A la espera de resultados finales está la Procuraduría General de la Nación con respecto a las 39 investigaciones que en estos momentos tiene abiertas contra distintos funcionarios en el país por participación indebida en política, de acuerdo a lo confirmado por el mismo procurador general, Gregorio Eljach, desde Barranquilla.Justo antes de participar en el Congreso Internacional de Contratación Estatal, organizado por la Universidad Externado de Colombia, Eljach indicó que algunas son preliminares pero que otras ya están cerca de entregar sanciones disciplinarias.“Nosotros estamos adelantando 39 averiguaciones, unas en investigación preliminar y otras en investigación disciplinaria. No hay resultados finales, son unos procesos lentos en donde hay plenas garantías del debido proceso, de presunción de inocencia, de derecho a la defensa que es una garantía constitucional. Entonces, no podemos avanzar más de lo que el procedimiento permite. Plenas garantías para los que están involucrados, pero los resultados se conocerán en su momento. No toda participación es censurable”, dijo a Blu Radio.El procurador aseguró que cuentan con la competencia para suspender a los funcionarios que incurran en estas acciones y que no se pronunciará más sobre una posible participación indebida del presidente Gustavo Petro, pues el control hacia él es responsabilidad de la Comisión de Acusaciones.“El señor presidente es objeto de control por parte de la comisión de acusaciones. Él tiene un control constitucional integral privativo y solo desde allí se puede proceder en esos casos. El procurador no tiene competencia sobre eso”, agregó.Su mensaje principal desde Barranquilla fue que “sí hay garantías para las elecciones presidenciales” y que ya están trabajando para sacarlas adelante.“Venimos atendiendo personalmente el tema de la paz electoral, que fue exitoso en la jornada de Congreso. Creemos que es un buen esquema. Y hemos tenido realmente, y hay que decirlo, la presencia activa del Ministerio del Interior, que representa al Gobierno Nacional, a la UNP que también ha prestado sus servicios, y creemos que en el momento no hay motivos para desconfiar de que eso se vaya a hacer de una manera diferente. Vamos a sacar adelante las elecciones, Colombia va a tener elecciones y vamos a quedar todos bien”, apuntó.La Procuraduría también mantiene investigaciones sobre la empresa Air-e Intervenida para verificar si hay irregularidades en sus procesos de contratación y en la operación que adelantan para los departamentos de La Guajira, Atlántico y Magdalena.Además, aprovechó su presencia en la ciudad para hablar de la inseguridad que se vive en la capital del Atlántico. Al respecto, mencionó que será un tema al que le prestará principal atención cuando le entreguen los informes de gestión de las autoridades distritales y departamentales.
Como parte de las investigaciones que la Corte Suprema de Justicia adelanta contra el exrepresentante a la Cámara Andrés Calle, en la mañana de este viernes se desarrolló un allanamiento en la residencia del investigado excongresista, ubicada en el barrio La Castellana, al norte de Montería, como parte del proceso por presunta corrupción con recursos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastre. Se trata del edificio K-62, en el que, según declaró Sneyder Pinilla, fue realizada la entrega de al menos 1.000 millones de pesos por el entonces subdirector nacional de la UNGRD. Le puede interesar: Sneyder Pinilla habla desde la cárcel por primera vez sobre el entramado de corrupción de la UNGRDEs de recordar que estos recursos iban a ser presuntamente entregados a Calle, entonces presidente de la cámara baja, para que impulsara reformas del gobierno de Gustavo Petro. “Yo directamente al doctor Andrés Calle, presidente de la Cámara de Representantes, acuérdese doctor Andrés, cuando se le entregó directamente en su apartamento, en el K-62 en Montería, y al doctor Iván Name a través de la mensajera, la doctora Sandra Ortiz, dos días, doctora, dos días duré entregándole estos dineros para que se pudiera cumplir con las cosas”, dijo Sneyder Pinilla en junio de 2024 en medio de su proceso de indagatoria ante la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Según le confirmaron a Blu Radio se trató de una verificación de las instalaciones del edificio, siendo que desde la Sala Especial de la Corte Suprema de Justicia fue comisionado un magistrado auxiliar para practicar inspección y recolección de evidencia física que tengan que ver con los hechos atribuidos a Andrés Calle e Iván Name. Lo anterior, debido a que también se adelantará una inspección a la residencia de Iván Leonidas Name, por su vinculación al caso por la presunta recepción de dinero cuando era presidente del Senado de la República.
Luego del atentado armado ocurrido en la madrugada de este jueves en el parqueadero de un billar ubicado en el norte de Barranquilla, resultaron heridos Julio Ruiz Polanía, hermano de la compañera sentimental de Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias ‘Castor’, y Luis Bernal Castro, conocido como ‘Berna’, señalado como hombre de confianza del cabecilla de la estructura criminal ‘los Costeños’.Tras conocerse el hecho, Díaz Collazos se pronunció mediante una carta enviada a diferentes autoridades locales. En la comunicación, el jefe criminal aseguró que no responderá a provocaciones ni retomará caminos de violencia, y solicitó a las autoridades actuar frente a quienes estarían intentando generar nuevos hechos violentos.En el documento, que afirma haber escrito con su puño y letra desde la cárcel de Cómbita, en Boyacá, señala que quiere dejar “absolutamente claro mi compromiso inquebrantable con la paz, la legalidad y mi proceso de cambio personal y espiritual”."A pesar de que actores externos intentan incitarme a tomar las armas o a retomar caminos de violencia, manifiesto con total firmeza que no cederé ante ninguna provocación”, agregó.El cabecilla de la estructura criminal pidió al comandante de la Policía Metropolitana, a la Fiscalía General de la Nación, al alcalde de Barranquilla y al gobernador del Atlántico que “actúen con decisión frente a quienes están intentando generar violencia en la ciudad". "Personas como "Digno", "Chan" u otros individuos que buscan desestabilizar el orden público, no lograrán arrastrarme nuevamente por ese camino”.
Después de permanecer 16 días detenida por miembros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, ICE, fue liberada bajo fianza la periodista barranquillera Estefany Rodríguez Flores, quien actualmente labora con el medio estadounidense Nashville Noticias.La periodista recobró su libertad tras el pago de una fianza de 10.000 dólares, la cual fue fijada por un juez y ya logró el reencuentro con su hija de 8 años y su esposo.De acuerdo con declaraciones dadas a Nashville Noticias por el abogado que representó a Estefany “tras su liberación, podrán actualizar al juez federal Eli Richardson sobre el estado de la periodista mientras continúa el proceso legal”.La defensa de la barranquillera informó que ahora continuará con la solicitud de hábeas corpus que presentaron el pasado 4 de marzo, mediante la cual se cuestiona el arresto realizado sin una orden judicial y en el que se señala que podría tratarse de una represalia por las denuncias que venía realizando.Lo que buscan los abogados es que a Estefany le concedan su libertad definitiva, pero además que el tribunal emita una orden para que ICE no vuelva a realizar acciones similares contra ella en un futuro.
El Gobierno nacional continuará adelante con su idea de exigir el traslado de unos $25 billones en ahorros pensionales que hoy están en los fondos privados de pensión hacia Colpensiones, de acuerdo. Con uno comunicado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.El anuncio se da apenas unas horas después de la polémica desatada por una carta del Banco de la República en la que advierte al gobierno nacional que un decreto de ese tipo podría ser abiertamente ilegal.El objetivo del gobierno es que los ahorros de quienes se cambiaron del régimen privado de pensiones Colpensiones al amparo del artículo 76 de la reforma pensional, sean entregados a Colpensiones de inmediato."De los trasladados se les ha reconocido la pensión a más de 24 mil afiliados, los cuales han sido atendidos y pagados por Colpensiones representando aportes superiores a 5.4 billones de pesos. De los traslados en mención, los aportes de los afiliados permanecen en los fondos privados creando una presión insostenible sobre las finanzas de COLPENSIONES.La propuesta ha sido duramente criticada por distintos actores, porque podría llevar ha enormes problemas operativos e incluso a una disparada del costo de la deuda pública si se obliga a los fondos privados a liquidar a sus inversiones de inmediato para trasladar dinero en efectivo."Teniendo en cuenta los posibles impactos en los mercados locales y en particular las inversiones de los fondos privados en Títulos de Deuda Pública TES, el gobierno ha propuesto la negociación de dichas inversiones con Colpensiones con el fin de reducir el posible impacto señalado", agregó el Ministerio de Hacienda.En su momento, el presidente Gustavo Petro anunció mesas de trabajo con los fondos privados de pensiones para hablar sobre esta problemática, pero hasta el momento, ninguna reunión ha sido convocada.La reforma pensional se encuentra actualmente suspendida mientras la Corte Constitucional decide de fondo sobre las demandas presentadas contra la iniciativa. El único artículo que quedó vigente. fue el artículo 76.Otra de las críticas al gobierno es que la jugada le permitiría liberar de inmediato $25 billones del presupuesto nacional, en plena época de elecciones. El Gobierno se ha defendido recordando que si la reforma estuviera vigente esos recursos se entregarían directamente al Banco de la República.
La Procuraduría General de la Nación suspendió provisionalmente por tres meses al actual agente especial interventor de Asmet Salud EPS, Lain Eduardo López Martínez, por el presunto deterioro en la prestación del servicio de salud a los usuarios de esa entidad.El organismo de control también abrió investigación disciplinaria contra cinco exagentes especiales interventores de la EPS desde 2023 a la fecha.La Procuraduría busca establecer si los funcionarios incumplieron sus deberes durante la intervención forzosa administrativa ordenada por la Superintendencia Nacional de Salud, debido a que, al parecer, aumentaron las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, así como las acciones de tutela e incidentes de desacato presentados por los afiliados.Además, el Ministerio Público también indaga por un posible deterioro en la sostenibilidad financiera de la EPS, reflejado en el aumento de la siniestralidad, presuntas irregularidades en la contratación, incremento de pasivos y una eventual disminución del patrimonio.La decisión se adoptó tras visitas preventivas realizadas por la Procuraduría para verificar la gestión durante la intervención, en las que se habría evidenciado que las medidas adoptadas no mejoraron el acceso a los servicios de salud y, por el contrario, podrían haber generado una atención precaria e ineficiente para 1.585.721 afiliados, de los cuales el 96 % pertenece al régimen subsidiado.
Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este jueves, 19 de marzo de 2026:En Facatativá, Cundinamarca, más de 10.000 personas resultaron damnificadas por las inundaciones tras el desbordamiento del río Botello.La vía Bogotá-Villeta presenta afectaciones por derrumbes y deslizamientos debido a las intensas lluvias; operarios trabajan por restablecer el tránsito.Se registró un nuevo asalto en la vía Panamericana: delicuentes robaron un camión que transportaba 16 motocicletas cerca del municipio de El Bordo. Naciones Unidas, desde Suiza, reveló cifras sobre asesinatos y ataques contra lideres sociales: durante el Gobierno de Gustavo Petro han asesinado a más de 400 lideres sociales.Escuche el programa completo aquí:
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), en articulación con el Instituto para la Economía Social (IPES), avanzan en el programa “Buena Esa”, una estrategia de resocialización que permite a personas privadas de la libertad realizar trabajo comunitario voluntario en plazas distritales de mercado de Bogotá y otros espacios públicos del país.La iniciativa, que se desarrolla a nivel nacional, involucra a cerca de mil personas privadas de la libertad en al menos 124 municipios y ciudades. Así lo explicó el director del INPEC, coronel Daniel Gutiérrez, quien destacó el alcance del programa y su enfoque en la reintegración social. “El día de hoy hicimos un trabajo a nivel nacional. 124 municipios o ciudades donde tenemos más o menos mil personas privadas de libertad trabajando, recuperando entornos, haciendo reinserción social, pero haciendo una labor social comunitaria. Personas privadas de libertad que ya han cumplido una gran mayoría de sus condenas. Es decir, que están clasificadas en fase de mínima seguridad. Tenemos unos propósitos importantes en términos de recuperación de entornos, de trabajo social”, afirmó.El programa está dirigido a personas que se encuentran en fase de mínima seguridad, lo que permite su participación en actividades externas bajo supervisión institucional. Según el INPEC, estas labores buscan no solo contribuir a la recuperación de espacios públicos, sino también fortalecer procesos de resocialización y generar un impacto positivo en las comunidades.En Bogotá, la implementación del programa se enfoca en las plazas distritales de mercado, donde se desarrollarán jornadas de intervención comunitaria. La directora del IPES, Catalina Arciniegas, señaló que esta estrategia tendrá un despliegue sostenido en la ciudad. “Este no va a ser el único ejercicio donde vamos a estar presentes con Buena Esa. Vamos a estar en las 18 plazas distritales de mercado haciendo este ejercicio de justicia restaurativa y también de reinserción social. Esto nos permite a nosotros transformar los entornos, propender por entornos seguros y aumentar las visitas de la ciudadanía”, indicó.Arciniegas también destacó el papel de estos espacios en la seguridad alimentaria de la capital. “Las personas no conocen que las plazas distritales de mercado contribuyen a la seguridad alimentaria de la ciudad. Son más de 11.000 toneladas que se producen mensualmente desde nuestras 18 plazas distritales de mercado y que contribuyen justamente a la alimentación de la ciudadanía”, explicó.Desde el Inpec se subraya que el programa tiene varios componentes estratégicos, entre ellos la resocialización, la seguridad y la redención de pena. “El primero es la resocialización como unificación de la pena a partir del trabajo comunitario o labor social comunitaria. Estamos también rompiendo paradigmas, pero también estamos aportando a la seguridad ciudadana porque estamos trabajando con la Policía en términos de seguridad, con las alcaldías locales y municipales y con las secretarías de gobierno”, señaló Gutiérrez.El funcionario agregó que la iniciativa busca generar un impacto más allá del sistema penitenciario “No solamente sacamos internos, sino que salgan a un propósito, en este caso las plazas de mercado aquí en Bogotá, que permitan que la sociedad pueda venir a ese mercado con tranquilidad y con seguridad. Entonces hablamos de seguridad penitenciaria, de seguridad ciudadana y también de redención de la pena”, concluyó.
El Festival Estéreo Picnic, el evento cultural más relevante de Colombia, no se limita a la música; este año, la experiencia se expande hacia la cultura líquida y la creación de contenido. Entre las novedades principales destaca el debut del 'Go Go Highball', el cóctel oficial del festival desarrollado por Johnnie Walker en colaboración con la artista estadounidense Sabrina Carpenter. Esta bebida reinterpreta el whisky clásico con notas cítricas, apuntando a una estética fresca y contemporánea para las nuevas generaciones.La alianza con Carpenter no es solo comercial, sino conceptual. Según la organización, el 'Go Go Highball' simboliza el progreso, un valor histórico de la marca de whisky que aquí se traduce en "avanzar sin miedo y encontrar nuevas formas de expresión". Este ritual busca conectar la identidad artística de la cantante con los asistentes, ofreciendo una extensión de su universo creativo dentro del recinto.Por su parte, la marca Smirnoff llega al festival tras un exitoso preludio en la ciudad. Su espacio 'Smirnoff House' registró más de 1.000 asistentes y la generación de 229 contenidos digitales. Las zonas de 'Arte' y 'Cringe Core' fueron las más populares, concentrando el 46 % de la interacción total bajo una dinámica de recompensas mediante 'Cringe Coins' para quienes se mostraron sin filtros.La presencia de esta marca se amplifica dentro del festival con una ubicación estratégica detrás del escenario principal, donde actuarán figuras como Tyler, The Creator y The Killers. La marca dispondrá de seis barras y tres zonas de experiencia diseñadas para el público general, enfocadas en la personalización y la estética visual.Personalización: alianza con Stanley para la intervención de termos.Estética: espacios de maquillaje con propuestas de estilo "spicy".Talento local: zonas dedicadas a sets de DJs emergentes para celebrar la diversidad sonora.Estas activaciones consolidan al FEP como un ecosistema donde la expresión individual y el contenido digital son tan protagonistas como los artistas internacionales. La invitación para los asistentes es clara: explorar las dimensiones del festival que ocurren más allá de los altavoces.
Joshua David Linney, conocido en el mundo criminal como 'El Grande', fue capturado en Barranquilla para ser extraditado a los Estados Unidos, luego de ser solicitado por la Corte Distrital para el Distrito Medio de Florida de Norte América, bajo cargos de tráfico de drogas ilícitas.Alias 'El Grande' ha sido señalado por las autoridades como uno de los principales responsables del tráfico de estupefacientes en la región Caribe. Según las investigaciones, este hombre aprovechaba su condición de ciudadano americano para facilitar el diseño y ejecución de rutas de envío de narcóticos hacia territorio estadounidense, lo que lo convirtió en un objetivo de alto valor para las agencias de seguridad de su país.El coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e INTERPOL, afirma que Linney presentaba antecedentes por reincidencia delictiva dado que, en abril de 2024, había sido capturado en el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, cuando intentaba transportar droga hacia los Estados Unidos, ocultas en su equipaje para evadir los controles aeroportuarios.El ciudadano extranjero fue dejado a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación a la espera de los trámites administrativos para su traslado y comparecencia ante la justicia norteamericana.
Un plazo máximo hasta el 31 de marzo fue el que se estableció para la habilitación del tráfico de todo tipo de vehículos en la vía alterna que se construye como solución temporal tras la falla que se presentó en el puente a la altura de Jalisco, en el corredor vial Montería - Puerto Rey, debido a las inundaciones del mes de febrero pasado.El plazo fue fijado en una mesa de trabajo coordinada por la Secretaría de Infraestructura de Córdoba, en la que participó la Agencia Nacional de Infraestructura, la concesión Ruta al Mar y su interventoría y la Alcaldía de Los Córdobas.En el encuentro, la Concesión Ruta al Mar informó que ya cuenta con un diseño preliminar para la construcción de un nuevo puente y, en paralelo, adelanta la construcción de este paso alterno provisional que estará al servicio de la comunidad al finalizar el mes en curso.El alcalde de Los Córdobas, Juan Carlos Yances, expresó que el cumplimiento de este plazo será clave para garantizar mayor movilidad, especialmente, por la cercanía de la Semana Santa, una época clave para la reactivación económica.Y es que, según la Secretaría de Tránsito Departamental, esta solución permitirá un ahorro significativo en tiempos de desplazamiento, frente a la vía alterna que actualmente se utiliza. Eso sí, la entidad solicitó a la concesión Ruta al Mar realizar la señalización respectiva debido a que este corredor es de alto tráfico, y debido a la Semana Santa, se incrementa la circulación de vehículos.
“Un diálogo real” con quienes lideran el Paro Minero es lo que está pidiendo el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, al Gobierno nacional para acabar con las jornadas de protesta que están afectando el transporte y la economía en el sur del departamento.Los manifestantes completan cuatro días de protesta en la vía que conecta a los municipios de Montelíbano y Puerto Libertador, bloqueando el paso hacia Cerro Matoso, lo cual está afectando a más de 2.000 personas que diariamente se movilizan desde y hacia la operación de este complejo minero.Ricardo Gaviria, presidente de Cerro Matoso, informó que “cerca de 500 trabajadores directos y contratistas permanecen en la planta sin posibilidad de realizar el relevo de turnos de forma habitual” y que, inclusive, hubo la necesidad de “suspender parcial y totalmente muchos contratos de bienes y servicios ante la imposibilidad de mantener unas operaciones normales”.“De igual manera, no hemos podido entrar suministros necesarios y vitales para el sostenimiento de nuestra operación durante las 24 horas y nos tocó suspender el despacho de nuestros productos al puerto de Cartagena”, dijo.“Respetamos, por supuesto, el derecho a la protesta, pero una protesta que sea pacífica, pero que no afecte el derecho a la movilidad de los trabajadores y el derecho al trabajo”, agregó.Es precisamente por estas afectaciones que el gobernador Zuleta le está insistiendo al Gobierno que establezca un verdadero diálogo con los manifestantes,de hecho, el mandatario dijo que la administración departamental está dispuesta a ser garante en este proceso “para que se escuchen las voces, se construyan acuerdos y se avance hacia la normalización”, antes de que la situación escale a inconvenientes de orden público.Hasta un juez falló una tutela para ordenar que de manera inmediata permitan la libre circulación en la vía, pero más de 100 manifestantes aún impiden el tránsito normal y solo mantienen habilitado un corredor humanitario para el paso de ambulancias, alimentos y bienes esenciales.
En Baranoa, Atlántico, hay fiesta porque fue declarado como Patrimonio Inmaterial Cultural de la Nación la fiesta de La Loa de los Santos Reyes Magos, una tradición que rinde homenaje cada mes de enero a la visita de los reyes de Oriente al niño Jesús en el pesebre. La noticia surge luego de que ayer se aprobara en cuarto y último debate este proyecto de ley que cuenta con la ponencia y coautoría del senador Pedro Flórez. “Esta nueva ley, luego de su sanción, le permitirá a Baranoa proteger, salvaguardar, divulgar y financiar de mejor manera esta tradición religiosa y escénica que se realiza en el mes de enero. Con esto se promoverá el turismo y la identidad cultural del municipio. Una gran noticia para sus habitantes, pero también para el departamento del Atlántico, porque continuamos así, preservando las tradiciones culturales y religiosas de nuestro Caribe colombiano”, manifestó el senador Flórez.Entre otros, la inclusión de esta fiesta en la lista de patrimonio cultural del país, también permitirá el fomento de actividades para fortalecer el turismo y la economía local.Al respecto, Alberto Sarmiento, director de La Loa, asegura que esto se convierte en orgullo para el municipio, siendo que se refuerza el sentir por esta tradición que reúne a mas de 230 personas. "Esta representación llegó a Baranoa hace más de 150 años de la mano de un sacerdote español. Lo interesante es que de principio a fin todo esta escrito en prosa y verso. Tiene teatro, danza, música, efectos especiales. Hoy en día nos acompañamos de muchos elementos. Es un conglomerado de muchas personas. El elenco está conformado por unas 45 personas. Ahí tenemos niños, jóvenes, adultos, personas mayores, pero detrás en la organización y montaje hay unas 170 personas que hacen posible todos lo años esta esceneficación", contó el gestor cultural.
Momentos de terror se vivieron alrededor de un establecimiento comercial tipo billar en el norte de Barranquilla, el cual se terminó convirtiendo en un campo de batalla entre las bandas ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’ en la madrugada de este jueves, debido a un violento ataque a bala que registró al menos seis personas heridas.Reportaron las autoridades que Luis Bernal Castro Barrios (30 años), José Armando Pertuz Montenegro (39 años), Julio Enrique Ruiz Polania (39 años), presuntos integrantes de ‘Los Costeños’, departían a las afueras del sitio cuando fueron sorprendidos por los disparos provenientes desde un taxi, de placas TZK-850, en el que estaban cuatro presuntos ‘Pepes’, dos de ellos adolescentes.Según pudo conocer Blu Radio, al parecer, el ataque iba dirigido contra Julio Enrique Ruiz Polania al ser hermano de Danelis Patrícia Ruiz Polania, pareja sentimental de alias 'Castor', máximo cabecilla de la estructura ‘Los Costeños’. Ella habría sido capturada por un proceso de lavado de activos, según la Policía.De hecho, Julio Enrique sería la persona que estaría en un estado de salud más grave al recibir cerca de 10 impactos de bala, la mayoría de ellos en su espalda y extremidades inferiores. Sus acompañantes fueron blanco de tres disparos entre los tres.Los agresores intentaron huir en su vehículo por toda la carrera 43, aunque fueron perseguidos en una rápida reacción de la Policía. Así las cosas, terminaron chocando su vehículo en otro sector de Barranquilla, propiciando la captura de Jean David Pacheco González, de 21 años, y las aprehensiones de un joven de 14 años y otra persona sin identificar de aproximadamente 17 años, todos lesionados también.Las investigaciones de este caso están en marcha y fueron asignadas al CTI de la Fiscalía. Las autoridades incautaron cuatro armas de fuego tipo pistola; cuatro proveedores, varios de ellos con capacidad para 32 cartuchos; y el vehículo utilizado para los hechos.
En Nueva EPS, al parecer, no solo no cumplen con la oportuna atención a los pacientes y entrega de medicamentos sino también con las ordenes de arresto judicial.Esto por cuenta de que desde ayer están siendo buscados Eudes del Carmen Cueto, gerente regional en salud, y Juan Carlos Fontalvo, gerente regional Norte, para que cumplan con diez días de arresto, tras una orden emitida por el Juzgado Quinto Civil Municipal de Barranquilla, debido al desacato en el cumplimiento de tutelas para la entrega de medicamentos y citas.Ambos deberán ir a un centro penitenciario de la ciudad, sin embargo, cuando fueron por Cueto y Fontalvo a las oficinas, ninguno de los dos estaba en las instalaciones. En el caso de Cueto, al parecer, está incapacitada; mientras que dijeron que Fontalvo habría sido ascendido a un cargo nacional, dentro de la misma EPS, en diciembre pasado y que por eso no se encontraba.Sin embargo, no es la primera vez que ambos están enfrentando órdenes de arresto. En febrero de este año, Fontalvo también fue sancionado para que cumpliera con 10 días de arresto por desatender el cumplimiento de una tutela en Cesar, con un paciente de la tercera edad. La orden fue entregada por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Valledupar, ante el no cumplimiento de las tutelas ordenadas, para que la misma fuera cumplida en el Comando de la Policía Nacional de su ciudad de residencia.Al respecto, no hay confirmación de si cumplió con este arresto.
Tres meses después de que familiares de Carlos Mario Peralta Velásquez perdieran todo rastro de él, el CTI de la Fiscalía de Barranquilla, con ayuda del Gaula del Ejército, capturaron a una mujer que era su amante y al esposo de ésta, como principales sospechosos de la desaparición forzada del electricista de 28 años.Blu Radio conoció que miembros del grupo NN y desaparecidos del Cuerpo Técnico de Investigación de esta ciudad, lograron realizar una inspección al inmueble de la pareja hoy investigada, encontrando rastros de sangre en la habitación de la casa ubicada en el barrio El Santuario.Allí las autoridades temen que pasó lo peor, pues incluso, según conoció este medio, hay testigos que dicen haber visto a los investigados, sacar de su casa un colchón lleno de sangre.Los capturados son Natalia Jhoana Maestre González, con quién Carlos, el desaparecido, sostenía una aventura amorosa y el esposo de la mujer, un expolicía identificado como Sergio Andrés León Franco, quien fue desvinculado hace ocho años de la institución y actualmente trabajaba como taxista.La mujer fue enviada como medida preventiva a la cárcel El Buen Pastor y su esposo a la de El Bosque.María Peralta, hermana del soldador, cuenta que el nombre de Natalia salió a relucir, luego de que Carlos le contara a un amigo que se vería con ella en el barrio Santuario, dato que fue relevante para orientar la investigación.El 12 de diciembre, Carlos Peralta salió de su casa en el municipio de Juan de Acosta en su moto. A su familia le dijo que iría al estadio Metropolitano para ver el partido de ida de la final del FPC entre el Junior y Deportes Tolima, cuando en realidad esta fue la excusa para verse con su amante, una mujer que también era casada y a la que había conocido cuando trabajó en un hotel del norte de Barranquilla.La captura de la amante del soldador y su esposo se produjo en el municipio de Galapa. Por ahora las autoridades no descartan que otras personas también estén involucradas en esta desaparición. Mientras tanto sigue la búsqueda del sitio donde pueda encontrarse Carlos Peralta.
La Fiscalía seccional 28 de Bogotá citó a audiencia de formulación de imputación a los ex interventores de Air-e Diana Bustamante y Nelson Vásquez Torres, para imputarles cargos por los delitos de fraude a resolución judicial.La audiencia fue citada de forma virtual para este jueves a partir de las 10 de la mañana como parte de una investigación que se adelanta a los exinterventores por presuntamente no haber entregado información sobre la administración de la empresa de energía durante el periodo que estuvieron al frente de la misma.Bustamante y Vásquez, según denuncias, no acataron un fallo del Consejo de Estado que ordenaba a los interventores entregar a los accionistas de Air-e toda la información sobre el proceso en curso, lo que representó una irregularidad.Diana Bustamante, quien se desempeñaba en el área de mercadeo de Air-e, fue nombrada interventora tras la salida del cargo de Edwin Palma a finales del mes de febrero de 2025. La mujer solo estuvo tres meses al frente de la compañía.En su reemplazo fue nombrado Nelson Vásquez Torres quien duró 8 meses como agente interventor hasta que el pasado mes de enero presentó su carta de renuncia la cual fue aceptada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
Las oficinas de la Nueva EPS en Bosconia, Cesar, se encuentran cerradas por segundo día consecutivo debido al plantón adelantado por Keyla Michell Vargas, mujer a la que desde hace 36 días la tienen esperando por un traslado de urgencia para su bebé recién nacido, al que cada día que pasa se le disminuyen los latidos del corazón y tiene un diagnóstico de ataque cianótico, es decir falta temporal de oxígeno en la sangre.La orden desde el centro médico en el que es atendido es de llevarlo hacia una clínica de cuarto nivel, aunque dice Keyla que la Nueva EPS no les da respuesta. Llegaron a proponer la posibilidad de una remisión hacia Cartagena, pero más de 30 días después el silencio de ellos es absoluto.Por eso, pese a estar en su recuperación por cesárea decidió tomarse la sede de la entidad con cintas y pancartas.“Como madre tengo 36 días con una operación que es la cesárea, 36 días luchando para que mi hijo pueda ser atendido y todavía no me dan respuesta. He hecho todo lo que ha estado en mis manos y haré todo para ser escuchada, para que me colaboren para que la Supersalud vea lo que estoy pidiendo. Él tiene derecho a la vida y a la salud”, declaró a Blu Radio.Los hechos fueron inmediatamente rechazados por el senador Didier Lobo, quien señaló desde el Congreso que este niño está luchando una batalla que no le corresponde.“Jermain tiene pocas semanas de vida y ya está peleando una batalla que no le corresponde pelear. En este momento está luchando por sobrevivir en un centro asistencial del municipio de Bosconia en mi departamento del Cesar. No sabe caminar, no sabe hablar, solo sabe respirar y lo está haciendo con mucha dificultad. Los médicos que lo atienden han dicho con claridad, "este niño necesita un hospital especializado que Bosconia no tiene”. Han pedido el traslado una y otra vez y la respuesta de la EPS ha sido el silencio”, dijo inicialmente.“Mientras los funcionarios revisan papeles y autorizan reuniones, una madre llamada Keyla Vargas espera orando para que alguien escuche. El Cesar es uno de los departamentos con una de las tasas más altas de mortalidad infantil del país. Y cuando uno revisa por qué mueren esos niños la respuesta no siempre es la gravedad de la enfermedad. La respuesta muchas veces es la demora, es la burocracia, es el papel que no llegó, la autorización que no salió, la cama que nadie buscó a tiempo. Los niños en Colombia no están muriendo solo de neumonía o de nutrición, están muriendo de un sistema que los hace esperar. Si este niño muere esperando un traslado que debió hacerse hace días, eso no será una tragedia, será una vergüenza nacional”, agregó.Keyla señala que lo que mantiene con vida a su hijo en estos momentos es el medicamento que ha venido tomando, sin embargo, teme a que en algún punto deje de funcionar y pierda la vida.
La desaparición de Carlos Mario Peralta Velásquez, un electricista de 28 años que salió de su casa en el municipio de Juan de Acosta para ver un partido del Junior en el Metropolitano, pasó a engrosar la lista de personas consideradas víctimas de desaparición forzada en el Atlántico, donde en el último año se han conocido al menos 20 hechos de este tipo.El caso de Carlos Mario está en manos de la Fiscalía Quinta Especializada, pero casi tres meses después de perderse la pista de su paradero, poco es lo que la investigación del caso ha avanzado.De acuerdo con María Peralta, su hermano, aunque salió para el estadio, al parecer, nunca llegó a ver el encuentro deportivo y, en cambio, se habría dirigido al barrio La Sierrita, donde se encontraría con una mujer con la que tenía un romance fuera de su matrimonio.Esta versión fue entregada por uno de los amigos del soldador, quien, incluso, tiene una nota de voz de Carlos manifestando sus planes.Justamente, en el barrio La Sierrita, fue encontrada días después su motocicleta, la cual había dejado estacionada en un punto de comidas rápidas, pero el rastro de su paradero pareció haber sido borrado, indicó María.“El hombre de las comidas rápidas nos entrega la llave de la moto y nos dice que el vehículo había quedado parqueado desde el viernes. Osea, que mi hermano está desaparecido desde el 12 de diciembre”, detalló María.Es tal la angustia de la familia de Carlos por el poco avance en la investigación, que llegaron con pancartas en mano para realizar un plantón a las afueras de la sede de la Fiscalía en el edificio Manzur, en pleno Paseo Bolívar. Allí exigieron respuestas a las autoridades, pues ni siquiera se ha logrado recuperar videos de cámaras de seguridad, siendo que en Barranquilla hay cámaras analíticas por todas partes.“En Barranquilla hay cámaras analíticas por todas partes, pero lo que nos dice la Fiscalía es que supuestamente la moto de mi hermano no tuvo rodamiento por la ciudad, entonces cómo se explica que apareció en el barrio La Sierrita, si él vive en Juan de Acosta. Esa es la información que nos dio el detective, por eso estamos pidiendo que nos escuchen, que nos den alguna información para poner fin a esta angustia”, expresó la hermana del desaparecido.De otra parte, también se conoció otra desaparición. Se trata de una adolescente de 14 años identificada como Melany Shaddai Polanco Castro. La menor fue vista por última vez el sábado 28 de febrero a las 6:00 de la tarde en el barrio El Por Fin de Barranquilla, de donde salió tras haber tenido una discusión con su madre.La unidad de búsqueda de personas desaparecidas de la Fiscalía se encuentra al frente de la investigación de este caso y piden a cualquier ciudadano que tenga información sobre el paradero de ellas, comunicarse al 322 50 89 ext 50351
A por lo menos 23 trabajadores de la ESE Hospital de Manatí, Atlántico, les llegó una resolución esta semana en las que les notificaron formalmente su retiro del cargo por presuntas inconsistencias en sus contratos laborales, pero los afectados denuncian que los despidos más bien estarían motivados por intereses políticos.En diálogo con Blu Radio y bajo reserva de su identidad para evitar represalias, una de las personas recién despedidas contó que sus contratos por prestación de servicios se firmaron sin inconvenientes desde el pasado 2 de enero por periodos de 6 meses o un año; pero desde el 23 de febrero empezaron a recibir resoluciones en las que les notificaban el inicio de una actuación administrativa por la ausencia de documentos que representaban irregularidades en su contratación.Cuenta que en su caso le advirtieron sobre la ausencia del examen médico ocupacional y que, pese a que ya lo había enviado en su momento, decidió reenviarlo para cumplir el requerimiento; aún así, esta semana le notificaron su despido por no completar los requisitos.Una situación similar denunciaron otros afectados durante una protesta realizada este miércoles a las afueras del hospital, donde incluso uno de ellos manifestó a un medio de comunicación local que el trasfondo de este despido masivo sería la negativa de varios trabajadores a asistir a reuniones políticas para apoyar a determinados candidatos al Congreso."Primeramente recibí una llamada de parte de un exfuncionario de la ESE, solicitándome que asistiera a una reunión política. Me informaron que si no asistía a esa reunión, iba a tener inconveniente con mi contrato. Es decir, que iba a haber anulación de contratos, que es el problema que se está presentando en el momento aquí en la ESE Hospital", denunció uno de los despedidos a Noti Guájaro.Blu Radio también ha conocido denuncias sobre presuntas presiones a los trabajadores durante las últimas semanas, en las que personal externo al hospital habría estado visitando estas instalaciones para decirles al hombro: "Mira que tienes que votar, porque tu contrato depende de eso" o "pásate para este bando y te tendrán en cuenta".Los despidos, que incluso han provocado traumatismos en la atención de los pacientes en los últimos días, se dieron en las áreas de servicios generales, facturación, calidad y hasta del área asistencial fue retirado un odontólogo, y si bien no todos afirman haber recibido presiones, consideran que sus puestos estarían siendo entregados a otros para pagar favores políticos.
Mientras crece la incertidumbre en el mundo por la guerra en Irán; en Bolívar, a orillas del Río Magdalena, lloran la muerte de un joven magangueleño, en medio de los bombardeos en Dubái el pasado fin de semana.Sebastián Loaiza Tobio, de 36 años, quien hace más de 12 años trabajaba para una empresa de seguridad en Emiratos Árabes, murió, al parecer, luego de que un artefacto explosivo impactará el lugar donde se encontraba.Y aunque en Yatí, el corregimiento ubicado a pocos minutos de Magangué, de donde es oriundo Sebastián y su familia, es poca la información que tienen sobre cómo ocurrieron los hechos, por ahora solo esperan que el cuerpo del exsoldado profesional sea repatriado lo más pronto posible.“Nosotros no teníamos contacto directo con él y al ver la situación allá en Medio Oriente, pues uno se desespera. Los mensajes solamente aparecían un chulito, un chulito, un chulito, y bueno después de 24 horas ellos se reportan, y nos notifican de lo que pasó”, dijo Álvaro Loaiza, hermano de Sebastián, en diálogo con BLU Radio.Según contó su hermano, tras permanecer un año y algunos meses en el Ejército, Sebastián Loaiza decidió irse a Emiratos Árabes buscando mejores oportunidades para él y su familia. Se preparó en paracaidismo, combate fluvial, rappel, entre otros entrenamientos militares.“Él hizo toda su documentación, gracias a Dios, todas las cosas se le dieron y pues ahí estaba hasta todo lo qué sucedió actualmente (…) Él era un profesional en su arte, era un comando, ese muchacho estaba preparado. Más de cinco o seis cursos de encima”, describió.Sebastián Loaiza deja dos hijas y una esposa con la que estaba establecido en la ciudad de Montería, a donde llegaba cada de mes de junio que tenía un periodo de descanso.Sus familiares y amigos lo describen como un hombre amable, agradable y sobretodo muy querido por todos.“Nosotros somos tres pero parecemos uno solo, éramos muy apegados. Mi hermano era una persona muy querida, se daba mucho a querer. Más que de pronto, una excelente persona, ese muchacho donde llegaba irradiaba la luz. Dios mío, bendito, no tengo palabras, y no porque era mi hermano, sino porque se daba a querer. Era un una gran persona, que verdaderamente nunca debió a haberle sucedido esto, pero bueno, a Dios le pedimos fuerza para soportar todo esto”, aseguró Álvaro Loaiza.Se espera que el cuerpo de Sebastian sea repatriado a Colombia aproximadamente en un mes.
El juez 19 Penal Municipal con funciones de control de garantías legalizó la noche de este miércoles la captura de Juan David Taboada, alias ‘Tata’, el joven de 19 años señalado por el secuestro y asesinato de dos hermanas en el municipio de Malambo, Atlántico.Durante la audiencia se conoció un hecho particular: al momento de ser detenido por unidades del Gaula de la Policía, el señalado asesino se encontraba completamente indocumentado ante la Registraduría, ya que nunca fue registrado por sus padres al nacer y, al cumplir la mayoría de edad, tampoco había tramitado su cédula de ciudadanía.Así lo manifestó el propio procesado al momento de entregar sus datos ante el juez: “Buenas noches para todos los presentes, mi nombre es Juan David Taboada y no me sé el número de cédula porque apenas me la sacaron hoy. Como pueden ver, yo nunca fui registrado ni bautizado”, expresó durante la diligencia judicial.Esta situación fue utilizada por su abogado defensor, quien intentó que el juez declarara ilegal la captura y ordenara su libertad, argumentando que no era posible expedir una orden judicial en su contra sin contar con su número de documento de identidad.Sin embargo, el juez desestimó ese argumento y señaló que el procedimiento que llevó a la captura se realizó conforme a lo establecido en la ley, por lo que decidió legalizar la detención.Tras esta decisión, la audiencia de imputación de cargos por los delitos de homicidio y secuestro fue aplazada para el viernes 6 de marzo a las 8:00 de la mañana.Cabe recordar que, según la denuncia de la madre de las víctimas, alias ‘Tata’ sería la persona que enviaba videos en los que aparecía amenazando con un arma de fuego en la cabeza a una de las menores, de 14 años, mientras exigía una millonaria suma de dinero a cambio de liberarla y dejarla salir con vida.La detención de este hombre se produjo el martes a las 7:40 de la noche, cuando apenas había dado unos pasos fuera de la clínica Altos de San Vicente tras ser dado de alta. Alias ‘Tata’ estuvo hospitalizado en este centro asistencial desde el 27 de febrero a causa de múltiples golpes sufridos en medio de un accidente de tránsito por hacer piques ilegales.
La aprehensión de alias el ‘Mono’, de tan solo 17 años, no solo sacude a Barranquilla por el atroz crimen de las hermanas Keyla Nicolle y Sherydan Sofía Hernández Noriega quienes fueron encontradas enterradas en Malambo, sino porque siendo menor de edad, estuvo vinculado al frente 36 de las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Calarcá’.Blu Radio conoció, en primicia, información que da cuenta que el adolescente ingresó a las filas de este frente guerrillero liderado por alias 'Primo Gay', bajo el mando de alias 'Calarcá' en el año 2025, por lo que permanecía en el departamento de Antioquia.Allí estuvo varios meses, hasta que se desvinculó luego de ser herido de un disparo en una pierna en combates con la séptima División del Ejército, en el municipio de San Andrés de Cuerquia, Antioquia. Ante este episodio, alias ‘El Mono’ fue dejado a disposición de las entidades administrativas en Medellín, pero posteriormente logró salir y retornar a Barranquilla.Labores de inteligencia de las autoridades indican que este menor nuevamente se vinculó con esta estructura criminal, en esta ocasión dentro de una célula urbana en la capital del Atlántico con la intención de controlar el microtráfico en toda el área metropolitana.A pesar de sus 17 años, alias ‘El Mono’ tiene una amplia trayectoria criminal que inició en el año 2023, cuando solo tenía 14 años y fue reclutado por la banda criminal ‘Los Costeños’, donde rendía cuentas a Carlos Alberto Ortiz Blanco, alias ‘Cachete’.Blu Radio conoció que para ese entonces empezó a abrirse camino como uno de los sicarios de esa organización. Un año después, en el 2024, las autoridades lo aprehendieron por el delito de homicidio y extorsión por lo que fue sancionado con 8 años de estancia en el centro de reclusión especializado para menores El Oasis.De allí se fugó el 8 de noviembre de 2024 y se fue rumbo al departamento de Antioquia, donde terminó enfilado en el frente 36 de las disidencias de las Farc.
En las próximas horas será presentado ante un juez de control de garantías Juan Carlos Escorcia de la Hoz, conocido como Juancharrasquiado, para responder por el delito de tentativa de feminicidio agravado luego de que el pasado 8 de febrero, en el municipio de Baranoa, le rociera alcohol a su compañera sentimental y luego le prendiera fuego, causándole graves quemaduras en todo su cuerpo.El señalado agresor se entregó a las autoridades, a donde llegó acompañado de un abogado.Daniel Gómez, director seccional de la Fiscalía, informó que la agresión se presentó luego de que la pareja estuviera compartiendo en una fiesta y se fueran a su casa, donde sostuvieron una acalorada discusión en la que hubo amenaza.“Empezaron a tener discusiones por una conducta celotípica y la discusión se fue calentando, llegaron a su casa, siguió la discusión y vino la fase de amenaza, de advertencias, de incriminación y tomó la decisión de coger un frasco con alcohol y rociarla y encender fuego y lo hizo delante de los dos hijos menores de edad de la joven”, detalló el director de fiscalía en el Atlántico. Gómez informó además que el señalado agresor al ver el daño causado a su pareja, incluso ayudó junto a vecinos a apagar el fuego, sin embargo luego huyó del sitio.Debido a la gravedad de las heridas, la mujer estuvo varios días en una Unidad de Cuidados Intensivos con quemaduras de primer y segundo grado. Luego fue dada de alta con una incapacidad inicial de 25 días. Medicina Legal reportó que la víctima sufrió lesiones y cicatrices en su rostro, pecho y brazos.