El Consejo de Estado ratificó de manera definitiva la anulación de la elección del alcalde de Concepción, Santander, Eduard Abril Borrero, al negar la solicitud de aclaración y adición presentada por su defensa frente al fallo que lo sacó del cargo por doble militancia.La decisión fue adoptada mediante un auto del 11 de diciembre de 2025 por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo, y está relacionada con la sentencia del 12 de junio de 2025, en la que el alto tribunal concluyó que: “el entonces mandatario incurrió en doble militancia en la modalidad de apoyo, causal que dio lugar a la nulidad de su elección para el período 2024–2027”, señala el auto.En su análisis, el Consejo de Estado fue claro en señalar que la sentencia no tenía vacíos ni aspectos pendientes por resolver, por lo que no había lugar a aclaraciones ni adiciones, cerrando así cualquier posibilidad de reabrir el debate judicial.La defensa de Abril Borrero solicitó al alto tribunal que explicara por qué el acuerdo de coalición entre los partidos Alianza Verde, Cambio Radical y En Marcha no fue considerado válido, pese a haber sido recibido por la Registraduría; que se aclarara el grado de responsabilidad del demandado o de la Registraduría Nacional del Estado Civil en ese trámite, y que se precisara la ubicación de una prueba documental citada en la sentencia.Sin embargo, el Consejo de Estado reiteró que el fallo del 12 de junio ya explicó que el acuerdo no cumplió con los requisitos legales, en particular porque no quedó consignado en el formulario de inscripción de la candidatura. Además, precisó que el proceso de nulidad electoral es de carácter objetivo, por lo que no evalúa responsabilidades personales ni administrativas de los involucrados, ni de las entidades que participan en el proceso electoral.Aunque negó las solicitudes, el alto tribunal advirtió que la presentación de peticiones impertinentes o recursos improcedentes puede considerarse una maniobra dilatoria y dar lugar a multas de entre cinco y diez salarios mínimos legales mensuales vigentes.Tras la decisión, el municipio de Concepción entra oficialmente en vacancia en la Alcaldía. El fallo obliga al Gobernador de Santander a ejecutar de inmediato la orden judicial, lo que implica retirar del cargo al alcalde anulado, designar un alcalde encargado y adelantar las actuaciones necesarias para convocar nuevas elecciones, conforme a lo establecido en la ley.
Durante años, cada temporada de lluvias se encendían las alertas en el norte de Bucaramanga. La creciente del Río de Oro, especialmente en el sector de Chimitá, ponía en riesgo de inundaciones a la Central de Abastos y al asentamiento humano José Antonio Galán.Hoy, ese panorama empieza a cambiar. La Corporación Autónoma para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) avanza en una obra de mitigación y estabilización sobre el margen derecho del Río de Oro, en un tramo cercano a un kilómetro, entre el Parque Industrial y el barrio Galán, una de las zonas más críticas por su alta vulnerabilidad a inundaciones.La intervención, que cuenta con una inversión superior a los $27.000 millones, busca reducir de manera significativa el riesgo en un punto estratégico no solo para la seguridad de las comunidades vecinas, sino también para la operación logística de la Central de Abastos de Bucaramanga, desde donde se distribuye más del 70 % de los alimentos que se consumen en Santander y gran parte del nororiente colombiano.Desde Centroabastos, el avance de la obra es visto como un positivo frente a una problemática de hace décadas. Así lo explicó Ricardo Arteaga, subgerente Jurídico y Operativo de Centroabastos S.A., al señalar que la intervención representa un cambio profundo para la zona industrial y para las familias que habitan en sus alrededores.“Esa obra es la tranquilidad para más de 15.000 familias que permanecen en la zona industrial de la ciudad. Tenemos un asentamiento, el José Antonio Galán, que cada vez que había temporada de invierno teníamos que abrir la central por la parte trasera para brindarles una protección provisional. Con esta obra hay una tranquilidad adicional que van a tener estas familias”, afirmó Arteaga.En reconocimiento a la gestión que permitió sacar adelante esta intervención, Centroabastos otorgó una distinción al director de la CDMB, Juan Carlos Reyes Nova, destacando su liderazgo y el alcance regional del proyecto. A este respaldo se sumó el gremio empresarial del sector de Chimitá, que ha valorado de manera positiva los efectos de la obra tanto para la actividad económica como para las comunidades asentadas en la ribera del río.
La Alcaldía de Bucaramanga adelanta una la campaña de recolección de ayudas humanitarias para atender a las 58 familias damnificadas por el voraz incendio que arrasó el asentamiento humano 12 de Octubre, en el norte de la ciudad, dejando a 183 personas afectadas y decenas de viviendas destruidas.El director de Gestión del Riesgo de Bucaramanga, Didier Rodríguez, lamentó lo ocurrido y explicó que, tras la emergencia, el censo inicial pasó de 55 a 58 núcleos familiares, todos los cuales perdieron completamente sus viviendas.Desde el primer momento, la Oficina de Gestión del Riesgo activó la atención humanitaria para mitigar el impacto de la tragedia.“Las familias afectadas han recibido frazadas, colchonetas, cobijas, kits de aseo y de cocina, mercados y carpas, destinadas a cubrir sus necesidades más urgentes mientras se define una solución de fondo”, explicó el funcionario.Rodríguez destacó la solidaridad de los bumangueses, que se ha visto reflejada en la entrega constante de donaciones. Actualmente, la Alcaldía de Bucaramanga dispuso un punto de acopio en la sede administrativa, donde se instaló una carpa para la recepción de ayudas. Allí, los elementos donados son clasificados y posteriormente entregados a las familias del asentamiento 12 de Octubre.Entre los insumos más requeridos se encuentran artículos de aseo, ropa en buen estado y alimentos no perecederos, que resultan fundamentales para atender la emergencia.La caracterización de la población afectada evidenció una situación social compleja. Según la Dirección de Gestión del Riesgo, el 43 % de las personas damnificadas son menores de edad, principalmente niños entre los 0 y 10 años, y una parte importante de los núcleos familiares está conformada por población migrante venezolana.De manera paralela a la ayuda humanitaria, la Alcaldía mantiene un acompañamiento permanente en el sector. Equipos interdisciplinarios de la Unidad de Gestión del Riesgo y la Secretaría de Desarrollo Social realizan visitas diarias para brindar apoyo psicosocial a las familias, especialmente a niños y adultos mayores, afectados emocionalmente por la pérdida de sus hogares.Actualmente, algunas de las familias que no cuentan con redes de apoyo permanecen en carpas instaladas en el lugar, donde pasan las noches mientras avanzan las acciones institucionales para su atención y recuperación.
Este miércoles se reportó un accidente de tránsito con un vehículo Copetrán de placas WOL 764, con número interno 1561, el cual cayó a un abismo. El bus era conducido por un hombre identificado como Daniel Arias y cubría la ruta Bucaramanga- Arauca. En el momento del siniestro llevaba 16 personas a bordo. De acuerdo al reporte preliminar de las autoridades, una persona murió y siete más están heridos. El hecho se registró sobre la vía de La Soberanía alto de Santa Ines, en el sector El Porvenir y El Encanto, exactamente en el kilómetro 60.Sobre las hipótesis del accidente, aún están por establecerse.Tragedias en carreteras del paísUna grave tragedia se registró en el departamento de Antioquia, luego de que un bus que transportaba estudiantes se precipitara a un abismo, dejando un saldo preliminar de al menos 16 personas muertas y 20 más heridas.El accidente ocurrió en la madrugada del pasado domingo 14 de diciembre de 2025, en el sector conocido como El Chispero, en la vía que comunica a los municipios de Remedios y Zaragoza.De acuerdo con la información preliminar, el vehículo había salido desde Tolú, Sucre, con destino a Medellín, y transportaba jóvenes estudiantes del Liceo Antioqueño, institución educativa ubicada en el municipio de Bello, en el área metropolitana del Valle de Aburrá. Los estudiantes regresaban de un viaje a la costa Caribe, donde habían celebrado su ceremonia de graduación.
Momentos de angustia se vivieron durante un concierto independiente en Perú, luego de que el vocalista de la banda Mi Mejor Amigo Scott sufriera una fuerte descarga eléctrica apenas segundos después de subir al escenario. El hecho, que quedó registrado en video y se viralizó en redes sociales, estuvo a punto de terminar en tragedia.El cantante Carlos Suárez acababa de tomar el micrófono para dirigirse al público cuando recibió una descarga que lo paralizó de inmediato. En las imágenes se observa cómo grita, cae al suelo y permanece inmóvil durante varios segundos, con el micrófono presionado contra su cuello sin poder soltarse. Varias personas subieron rápidamente al escenario para auxiliarlo y evitar que la situación se agravara.Tras el incidente, Suárez fue trasladado de urgencia a un hospital de Lima, donde recibió atención médica. De acuerdo con la información conocida hasta el momento, su estado de salud es estable y no presenta lesiones de gravedad que comprometan su vida, aunque sí sufrió quemaduras en el cuello.¿Qué ocurrió durante el concierto en Perú?A través de un video publicado en sus redes sociales, el propio cantante explicó que el accidente fue consecuencia de fallas eléctricas que se presentaron a lo largo de toda la jornada musical. Según su relato, al subir al escenario conectó su guitarra y, al tocar el micrófono, recibió una descarga eléctrica que duró aproximadamente siete segundos, tiempo en el que quedó completamente paralizado.El micrófono, al quedar adherido a su cuello, le provocó dos quemaduras de primer grado. Suárez aclaró que nunca perdió el conocimiento y que, pese al shock inicial, se mantuvo consciente hasta recibir atención médica.La rápida reacción de un baterista de otra banda y de un sonidista fue clave para evitar un desenlace fatal. Ambos desconectaron de inmediato los cables de energía, lo que permitió que el cantante pudiera reaccionar y ser asistido. Posteriormente, fue llevado directamente al centro médico para una evaluación completa.Carlos Suárez también se refirió a las posibles causas técnicas del accidente. Indicó que el lugar no contaba con una instalación adecuada del backline, ya que equipos de alto voltaje habrían sido conectados a tomas de corriente sin las condiciones de seguridad necesarias. Aunque calificó el hecho como una situación inesperada y de mala fortuna, evitó responsabilizar directamente a los organizadores del evento.No obstante, sí hizo un señalamiento puntual contra el sonidista Armando Luque, a quien identificó como el encargado del sonido y propietario de los equipos. Según Suárez, esta persona debía conocer la correcta conexión del material técnico, por lo que no descartó iniciar acciones legales en su contra.
El Clan del Golfo vive de cobros en actividades como la minería ilegal, además de la extorsión y el microtráfico, y tuvo el negocio del tráfico de migrantes en su momento más álgido en el Tapón del Darién.¿Quiénes son los cabecillas del Clan del Golfo y cuáles son sus orígenes? Se trata de una organización de narcotráfico que inicialmente se llamó Los Urabeños, luego Autodefensas Gaitanistas de Colombia y que hoy es conocida como Clan del Golfo. Su mayor injerencia se concentra en la subregión de Urabá, por su cercanía a la frontera con Panamá y los accesos estratégicos a las costas del Pacífico y el Caribe desde Antioquia y Chocó. Actualmente, este grupo armado mantiene conversaciones en el marco de la política de paz total con el gobierno del presidente Gustavo Petro.Los inicios de esta organización terrorista transnacional, como fue declarada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, se remontan al año 2006, cuando Vicente Castaño, de las Autodefensas Unidas de Colombia, se apartó del proceso de paz y reclutó a Ever Veloza García, alias ‘HH’, y a Daniel Rendón Herrera, alias ‘Don Mario’, con cerca de 800 hombres para iniciar una nueva estructura criminal.Un año después, alias ‘Don Mario’ asumió el liderazgo como principal cabecilla y expandió el poder del grupo desde Urabá hacia el Bajo Cauca, el norte y nordeste antioqueño, el área metropolitana de Medellín y el sur de Córdoba.‘Don Mario’ fue capturado en abril de 2009 en Urabá y, tras su caída, el Clan del Golfo quedó bajo el control de dos hermanos que habían pertenecido al Ejército Popular de Liberación (EPL): Juan de Dios Úsuga, alias ‘Giovanni’, y Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’.Estos cabecillas corrieron con la misma suerte de otros miembros del Estado Mayor. En enero de 2012, ‘Giovanni’, considerado el cerebro estratégico de la organización, fue dado de baja durante una operación de la Policía en el departamento del Chocó. En 2021, en el marco de la ‘Operación Agamenón’, que tuvo varias fases y dejó también la muerte de otros líderes como Roberto Vargas Gutiérrez, alias ‘Gavilán’, y Luis Orlando Padierna, alias ‘Inglaterra’, ‘Otoniel’ fue capturado.En mayo de 2022, ‘Otoniel’ fue extraditado a Estados Unidos e imputado por una corte de Nueva York por participar en una empresa criminal y conspirar para fabricar y distribuir cocaína hacia ese país. Posteriormente, fue condenado a 45 años de prisión.Tras su extradición, el liderazgo del Clan del Golfo quedó en manos de Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias ‘Chiquito Malo’, quien desde entonces ha solicitado ser incluido en la política de paz total del Gobierno Nacional, con acercamientos que solo se concretaron este año.“Es una estructura que tiene un poder muy grande. Su epicentro es Urabá, tiene una fuerte presencia en la mayor parte del departamento de Antioquia, incluye el Valle de Aburrá y tiene presencia en más de 20 departamentos. Hoy se considera la estructura armada, organizada e ilegal más grande de Colombia”, aseguró Fernando Quijano, analista de conflictos y director de la Corporación Corpades.Debajo de ‘Chiquito Malo’, aunque en marzo de 2023 fue asesinado Wilmer Antonio Giraldo Quiroz, alias ‘Siopas’, permanecen otros mandos clave del Clan del Golfo que hacen parte del Estado Mayor. Entre ellos están José Gonzalo Sánchez, alias ‘Gonzalito’, considerado el segundo al mando, así como Orosman Ostén Blanco, alias ‘Rodrigo Flechas’, alias ‘Julián’ y alias ‘Joaquín’, quienes, según Quijano, ejercen control en amplias zonas del territorio antioqueño.“En Antioquia está ubicado un núcleo donde viven más de 5.000 miembros. Si uno observa los movimientos hacia la subregión norte, los desplazamientos entre el sur de Bolívar y el nordeste antioqueño, así como los flujos desde el Magdalena Medio hacia el oriente antioqueño y el suroeste”, agregó el analista.
La inclusión del Clan del Golfo como organización terrorista transnacional y el paro armado anunciado por el ELN volvieron a poner sobre la mesa una pregunta que inquieta a muchos colombianos: ¿podría Estados Unidos intervenir militarmente en Colombia? El tema tomó fuerza tras pronunciamientos recientes de la embajada estadounidense y el endurecimiento de su postura frente a grupos criminales con alcance regional.En entrevista con Mañanas Blu este 16 de diciembre, el excanciller y exembajador en Washington, Luis Gilberto Murillo, respondió con cautela, pero dejó claro que ese escenario debe evitarse. “Eso sería una violación a la soberanía”, señaló, al tiempo que insistió en que el camino debe ser diplomático y estratégico, no ideológico.Luis Gilberto Murillo arremete contra Petro y su 'Paz Total'Murillo explicó que el principal reto está en recomponer la relación bilateral. “Hay que reabrir los canales de interlocución con el gobierno de los Estados Unidos”, dijo, subrayando que existen “amenazas comunes” relacionadas con grupos transnacionales dedicados al crimen.Para el excanciller, el país necesita una relación sólida con Washington. “Colombia necesita de una relación sólida con Estados Unidos para enfrentar esas amenazas”, afirmó, haciendo énfasis en cooperación en inteligencia, control de flujos financieros ilegales y desmantelamiento de redes criminales.También fue crítico con los resultados de la política actual. “La realidad de hoy es que no salió bien lo de la política de Paz Total”, aseguró, planteando la necesidad de revisar las estrategias frente a estructuras como el ELN y el Clan del Golfo.ELN y Clan del Golfo: “No se combate solo con fuerza”Murillo fue enfático en que la lucha contra estos grupos no puede limitarse a operaciones militares. “La lucha contra el ELN no se gana simplemente con la fuerza en el territorio”, dijo, y agregó que se requiere “inteligencia, cooperación internacional y capacidad estatal”.Recordó que el paro armado del ELN es “inaceptable” y “un atentado contra la dignidad de los derechos fundamentales de los colombianos”, especialmente en regiones como el Chocó, donde, según dijo, “cada dos meses están haciendo un paro armado”.En ese contexto, propuso explorar mecanismos distintos, como esquemas de sometimiento. “Estados Unidos tiene mucha experiencia en eso desde los 70 con la ley RICO”, afirmó, señalando que Colombia puede adaptar herramientas jurídicas para enfrentar redes criminales sin agenda política real.“Hay un grave problema de interlocución con Estados Unidos”, afirma MurilloSobre el riesgo de una intervención extranjera, Murillo fue claro en que el objetivo debe ser evitarlo. “Yo esperaría que no”, dijo, pero advirtió que sin diálogo el riesgo aumenta. “Si no hay una conversación sobre el tema, va a ser muy difícil”, señaló.Finalmente, insistió en que Colombia debe enviar mensajes claros. “No puede pasar de ser un aliado principal de Estados Unidos a un país sin comunicación ni cooperación”, concluyó, reiterando que la diplomacia y la coordinación internacional son clave para enfrentar amenazas que ya no son solo internas, sino transnacionales.
El Ejército confirmó la captura de siete militares en servicio activo, cuatro oficiales y tres suboficiales, en el marco de un proceso judicial adelantado por la Fiscalía por el delito de peculado por apropiación. Las detenciones se realizaron en las últimas horas como parte de un trabajo articulado entre la Contrainteligencia Militar, la Policía Nacional y la Fiscalía.Según el Comando del Ejército, los procedimientos se llevaron a cabo de manera simultánea en Popayán (Cauca), Ocaña (Norte de Santander), Pasto (Nariño), Tolemaida (Cundinamarca) y en el Fuerte Militar de Larandia, en Caquetá, dando cumplimiento a órdenes judiciales vigentes.Las investigaciones, que se extendieron por más de siete meses, permitieron establecer que los capturados estarían presuntamente vinculados a irregularidades en manejos administrativos y a hechos de corrupción, lo que motivó la apertura del proceso penal en su contra. Entre los actos investigados están la venta de permisos y la falsificación de documentos.Los militares fueron dejados a disposición de las autoridades competentes para avanzar en su respectiva judicialización, mientras continúan las actuaciones judiciales para esclarecer los hechos.“El Ejército Nacional reiteró su compromiso con la transparencia, la legalidad y la honestidad institucional, y aseguró que brinda pleno respaldo a las autoridades judiciales”, indicó la institución, que confirmó que ya fueron iniciados los procesos disciplinarios y administrativos internos, garantizando el debido proceso.
Este martes se llevó a cabo la reunión del directorio nacional del Partido Conservador para elegir su nueva directiva y discutir el mecanismo de elección del candidato presidencial.El senador Efraín Cepeda, presidente del partido, electo por unanimidad, anunció que la colectividad no participará en una consulta interpartidista en marzo de 2026 para definir al aspirante de la centroderecha a la Presidencia de la República, sino que el abanderado de esa colectividad se mediría con otros aspirantes en una encuesta, debido a que no hay consenso para ir a la consulta.“Veo remoto que participemos en una consulta interpartidista”, dijo el senador a la salida de la reunión.Sin embargo, dejó claro que está abierto a buscar acuerdos que logren unanimidad sobre el método para definir el nombre que apoyarán los conservadores a la Presidencia.“Quiero buscar los consensos. Hoy estuvieron presentes algunos de los precandidatos y expresidentes del directorio, quienes propusieron unas convenciones descentralizadas mixtas; pueden ser virtuales, pero vamos a reunirnos formalmente y vamos a encontrar ese consenso para el mecanismo”, dijo.Electo por cuarta vezCepeda es presidente del conservatismo por cuarta vez y la meta será impulsar el cambio de modelo de gobierno en las elecciones de Congreso y Presidencia, señaló, tal como lo ha hecho desde el Senado de la República en el presente cuatrienio.En la directiva lo acompañan como vicepresidente Juan Camilo Cárdenas, actual candidato a la Cámara de Representantes por el departamento del Quindío, y Adolfo Pineda García, secretario general.
Una preocupante escalada de violencia sacudió a Bucaramanga y su área metropolitana en los últimos dos días, luego de una seguidilla de ataques sicariales que dejaron cinco personas muertas y tres más heridas en hechos registrados en Bucaramanga, Floridablanca y Piedecuesta.La mayoría de los casos se concentraron en la capital santandereana. La noche del domingo 14 de diciembre, en plena zona de Puerta del Sol, fue asesinado Josep Jesús Linares Urbina, quien se movilizaba en compañía de Andrea Lizeth Parra Serrano. Ambos fueron interceptados por sujetos que se desplazaban en motocicleta y abrieron fuego contra ellos. Linares Urbina murió en el lugar, mientras que la mujer resultó herida con un impacto de bala en un costado de la espalda.Otro ataque se registró en la calle 48 con carrera 10 occidente, en el barrio Campo Hermoso, donde sicarios asesinaron a Jorge Armando Peña Esteban, tras llegar hasta el sitio y dispararle en repetidas ocasiones.A estos hechos se suman dos personas heridas con arma de fuego en Bucaramanga durante la tarde de este martes 16 de diciembre. Una de las víctimas es Sonia Smith Toloza Martínez, de 29 años, quien fue baleada mientras se movilizaba en motocicleta por la carrera 15 con calle 21.La mujer fue trasladada en estado grave al Hospital Universitario de Santander (HUS). En un caso distinto, otra persona resultó herida en el barrio El Porvenir, y también fue remitida a un centro asistencial.Frente a esta cadena de hechos violentos, el alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, convocó a un consejo de seguridad con las autoridades. A través de su cuenta en la red social X, el mandatario señaló:“He convocado a una reunión urgente con el General Quintero para definir las estrategias inmediatas en materia de seguridad. Los hechos sicariales de los últimos días nos ocupan en enfrentar a los bandidos con toda la fuerza. Mi prioridad es la seguridad de Bucaramanga”.La violencia también se extendió a municipios del área metropolitana. En el barrio Los Olivos de Floridablanca, fue asesinado Jorge Eduardo Almeida Barajas, habitante de calle conocido con el alias de ‘Kawai’. De acuerdo con las autoridades, al parecer se encontraba comercializando estupefacientes cuando un hombre se le acercó y le disparó.En otro hecho ocurrido en el mismo municipio, un hombre armado llegó hasta una droguería ubicada en la calle 108 #44-12, sector El Campanazo, y asesinó por la espalda a Gleider Alexis Robles Pabón.Finalmente, en Piedecuesta, en el barrio San Antonio, fue asesinado Harold Alexis Almeida Aguillón, quien murió tras recibir siete impactos de bala.Las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer los móviles de estos crímenes y dar con los responsables, mientras se anuncian medidas de refuerzo en seguridad ante la creciente ola de violencia.
Ante la alerta por el paro armado del ELN y los recientes hechos de violencia registrados en el departamento, la Gobernación de Santander anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita frustrar acciones terroristas y proteger a la población civil y a la Fuerza Pública.La medida se adopta luego de una serie de eventos que han encendido las alarmas de las autoridades: la activación de una motobomba en el peaje La Lizama, sobre la vía Bucaramanga–Barrancabermeja; la detonación de un artefacto explosivo contra dos policías en el barrio Miradores del Lago, en la Comuna Siete de Barrancabermeja; y el hallazgo de una bandera y un cilindro marcados por el ELN en la vía San Gil–Bucaramanga.El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, hizo un llamado a la ciudadanía para que suministre información oportuna y confiable que permita evitar nuevos ataques.“A aquellas personas que puedan evitar acciones terroristas en territorio santandereano. Esa sí es una recompensa de hasta 50 millones de pesos de la Gobernación de Santander. El canal de comunicación más asertivo para nosotros es la línea 123”, señaló el funcionario.Las autoridades reiteraron que toda información será manejada con reserva absoluta y que se mantiene un reforzamiento de la seguridad en corredores viales, centros urbanos y puntos estratégicos del departamento, en coordinación con la Policía y el Ejército Nacional.Desde la Gobernación se insistió en la importancia de la colaboración ciudadana para anticipar y neutralizar cualquier amenaza, en medio del clima de tensión generado por el anuncio del paro armado del ELN en la región.
La situación de orden público registrada en varias regiones del país durante los últimos días comenzó a reflejarse en la comercialización de alimentos en la Central de Abastos de Bucaramanga, donde se reportaron afectaciones tanto en el ingreso de productos como en los despachos hacia otros mercados.De acuerdo con el informe del mercado emitido por el coordinador de operaciones de Centroabastos, Alfonso Peñaloza, las dificultades en la movilidad y el transporte generaron una disminución en la llegada de productos provenientes del departamento de Norte de Santander.Entre los alimentos más afectados se encuentran la papa amarilla y varias hortalizas de hoja, como apio en rama, lechuga, brócoli, coliflor, además de productos como apio arracacha y mazorca. La reducción en la oferta de estos alimentos, que abastecen a distintos mercados del departamento de Santander, provocó incrementos significativos en sus precios dentro del comercio mayorista.En contraste, Peñaloza indicó que también se evidenció una caída en los despachos y en el ingreso de compradores provenientes de mercados de la costa norte del país, lo que derivó en una menor demanda de varios productos agrícolas.Esta situación afectó la comercialización de alimentos como limón Tahití, mandarina, naranja, tangelo, tomate Río Grande, habichuela, fríjol verde, piña oro miel, piña perolera, así como papa pastusa, papa superior y papa única, destinados a ciudades y poblaciones de los departamentos de Atlántico, La Guajira, Cesar, Magdalena, Bolívar y Córdoba.La disminución en la rotación de estos productos generó descensos en sus cotizaciones, reflejando el impacto directo que los problemas de orden público tienen sobre la dinámica del comercio mayorista y la cadena de abastecimiento de alimentos.Desde Centroabastos Bucaramanga reiteraron el llamado a garantizar la seguridad en las vías y la movilidad de carga, con el fin de evitar mayores afectaciones al abastecimiento, los precios y la estabilidad del mercado de alimentos en la región.
Momentos de tensión se vivieron en la comuna siete de Barrancabermeja luego de la explosión de un artefacto en una vía del barrio Miradores del Lago. El hecho dejó dos agentes de la Policía heridos y generó afectaciones en la infraestructura del sector.Según informaron las autoridades, una patrulla de la Policía realizaba labores de vigilancia y control en la zona cuando fue activada la carga explosiva.El artefacto explosivo fue instalado a un poste de servicio eléctrico, al estallar lo tumbó afectando varias líneas de energía en barrios aledaños. La situación también dejó a los habitantes sin redes de comunicación.La Alcaldía de Barrancabermeja rechazó el nuevo atentado terrorista en la región y se adelantó una reunión extraordinaria de seguridad.“Rechazo por ataque con carga explosiva contra una patrulla policial. Los dos uniformados afectados se encuentran estables. Llegamos hasta el centro asistencial en solidaridad con los dos uniformados de la Policía que resultaron lesionados tras el atentado con una carga explosiva, al paso de una patrulla, ocurrido en la Vía Nacional – Antiguo Basurero, en nuestro Distrito”, escribió la Alcaldía de Barrancabermeja en un comunicado.Por la detonación del artefacto explosivo fue suspendido el servicio eléctrico en el barrio Miradores del Lago.“Igualmente nos trasladamos junto a la Fuerza Pública y de Policía hasta el sector donde ocurrieron los hechos, en donde se realiza la inspección y se definen acciones tendientesa proteger a la ciudadanía y contener cualquier otra situación de riesgo”, agregó la Alcaldía.
Momentos de pánico se vivieron en la comuna siete de Barrancabermeja luego de la explosión de un artefacto en una vía del barrio Miradores del Lago. El hecho dejó dos agentes de la Policía heridos y generó afectaciones en la infraestructura del sector.Según informaron las autoridades, una patrulla de la Policía realizaba labores de vigilancia y control en la zona cuando fue activada la carga explosiva. El artefacto explosivo fue instalado a un poste de servicio eléctrico, al estallar lo tumbó afectando varias líneas de energía en barrios aledaños. La situación también dejó a los habitantes sin redes de comunicación.De manera preliminar se conoció que los dos policías lesionados fueron trasladados de inmediato a un centro asistencial, donde reciben atención médica. El alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Vásquez, rechazó este atentado e informó que los agentes de policía no presentan heridas de gravedad.Tras la explosión, el área fue acordonada y se desplegó un amplio operativo de seguridad para proteger a la comunidad y adelantar las investigaciones correspondientes. Unidades especializadas de la Policía y el Ejército avanzan en la recopilación de información y en la persecución de los posibles responsables del atentado.Habitantes del sector aseguraron haber escuchado disparos y ráfagas de fusil tras la detonación. Además, reportan fallas en el servicio de energía eléctrica y en las redes de comunicación, lo que ha incrementado el temor entre la comunidad.Las autoridades permanecen en máxima alerta mientras se espera un pronunciamiento oficial que permita esclarecer lo ocurrido y confirmar las causas del ataque.
La Fiscalía General de la Nación judicializó a seis personas, entre ellas tres exfuncionarios de la Gobernación de Santander y tres empleados de una fundación social, por su presunta participación en hechos de corrupción relacionados con un contrato por 3.138 millones de pesos, destinado a programas culturales en el departamento.Entre los procesados se encuentra Mery Luz Hernández López, exsecretaria de Cultura Departamental de Santander, junto a Yexica Natalia Ardila Ruiz, supervisora y directora técnica del convenio, y Carmen Alicia Serpa de Laguado, supervisora del contrato.También fueron judicializados Óscar José Serrano Avellaneda, representante legal de la fundación contratista, y los coordinadores de eventos Diana Soveida Joya Cáceres y William Marcelo Carreño Díaz.De acuerdo con la Fiscalía, los investigados deberán responder, según su presunta participación individual, por delitos como contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación en favor de terceros, falsedad material en documento público y falsedad personal.Las investigaciones señalan que en 2022 se implementó el proyecto “Cultura Ciudadana Siempre por Santander”, cuyo objetivo era promover actividades artísticas en Bucaramanga y su área metropolitana. Para su ejecución, la Secretaría de Cultura suscribió un convenio con una fundación social bajo la modalidad de contratación directa.Sin embargo, análisis contables y labores de policía judicial evidenciaron que los valores facturados no coincidían con los precios reales del mercado, lo que habría generado un detrimento patrimonial cercano a los 968 millones de pesos.Además, según el ente acusador, los procesados habrían hecho firmar facturas y cuentas de cobro en blanco a artistas, quienes recibían pagos entre $100.000 y $400.000, mientras que, posteriormente, esos documentos eran legalizados por valores cercanos a 4 millones de pesos.Este caso tuvo como antecedente investigaciones disciplinarias de la Procuraduría General de la Nación, que formuló cargos contra varios de los exfuncionarios por presuntas irregularidades en la adjudicación, supervisión y ejecución del convenio, y remitió el expediente a la Fiscalía para el avance del proceso penal.Dentro de esas actuaciones disciplinarias, la Procuraduría también advirtió presuntos sobrecostos en la adquisición de elementos, entre ellos juegos de parqués facturados por más de 700.000 pesos cada uno y tablets reportadas por cerca de 2 millones de pesos, cuyos valores comerciales, según los análisis, no superarían los 476.000 pesos.
Barrancabermeja recibió 80 nuevos policías para reforzar la seguridad del Distrito, en medio de la alerta generada por el paro armado del ELN y mientras avanzan las investigaciones por el atentado contra el peaje Yuma – La Lizama, en la vía que comunica a Bucaramanga con el puerto petrolero.El refuerzo fue anunciado por el alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Vásquez, tras un consejo extraordinario de seguridad, convocado luego del ataque que elevó la preocupación entre la comunidad y obligó a ajustar los esquemas de vigilancia en el Magdalena Medio.Según explicó el mandatario, los nuevos uniformados estarán desplegados durante la temporada decembrina en calles, barrios y corredores estratégicos del distrito, con el objetivo de fortalecer la presencia institucional y garantizar la tranquilidad de los ciudadanos.“Llegarán 80 nuevos policías a Barrancabermeja durante diciembre para que las familias puedan vivir una Navidad en calma y con mayores condiciones de seguridad”, afirmó Vásquez.De manera paralela, la Gobernación de Santander confirmó la activación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente, en articulación con el Ejército Nacional, la Policía y la Alcaldía de Barrancabermeja, para hacer seguimiento a la situación de orden público tras el atentado en el peaje Yuma – La Lizama.Como parte de estas acciones, las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta 70 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables del ataque. Además, se intensificaron los patrullajes y controles en puntos estratégicos del departamento.Este refuerzo se suma al dispositivo especial de seguridad que contempla más de 300 policías desplegados en Barrancabermeja y 1.500 uniformados en todo el Magdalena Medio, con el propósito de prevenir nuevos hechos violentos y devolver la sensación de tranquilidad a la población durante las festividades de fin de año.
La Gobernación de Santander confirmó que hay normalidad en las vías del departamento, luego de los momentos de tensión registrados en la mañana de este martes por la presencia de una bandera y un objeto sospechoso con mensajes alusivos al ELN en la vía que comunica a San Gil con Bucaramanga. Las autoridades mantienen alerta máxima ante posibles acciones terroristas.De acuerdo con el secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, sobre las 6:30 de la mañana ciudadanos alertaron sobre la presencia de una bandera del ELN y un tarro atravesado en un camino, a la altura del kilómetro 7, en la ruta San Gil – Curití. Tras la verificación por parte de los organismos especializados, se descartó la presencia de explosivos y se procedió al retiro de los elementos.“Desde la Gobernación de Santander repudiamos estas acciones intimidatorias que generan impacto en la comunidad. Estamos actuando con toda la institucionalidad y con capacidad de respuesta para garantizar la seguridad de los santandereanos”, señaló el funcionario.Le puede interesar: ELN sigue intimidando con su paro armado a varias regiones de ColombiaEn el Magdalena Medio, las autoridades reportaron una baja de presión en el suministro de gas, que muy probablemente habría sido causada por un artefacto explosivo. Al lugar llegaron unidades del grupo antiexplosivos, la Policía, el Ejército y personal de la empresa Petrosantander que confirmó que no hubo interrupción en el tráfico ni en el flujo de gas que abastece la refinería. La situación fue controlada y se mantiene vigilancia permanente en la zona.Frente a este panorama, desde la Gobernación de Santander se anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita prevenir o contrarrestar cualquier acción terrorista en el departamento. Adicionalmente, en articulación con la Alcaldía de Barrancabermeja, se ofrecen 70 millones de pesos por datos que conduzcan a los responsables del atentado ocurrido en el peaje de La Lizama, donde fue activada una motocicleta con explosivos.Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier situación sospechosa a las líneas oficiales y así fortalecer las acciones de prevención y control en todo el territorio santandereano.
Hay luto en Santander por la muerte del subintendente Jorge Leonardo Gómez Ochoa tras el atentado ocurrido en la madrugada de este martes, 16 de diciembre, en Cali.De acuerdo con las autoridades, dos explosiones se registraron esta madrugada en el suroriente de la ciudad, en medio del paro armado ordenado por el ELN. Los hechos ocurrieron pasadas las 3:30 de la mañana cerca del coliseo ‘María Isabel Urrutia’, específicamente en el barrio Mariano Ramos.El coronel Henry Yesid Bello Cubides, comandante de la Policía Metropolitana de Cali contó detalles del ataque terrorista: “Dos funcionarios de la institución policial que se encontraban haciendo el trabajo de anticipación y prevención en esta jurisdicción del polideportivo ‘María Isabel Urrutia’ son atacados con artefactos explosivos improvisados. Los dos funcionarios de la institución policial fueron trasladados a la Clínica Valle del Lili; sin embargo, siendo aproximadamente las 4:30 de la madrugada, fallecen producto de las esquirlas que les causó este artefacto explosivo de alto poder”.Entre las víctimas está precisamente el subintendente santandereano Jorge Leonardo Gómez Ochoa, de 36 años. El uniformado, nacido en el municipio de Cepitá, llevaba más de 15 años en la institución y estaba adscrito a la estación de Policía Mariano Ramos, donde ocurrió el atentado.El otro uniformado que perdió la vida fue el subintendente Rober Stiven Melo Londoño, de 33 años y natural de Pradera, Valle del Cauca.“Rechazamos estas acciones terroristas y más cuando dos uniformados fueron asesinados protegiendo a los caleños, su intención era vigilar y cuidar a la ciudad y afectaron su vida. Este artefacto iba dirigido a asesinar policías, por eso ofrecemos una recompensa de 200 millones de pesos”, expresó el secretario de Seguridad de Cali, Jairo García.
La Policía Nacional y el Ejército descartaron la presencia de explosivos en un cilindro que había sido abandonado a un costado de la vía que comunica a San Gil con Bucaramanga, junto a una bandera alusiva al ELN, hecho que generó pánico entre la comunidad y obligó al cierre preventivo del corredor vial.El procedimiento se adelantó con personal especializado y caninos antiexplosivos, quienes tras la inspección confirmaron que el objeto no contenía material detonante. Una vez finalizada la verificación, las autoridades procedieron al retiro de la bandera y al restablecimiento del tránsito en la zona.El secretario del Interior de Santander explicó que la alerta se originó luego de que circularan imágenes en redes sociales que generaron temor entre los ciudadanos.“Desde muy temprano circuló una fotografía donde se observa una bandera y un caneco que indujo a pensar que se trataba de un cilindro bomba. De inmediato se ubicó el punto y se dio la intervención institucional del Ejército Nacional y la Policía, con guía canino y equipo especializado, verificando que no había explosivos en el sitio”, señaló el funcionario.Aunque se descartó una acción terrorista, el secretario advirtió que el hecho sí tuvo un componente de intimidación, en especial por el mensaje implícito de la bandera, en medio del paro armado anunciado por el ELN a nivel nacional.“Se descartó esta acción terrorista, pero sí se trató de un acto de intimidación que buscaba generar temor en la comunidad y afectar la movilidad”, precisó.Desde la Gobernación de Santander se indicó que se activaron de manera articulada los componentes de seguridad para atender la situación de forma inmediata, cumpliendo los protocolos policiales y militares establecidos, lo que permitió recuperar la normalidad en este importante corredor vial del departamento.
El sonido de una campana y los abrazos entre lágrimas marcaron un momento inolvidable en el Hospital Internacional de Colombia (HIC) en Santander. Allí, 25 niños que culminaron con éxito su tratamiento contra el cáncer tocaron la llamada campana de la victoria, un acto simbólico que representa el cierre de una etapa marcada por la lucha y el inicio de una nueva vida llena de esperanza.La ceremonia, cargada de emoción, reunió a pacientes, padres de familia, médicos, enfermeras, voluntarios y colaboradores del hospital, quienes celebraron no solo la remisión de la enfermedad, sino también la fortaleza de los niños y el acompañamiento permanente de sus familias. En diciembre, este gesto adquiere un significado especial, al convertirse en un mensaje de vida y resiliencia que muchos describen como un verdadero regalo de Navidad.Cada año, el HIC diagnostica cerca de 60 nuevos casos de cáncer en menores de 18 años y brinda un seguimiento integral hasta completar la remisión. Entre los cánceres infantiles más frecuentes atendidos en la institución se encuentran la leucemia linfoide aguda, los tumores del sistema nervioso central y los linfomas. Sus tratamientos suelen ser intensivos, con una duración de entre ocho meses y un año, y controles médicos que pueden extenderse hasta cinco años.Para la doctora Alexandra Pérez, oncóloga pediatra del HIC, el toque de la campana representa mucho más que el fin de un tratamiento.“Es el logro de todas las batallas que estos niños y sus familias han tenido que librar, la recompensa a los esfuerzos, sacrificios y decisiones difíciles que se tomaron en el camino. Los resultados no son únicamente el fruto de la ciencia y la medicina, sino también de la fuerza, la voluntad y el compromiso de hacer lo necesario para luchar y vivir”, afirmó.Entre las historias que hoy inspiran está la de Emiliano Valencia, un niño de nueve años diagnosticado en octubre de 2023 con leucemia linfoblástica aguda de alto riesgo. Para él y su familia, el proceso estuvo lleno de incertidumbre y miedo, pero también de fe y acompañamiento médico constante.“Cuando nos dieron el diagnóstico surgieron muchas dudas y preguntas, es un momento inexplicable. Sin embargo, Dios les dio la sabiduría a los profesionales para ejercer todo su conocimiento y, a través de la medicina, salvar la vida de nuestros hijos”, expresó Neidy Ardila, madre del menor.Tras más de dos años de tratamiento, Emiliano celebró con una sonrisa el final de esta etapa.“Estoy muy feliz porque ya pude lograrlo”, dijo el niño, quien además animó a otros pacientes a no rendirse y a seguir creyendo en una vida sana y llena de sueños.Instituto de Cáncer HIC: experiencia y compromisoDetrás de cada historia de superación hay un trabajo médico riguroso y sostenido. Hace más de una década, el servicio oncológico del HIC inició con recursos limitados y un equipo reducido, pero con una visión clara de crecimiento. Hoy, el Instituto de Cáncer HIC se consolida como un referente en prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer en niños y adultos, respaldado por un equipo multidisciplinario de oncólogos, cirujanos, enfermeros, psicólogos, terapeutas y personal administrativo.“Cada paciente nos ha enseñado coraje, valentía y resiliencia. Por eso seguimos apostando por la vida, combinando ciencia, tecnología y humanidad para transformar familias”, señaló la doctora Pérez, quien resaltó que estos eventos también subrayan la importancia del diagnóstico temprano, el acceso oportuno a los servicios de salud y el apoyo integral a los pacientes y sus cuidadores.Aunque el cáncer infantil es menos frecuente que el de adultos, continúa siendo una de las principales causas de mortalidad en la niñez. Sin embargo, con atención oportuna y tratamientos adecuados, muchos niños logran la remisión y pueden llevar una vida plena.El significado de la campanaLa tradición de tocar la campana se remonta a 1996, en el MD Anderson Cancer Center de Houston, Estados Unidos. Allí, el almirante Irve Chuck Le Moyne, tras superar un cáncer agresivo, donó la campana de bronce de su barco y la hizo sonar para celebrar su victoria, inspirado en la costumbre marítima de tocar la campana al regresar con vida tras una tormenta. Desde entonces, este gesto se ha replicado en hospitales de todo el mundo como símbolo de resistencia, esperanza y supervivencia.
La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) realiza este martes 16 de diciembre en Bucaramanga una jornada de participación ciudadana para socializar el proyecto de resolución del nuevo marco tarifario de acueducto y alcantarillado, dirigido especialmente a pequeños prestadores y acueductos comunitarios.La actividad, que se realiza en el Parque del Agua, hace parte del proceso de consulta y participación previa que adelanta la entidad antes de la expedición definitiva de la resolución, la cual entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2027, tras un periodo de alistamiento técnico para los prestadores del servicio.La directora de la CRA, Nelly Mogollón, explicó que el objetivo es abrir el debate a los prestadores, autoridades locales, academia y ciudadanía en general, para recibir aportes que permitan ajustar la propuesta a las realidades de los territorios, tanto urbanos como rurales.“Estamos adelantando el proceso de participación y consulta del nuevo marco tarifario para pequeños prestadores de acueducto, alcantarillado y acueductos comunitarios. Queremos que conozcan la visión del proyecto de resolución y puedan hacer observaciones y sugerencias que nos ayuden a enriquecerlo”, señaló Mogollón.La funcionaria indicó que la propuesta busca tarifas justas, es decir, que el valor que pagan los usuarios corresponda con la calidad, continuidad y nivel del servicio recibido, más allá de una reducción automática en los costos. Además, contempla acuerdos sobre niveles de servicio y una revisión de los costos actuales que utilizan los prestadores para definir sus tarifas.El nuevo marco también incorpora criterios relacionados con el uso y manejo del recurso hídrico, en un contexto marcado por la crisis de disponibilidad de agua en varias regiones del país.Según Mogollón, “mejorar indicadores de calidad tendrá un impacto directo en la salud de los colombianos y en la ampliación del acceso al servicio, especialmente en zonas rurales”.Por ley, las tarifas de los servicios públicos deben revisarse cada cinco años; sin embargo, el marco tarifario vigente lleva cerca de nueve años, lo que hace necesaria su actualización.En Colombia se estima que existen alrededor de 33 mil pequeños acueductos comunitarios, principalmente en veredas y corregimientos, que se verán impactados con esta regulación de carácter nacional.El proceso de participación ciudadana estará abierto hasta el 21 de febrero, periodo en el cual la CRA analizará las propuestas recibidas. Posteriormente, se espera la expedición de la resolución definitiva hacia el 30 de junio, para dar paso al proceso de alistamiento antes de su entrada en operación en 2027.La jornada en Bucaramanga está dirigida en la mañana a acueductos comunitarios, y en la tarde a pequeños prestadores, en su mayoría alcaldías de municipios del área de influencia de Bucaramanga, así como representantes de Santander, Norte de Santander, Arauca y Casanare. La CRA reiteró la invitación a participar activamente en este ejercicio de construcción colectiva.
Barrancabermeja registró su primer caso de persona lesionada por el uso de pólvora en el marco de las festividades de fin de año. Se trata de un adulto mayor de 70 años que resultó afectado luego de ser alcanzado por un artefacto pirotécnico tipo tote, encendido por terceros en un lugar cercano al sitio donde se encontraba.“El primer caso corresponde a una persona mayor de 70 años que se encontraba en un lugar específico donde otras personas estaban manipulando pólvora y terminó lesionada en su pierna”, explicó Andrés Manosalva, secretario de Salud de Barrancabermeja.De acuerdo con la Secretaría Distrital de Salud, el hecho ocurrió durante el pasado fin de semana del Día de las Velitas, pero hubo una notificación tardía del caso por parte de la IPS que atendió al paciente. Según indicaron, el reporte no se realizó dentro de los tiempos establecidos, lo que dificulta el seguimiento y la vigilancia de este tipo de eventos. “Hacemos un llamado a toda la red de salud de Barrancabermeja para que las notificaciones se realicen de manera oportuna, ya que esto nos permite una atención y control adecuados”, puntualizó.Este caso se suma a las cifras reportadas en el departamento de Santander, donde ya se contabilizan 23 personas afectadas por quemaduras con pólvora en la actual temporada decembrina.De acuerdo con el Sistema de Vigilancia en Salud Pública en el departamento nueve menores (uno en compañía de adulto bajo los efectos del alcohol) y 14 adultos han resultado con algún tipo de quemaduras.Las autoridades departamentales mantienen activas las labores de vigilancia, control y campañas pedagógicas para intentar disminuir la manipulación de artefactos pirotécnicos.
La Registraduría Nacional del Estado Civil entregó este lunes el certificado electoral a Cristian Portilla, quien fue electo como nuevo alcalde de Bucaramanga tras obtener cerca de 63.300 votos, con el respaldo político del exmandatario Jaime Andrés Beltrán.Este martes, el nuevo mandatario local llega a la Alcaldía de Bucaramanga para recibir su cargo. Durante la entrega oficial de la credencial, el alcalde anunció una auditoría exprés a los contratos firmados por los alcaldes encargados.“Le voy a solicitar a las autoridades una auditoría interna muy importante para que revisemos qué fue lo que pasó, porque yo tengo que saber en qué estado recibo el municipio de Bucaramanga, qué contratos adelantaron, qué convenios se celebraron, cuál fue el rendimiento que estos dos alcaldes tuvieron mientras nosotros no estuvimos en el gobierno. Y los ciudadanos tendrán que conocer esta auditoría forense exprés que vamos a realizar”, indicó Cristian Portilla, nuevo alcalde de Bucaramanga.El alcalde electo también se refirió al papel del Concejo de Bucaramanga, indicando que los concejales son “conscientes de los desafíos de ciudad y que lo que se espera de su administración son resultados concretos y una visión clara de Gobierno”.Además, explicó que su llegada al cargo responde al cumplimiento de una orden judicial, tras una vulneración de garantías constitucionales que, según dijo, debían ser reparadas.
Un cilindro metálico y una bandera con letras alusivas al ELN aparecieron a un costado de la vía nacional que comunica a San Gil con Bucaramanga, situación que generó el cierre preventivo del corredor vial mientras las autoridades adelantan labores de verificación.El hecho se presenta a la altura del kilómetro 7, en el sector de ingreso al Zamorano, antes del ramal que conduce al municipio de Curití, donde Policía y Ejército Nacional hacen presencia para descartar la existencia de explosivos.En el lugar se adelanta un operativo conjunto, con el acompañamiento de un canino antiexplosivos, con el fin de inspeccionar el objeto abandonado y garantizar la seguridad de los usuarios de la vía y de las comunidades cercanas.Como medida preventiva, las autoridades ordenaron el cierre total de la vía San Gil – Bucaramanga, mientras se desarrolla el procedimiento técnico por parte de personal especializado en manejo de artefactos explosivos.Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a no acercarse al sector, acatar las indicaciones de los organismos de seguridad y mantenerse informada a través de los canales oficiales, mientras se restablece la movilidad en este importante corredor vial del departamento de Santander.