La explotación ilegal de oro en zona rural de Sabana de Torres dejó al descubierto un nuevo foco de daño ambiental en Santander. Dos personas fueron capturadas en flagrancia cuando, según las autoridades, extraían entre 18 y 20 gramos diarios del mineral mediante maquinaria de dragado instalada sobre una fuente hídrica.El operativo fue adelantado por tropas del Ejército Nacional de Colombia, a través del Batallón de Infantería No. 40 Coronel Luciano D’Elhuyar, en coordinación con la Policía Nacional de Colombia, tras varios meses de labores de inteligencia que permitieron ubicar el punto de extracción clandestina en la vereda Aguas Claras.Durante la intervención, los uniformados incautaron y destruyeron cuatro motobombas y una draga utilizadas para remover sedimentos del río y separar el oro, actividad que genera contaminación y graves afectaciones a los ecosistemas.El coronel Mario Andrés Poveda Carreño, comandante del batallón, explicó que la operación permitió frenar una actividad que se venía desarrollando de manera intermitente desde hace más de un año.“Mediante actividades de inteligencia se logró la destrucción del material empleado para el dragado, preservando el medio ambiente en el departamento. Se estima que los mineros ilegales sacaban entre 18 y 20 gramos de oro por día”, indicó el oficial.Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía por el delito de explotación ilícita de yacimientos mineros, mientras las autoridades anunciaron que continuarán reforzando los operativos para combatir la minería ilegal y proteger los recursos naturales del departamento.
En menos de 48 horas, dos adultos y dos niños resultaron heridos tras caer en campos minados en la región del Catatumbo. El caso más grave es el de una madre que se dirigía a la escuela con sus dos hijos.El primer hecho se registró en la vereda Miramontes, del corregimiento Pachelí. Allí, María Aleyda Guerrero, de 40 años, se desplazaba con sus hijos de 9 y 10 años hacia una reunión escolar cuando activaron un artefacto explosivo. Los tres resultaron heridos y fueron trasladados a un centro asistencial en Cúcuta, donde reciben atención médica.Por medio de un comunicado, el Ministerio de Educación Nacional rechazó lo ocurrido y señaló: “El Ministerio de Educación Nacional expresa su más profunda indignación y rechazo ante el doloroso incidente ocurrido en la vereda Miramontes, donde María Guerrero, madre de familia, y sus dos hijos, Juan Sebastián Durán Guerrero y Yendry Mileidy García Guerrero, estudiantes de la Institución Educativa Horacio Olave Velandia, resultaron víctimas de la activación de una mina antipersonal”.Agregó, además: “Manifestamos nuestra absoluta solidaridad con las víctimas que sufrieron el impacto físico y emocional de este lamentable hecho, en especial con la madre y sus hijos de 9 y 10 años, estudiantes de tercer y cuarto grado. Desde el primer momento en que se conoció la situación, el Ministerio informó a la AICMA con el fin de activar la ruta de atención a víctimas y se inició la gestión para realizar la capacitación en el riesgo de minas antipersonal dirigida a la comunidad”.Entre tanto, en la vereda Oru 7, del mismo municipio, Yeison Paredes Guerrero, de 32 años, resultó gravemente herido tras pisar uno de estos artefactos, lo que le provocó la amputación de una de sus extremidades.Ambos hechos fueron rechazados por autoridades y comunidades, que expresan preocupación por el aumento del uso de minas antipersona por parte de grupos armados ilegales en la zona.En lo que va de 2026, el Ejército Nacional, en Norte de Santander, ha destruido 43 artefactos explosivos que estarían siendo instalados en inmediaciones de instituciones educativas.
Las fuertes lluvias que no dan tregua en Santander mantienen en alerta máxima a las autoridades y comunidades; inundaciones, tormentas eléctricas, deslizamientos y el desbordamiento de ríos han provocado emergencias en distintas zonas del departamento, dejando hasta el momento más de 500 personas damnificadas.Ante la magnitud de las afectaciones, 18 municipios declararon la calamidad pública para agilizar la atención humanitaria, habilitar albergues temporales y gestionar recursos para la recuperación de las zonas impactadas.Entre los territorios más golpeados se encuentran Lebrija, Sabana de Torres, Rionegro, El Playón, Confines, Cimitarra, Charalá, Carcasí, Coromoro, Molagavita, Puerto Parra y San Joaquín, donde se reportan viviendas anegadas, cultivos perdidos y vías bloqueadas por caída de rocas y derrumbes.Las emergencias también han dejado incomunicadas varias veredas y corregimientos debido al colapso de carreteras secundarias y terciarias, lo que dificulta el ingreso de ayudas.Desde la Oficina de Gestión del Riesgo departamental, su director, Eduard Sánchez, advirtió que las precipitaciones continuarán en los próximos días y reiteró el llamado a las comunidades ribereñas a evitar actividades cerca de los ríos ante el riesgo de crecientes súbitas.“Nos mantenemos acompañando a las comunidades. Las lluvias persisten y las inundaciones representan un peligro constante para las familias. Hay monitoreo del afluente en los principales ríos, sobre todo del río Lebrija, que es el que ha dejado un sinnúmero de afectaciones en el municipio que lleva su mismo nombre y en otros aledaños”, señaló el funcionario.De igual manera, hizo un llamado a la solidaridad para donar elementos no perecederos, colchonetas, frazadas y demás kits de aseo para poder suplir las necesidades de las familias damnificadas.Mientras tanto, decenas de personas permanecen en albergues temporales a la espera de ayudas humanitarias, en medio de una temporada invernal que ya es considerada una de las más fuertes de los últimos años en el departamento.
En la mañana de este sábado 14 de febrero, los colombianos se despertaron con un leve susto, luego de que varios habitantes del nororiente del país vivieran un sismo de magnitud 4.1 que se registró a las 6:21 a. m. De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el epicentro fue en el departamento de Santander, con una profundidad de 149 kilómetros, en el municipio de Los Santos.Por fortuna, no se reportan daños materiales ni personas lesionadas. El temblor fue percibido en Bucaramanga y otros municipios del área metropolitana. Como es habitual, decenas de ciudadanos acudieron a la plataforma “Sismo Sentido” del SGC para indicar si lo habían notado.Fuerte sismo de magnitud 4.1 se registró esta mañana en ColombiaEl evento ocurrió en una de las zonas con mayor actividad sísmica del país. Los Santos hace parte del llamado “Nido Sísmico de Bucaramanga”, reconocido por su constante actividad telúrica.Por su magnitud y profundidad —149 kilómetros— el movimiento se sintió de manera leve a moderada. Este tipo de sismos profundos, aunque pueden abarcar un área amplia, suelen generar menor impacto en superficie.Hasta el momento, las autoridades de gestión del riesgo mantienen monitoreo permanente y reiteran que no se registran afectaciones.¿Qué hacer antes, durante y después de un sismo?La prevención sigue siendo clave. Las recomendaciones oficiales incluyen:Antes de un sismo:Identificar zonas seguras dentro de la vivienda.Asegurar objetos que puedan caer.Tener un kit de emergencia con linterna, radio, agua y botiquín.Definir un plan familiar de evacuación.Durante el sismo:Mantener la calma.Aplicar la regla “agáchese, cúbrase y sujétese”.Alejarse de ventanas y objetos inestables.En la calle, buscar espacios abiertos.Después del sismo:Verificar el estado de las personas.Revisar posibles fugas de gas o daños estructurales.Estar atentos a réplicas.Informarse por canales oficiales.
Pese a la reciente decisión del Consejo de Estado de suspender el decreto que fijó el salario mínimo para 2026, los trabajadores colombianos que devengan este ingreso recibirán su pago del 15 de febrero con el aumento del 23.7%. La medida cautelar del alto tribunal no tiene efectos inmediatos sobre los pagos de nómina ya procesados, garantizando la estabilidad económica de los empleados en el corto plazo.Según el texto del Consejo de Estado, el Gobierno nacional dispone de un plazo de ocho días calendario para expedir un nuevo decreto que sustituya al actual. Mientras ese nuevo acto administrativo no sea publicado oficialmente, el incremento decretado en diciembre de 2025 sigue siendo la única base legal para la liquidación de salarios.La orden del Consejo de Estado es clara al señalar que el Gobierno debe realizar, expedir y publicar un nuevo decreto transitorio. Este proceso administrativo otorga una ventana de tiempo en la que el Decreto 1469 de 2025 sigue vigente para efectos de la primera quincena de febrero. Las empresas, que ya tienen sus procesos de nómina cerrados o en curso para este corte, deben cumplir con el pago de los $2.000.000 (incluyendo auxilio de transporte).En pocas palabras, es una medida cautelar que ordena un nuevo decreto, pero los efectos de la suspensión no pueden ser retroactivos sobre derechos ya causados. Esto significa que el dinero que ingrese a las cuentas de los trabajadores este fin de semana está protegido legalmente.Plazo de ocho días para el nuevo salario mínimoEl tribunal ordenó que el Ejecutivo fije un "porcentaje transitorio" de aumento en un plazo máximo de ocho días tras la notificación. Esta nueva cifra deberá basarse estrictamente en criterios técnicos como la inflación y la productividad, alejándose del criterio político que llevó al incremento del 23.7 %."ORDENAR a las entidades demandadas que, dentro de los ocho (8) días calendario (...) expidan y publiquen un decreto en el que se fije el porcentaje transitorio de aumento del salario mínimo legal para el año 2026", se lee en el fallo del Consejo de Estado.Para los 2.4 millones de colombianos que ganan el mínimo, la noticia de la suspensión generó temor sobre posibles descuentos. Sin embargo, al tratarse de un pago bajo un decreto que aún no ha sido reemplazado oficialmente, el monto recibido este 15 de febrero es un derecho adquirido. La incertidumbre real comenzará para la quincena del 28 de febrero, fecha en la que el nuevo decreto, con un aumento previsiblemente menor, ya debería estar en vigencia.
El senador y precandidato presidencial Iván Cepeda Castro reaccionó públicamente a la suspensión provisional del decreto que fijaba el aumento del salario mínimo, decisión adoptada por el Consejo de Estado. A través de su cuenta en la red social X, el congresista calificó la medida como “arbitraria y regresiva” y aseguró que representa un golpe contra las políticas sociales impulsadas por el Gobierno.La suspensión —que ordena la expedición de un nuevo decreto transitorio mientras se estudia de fondo la legalidad del incremento— ha generado reacciones políticas y económicas. Cepeda enmarcó su pronunciamiento en la defensa del llamado “salario vital”, concepto promovido por el Ejecutivo como parte de su política social.“Rechazo la regresiva suspensión del salario vital”En su publicación, el senador manifestó un rechazo frontal a la decisión judicial y sostuvo que esta impacta directamente a los sectores trabajadores del país. Según escribió, la suspensión constituye un “nuevo atentado contra las políticas sociales del gobierno nacional y del presidente Gustavo Petro, que buscan el bienestar y el progreso para las trabajadoras y los trabajadores de Colombia”.Cepeda agregó que la determinación judicial —en su criterio— evidencia resistencia frente a la ampliación de derechos para sectores históricamente afectados por la desigualdad. En ese sentido, afirmó que este tipo de decisiones favorecen la reproducción de brechas sociales.Llamado a la movilización socialEl congresista también advirtió que la suspensión podría generar rechazo ciudadano. En su mensaje señaló que el país atraviesa un momento de transformación social y que la decisión será respondida con movilización pública.“Se equivocan en materia grave: el país cambió. Esta arbitraria suspensión tendrá el más fuerte rechazo, que se expresará en las calles y en la movilización social”, escribió. El pronunciamiento se suma al debate nacional abierto tras la medida cautelar que pausó los efectos del incremento salarial. Mientras sectores jurídicos y económicos analizan las implicaciones técnicas del fallo, voces políticas comienzan a posicionarse frente a su impacto social y simbólico.Debate abierto sobre el salario mínimoLa suspensión provisional mantiene vigente el salario actual mientras el Gobierno emite un nuevo decreto que cumpla los parámetros técnicos exigidos por la ley. El caso ha puesto en el centro de la discusión la relación entre decisiones judiciales, política económica y derechos laborales.
La decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el decreto que fijó el aumento del 23,78 % del salario mínimo para 2026 abrió un intenso debate jurídico, económico y político en el país. Durante el análisis del auto, el director del servicio informativo de Blu Radio, Ricardo Ospina destacó un punto determinante contenido en el numeral cuarto de la providencia. Allí se establece expresamente que la suspensión provisional no tendrá efectos retroactivos sobre las obligaciones y derechos que se hayan calculado con base en el salario mínimo fijado para 2026, siempre que estos se hayan causado o pagado antes de la expedición del nuevo acto administrativo que deberá emitir el Gobierno.En términos prácticos, esto significa que los salarios, mesadas pensionales y demás pagos indexados que se liquidaron con el incremento del 23,78 % —por ejemplo, los pagos correspondientes a enero— no deberán ser reintegrados por los trabajadores.No habrá descuentos sobre lo ya pagadoEn la discusión radial se planteó la preocupación de si, tras la suspensión del decreto, podría ordenarse la devolución de los montos adicionales pagados. La respuesta fue clara: no.“Quiere decir que lo que pagaron en enero no toca devolver el incremento”, se explicó durante el debate. El alcance jurídico inmediato de la medida es hacia futuro. Es decir, la suspensión opera desde el momento en que se expide y no afecta situaciones jurídicas ya consolidadas.Algunos analistas señalaron que existe una “situación jurídica consolidada” para quienes ya empezaron a recibir el nuevo salario. Una persona que actualmente devenga alrededor de 1'750.905 pesos —cifra aproximada del salario mínimo sin el bono de transporte— tiene un derecho ya causado por los días trabajados y pagados bajo esa norma vigente en su momento.Incluso, más allá del plano jurídico, se advirtió que sería políticamente complejo y socialmente inviable reducir el ingreso de trabajadores que ya ajustaron sus gastos a la nueva cifra.No obstante, el debate no termina allí. Más allá de que no habrá devolución de lo pagado, economistas y panelistas señalaron que el incremento generó efectos en cadena en la economía.El aumento cercano al 24 % impactó precios en restaurantes, servicios y otros bienes indexados al salario mínimo. La pregunta que surge ahora es si, ante un eventual nuevo decreto con una cifra menor, esos precios volverán a bajar. La experiencia indica que los ajustes al alza suelen trasladarse rápidamente al consumidor, pero no necesariamente ocurre lo mismo en sentido contrario.También se mencionó el impacto fiscal. Cada punto porcentual que el salario mínimo aumentó por encima de la inflación —que fue del 5,10 % el año pasado— representaba un costo significativo para el Estado, especialmente en el régimen de prima media pensional. La diferencia entre inflación y el incremento decretado implicaba varios billones de pesos adicionales en obligaciones fiscales.¿Qué sigue ahora?El Consejo de Estado ordenó al Gobierno expedir un nuevo decreto, esta vez sustentado con una valoración cuantificada y explicada de las variables económicas consideradas, incluyendo inflación y crecimiento.El Ejecutivo podría volver a fijar una cifra similar si logra justificarla técnicamente, o establecer un aumento diferente. Mientras tanto, la certeza jurídica es una: no habrá descuentos a trabajadores por lo ya recibido tras la suspensión del aumento del salario mínimo.La discusión continúa, pero el bolsillo de quienes ya cobraron el incremento no se verá afectado retroactivamente.
Ingrid Betancourt se refirió a la polémica que se ha desatado con Sofía Gaviria, quien es la cabeza de lista al senado por el partido Oxígeno, Betancourt aseguró que hubo al menos tres episodios que generaron diferencias con Gaviria."La primer diferencia con Sofía Gaviria fue porque en el Congreso de la Republica agredió y amenazó a un Policía luego de ella violar la seguridad del Capitolio. No respeta reglas básicas ni normas que sí respetamos los ciudadanos de a pie. La segunda fue por la campaña de comunicación donde cuestionábamos al Gobierno de Gustavo Petro y promovíamos que dejáramos la violencia física, verbal y digital, y castigáramos a la izquierda en las urnas. Ella quería que la campaña fuera de vallas por todo el país con su cara. Respetable pero inviable", explicó Betancourt.Además es importante recordar que Gaviria estaba evaluando la posibilidad de renunciar a su aspiración al Senado, Betancourt también se refirió al tema."La renuncia la tiene lista hace días. La filtró ayer a varios periodistas que esta mañana me llamaron a consultarme por su renuncia. Utilizaba a los medios para generar presiones en el Partido y se cumplieran sus caprichos personales. Es triste tener que decirlo. Seguimos sin ella!", agregó la directora del partido Oxígeno.Es importante recordar que el material electoral ya se encuentra en proceso de impresión y empezará la distribución en los próximos días, por eso si algún candidato renuncia sus votos se le contarán al partido al que pertenece.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, calificó como "inhumana" y "sorprendente" la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el aumento del salario mínimo del 23.7 % para el año 2026. Según el funcionario, el alto tribunal ignoró los términos procesales y puso en riesgo el ingreso de millones de colombianos que ya perciben lo que el Gobierno denomina un "salario vital".En una entrevista con Mañanas Blu, Sanguino denunció que la justicia administrativa tomó la decisión antes del 24 de febrero, fecha límite que tenía el Ejecutivo para presentar sus argumentos técnicos. "Es jugar con los sueños y los ingresos de la gente desde los cómodos sueldos que se ganan los magistrados", afirmó el ministro, señalando que la medida impacta directamente a soldados, aprendices del SENA y médicos internos.El jefe de la cartera laboral defendió la cifra del 23.7 %, argumentando que no se trata de una decisión caprichosa, sino de un modelo de redistribución del ingreso respaldado por la OIT. Sanguino aseguró que, tras un mes de vigencia del aumento, no se han registrado los efectos inflacionarios ni la pérdida masiva de empleos que sectores empresariales vaticinaban.¿Qué deben hacer las empresas con el pago de la quincena?Ante la incertidumbre jurídica generada por el auto del Consejo de Estado, el ministro Sanguino envió un mensaje de calma a los empleadores respecto a la liquidación de nómina inmediata. El funcionario instó a las empresas a mantener el pago con el aumento del 23.7 %, mientras el Gobierno agota los recursos legales."Yo les aconsejo que calculen la nómina como la calcularon en enero, porque vamos a defender como gato boca arriba el salario vital de los trabajadores", enfatizó Sanguino.Para el Gobierno, esta suspensión representa un nuevo episodio de lo que consideran un "bloqueo institucional" por parte de las cortes y organismos de control. Sanguino sugirió que la decisión tiene matices políticos, especialmente a tres semanas de las elecciones, y advirtió que el Ejecutivo no descarta acciones como una "tutelatón" para proteger lo que consideran un derecho adquirido de los trabajadores colombianos.
Bucaramanga se consolida como referente internacional en salud visual con la realización del XIX Curso Internacional de Oftalmología, un evento académico organizado por la Clínica Foscal que reúne a más de 70 profesores y conferencistas nacionales e internacionales, y cerca de 130 profesionales de la salud.El encuentro, que se desarrolla hasta este viernes, posiciona nuevamente a Colombia en el mapa global del conocimiento médico. Especialistas provenientes de países como Perú, Venezuela, Ecuador, Panamá y República Dominicana participan en este espacio que integra ciencia, tecnología y formación de alto nivel.Desde su creación en 2007, el curso se ha diferenciado de los congresos tradicionales por su enfoque práctico. Además de conferencias especializadas, los asistentes participan en talleres y entrenamientos con equipos de última generación, muchos de ellos recientemente incorporados al país, lo que permite conocer de primera mano los avances que hoy transforman el diagnóstico y tratamiento de enfermedades visuales.Tecnología y formación “hands on”El programa académico abarca todas las áreas de la oftalmología, desde el cuidado básico del ojo hasta técnicas quirúrgicas complejas. Uno de los principales diferenciales es su metodología “hands on”, que facilita la interacción directa con tecnologías médicas avanzadas y la práctica de procedimientos como cirugía refractiva, corrección de catarata, implantes oculares y tratamientos especializados.Entre las novedades de esta edición se destaca la incorporación del simulador virtual de cirugía de catarata EYESI, una plataforma que recrea escenarios quirúrgicos reales y permite evaluar el desempeño médico de manera objetiva. Asimismo, llega al evento el láser de femtosegundo ATOS, tecnología de última generación para procedimientos oftalmológicos.“La Foscal es la tercera institución del país en contar con este equipo, después de centros en Bogotá y Medellín. La intención es que los inscritos tengan acceso a estos avances de manera directa y práctica”, explicó Rubén Berrospi, jefe del Departamento de Oftalmología de la Clínica Foscal, presidente del Grupo Colombiano de Estudios de Superficie Ocular, Córnea y Cirugía Refractiva y director del curso.Invitados de talla mundialEl curso cuenta con la participación de reconocidos especialistas internacionales como el doctor Uday Devgan, referente mundial en cirugía de catarata; el doctor Federico Vélez, vinculado a la Universidad de California en Los Ángeles; la doctora Noemí Roselló, especialista en estrabismo; y el doctor Jesús Merayo, experto en superficie ocular, además de destacados profesionales de distintas regiones de Colombia.
El Ministerio de Educación Nacional expresó su rechazo frente al incidente ocurrido en la vereda Miramonte, donde María Guerrero y sus hijos estudiantes de la Institución Educativa Horacio Olave Velandia, resultaron heridos por la activación de una mina antipersonal.Según informó la entidad, los menores, de 9 y 10 años, cursan tercero y cuarto grado. Tras conocer el caso, el Ministerio notificó a la Acción Integral Contra Minas Antipersonal (AICMA) para activar la ruta de atención a víctimas e inició gestiones para adelantar capacitaciones sobre el riesgo de minas dirigidas a la comunidad.El Ministerio reiteró la obligación de respetar el Derecho Internacional Humanitario, que otorga protección a las escuelas y a los espacios habilitados para la enseñanza en contextos de emergencia, al considerarlos bienes civiles. Señaló que la instalación de minas antipersonal en entornos escolares y en sus vías de acceso vulnera la vida y el derecho a la educación.La entidad indicó que, en el marco de la Política de Gestión Integral del Riesgo Escolar (GIRE), adelanta acciones interinstitucionales para garantizar la continuidad del servicio educativo en condiciones de seguridad. También hizo un llamado a la comunidad educativa para organizar acciones de prevención y estrategias de educación sobre el riesgo de minas, con apoyo del Ministerio.Finalmente, el Ministerio afirmó que la prestación del servicio educativo requiere entornos seguros y reiteró su compromiso de promover medidas que protejan los caminos de acceso a las escuelas.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) abrió un nuevo punto de atención en Bucaramanga con el propósito de fortalecer su presencia en Santander y acercar los servicios electorales a la ciudadanía, partidos y movimientos políticos.La sede, que ya está en funcionamiento desde el 9 de febrero de 2026, está ubicada en la carrera 36 #48-116, en el edificio Color Working, oficinas 14, 15 y 19. El horario de atención es de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.De acuerdo con la entidad, este espacio fue diseñado para brindar atención directa, orientación y acompañamiento a ciudadanos, organizaciones políticas, movimientos y candidatos, permitiendo resolver dudas, recibir información clara y hacer seguimiento a temas relacionados con la participación política y los procesos electorales.Entre los servicios que prestará la nueva sede se encuentran la orientación sobre derechos y deberes políticos; información y acompañamiento en procesos electorales, campañas y normatividad vigente; recepción de inquietudes, solicitudes y denuncias relacionadas con el régimen electoral; así como capacitaciones y jornadas de orientación para partidos y movimientos sobre organización y financiación de campañas.“En ese entendido, la sede física cumple con los requisitos y criterios establecidos en la Constitución Política y las leyes que regulan el acceso al voto y las garantías de las agrupaciones políticas. Nuestro rol como enlaces territoriales es acompañar, apoyar y orientar a las agrupaciones en el uso de la plataforma de postulación y acreditación”, señaló Sergio Hernández Moreno, apoyo en territorio Santander para la plataforma del CNE.Además de la atención presencial, el Consejo Nacional Electoral informó que mantiene habilitada su plataforma digital, a través de la cual los ciudadanos pueden realizar trámites, consultas y acceder a información oficial desde cualquier lugar.
Un aparatoso accidente de tránsito se registró en el norte de Bucaramanga, luego de que una buseta de la empresa Flota Cachira se volcara en el sector del barrio Claveriano.De acuerdo con la información preliminar, el conductor del vehículo perdió el control al parecer por una falla mecánica, lo que provocó que la buseta terminara volcada a un costado de la vía.En el automotor se movilizaban varios pasajeros que, pese a lo impactante del siniestro, lograron salir con vida. Algunos ocupantes presentaron golpes leves y fueron atendidos en el lugar por organismos de socorro que acudieron para brindar asistencia y verificar el estado de salud de los afectados.Las autoridades de tránsito hicieron presencia en la zona para adelantar la inspección correspondiente y establecer con precisión las causas del accidente, mientras que el vehículo fue retirado del sitio para restablecer la movilidad en este sector del norte de la ciudad.El hecho generó momentos de angustia entre los pasajeros y residentes del barrio Claveriano, quienes auxiliaron a los ocupantes tras el volcamiento.
Las autoridades avanzan en la identificación de los dos presuntos responsables del homicidio del tendero Sergio Andrés Suárez, ocurrido el pasado 12 de febrero de 2026 en el barrio Monterredondo, en Bucaramanga.De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bucaramanga, los sujetos estarían implicados en el hurto y posterior asesinato del comerciante, un hecho que ha generado consternación entre los habitantes del sector.La institución hizo un llamado urgente a la ciudadanía para que suministre información que permita identificar plenamente y judicializar a los responsables. Por este caso, las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 10 millones de pesos a quien entregue datos veraces que contribuyan al esclarecimiento del crimen.“La ciudadanía puede brindar información de manera confidencial a través de la línea 317 639 7244 o al correo mebuc.sijin@policia.gov.co”, indicó la Policía en un comunicado oficial.Por su parte, el alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, pidió el respaldo de la comunidad para lograr la captura de los implicados.“Le pido a la ciudadanía que nos ayude a identificar a estos bandidos. Ofrecemos hasta 10 millones de pesos por información que lleve a su captura. Con ayuda de más de 40 cámaras de seguridad públicas y privadas, la Policía trabaja en este objetivo”, afirmó el mandatario.Las autoridades confirmaron que analizan material de más de 40 cámaras de seguridad, tanto públicas como privadas, instaladas en el sector, con el fin de reconstruir la ruta de escape de los delincuentes y consolidar las pruebas que permitan su pronta captura.El asesinato de Sergio Andrés Suárez ha reavivado el debate sobre la seguridad en zonas residenciales y comerciales de la ciudad, mientras familiares, vecinos y comerciantes exigen justicia y mayor presencia institucional en el barrio Monterredondo.
La Procuraduría General de la Nación informó que adelanta vigilancia preventiva al contrato 267 de 2025, correspondiente a la ejecución del Plan Maestro de acueducto y alcantarillado del municipio de Vélez, ante las dificultades reportadas para el ingreso a frentes de obra y los retrasos en el cronograma de actividades.Según informó el ente de control, se viene realizando un seguimiento continuo al desarrollo del proyecto, luego de que se alertara sobre inconvenientes que estarían afectando el normal avance de las obras y generando impactos en la movilidad y en la comunidad.En ese sentido, la Procuraduría señaló que “se requirió al contratista, a la interventoría y a las entidades competentes para que informen y documenten los avances reales de la ejecución, así como los planes de contingencia adoptados y las acciones correctivas implementadas para evitar mayores demoras”.El organismo de control también enfatizó en la necesidad de realizar inspecciones periódicas antes y después de cada jornada laboral, con el fin de prevenir taponamientos, obstrucciones en tuberías y canales, y situaciones de riesgo que puedan derivar en emergencias o daños a terceros.Además, solicitó fortalecer el acompañamiento social al proyecto, garantizando canales efectivos para la atención de peticiones, quejas y reclamos de la ciudadanía. De acuerdo con la entidad, este componente es clave para prevenir conflictos y proteger los derechos colectivos de la población.Finalmente, la Procuraduría advirtió que el incumplimiento de los compromisos adquiridos y de las obligaciones contractuales podría dar lugar a acciones disciplinarias.
Un ejemplar adulto de tigrillo u ocelote (Leopardus pardalis) murió luego de ser atropellado por un vehículo en la vía que comunica a Barrancabermeja con Bucaramanga, hecho que encendió las alertas de las autoridades ambientales por el riesgo permanente que enfrenta la fauna silvestre en este corredor vial.Tras una visita de inspección al sitio del incidente, la Secretaría de Ambiente y Transición Energética identificó tres factores determinantes que contribuyeron a la ocurrencia de este atropellamiento y que requieren intervención inmediata para evitar nuevos casos que atenten contra la biodiversidad del territorio.En primer lugar, se evidenció la presencia de una asfaltera ilegal cerca del punto del siniestro, la cual estaría obstruyendo el cruce natural de fauna, obligando a especies silvestres a exponerse al tránsito vehicular. Como segundo aspecto, se constató que, pese a que el límite de velocidad en el sector es de 60 kilómetros por hora, muchos conductores no respetan esta restricción, incrementando el riesgo de atropellamientos de animales y accidentes de tránsito.Finalmente, la autoridad ambiental reiteró la urgente necesidad de construir cruces de fauna, ya sean elevados o subterráneos, que permitan el desplazamiento seguro de felinos y otras especies. Esta solicitud será elevada ante la Agencia Nacional de Infraestructura y la concesión Ruta del Cacao, responsables del desarrollo y mantenimiento de este importante eje vial.La Alcaldía Distrital de Barrancabermeja anunció que realizará los llamados formales a las entidades competentes para generar acciones contundentes y articuladas que contribuyan a la protección y preservación de la diversa fauna que habita en la región.Las autoridades hicieron un llamado a los conductores para que respeten los límites de velocidad y adopten una conducción responsable, recordando que la protección de la vida silvestre es un compromiso colectivo y una obligación ambiental.
La Alcaldía de Bucaramanga anunció que levantará algunos tramos de la ciclorruta en la ciudad para dar cumplimiento a una sentencia judicial que ordena ajustes en la infraestructura construida en anteriores administraciones. Las intervenciones se realizarán en la carrera 21, entre calles 5 y 55, y en la carrera 35, entre calles 32 y 52.Según explicó el alcalde de Bucaramanga, los trabajos comenzarán en los próximos días y hacen parte de un proceso de “armonización” de la ciclo-infraestructura, con el objetivo de acatar el fallo sin desmontar por completo la red existente.El mandatario precisó que, pese al levantamiento de estos segmentos, se conservarán los 20 kilómetros de corredores exclusivos para los bici-usuarios en la capital santandereana. “No se eliminará la red de ciclorrutas; vamos a ajustarla para cumplir la decisión judicial y garantizar condiciones seguras tanto para ciclistas como para conductores”, señaló.Las primeras intervenciones se concentrarán en la carrera 21, entre la calle 45 y la avenida Quebradaseca, donde iniciarán las labores técnicas. En ambos corredores -carrera 21 y carrera 35- se instalarán taches luminosos que funcionarán como guía nocturna, buscando mejorar la visibilidad y reducir riesgos en horas de la noche.La administración municipal indicó que durante la ejecución de las obras se adoptarán planes de manejo de tráfico para mitigar afectaciones en la movilidad. Asimismo, reiteró que el objetivo es mantener la promoción de medios de transporte sostenibles, pero bajo parámetros ajustados a lo ordenado por la justicia.
Un violento asalto dentro de un micromercado del barrio Monterredondo de Bucaramanga terminó con la muerte de un hombre, identificado como Sergio Andrés Suárez Ortiz, propietario del establecimiento. Al menos dos sujetos armados ingresaron al local haciéndose pasar por clientes y exigieron prendas de valor. La víctima habría intentado resistirse al robo de su cadena de oro, por lo que uno de los agresores le disparó a quemarropa dentro del negocio.Suárez Ortiz fue trasladado inicialmente a un centro médico, pero falleció debido a la gravedad de las heridas. Las autoridades desplegaron operativos policiales en la zona y revisan cámaras de seguridad para identificar a los responsables y seguirles la pista. La Alcaldía de Bucaramanga rechazó el homicidio y anunció una recompensa de hasta 10 millones de pesos para quien aporte información que permita la captura de los culpables.Las autoridades reportaron que horas después en el barrio Bucaramanga, sector La Hoyada, fue asesinado a tiros un hombre. De acuerdo con la investigación se trataría de un posible ‘ajuste de cuentas’ entre bandas del microtráfico.En otro hecho delictivo ocurrido esta mañana en Piedecuesta, un hombre resultó gravemente herido tras ser víctima de un fleteo, una modalidad de robo en la que delincuentes siguen a su víctima luego de retirar dinero en una entidad bancaria.El ataque se registró en el barrio Brisas de Primavera II, cuando la víctima, quien había retirado aproximadamente 15 millones de pesos, fue interceptada por sujetos que lo perseguían en motocicleta. Los desconocidos lo intimidaron y, en medio del asalto, le dispararon en el pecho antes de huir del lugar con el efectivo.La víctima fue auxiliada por la comunidad y llevada de urgencia a un centro asistencial, donde permanece bajo pronóstico reservado mientras las autoridades analizan videos de las cámaras de seguridad para tratar de ubicar a los agresores. La Policía Nacional confirmó que se fortalecerán los operativos en puntos considerados críticos de la ciudad y su zona metropolitana, intensificando labores de inteligencia y análisis criminal para identificar y capturar a los responsables de ambos hechos. A su vez, se hace un llamado a la ciudadanía a mantener la precaución y reportar cualquier información útil para la investigación.Estos incidentes se suman a una serie de hechos de violencia que han afectado la seguridad en el área metropolitana de Bucaramanga, donde ajustes de cuentas, robos violentos y ataques armados han sido motivo de alerta para las autoridades y la comunidad.
El inicio de año en Barbosa, Santander, se vio empañado por un escándalo. Lo que debía ser una jornada de festividades se transformó en un escenario de confrontación, presuntas agresiones y una crisis institucional que hoy tiene al alcalde Marco Alirio Cortés en el ojo del huracán.Pese a la advertencia preventiva emitida por la Procuraduría General de la Nación el pasado 29 de diciembre, la administración municipal siguió adelante con la corrida de toros programada para el 1 de enero. La jornada estuvo marcada por un clima de hostilidad contra activistas, animalistas y figuras políticas, entre ellos el representante a la Cámara Cristian Avendaño, el diputado Danovis Lozano; el concejal de Bucaramanga Camilo Machado y el exconcejal Carlos Parra, quienes se congregaron para protestar pacíficamente contra el evento.La polémica escaló tras la difusión de material audiovisual en redes sociales. En los videos, se observa al alcalde Cortés en un aparente estado de alicoramiento, haciendo ‘pistola’ con la mano en varias oportunidades. En otra de las grabaciones, se escucha a uno de los manifestantes pidiéndole al alcalde que salga y éste le responde “maric*n”.Según los denunciantes, la actitud del mandatario no solo fue impropia de su cargo, sino que actuó como un catalizador que exacerbó las agresiones por parte de algunos asistentes a la corrida hacia quienes realizaban el plantón, incluso, en uno de los videos se ve cómo le lanzan latas y botellas al representante Avendaño y por poco lo golpean en la cabeza.Sin importar la protesta, el alcalde Marco Alirio Cortés ingresó al escenario con una actitud burlesca y la corrida se hizo. El diputado Danovis Lozano publicó un video en el que se observa una violenta pelea entre los asistentes. Además, denunció que el alcalde de Barbosa permitió la entrada de niños a la corrida de toros y dijo que llevará esas pruebas a la Procuraduría. “Llegaremos hasta las últimas consecuencias para que el alcalde de Barbosa sea judicializado por este acto tan miserable que cometió el día de hoy”, expresó Lozano.Como bien se ha señalado en debates previos sobre la administración pública, una cosa es la elección popular de los gobernantes y otra, muy distinta, es el ejercicio estricto de sus funciones y competencias. En este caso, la senadora Andrea Padilla y colectivos ciudadanos sostienen que Cortés habría desbordado sus facultades al “patrocinar espectáculos bárbaros” que, según la Ley 2385 de 2024 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, serían ilegales en Barbosa al no ser un municipio con tradición taurina ininterrumpida.A este panorama se suma el malestar de 370 comerciantes de la plaza de mercado, quienes denuncian que fueron desplazados por orden directa del alcalde para dar lugar a una exposición equina, afectando su sustento económico.Mientras el municipio permanece dividido entre quienes defienden la reactivación turística y quienes rechazan el maltrato animal, la justicia deberá determinar si el decreto emitido por el alcalde tiene validez legal o si, por el contrario, Barbosa se convirtió en el escenario de un desafío abierto a las autoridades de control.
En la noche de Año Nuevo, en el municipio de Floridablanca, se presentó un incendio de grandes proporciones en un taller mecánico ubicado en el barrio Prados del Sur, que generó importantes daños materiales.El hecho ocurrió alrededor de las 11:00 de la noche del jueves 31 de diciembre, tras la alerta de vecinos del sector, quienes informaron a los organismos de socorro sobre una densa columna de humo y llamas que rápidamente se extendieron por el establecimiento.Según el reporte oficial, el taller de latonería y pintura quedó completamente destruido por la acción de las llamas. Al interior del lugar se encontraban varios vehículos que también resultaron calcinados, así como cilindros de CO₂ y gas propano, lo que incrementó el riesgo durante las labores de control.Entre tanto, se evalúan las pérdidas materiales ocasionadas por el siniestro, que dejó daños en la infraestructura y en los bienes que se encontraban en el lugar. El origen de la conflagración es objeto de investigación por parte de las autoridades competentes, que adelantan las inspecciones técnicas para determinar qué provocó el incendio.A pesar de la intensidad de la emergencia, las autoridades confirmaron que no se reportaron personas lesionadas, gracias a la oportuna evacuación del área y a la rápida respuesta de los organismos de socorro.
La Policía Metropolitana de Bucaramanga, en desarrollo de los planes de control del escuadrón antipólvora durante el mes de diciembre, impuso 10 comparendos por comportamientos relacionados con el uso y la comercialización de artículos pirotécnicos en el área metropolitana.De acuerdo con el balance entregado por las autoridades, se incautaron más de 300 kilogramos de pólvora, lo que representa un aumento de 30 kilogramos frente a lo incautado en el año 2024. Los controles se realizaron en distintos puntos estratégicos de Bucaramanga y su área metropolitana, con el objetivo de prevenir accidentes y proteger la vida, especialmente la de niños, niñas y adolescentes.El coronel Diego Pinzón, comandante de la Policía Metropolitana, hizo un llamado a la ciudadanía a celebrar las festividades de manera responsable: “La Policía Nacional de los colombianos invita a continuar celebrando de manera responsable, especialmente de cara a la festividad de Reyes, adoptando comportamientos seguros, respetando las normas de tránsito, evitando el consumo excesivo de alcohol y denunciando oportunamente cualquier hecho que pueda afectar la seguridad y la tranquilidad ciudadana”, señaló.Por su parte, el Instituto Nacional de Salud reportó que durante diciembre de 2025 se presentaron ocho casos de menores lesionados por el uso de pólvora, lo que representa una disminución de cuatro casos frente al año 2024. Muchos de estos incidentes ocurrieron bajo la supervisión de adultos en estado de embriaguez, una situación que continúa generando preocupación entre las autoridades.La Policía reiteró que los controles continuarán en los primeros días del año, con especial énfasis en la celebración del Día de Reyes, e insistió en la importancia de la responsabilidad ciudadana para prevenir tragedias asociadas al uso indebido de pólvora.
Floridablanca y Girón se unen a la suspensión del pico y placa metropolitano entre el 1 y el 12 de enero de 2026, la medida se da tras el incremento de desplazamientos que se presenta en la temporada de inicio de año y para facilitar la movilidad de los residentes y visitantes.“Vamos a intensificar las acciones para prevenir el mal parqueo, verificar que los documentos estén al día y fortalecer las campañas de cultura ciudadana, con el objetivo de garantizar la seguridad vial”, afirmó Jahir Castellanos, secretario de Tránsito de Floridablanca.La nueva rotación del pico y placa en el área metropolitana iniciará el 13 de enero de 2026, aplicándose de lunes a viernes de 6:00 a.m. a 8:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m., bajo un esquema de rotación trimestral de dígitos.El lunes tendrán pico y placa los automotores que terminan en 1 y 2, el martes las placas terminadas en 3 y 4, los miércoles las que finalizan en 5 y 6, los jueves los que acaban en 7 y 8; y los viernes las placas que terminan en 9 y 0.El cronograma para los fines de semana del primer trimestre del año 2026 será:· 17 de enero: placas terminadas en 3 y 4· 24 de enero: placas terminadas en 5 y 6· 31 de enero: placas terminadas en 7 y 8· 7 de febrero: placas terminadas en 9 y 0· 14 de febrero: placas terminadas en 1 y 2· 28 de febrero: placas terminadas en 5 y 6· 7 de marzo: placas terminadas en 7 y 8· 14 de marzo: placas terminadas en 9 y 0· 21 y 28 de marzo: placas terminadas en 3 y 4· 4 de abril: placas terminadas en 5 y 6De acuerdo con Dirección de Tránsito de Bucaramanga, entre el 7 y el 13 de enero se realizará la socialización de la nueva rotación del pico y placa para que todos los conductores del área metropolitana conozcan los cambios.
El hecho que se presentó en la vereda Alto Semisa del municipio de Puente Nacional, Santander, fue controlado sin afectar el poliducto, tras un incidente en la infraestructura de Cenit que provocó un incendio de diésel y la propagación del fuego hacia una zona forestal.De acuerdo con Ecopetrol, la explosión fue ocasionada por recipientes ilegales usados para el almacenamiento de hidrocarburo hurtado, “la compañía rechaza las acciones ilícitas que ponen en riesgo la integridad de las comunidades, que generan graves consecuencias al medioambiente y afectan el desarrollo económico del país”, comunicó la empresa colombiana de Petróleo.Con el objetivo de mitigar los impactos generados por el combustible y garantizar la seguridad en el área intervenida, la empresa Cenit desplegó cuadrillas especializadas para las labores de limpieza, control del derrame y evaluación de afectaciones ambientales.Dentro de las acciones tomadas por las autoridades en el Plan de Emergencia y Contingencia (PEC), se aseguró la zona por parte del Ejército Nacional, también se desplegó un equipo multidisciplinario para desmantelar la válvula ilícita instalada por terceros desconocidos en el ducto y por la cual se hurtaba el combustible almacenado.Además, se dispuso de manera preventiva un punto de control en la Quebrada la Honda en la vereda Alto Semisa. Los bomberos de Barbosa en colaboración con los de Tunja y Tocancipá controlaron el incendio que no afectó el poliducto.La recomendación por parte de Cenit a la comunidad es a que no se acerquen al lugar de los hechos hasta tanto culminen las labores de atención y reparación.
La situación de orden público en Norte de Santander cerró 2025 con un balance alarmante. En pleno fin de año, mientras gran parte del país celebraba, en el Catatumbo se intensificaron los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC, dejando miles de víctimas atrapadas en el fuego cruzado. El recrudecimiento de la violencia volvió a poner en duda la efectividad de la política de paz del Gobierno nacional.En entrevista con Blu Radio este 31 de diciembre, el alto consejero para la Paz y la Reconciliación en Norte de Santander, Luis Fernando Niño, describió un panorama crítico y lanzó una de las frases más contundentes del diálogo: con el ELN, aseguró, “ya no existe ninguna negociación”, una afirmación que reavivó el debate sobre la estrategia del presidente Gustavo Petro frente a los grupos armados ilegales.Crisis de seguridad en el CatatumboNiño detalló que desde el 16 de enero se desató una confrontación directa entre el Frente 33 de las disidencias de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional. Las cifras son dramáticas: “A hoy, 84.000 desplazados, más de 23.000 personas confinadas y aproximadamente 300 personas asesinadas”, explicó al aire.Según el consejero, la disputa territorial se libra en medio de la población civil. “Los grupos queman las casas del contrario o las casas de los civiles que creen cercanos a los contrarios”, relató, al tiempo que confirmó casos de reclutamiento forzado y ataques con drones. Municipios como El Tarra y Filogringo siguen siendo los más golpeados por los combates.Luis Fernando Niño asegura que ya no existe negociación con el ELNUno de los puntos más sensibles de la entrevista fue la situación del diálogo con el ELN. Niño fue categórico: “En este momento con el Ejército de Liberación Nacional ya no existe ninguna negociación, solo preavisos de parte del Gobierno y del ELN”.Aunque reconoció que con el Frente 33 aún hay una mesa abierta, advirtió que sin un cese real de hostilidades cualquier intento de negociación pierde sentido. “Lo que pedimos de inmediato es que haya un cese de hostilidades”, subrayó, dejando entrever críticas a lo que considera una actitud permisiva frente al accionar armado.Norte de Santander atrapada en el fuego cruzadoEl consejero también defendió el rol de la fuerza pública, aunque admitió sus limitaciones. “Los combates se están dando en medio de la población civil, al lado de las escuelas y de las casas”, afirmó, señalando que el Ejército y la Policía actúan con cautela para no violar el derecho internacional humanitario.Para Niño, la prioridad sigue siendo proteger a las comunidades, pero insistió en que la falta de resultados con el ELN evidencia una política que, según él, ha sido condescendiente. Mientras tanto, el Catatumbo continúa pagando el costo más alto de una guerra que no da tregua.