El Consejo de Estado ratificó de manera definitiva la anulación de la elección del alcalde de Concepción, Santander, Eduard Abril Borrero, al negar la solicitud de aclaración y adición presentada por su defensa frente al fallo que lo sacó del cargo por doble militancia.La decisión fue adoptada mediante un auto del 11 de diciembre de 2025 por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo, y está relacionada con la sentencia del 12 de junio de 2025, en la que el alto tribunal concluyó que: “el entonces mandatario incurrió en doble militancia en la modalidad de apoyo, causal que dio lugar a la nulidad de su elección para el período 2024–2027”, señala el auto.En su análisis, el Consejo de Estado fue claro en señalar que la sentencia no tenía vacíos ni aspectos pendientes por resolver, por lo que no había lugar a aclaraciones ni adiciones, cerrando así cualquier posibilidad de reabrir el debate judicial.La defensa de Abril Borrero solicitó al alto tribunal que explicara por qué el acuerdo de coalición entre los partidos Alianza Verde, Cambio Radical y En Marcha no fue considerado válido, pese a haber sido recibido por la Registraduría; que se aclarara el grado de responsabilidad del demandado o de la Registraduría Nacional del Estado Civil en ese trámite, y que se precisara la ubicación de una prueba documental citada en la sentencia.Sin embargo, el Consejo de Estado reiteró que el fallo del 12 de junio ya explicó que el acuerdo no cumplió con los requisitos legales, en particular porque no quedó consignado en el formulario de inscripción de la candidatura. Además, precisó que el proceso de nulidad electoral es de carácter objetivo, por lo que no evalúa responsabilidades personales ni administrativas de los involucrados, ni de las entidades que participan en el proceso electoral.Aunque negó las solicitudes, el alto tribunal advirtió que la presentación de peticiones impertinentes o recursos improcedentes puede considerarse una maniobra dilatoria y dar lugar a multas de entre cinco y diez salarios mínimos legales mensuales vigentes.Tras la decisión, el municipio de Concepción entra oficialmente en vacancia en la alcaldía. El fallo obliga al gobernador de Santander a ejecutar de inmediato la orden judicial, lo que implica retirar del cargo al alcalde anulado, designar un alcalde encargado y adelantar las actuaciones necesarias para convocar nuevas elecciones, conforme a lo establecido en la ley.
Durante años, cada temporada de lluvias se encendían las alertas en el norte de Bucaramanga. La creciente del Río de Oro, especialmente en el sector de Chimitá, ponía en riesgo de inundaciones a la Central de Abastos y al asentamiento humano José Antonio Galán.Hoy, ese panorama empieza a cambiar. La Corporación Autónoma para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) avanza en una obra de mitigación y estabilización sobre el margen derecho del Río de Oro, en un tramo cercano a un kilómetro, entre el Parque Industrial y el barrio Galán, una de las zonas más críticas por su alta vulnerabilidad a inundaciones.La intervención, que cuenta con una inversión superior a los $27.000 millones, busca reducir de manera significativa el riesgo en un punto estratégico no solo para la seguridad de las comunidades vecinas, sino también para la operación logística de la Central de Abastos de Bucaramanga, desde donde se distribuye más del 70 % de los alimentos que se consumen en Santander y gran parte del nororiente colombiano.Desde Centroabastos, el avance de la obra es visto como un positivo frente a una problemática de hace décadas. Así lo explicó Ricardo Arteaga, subgerente Jurídico y Operativo de Centroabastos S.A., al señalar que la intervención representa un cambio profundo para la zona industrial y para las familias que habitan en sus alrededores.“Esa obra es la tranquilidad para más de 15.000 familias que permanecen en la zona industrial de la ciudad. Tenemos un asentamiento, el José Antonio Galán, que cada vez que había temporada de invierno teníamos que abrir la central por la parte trasera para brindarles una protección provisional. Con esta obra hay una tranquilidad adicional que van a tener estas familias”, afirmó Arteaga.En reconocimiento a la gestión que permitió sacar adelante esta intervención, Centroabastos otorgó una distinción al director de la CDMB, Juan Carlos Reyes Nova, destacando su liderazgo y el alcance regional del proyecto. A este respaldo se sumó el gremio empresarial del sector de Chimitá, que ha valorado de manera positiva los efectos de la obra tanto para la actividad económica como para las comunidades asentadas en la ribera del río.
La Alcaldía de Bucaramanga adelanta una la campaña de recolección de ayudas humanitarias para atender a las 58 familias damnificadas por el voraz incendio que arrasó el asentamiento humano 12 de Octubre, en el norte de la ciudad, dejando a 183 personas afectadas y decenas de viviendas destruidas.El director de Gestión del Riesgo de Bucaramanga, Didier Rodríguez, lamentó lo ocurrido y explicó que, tras la emergencia, el censo inicial pasó de 55 a 58 núcleos familiares, todos los cuales perdieron completamente sus viviendas.Desde el primer momento, la Oficina de Gestión del Riesgo activó la atención humanitaria para mitigar el impacto de la tragedia.“Las familias afectadas han recibido frazadas, colchonetas, cobijas, kits de aseo y de cocina, mercados y carpas, destinadas a cubrir sus necesidades más urgentes mientras se define una solución de fondo”, explicó el funcionario.Rodríguez destacó la solidaridad de los bumangueses, que se ha visto reflejada en la entrega constante de donaciones. Actualmente, la Alcaldía de Bucaramanga dispuso un punto de acopio en la sede administrativa, donde se instaló una carpa para la recepción de ayudas. Allí, los elementos donados son clasificados y posteriormente entregados a las familias del asentamiento 12 de Octubre.Entre los insumos más requeridos se encuentran artículos de aseo, ropa en buen estado y alimentos no perecederos, que resultan fundamentales para atender la emergencia.La caracterización de la población afectada evidenció una situación social compleja. Según la Dirección de Gestión del Riesgo, el 43 % de las personas damnificadas son menores de edad, principalmente niños entre los 0 y 10 años, y una parte importante de los núcleos familiares está conformada por población migrante venezolana.De manera paralela a la ayuda humanitaria, la Alcaldía mantiene un acompañamiento permanente en el sector. Equipos interdisciplinarios de la Unidad de Gestión del Riesgo y la Secretaría de Desarrollo Social realizan visitas diarias para brindar apoyo psicosocial a las familias, especialmente a niños y adultos mayores, afectados emocionalmente por la pérdida de sus hogares.Actualmente, algunas de las familias que no cuentan con redes de apoyo permanecen en carpas instaladas en el lugar, donde pasan las noches mientras avanzan las acciones institucionales para su atención y recuperación.
Este miércoles se reportó un accidente de tránsito con un vehículo Copetrán de placas WOL 764, con número interno 1561, el cual cayó a un abismo. El bus era conducido por un hombre identificado como Daniel Arias y cubría la ruta Bucaramanga- Arauca. En el momento del siniestro llevaba 16 personas a bordo. De acuerdo al reporte preliminar de las autoridades, una persona murió y siete más están heridos. El hecho se registró sobre la vía de La Soberanía alto de Santa Ines, en el sector El Porvenir y El Encanto, exactamente en el kilómetro 60.Sobre las hipótesis del accidente, aún están por establecerse.Tragedias en carreteras del paísUna grave tragedia se registró en el departamento de Antioquia, luego de que un bus que transportaba estudiantes se precipitara a un abismo, dejando un saldo preliminar de al menos 16 personas muertas y 20 más heridas.El accidente ocurrió en la madrugada del pasado domingo 14 de diciembre de 2025, en el sector conocido como El Chispero, en la vía que comunica a los municipios de Remedios y Zaragoza.De acuerdo con la información preliminar, el vehículo había salido desde Tolú, Sucre, con destino a Medellín, y transportaba jóvenes estudiantes del Liceo Antioqueño, institución educativa ubicada en el municipio de Bello, en el área metropolitana del Valle de Aburrá. Los estudiantes regresaban de un viaje a la costa Caribe, donde habían celebrado su ceremonia de graduación.
Presencia de banderas y posibles ataques con explosivos en medio del paro armado anunciado por el ELN, mantienen en alerta a las autoridades de seguridad en Antioquia quienes destacaron desde ya el refuerzo de seguridad para hacer frente a posibles alteraciones al orden público.Cerca de dos mil efectivos de Ejército y Policía estarán desplegados, especialmente en las vías, para garantizar el tránsito normal de miles de personas que por estos días se dirigen a lugares de descanso con motivo de las vacaciones de fin de año o los festejos decembrinos.El secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Eduardo Martínez, recordó que los dispositivos adoptados cuentan con una coordinación permanente e incluso canales de comunicación con la ciudadanía para prevenir posibles amenazas."La fuerza pública está conectada permanentemente, está monitoreando absolutamente todo y ha generado unos canales de comunicación a la comunidad, no sólo para los desplazamientos que se vayan ellos a permitir hacer dentro del departamento, sino para pedir información o dar información", indicó el funcionario.En las últimas horas, a por lo menos siete acciones intimidatorias que ha desplegado el ELN en todo el departamento, se sumaron las disidencias de las Farc tras la instalación de una bandera del frente 34 Efraín Guzmán en el sector La Vírgen sobre la vía que comunica a Dabeiba con Santa Fe de Antioquia.Autoridades manifestaron que las verificaciones a la insignia y la zona por parte de la fuerza pública no generaron novedades y cierres preventivos de este corredor que comunica a Medellín con la subregión de Urabá.
Nuevas revelaciones sobre el programa armamentístico hipersónico de Estados Unidos han comenzado a circular tras una reciente visita oficial a una de las principales instalaciones militares del país. Durante un recorrido por el Arsenal de Redstone, en el estado de Alabama, altos mandos del Ejército presentaron al secretario de Defensa, Pete Hegseth, uno de los desarrollos más ambiciosos de la última década: el misil hipersónico de largo alcance conocido como Dark Eagle. El encuentro, celebrado el pasado viernes, permitió al jefe del Pentágono conocer de primera mano las características de este sistema, que aspira a convertirse en una pieza central de la estrategia de disuasión estadounidense.De acuerdo con fuentes militares presentes en la reunión, Dark Eagle destaca no solo por su tecnología avanzada, sino también por sus dimensiones. Se trata del proyectil de mayor tamaño actualmente en el inventario del Ejército, con una longitud cercana a los 10 metros y un diámetro aproximado de 88 centímetros. Paradójicamente, pese a su imponente estructura, la carga explosiva del misil es relativamente reducida. La ojiva contiene alrededor de 13,6 kilogramos de explosivos, lo que refleja un cambio de enfoque en el diseño de armamento moderno: la capacidad destructiva no depende tanto de la potencia de la explosión como de la velocidad y precisión del impacto. En este caso, la energía cinética generada por el desplazamiento hipersónico es el principal factor letal. El alcance del Dark Eagle es otro de sus elementos más destacados. Con una capacidad operativa cercana a los 3.500 kilómetros, el misil puede ser lanzado desde ubicaciones alejadas del frente y aun así cubrir vastas áreas del territorio enemigo. Este rango permitiría, por ejemplo, alcanzar objetivos estratégicos en regiones profundamente interiores sin necesidad de acercar plataformas de lanzamiento a zonas de alto riesgo. El teniente general Francisco Lozano, responsable de tecnologías hipersónicas, sistemas de energía dirigida, capacidades espaciales y procesos de adquisición acelerada, explicó que el sistema ofrece una flexibilidad estratégica sin precedentes. Según detalló, una batería situada en el norte de Europa podría amenazar infraestructuras críticas en Asia oriental, mientras que un despliegue en el Reino Unido bastaría para mantener bajo presión numerosos centros logísticos clave.Desde el punto de vista técnico, el misil utiliza un sistema de propulsión de dos fases que le permite superar con holgura velocidades superiores a Mach 5. Gracias a ello, puede recorrer más de 3.100 kilómetros en menos de veinte minutos, reduciendo drásticamente el tiempo de reacción del adversario. Además, su capacidad de maniobra durante el vuelo dificulta de forma notable su interceptación por sistemas defensivos tradicionales.Otro aspecto relevante es su versatilidad operativa. Dark Eagle ha sido concebido para ser lanzado tanto desde plataformas terrestres móviles como desde medios navales, incluidos submarinos de la clase Virginia y destructores de la clase Zumwalt, lo que amplía considerablemente las opciones de despliegue. Finalmente, los responsables del programa subrayaron que este avance es fruto de un esfuerzo conjunto. El desarrollo ha involucrado a distintas ramas de las Fuerzas Armadas, a grandes empresas del sector de defensa como Lockheed Martin y Leidos, y a personal militar que ya trabaja directamente con el sistema. Esta cooperación, señalaron, ha sido clave para acelerar la transición del diseño a la capacidad operativa real.
Hombre señalado de asesinar a un policía que se opuso a un hurto en Medellín, fue capturado luego de ingresar a un centro asistencial para recibir atención médica.En las últimas horas, un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Emmanuel Muñoz Saldarriaga, de 23 años de edad, quien está señalado como presunto responsable del asesinato de un patrullero de la Policía Nacional en medio de un intento de hurto ocurrido en Medellín.La decisión se produjo a solicitud de la Fiscalía General de la Nación, luego de que una fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Seccional Medellín le imputara los delitos de homicidio agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado; y tentativa de hurto calificado y agravado.Según la investigación, los hechos se registraron en la noche del pasado 13 de diciembre en el barrio Manrique, nororiente de la capital antioqueña. De acuerdo con el material probatorio presentado por el ente acusador, Muñoz Saldarriaga se movilizaba como parrillero en una motocicleta cuando presuntamente disparó contra un uniformado de la Policía Nacional que se desplazaba en otro vehículo similar.Las labores de policía judicial establecieron que la víctima, un patrullero de 44 años que vestía de civil, fue atacado luego de oponerse al robo de varias joyas. Como consecuencia del ataque armado, el uniformado perdió la vida en el lugar.Minutos después del crimen, el presunto agresor fue capturado en la entrada de un centro hospitalario cercano, a donde habría llegado para recibir atención médica por unas heridas. Por lo pronto, Muñoz deberá permanecer privado de la libertad mientras avanza el proceso judicial en su contra.
La violencia desatada por el paro armado del Ejército de Liberación Nacional sigue golpeando al departamento del Cesar, donde un adolescente de 13 años resultó herido tras la detonación de una granada de fragmentación en el municipio de Chiriguaná. Los hechos se registraron en la noche del pasado lunes 15 de diciembre, en el puesto de Policía del municipio, donde hombres en motocicleta lanzaron el artefacto explosivo contra la estación, causando daños materiales por las esquirlas que dejó en los alrededores la onda del impacto. De acuerdo con Eduardo Esquivel, secretario de Gobierno del Cesar, el menor resultó con afectaciones especialmente en sus piernas, lo que lo tiene hospitalizado en el centro de salud municipal. Si bien se confirmó que está fuera de peligro, no deja de ser preocupante las secuelas que esto le pueda generar. Le puede interesar: Tres muertos y varios heridos deja paro armado del ELN: van mas de 80 acciones terroristas"Es una familia que esta muy preocupada. El niño está siendo atendido. Nosotros rechazamos como gobierno departamental estos actos que atentan contra los niños. Son actos inhumanos. Estamos evaluando poder establecer una recompensa adicional para poder dar con la captura de estas personas", indicó.Es de recordar que, al respecto, el Ministerio de Defensa ofreció una recompensa hasta por $200 millones para dar con los responsables de estos atentados. De acuerdo con la Policía del Cesar, no solo en la noche del miércoles se presentó este ataque, sino también en Pelaya, donde fueron lanzados, hacia las 9:30 de la noche, tres artefactos explosivos.
Hay preocupación en autoridades e instituciones de salud, especialmente en Medellín, respecto a las reservas en bancos de sangre para atender la demanda por las fechas que se aproximan.La alerta más reciente la levantó el Hospital San Vicente Fundación en la capital antioqueña, quien indicó que la captación de donantes para cerrar el 2025 ha disminuido un 20% en comparación con la que tuvieron durante el primer trimestre del año.Durante fin de año el aumento de emergencias con accidentes o personas quemadas coincide con la baja asistencia de personas a bancos de sangre o jornadas de donación, especialmente por vacaciones.Lina Álvarez, coordinadora del Banco de Sangre del San Vicente, destacó que se requieren donantes especialmente con los tipos O+ y O-, los de mayor predominancia en la población y los que más se transfunden en situaciones de emergencia."Es una necesidad continua, permanente. Todos los días tenemos esa necesidad, todos los días tenemos pacientes que requieren transfusiones. En el mes de diciembre disminuye la captación de donantes. Está dado principalmente por el período vacacional y las festividades".Álvarez también se refirió al alto impacto de las donaciones en diferentes pacientes. La meta para este diciembre es mantener un promedio de 800 y 900 donantes de sangre como en el mismo mes de años pasados."El impacto que tienen las donaciones de sangre en nuestros pacientes es un impacto importante, es un impacto alto porque nos ayuda a salvar vidas. Los pacientes que llegan con hemorragias importantes por accidentes de tránsito, heridas por arma de fuego, los pacientes que son sometidos a cirugías grandes o cirugías mayores que sangran muchísimo lo necesitan", explicó.Desde el hospital recordaron que la sangre aportada por un solo donante puede salvar la vida de hasta tres pacientes, muchos de ellos en situaciones de extrema gravedad y provenientes de diferentes partes del país, al ser el San Vicente un centro asistencial de alta complejidad.
En una operación conjunta entre el Ejército Nacional y la Policía, fue capturado en flagrancia alias 'Henry', quien sería el presunto cabecilla designado por el Clan del Golfo para controlar las finanzas criminales y las actividades extorsivas en zona rural de Rionegro, Santander.La captura se registró en la vereda La Válvula, en medio de labores de control territorial y en atención a la alerta temprana 016 de 2025 emitida por la Defensoría.El coronel Gerson Iván Molina Cortés, comandante de la Quinta Brigada del Ejército Nacional, explicó que “alias 'Henry' habría sido designado por esta estructura criminal para abrir corredores desde Buenaventura hasta Santander, impulsando procesos extorsivos que afectaban a comunidades de Rionegro, Papayal, Los Chorros y el corregimiento San Rafael de Lebrija”.Portaba material de guerra al momento de su detención. En la verificación de antecedentes, se confirmó que figura como presunto cabecilla de comisión del GAO Clan del Golfo, con trayectoria en actividades armadas y manejo de armamento especializado.La información de inteligencia señala que este individuo estaría vinculado a la Subestructura Valle Yeferson Madera Jiménez de la Estructura Jairo de Jesús Durango Restrepo, con presencia en Bolívar, Buenaventura, Riofrío, Roldanillo, La Unión y el Litoral Bajo San Juan.Durante el operativo fueron incautados, 4 cartuchos calibre 9 mm, 14 cartuchos calibre 5.56, una agenda con registros presuntamente extorsivos, un teléfono celular, desde el cuál se cometían las extorsiones.El capturado fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente y es señalado por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. El oficial agregó que la operación permitió desarticular la intención criminal que esta estructura tenía en la región y mitigar las acciones que pretendía ejecutar en Santander, tal como lo había advertido la alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo.Además, reiteró el llamado a la comunidad a denunciar actividades delictivas a través de las líneas 147 y 107, que permiten actuar de manera rápida ante amenazas que afectan la seguridad y la tranquilidad de las comunidades rurales de Santander.
En una sala del Clínica Materno Infantil San Luis de Bucaramanga Paola Cantillo Acosta libra una batalla silenciosa pero implacable por la vida de su hija de 15 años. Ambas llegaron desde Barrancabermeja sin más equipaje que la urgencia médica y la esperanza de encontrar aquí la atención que su municipio no puede brindarles.La adolescente nació con una malformación anorrectal que la obligó a enfrentar su primera cirugía apenas llegada al mundo. Desde entonces, seis intervenciones quirúrgicas han marcado su historia. A esa condición se sumó, hace un tiempo, un diagnóstico devastador: insuficiencia renal; el 11 de noviembre fue sometida a un procedimiento para instalar un catéter peritoneal y así iniciar diálisis diaria debido a una vejiga neurógena que impide el funcionamiento normal de sus órganos.Desde entonces, madre e hija permanecen en Bucaramanga, sin familia y sin recursos, tratando de sostener la rutina médica que les impone la enfermedad. “A veces nos regalan el almuerzo en la EPS, otras veces tengo que bajar y pedirle a la gente que me ayude”, relató Paola.Mientras su hija permanece internada recibiendo antibióticos para controlar una infección, Paola intenta aprender el proceso de diálisis peritoneal que deberá realizarse en casa. Un aprendizaje que exige quedarse en el hospital por semanas y que las obliga a enfrentar un nuevo reto: ¿dónde vivirán cuando les den salida médica?“Cuando nos den salida debemos quedarnos en Bucaramanga para continuar con las diálisis, pero eso significa pagar hospedaje, alimentación, transporte y las cosas de aseo que ella necesita. Yo no tengo trabajo aquí ni a nadie que nos ayude”, explicó.La joven será ingresada pronto a la lista nacional de trasplantes. El trasplante renal es su única posibilidad de recuperar estabilidad y dejar atrás el desgaste físico de las diálisis diarias. Pero la espera puede ser larga, y los gastos inmediatos no dan tregua.Por eso Paola hace un llamado urgente a la solidaridad “Si nos pueden ayudar con pañales, pañitos húmedos, sábanas, ropita o un almuerzo, de corazón lo agradecería. No tengo dónde lavar la ropa y ya no tenemos casi nada”.Quienes deseen colaborar pueden comunicarse directamente con la madre de esta menor al número celular 312-497-5958.En medio de la incertidumbre, Paola continúa aferrada a la esperanza. La misma esperanza que la trajo a Bucaramanga y que hoy sostiene a una madre que solo pide una oportunidad para que su hija pueda seguir viviendo.
La Procuraduría General de la Nación abrió un proceso disciplinario y formuló cargos contra dos uniformados de la Policía Nacional adscritos a la Estación de Policía de Málaga, en Santander, por su presunta responsabilidad en un episodio de uso excesivo de la fuerza ocurrido al interior de un establecimiento nocturno del municipio.Los investigados son el subteniente Kenneth Steven Martínez Amaya y el subintendente Rubén Alejandro Benítez Mendoza. De acuerdo con el ente disciplinario, los hechos tuvieron lugar en el Bar San Alejo, donde los policías habrían actuado de forma desproporcionada contra un ciudadano, a quien, presuntamente, empujaron con fuerza, provocándole una lesión en el hombro izquierdo.Según la investigación preliminar, el ciudadano involucrado no habría ofrecido resistencia, ni habría tenido una conducta agresiva o amenazante que justificara el uso de la fuerza por parte de los uniformados.El Ministerio Público reprochó lo que calificó como un posible comportamiento intencional, enfatizando que las autoridades deben actuar bajo los principios de necesidad, proporcionalidad e idoneidad establecidos en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.La Procuraduría recordó que los policías solo pueden emplear medidas extremas cuando los mecanismos de diálogo, persuasión o prevención no son eficaces, en este caso, y según los indicios recopilados, no existía motivo suficiente para una reacción violenta dentro del establecimiento comercial.En esta etapa procesal, el organismo de control calificó la presunta conducta de los dos policías como falta gravísima cometida con dolo, lo que implica que, de comprobarse, los uniformados habrían actuado de manera consciente y voluntaria en la agresión.La formulación de cargos abre una fase clave del proceso disciplinario en la que ambos investigados podrán presentar descargos, aportar pruebas y ejercer su derecho a la defensa.Por ahora La Procuraduría continuará con la recopilación de evidencias, entrevistas y análisis de las circunstancias en las que se desarrollaron los hechos, con el fin de determinar si los uniformados violaron los protocolos de actuación policial y afectaron los derechos del ciudadano involucrado.
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) reactivó el subsidio de $500.000 para 1.871 damnificados en Santander afectados por el fenómeno de La Niña 2021-2023, luego de declarar la excepción de inconstitucionalidad para corregir inconsistencias en el Registro Único Nacional de Damnificados (RUNDA).Según explicó Jorge Maldonado, jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la entidad, la medida busca garantizar que los hogares del departamento que no pudieron acceder al beneficio por errores en el registro tengan una nueva oportunidad para recibir la transferencia económica por única vez.“Hubo personas que no fueron reconocidas como damnificadas debido a esos errores en el registro y nunca recibieron el beneficio económico al que tenían derecho. Hoy tienen una nueva oportunidad”, indicó Maldonado.Con la Resolución 1088 de 2025, la UNGRD abrió un plazo de cuatro meses, hasta el 25 de marzo de 2026, para que los damnificados de Santander subsanen la información que quedó con inconsistencias.La actualización de datos se podrá hacer a través de la página web www.gestiondelriesgo.gov.co, opción RUNDA escribiendo al correo protecciondatospersonales@gestiondelriesgo.gov.coLa entidad aclaró que esta corrección aplica únicamente para quienes ya estaban inscritos al 2 de noviembre de 2024. No se permitirán nuevos registros, pues el RUNDA cerró el 1 de mayo de 2023.Santander aparece entre los departamentos con mayor número de inconsistencias en la información de los damnificados, lo que dejó a cientos de familias sin poder acceder al auxilio económico. Con la excepción de inconstitucionalidad, la UNGRD busca garantizar el derecho al mínimo vital de las 1.871 personas del departamento que continúan a la espera del subsidio.La medida, aplicada por primera vez para una población damnificada, permitirá que los afectados reclamen la transferencia monetaria una vez validen y corrijan sus datos.
El servicio de agua fue restablecido en el Cantón Militar El Trapiche, en Ocaña, Norte de Santander, luego de dos días en los que más de mil uniformados permanecieron sin acceso a este recurso esencial. Así lo confirmó el Comando de la Trigésima Brigada, que señaló que la situación ya fue superada y que la unidad opera con normalidad.La suspensión había generado preocupación entre el personal y las autoridades militares por el impacto en las condiciones de salubridad de la tropa en una zona especialmente compleja del país, donde la presencia de grupos armados ilegales exige plena capacidad operativa.En su comunicado, la Trigésima Brigada reiteró que el bienestar integral de los hombres y mujeres que integran la unidad es “esencial para mantener la capacidad operacional y responder con eficiencia a los desafíos de seguridad en la región”. Añadieron que continuarán haciendo seguimiento para evitar que se repitan afectaciones en el suministro de servicios básicos dentro del cantón.Aunque no se entregaron detalles adicionales sobre la causa de la interrupción, fuentes consultadas señalaron que el corte estaría relacionado con obligaciones pendientes con la Empresa de Servicios Públicos de Ocaña (ESPO). Por ahora, la prioridad es garantizar condiciones adecuadas para el personal que permanece en esta base militar, estratégica para el control del Catatumbo.
Una preocupante escalada de violencia sacudió a Bucaramanga y su área metropolitana en los últimos dos días, luego de una seguidilla de ataques sicariales que dejaron cinco personas muertas y tres más heridas en hechos registrados en Bucaramanga, Floridablanca y Piedecuesta.La mayoría de los casos se concentraron en la capital santandereana. La noche del domingo 14 de diciembre, en plena zona de Puerta del Sol, fue asesinado Josep Jesús Linares Urbina, quien se movilizaba en compañía de Andrea Lizeth Parra Serrano. Ambos fueron interceptados por sujetos que se desplazaban en motocicleta y abrieron fuego contra ellos. Linares Urbina murió en el lugar, mientras que la mujer resultó herida con un impacto de bala en un costado de la espalda.Otro ataque se registró en la calle 48 con carrera 10 occidente, en el barrio Campo Hermoso, donde sicarios asesinaron a Jorge Armando Peña Esteban, tras llegar hasta el sitio y dispararle en repetidas ocasiones.A estos hechos se suman dos personas heridas con arma de fuego en Bucaramanga durante la tarde de este martes 16 de diciembre. Una de las víctimas es Sonia Smith Toloza Martínez, de 29 años, quien fue baleada mientras se movilizaba en motocicleta por la carrera 15 con calle 21.La mujer fue trasladada en estado grave al Hospital Universitario de Santander (HUS). En un caso distinto, otra persona resultó herida en el barrio El Porvenir, y también fue remitida a un centro asistencial.Frente a esta cadena de hechos violentos, el alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, convocó a un consejo de seguridad con las autoridades. A través de su cuenta en la red social X, el mandatario señaló:“He convocado a una reunión urgente con el General Quintero para definir las estrategias inmediatas en materia de seguridad. Los hechos sicariales de los últimos días nos ocupan en enfrentar a los bandidos con toda la fuerza. Mi prioridad es la seguridad de Bucaramanga”.La violencia también se extendió a municipios del área metropolitana. En el barrio Los Olivos de Floridablanca, fue asesinado Jorge Eduardo Almeida Barajas, habitante de calle conocido con el alias de ‘Kawai’. De acuerdo con las autoridades, al parecer se encontraba comercializando estupefacientes cuando un hombre se le acercó y le disparó.En otro hecho ocurrido en el mismo municipio, un hombre armado llegó hasta una droguería ubicada en la calle 108 #44-12, sector El Campanazo, y asesinó por la espalda a Gleider Alexis Robles Pabón.Finalmente, en Piedecuesta, en el barrio San Antonio, fue asesinado Harold Alexis Almeida Aguillón, quien murió tras recibir siete impactos de bala.Las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer los móviles de estos crímenes y dar con los responsables, mientras se anuncian medidas de refuerzo en seguridad ante la creciente ola de violencia.
Ante la alerta por el paro armado del ELN y los recientes hechos de violencia registrados en el departamento, la Gobernación de Santander anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita frustrar acciones terroristas y proteger a la población civil y a la Fuerza Pública.La medida se adopta luego de una serie de eventos que han encendido las alarmas de las autoridades: la activación de una motobomba en el peaje La Lizama, sobre la vía Bucaramanga–Barrancabermeja; la detonación de un artefacto explosivo contra dos policías en el barrio Miradores del Lago, en la Comuna Siete de Barrancabermeja; y el hallazgo de una bandera y un cilindro marcados por el ELN en la vía San Gil–Bucaramanga.El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, hizo un llamado a la ciudadanía para que suministre información oportuna y confiable que permita evitar nuevos ataques.“A aquellas personas que puedan evitar acciones terroristas en territorio santandereano. Esa sí es una recompensa de hasta 50 millones de pesos de la Gobernación de Santander. El canal de comunicación más asertivo para nosotros es la línea 123”, señaló el funcionario.Las autoridades reiteraron que toda información será manejada con reserva absoluta y que se mantiene un reforzamiento de la seguridad en corredores viales, centros urbanos y puntos estratégicos del departamento, en coordinación con la Policía y el Ejército Nacional.Desde la Gobernación se insistió en la importancia de la colaboración ciudadana para anticipar y neutralizar cualquier amenaza, en medio del clima de tensión generado por el anuncio del paro armado del ELN en la región.
La situación de orden público registrada en varias regiones del país durante los últimos días comenzó a reflejarse en la comercialización de alimentos en la Central de Abastos de Bucaramanga, donde se reportaron afectaciones tanto en el ingreso de productos como en los despachos hacia otros mercados.De acuerdo con el informe del mercado emitido por el coordinador de operaciones de Centroabastos, Alfonso Peñaloza, las dificultades en la movilidad y el transporte generaron una disminución en la llegada de productos provenientes del departamento de Norte de Santander.Entre los alimentos más afectados se encuentran la papa amarilla y varias hortalizas de hoja, como apio en rama, lechuga, brócoli, coliflor, además de productos como apio arracacha y mazorca. La reducción en la oferta de estos alimentos, que abastecen a distintos mercados del departamento de Santander, provocó incrementos significativos en sus precios dentro del comercio mayorista.En contraste, Peñaloza indicó que también se evidenció una caída en los despachos y en el ingreso de compradores provenientes de mercados de la costa norte del país, lo que derivó en una menor demanda de varios productos agrícolas.Esta situación afectó la comercialización de alimentos como limón Tahití, mandarina, naranja, tangelo, tomate Río Grande, habichuela, fríjol verde, piña oro miel, piña perolera, así como papa pastusa, papa superior y papa única, destinados a ciudades y poblaciones de los departamentos de Atlántico, La Guajira, Cesar, Magdalena, Bolívar y Córdoba.La disminución en la rotación de estos productos generó descensos en sus cotizaciones, reflejando el impacto directo que los problemas de orden público tienen sobre la dinámica del comercio mayorista y la cadena de abastecimiento de alimentos.Desde Centroabastos Bucaramanga reiteraron el llamado a garantizar la seguridad en las vías y la movilidad de carga, con el fin de evitar mayores afectaciones al abastecimiento, los precios y la estabilidad del mercado de alimentos en la región.
Momentos de tensión se vivieron en la comuna siete de Barrancabermeja luego de la explosión de un artefacto en una vía del barrio Miradores del Lago. El hecho dejó dos agentes de la Policía heridos y generó afectaciones en la infraestructura del sector.Según informaron las autoridades, una patrulla de la Policía realizaba labores de vigilancia y control en la zona cuando fue activada la carga explosiva.El artefacto explosivo fue instalado a un poste de servicio eléctrico, al estallar lo tumbó afectando varias líneas de energía en barrios aledaños. La situación también dejó a los habitantes sin redes de comunicación.La Alcaldía de Barrancabermeja rechazó el nuevo atentado terrorista en la región y se adelantó una reunión extraordinaria de seguridad.“Rechazo por ataque con carga explosiva contra una patrulla policial. Los dos uniformados afectados se encuentran estables. Llegamos hasta el centro asistencial en solidaridad con los dos uniformados de la Policía que resultaron lesionados tras el atentado con una carga explosiva, al paso de una patrulla, ocurrido en la Vía Nacional – Antiguo Basurero, en nuestro Distrito”, escribió la Alcaldía de Barrancabermeja en un comunicado.Por la detonación del artefacto explosivo fue suspendido el servicio eléctrico en el barrio Miradores del Lago.“Igualmente nos trasladamos junto a la Fuerza Pública y de Policía hasta el sector donde ocurrieron los hechos, en donde se realiza la inspección y se definen acciones tendientesa proteger a la ciudadanía y contener cualquier otra situación de riesgo”, agregó la Alcaldía.
Momentos de pánico se vivieron en la comuna siete de Barrancabermeja luego de la explosión de un artefacto en una vía del barrio Miradores del Lago. El hecho dejó dos agentes de la Policía heridos y generó afectaciones en la infraestructura del sector.Según informaron las autoridades, una patrulla de la Policía realizaba labores de vigilancia y control en la zona cuando fue activada la carga explosiva. El artefacto explosivo fue instalado a un poste de servicio eléctrico, al estallar lo tumbó afectando varias líneas de energía en barrios aledaños. La situación también dejó a los habitantes sin redes de comunicación.De manera preliminar se conoció que los dos policías lesionados fueron trasladados de inmediato a un centro asistencial, donde reciben atención médica. El alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Vásquez, rechazó este atentado e informó que los agentes de policía no presentan heridas de gravedad.Tras la explosión, el área fue acordonada y se desplegó un amplio operativo de seguridad para proteger a la comunidad y adelantar las investigaciones correspondientes. Unidades especializadas de la Policía y el Ejército avanzan en la recopilación de información y en la persecución de los posibles responsables del atentado.Habitantes del sector aseguraron haber escuchado disparos y ráfagas de fusil tras la detonación. Además, reportan fallas en el servicio de energía eléctrica y en las redes de comunicación, lo que ha incrementado el temor entre la comunidad.Las autoridades permanecen en máxima alerta mientras se espera un pronunciamiento oficial que permita esclarecer lo ocurrido y confirmar las causas del ataque.
La Fiscalía General de la Nación judicializó a seis personas, entre ellas tres exfuncionarios de la Gobernación de Santander y tres empleados de una fundación social, por su presunta participación en hechos de corrupción relacionados con un contrato por 3.138 millones de pesos, destinado a programas culturales en el departamento.Entre los procesados se encuentra Mery Luz Hernández López, exsecretaria de Cultura Departamental de Santander, junto a Yexica Natalia Ardila Ruiz, supervisora y directora técnica del convenio, y Carmen Alicia Serpa de Laguado, supervisora del contrato.También fueron judicializados Óscar José Serrano Avellaneda, representante legal de la fundación contratista, y los coordinadores de eventos Diana Soveida Joya Cáceres y William Marcelo Carreño Díaz.De acuerdo con la Fiscalía, los investigados deberán responder, según su presunta participación individual, por delitos como contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación en favor de terceros, falsedad material en documento público y falsedad personal.Las investigaciones señalan que en 2022 se implementó el proyecto “Cultura Ciudadana Siempre por Santander”, cuyo objetivo era promover actividades artísticas en Bucaramanga y su área metropolitana. Para su ejecución, la Secretaría de Cultura suscribió un convenio con una fundación social bajo la modalidad de contratación directa.Sin embargo, análisis contables y labores de policía judicial evidenciaron que los valores facturados no coincidían con los precios reales del mercado, lo que habría generado un detrimento patrimonial cercano a los 968 millones de pesos.Además, según el ente acusador, los procesados habrían hecho firmar facturas y cuentas de cobro en blanco a artistas, quienes recibían pagos entre $100.000 y $400.000, mientras que, posteriormente, esos documentos eran legalizados por valores cercanos a 4 millones de pesos.Este caso tuvo como antecedente investigaciones disciplinarias de la Procuraduría General de la Nación, que formuló cargos contra varios de los exfuncionarios por presuntas irregularidades en la adjudicación, supervisión y ejecución del convenio, y remitió el expediente a la Fiscalía para el avance del proceso penal.Dentro de esas actuaciones disciplinarias, la Procuraduría también advirtió presuntos sobrecostos en la adquisición de elementos, entre ellos juegos de parqués facturados por más de 700.000 pesos cada uno y tablets reportadas por cerca de 2 millones de pesos, cuyos valores comerciales, según los análisis, no superarían los 476.000 pesos.
Barrancabermeja recibió 80 nuevos policías para reforzar la seguridad del Distrito, en medio de la alerta generada por el paro armado del ELN y mientras avanzan las investigaciones por el atentado contra el peaje Yuma – La Lizama, en la vía que comunica a Bucaramanga con el puerto petrolero.El refuerzo fue anunciado por el alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Vásquez, tras un consejo extraordinario de seguridad, convocado luego del ataque que elevó la preocupación entre la comunidad y obligó a ajustar los esquemas de vigilancia en el Magdalena Medio.Según explicó el mandatario, los nuevos uniformados estarán desplegados durante la temporada decembrina en calles, barrios y corredores estratégicos del distrito, con el objetivo de fortalecer la presencia institucional y garantizar la tranquilidad de los ciudadanos.“Llegarán 80 nuevos policías a Barrancabermeja durante diciembre para que las familias puedan vivir una Navidad en calma y con mayores condiciones de seguridad”, afirmó Vásquez.De manera paralela, la Gobernación de Santander confirmó la activación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente, en articulación con el Ejército Nacional, la Policía y la Alcaldía de Barrancabermeja, para hacer seguimiento a la situación de orden público tras el atentado en el peaje Yuma – La Lizama.Como parte de estas acciones, las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta 70 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables del ataque. Además, se intensificaron los patrullajes y controles en puntos estratégicos del departamento.Este refuerzo se suma al dispositivo especial de seguridad que contempla más de 300 policías desplegados en Barrancabermeja y 1.500 uniformados en todo el Magdalena Medio, con el propósito de prevenir nuevos hechos violentos y devolver la sensación de tranquilidad a la población durante las festividades de fin de año.
La Gobernación de Santander confirmó que hay normalidad en las vías del departamento, luego de los momentos de tensión registrados en la mañana de este martes por la presencia de una bandera y un objeto sospechoso con mensajes alusivos al ELN en la vía que comunica a San Gil con Bucaramanga. Las autoridades mantienen alerta máxima ante posibles acciones terroristas.De acuerdo con el secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, sobre las 6:30 de la mañana ciudadanos alertaron sobre la presencia de una bandera del ELN y un tarro atravesado en un camino, a la altura del kilómetro 7, en la ruta San Gil – Curití. Tras la verificación por parte de los organismos especializados, se descartó la presencia de explosivos y se procedió al retiro de los elementos.“Desde la Gobernación de Santander repudiamos estas acciones intimidatorias que generan impacto en la comunidad. Estamos actuando con toda la institucionalidad y con capacidad de respuesta para garantizar la seguridad de los santandereanos”, señaló el funcionario.Le puede interesar: ELN sigue intimidando con su paro armado a varias regiones de ColombiaEn el Magdalena Medio, las autoridades reportaron una baja de presión en el suministro de gas, que muy probablemente habría sido causada por un artefacto explosivo. Al lugar llegaron unidades del grupo antiexplosivos, la Policía, el Ejército y personal de la empresa Petrosantander que confirmó que no hubo interrupción en el tráfico ni en el flujo de gas que abastece la refinería. La situación fue controlada y se mantiene vigilancia permanente en la zona.Frente a este panorama, desde la Gobernación de Santander se anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita prevenir o contrarrestar cualquier acción terrorista en el departamento. Adicionalmente, en articulación con la Alcaldía de Barrancabermeja, se ofrecen 70 millones de pesos por datos que conduzcan a los responsables del atentado ocurrido en el peaje de La Lizama, donde fue activada una motocicleta con explosivos.Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier situación sospechosa a las líneas oficiales y así fortalecer las acciones de prevención y control en todo el territorio santandereano.
Hay luto en Santander por la muerte del subintendente Jorge Leonardo Gómez Ochoa tras el atentado ocurrido en la madrugada de este martes, 16 de diciembre, en Cali.De acuerdo con las autoridades, dos explosiones se registraron esta madrugada en el suroriente de la ciudad, en medio del paro armado ordenado por el ELN. Los hechos ocurrieron pasadas las 3:30 de la mañana cerca del coliseo ‘María Isabel Urrutia’, específicamente en el barrio Mariano Ramos.El coronel Henry Yesid Bello Cubides, comandante de la Policía Metropolitana de Cali contó detalles del ataque terrorista: “Dos funcionarios de la institución policial que se encontraban haciendo el trabajo de anticipación y prevención en esta jurisdicción del polideportivo ‘María Isabel Urrutia’ son atacados con artefactos explosivos improvisados. Los dos funcionarios de la institución policial fueron trasladados a la Clínica Valle del Lili; sin embargo, siendo aproximadamente las 4:30 de la madrugada, fallecen producto de las esquirlas que les causó este artefacto explosivo de alto poder”.Entre las víctimas está precisamente el subintendente santandereano Jorge Leonardo Gómez Ochoa, de 36 años. El uniformado, nacido en el municipio de Cepitá, llevaba más de 15 años en la institución y estaba adscrito a la estación de Policía Mariano Ramos, donde ocurrió el atentado.El otro uniformado que perdió la vida fue el subintendente Rober Stiven Melo Londoño, de 33 años y natural de Pradera, Valle del Cauca.“Rechazamos estas acciones terroristas y más cuando dos uniformados fueron asesinados protegiendo a los caleños, su intención era vigilar y cuidar a la ciudad y afectaron su vida. Este artefacto iba dirigido a asesinar policías, por eso ofrecemos una recompensa de 200 millones de pesos”, expresó el secretario de Seguridad de Cali, Jairo García.
La Policía Nacional y el Ejército descartaron la presencia de explosivos en un cilindro que había sido abandonado a un costado de la vía que comunica a San Gil con Bucaramanga, junto a una bandera alusiva al ELN, hecho que generó pánico entre la comunidad y obligó al cierre preventivo del corredor vial.El procedimiento se adelantó con personal especializado y caninos antiexplosivos, quienes tras la inspección confirmaron que el objeto no contenía material detonante. Una vez finalizada la verificación, las autoridades procedieron al retiro de la bandera y al restablecimiento del tránsito en la zona.El secretario del Interior de Santander explicó que la alerta se originó luego de que circularan imágenes en redes sociales que generaron temor entre los ciudadanos.“Desde muy temprano circuló una fotografía donde se observa una bandera y un caneco que indujo a pensar que se trataba de un cilindro bomba. De inmediato se ubicó el punto y se dio la intervención institucional del Ejército Nacional y la Policía, con guía canino y equipo especializado, verificando que no había explosivos en el sitio”, señaló el funcionario.Aunque se descartó una acción terrorista, el secretario advirtió que el hecho sí tuvo un componente de intimidación, en especial por el mensaje implícito de la bandera, en medio del paro armado anunciado por el ELN a nivel nacional.“Se descartó esta acción terrorista, pero sí se trató de un acto de intimidación que buscaba generar temor en la comunidad y afectar la movilidad”, precisó.Desde la Gobernación de Santander se indicó que se activaron de manera articulada los componentes de seguridad para atender la situación de forma inmediata, cumpliendo los protocolos policiales y militares establecidos, lo que permitió recuperar la normalidad en este importante corredor vial del departamento.