Un vehículo utilizado por el aspirante a la Cámara de Representantes, Mauricio Martínez, candidato a la Cámara de Representantes de Santander por el Centro Democrático, fue prendido en llamas frente a su domicilio en el barrio Villa de San Juan, en Piedecuesta.Según versiones preliminares, el automóvil, un Spark GT que le había sido prestado a Martínez para actividades de campaña, fue dañado totalmente por el fuego y se investiga si se trató de un acto intencional dirigido a intimidar al candidato. El propio candidato Martínez describió en sus redes sociales el hecho como “terrible” y aseguró que el siniestro no solo puso en riesgo su vida, sino también la de sus vecinos. Bomberos del municipio acudieron al lugar y lograron controlar las llamas, aunque otro vehículo estacionado junto al de Martínez también resultó afectado. Testigos relatan que el estruendo despertó a residentes de la zona, quienes alertaron a las autoridades. De acuerdo con la información recopilada en el lugar por la Policía, el automotor era utilizado para actividades de publicidad de campaña de un candidato a la Cámara de Representantes, y pertenecía a un ciudadano cercano al equipo de campaña. "El vehículo permanecía estacionado en el sector desde días anteriores debido a fallas mecánicas", señaló el coronel Héctor García, subcomandante de la Policía de Bucaramanga. Al lugar acudieron unidades del Cuerpo de Bomberos de Piedecuesta, quienes controlaron la situación. Asimismo, uniformados realizaron labores de verificación en el sector, donde se identificaron cámaras de seguridad que serán analizadas para avanzar en la investigación y establecer las circunstancias de este hecho.La candidata a la presidencia, Paloma Valencia y el Centro Democrático pidieron investigar el caso y se solidarizaron con el aspirante. "Rechazamos de manera contundente el ataque contra nuestro candidato Mauricio Matri a quien le incendiaron el vehículo de campaña frente a su casa, poniendo en riesgo a su familia y su comunidad. La violencia no nos va a intimidar. Santander y Colombia no se arrodillan ante los violentos", señaló el Centro Democrático. Este hecho se registra a pocos días de las elecciones legislativas programadas para el 8 de marzo de 2026, en un momento en el que otros políticos han denunciado ataques contra sus campañas. Por ejemplo, la candidata a la Cámara por el Atlántico, María Bolívar Maury, también reportó un atentado armado contra su vehículo días atrás, cuando hombres en una motocicleta le dispararon al automotor en una vía de su departamento. Aunque las autoridades aún no han establecido si los ataques están conectados o si obedecen a motivaciones políticas, estos episodios ilustran un clima de inseguridad y amenazas hacia candidatos en plena contienda electoral, lo cual preocupa tanto a partidos como a organismos de control democrático. Mauricio Martínez, quien también ha enfrentado procesos judiciales recientes por desacato a una tutela interpuesta por el actual candidato al Congreso Ferley Sierra, del partido Verde, quien calificó el incidente como una tentativa de intimidación política y reafirmó su determinación de continuar la campaña. La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, no han emitido versiones oficiales sobre la investigación por el vehículo quemado del candidato Mauricio Martínez, pero fuentes internas de las dos instituciones señalaron que no se descarta ninguna hipótesis. Las primeras pesquisas se enfocan en determinar responsabilidades, posibles móviles y si hay vínculos con otras amenazas en el contexto de la contienda electoral.
La seguridad en Bucaramanga para la jornada electoral de este 8 de marzo contará con el refuerzo de más de 100 uniformados de la Policía Nacional provenientes de la Escuela de Formación de Vélez, quienes apoyarán las labores de vigilancia y control durante los comicios.Así lo confirmó el secretario del Interior de Bucaramanga, Alfonso Pinto Frattali, al explicar que la administración municipal ya tiene listo el dispositivo de seguridad para garantizar el normal desarrollo de las elecciones y proteger el derecho al voto de los ciudadanos.“Este domingo 8 de marzo, en elecciones parlamentarias, Congreso y consultas presidenciales, garantizamos la seguridad de los bumangueses”, afirmó.Según indicó, el refuerzo de la Policía permitirá aumentar la presencia institucional en los puestos de votación, así como fortalecer los patrullajes preventivos en diferentes sectores de la ciudad y en los principales corredores viales.El operativo también contará con el acompañamiento del Ejército Nacional, que apoyará las labores de control en la periferia de la ciudad y en los corregimientos, con el fin de mantener condiciones de orden público en estas zonas.Además, las autoridades instalarán un centro de coordinación en Neomundo, desde donde se articulará el trabajo de las diferentes entidades encargadas de la seguridad y logística de la jornada electoral.Pinto Frattali explicó que este despliegue es resultado del trabajo conjunto entre la Alcaldía, la Policía y el Ejército, lo que permitirá fortalecer la vigilancia este domingo 8 de marzo.
La presencia de hipopótamos en zonas cercanas a humedales y áreas rurales habitadas de Barrancabermeja ha generado preocupación entre la comunidad, luego de que circularan videos en los que se observa a uno de estos animales desplazándose por el humedal de Cuatro Bocas y posteriormente en potreros del sector de Tierra Adentro.Las imágenes, que fueron enviadas por ciudadanos a las autoridades, muestran al animal en zonas donde también hay presencia de ganado y muy cerca de áreas habitadas, lo que ha encendido las alertas por el riesgo que podría representar para la población.Ante esta situación, la Secretaría de Ambiente y Transición Energética de Barrancabermeja solicitó a la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) y al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible activar de manera inmediata el protocolo para la atención de hipopótamos en la región, ya que estas entidades son las competentes para adelantar el procedimiento de captura, reubicación o control de la especie.El secretario de Ambiente y Transición Energética de Barrancabermeja, Leonardo Granados, explicó que la preocupación aumenta debido a que expertos veterinarios han advertido sobre el comportamiento territorial de estos animales.“Frente a los videos que han hecho llegar a la Secretaría de Ambiente, donde vemos a un hipopótamo en el humedal de Cuatro Bocas y luego en potreros en Tierra Adentro, se genera una preocupación. Los expertos veterinarios nos han dicho claramente que cuando el hipopótamo abre la boca frente a las personas es un mensaje de territorialidad y después de eso pueden venir los ataques”, señaló el funcionario.Granados agregó que uno de los registros muestra al animal cerca de una zona donde se encuentra una escuela rural, lo que incrementa la preocupación de las autoridades locales.“Estamos solicitando que se active el protocolo para la captura de esta especie y así proteger nuestros humedales, nuestra comunidad y especialmente a nuestros niños. El interés superior del menor debe ser prioritario en estos momentos”, afirmó.Desde la administración municipal también se han adelantado acciones preventivas junto con la Policía Ambiental, que incluyen labores de sensibilización a la comunidad y operativos para ahuyentar a los animales cuando se acercan a zonas pobladas.El caso fue llevado además al Consejo de Gestión del Riesgo, desde donde se enviaron oficios a la Procuraduría Ambiental y Agraria de Santander, así como a la CAS y al Ministerio de Ambiente, solicitando medidas urgentes frente a una problemática que, según las autoridades locales, viene creciendo en diferentes municipios del Magdalena Medio.
La Gobernación de Santander ha solicitado a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación que investiguen presuntos hechos de corrupción electoral en el departamento. La denuncia se produce después de que un funcionario de la Gobernación recogiera información sobre posibles irregularidades en programas del Departamento de Prosperidad Social (DPS) y la presentara ante la Fiscalía.La Gobernación de Santander ha pedido a las autoridades que investiguen los hechos con celeridad y transparencia, en defensa de la democracia y la transparencia electoral. "Es fundamental que se investiguen estos hechos para garantizar la integridad del proceso electoral", agregó el comunicado."El funcionario actuó por iniciativa propia y que la Gobernación no autorizó ni instruyó su actuación. Reiteramos el compromiso de nuestros servidores con la ley y las garantías", señaló la entidad. Este nuevo escándalo sacude el panorama político en el departamento de Santander y salpica al candidato a la Cámara de Representantes, por el partido de la U, Sergio Isnardo Muñoz, quien aparece nombrado en el comunicado de la Gobernación de Santander. Sergio Isnardo Muñoz, aseguró estar siendo víctima de una campaña de desprestigio y de la circulación de información falsa en su contra en redes sociales, como una supuesta compra de votos entregando electrodomésticos a través de un programa para emprendedores del Gobierno Nacional. De acuerdo con el aspirante al Congreso, desde la Gobernación de Santander y desde sectores del mismo partido político al que pertenece se estarían promoviendo ataques sistemáticos con el propósito de afectar su imagen y debilitar su aspiración electoral."Un asesor del gobernador está implicado en este tema. Incluso, un cuñado de Didier Tavera (exgobernador de Santander y actual director de la Federación Nacional de Departamentos), son los supuestos estrategas de esa campaña difamatoria", señaló el candidato.Muñoz manifestó que en los últimos días han circulado versiones y señalamientos relacionados con una presunta compra de votos, situación que calificó como “mentiras y noticias falsas” orientadas a confundir a la opinión pública y generar un escándalo político en plena contienda electoral.El candidato aseguró que su campaña se ha desarrollado dentro del marco legal y con transparencia, e hizo un llamado a las autoridades competentes para que investiguen el origen de las acusaciones y determinen responsabilidades, en caso de comprobarse la difusión intencional de información falsa en redes sociales. El caso genera inquietud en el escenario político regional y podría tener repercusiones en el desarrollo de la campaña electoral en Santander, donde se intensifican las tensiones a medida que avanzan los comicios.
En el marco de la Comisión Nacional de Seguimiento Electoral, Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), analizó y aclaró los puntos críticos expuestos por el presidente Gustavo Petro en su reciente alocución televisada. Barrios enfatizó la importancia de seguir los procedimientos legales establecidos para garantizar la transparencia en los próximos comicios.Testigos electorales y el mito del reconteo nacionalFrente a la invitación del presidente para que la ciudadanía actúe como testigo electoral, Barrios señaló que si bien es un derecho legítimo, el proceso de inscripción formal para los partidos suele cerrarse días antes de la elección. Aunque se han otorgado ampliaciones de plazo, como la que vence este jueves 5 de marzo, es responsabilidad de las organizaciones políticas inscribir a sus representantes.Respecto a la idea de un reconteo nacional total, la directora de la MOE fue enfática en que esta figura no existe y es logísticamente inviable. Explicó que se manejarán cerca de 80 a 100 millones de tarjetas electorales debido a la complejidad de las consultas y cámaras especiales, por lo que cualquier discrepancia debe resolverse mediante "reclamaciones" en la mesa de votación o ante las comisiones escrutadoras el mismo día de la elección.Transparencia en el software y el código fuenteUno de los puntos más polémicos de la alocución presidencial fue la supuesta opacidad del software electoral. Al respecto, Barrios aclaró que el código fuente sí fue expuesto a los delegados de los partidos y observadores durante sesiones técnicas. Explicó que este código es la "receta" de programación del sistema y, por razones de seguridad nacional, no se puede entregar una copia física para ser llevada a casa, ya que esto facilitaría hackeos o la creación de "puertas traseras". El acceso se dio en un ambiente controlado para realizar auditorías técnicas antes de la jornada electoral.Finalmente, ante la afirmación del mandatario sobre la presunta ilegalidad del preconteo, la MOE aclaró que este es plenamente legal y está reglamentado, aunque no tiene un vínculo jurídico sobre los resultados finales. El preconteo sirve como una herramienta informativa para evitar el caos social al ofrecer resultados rápidos, mientras que el escrutinio, realizado por jueces y notarios con una estricta cadena de custodia, es el que determina legalmente a los ganadores. Barrios recordó que, en 2022, el propio partido del presidente utilizó los datos del preconteo para identificar anomalías y solicitar revisiones en los formularios E14, demostrando la utilidad del sistemaEscuche aquí la entrevista:
El secretario general de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacouture Peñaloza, negó cualquier relación con los hechos ocurridos en Hatonuevo, La Guajira, donde uno de los integrantes de su esquema de seguridad fue capturado con $145 millones en efectivo y material de propaganda electoral del congresista Daniel Restrepo.A través de un comunicado dirigido a la opinión pública, Lacouture aseguró que no se movilizaba en el vehículo en el que fueron hallados el dinero y la publicidad política, ni participó en los hechos que hoy son objeto de investigación. En el documento también precisó que, tras la audiencia de legalización, un juez de control de garantías declaró ilegal la captura del escolta y ordenó su libertad inmediata, así como la devolución del dinero y de los vehículos aprehendidos.“Rechazo los señalamientos que me hicieran de manera infundada algunos medios de comunicación y particulares a través de redes sociales donde me relacionaron con la comisión de delitos electorales”, señaló el funcionario, quien insistió en que cualquier insinuación en su contra queda desvirtuada con la decisión adoptada por la autoridad judicial.El caso involucra a Alfredo Acuña, funcionario de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y miembro del esquema de seguridad del secretario general. La captura se produjo cuando se movilizaba con el dinero en efectivo y piezas de publicidad política, situación que generó cuestionamientos en medio del ambiente preelectoral en el departamento.Tras lo ocurrido, la Fiscalía General de la Nación anunció la apertura de una mesa de trabajo con dos líneas de investigación. La primera busca establecer si podría configurarse un posible delito de lavado de activos, con el fin de verificar el origen y destino de los $145 millones. La segunda apunta a determinar si existió una eventual destinación indebida de recursos con fines de campaña o electorales.En su pronunciamiento, Lacouture sostuvo que lo ocurrido debe ser investigado y esclarecido frente a posibles irregularidades en el procedimiento, especialmente en lo relacionado con la actuación de las autoridades. Asimismo, manifestó que permanecerá atento al avance de las investigaciones y reiteró que no tiene ninguna vinculación con los hechos.Mientras tanto, la Fiscalía continuará con las indagaciones para determinar la procedencia de los recursos y establecer si existe alguna responsabilidad penal derivada del caso.
El Pacto Histórico se pronunció para alertar sobre los riesgos en la transparencia del proceso electoral que, según sus voceros, podrían presentarse debido a lo que consideran una insuficiente auditoría del software utilizado en las elecciones.El representante Alirio Uribe afirmó que no están denunciando un fraude, sino que, a su juicio, estas alertas buscan prevenir posibles irregularidades.Además de las preocupaciones sobre la seguridad del software, el bloque político señaló que existe una concentración de funciones en un único proveedor privado del sistema electoral. Ante estas dudas, anunciaron un plan para contar con testigos en la mayoría de los puestos de votación, quienes reportarían en tiempo real los resultados con el fin de consolidar la información de manera simultánea a la Registraduría Nacional del Estado Civil.“La estrategia es la de hace cuatro años, que nos permitió recuperar más de 500 mil votos al Senado, que es tener testigos de mesa que están fidelizados y capacitados; además, conocen las irregularidades”, explicó Uribe, quien resaltó que existen 22 causales por las cuales un testigo electoral puede impugnar los resultados de su mesa.Al domingo 1 de marzo, el Pacto Histórico, para la elección de circunscripción nacional, tenía inscritos 45 mil testigos para cubrir 90 mil mesas electorales, es decir, uno por cada dos mesas, y espera que este jueves 5 de marzo, cuando se vence el plazo, ya cuenten con la cifra necesaria para cubrirlas en su totalidad.Igualmente, exigieron a la autoridad electoral una auditoría técnica independiente con revisión completa del código fuente, así como la publicación de los protocolos de transmisión y consolidación de datos.En cuanto a lo planteado por el presidente Gustavo Petro sobre impugnar resultados, la senadora María José Pizarro aclaró que no se trata de una “impugnatón” masiva, sino de reforzar la vigilancia y, en caso de que existan causales, proceder a presentar las reclamaciones correspondientes.En rueda de prensa, el Pacto Histórico, como bloque, también insistió en que no se ha cumplido la decisión del Consejo de Estado de 2018, que exigió la adquisición de un software que no dependiera de un proveedor privado.
La Fiscalía General de la Nación imputó al cabecilla del Bloque Magdalena Medio, Javier Alonso Velosa García, alias Jhon Mechas, así como a Carlos Eduardo García Téllez, alias Andrey Avendaño, y a Farby Edison Parra Parra, alias Richard, señalados como jefes político y financiero del autodenominado Frente 33, por los delitos de homicidio, desplazamiento forzado, reclutamiento ilícito y concierto para delinquir. La decisión se produce en el marco de las investigaciones por la ola de violencia registrada en la región del Catatumbo entre enero y abril de 2025, pese a que los procesados cuentan con órdenes de captura suspendidas.Según los elementos materiales probatorios recopilados, estas personas habrían ordenado a sus estructuras armadas ejercer control territorial absoluto mediante el uso de armas y rentas ilícitas en los municipios de Tibú, El Tarra, Teorama y Hacarí, en Norte de Santander. En cumplimiento de esa directriz, integrantes del grupo armado ilegal habrían promovido acciones violentas que generaron miedo y zozobra en la comunidad, así como graves violaciones a los derechos humanos.De acuerdo con las denuncias recibidas, las actividades investigativas y los análisis criminológicos adelantados por la Fiscalía, se han identificado 37 víctimas de homicidio, 31 casos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, y 87 personas afectadas por desplazamiento forzado en medio de la crisis.El delegado contra el Crimen Organizado, Raúl González Flechas, confirmó que también, en el marco de estos hechos, ya se han expedido seis órdenes de captura contra integrantes del ELN: tres contra miembros del COCE, identificados como Antonio García, Pablo Beltrán y Pablito, y tres contra cabecillas del Frente de Guerra Nororiental, conocidos como Silvana Guerrero, alias Alfred, y alias Andino.Frente a la situación jurídica de los imputados con órdenes de captura suspendidas, la Fiscalía explicó que, conforme a la Directiva 0003 de 2025, los fiscales continuarán con la investigación y la gestión de audiencias “con indiferencia de que el o los investigados o acusados tengan suspendidas las órdenes de captura emitidas en su contra”. Añadió que los beneficiarios de la suspensión serán citados a las diligencias a través de la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, sin que ello implique afectación de su libertad personal.
La tercera edición de El Reto 3X llegó a su desenlace con una final marcada por la exigencia física y la fortaleza mental. Laura, Kevin, Luisa y Marlon son los cuatro competidores que alcanzaron la instancia definitiva tras superar semanas de pruebas centradas en Estrés y Movimiento. Solo dos de ellos obtendrán el título y el premio de 30 millones de pesos cada uno.El escenario elegido fue el Box Negro, espacio reservado para los desafíos de mayor complejidad. Allí se desarrolló la prueba denominada Esfuerzo Extremo, diseñada para medir resistencia, paciencia y capacidad estratégica.Por su parte Laura llega con un rendimiento impecable, tras mantenerse invicta durante la competencia. Ha destacado la disciplina como el principal pilar de su preparación, atributo que considera determinante en esta última prueba.Kevin, en tanto, ha mantenido una estrategia constante y enfocada. Reconoce el nivel de quienes quedaron en el camino, pero subraya que su avance ha respondido a un objetivo claro y sostenido desde el inicio del programa.Para Luisa, la final representa una oportunidad de reivindicación personal luego de atravesar un año complejo. Interpreta su presencia en esta instancia como una posibilidad significativa que trasciende lo deportivo.Marlon, por su parte, apuesta a la experiencia acumulada durante el proceso competitivo. Su enfoque se centra en la mejora continua y en la capacidad de aprendizaje frente a cada reto superado. Esta edición presenta además una particularidad: el título quedó vacante tras la salida de los bicampeones Rapelo y Madrid, lo que abre paso a nuevos ganadores en El Reto 3X Rexona Clinical By Desafío.La prueba final planteó un interrogante central: ¿prevalecerá la experiencia de antiguos desafiantes o el ímpetu competitivo de los nuevos retadores? La respuesta se encuentra en el episodio definitivo, disponible en el canal oficial de YouTube del programa, donde se define una de las finales más exigentes en la historia reciente del formato.
La angustia que vivió durante 24 horas una familia en Bucaramanga terminó con un final esperanzador, cuando un comerciante de oro y su hija de 6 años, quienes habían sido secuestrados en el barrio Campo Hermoso, fueron rescatados sanos y salvos en una finca de zona rural de Floridablanca gracias a una operación conjunta entre el Gaula de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.El secuestro se registró en la noche del jueves 4 de septiembre, cuando tres hombres interceptaron a la familia en la calle 45 y obligaron a su padre y la pequeña a subir a un vehículo, mientras a la madre la dejaron libre, exigiéndole entregar joyas y prendas de oro avaluadas en 500 millones de pesos, mientras mantenían retenidos al hombre y a la niña.“Fueron llevados contra su voluntad, un hombre y una niña, en un vehículo por tres sujetos que huyeron sin rumbo conocido. Gracias a la denuncia ciudadana llegamos hasta una finca en la parte alta de Ruitoque, donde en una vivienda estaban las dos víctimas”, explicó el brigadier general William Quintero Salazar, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.El comerciante secuestrado, identificado como Nicolás Andrés Amaya Jaimes, con la voz entrecortada, no pudo contener la emoción al abrazar de nuevo a su familia: “Gracias a Dios, a la Policía Nacional y al Gaula se pudo hacer justicia, hoy estamos juntos de nuevo y libres, no hay palabras para describir lo que sentimos”.Su esposa, María Eugenia Celis, conmovida y entre lágrimas, agradeció el trabajo de las autoridades: “Estoy eternamente agradecida porque siempre pensé que no había respaldo y que denunciar era peligroso. Pero hoy me queda claro que no es así. Fueron sumamente eficientes y rápidos. Nunca terminaré de agradecer que mi familia esté de nuevo unida”, señaló.Durante el operativo fue capturado un integrante de un Grupo de Delincuencia Común Organizado, quien participaba en el secuestro. Según las autoridades, los captores se hacían pasar por miembros de las extintas FARC para presionar el pago de la millonaria suma. El detenido, que tiene antecedentes por porte ilegal de armas de fuego, quedó a disposición de la Fiscalía.La Policía Nacional reiteró su llamado a la ciudadanía para denunciar de manera inmediata cualquier hecho de secuestro o extorsión a la línea gratuita 165, en el marco de la campaña “Yo no pago, yo denuncio”.Este rescate, además de devolver la tranquilidad a una familia, representa un mensaje de confianza y esperanza frente a la lucha contra el secuestro en Santander, enfatizó el brigadier general William Quintero Salazar, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.
La comunidad de San Vicente de Chucurí aún no sale de la conmoción tras el atroz homicidio de Cristina Isabel Rodríguez Cano, de 25 años, y su hijo de tan solo 14 meses, en hechos ocurridos este jueves 4 de septiembre en la vereda Mérida.Cristina llegó a su casa con su pequeño en brazos sin imaginar que allí la esperaba la tragedia, un hombre, identificado como Víctor Camacho Suárez, de 20 años, se encontraba dentro de la vivienda intentando robar algunas pertenencias. Ella lo enfrentó, pero el joven reaccionó con violencia desmedida. Armado con un machete atacó sin piedad a la mujer, al bebé y hasta a la mascota de la familia.El dolor fue inmediato y profundo. Cristina y su hijo murieron en el lugar producto de múltiples heridas. El presunto homicida huyó en la motocicleta del esposo de la víctima, pero la Policía lo interceptó y capturó poco después.El esposo de Cristina, Luis Alfredo Veleño, hoy enfrenta el drama de despedir a su esposa y a su hijo, oriundos de Valledupar, la pareja había llegado a Santander en busca de mejores oportunidades, pero la violencia les arrebató su sueño de progreso.“Ellos vinieron a San Vicente de Chucurí a buscar una manera de subsistir, salir adelante y, desafortunadamente, pasó esto. Requerimos un apoyo para hacer el traslado a la ciudad y por eso hacemos un llamado de colaboración a los santandereanos”, expresó en medio del dolor a través de la emisora comunitaria San Vicente Estéreo.La familia pide ayuda para trasladar los cuerpos hasta Valledupar, Cesar, donde recibirán sepultura. Para quienes deseen solidarizarse, se habilitó la cuenta Nequi 320 465 9720.El crimen ha despertado la indignación de las autoridades y la ciudadanía. Desde la Gobernación de Santander, el director de Seguridad y Convivencia, Douglas Javier Arenas, pidió que la justicia actúe con firmeza.“Solicitamos a todos los entes contundencia con este presunto asesino. Que caiga todo el peso de la ley sobre quienes asesinaron a esta mujer y a este niño. Nos entristece mucho esta noticia y acompañamos a la comunidad chucureña en este doloroso momento”, señaló el funcionario.Mientras tanto, el presunto homicida será presentado en las próximas horas ante un juez de control de garantías, en audiencias concentradas adelantadas por la Fiscalía.En San Vicente de Chucurí, la noticia ha sacudido a los habitantes, vecinos y allegados recuerdan a Cristina como una mujer trabajadora, dedicada a su hogar y a su pequeño hijo, en redes sociales y emisoras locales se han multiplicado los mensajes de solidaridad hacia la familia, así como los llamados para que no quede impune este doble crimen que enluta a toda una región.
La secretaria de Salud de Bucaramanga, Claudia Amaya, advirtió que la no aprobación de las vigencias futuras excepcionales por parte del Concejo Municipal pondría en riesgo la continuidad de programas esenciales de salud a partir de 2026.En entrevista con Blu Radio, la funcionaria explicó que esta figura no es exclusiva de la actual administración, sino un mecanismo legal que utilizan todas las alcaldías y gobernaciones para garantizar la prestación de servicios sin interrupciones.“La figura de vigencias futuras no es un invento de esta administración, es legal y siempre se ha usado para no suspender servicios esenciales. En salud, por ejemplo, si no se aprueban, no tendríamos quién regule las ambulancias en accidentes de tránsito, ni la línea de salud mental que funciona 24/7. La unidad de bienestar animal se quedaría sin veterinarios ni alimentación para los animales, y el centro de acopio de vacunas no podría operar como exige el Ministerio de Salud”, señaló Amaya.Entre otros programas que quedarían en riesgo también la vigilancia epidemiológica, clave en el control de brotes de dengue o fiebre amarilla, y el Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) que se contrata con el Isabú.Frente a las dudas expresadas por algunos concejales sobre la legalidad de esta figura, Amaya aseguró que los equipos jurídicos de la administración han aclarado que los secretarios están habilitados como ordenadores del gasto, por delegación del alcalde.“Si el Concejo decide no aprobar las vigencias futuras, serán ellos quienes deban responder por los muertos y por las dificultades que se generen en la prestación de los servicios de salud de los bumangueses”, advirtió la funcionaria.La administración municipal insiste en la necesidad de que el Concejo convoque sesiones cuanto antes, pues los tiempos para adelantar los trámites son limitados y la continuidad de los programas depende de esta decisión.
Un hombre fue rescatado este jueves tras caer por un precipicio de aproximadamente 30 metros en la vereda Butaregua, jurisdicción de Barichara, Santander. La víctima sufrió múltiples fracturas y laceraciones.En la operación participaron cuatro unidades del Cuerpo de Bomberos de Barichara, cuatro de Villanueva, además de miembros de la comunidad y la Policía Nacional. El rescate se prolongó durante varias horas debido a lo agreste del terreno y la dificultad para acceder al lugar.Los socorristas lograron estabilizar al herido en el sitio y lo trasladaron en una camilla especial tipo capullo.Posteriormente, fue conducido en ambulancia de Bomberos Barichara, acompañada por personal de enfermería, hasta el centro de salud de Villanueva, donde recibió atención médica.Las autoridades destacaron el trabajo conjunto y la rápida respuesta que permitió salvar la vida del afectado pese a la complejidad de la emergencia.
En un operativo de control realizado en vías de acceso al departamento de Santander, las autoridades capturaron y expulsaron a un ciudadano extranjero señalado de pertenecer a la organización delictiva internacional AK-47. El hombre se movilizaba en un bus de servicio intermunicipal que cubría la ruta Cúcuta – Bucaramanga.De acuerdo con la Secretaría del Interior de Santander, el hombre tenía un extenso prontuario criminal y fue identificado durante la inspección gracias a tatuajes alusivos a armas de fuego, entre ellos un fusil AK-47, símbolo de la banda transnacional.“El trabajo coordinado entre Migración Colombia, la Policía Nacional y el Ejército permitió ubicar a este individuo y entregarlo a las autoridades competentes en Venezuela. Este resultado evidencia la importancia de los puntos de control que hemos dispuesto en el área metropolitana de Bucaramanga, donde seguiremos actuando con firmeza para garantizar la seguridad de los santandereanos”, afirmó el secretario del Interior, Oscar Eduardo Hernández.El alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, también destacó la operación a través de su cuenta en la red social X:“Gracias a los operativos migratorios que ejercemos con Policía, Ejército, Tránsito, Secretaría del Interior y Migración, fue capturado un hombre de nacionalidad venezolana con antecedentes judiciales en Colombia, y con tatuajes alusivos a la banda criminal transnacional AK-47”.El ciudadano extranjero fue entregado a Migración Venezuela para su judicialización en el vecino país. Las autoridades reiteraron que continuarán reforzando los operativos de control migratorio en las entradas y salidas de Santander, con el fin de cerrar el paso a estructuras criminales que buscan asentarse en la región.
Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer la muerte de Jonathan Andrés Badillo Beltrán, un enfermero santandereano de 32 años que fue hallado sin vida en el Hospital Departamental de Granada, en el departamento del Meta, centro asistencial donde trabajaba desde hacía cerca de dos meses.De acuerdo con la información conocida, el profesional de la salud había sido reportado como desaparecido el pasado 28 de febrero, luego de que fuera visto por última vez hacia la 1:00 de la tarde en las instalaciones del hospital.Sin embargo, dos días después, el 2 de marzo, su cuerpo fue encontrado en un baño del mismo centro médico, situación que generó conmoción entre sus compañeros y motivó la apertura de una investigación para determinar las circunstancias de su fallecimiento.Badillo Beltrán era egresado de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Bucaramanga y se había trasladado recientemente al Meta tras obtener un empleo como jefe de enfermería en el área de Urgencias del Hospital Departamental de Granada. Antes de asumir este cargo también había trabajado como enfermero en Bucaramanga.Tras confirmarse el fallecimiento, el hospital emitió un comunicado en el que lamentó lo ocurrido y expresó solidaridad con sus familiares.“El Hospital Departamental de Granada E.S.E. lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro colaborador Jonathan Andrés Badillo Beltrán, quien se desempeñaba como jefe de enfermería en el área de Urgencias de nuestra institución”, señaló la entidad.En el mismo pronunciamiento, la institución indicó que está colaborando con las autoridades para esclarecer lo ocurrido. “Como institución, estamos trabajando de manera articulada con las autoridades competentes para que se adelanten las investigaciones correspondientes y se logre el esclarecimiento de los hechos”, agregó el centro asistencial.Mientras avanzan las indagaciones, familiares, amigos y colegas del profesional de la salud han expresado su dolor por la repentina muerte del enfermero santandereano, recordándolo por su compromiso con el servicio y la atención a los pacientes.
La Electrificadora de Santander informó que a esta hora se presenta afectación en la prestación del servicio de energía en al menos 15 municipios del departamento, debido a un evento no programado en la subestación Barbosa.Según el reporte oficial, las fallas se originaron por fuertes descargas atmosféricas que impactaron transformadores y líneas asociadas a esta infraestructura eléctrica, lo que generó una reacción en cadena en otras subestaciones que reciben energía desde este punto del sistema.Entre las subestaciones afectadas se encuentran Barbosa, Sucre, Vélez, Cimitarra, Puerto Araujo y Landázuri. Inicialmente, también resultaron impactadas las subestaciones de Oiba, Vado Real, Contratación y Charalá; sin embargo, en estos municipios el servicio ya fue restablecido.Actualmente, se mantiene la interrupción del suministro eléctrico en los municipios de Barbosa, Vélez, Guavatá, Bolívar, El Peñón, Chipatá, La Paz, Aguada, Sucre, Florián, La Belleza, Jesús María, Albania, Güepsa, Puente Nacional, San Benito, Cimitarra, Landázuri y Puerto Parra, en la zona sur del departamento.La empresa señaló que personal operativo ya se encuentra realizando inspecciones, validaciones y pruebas técnicas a los equipos afectados, con el propósito de restablecer el servicio en el menor tiempo posible. No obstante, advirtió que las labores se desarrollan en medio de condiciones climáticas adversas, lo que limita la ejecución inmediata de algunas actividades por razones de seguridad.
En la madrugada de este miércoles 4 de marzo falleció Andrés Camilo Polo Serrano, uno de los heridos en la balacera registrada la tarde del martes a las afueras del Cementerio Central de Bucaramanga, cuando asistentes a un sepelio fueron atacados a disparos.El joven, conocido entre sus allegados como “Polo” o “Polito”, había sido trasladado de urgencia a la Clínica Chicamocha tras recibir un impacto de bala en la cabeza. Pese a las maniobras y procedimientos practicados por el personal médico, su estado era crítico y finalmente se confirmó su deceso horas después.El ataque ocurrió hacia las 3:40 de la tarde, cuando Polo Serrano salía del camposanto luego de participar en las exequias de Alejandrina Gaona Lizarazo, mujer de 50 años asesinada el pasado fin de semana en el barrio Estoraques. En ese momento, hombres armados abrieron fuego contra quienes se encontraban en el lugar, generando pánico entre familiares y asistentes.Las autoridades informaron que el presunto responsable del atentado fue capturado y quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su judicialización.Entretanto, la violencia no dio tregua en el área metropolitana. En el barrio Colorados, al norte de Bucaramanga, se reportó otro homicidio con arma de fuego, mientras que en el sector La Cumbre, en Floridablanca, una persona fue asesinada con arma blanca. Estos hechos son materia de investigación por parte de las autoridades, que buscan establecer si guardan relación entre sí o con otros episodios recientes.La Policía Metropolitana reforzó la presencia en los sectores afectados e hizo un llamado a la ciudadanía para aportar información que permita esclarecer estos crímenes.
El Consejo Académico de la Universidad Industrial de Santander (UIS) rechazó de manera categórica los actos de violencia e intimidación protagonizados por personas encapuchadas que, en la tarde de este martes, ingresaron a algunos salones de la Facultad de Ciencias con el propósito de obligar a los estudiantes a abandonar las clases y sumarse a una jornada de protesta.A través de un comunicado oficial, la institución señaló que estos hechos constituyen una vulneración a los principios fundamentales que orientan la vida universitaria y representan un atentado contra la paz y el normal desarrollo de las actividades académicas.“El Consejo Académico rechaza de manera categórica los actos de violencia, intimidación y agresión perpetrados (…) por personas encapuchadas contra miembros de la comunidad universitaria”, indicó la universidad, al advertir que el campus no puede convertirse en un escenario de hostigamiento ni de vulneración de las libertades y los derechos humanos.De acuerdo con lo conocido, los encapuchados intentaron presionar a estudiantes para que salieran de sus aulas y se unieran a la protesta. En uno de los casos, un docente enfrentó a los desconocidos cuando ingresaron a su clase y defendió el derecho de sus alumnos a continuar con la jornada académica.Los representantes de los profesores ante los órganos de gobierno universitario respaldaron la actuación del maestro, calificándola como valiente y coherente con la defensa de la autonomía académica y el derecho a la educación.En su pronunciamiento, el Consejo Académico reiteró que este tipo de conductas ponen en riesgo la integridad de la comunidad universitaria y afectan los espacios físicos y de convivencia que sostienen la vida académica y social de la institución.
El gremio de taxistas que presta servicio en el Aeropuerto Internacional Palonegro anunció un plan tortuga para este viernes 6 de marzo desde las 4:30 de la mañana, en protesta por el presunto incumplimiento de la Resolución 10025 del 3 de octubre de 2024, expedida por la Superintendencia de Transporte.Según los conductores, la norma establece que las terminales terrestres y aéreas del país no pueden cobrar a los taxistas por permitir la prestación del servicio público dentro de sus instalaciones, y deben garantizar la libre escogencia por parte de los usuarios.Ángel García, presidente del sindicato de taxistas del Aeropuerto Palonegro y directivo de la Asociación de Transportadores del aeropuerto, aseguró que llevan 17 meses esperando que se haga cumplir la resolución.“Necesitamos que se le haga caso a la resolución de la Supertransporte. Llevamos 17 meses esperando. Mientras tanto el gremio que no hace parte del consorcio sigue siendo perseguido, sancionado y sin garantías para trabajar”, afirmó.El dirigente señaló que actualmente existe un consorcio denominado Taxiaeropuerto, cuyos integrantes pagan una mensualidad de 90.000 pesos y son los únicos que pueden parquear en las zonas azules habilitadas dentro del aeropuerto. Según García, esto vulneraría el principio de igualdad consagrado en la resolución.“La norma dice que no se le puede cobrar a los taxistas por trabajar y que todos tenemos el mismo derecho. Si alguien quiere pagar para hacer parte de un consorcio, que lo haga, pero no pueden excluir a los demás. Solo pedimos que se aplique la ley”, agregó.De acuerdo con el vocero, también denuncian la falta de bahías o zonas amarillas para quienes no pertenecen al consorcio, además de presuntas sanciones y restricciones de ingreso.El plan tortuga se desarrollará sobre la vía que del municipio de Girón conduce al aeropuerto Palonegro desde primeras horas de la mañana. Los convocantes señalaron que la protesta será pacífica y que buscan llamar la atención de las autoridades competentes para que intervengan y definan la situación.
A pocos días de la jornada electoral del 8 de marzo, en Santander hay 112 puestos de votación en 31 municipios donde partidos políticos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos no han inscrito testigos electorales.El panorama se presenta en medio de un proceso que en el departamento contempla 5.954 mesas de votación distribuidas en 825 puestos habilitados en 87 municipios, para un potencial electoral de 1.867.345 ciudadanos.Ante esta situación, el Consejo Nacional Electoral amplió el plazo para la inscripción de testigos. A través de la Resolución 1202 del 1 de marzo de 2026, la autoridad electoral extendió el término hasta este jueves 5 de marzo a las 11:59 p.m.Sergio Hernández Moreno, apoyo territorial del CNE en Santander, explicó que la decisión busca garantizar la vigilancia del proceso democrático.“El Consejo Nacional Electoral amplió el plazo hasta el 5 de marzo a las 11:59 de la noche para que las agrupaciones políticas postulen a sus testigos electorales. Es importante recordar que ellos son los veedores del ejercicio democrático y representan a los partidos y movimientos que inscribieron candidatos”, señaló.Los testigos electorales cumplen una función clave durante la jornada, ya que verifican la instalación de mesas, presencian la apertura de urnas, acompañan el escrutinio y revisan el diligenciamiento de los documentos oficiales, actuando como garantes de transparencia en nombre de las organizaciones políticas.De acuerdo con el informe del CNE, los municipios donde no se han registrado testigos incluyen Albania, Betulia, Bolívar, Bucaramanga, California, Cepitá, Cerrito, Charta, Cimitarra, Concepción, Curití, El Carmen de Chucurí, El Playón, Enciso, Florián, Gámbita, Girón, Guaca, Jesús María, Jordán, Lebrija, Molagavita, Puente Nacional, Rionegro, San Andrés, San José de Miranda, San Vicente de Chucurí, Socorro, Sucre, Suratá y Santa Helena del Opón.La postulación debe realizarse a través de la Plataforma Única de Postulación y Acreditación de Actores Electorales, herramienta habilitada para que los partidos registren a sus testigos y demás actores autorizados.Desde el CNE reiteraron el llamado a las organizaciones políticas para que aprovechen la ampliación del plazo y eviten que haya mesas sin representación durante los comicios.
Momentos de tensión se vivieron en la Facultad de Ciencias de la Universidad Industrial de Santander, luego de que encapuchados irrumpieran en un salón de clases con la intención de suspender las actividades académicas. Dos videos que circulan en redes sociales evidencian la confrontación entre un docente, varios estudiantes y las personas que intentaban desalojar el aula.En el primer video se observa cuando tres encapuchados ingresan al salón mientras el profesor les impide el paso. “Usted no puede ingresar al salón”, les dice el docente, mientras uno de ellos responde: “Vamos saliendo, por favor”. En medio del forcejeo, el profesor empuja para evitar que avancen, al tiempo que los encapuchados también lo empujan.“Ustedes no pueden venir a irrespetar el salón así, ya le dije”, insiste el docente. Una de las encapuchadas, al parecer una mujer, exige: “Ustedes se me salen”. El profesor responde reiteradamente “no señora, no señora” y luego “no señor”, cuando otro de los encapuchados vuelve a ordenar que abandonen el lugar. Finalmente, los tres salen del aula sin lograr suspender la clase.En un segundo video, grabado en las escaleras y un pasillo del mismo edificio, se aprecia a varios estudiantes confrontando a un encapuchado. Allí, los jóvenes cuestionan su actuar y se niegan a abandonar las actividades académicas. “Aquí nos quedamos, y nos quedamos para cuidar las cosas”, se escucha decir a uno de los estudiantes, mientras que el encapuchado insiste en que deben desalojar.Según se conoció, los encapuchados que ingresaron al campus lanzaron papas bomba, realizaron grafitis y causaron daños en algunos vidrios, en el marco de acciones para conmemorar el hallazgo de los restos del sacerdote y exguerrillero Camilo Torres Restrepo, para manifestar inconformidad por la no aprobación de algunas reformas en el Congreso y por la cercanía del Día Internacional de la Mujer.Hasta el momento, las directivas universitarias no han emitido un pronunciamiento oficial sobre los hechos.
La confirmación de un caso positivo de sarampión en Bucaramanga, correspondiente a un hombre de 35 años con antecedente de viaje internacional, encendió las alertas sanitarias en el departamento. Aunque en Barrancabermeja no se reportan contagios, las autoridades reforzaron las acciones de prevención y vigilancia epidemiológica.De acuerdo con la Secretaría Distrital de Salud, el caso fue catalogado como importado y activó los protocolos de aislamiento y seguimiento de contactos por parte de las autoridades sanitarias. Frente a este panorama, el Distrito reiteró el llamado a la comunidad para revisar y completar los esquemas de vacunación.Andrés Manosalva Camargo, secretario de Salud de Barrancabermeja, aseguró que se mantienen activas las acciones en el marco del Programa Ampliado de Inmunización y la vigilancia epidemiológica articulada con el departamento y el Instituto Nacional de Salud.“Es fundamental que todos los menores cuenten con su esquema completo de vacunación y que los adultos que no tengan claridad sobre su carné se apliquen una dosis de refuerzo. En nuestro territorio contamos con los biológicos suficientes y no se registran casos autóctonos; los reportados en el país han sido importados. El llamado es a prevenir y proteger a toda la población”, señaló el funcionario.El esquema de vacunación contra el sarampión inicia a los 12 meses de edad y contempla una segunda dosis a los 18 meses. Asimismo, niños y niñas menores de 5 años, población hasta los 10 años, adolescentes y adultos hasta los 59 años que no tengan registro o no recuerden su estado vacunal, deben acercarse al punto de vacunación más cercano para completar su esquema.El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite por el aire a través de gotas respiratorias cuando una persona infectada tose o estornuda. Entre los síntomas más comunes están fiebre alta, tos, congestión nasal, ojos enrojecidos y erupción en la piel.Las autoridades reiteraron que la vacuna triple viral (SRP), que protege contra sarampión, rubéola y paperas, está disponible en todos los puntos de vacunación del Distrito.
Dos personas de 18 y 28 años resultaron heridas tras un ataque con arma de fuego ocurrido en la calle 44 con carrera 14, sector del parque Romero, en hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades de Bucaramanga. Uno de los heridos es un motociclista que fue impactado por una bala perdida. "Trabaja como domiciliario en la zona de las flores", dijo un testigo. De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el hecho se presentó cuando individuos que se movilizaban en motocicleta realizaron varios disparos contra personas que se encontraban en un funeral, frente al Cemeterio Central. "Habían terminado de dejar en el cementerio a una mujer que fue asesinada a tiros el fin de semana en la ciudad", señalaron algunas personas que estaban en el lugar. Las víctimas fueron trasladadas de manera inmediata a un centro asistencial de Bucaramanga, donde reciben atención médica. "Gracias a la rápida reacción del Modelo de Servicio de Policía Orientado a las Personas y los Territorios (MSPOT), uniformados lograron la captura de un hombre de 24 años, presuntamente vinculado al hecho. Al capturado se le incautó un revólver con 10 cartuchos y fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones", afirmó el coronel Héctor García, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga. El ataque estaría relacionado con una presunta 'guerra' entre bandas del microtráfico del barrio Estoraques de la capital santandereana. "Este es el bandido que disparó contra varias personas en el Parque Romero. Fue capturado", escribió el alcalde Cristian Portilla, en sus redes sociales. Las autoridades señalaron que la oportuna intervención permitió controlar la situación y evitar una mayor afectación contra la vida, mientras avanzan las labores investigativas para esclarecer lo ocurrido y determinar posibles responsabilidades adicionales.
La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad general por ocho años y tres meses al concejal de Suratá Jorge Ramiro Blanco Esteban, tras comprobar que vulneró el régimen de inhabilidades establecido para servidores públicos.Blanco Esteban, quien hacía parte del Partido Colombia Renaciente, movimiento político local inscrito en Santander, fue elegido para el periodo 2024-2027. El partido, con representación en distintos municipios de la región, ha tenido presencia en cabildos locales en el departamento, promoviendo agendas de desarrollo comunitario y gestión territorial.Según el ente de control, el concejal fue elegido y se posesionó pese a que dentro de los 12 meses anteriores a los comicios su hermano ocupó cargos con autoridad política, civil y administrativa en la misma administración municipal.La investigación disciplinaria estableció que el familiar se desempeñó primero como secretario General y de Gobierno y, posteriormente, fue designado como alcalde encargado durante 2023. Estos cargos implicaban funciones de dirección y toma de decisiones, lo que, de acuerdo con la normativa vigente, configura una inhabilidad por parentesco para aspirar a un cargo de elección popular en la misma jurisdicción.En fallo de primera instancia, la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Bucaramanga calificó la conducta como gravísima a título de culpa gravísima, al considerar que el concejal tenía el deber de conocer las restricciones legales antes de inscribirse como candidato.El régimen de inhabilidades busca prevenir conflictos de interés y garantizar transparencia en la administración pública, evitando que familiares cercanos de funcionarios con poder de decisión accedan simultáneamente a cargos de elección o autoridad dentro del mismo territorio.La sanción implica la destitución inmediata del cargo y la prohibición de ejercer funciones públicas en cualquier entidad del Estado durante más de ocho años.