Un grave hecho de violencia ocurrido en Europa mantiene en alerta a la comunidad católica de Santander. La Diócesis de Barrancabermeja confirmó que el sacerdote colombiano Rodrigo Grajales Gaviria, de 45 años, oriundo de Puerto Berrío, Antioquia; fue víctima de un ataque con arma blanca en el centro histórico de la ciudad de Módena, en Italia, donde realizaba labores pastorales.El ataque se registró en la mañana del 30 de diciembre, cuando el religioso cumplía su rutina diaria en una zona conocida más por sus fachadas románicas y tranquilas plazas que por hechos criminales.Según el reporte de las autoridades italianas y la agencia ANSA, el agresor lo hirió en el lado izquierdo del cuello y luego huyó sin llevarse ninguna pertenencia, lo que descartó rápidamente la hipótesis de un robo.El sacerdote fue trasladado de urgencia al Hospital Baggiovara, donde debió ser sometido a una cirugía de emergencia debido a la gravedad de la herida, la cual según los médicos estuvo a milímetros de comprometer organos vitales.Gracias a la rápida reacción de transeúntes, servicios de emergencia y personal médico, su vida fue salvada. Tras varios días de hospitalización, el padre Grajales Gaviria mostró una evolución favorable y actualmente se encuentra fuera de peligro y en recuperación en casa, confirmó la Arquidiócesis de Módena-Nonantola, que ha acompañado permanentemente su proceso.En cuestión de días, la investigación tomó un giro contundente. La policía italiana determinó que se trató de un ataque deliberado con intención de matar.El 1 de enero, las autoridades capturaron a un hombre de 29 años como presunto responsable, el móvil del atentado sigue bajo investigación, aunque la Diócesis de Barrancabermeja indicó que el agresor sería una persona con problemas mentales.Durante su hospitalización, el sacerdote recibió el acompañamiento de la Arquidiócesis, la comunidad parroquial, autoridades locales y múltiples mensajes de solidaridad desde Italia y el exterior.La Diócesis de Barrancabermeja reiteró su rechazo absoluto a toda forma de violencia, expresó su cercanía con el padre Rodrigo y su familia, y aseguró que mantiene una cadena permanente de oración por su bienestar y su pronto regreso al ejercicio pleno del ministerio sacerdotal.
La Gobernación de Santander confirmó que, pese a la situación de tensión que atraviesa Venezuela, el flujo migratorio hacia el departamento se mantiene bajo. Sin embargo, las autoridades anunciaron que se continúa en alerta preventiva ante una eventual llegada masiva de ciudadanos venezolanos.El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, explicó que el departamento se encuentra en un proceso permanente de monitoreo, orden y control, especialmente en los puntos de posible ingreso.“Estamos en monitoreo, orden y control frente a un posible incremento del flujo migratorio. Actualmente, según el reporte de Migración Colombia, el flujo es bajo, pero existe incertidumbre por lo que pueda suceder tanto con personas en el país vecino como con quienes podrían retornar a Venezuela”, dijo.Hernández agregó que la frontera se mantiene bajo control operacional militar y policial por parte de ambos países, y que las autoridades regionales trabajan en coordinación con el Gobierno Nacional para anticipar cualquier escenario.“Tenemos un tratamiento especial de monitoreo y verificación. En caso de un incremento, buscamos activar los protocolos a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y brindar las atenciones que requieren los ciudadanos”, afirmó.La Gobernación informó que actualmente se realizan mesas de trabajo con el Ministerio de la Igualdad, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Migración Colombia, con el objetivo de fortalecer la cooperación interinstitucional e internacional y garantizar una respuesta articulada si se presenta una emergencia migratoria.De acuerdo con las cifras oficiales, en el departamento de Santander residen 116 mil ciudadanos venezolanos regularizados, quienes reciben acompañamiento del Estado a través de programas de salud, educación y acceso a oportunidades laborales, como parte de la política de integración y atención humanitaria.Las autoridades reiteraron el llamado a la calma y aseguraron que el departamento se encuentra preparado para responder de manera oportuna ante cualquier cambio en el comportamiento migratorio.
Las tarifas del transporte público para el 2026 en el área metropolitana de Bucaramanga quedaron oficialmente definidas este lunes 5 de enero, luego de una reunión entre alcaldes y autoridades administrativas de Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta y Girón.El director del Área Metropolitana de Bucaramanga, John Manuel Delgado, confirmó que, tras la sesión de concertación, se estableció que el pasaje del Transporte Público Colectivo (TPC) tendrá los siguientes valores Rutas cortas serán de $3.000, y Rutas largas serán $3.600.Estas tarifas comenzarán a regir a partir de la expedición del decreto, el cual, según las autoridades, será publicado entre hoy y mañana, 6 de enero de 2026.Aunque inicialmente se había elaborado un estudio técnico para definir los valores, el incremento del 23,8 % del salario mínimo obligó a replantear las cifras. Entre las propuestas que se evaluaron estaban rangos entre $3.000 y $3.100 para rutas cortas, y entre $3.500 y $3.600 para rutas largas, definiéndose finalmente los topes inferiores y superiores, respectivamente.“Luego de una juiciosa discusión se llegó a un acuerdo y se definieron las tarifas del transporte público”, señaló Cristian Reyes, representante del Concejo de Bucaramanga ante el Área Metropolitana.El sistema masivo Metrolínea acogerá exactamente los mismos valores del transporte convencional, por lo que el pasaje del Sistema Integrado de Transporte Metropolitano (Sitme) quedará en $3.000, es decir, $300 más que en 2025.En comparación con el año anterior, el incremento para los usuarios del transporte urbano es de $300 tanto en rutas cortas como en rutas largas, pues en 2025 los precios eran Rutas cortas $2.700 y Rutas largas $3.300En cuanto al servicio de taxi, las autoridades informaron que la tarifa aún se encuentra en análisis y será definida en las próximas horas. Cabe recordar que en 2025 la carrera mínima quedó en $7.800, lo que representó un aumento de $600 frente al 2024, cuando se ubicaba en $7.200.Las nuevas tarifas de bus y Metrolínea regirán de manera unificada en los cuatro municipios del área metropolitana: Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta y Girón.
Son 42 los puntos presentados por SINTRAELECOL a la ESSA en una pretensión de los trabajadores por mejorar sus condiciones laborales y salariales, de los cuales la Empresa Electrificadora de Santander (ESSA) ha realizado una oferta integral de 11 puntos para lograr una nueva convención laboral con el sindicato más grande la compañía.En medio del proceso de acuerdo de la convención con SINTRAELECOL, la Empresa Electrificadora de Santander (ESSA), dio a conocer su compromiso de negociación, “estamos seguros que podemos llegar en la etapa de arreglo directo a la negociación que queremos. Nuestros trabajadores en este momento tienen unos beneficios y salarios acorde al mercado. Y adicionalmente a esto, quiero darle la tranquilidad a todos que el servicio de energía se seguirá prestando de manera continua”, afirmó Guillermo León, gerente de la ESSA.El punto crítico de la negociación ha sido la petición del aumento del salario en un 30 %, una fórmula que corresponde al IPC (Índice de precios del consumidor) más la diferencia del salario mínimo que se aplica al salario base cada año. La creación de esta convención fue en el año 2023 cuando la organización sindical presenta su denuncia.“Nosotros no vamos a soportar ese mayor valor del salario mínimo en todos los bienes y servicios que se nos vienen, colegios, transporte, todo lo que representa la canasta familiar. El llamado a la conciencia tenemos que replicárselo a la empresa", dijo Orlando Rojas, quien hace parte de la mesa de negociación colectiva de la ESSAPese a que hoy finaliza la etapa de arreglo directo con el Sindicato de Trabajadores de la Energía de Colombia, se dio una prórroga de 20 días más, si no se llega a un acuerdo, la ESSA dejará a disposición del Tribunal de Arbitramiento esta conversación.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, la diputada Cilia Flores, comparecerán este lunes ante un tribunal federal de Nueva York en la que será su primera audiencia en EE.UU. tras su captura y traslado al país, confirmaron este domingo fuentes judiciales.Según un portavoz del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, ambos serán llevados ante el juez federal Alvin K. Hellerstein en Manhattan a las 12:00 hora local (17:00 GMT).Maduro y Flores permanecen desde la noche del sábado recluidos en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, una prisión federal de alta seguridad.La audiencia tendrá lugar después de que el Gobierno estadounidense anunciara el sábado la captura del mandatario venezolano en Caracas, en una operación que incluyó ataques aéreos contra objetivos en Venezuela.Maduro está acusado en Estados Unidos de cuatro cargos federales: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer esos mismos artefactos en apoyo de actividades criminales, así como de colaborar con organizaciones criminales calificadas como terroristas por Washington.Las acusaciones, formuladas en 2020 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y confirmadas el sábado, sostienen que el presidente venezolano habría liderado durante años una red que utilizó el tráfico de drogas como arma contra Estados Unidos.Cilia Flores, por su parte, enfrenta cargos vinculados a presuntas operaciones de apoyo logístico y financiero a la misma estructura criminal, según documentos judiciales citados por medios estadounidenses.En casos similares, los acusados suelen ser presentados inicialmente ante un juez para la lectura formal de los cargos, la verificación de su identidad y la definición de aspectos preliminares como la detención preventiva o la designación de abogados.Es probable que ambos queden en detención preventiva sin derecho a fianza mientras avanza el proceso judicial, recogen hoy el diario The New York Times y la cadena CBS.Por su parte, la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, difundió este domingo en X un comunicado conjunto con el Departamento de Justicia, el FBI y la Administración para el Control de Drogas (DEA) sobre la operación que permitió la captura de Maduro y su esposa, señalando que requirió meses de planificación y que tenía el objetivo de "garantizar el traslado seguro de los acusados al país para enfrentar los cargos federales que se les imputan".El comunicado subraya que todos los procedimientos se realizaron "en estricta conformidad con la ley estadounidense" y que la misión apoyó "una investigación criminal en curso vinculada al narcotráfico y delitos relacionados" que, según Washington, "contribuyen a la violencia y a la crisis de drogas en la región".La fiscal general agregó que "se exploraron todas las opciones legales para resolver la situación de manera pacífica", y atribuyó la responsabilidad del desenlace a "la persistencia en la conducta delictiva" de los acusados.Maduro llegó a Nueva York en la noche del sábado a bordo de un avión militar para ser trasladado a un edificio federal de la DEA y después al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, una prisión federal que alberga a procesados por causas de alta complejidad penal.
La intervención militar de Estados Unidos en Venezuela que produjo la captura de Nicolás Maduro puede tener serias implicaciones políticas, de orden público y humanitarias para Colombia.En materia política, la postura del presidente Gustavo Petro contra la operación ordenada por el presidente Donald Trump, sumada a la creciente tensión entre los dos jefes de Estado, incluyendo una amenaza de intervención en Colombia, sin duda hace que este se convierta en un asunto central de la campaña política que desembocará a mediados de este año en la elección de un nuevo presidente.Un escenario más agresivo, impensable y absolutamente indeseable como una eventual intervención militar de Estados Unidos en Colombia, incluso podría poner en riesgo la realización de las elecciones de este año, como lo analizó en las últimas horas en Noticias Caracol el exministro de Defensa Gabriel Silva Luján.En materia de orden público, hay dos aristas clave: la primera es conocer cuál será la postura de las Fuerzas Armadas colombianas frente a lo que está sucediendo en Venezuela, cuya crisis apenas parece estar comenzando y amenaza con desbordarse más allá de sus fronteras.La segunda arista, es la que tiene que ver con las decisiones que adopten los cabecillas de los grupos criminales colombianos que durante décadas estuvieron protegidos primero por Hugo Chávez y luego por Nicolás Maduro y que expandieron sus negocios ilegales y fortalecieron sus tropas en Venezuela. Hoy, según reveló Blu Radio, cabecillas como 'Iván Márquez' y “Antonio García” estarían buscando regresar a Colombia, ante el cambio de situación en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro.Según informaciones de inteligencia colombiana, el ELN incluso tendría previsto adelantar una ofensiva terrorista en nuestro país tras la captura de Nicolás Maduro, ante lo cual, las fuerzas armadas están en máxima alerta para prevenir este plan criminal.En materia humanitaria, aunque en principio eso no ha ocurrido, no se descarta de que en caso de que se agrave la situación en Venezuela ante la inestabilidad en ese país, se produzca un nuevo éxodo de venezolanos hacia Colombia, algo que tiene en sus cuentas el Gobierno y por eso ya puso en marcha un plan de contingencia.
Durante el pasado sábado 3 de enero de 2026, el mundo quedó en shock tras el ataque a Venezuela por parte de Estados Unidos, una operación militar que tuvo como resultado la captura de Nicolás Maduro, hecho que marcaría el inicio del fin de la dictadura en el vecino país.Sin embargo, no todo fue celebración. Decenas de ciudadanos perdieron la vida y, en medio de ese panorama, una familia en Cartagena comenzó a enfrentar su peor tragedia. Yohana Rodríguez Sierra, comerciante de 45 años, murió tras el impacto de un misil que alcanzó su vivienda ubicada en El Hatillo, estado de Miranda.La operación, denominada ‘Resolución Absoluta’, tenía como objetivo atacar tres puntos estratégicos cercanos a antenas de telecomunicaciones. No obstante, uno de los proyectiles impactó una zona residencial y convirtió lo que sería una noche común en una escena que hoy enluta a Colombia, en especial al corregimiento de Bayunca, de donde era oriunda la mujer.Bombardeo en Venezuela dejó colombiana muertaFamiliares de Yohana relataron que la mujer dormía junto a su hija, Ana Corina Morales Sierra, de 22 años, cuando una primera explosión las despertó. En medio del miedo, ambas intentaron refugiarse en el patio de la vivienda, pero un segundo proyectil impactó el lugar.Lamentablemente, el segundo misil alcanzó a Yohana por la espalda, causándole la muerte de manera inmediata. Su hija, herida en una pierna, logró comunicarse con sus familiares en Bolívar para alertar sobre lo ocurrido. “Nos están atacando, ya mi mamá está muerta”, fueron las dolorosas palabras de Ana Corina.Familiares exigen respuestas tras ataque a zonas residencialesTras el ataque atribuido a Estados Unidos, la familia Rodríguez Sierra expresó su rechazo al operativo militar y cuestionó con firmeza los bombardeos en zonas residenciales. Señalan que, si los objetivos estaban plenamente identificados, no comprenden qué motivó un ataque en sectores habitados por población civil.La muerte de Yohana resulta aún más dolorosa, ya que tenía previsto regresar a Cartagena en febrero para reencontrarse con sus seres queridos, quienes ya se preparaban para recibirla.La tragedia se agrava por la imposibilidad de repatriar el cuerpo o viajar a Venezuela debido a la compleja situación que atraviesa el país, entre ellas el cierre de accesos. Ante este escenario, la familia deberá darle el último adiós a través de una videollamada, siguiendo el sepelio por transmisión en vivo, en medio de las restricciones impuestas por el gobierno bolivariano tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.
Conmoción en el municipio de La Ceja tras el hallazgo de los cuerpos sin vida de una mujer y un hombre, que era su pareja sentimental, al interior de una vivienda en zona urbana. El hombre habría atentado contra su vida tras cometer un posible feminicidio.Autoridades en el municipio de La Ceja, Oriente de Antioquia, adelantan las investigaciones para esclarecer un nuevo posible caso de feminicidio ocurrido en una vivienda del barrio Montesol.Allí, fueron vecinos del sector quienes dieron aviso a las autoridades sobre hallazgo de los cuerpos sin vida de una pareja de esposos al interior de un inmueble, quienes, tras las respectivas verificaciones, fueron identificados como Natalia Lezcano Patiño y William Cardona Avendaño.Mientras que la mujer registraba heridas en diferentes partes de su cuerpo causadas con arma cortopunzante, el hombre fue encontrado con una soga alrededor del cuello, por lo que una de las principales hipótesis sobre lo ocurrido es que tras agredir a Lezcano, Cardona atentó contra su vida.Versiones de personas cercanas al entorno familiar de las víctimas han indicado que había patrones de agresiones recurrentes por parte del hombre que habían derivado, incluso, en denuncias interpuestas en 2022 ante las respectivas autoridades.Con este caso ya serían al menos tres las mujeres asesinadas en Antioquia en menos de una semana en medio de situaciones de violencia de género. Uno de ellos se registró en el municipio de Anorí donde la víctima, identificada como Kelly Echeverry, fue apuñalada en plena vía pública por quien sería su pareja sentimental y posteriormente se presentó a las autoridades.Por su parte, en una zona limítrofe entre La Ceja y El Retiro, fue hallada sin vida tras varios días de búsqueda Yulitza Orozco, una mujer reconocida dentro de la comunidad trans y cuyo cuerpo registraba impactos por arma de fuego.
Autoridades en Medellín investigan una brutal agresión a una mujer trans dentro de una celda en una estación de Policía. En medio de una riña a la ciudadana venezolana le arrojaron aceite caliente y luego le trataron de prender fuego.La mujer trans fue gravemente quemada con aceite hirviendo dentro de la estación de la Policía. Por ahora, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá se encuentra adelantando las investigaciones pertinentes para establecer qué ocurrió.Según las versiones que se han conocido, el ataque se dio dentro de una celda de detención temporal donde la mujer se encontraba junto a otras personas cuando se originó una riña entre los privados de la libertad. Al parecer, cuando la mujer trató de salir del lugar, dos de sus compañeras de celda la agredieron de manera brutal.Relatan los testigos del hecho que una de las detenidas le arrojó aceite hirviendo al rostro y a las manos a la ciudadana venezolana, mientras la persona usó un elemento inflamable para tratar de prenderle fuego. No obstante, sufrió quemaduras de alta gravedad en varias partes del cuerpo por culpa del aceite. Tras el ataque, los policías que estaban de turno auxiliaron a la mujer y fue trasladada de manera urgente a un centro asistencial de Medellín, en donde permanece con pronóstico reservado por las complicaciones que tiene la extranjera.Por ahora, la investigación sigue abierta para esclarecer las causas exactas de la riña y establecer si hubo fallas en la custodia. No obstante, las autoridades lograron capturar a las dos mujeres señaladas como agresoras y quienes serían judicializadas por el delito de tentativa de feminicidio.
En un balance que las autoridades han calificado como un resultado sin precedentes, el Departamento de Policía del Magdalena Medio reportó una caída global del 36% en la comisión de delitos durante el año 2025. El informe presentado por el coronel John Jairo Roa Buitrago subraya que estas cifras son el reflejo de un trabajo de articulación institucional orientado a fortalecer la convivencia y la seguridad ciudadana en los puntos de mayor afectación del territorio.Uno de los aspectos más relevantes del balance anual fue la contención de las muertes violentas, logrando revertir una tendencia que se mostraba desfavorable en el primer trimestre del año.Según explicó el alto oficial, para marzo de 2025 la región registraba un incremento de 31 casos de homicidio en comparación con el mismo periodo del año anterior. No obstante, mediante una planificación metódica junto a la Fiscalía General de la Nación y las fuerzas militares, el año cerró con 156 casos frente a los 162 reportados en 2024, lo que representa una reducción de seis vidas salvadas.El impacto positivo en la seguridad se extendió de manera significativa a las diferentes modalidades de hurto. Las estadísticas oficiales revelan un descenso del 49% en el robo de teléfonos celulares, seguido por una baja del 35% en el hurto a personas y del 39% en el hurto a establecimientos comerciales. Asimismo, el robo a motocicletas experimentó una disminución del 23%.En materia de convivencia, las lesiones personales bajaron un 34%, mientras que los reportes de violencia intrafamiliar y delitos sexuales cayeron un 32% y 26%, respectivamente.En el ámbito operativo, las autoridades reportaron la ejecución de más de 1.228 capturas por diversos delitos en Barrancabermeja durante el transcurso del año. Entre estos procedimientos destacan 30 capturas por homicidio, 3 por feminicidio y 38 detenciones relacionadas con el delito de extorsión. De igual forma, se logró la incautación de 164 armas de fuego, la recuperación de 158 vehículos y el decomiso de 258.000 dosis de estupefacientes en las intervenciones realizadas en las comunas.Más allá de la acción reactiva, el informe destaca un fuerte componente preventivo y de fortalecimiento del tejido social. La Policía Comunitaria adelantó 1.470 campañas de sensibilización que impactaron a más de 25.000 ciudadanos, mientras que la Patrulla Púrpura ejecutó 3.289 acciones preventivas para garantizar medidas de protección a 1.253 mujeres. En otras áreas, el grupo de Infancia y Adolescencia desarrolló más de 1.200 actividades y la seccional de Tránsito sensibilizó a 42.249 usuarios viales con el fin de priorizar la seguridad en las carreteras.El coronel Roa Buitrago enfatizó que este balance no es producto del azar, sino de un esfuerzo ininterrumpido de los uniformados que patrullan día y noche los territorios. Según el comandante, la prioridad institucional se mantuvo firme en el trabajo conjunto con todas las especialidades de inteligencia y policía judicial para consolidar estos resultados al cierre del 2025.
Desde el pasado 1 de enero, la Gobernación de Santander dio apertura oficial al proceso de declaración y pago del impuesto vehicular correspondiente a la vigencia 2026.La administración departamental confirmó que los propietarios de automotores y motocicletas matriculados en los 17 organismos de tránsito de Santander ya tienen a su disposición los canales físicos y virtuales para cumplir con esta obligación tributaria, la cual presenta cambios significativos en su calendario respecto al año anterior.Para este periodo fiscal, el gobierno Departamental estableció un margen de maniobra más amplio para los ciudadanos, fijando el 30 de junio de 2026 como la fecha límite para realizar el pago de manera oportuna. Esta decisión busca evitar las sorpresas ocurridas en 2025, cuando las sanciones comenzaron a aplicarse de forma prematura en el mes de mayo, generando congestiones y malestar entre los contribuyentes que estaban acostumbrados a plazos más extendidos.La secretaria de Hacienda de Santander, Diana María Durán Villar, enfatizó la importancia de este proceso para la salud financiera del departamento y la tranquilidad de los propietarios. Según la funcionaria, “el periodo para declarar y pagar el impuesto vehicular 2026 estará habilitado hasta el 30 de junio, plazo durante el cual los contribuyentes podrán cumplir con esta obligación sin liquidación de sanciones ni intereses moratorios”.Sin embargo, el panorama para 2026 presenta una particularidad jurídica que los ciudadanos deben tener en cuenta: la ausencia de incentivos económicos por pronto pago. A finales de noviembre de 2025, el Tribunal Administrativo de Santander anuló el artículo segundo de la Ordenanza 04, la cual permitía otorgar rebajas a los contribuyentes. Por lo tanto, en la presente anualidad, las autoridades no han anunciado ningún tipo de descuento o alivio tributario, limitándose exclusivamente a la extensión del plazo sin multas.El incumplimiento de esta responsabilidad después del vencimiento acarreará consecuencias económicas inmediatas. A partir del 1 de julio, los deudores deberán asumir intereses de mora y una sanción mínima que, para esta vigencia, se ha fijado en aproximadamente $262.000, cifra que podrá incrementarse proporcionalmente según el avalúo y el modelo del vehículo en cuestión.Ante este escenario, la secretaria Durán Villar hizo un llamado a la cultura tributaria como motor de inversión pública. “La invitación es clara, ponerse al día con el pago del impuesto vehicular 2026 dentro del plazo establecido es una decisión responsable que evita sanciones e intereses y, al mismo tiempo, mueve el desarrollo de nuestro departamento. Recordemos que, pagar a tiempo, no es solo un trámite, es un acto de liderazgo ciudadano que se traduce en inversión social, en seguridad y bienestar para todos los santandereanos”, puntualizó la jefe de la cartera de Hacienda.Para facilitar el recaudo, la Gobernación ha dispuesto una robusta red de pagos. De manera virtual, los usuarios pueden gestionar su liquidación a través del portal oficial de la institución. En la modalidad presencial, el trámite puede realizarse en las sedes de la Casa del Libro Total en Bucaramanga, Barrancabermeja y San Gil, así como en las principales entidades bancarias del país, incluyendo Bancolombia, Banco Popular, Davivienda y BBVA, además de puntos de corresponsales como Efecty y Éxito.
Al parecer Bucaramanga tendrá una ‘nueva luz’ en los próximos meses. Durante la última semana de diciembre hubo un cruce de declaraciones entre el alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, y el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, por la responsabilidad y entrega del tramo del tercer carril entre el puente Puerta del Sol y el puente de Provenza, cuyo sistema de alumbrado público permanecía prácticamente apagado lo cual representaba un riesgo para los conductores.Pues después de un acuerdo, la Alcaldía de Bucaramanga empezó a intervenir las luminarias a través de la Secretaría de Infraestructura, en apoyo con el personal de alumbrado público, y “ya se habilitaron gran parte de las luminarias que están en la autopista entre Bucaramanga y Floridablanca. Se están revisando unas actas para recibir el alumbrado público, pero lo importante acá es garantizar el servicio público esencial para garantizar el servicio y evitar accidentes”, expresó Deimer Mosquera, funcionario de la administración municipal.Pero hasta la intervención no se quedará ahí, de acuerdo con la información entregada en las últimas horas, la Alcaldía de Bucaramanga creará un grupo de cuadrillas especiales para intervenir puntos críticos que han sido identificados con serias falencias de iluminación.Sectores como el Mutis, Cabecera, algunos barrios del norte de la ciudad y la vía entre el puente El Bueno y La Salle, serán inspeccionados a fondo para determinar las causas de los daños y poder garantizar un buen servicio, lo cual redundará en seguridad.Estos trabajos se unen a los que realizarán en los parques de la ciudad donde desde el pasado 25 de diciembre quedó en firme el decreto 0907 de 2025 mediante el cual se restringe el consumo de sustancias psicoactivas, incluida la dosis personal, en parques y otros espacios públicos de la ciudad, en un horario comprendido entre las 4:30 de la mañana y las 11:30 de la noche.Con esta decisión, la Policía Metropolitana de Bucaramanga ya cuenta con las herramientas legales para imponer comparendos y aplicar medidas pedagógicas y correctivas a quienes incumplan la norma dentro del perímetro establecido; sin embargo, uno de los problemas en los parques ha sido el tema de la iluminación y por eso las cuadrillas especiales realizarán recorridos de verificación para garantizar entornos más seguros como parte de la recuperación de estos espacios dispuestos para la familia.
La Alcaldía de Bucaramanga anunció que el coliseo Edmundo Luna fue designado como espacio de acogida provisional frente a una eventual llegada de ciudadanos venezolanos, en medio del panorama de incertidumbre que atraviesa el vecino país. La medida hace parte de un plan de contingencia enfocado en la atención humanitaria y la organización del territorio.El alcalde Cristian Portilla precisó que la capital santandereana no será un punto de asentamiento permanente para la población migrante, sino un lugar de paso.“Estamos preparados para responder ante cualquier situación. Este escenario se utilizará únicamente de manera transitoria”, afirmó el mandatario local.Según la administración municipal, la estrategia se articula con organismos de socorro, la Policía Nacional, el sector salud y entidades departamentales y nacionales, con el fin de garantizar una atención ordenada, condiciones dignas y prioridad para niños, mujeres y población en situación de vulnerabilidad, además de preservar el orden público.Durante la tarde y noche del sábado, desde el Puesto de Mando Unificado (PMU), las autoridades informaron que hasta ese momento no se había registrado el ingreso de ciudadanos venezolanos al departamento de Santander, pese a la expectativa generada por los acontecimientos recientes en Venezuela.Sin embargo, desde las 5:00 de la tarde, decenas de familias venezolanas se congregaron en el Parque de los Niños, en Bucaramanga, donde se vivió una jornada cargada de emociones. La reunión espontánea se convirtió en una celebración marcada por espuma, pitos, tambores, abrazos y lágrimas, reflejo de la esperanza compartida.“Hoy volvimos a soñar”, expresó una madre venezolana mientras estrechaba a su hijo entre sus brazos. Otros asistentes coincidieron en que, después de años, sienten que la posibilidad de regresar a su país ya no es solo una ilusión distante.Entre los testimonios estuvo el de Betzabet Jiménez, migrante venezolana radicada en Colombia desde hace ocho años, quien manifestó su alegría por lo que ocurre en su país.“Toda mi familia está en Venezuela: mi mamá, mis hermanos y mis sobrinos. Sueño con poder pasar una Navidad allá. A quienes no entienden nuestra celebración, les pedimos empatía; lo que estamos viviendo es un destello de libertad. Este es apenas el comienzo, aún falta mucho”, relató.
A los 35 minutos de la madrugada de este lunes, 5 de enero de 2026, se presentó un sismo de magnitud 4.9 con epicentro en Los Santos, Santander. El movimiento telúrico ocurrió a una profundidad de 146 kilómetros.De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano el temblor se sintió con fuerza en la zona rural del municipio santandereano. Hasta el momento no se reportan afectaciones en infraestructura, viviendas, vías ni pérdidas humanas.Sin embargo, el llamado de las autoridades a la comunidad es adoptar medidas de prevención; mientras, se mantiene el monitoreo permanente ante la posibilidad de réplicas.
La Fiscalía Seccional Santander imputó cargos a Doris Elisa Gordillo Garcés, exsecretaria de Educación Departamental, por presuntas irregularidades en la contratación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el año 2017.Según el ente acusador, Gordillo sería responsable de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y falsedad ideológica en documento privado.El proceso está relacionado con el contrato 2079 del 5 de octubre de 2017, firmado entre la Secretaría de Educación y el consorcio interventor del PAE Santander, por un valor de 435 millones de pesos, cuyo objetivo era garantizar el suministro de alimentos en instituciones educativas oficiales de 82 municipios del departamentoLa investigación determinó que durante la etapa precontractual no se cumplió con la selección objetiva del contratista, lo que vulneró principios de legalidad, transparencia, responsabilidad e igualdad. Además, se evidenció que en la ejecución del contrato se permitieron cobros de rubros no ejecutados, respaldados con actas que no cumplían con los requisitos legales.La exfuncionaria no aceptó ninguno de los cargos imputados.El caso contra Doris Gordillo se suma a una serie de cuestionamientos históricos sobre el manejo del Programa de Alimentación Escolar en Santander. En diferentes vigencias, el PAE ha sido foco de denuncias por sobrecostos, deficiencias en la calidad de los alimentos y presuntas redes de corrupción que han terminado en investigaciones judiciales.En años anteriores, se revelaron contratos con precios inflados, como cobros por tamales a más de $30.000, y en varias ocasiones la Contraloría y la Procuraduría advirtieron sobre irregularidades en la planeación y ejecución del programa. Incluso, algunos proveedores fueron sancionados por entregar raciones incompletas o de baja calidad a los estudiantes."Estos antecedentes han convertido al PAE en un símbolo de la lucha contra la corrupción en la contratación pública, y cada nuevo proceso judicial revive las críticas ciudadanas frente al impacto que estos hechos tienen en los niños y jóvenes más vulnerables del departamento", dijo un veedor ciudadano. Con la imputación a la exsecretaria Doris Gordillo, la Fiscalía busca sentar un precedente en la vigilancia de los recursos destinados a programas sociales. Mientras tanto, organizaciones civiles y veedurías insisten en que se requieren mecanismos más estrictos de control para blindar el PAE de la politiquería y los intereses particulares en Santander.
El Consejo de Estado, en decisión adoptada por la Sección Quinta, rechazó este jueves la solicitud de nulidad procesal elevada por Jaime Andrés Beltrán Martínez, dentro del trámite que llevó a la anulación de su elección como alcalde de Bucaramanga. La alta corte también negó de plano la recusación presentada por Beltrán Martínez contra los magistrados que integran la sala, con lo cual se ratifica la validez de las actuaciones adelantadas dentro del proceso contencioso electoral.En el mismo pronunciamiento, el Consejo de Estado aceptó la renuncia presentada por el abogado Humberto Antonio Sierra Porto, quien se desempeñaba como apoderado judicial del alcalde de la capital santandereana. Finalmente, el Consejo de Estado advirtió al demandado sobre las consecuencias legales de insistir en la presentación de peticiones improcedentes en el marco del proceso de nulidad electoral, recordando que contra la presente decisión no procede recurso alguno.Con esta determinación, el alto tribunal ratifica la salida definitiva de Jaime Andrés Beltrán de la Alcaldía de Bucaramanga y mantiene firme el fallo que anuló su elección. Esto abre paso a un proceso de transición institucional y la convocatoria de elecciones atípicas, que deberán realizarse en un plazo aproximado de tres meses.Durante ese tiempo, la ciudad seguirá siendo gobernada por un alcalde encargado, designado por el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, para evitar una crisis institucional en la Alcaldía de Bucaramanga. La entrevista con Blu Radio, el gobernador Juvenal Díaz, también abordó la situación política de la capital santandereana, ante la inminente salida del alcalde Jaime Andrés Beltrán por decisión del Consejo de Estado. Al respecto, Díaz señaló que esperará la notificación oficial para designar un reemplazo temporal.“Será una persona con conocimiento de lo público, que conozca los planes de desarrollo de Bucaramanga y el departamento, y que se dedique exclusivamente a gobernar la ciudad”, aseguró el gobernador, quien reiteró que la decisión se tomará en el marco de la legalidad.El proceso de elecciones atípicas reconfigura el panorama político de Bucaramanga. Sectores tradicionales y nuevos movimientos ya empiezan a barajar nombres de posibles candidatos, lo que anticipa una campaña corta pero intensa. Entre tanto, analistas locales advierten que el reto principal para la capital santandereana será garantizar la estabilidad administrativa y evitar que la incertidumbre política afecte la ejecución de programas prioritarios en movilidad, seguridad y bienestar social.La decisión del Consejo de Estado marca un precedente clave en la región y recuerda la importancia de cumplir con los requisitos legales y éticos en los procesos electorales tras lo ocurrido con Jaime Andrés Beltrán.
Luego de conocerse un video en el que un hombre aparece con un fusil acompañado de tres personas más en la vereda Cuzamán, zona rural de Lebrija, Santander, la persona que aparece en las imágenes se presentó voluntariamente ante la Policía. Según las autoridades, se trata de un ganadero de la región, propietario de fincas en Lebrija y Cimitarra.El comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, general William Quintero, explicó que el hombre fue identificado con rapidez y que los tres hombres que lo acompañaban serían trabajadores suyos. Aunque no tiene antecedentes penales, ya había sido objeto de un comparendo por comportamientos contrarios a la convivencia y, de acuerdo con la Policía, su conducta ha generado problemas en la comunidad.Las autoridades investigan si las armas que portaba eran traumáticas o de uso industrial. “Al momento no cuenta con los permisos correspondientes para portar esas armas traumáticas. Sí tiene un permiso de salvoconducto de un arma de fuego”, precisó el general Quintero.Por su parte, el coronel Gerson Molina, comandante de la Quinta Brigada del Ejército, indicó que tras conocerse el video se desplegaron unidades de Policía, Gaula e inteligencia militar en el área. Según el oficial, "el ganadero argumentó que se encontraba armado porque personas extrañas pretendían cometer un hurto y aseguró que las armas eran traumáticas".El alcalde de Lebrija, Gabriel Martínez, ante el temor que se generó entre la comunidad, aseguró que en esta región de Santander no hay presencia de grupos armados ilegales.“Dar un parte de tranquilidad al municipio que en todo nuestro territorio no hay presencia de grupos organizados al margen de la ley y que es un hecho aislado que ya está identificado y que ya está la persona reconociendo que se estaba haciendo mal y decide tomar el camino institucional en lugar de mantener el pánico que se estaba generando a nivel local”, señaló el mandatario.Las autoridades anunciaron que continúan recolectando material probatorio para que la Fiscalía adopte decisiones frente a este caso.
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, Sala Penal, confirmó que el próximo 30 de octubre de 2025 se llevará a cabo la lectura de la providencia relacionada con el proceso que se adelanta contra Luis Ambrosio Alarcón López, actual alcalde de El Playón, Santander, por irregularidades en contratación. El proceso judicial se deriva de la condena emitida el 30 de octubre de 2024 por el Juzgado Once Penal del Circuito de Bucaramanga, que encontró responsable al mandatario como autor del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, en concurso con peculado por apropiación. No obstante, en esa decisión también fue absuelto en uno de los cargos por peculado.La Fiscalía determinó mediante investigación que, durante su periodo como alcalde en el año 2009, para el 29 de octubre, Luis Ambrosio Alarcón López, como alcalde de El Playón en su momento, firmó una factura por un valor de $4.000.042 por la compra de mercancía, cemento y manguera a favor de Maury Elieth Rueda Reyes quien vendió los productos con los cuales se iba a tratar el terreno de la vereda Santa Barbara, y fueron entregados a la Junta de Acción Comunal.Posterior a esta compra, la Fiscalía determinó que, a tan solo días después, el mandatario firmó una letra de cambio en su calidad de alcalde del Municipio del Playón a favor de Carlos Arturo Acuña Ramírez, por un valor de $11.000.000, con el fin de financiar las ferias y fiestas del municipio las cuales se realizaron en diciembre del año 2009, sin seguir los procedimientos legales requeridos.Estos dineros, según el juez, debían cancelarse por mediante el convenio interadministrativo 1714 de 2009, firmado el 13 de noviembre entre el Municipio y la Gobernación de Santander.Aunque el giro fue realizado por la Administración Departamental, la falta de cumplimiento de los requisitos esenciales llevó a que los acreedores demandaran al municipio por un total de $35.000.000. Esto evidenció la apropiación indebida de recursos públicos por parte de Alarcón López, en beneficio propio y de terceros, según la investigación adelantada por la Fiscalía.La defensa del alcalde interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto el pasado 1 de septiembre de 2025 y aprobado en el Acta 941 del Tribunal. La audiencia de lectura del fallo definitivo se realizará de manera virtual a las 11:30 a.m. del jueves 30 de octubre, bajo las herramientas tecnológicas dispuestas por el Consejo Superior de la Judicatura.Este caso mantiene en vilo a la administración municipal de El Playón, pues de confirmarse la condena, el alcalde Alarcón López podría quedar inhabilitado para ejercer cargos públicos, lo que obligaría a un eventual salida de la administración municipal.
El alcalde de Barbosa, Marco Alirio Cortés, defendió la corraleja realizada el 1 de enero y acusó a congresistas y ambientalistas de politizar el evento. Durante la realización de toda la feria y especialmente la corrida de toros, se registraron riñas, denuncias de maltrato animal y la protesta de congresistas y ambientalistas en la plaza de toros, que cuestionaron la legalidad y pertinencia del espectáculo.El momento más polémico se produjo cuando el alcalde Marco Alirio Cortés se enfrentó verbalmente al congresista Cristian Avendaño, llegando incluso a sacarle el dedo, lo que provocó indignación y amplificó la controversia. Testigos reportaron insultos y lanzamiento de objetos, y fue necesaria la intervención de la Policía para garantizar la seguridad de los asistentes.El mandatario defendió la realización de la corraleja y aseguró que los eventos forman parte de las tradiciones culturales de los habitantes de Barbosa, además de dinamizar la economía local.“Estas protestas y cuestionamientos no buscan proteger la cultura ni a los ciudadanos; tienen un interés electoral, los mechudos esos no hacen parte del municipio, se trata de personas ajenas a Barbosa que desconocen nuestro arraigo cultural y buscan politizar el evento con fines partidistas”, señaló Cortés.El alcalde enfatizó que la corraleja se realizó cumpliendo todos los requisitos legales y que quienes protestaron buscan sacar rédito político, desinformando a la ciudadanía sobre la legalidad del evento.Frente a la polémica, la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación preliminar para determinar si la Alcaldía de Barbosa cumplió con todos los permisos, documentos y pólizas de responsabilidad civil que garantizan la seguridad del espectáculo, así como para verificar si el municipio mantiene una tradición continuada e ininterrumpida en actividades taurinas, requisito contemplado en la normativa vigente.El proceso busca esclarecer posibles irregularidades y, de comprobarse faltas, aplicar sanciones disciplinarias a los funcionarios responsables de la organización de la corrida.La polémica evidencia la tensión entre quienes defienden tradiciones culturales y quienes promueven el bienestar animal y el cumplimiento de la ley. El gesto polémico del alcalde frente al congresista Avendaño amplificó la atención mediática, generando un debate nacional sobre la politización de eventos culturales.Por ahora, el evento sigue bajo revisión de la Procuraduría, mientras la opinión pública y los actores políticos mantienen un intenso debate sobre la legalidad y pertinencia de las corralejas en Colombia.
La Iglesia católica y la comunidad de Santander y Boyacá están de luto tras conocerse el fallecimiento de Monseñor Hernán Giraldo Jaramillo, recordado como el primer obispo de la Diócesis de Málaga–Soatá y una de las figuras más influyentes en la consolidación de la estructura eclesial en esta zona del país.Giraldo Jaramillo fue una figura clave de la Iglesia Católica en Colombia, especialmente por su papel en la creación y fortalecimiento de la Diócesis de Málaga–Soatá, desde su fundación en 1987, y posteriormente por su labor pastoral al frente de la Diócesis de Buga, donde continuó su trabajo de acompañamiento espiritual y social a las comunidadesDesde organizaciones sociales y religiosas de Arcoma Málaga Santander se enviaron mensajes de condolencia a su familia y al clero diocesano, destacando su cercanía con la gente, su vocación de servicio y su compromiso con la paz.“Fue hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz”, expresaron fieles al recordar sus recorridos por zonas rurales y apartadas, donde acompañó comunidades históricamente golpeadas por la pobreza y el aislamiento.Durante su ministerio, Monseñor Giraldo no solo ejerció como líder espiritual, sino como constructor de tejido social, impulsor de procesos comunitarios y defensor de la dignidad humana en territorios que veían en la Iglesia uno de sus principales referentes de esperanza.Su fallecimiento marca el cierre de una etapa histórica para la Diócesis de Málaga–Soatá y deja una huella profunda en generaciones de fieles que hoy elevan oraciones por su descanso eterno.La Diócesis anunció que en los próximos días se darán a conocer los actos litúrgicos y homenajes con los que la región despedirá a quien muchos describen como un pastor cercano, humilde y comprometido con la paz.
La Alcaldía de Bucaramanga confirmó que el coliseo Edmundo Luna sería el sitio dispuesto como albergue temporal ante una eventual llegada de ciudadanos venezolanos, en medio de la tensión que se vive actualmente en el vecino país.El alcalde Cristian Portilla explicó que la habilitación del escenario deportivo hace parte de un plan preventivo de atención humanitaria y organización territorial, aunque aclaró que la capital santandereana no será un destino final, sino un punto de tránsito para la población migrante.“Este espacio será utilizado de manera transitoria. Bucaramanga es una ciudad de paso y estamos preparados para atender cualquier eventualidad”, señaló el mandatario.Las autoridades indicaron que la medida forma parte de una estrategia coordinada entre la Alcaldía, organismos de socorro, Policía Nacional, sector salud y entidades del orden departamental y nacional, con el objetivo de garantizar condiciones dignas, orden público y atención prioritaria a niños, mujeres y población vulnerable.Actualmente, en Santander residen más de 60 mil ciudadanos venezolanos, quienes hacen parte activa de la economía y del sistema educativo en diferentes municipios. Entre tanto, desde el Puesto de Mando Unificado (PMU) se mantiene un monitoreo permanente de la situación y, hasta el momento, no se registra un ingreso masivo de migrantes al departamento.La administración municipal reiteró que continuará evaluando la evolución de los acontecimientos en tiempo real y mantendrá informada a la ciudadanía sobre cualquier novedad relacionada con la atención humanitaria y la movilidad de población migrante.
La tarde noche del sábado estuvo cargada de emociones en Bucaramanga, desde el Puesto de Mando Unificado (PMU) las autoridades confirmaron que hasta el momento no se ha registrado ingreso de ciudadanos venezolanos al departamento de Santander, pese a la expectativa generada por la situación en el vecino país.Desde las 5 de la tarde, decenas de familias venezolanas comenzaron a llegar al Parque de los Niños en Bucaramanga, donde la jornada se transformó en una emotiva celebración: espuma, pitos, tambores, abrazos y lágrimas se mezclaron en un mismo sentimiento de esperanza.“Hoy volvimos a soñar”, expresó una madre venezolana mientras abrazaba a su hijo. Otros manifestaron que, por primera vez en años, sienten que el regreso a su tierra ya no es solo un deseo lejano.En medio de la multitud, Betzabet Jiménez, migrante venezolana, compartió su historia: “Estoy muy contenta por lo que está ocurriendo en Venezuela, llevo ocho años en Colombia y toda mi familia está allá, mi mamá, mis hermanos, mis sobrinos. Espero poder celebrar una Navidad en Venezuela; ahora vamos a poder estar juntos, a las personas que no entienden nuestra celebración les pedimos empatía, porque lo que está pasando es muy importante, estamos viendo un destello de libertad. Este es solo el primer paso, todavía falta muchísimo", relató.Varios de los asistentes afirmaron que ahora anhelan regresar a Venezuela en los próximos meses o dentro de un año, si las condiciones lo permiten. Para muchos, la posibilidad de reencontrarse con sus familias, recuperar sus hogares y reconstruir su país dejó de ser una utopía y comenzó a sentirse como un futuro posible.En la región permanecen actualmente más de 60 mil venezolanos, quienes han encontrado en Santander un lugar para reconstruir su vida. Muchos trabajan en los distintos municipios, mientras que sus hijos asisten a escuelas y colegios, formando ya parte del tejido social de la región.Mientras tanto, las autoridades mantienen el monitoreo permanente de la situación y reiteraron el compromiso de garantizar la convivencia, el orden público y la atención humanitaria, acompañando de cerca a una comunidad que, aunque lejos de su patria, mantiene viva la esperanza.
Con la voz entrecortada, abrazos largos y miradas llenas de ilusión, decenas de ciudadanos venezolanos en Bucaramanga aún no salen del asombro tras conocerse la noticia que ha sacudido a su país y que, para muchos, marca un antes y un después en su historia.En calles, parques y lugares de trabajo, la conversación se repite: hoy, por primera vez en años, vuelve a sentirse la esperanza.Para Felix León, migrante venezolano que llegó a Santander hace varios años huyendo de la crisis, este momento representa algo profundo.“Para nosotros esto es un comienzo de paz. Es la primera vez en mucho tiempo que sentimos que puede venir algo mejor para nuestro país”, expresó con los ojos aguados.A su turno, David Alexander Pérez, quien completa ocho años viviendo en Bucaramanga, cuenta que, durante mucho tiempo, su equipaje solo llevaba nostalgia y resistencia, pero hoy, dice, la maleta del regreso empieza a llenarse de ilusión.“Hoy uno vuelve a meter en la maleta alegría, sueños, esperanza. Yo salí de Venezuela con miedo, con dolor, y ahora siento que algún día podré volver con otra historia, a disfrutar de la ayacas, de mi hija de mí familia volver abrarlos”, relató.Para muchos migrantes, Bucaramanga se convirtió en refugio, trabajo y segunda casa. Aquí formaron familias, levantaron negocios y aprendieron a sobrevivir lejos de su tierra, sin embargo, nunca dejaron de pensar en el regreso.En la comunidad venezolana de la ciudad se escuchan mensajes de calma, prudencia y fe. Nadie habla de celebraciones desbordadas, sino de un sentimiento más profundo la esperanza serena de que el sufrimiento pueda terminar.Bucaramanga, que acoge a más de 60.000 ciudadanos venezolanos, se convirtió este día en escenario de lágrimas silenciosas, oraciones espontáneas y conversaciones cargadas de futuro.“Hoy no lloramos de tristeza concluye David. Hoy lloramos porque, por primera vez en muchos años, sentimos que nuestro país puede volver a respirar.”
El cabildante del Pacto Histórico cuestionó el respaldo del alcalde Cristian Portilla a las acciones de Estados Unidos frente a Venezuela y alertó sobre riesgos para la estabilidad de América Latina.El concejal de Bucaramanga Jorge Flórez, del Pacto Histórico, lanzó fuertes críticas contra las recientes declaraciones del alcalde Cristian Portilla, al considerar que estas desconocen la gravedad del momento político internacional y representan una postura peligrosa frente a la soberanía de los pueblos latinoamericanos.Flórez rechazó lo que calificó como una amenaza directa a la soberanía de Venezuela y, por extensión, de otros países de la región. “Estamos frente a una violación a la soberanía de un país y a una amenaza para toda América Latina. El expresidente Donald Trump ha tomado decisiones por fuera de la legalidad, pasando por encima incluso de su propio Congreso y de los tratados internacionales”, afirmó el concejal.El cabildante aseguró que el trasfondo del conflicto no es político, sino económico y estratégico. Según Flórez, Estados Unidos estaría interesado en los recursos naturales y las tierras raras de la región. “No se trata de democracia ni de libertad. Se trata de riqueza, de control geopolítico y de recursos estratégicos de América Latina”, señaló.Asimismo, cuestionó duramente la postura del alcalde Portilla, a quien acusó de priorizar asuntos internacionales mientras la ciudad enfrenta problemas urgentes. “El alcalde no ha sido capaz de atender la situación del incendio del 12 de Octubre, pero ahora sale a pronunciarse a favor de Estados Unidos, cuando el propio Trump ha lanzado amenazas contra el presidente de Colombia, la presidenta de México y ha secuestrado al presidente de Venezuela”, sostuvo.Finalmente, Flórez hizo un llamado a la sensatez y a la responsabilidad política. “Bucaramanga necesita un gobierno concentrado en resolver sus problemas reales y no en avalar estrategias que ponen en riesgo la paz regional. Lo que está en juego es la estabilidad, la soberanía y el futuro de nuestros pueblos”, concluyó.