Pasadas las 5:00 de la madrugada de este sábado 14 de febrero llegó por sus propios medios hasta el CAI Lagos de Caujaral, en el municipio de Puerto Colombia, el artista Deberson José Ríos Caicedo, más conocido en la industria de la música como DJ Dever, quien había sido reportado como desaparecido junto a dos de sus trabajadores desde el martes, luego de ser contratado para una fiesta privada en Playa Mendoza, Tubará, Atlántico.El DJ fue atendido inmediatamente por los uniformados, aunque causa curiosidad que sus cercanos Antoni García y Leonardo Rodríguez ya se habían presentado desde la 1:00 de la madrugada a otra estación policial ubicada en el sur de Barranquilla.Los tres fueron trasladados por el Gaula hacia un hospital, donde se confirmó que sus estados de salud son óptimos.“De forma articulada con el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA), se dispuso su traslado a un centro médico para valoración, garantizando su integridad y bienestar. Nuestras unidades activaron la ruta de acompañamiento, brindando protección y trasladando a los ciudadanos a un centro asistencial para su respectiva valoración médica”, se lee en un comunicado de la institución armada.Así las cosas, las autoridades ahora avanzarán en el esclarecimiento de los hechos.“Gracias a la reacción oportuna de las unidades policiales y al despliegue inmediato del GAULA, se logró brindar acompañamiento integral a los ciudadanos involucrados. A esta hora, las personas mencionadas se encuentran en buen estado de salud y bajo acompañamiento institucional”, apuntó la Policía.“La Policía Nacional, a través del GAULA, continúa adelantando las actuaciones correspondientes para el esclarecimiento de los hechos, reiterando su compromiso permanente con la protección de la vida, la libertad y la seguridad ciudadana. Invitamos a la comunidad a denunciar cualquier hecho que afecte su tranquilidad a través de la línea 165 del GAULA o la línea de emergencia 123”, concluyó.
Barranquilla se puso su mejor pinta y el estadio Romelio Martínez vibró este viernes con una gozadera que no tiene nombre. La soberana de las carnestolendas Michelle Char Fernández y el Rey Momo Adolfo Maury Cabrera se sobraron en una velada donde la música fue la verdadera reina, recordando que el Carnaval no solo se baila, sino que se siente en el oído y en el corazón.Cerca de 18.000 carnavaleros se quedaron con la boca abierta viendo a más de 500 bailarines en escena durante la gran noche de coronación.Bajo la dirección de Mónica Lindo, el show bautizado como 'Aquí suena' fue un viaje sonoro que paseó a los asistentes por la historia de la ciudad. Sobre el show Empezó recreando los años 70 con la radio sonando en cada esquina. Luego se pasó por los 80 con el tocadiscos dándole ambiente a la cuadra. Brincaron a los 90 con las grabadoras y aterrizaron en los 2000 con toda la onda digital.La reina Michelle se lució con 12 apariciones en el escenario, saliendo más hermosa que nunca con un vestido diseñado por Alfredo Barraza que era un homenaje puro a la naturaleza. El momento en que el estadio casi se viene abajo fue cuando aparecieron los picós. Estos monstruos del sonido, íconos de nuestra cultura popular, fueron los grandes protagonistas, demostrando que el poder de la fiesta está en nuestras raíces y en el goce de la calle.Por su parte, el Rey Momo Adolfo Maury no se quedó atrás y conquistó a todo el mundo "tirando paso" con una muestra de salsa y merengue que puso a sudar a más de uno. Grupos como Los Pandas de Rebolo, Afroquilla y las Cumbiambas ganadoras de Congos de Oro le pusieron el sabor tradicional a la noche, mientras la tecnología de drones y pantallas LED nos hacían sentir en otro mundo.Para cerrar con broche de oro, la rumba se extendió con las presentaciones de Juan Luis Guerra, Kapo, Diego Daza y Juan Carlos Coronel, quienes dejaron a la gente "encendida" para lo que se viene.Vea aquí el momento de la coronación:
Por estos días se celebra el Carnaval de Barranquilla, una de las fiestas folclóricas y culturales más representativa de Colombia que va del 14 al 17 de febrero, aunque cuenta con un pre-carnaval que comenzó a finales de enero.Esta festividad fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación y Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.No obstante, no todo es celebración, pues la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) anunció que intensificará controles aduaneros en varios establecimientos comerciales por una razón específica.Dian intensificará controles en más de 120 locales durante Carnaval de BarranquillaEl objetivo de la entidad con estos controles es garantizar la legalidad y proteger los recursos del país durante el desarrollo del carnaval de mayor impacto económico en Barranquilla.Según la Dian, un grupo de 140 funcionarios ha estado ejerciendo labores de fiscalización y control aduanero, tributario y cambiario por medio de jornadas de control que iniciaron en el pre-carnaval, pero que durante las últimas fechas se intensificaron.Los sectores que están en la mira de la entidad son:GastronomíaHoteleríaEntretenimientoDe igual forma, se llevarán a cabo acciones de control tributario masivas en aproximadamente 120 establecimientos comerciales de la ciudad para verificar de manera rigurosa “la expedición de la facturación electrónica en todas las operaciones, el control de inventarios y el cumplimiento de los tributos nacionales, incluyendo el Impuesto al Consumo, IVA y Renta”.Habrá puestos de control estratégicos de la DianPor otro lado, la Dian adelantará 15 acciones operativas que consisten en hacer visitas a establecimientos de comercio y la ubicación de puestos de control estratégicos para verificar la legal introducción y comercialización de mercancías.Estas labores, estarán articuladas con la Subsecretaría de Rentas Departamentales de la Gobernación del Atlántico y se centrarán “prioritariamente en el control de licores y cigarrillos para combatir su contrabando y proteger la estabilidad financiera del país”.
Tres medidas regulatorias, que incluso podrían convertirse en decreto legislativo como parte de la declaratoria de emergencia, fueron anunciadas desde Barranquilla por el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, para atender a los damnificados por las inundaciones en Córdoba y respaldar, a su vez, a los operadores de energía que sufrieron afectaciones por las lluvias atípicas de este febrero."Una medida en el marco de esta emergencia son tarifas diferenciales para las poblaciones afectadas", indicó el alto funcionario."La segunda es la posibilidad para que se le reconozcan a los operadores de red la reparación de la infraestructura averiada, de manera rápida, inmediata, eficaz y ágil, porque obviamente el agua se ha llevado también infraestructura eléctrica que afecta la prestación del servicio de energía eléctrica, que es un servicio público esencial", agregó.Y la tercera medida, añadió Palma, tiene que ver con un esquema de viabilidad financiera para los operadores de red del sector, Air-e y Afinia, que permita garantizar la prestación de la energía eléctrica, como servicio público esencial."Yo creo que es importante adoptar este paquete entre los 30 días que nos da la Constitución y la ley para poder aliviar el bolsillo de esas personas, de esos ciudadanos de esta región del país, que hoy lo han perdido todo", expresó.
Pese a la reciente decisión del Consejo de Estado de suspender el decreto que fijó el salario mínimo para 2026, los trabajadores colombianos que devengan este ingreso recibirán su pago del 15 de febrero con el aumento del 23.7%. La medida cautelar del alto tribunal no tiene efectos inmediatos sobre los pagos de nómina ya procesados, garantizando la estabilidad económica de los empleados en el corto plazo.Según el texto del Consejo de Estado, el Gobierno nacional dispone de un plazo de ocho días calendario para expedir un nuevo decreto que sustituya al actual. Mientras ese nuevo acto administrativo no sea publicado oficialmente, el incremento decretado en diciembre de 2025 sigue siendo la única base legal para la liquidación de salarios.La orden del Consejo de Estado es clara al señalar que el Gobierno debe realizar, expedir y publicar un nuevo decreto transitorio. Este proceso administrativo otorga una ventana de tiempo en la que el Decreto 1469 de 2025 sigue vigente para efectos de la primera quincena de febrero. Las empresas, que ya tienen sus procesos de nómina cerrados o en curso para este corte, deben cumplir con el pago de los $2.000.000 (incluyendo auxilio de transporte).En pocas palabras, es una medida cautelar que ordena un nuevo decreto, pero los efectos de la suspensión no pueden ser retroactivos sobre derechos ya causados. Esto significa que el dinero que ingrese a las cuentas de los trabajadores este fin de semana está protegido legalmente.Plazo de ocho días para el nuevo salario mínimoEl tribunal ordenó que el Ejecutivo fije un "porcentaje transitorio" de aumento en un plazo máximo de ocho días tras la notificación. Esta nueva cifra deberá basarse estrictamente en criterios técnicos como la inflación y la productividad, alejándose del criterio político que llevó al incremento del 23.7 %."ORDENAR a las entidades demandadas que, dentro de los ocho (8) días calendario (...) expidan y publiquen un decreto en el que se fije el porcentaje transitorio de aumento del salario mínimo legal para el año 2026", se lee en el fallo del Consejo de Estado.Para los 2.4 millones de colombianos que ganan el mínimo, la noticia de la suspensión generó temor sobre posibles descuentos. Sin embargo, al tratarse de un pago bajo un decreto que aún no ha sido reemplazado oficialmente, el monto recibido este 15 de febrero es un derecho adquirido. La incertidumbre real comenzará para la quincena del 28 de febrero, fecha en la que el nuevo decreto, con un aumento previsiblemente menor, ya debería estar en vigencia.
La suspensión provisional del decreto que fijó el aumento del salario mínimo sacudió el debate económico y jurídico en Colombia. La decisión fue revelada en primicia por el periodista Ricardo Ospina, director del servicio informativo de Blu Radio, durante la emisión de Mañanas Blu. Según explicó, el alto tribunal adoptó una medida cautelar que ordena suspender los efectos del decreto y exige al Gobierno expedir un nuevo acto administrativo transitorio en un plazo de ocho días, ajustado a los parámetros legales y constitucionales vigentes.La decisión proviene del Consejo de Estado, que estudia la legalidad del incremento salarial decretado a finales de 2025. El aumento —del 23,78 %— queda en pausa mientras se resuelve de fondo la demanda.Medida cautelar suspende incremento del salario mínimoDurante la transmisión, Ospina explicó que el magistrado ponente dictó una suspensión provisional del Decreto 1469, lo que implica que el incremento pierde efectos jurídicos temporales. La orden judicial obliga al Ejecutivo a emitir un nuevo decreto transitorio que respete la totalidad de los criterios económicos y constitucionales previstos en la ley.La decisión es muy polémica debido al impacto directo que el salario mínimo tiene sobre múltiples variables económicas. Aunque el salario vigente no se modifica de inmediato —porque el fallo tiene efectos diferidos—, la suspensión introduce un escenario de revisión que obliga a las empresas y al Estado a recalcular decisiones financieras.Entre los efectos señalados están:Pensiones indexadas al salario mínimo.Multas de tránsito ajustadas con base en el incremento.Tarifas de transporte público que reflejaron aumentos recientes.Cuotas de administración en edificios y condominios.Ajustes del salario integral, calculado en múltiplos del mínimo.Estos factores explican por qué la noticia tiene implicaciones más amplias que un simple ajuste salarial.Gobierno deberá expedir nuevo decreto en ocho díasEl periodista detalló que el Gobierno del presidente Gustavo Petro dispone de ocho días para emitir un decreto provisional que establezca un nuevo porcentaje de incremento. Este acto regirá mientras el tribunal decide de fondo la legalidad del decreto suspendido.El fallo especifica que el nuevo cálculo no puede responder únicamente a una determinación política. Debe sustentarse en parámetros técnicos obligatorios definidos por la ley, lo que introduce una revisión estructurada del proceso de fijación salarial.Criterios técnicos obligatorios para el nuevo cálculoUno de los puntos centrales de la decisión judicial es la aplicación estricta de indicadores económicos y constitucionales. Según lo expuesto al aire, el Ejecutivo deberá considerar:La meta de inflación fijada por la junta directiva del Banco de la República.La productividad certificada por el comité tripartito coordinado por el Ministerio de Trabajo.La inflación causada del año anterior.El crecimiento del producto interno bruto.La contribución de los salarios al ingreso nacional.Principios como la protección del trabajo y la función social de la empresa.Durante la conversación, analistas explicaron que estos criterios forman parte de la normativa que regula la fijación del salario mínimo, y su omisión fue uno de los argumentos evaluados en la medida cautelar.Lo ya pagado no se toca, aclara el auto del Consejo de EstadoEl periodista Ricardo Ospina subrayó un punto clave del auto: la suspensión provisional del decreto no afecta los incrementos que ya se calcularon, causaron o pagaron con base en el aumento del 23,78 %. El cuarto numeral de la decisión establece que la medida cautelar no tendrá efectos retroactivos sobre obligaciones y derechos liquidados con el salario mínimo fijado para 2026, siempre que se hubieran causado o pagado antes de la expedición del nuevo decreto transitorio.En términos prácticos —como se explicó al aire—, lo pagado en enero no debe devolverse. Es decir, salarios, mesadas u otros conceptos indexados que ya se liquidaron con el incremento permanecen intactos. Aunque el debate continúa sobre los efectos económicos en cadena —precios, contratos y ajustes asociados—, el alcance jurídico inmediato es claro: la suspensión opera hacia adelante, mientras el Gobierno emite el nuevo acto administrativo exigido por el tribunal.Impacto económico inmediato y debate jurídicoLa suspensión no implica una reducción automática del salario que ya se paga, pero sí abre un proceso de revisión que podría modificar el incremento provisional. En la discusión radial se enfatizó que la economía ya había incorporado el aumento en precios, contratos y obligaciones indexadas, lo que genera incertidumbre temporal. También se mencionó la posibilidad de recursos jurídicos por parte del Gobierno, aunque estos no detienen los efectos de la medida cautelar.Contexto del aumento salarialEl pasado 29 de enero de 2025, el Gobierno anunció un incremento del 23,7 % del salario mínimo, fijándolo para 2026 en dos millones de pesos incluyendo el subsidio de transporte. La cifra base quedó en 1.746.882 pesos, más cerca de 250.000 pesos de auxilio, lo que marcó uno de los aumentos más altos registrados. La suspensión provisional ahora obliga a recalcular ese ajuste bajo criterios técnicos y concertación tripartita, mientras el proceso judicial continúa su curso.
El senador y precandidato presidencial Iván Cepeda Castro reaccionó públicamente a la suspensión provisional del decreto que fijaba el aumento del salario mínimo, decisión adoptada por el Consejo de Estado. A través de su cuenta en la red social X, el congresista calificó la medida como “arbitraria y regresiva” y aseguró que representa un golpe contra las políticas sociales impulsadas por el Gobierno.La suspensión —que ordena la expedición de un nuevo decreto transitorio mientras se estudia de fondo la legalidad del incremento— ha generado reacciones políticas y económicas. Cepeda enmarcó su pronunciamiento en la defensa del llamado “salario vital”, concepto promovido por el Ejecutivo como parte de su política social.“Rechazo la regresiva suspensión del salario vital”En su publicación, el senador manifestó un rechazo frontal a la decisión judicial y sostuvo que esta impacta directamente a los sectores trabajadores del país. Según escribió, la suspensión constituye un “nuevo atentado contra las políticas sociales del gobierno nacional y del presidente Gustavo Petro, que buscan el bienestar y el progreso para las trabajadoras y los trabajadores de Colombia”.Cepeda agregó que la determinación judicial —en su criterio— evidencia resistencia frente a la ampliación de derechos para sectores históricamente afectados por la desigualdad. En ese sentido, afirmó que este tipo de decisiones favorecen la reproducción de brechas sociales.Llamado a la movilización socialEl congresista también advirtió que la suspensión podría generar rechazo ciudadano. En su mensaje señaló que el país atraviesa un momento de transformación social y que la decisión será respondida con movilización pública.“Se equivocan en materia grave: el país cambió. Esta arbitraria suspensión tendrá el más fuerte rechazo, que se expresará en las calles y en la movilización social”, escribió. El pronunciamiento se suma al debate nacional abierto tras la medida cautelar que pausó los efectos del incremento salarial. Mientras sectores jurídicos y económicos analizan las implicaciones técnicas del fallo, voces políticas comienzan a posicionarse frente a su impacto social y simbólico.Debate abierto sobre el salario mínimoLa suspensión provisional mantiene vigente el salario actual mientras el Gobierno emite un nuevo decreto que cumpla los parámetros técnicos exigidos por la ley. El caso ha puesto en el centro de la discusión la relación entre decisiones judiciales, política económica y derechos laborales.
La decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el decreto que fijó el aumento del 23,78 % del salario mínimo para 2026 abrió un intenso debate jurídico, económico y político en el país. Durante el análisis del auto, el director del servicio informativo de Blu Radio, Ricardo Ospina destacó un punto determinante contenido en el numeral cuarto de la providencia. Allí se establece expresamente que la suspensión provisional no tendrá efectos retroactivos sobre las obligaciones y derechos que se hayan calculado con base en el salario mínimo fijado para 2026, siempre que estos se hayan causado o pagado antes de la expedición del nuevo acto administrativo que deberá emitir el Gobierno.En términos prácticos, esto significa que los salarios, mesadas pensionales y demás pagos indexados que se liquidaron con el incremento del 23,78 % —por ejemplo, los pagos correspondientes a enero— no deberán ser reintegrados por los trabajadores.No habrá descuentos sobre lo ya pagadoEn la discusión radial se planteó la preocupación de si, tras la suspensión del decreto, podría ordenarse la devolución de los montos adicionales pagados. La respuesta fue clara: no.“Quiere decir que lo que pagaron en enero no toca devolver el incremento”, se explicó durante el debate. El alcance jurídico inmediato de la medida es hacia futuro. Es decir, la suspensión opera desde el momento en que se expide y no afecta situaciones jurídicas ya consolidadas.Algunos analistas señalaron que existe una “situación jurídica consolidada” para quienes ya empezaron a recibir el nuevo salario. Una persona que actualmente devenga alrededor de 1'750.905 pesos —cifra aproximada del salario mínimo sin el bono de transporte— tiene un derecho ya causado por los días trabajados y pagados bajo esa norma vigente en su momento.Incluso, más allá del plano jurídico, se advirtió que sería políticamente complejo y socialmente inviable reducir el ingreso de trabajadores que ya ajustaron sus gastos a la nueva cifra.No obstante, el debate no termina allí. Más allá de que no habrá devolución de lo pagado, economistas y panelistas señalaron que el incremento generó efectos en cadena en la economía.El aumento cercano al 24 % impactó precios en restaurantes, servicios y otros bienes indexados al salario mínimo. La pregunta que surge ahora es si, ante un eventual nuevo decreto con una cifra menor, esos precios volverán a bajar. La experiencia indica que los ajustes al alza suelen trasladarse rápidamente al consumidor, pero no necesariamente ocurre lo mismo en sentido contrario.También se mencionó el impacto fiscal. Cada punto porcentual que el salario mínimo aumentó por encima de la inflación —que fue del 5,10 % el año pasado— representaba un costo significativo para el Estado, especialmente en el régimen de prima media pensional. La diferencia entre inflación y el incremento decretado implicaba varios billones de pesos adicionales en obligaciones fiscales.¿Qué sigue ahora?El Consejo de Estado ordenó al Gobierno expedir un nuevo decreto, esta vez sustentado con una valoración cuantificada y explicada de las variables económicas consideradas, incluyendo inflación y crecimiento.El Ejecutivo podría volver a fijar una cifra similar si logra justificarla técnicamente, o establecer un aumento diferente. Mientras tanto, la certeza jurídica es una: no habrá descuentos a trabajadores por lo ya recibido tras la suspensión del aumento del salario mínimo.La discusión continúa, pero el bolsillo de quienes ya cobraron el incremento no se verá afectado retroactivamente.
Ingrid Betancourt se refirió a la polémica que se ha desatado con Sofía Gaviria, quien es la cabeza de lista al senado por el partido Oxígeno, Betancourt aseguró que hubo al menos tres episodios que generaron diferencias con Gaviria."La primer diferencia con Sofía Gaviria fue porque en el Congreso de la Republica agredió y amenazó a un Policía luego de ella violar la seguridad del Capitolio. No respeta reglas básicas ni normas que sí respetamos los ciudadanos de a pie. La segunda fue por la campaña de comunicación donde cuestionábamos al Gobierno de Gustavo Petro y promovíamos que dejáramos la violencia física, verbal y digital, y castigáramos a la izquierda en las urnas. Ella quería que la campaña fuera de vallas por todo el país con su cara. Respetable pero inviable", explicó Betancourt.Además es importante recordar que Gaviria estaba evaluando la posibilidad de renunciar a su aspiración al Senado, Betancourt también se refirió al tema."La renuncia la tiene lista hace días. La filtró ayer a varios periodistas que esta mañana me llamaron a consultarme por su renuncia. Utilizaba a los medios para generar presiones en el Partido y se cumplieran sus caprichos personales. Es triste tener que decirlo. Seguimos sin ella!", agregó la directora del partido Oxígeno.Es importante recordar que el material electoral ya se encuentra en proceso de impresión y empezará la distribución en los próximos días, por eso si algún candidato renuncia sus votos se le contarán al partido al que pertenece.
Tras una inversión de 1.400 millones de pesos, la Alcaldía de Barranquilla culminó la demolición y recolección de los escombros de los cinco bloques del conjunto residencial Privilegios, ubicado en el sector de Campo Alegre, donde ahora solo queda un terreno en el que el Distrito afirmó su intención de querer construir un parque.La demolición de este complejo residencial se produjo en cumplimiento de la orden de la Inspección Novena de Policía Urbana, luego de la tragedia ocurrida el 28 de noviembre del 2024, cuando la torre 4 del conjunto se desplomó, causó la muerte de una mujer de la tercera edad y dejó heridos a cuatro niños, como consecuencia de los severos daños que presentaban estas torres.Roberto Tapia, abogado que representa a los copropietarios del conjunto Privilegios, señala que ahora se está a la espera de la indemnización para 51 familias afectadas con la demolición."En este momento ya tenemos un acuerdo con el Distrito de Barranquilla, que tomó la decisión de comprar los 51 apartamentos que existían en los bloques tres, cuatro y cinco. Ahora corresponde establecer el valor de esos apartamentos, mediante un avalúo que está haciendo o ya terminó el Distrito de Barranquilla, y otro avalúo que yo presenté, con ayuda de una firma muy reconocida en la ciudad", explicó el abogado Tapia.Tapia indicó que al menos 28 de los propietarios se encuentran en trámites de notaría para poder avanzar en el levantamiento de viejas hipotecas y poder así tener acceso a la futura indemnización, trámites que se vieron frenados por el cierre temporal de la Notaría Segunda tras la captura de su representante. Esto coincidió, además, con la pérdida de algunos documentos y daños en otros por la humedad.
Tres días de mesas de trabajos lideradas por la Gobernación del Cesar aún no han sido suficientes para llegar a un acuerdo que evite una crisis hospitalaria en el Caribe por la suspensión en la atención a usuarios de la Nueva EPS, dado que gerentes de más de ocho IPS en este departamento no cederán hasta tener una claridad de cuánto y cuándo les harán un abono a los millonarios saldos que les adeudan.Así las cosas, dice la secretaría de salud del Cesar, Giorgina Sánchez, que esta suspensión no solo afecta al departamento, sino también a todos los pacientes de La Guajira, sur de Bolívar y Magdalena“Prácticamente hablamos de toda nuestra red hospitalaria, la cual atiende alrededor de 450 pacientes diarios. Ellos nos comentaron que están esperando en sus correos la autorización para hacer los giros, pero estaríamos abocados a una emergencia hospitalaria. Hay que esperar, por nuestra parte hemos hecho muchas mesas de trabajo”, declaró la secretaria de salud.Sánchez habla de una crisis nacional que hoy está asfixiando a las IPS, de las que declaró que puntualmente en el Cesar estas no tienen recursos para pagar sus servicios públicos, ni mucho menos a todo su personal médico.“Se viene preparando un plan de contingencia si se confirma la emergencia hospitalaria en el municipio de Valledupar por los usuarios de la Nueva EPS. Eso lo venimos trabajando de manera alterna con la Personería municipal. Todos sabemos que, si esta red de IPS privadas cierran, nosotros no tenemos capacidad instalada en lo público para atender a tantos usuarios en Valledupar y el resto del Cesar”, agregó.La problemática también llena de preocupación a la presidenta de la Liga de Usuarios en Cesar, Esperanza Arias, quien denuncia que muchos de los pacientes en un estado de salud grave quedarán a la deriva al no encontrar una nueva clínica para su remisión.“No queremos que se nos presente una emergencia hospitalaria debido a que los pacientes de alto costo que requieran una hospitalización, como están suspendidos los servicios, los van a poner en remisión. De pasar eso, el problema es que la suspensión es a nivel nacional por falta de pagos. Nos estamos moviendo y mirando a ver qué vamos a hacer, pero tenemos que levantar la mano todos”, sostuvo.Blu Radio conoció que la deuda no solo compone facturas corrientes, sino compromisos desde mucho antes de la intervención de Nueva EPS. Por ello, en horas de la tarde se espera un encuentro con el gerente regional de esta entidad, Juan Carlos Fontalvo.
Hasta un sector conocido como 7 de Agosto en el municipio de Soledad, Atlántico, debieron llegar unidades de la Defensa Civil en las últimas horas para hallar el cuerpo sin vida de Albeds Jesús Revilla Maza, joven de 15 años que lamentablemente fue arrastrado por las aguas del arroyo Platanal, justo cuando se encontraba con sus amigos durante la tormenta del pasado domingo.Desde la Alcaldía de Soledad enviaron sus condolencias y prometieron acompañamiento psicosocial a la familia afectada, la cual denuncia que ellos mismos debieron ir hasta la casa de uno de sus amigos para enterarse de lo sucedido, pues estaban alertados al ver que Albeds no respondía a las llamadas de su teléfono.“Él salió a entrenar en el parque ubicado en el barrio Villa Adela con varios de sus compañeros. Ellos hacen allí ejercicio y esas cosas. Al parecer, los sorprendió el aguacero y se fueron a bañar por las cercanías al Polideportivo. Dicen los amiguitos que se lo llevó el arroyo y que no pudieron hacer nada”, declaró Marlyn Gómez, madrastra de la víctima.La tristeza también la siente su padre Albeds Revilla, quien lo recordará como un buen muchacho que siempre lo ayudaba mucho.“Un niño muy tranquilo, se la pasaba viendo su teléfono, a veces me iba a ayudar en el trabajo y de vez en cuando agendaba con sus amigos para entrenar en el parque. Le gustaba mucho hacer ejercicio, barras, flexiones y esas cosas. Estaba en noveno grado de bachillerato, un chico de 15 años”, apuntó su papá.Finalmente, desde la Alcaldía de Soledad pidieron a los padres de familia que aumenten la vigilancia hacia sus hijos y, en lo posible, evitar que estos se acerquen a sitios que representen peligros para sus vidas.
La tarde de este lunes salió en libertad del Centro de Detención Transitorio Las Estrellas, ubicado en Barranquilla, Jorge Leonardo Piña Rodríguez, el hombre señalado como el presunto feminicida de la docente Nalfi Esther Blanco Olmos, quién fue asesinada en noviembre de 2024 en su casa ubicada en el municipio de Sabanalarga, Atlántico.Esto luego de que el juez segundo promiscuo municipal de Sabanalarga le concediera libertad por vencimiento de términos, al considerar que se expiró el tiempo para iniciar el juicio oral.Nataly Blanco, hermana de Nalfi, cuestiona que la audiencia se realizara sin la presencia del delegado de la Procuraduría ni el personero municipal y que la Fiscalía no presentara recursos para apelar la decisión.“Tuvimos audiencia de vencimiento de términos y no se presentó ni la Procuraduría ni la personería a la audiencia. El juez de garantías tomó la decisión solo sin estar ellos. Y la fiscalía, cuando le preguntaron, no hizo ningún comentario al respecto. El juicio empieza el 10 de octubre, por eso es que no entendemos cómo un juez de garantía lo deja libre si llevamos a empezar el juicio, sobre todo cuando se sabe que hubo dilaciones por parte del abogado defensor de Jorge”, expresó Nataly Blanco.Nalfi fue asesinada el 30 de noviembre en medio de una violenta discusión con su expareja, quien la empujó y ocasionó que se golpeara la cabeza y luego la habría asfixiado con sus manos. El señalado feminicida huyó del lugar, sin embargo posteriormente se entregó a las autoridades. Para los familiares de la docente, esta decisión constituye un revés para la justicia y envía un mensaje doloroso para todas las mujeres víctimas de violencia en el país, por lo que exigen a las exigen a las autoridades competentes revisar este caso con el rigor que merece.
Nicolás Petro recibió un plazo para el inicio de un nuevo proceso judicial en su contra, luego de que la jueza sexta penal municipal de control de garantías de Barranquilla, Sofía Margarita Barros, determinara procedente la solicitud del abogado Alejandro Carranza de no dar inicio a la diligencia bajo la ausencia de este, como defensor de Petro Burgos, porque se encontraba ocupado en otros compromisos.De acuerdo con la solicitud que el 30 de septiembre presentó Carranza, este había sido citado con antelación a la audiencia de alegatos de conclusión en el Juzgado 36 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá, en un proceso en el que es representante de víctima del presidente Gustavo Petro, lo que le impedía presentarse a este. La jueza indicó que la solicitud del abogado había sido hecha con anterioridad, por lo que le respetaban al hijo mayor del presidente su derecho a tener un abogado de confianza que lo representara en el proceso, por lo que acogió la solicitud de aplazamiento para lo que se asignará una fecha de audiencia que será fijada después del 10 de noviembre. Ante esta solicitud, la fiscal Lucy Laborde, quien se encargó de citar la audiencia de imputación, pidió la asignación de un abogado de oficio para evitar aplazamientos en vista de que el defensor de confianza no podía. Imputación a Nicolás PetroNicolás Petro fue citado a una imputación de cargos por tráfico de influencias, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento público, por estar presuntamente vinculado con un favorecimiento por dos contratos entregados entre 2021 y 2022 a una fundación por parte de la Gobernación del Atlántico. De acuerdo con conversaciones encontradas en el celular de Daysuris Vásquez, los recursos de este contrato no eran invertidos en su totalidad en el objeto del mismo, sino que pasaban información por pagos mucho más altos de los realmente convenidos para, presuntamente, quedarse con la diferencia.
A partir de este viernes arrancaron oficialmente los trabajos para instalar un paso alterno al puente del río Mendihuaca, estructura que colapsó por las fuertes lluvias y mantiene incomunicada por la Troncal del Caribe la vía entre Santa Marta y La Guajira. La intervención, liderada por Invías con acompañamiento de la Gobernación del Magdalena, busca restablecer de manera gradual la movilidad en este corredor clave para el transporte de pasajeros, alimentos y combustible.Según informó la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, Invías habilitará un desvío provisional al margen del río para el tránsito de motos, vehículos livianos, camionetas y buses de dos ejes. Las labores de conformación de la vía alterna y adecuación del terreno se extenderán durante ocho días, aprovechando el bajo caudal del río, con el objetivo de entregar esta solución antes de que finalice la próxima semana.“Invías tiene un plan claro y desde la Gobernación del Magdalena vamos a hacerle seguimiento para que se materialice en el menor tiempo posible. La prioridad es restablecer la conectividad entre el Magdalena y La Guajira y garantizar la movilidad de la gente y de la economía regional”, expresó la mandataria, tras socializar el cronograma con líderes comunales de la zona de Mendihuaca.Una vez se habilite el paso provisional, comenzará la fase de obras complementarias: demolición de las bases del antiguo puente, estabilización del área y alistamiento del sitio donde el Ejército Nacional instalará un puente militar. De acuerdo con el plan concertado entre Invías, la Gobernación y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, esa estructura deberá estar lista en un plazo máximo de 45 días, lo que permitirá normalizar el tránsito entre Santa Marta, sus corregimientos de la Troncal y el departamento de La Guajira.Mientras tanto, el transporte interdepartamental seguirá utilizando la ruta alterna por la Y de Ciénaga y el corredor Ariguaní–Bosconia–La Paz–Villanueva–Riohacha, lo que ha incrementado tiempos de viaje y costos logísticos para transportadores y viajeros. Las autoridades departamentales insisten en que el avance de estas obras es clave no solo para la movilidad diaria, sino para mitigar el impacto económico que ha dejado la emergencia en el Caribe.
Una nueva alerta se suma al panorama de seguridad en Santa Marta y el Magdalena. La defensora de derechos humanos Norma Vera Salazar denunció que, a través de un grupo de Facebook, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) estarían invitando abiertamente a jóvenes de la región a vincularse a sus filas, utilizando un lenguaje similar al de una oferta laboral y ofreciendo “ventajas” y beneficios económicos.Según Vera, el mensaje, difundido en un grupo donde circulan videos y contenidos atribuidos a ese grupo armado, presenta la incorporación a la estructura criminal como una opción atractiva para muchachos de barrios populares. “De manera descarada y cínica invitan a la incorporación de jóvenes al grupo armado ofreciendo dádivas y ventajas, como si se tratara de una oferta pública de empleo”, advirtió la defensora, quien recordó que en la zona ya se han documentado casos de reclutamiento forzado y utilización de menores en actividades criminales.La publicación ya habría generado interacciones preocupantes: jóvenes de Santa Marta y otros municipios del departamento responden en los comentarios, algunos pidiendo información, otros reaccionando con aprobación al contenido. Para las organizaciones de derechos humanos, ese eco digital muestra el nivel de exposición de adolescentes y jóvenes frente a los mensajes de propaganda de los grupos armados.Vera señaló además que, aunque las propias ACSN negaron en la red social X que esa cuenta les pertenezca, el contexto no permite minimizar la amenaza. En el mismo grupo de Facebook aparecen videos de hombres armados y referencias a figuras criminales como “el Bendito Menor”, así como mensajes sobre la operatividad del grupo en zonas de La Guajira y el norte del Cesar. Alertas recientes de la Defensoría del Pueblo ya han advertido del riesgo de reclutamiento y uso de niñas, niños y adolescentes por parte de las ACSN en estos corredores.“Está claro —insistió Vera— que los grupos armados que operan en el Magdalena, la Guajira y el Cesar sí están ofreciendo dinero y ventajas a jóvenes y menores para vincularlos a esquemas criminales. Eso está impactando los indicadores de homicidios, masacres y violencia en toda la región Caribe”.Frente a la denuncia, la Policía Nacional activó a su equipo de delitos informáticos para rastrear la cuenta, verificar su origen y tratar de identificar a las personas que están detrás de las publicaciones. Desde Blu Radio se consultó a la Policía Metropolitana de Santa Marta: inicialmente no tenían reporte detallado del caso, pero desde la oficina de comunicaciones confirmaron que ya se adelantan verificaciones internas sobre la denuncia y el contenido que circula en redes.El señalamiento se produce en un momento en que las ACSN, grupo sucesor del paramilitarismo con fuerte presencia en la Sierra Nevada de Santa Marta y el Caribe, han sido objeto de múltiples alertas por su expansión territorial, su confrontación con el Clan del Golfo y sus prácticas de control social sobre comunidades rurales y urbanas, incluidos castigos públicos y amenazas.Norma Vera hizo un llamado directo a las autoridades locales y nacionales, así como a la mesa de conversaciones exploratorias con ese grupo armado, para que el tema del reclutamiento de menores sea tratado como prioridad urgente. También pidió a las familias reforzar el acompañamiento a sus hijos en el uso de redes sociales, y a colegios y comunidades educativas fortalecer la prevención frente a estos mecanismos de captación digital.Mientras avanzan las investigaciones, la comunidad jurídica y de derechos humanos insiste en que el uso de plataformas como Facebook para promover la vinculación de jóvenes a estructuras armadas no puede normalizarse como “propaganda”, pues se trata de una grave violación de derechos de niñas, niños y adolescentes y un delito que debe generar respuestas rápidas y coordinadas del Estado.
En medio del desierto en La Guajira operaba un centro logístico al servicio del narcotráfico internacional. En cercanías a Bahía Hondita, en el municipio de Uribia, fue ubicado y destruido un complejo artesanal que, según inteligencia militar, pertenecía a redes transnacionales al servicio del Clan del Golfo.La operación, liderada por la Armada, a través de la Fuerza Naval del Caribe, contó con el apoyo del Ejército y la Fuerza Aeroespacial. Fueron cinco días de maniobras sostenidas con aeronaves vigilando desde el aire, unidades navales cerrando el paso por mar y tropas ingresando por tierra hasta consolidar el área.En el lugar funcionaba un astillero clandestino para la fabricación y adecuación de semisumergibles. Allí fueron hallados materiales en fibra de vidrio, maquinaria pesada, remolques tipo cama baja, más de 3.000 galones de combustible, equipos de navegación satelital y sistemas de comunicación. También se incautaron un fusil y un revólver.A pocos metros, en una bahía con salida a aguas abiertas, las autoridades encontraron un semisumergible listo para zarpar, equipado con dos motores y con capacidad estimada para transportar hasta 10 toneladas de clorhidrato de cocaína. Cerca de allí había una lancha rápida de bajo perfil, impulsada por cuatro motores de alta potencia y con capacidad para mover cerca de tres toneladas adicionales.Según las investigaciones, desde este punto se proyectaban envíos por la ruta transatlántica del Caribe oriental, pasando por las Antillas con destino final en Europa. Ante el despliegue militar, los responsables abandonaron el complejo, que fue destruido de manera controlada.Las autoridades estiman que la infraestructura y el material incautado superan los tres mil millones de pesos. Con este golpe, se interrumpe una plataforma clave para el envío de grandes cargamentos de droga desde el norte del país hacia mercados internacionales.
En medio de la carrera contrarreloj que se ha iniciado para secar las áreas más inundadas de Montería, la empresa de acueducto y alcantarillado Veolia informó la llegada de dos sistemas de bombeo portátiles que están siendo habilitados para reforzar las labores de extracción del agua en esas zonas críticas.Uriel García, gerente de Veolia, informó que los equipos hacen parte de un plan de emergencia que fue aprobado por la autoridad ambiental y el cual consiste en bombear el agua represada hacia el río Sinú para aliviar el panorama."Esperamos a que eso baje, pero también estamos en ejecución de un plan B por si no baja demasiado y no podemos activar la estación de bombeo Dorado para bajar este nivel y enviar al río. Entendemos la dificultad, pero creemos que de esa manera coordinada y organizada, las cosas se pueden hacer sin que se afecte más a la comunidad", indicó García.Y es que, según ha informado la empresa, las lagunas de oxidación y la estación de bombeo El Dorado quedaron cubiertas de agua en medio de las inundaciones, con niveles de más de un metro por encima de los terraplenes, lo que mantiene inoperables estas infraestructuras.Vale destacar que la empresa Veolia anunció que garantizará el suministro de agua a los damnificados, independientemente de si están al día o en mora con el servicio, inclusive, la compañía dio la orden de que no haya cortes o suspensión en las zonas declaradas en emergencia.A su vez, la empresa Afinia decidió suspender la facturación a 66.000 usuarios que están golpeados por las inundaciones del río Sinú y San Jorge en Córdoba. La empresa asegura que siguen realizando intervenciones en las zonas afectadas, por riesgo a que se dé contacto entre cables de alta tensión con el agua.
Una semana de sufrimiento han tenido los familiares de Leonardo Fabio Geronimo Castro, joven de 18 años que el pasado viernes 6 de febrero salió de su vivienda en el barrio La Pradera en Barranquilla y desde ese entonces no se ha vuelto a saber de su paradero.Su búsqueda en estos momentos está en manos de agentes del CTI de la Fiscalía, desde donde se reportó que a Leonardo lo llegaron buscando a eso de las 10:00 de la mañana un joven llamado Manolo y una mujer, por lo que se cambió rápidamente y salió a lo que era una aparente diligencia.La escena no llenó de confianza a su madre Maribel Gerónimo, quien declaró a Blu Radio que hasta pensó que vendría al día siguiente, pero una semana después no sabe si está vivo. Además, comenta que preguntó por su ubicación, pero lo único que le entregó uno de sus amigos fue el celular de su hijo con todos los datos borrados.“Recuerdo que le dije, papi, ojo, que los amigos traicionan. Vea, no confíe en nadie, la única persona fiel es Dios, es el único que nos guarda, cuida o protege. Soy cristiana y todo lo pongo en las manos de Dios, entonces me dijo, Ajá, mami, ya usted me va a hacer pasar pena delante de mis amigos. No sé por qué le dije eso, tenía ese presentimiento”, dijo a Blu Radio.Los últimos días dice Maribel que han sido una tortura para ella y que nadie sabe por lo que está pasando. De su mente no puede borrar la frase que siempre le repite su hijo: “Mami, yo algún día te tengo que comprar tu casa".“Lo único que quiero es que me digan donde está. No saben cómo está mi corazón al no saber si ha comido, desayunado, bañado o cambiado. Es una tortura para mí. Estoy viviendo una angustia o zozobra de ver que los días pasan, las horas pasan, y no tengo noticia de mi hijo. Es un desespero, mejor me hubiera desaparecido yo y no mi hijo”, apuntó.“El hijo le duele a su madre. Quisiera que me lo devuelvan, que las autoridades se pongan la mano en el corazón. Llevo varios días sin poder dormir, no me puedo alimentar bien, solamente teniendo el pensamiento de mi hijo”, agregó con voz entrecortada.Hasta el momento, las investigaciones no tienen avances y los familiares piden que se priorice el caso para que la Policía pueda preguntar por el sector donde está Leonardo.En su circular de desaparición de la Fiscalía se puede leer:"Mide 160 centímetros de estatura aproximadamente, de contextura delgada, piel morena, cabello ondulado, ojos pequeños negros, nariz recta, boca mediana, labios medianos, tatuajes en los dedos de las manos, tatuaje en el brazo derecho con figura de ángel, tatuaje en la pierna derecha del salmo 91, tatuajes en el pecho con el nombre Benedetti, tatuaje en forma de cruz debajo de la oreja derecha, tatuaje de los numeros 777 debajo de la oreja izquierda. También, varios tatuajes en su abdomen”.Al momento de su desaparición tenía un suéter de algodón rojo, una bermuda jeans negra con gris y unas chancletas plásticas de color negro. Cualquier información puede reportarla al 3022727494 de la Fiscalía.
“La tarifa no se infla: se respeta”, es la frase con la que el Área Metropolitana de Barranquilla espera ponerle freno a los abusos reportados en las tarifas de los taxis en Barranquilla, sobretodo en los próximos días de Carnaval, debido a las denuncias de usuarios que alegan cobros de valores duplicados a los están acostumbrados a pagar.Blu Radio conoció denuncias de personas que por un trayecto desde el Parque Washington, norte de Barranquilla, hasta el estadero La Troja, siendo una distancia de requerida de entre dos a tres kilómetros, tuvieron que pagar $35.000 cuando en un día normal suelen transferir solo $12.000.Por esto, el subgerente de la AMB, Gustavo Santos, pide que se respeten los costos mínimos establecidos, pues su desobediencia traería sanciones tanto para el conductor como para la empresa a la que está afiliado su vehículo.“Desde el Área Metropolitana de Barranquilla, en nuestra condición de autoridad de transporte público en nuestra jurisdicción, hacemos un llamado a todo el gremio del transporte público individual a cumplir las resoluciones metropolitanas que fijan las tarifas para este servicio público. De igual manera, hacemos toda la invitación para que los usuarios de este servicio público de taxi presenten cualquier tipo de quejas por el abuso que llegue a presentar este servicio los conductores del transporte público individual”, dijo a Blu Radio.Desde la agremiación de taxistas Asotax, manifestó su representante Orlinson Villa, que lastimosamente esta es una práctica de solo un grupo que afecta la reputación de todos los conductores. Por eso, piden una vez más la instalación de un taxímetro para que no haya lugar a más abusos.“El llamado no solamente es para los taxistas nada más sino para las autoridades locales para que de una vez por todas coloquen el taxímetro que necesitamos. Así no habrá que estar interactuando con el usuario para colocar el valor de la carrera. Se necesita un control para que no existan este tipo de abusos”, agregó.Para Villa no hay necesidad de cobros excesivos durante los Carnavales, pues solo para sábado y domingo suele presentarse un aumento del 300% en la demanda con respecto a lo que es un fin de semana normal.Los interesados en reportar sus quejas o reclamos ante cobros excesivos, pueden realizarlo en este link:https://sgda.ambq.gov.co/AMB.Correspondencia.Web/PQRSD/Radicado
Llegaron los días más esperados del año para los barranquilleros, cuando los tambores suenan y los colores en la vestimenta toman vigencia por el inicio de las fiestas del Carnaval. La temporada festiva de este 2026 promete un movimiento económico por más de $840.000 millones, lo que se asocia con la generación de 193.000 empleos directos e indirectos. Solo para el caso de logística, por ejemplo, se requirió 3800 personas para acompañar la realización de diferentes eventos. Para el caso de este jueves 12 de febrero, se tienen previstos tres eventos. Para las 6:00 de la tarde se espera la realización de la Noche del río- Baila la Calle, en el par vial de la carrera 50. A esa misma hora será realizado el Gran desfile del carnaval del sur oriente “La noche dle Bordillo” en la carrera 21 con calle 26. Posteriormente, a las 7:00 de la noche, iniciara la Ruta de la Tradición donde se vivirá un gran show cultural que exalta la esencia del Sentir Caribe en el que participarán 16 grupo de danzas en la concha acústica de la banda de Baranoa. Como consecuencia de los eventos que se vienen, la Alcaldía de Barranquilla amplió los permisos para los eventos, para lo que las fiestas podrán realizarse hasta las 4:00 de la mañana, dos horas más de lo habitual. En estos espacios, los organizadores por la integridad del espacio y las personas, según indica la Alcaldía, para lo que también establecieron que está “prohibido portar armas neumáticas, de fogueo, elementos cortopunzantes, sustancias peligrosas o aerosoles de pimienta”.
La erosión costera tiene en graves aprietos a habitantes de la ciénaga de Los Manatíes, en el sector de Sabanilla, en Puerto Colombia, donde el mar se ha comido toda la zona de playa y está a escasos cinco metros de llegar a las puertas de varias viviendas.La situación empeoró con el paso de los últimos frentes fríos que generaron mar de leva y aún mantienen cerradas las playas por el fuerte oleaje.La ciudadanía está reclamando la intervención de las autoridades municipales, por lo que desde la alcaldía de Puerto Colombia, están planeando generar una barrera con sacos de arena para contener la arremetida del mar.“Estuvimos revisando y hay cerca de seis casas, que son las que están frente al mar. Hay otras que están distanciadas, pero esas seis las que evidenciamos son las que están un poco en riesgo. En las horas de la tarde llegaremos hasta allá para revisar nuevamente qué es lo que vamos a llevar, si le vamos a llevar unos sacos o vamos a llevar big bag para la protección de la infraestructura de las viviendas que están ahí cerca”, informó Hernán Núñez, jefe de la oficina de Gestión Ambiental de Puerto Colombia.Pero la erosión no es el único problema que padece la ciénaga de Los Manatíes. Otra grave amenaza tiene que ver con la contaminación que reciben por parte del arroyo León, el cual está llevando a la muerte de los manglares, que servían de barrera natural contra la erosión.Núñez indicó que junto con la ADI, La CRA, la Procuraduría, Gestión del Riesgo y oficina de Gestión Ambiental de Puerto Colombia están revisando el tema para buscar una estrategia que ponga fin a la contaminación.“En esta semana vamos a organizar un comité para buscar temas estratégicos de la fuerte contaminación que nos está llegando a esas playas proveniente de Arroyo León. Entonces, eso lo tenemos que controlar. En estos momentos la ADI se encuentra limpiando los canales para prevenir toda esa fuerte basura y residuos sólidos que están llegando a nuestras playas”, detalló el funcionario.En esta zona esperan realizar una repoblación de manglar.
La emergencia económica, social y ecológica decretada por el Gobierno Nacional mediante el Decreto 0150 encendió las alarmas en el sector agropecuario tras confirmarse la muerte de entre 3.000 y 4.000 reses por cuenta de la ola invernal que golpea con fuerza a la región Caribe, especialmente a la cuenca media y baja del río Sinú. La pregunta que surge ahora es inevitable: ¿impactará esta tragedia el precio de la carne en Colombia?En entrevista con Mañanas Blu, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, detalló el alcance de la afectación y las medidas que se estudian para evitar un desabastecimiento o un incremento descontrolado en los precios de la proteína animal.4.000 reses muertas y 450.000 cabezas afectadasUno de los datos más sensibles es el relacionado con la mortandad de ganado. Según reportes de Fedegán y el Fondo Nacional del Ganado, entre 3.000 y 4.000 reses han muerto en el país, mientras que solo en Córdoba hay 450.000 cabezas de ganado afectadas.La ministra fue enfática en aclarar: “Es importante decir que esas 450.000 cabezas de ganado no son reses muertas, están afectadas, han tenido que desplazarse”. Sin embargo, reconoció que se trata de una afectación significativa en una región clave para la producción de carne y leche.Además de la pérdida directa de animales, la inundación ha destruido pasturas, lo que obliga a movilizar el ganado hacia zonas más altas. El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) ha intensificado la expedición de guías de movilización y se han dispuesto 100 hectáreas en Turipaná para ubicar temporalmente animales.El problema no es solo productivo, sino también sanitario. “Hay mucha mortandad debajo de estas aguas. Es un tema sanitario que hay que controlar rápidamente”, advirtió Carvajalino.¿Subirá el precio de la carne?La preocupación por el precio de la carne es latente. En enero ya se registró un incremento que, según el Gobierno, está asociado a la presión internacional por exportaciones hacia mercados como Rusia y China.“Habíamos pedido al Fondo Nacional del Ganado (…) análisis precisos y estamos estudiando algunas normas para modificar”, señaló la ministra. Incluso, ante la pregunta sobre posibles restricciones a las exportaciones, respondió: “Estamos estudiando las medidas que sean necesarias para garantizar el abastecimiento interno de la proteína. No hay que descartar en este momento ninguna medida”.No obstante, hasta ahora no se reportan incrementos adicionales derivados de la emergencia invernal. “Hoy no tenemos incrementos de precios, riesgos de abastecimiento o informes sobre acaparamiento y especulación”, aseguró.El Ministerio, junto con el DANE y la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), realiza un monitoreo semanal de precios para evitar distorsiones en el mercado.Emergencia económica y millonaria inversión para el agroEl decreto firmado por todos los ministros declara la emergencia en ocho departamentos severamente afectados por las lluvias, inundaciones y frentes fríos. En el caso del sector agropecuario, el panorama es crítico.“Tenemos cerca de 700.000 millones de pesos que son necesarios para ayudar al drenaje, al restablecimiento de pastos y al restablecimiento de cultivos”, explicó Carvajalino. Esta cifra se suma a una cartera vigente de 1,2 billones de pesos en créditos de pequeños productores en los departamentos afectados, lo que elevaría la inversión total proyectada a cerca de 2 billones de pesos para la recuperación del sector.Las afectaciones no son menores. Inicialmente se identificaron 19.800 hectáreas agrícolas inundadas, pero la cifra podría ascender a 30.000 hectáreas entre Córdoba, Sucre y Antioquia. A ello se suman 180.000 hectáreas pecuarias comprometidas.La ministra subrayó que el proceso será complejo: “Una vez el agua baje, nos toca recuperar esos suelos y empezar a sembrar pasto (…) ojalá podamos empezar a sembrar sistemas silvopastoriles muchísimo más resilientes”.Seguridad alimentaria y programas de reactivaciónLa crisis también amenaza la seguridad alimentaria en Córdoba y zonas cercanas. Frente a ello, el Gobierno implementará un programa de adquisición de alimentos frescos provenientes de productores afectados, con doble objetivo: apoyar a las familias damnificadas y dinamizar la economía local.“Queremos poner alimentos frescos en las familias que están viviendo la emergencia, pero también ayudar a intensificar y dinamizar la actividad agropecuaria”, explicó la funcionaria.Entre las estrategias contempladas están:Líneas de crédito para agricultura campesina, familiar y comunitaria.El Programa FIA, priorizado en 21 municipios de Córdoba.El programa de adquisición de excedentes estacionales del Ministerio de Agricultura.Además, se mantiene en pie la declaratoria de Área de Protección para la Producción de Alimentos (APAN) en 21 municipios cordobeses, considerada ahora “mucho más necesaria que antes” para proteger y restaurar suelos productivos.Un reto estructural para el sector ganaderoMás allá de la coyuntura, la ministra reconoció que el país enfrenta un desafío estructural. La recuperación del hato ganadero dependerá no solo del rescate de animales afectados, sino de la restauración de pasturas y suelos inundados.“Tenemos que tomar varias medidas pensando en mantener la actividad económica de los ganaderos (…) y el abastecimiento interno de nuestro mercado de carne y de leche”, concluyó.La ola invernal ha dejado al descubierto la vulnerabilidad del sector agropecuario frente a fenómenos climáticos extremos. Por ahora, el Gobierno asegura que no hay desabastecimiento ni aumentos desmedidos en el precio de la carne, pero reconoce que las próximas semanas serán determinantes para evitar que la emergencia climática se convierta también en una crisis inflacionaria en la canasta básica de los colombianos.
Las fuertes lluvias que se han registrado en el interior del país tiene a los habitantes del Canal del Dique viviendo una situación atípica: el nivel del río está creciendo frente a sus ojos sin que en su suelo caiga una sola gota de agua.Aunque todavía falta tres metros para que se alcance la cota de desbordamiento, la situación es preocupante dado que aún no ha empezado el invierno.De acuerdo con la medición del Ideam para este miércoles 11 de febrero, Calamar alcanzó los 6 metros de profundidad, siendo esto casi el doble de lo que había para la misma fecha en 2025. En esta época, suele darse un descenso de los niveles que, en muchos casos, resulta alarmante. Pero este año la tendencia es a la inversa y los niveles aumentan preocupantemente.“Necesitamos que se tome acciones antes de que se presente una desgracia”, dice Uriel Ávila, líder del sur del Atlántico.Ante el tema, también se están sumando las reacciones del sector político como el senador Pedro Flórez, quien pide atención especial para evitar una desgracia por inundamientos dentro de unos meses, cuando se presentan intensas lluvias.“Hoy duele ver a Córdoba y Sucre bajo el agua", dijo Flórez. "Mientras lamentamos lo ocurrido, el sur del Atlántico envía señales que no podemos ignorar. El Canal del Dique, que en esta época del año históricamente descendía, hoy registra aumentos de hasta 10 cm diarios. En San Pedrito y en Calamar, los niveles ya son propios de temporada invernal, no de febrero", agregó. "La prevención no puede esperar. Actuar a tiempo salva vidas y hogares”, expuso en su cuenta de X.Al respecto, la comunidad insiste en que se emplee maquinaria amarilla para el retiro de sedimentos y ampliar la capacidad de almacenamiento del cauce.