puntualizaron a través de un comunicado.La entidad, que se encuentra intervenida por el Estado, indicó a su vez que si bien el pago de salarios es responsabilidad directa de las IPS, tienen disposición para buscar acercamientos con los directivos del hospital.“Desde Coosalud manifestamos nuestra disposición para realizar los acercamientos necesarios con los directivos de institución para revisar lo concerniente al flujo de los recursos”.Hasta el momento los servicios médicos del Nuevo Hospital de Bocagrande no se han visto interrumpidos.
Bogotá se alista para recibir la cuarta edición del W Fitness Festival 2026, el próximo 7 de marzo. Una experiencia única que esta diseñada para mujeres que buscan espacios de conexión, inspiración y empoderamiento a través de un enfoque de bienestar integral. Este evento se ha consolidado como uno de los encuentros deportivos más importantes de la capital, donde ha beneficiado a más de 10.000 participantes en sus versiones anteriores y que continúa creciendo. En sus tres ediciones anteriores, el W Fitness Festival ha logrado impactar a más de 10.000 mujeres, consolidándose como una plataforma de inspiración y transformación.El lugar confirmado para este evento sera el Compensar de la Avenida 68, una jornada única para que miles de mujeres vivan una experiencia transformadora. Dentro de la programación se contempla: wellness, fitness, running y lifestyle, visibilizando el poder femenino por medio del movimiento. Las mujeres interesadas en el evento tendrán la oportunidad de participar en las W Master Classes, sesiones que son guiadas por expertas en disciplinas como entrenamiento funcional, cardio y meditación.“El W Fitness Festival es un homenaje a la fuerza, resiliencia y liderazgo de las mujeres. Cada actividad está pensada para conmemorar su impacto en la sociedad, reconocer sus logros y celebrar todo lo que representan, recordando que cada paso, esfuerzo y meta alcanzada son un testimonio de su determinación y de la influencia positiva que tienen en el mundo”, explicó Hugo Posada, vocero del W Fitness Festival. Esta edición va contar con la participación de mujeres influyentes como: Elianis Garrido, actriz, bailarina y empresaria; Maisa Pérez, entrenadora internacional y creadora del método The Tabit; Lina Mar Suárez, maratonista y creadora de contenido; Kelly Ríos (conocida como Guajira), atleta y campeona del Desafío 2024; así como la influencer Mariam Obregón. A este grupo, se suman las Nike Trainers de Colombia Kelly Pérez, Paula Hurtado y Brittany Metka.Hybrid Night RaceEsta experiencia, que se esta volviendo tendencia en el mundo del entrenamiento, llega al W Fitness Festival. Consiste en una carrera híbrida que fusiona el running con estaciones de ejercicios funcionales, por medio de un ambiente nocturno de luces, música y energía, renovando los esquemas de entrenamiento tradicional.Es importante recordar que este evento deportivo se posiciona como un encuentro que tiene como objetivo trascender el enfoque físico para brindar un equilibrio mental, social y emocional, por medio de un entorno de comunidad y empoderamiento femenino.
La representante a la Cámara por la Alianza Verde, Katherine Miranda, ha denunciado públicamente lo que denomina un "cartel de la oncología" o "cartel del cáncer". La denuncia apunta a un esquema de remisiones masivas de pacientes de la Nueva EPS hacia la clínica Clinaltec, en Ibagué, señalando un incremento desproporcionado en el número de traslados y facturación en los últimos años.Un crecimiento exponencial bajo la lupaEn diálogo con Mañanas Blu, la representante Miranda, los datos suministrados por la propia Nueva EPS revelan un crecimiento inusual en las remisiones hacia Clinaltec. Mientras que en el año 2023 se registraron 176 pacientes remitidos, para el año 2025 la cifra ascendió a 1.846, lo que representa un incremento del 1000%. Tan solo en enero de este año, se remitieron 222 pacientes, superando en un solo mes el total de todo el año 2023.Este aumento en el volumen de pacientes ha tenido un impacto directo en las finanzas de la institución. Miranda sostiene que la clínica pasó de facturar 980 millones de pesos en 2023 a tener una cartera de 11.000 millones de pesos en 2025. Ante estas cifras, la congresista cuestiona la justificación de tales movimientos financieros y operativos.Traslados injustificados desde regiones apartadasUno de los puntos más críticos de la denuncia son los traslados de pacientes desde departamentos como Valle del Cauca, Santander, Norte de Santander, Bogotá y la Costa Atlántica hacia Ibagué. La representante señala que la ley exige que los traslados se realicen dentro de la zona local o regional más cercana al paciente.Miranda cuestiona por qué se envían pacientes a Tolima cuando existen IPS habilitadas mucho más cerca. Por ejemplo, mencionó que en el Valle del Cauca hay tres IPS que prestan servicios oncológicos y en Bogotá existen ocho, por lo que el traslado a Ibagué resulta, a su juicio, injustificado. Además, denunció que de los 3.000 pacientes remitidos, solo a 600 se les cubrieron los viáticos, obligando a más de 1.400 personas a costear el traslado de su bolsillo.La respuesta de Clinaltec y el vínculo políticoPor su parte, la clínica Clinaltec ha respondido mediante un comunicado asegurando que, a pesar de las deudas de la Nueva EPS, ellos son de las pocas instituciones que mantienen la atención a los pacientes, mientras otras IPS han cancelado servicios por falta de pago. No obstante, Miranda desmiente esta versión citando una malla de la Nueva EPS que confirma que aún hay múltiples IPS operando en departamentos como Antioquia, Atlántico, Quindío y Valle del Cauca.Otro aspecto controvertido es la supuesta relación de amistad entre el dueño de la clínica y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Aunque la representante aclaró que no vincula esta denuncia con temas electorales o proselitistas, enfatizó que la cercanía entre ambos es "ampliamente conocida en la región".Escuche aquí en la entrevista:
Una nueva discusión se abrió en el sector salud tras la expedición del Decreto 0182 de 2026 por parte del Ministerio de Salud, que contempla el traslado de más de tres millones de afiliados dentro del proceso de reorganización del aseguramiento. La mayoría de estos usuarios serían asignados a la Nueva EPS, en un contexto marcado por múltiples EPS intervenidas por el Gobierno.Frente a la medida, Jorge Toro, director de la Unión de las IPS, expresó su preocupación por el momento en el que se adopta la decisión. Si bien reconoció que los procesos de reorganización pueden ser necesarios dentro del sistema, aseguró que el panorama actual es distinto al de años anteriores, debido a las intervenciones y a la concentración de afiliados en pocas entidades.“Hoy, pretender hacer una reorganización del aseguramiento con EPS intervenidas y trasladar la mayoría de la población a una sola entidad genera inquietud no solo en los usuarios, sino en todos los actores del sistema”, señaló. Según explicó, la preocupación radica en que se asigne mayor población a una EPS que, según el gremio, registra indicadores críticos en calidad, oportunidad y acceso a los servicios.Toro advirtió que la preocupación no se limita a los afiliados que serían trasladados, sino también a los que ya hacen parte de la entidad. “No solo es el impacto para los que llegan, sino para los que están”, afirmó, al insistir en que el aumento de usuarios podría profundizar las dificultades en la prestación.En el frente financiero, el directivo señaló que existe incertidumbre sobre el tamaño real de la cartera. Indicó que establecer con precisión la deuda de la Nueva EPS es complejo debido a la falta de publicación reciente de estados financieros. Sin embargo, recordó que la Superintendencia Nacional de Salud mencionó en días pasados que la entidad podría tener pasivos cercanos a los 15 billones de pesos.A esto se suma, según explicó, que varias EPS intervenidas no estarían postulando la totalidad de las facturas bajo la figura de giro directo y que los montos reconocidos no corresponderían plenamente a lo radicado mensualmente por las IPS. Por ello, el gremio adelanta el cierre de cifras para determinar el saldo definitivo de la cartera al finalizar 2025.Otro de los puntos señalados es la reorganización de la red de prestadores. De acuerdo con la Unión de las IPS, la entidad estaría retirando de su red a instituciones con infraestructura y trayectoria reconocida, mientras vincula nuevos prestadores. “Reorganizar la red implica dejar de contratar con algunas IPS, manteniendo deudas pendientes, y abrir contratos con otras, con el riesgo de repetir incumplimientos”, afirmó Toro.
La Procuraduría General de la Nación abrió investigaciones disciplinarias contra ocho personas que ejercieron o ejercen como agentes especiales interventores de dos entidades promotoras de salud intervenidas por el Estado y las suspende provisionalmente: Savia Salud EPS, con más de 1,6 millones de afiliados principalmente en Antioquia, y EPS SOS (Servicio Occidental de Salud), que opera en el suroccidente del país.Los investigados son Edwin Carlos Rodríguez Villamizar, Diana Constanza Rodríguez Posso, Luis Óscar Gálvez Mateus y William Humberto Salgado Gamboa, en el caso de Savia Salud; y Carlos Marino Escobar Vásquez, Carlos Eduardo Franco Muñoz, Sergio Andrés Gil Celis y Carlos Alberto Betancur Castañeda, en el caso de EPS SOS.La medida se produce después de que visitas administrativas de la propia Procuraduría constataron que las intervenciones ordenadas por la Superintendencia Nacional de Salud —la de Savia Salud desde junio de 2023 y la de EPS SOS desde abril de 2024— no cumplieron sus objetivos. Por el contrario, los indicadores se deterioraron en ambas entidades.En Savia Salud, las quejas de usuarios crecieron 33 % entre 2023 y 2025, las tutelas superaron 64.000 en ese período y el 21% de los fallos judiciales quedó sin cumplir. En el frente financiero, el patrimonio pasó de -$570.000 millones en 2022 a -$1,1 billones en 2024, mientras la liquidez cayó a niveles críticos: la entidad solo dispone de entre 4 y 18 centavos por cada peso de deuda exigible a corto plazo.EPS SOS presentó un panorama similar: las quejas aumentaron 71 % entre 2023 y 2025, las tutelas crecieron 14,5 % y la siniestralidad —que mide cuánto gasta la EPS por cada peso que recibe— trepó al 117,5 % en 2024.La Procuraduría señala que la alta rotación de interventores —cuatro en cada EPS en menos de dos años— agravó la situación al impedir la continuidad de los planes de trabajo.Las investigaciones buscan determinar si hubo faltas disciplinarias en la gestión de los interventores, por ahora ambos interventores fueron suspendidos por la Procuraduría. La Superintendencia Nacional de Salud y el Ministerio de Salud también podrían ser objeto de análisis por su rol de seguimiento y control.
La alerta sanitaria por el sarampión en Colombia volvió a encenderse. Tras la confirmación de tres casos importados en el país, dos de ellos en la capital, el secretario de Salud de Bogotá, Gerson Orlando Bermont, advirtió que la situación debe asumirse con seriedad y que el riesgo podría escalar si no se fortalecen las medidas de vigilancia y vacunación.En entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, Bermont fue enfático: “Es grave lo que pudiese suceder. El riesgo es total en Colombia si no tomamos las medidas”. Aunque aclaró que actualmente no existe circulación autóctona del virus, subrayó que la probabilidad de que ocurra es alta si el país baja la guardia.Casos importados de sarampión en Bogotá y ColombiaDe acuerdo con el Instituto Nacional de Salud (INS), hay tres casos confirmados de sarampión en Colombia, todos importados. Sin embargo, Bermont precisó que Bogotá ha reportado tres casos en la ciudad, de los cuales dos ya fueron confirmados por el INS y uno más se encuentra en estudio. Los tres provienen de México.“Eso nos prende todas las alertas. Es una realidad que estamos teniendo casos”, señaló el funcionario, quien destacó la rapidez con la que la capital activó los protocolos de vigilancia epidemiológica.El secretario explicó que el riesgo actual no radica en los casos importados, sino en la posibilidad de que el virus comience a transmitirse localmente. “Hoy no hay riesgo y vamos a tener casos importados, pero el problema es que tengamos casos autóctonos. Todavía no los tenemos, pero la probabilidad es grande si nos descuidamos”, afirmó.¿Por qué volvió el sarampión?El resurgimiento del sarampión en las Américas preocupa a las autoridades sanitarias. En 2025 se reportaron cerca de 15.000 casos en la región, con casi 4.500 en Ciudad de México y 32 fallecimientos.Según Bermont, el rebrote responde a dos fenómenos principales: los movimientos migratorios internacionales y el crecimiento de los grupos antivacunas tras la pandemia de COVID-19.“Se juntaron dos elementos: migración de poblaciones que no estaban todas vacunadas y una población que sí estaba protegida pero que decidió no seguir vacunándose. Ahí se abrió una ventana para que vuelvan a rebrotar ciertas enfermedades, como es el sarampión”, explicó.El funcionario también advirtió que algunas autoridades internacionales han sembrado dudas sobre la eficacia de las vacunas, lo que ha debilitado las coberturas en varios países.Vacunación contra el sarampión: la principal estrategiaFrente al riesgo de una eventual epidemia de sarampión en Colombia, Bermont insistió en que la vacunación es la herramienta fundamental para evitar la circulación del virus.“Necesitamos que todos nuestros niños menores de 10 años tengan las dos dosis. Hay un refuerzo adicional que se tiene que colocar entre los 7 y los 16 años”, puntualizó.Además, recomendó que quienes planeen viajar a países con circulación activa del virus —como Canadá, Estados Unidos, México, España o Reino Unido— verifiquen sus esquemas de vacunación y consideren aplicarse un refuerzo. “Los expertos están hablando de un refuerzo. Yo me vacunaría”, afirmó.En Bogotá, la Secretaría de Salud dispone de 200 puntos de vacunación, incluidos aeropuertos y terminales de transporte. No obstante, el funcionario recordó que la vacuna debe aplicarse al menos 10 a 15 días antes del viaje para garantizar protección efectiva. “Yo me vacunaría 30 días antes de ir a un destino con circulación de cualquier virus”, recomendó.¿Hay suficientes vacunas contra el sarampión?Uno de los puntos más sensibles es la disponibilidad de biológicos ante una eventual emergencia sanitaria. Bermont aseguró que actualmente hay suficientes vacunas para cumplir con el Programa Ampliado de Inmunizaciones y para viajeros o talento humano en salud.Sin embargo, lanzó un llamado al Ministerio de Salud para garantizar la suficiencia en caso de un brote mayor. “Para mantener los esquemas vacunales hay vacunas suficientes. Pero ante una situación crítica (…) la pregunta se la tenemos que realizar al Ministerio de Salud si ha proyectado la necesidad de vacunar grupos poblacionales específicos y de riesgo”, indicó.El secretario recordó que meses atrás expresó preocupación por el traslado de recursos del fondo rotatorio de vacunas a otros programas, lo que podría comprometer la respuesta ante una emergencia.
El té de flor de Jamaica, una infusión de color rojo intenso y sabor ligeramente ácido, ha sido durante siglos parte de la tradición culinaria y medicinal en distintas regiones del mundo. Sin embargo, más allá de su popularidad cultural, recientes investigaciones científicas han puesto el foco en sus posibles beneficios para la salud, especialmente en el control de la presión arterial, el colesterol y la glucosa.El interés por esta planta, conocida científicamente como Hibiscus sabdariffa, surge en un contexto global marcado por el aumento de enfermedades crónicas. Según la Organización Mundial de la Salud, estas patologías representan cerca del 71 % de las muertes a nivel mundial, lo que ha impulsado la búsqueda de alternativas naturales que contribuyan a su prevención y control.¿Qué es la flor de Jamaica y por qué es tan popular?La flor de Jamaica es originaria de África tropical y pertenece a la familia de las malváceas. Con el paso del tiempo, su cultivo se expandió a América Latina, el Caribe y Asia, donde se convirtió en un ingrediente habitual en bebidas, postres y remedios tradicionales.Esta planta también es conocida con otros nombres, como hibisco, roselle o rosa de Jamaica. Su versatilidad permite consumirla en distintas presentaciones, desde infusiones y extractos hasta cápsulas o productos alimenticios.Entre las formas más comunes de consumo se encuentran:Té o infusión calienteBebidas frías como el agua de JamaicaExtractos naturales o suplementosPreparaciones culinarias como mermeladas, helados o postresAdemás de su uso gastronómico, su consumo en medicina herbaria tradicional ha sido frecuente, sin que se asocie a efectos adversos graves en la mayoría de los casos.Evidencia científica: el té de Jamaica puede ayudar a reducir la presión arterialUna revisión científica publicada en la revista Pharmaceuticals y desarrollada por investigadores de la Universidad de Guadalajara y el Instituto Tecnológico de Tepic analizó diversos ensayos clínicos internacionales sobre el consumo de esta planta.Los resultados indicaron que el hibisco puede contribuir a reducir la presión arterial en personas con hipertensión leve o moderada. Los efectos observados, en algunos casos, fueron comparables a los de medicamentos convencionales, dependiendo de la dosis y la duración del consumo.Los expertos atribuyen este beneficio a los compuestos antioxidantes presentes en la flor, como las antocianinas, que ayudan a mejorar la función de los vasos sanguíneos y favorecen una mejor circulación.No obstante, el Centro Cochrane Iberoamericano advierte que, aunque los resultados son alentadores, aún se requieren más estudios para confirmar plenamente su eficacia como tratamiento principal para la hipertensión.Otros beneficios para el organismoAdemás de su impacto positivo en la presión arterial, la flor de Jamaica ha mostrado efectos favorables en otros indicadores clave de la salud metabólica. Entre los principales beneficios identificados en estudios científicos se destacan:Reducción del colesterol total, el colesterol LDL y los triglicéridosMejoría en la sensibilidad a la insulinaDisminución de los niveles de glucosa en sangreAcción antioxidante que ayuda a combatir el daño celularPosible efecto protector sobre el sistema cardiovascularEn uno de los ensayos analizados, personas con niveles elevados de colesterol lograron reducir estos valores entre un 11 % y un 15 % tras consumir extractos de hibisco durante varias semanas.Asimismo, investigaciones realizadas en pacientes con prediabetes mostraron una disminución significativa de la glucosa en ayunas tras el consumo regular de esta infusión.El consumo de la flor de Jamaica es considerado seguro para la mayoría de las personas. Los efectos secundarios reportados son poco frecuentes y generalmente leves, como molestias digestivas.Sin embargo, instituciones como la Clínica Cleveland y el Centro Nacional de Salud Complementaria e Integral de Estados Unidos recomiendan no sustituir los tratamientos médicos prescritos por esta infusión, especialmente en personas con hipertensión diagnosticada.