La discusión sobre la aprobación de la Jurisdicción Agraria en la Plenaria de la Cámara de Representantes se encuentra estancada, con la oposición, liderada por el Centro Democrático, denunciando que el Gobierno nacional rompió los acuerdos previos, actuando de "mala fe".El representante a la Cámara por el Centro Democrático, Hernán Cadavid, dijo en Mañanas Blu con Camila Zuluaga que el acuerdo logrado en el Senado fue modificado en la ponencia para el debate en la Plenaria, específicamente en el artículo noveno. Según Cadavid, la objeción clave que impide la finalización de la discusión es la persistencia del Gobierno en eliminar el control automático de los jueces. "El gobierno persiste en eliminar ese control automático de los jueces y eso ha sido una garantía histórica", indicó Cadavid. Correcciones de fondo y objeciones persistentesEl representante Cadavid destacó que se han logrado hacer "muchas correcciones" al proyecto original gracias a la oposición y a las "observaciones de fondo de la Corte Suprema de Justicia"."Nosotros de fondo no nos hemos opuesto a la Jurisdicción Agraria, la hemos corregido. Yo soy ponente y estoy listo para el debate", enfatizó. El dilema de la financiación y la inseguridad jurídicaEl debate se ha profundizado al revelarse la preocupación sobre la capacidad de operación de la nueva jurisdicción. Según Cadavid, el Gobierno nacional recientemente recortó 650.000 millones de pesos a la rama judicial para el año 2026."Aprobar la Jurisdicción Agraria no garantiza el funcionamiento porque no tiene cómo funcionar, porque le están quitando la plata a los jueces que hoy existen, a la Corte Suprema, a la Judicatura", aseveró.Escuche la entrevista aquí:
La aerolínea Latam informó que, tras un incidente que obligó al cierre de la pista y ha generado retrasos en la operación aérea del aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla, activó protecciones para mitigar las afectaciones a los pasajeros con vuelos programados desde o hacia Barranquilla este 12 de diciembre.Entre las opciones habilitadas, los viajeros podrán realizar cambios de fecha o de vuelo hasta por siete días desde la fecha original, sin penalidades ni diferencia tarifaria, sujeto a disponibilidad en la misma cabina.De igual forma, Latam permitirá modificar el origen o destino hacia aeropuertos cercanos como Cartagena o Santa Marta, sin costos adicionales.Como medida adicional, la aerolínea indicó que “se creó un vuelo ida y regreso Bogotá–Cartagena para que las personas con vuelos afectados hacia o desde Barranquilla puedan optar por esta alternativa sin costo, mientras el aeropuerto permanezca cerrado”.
El ELN anunció un paro armado de 72 horas en todo el país. Lo anterior, ante las “amenazas” del presidente Donald Trump contra Colombia. La información fue confirmada por ese grupo ilegal en un comunicado, en el que anuncian que el paro armado inicia el 14 de diciembre a las 6:00 de la mañana.“En contra de la intervención imperialista y de los dictados de la oligarquía vendepatria, decretamos un paro armado de 72 horas, que inicia el 14 de diciembre de 2025 a las 6:00 a. m. y termina el 17 de diciembre de 2025 a las 6:00 a. m.”, dice el comunicado.El grupo ilegal señala que hay una amenaza intervencionista de Donald Trump y advierte, en el comunicado, a quienes se movilicen por carreteras y ríos.Es importante recordar que, esta semana, el presidente Donald Trump se refirió a las operaciones contra el narcotráfico en el Caribe, cerca de Venezuela, y en ese contexto aseguró que el presidente Gustavo Petro sería el “siguiente” después de Nicolás Maduro.
Aunque aún no se disputan los primeros 90 minutos de la final del fútbol profesional colombiano, en Ibagué ya está definida una medida que marcará el encuentro de vuelta. No habrá ingreso de hinchada visitante.La Comisión Local de Fútbol confirmó que el estadio Manuel Murillo Toro será exclusivamente vinotinto y oro, luego de que el Deportes Tolima solicitara que la boletería fuera destinada únicamente a la afición local .La decisión, según precisó la Secretaría de Gobierno, no obedece a asuntos de seguridad , sino a la intención del club pijao de que la ciudad viva una fiesta completamente tolimense y que la mayor cantidad posible de hinchas locales pueda asistir al partido definitorio.“Esta solicitud la hizo directamente el Deportes Tolima. Quieren que sea una fiesta netamente tolimense, que los ibaguereños y los tolimenses puedan acceder al estadio sin restricciones. Por eso pidieron que no se habilitara la entrada al visitante, para garantizar que la boletería quedara en manos de la afición local”, explicó Francisco Espín, secretario de Gobierno de Ibagué.Refuerzo de seguridad y medidas especialesLa Comisión Local de Fútbol aprobó la petición y, junto con ella, se activó un plan de seguridad ampliado. Para este encuentro, que se prevé lleno total, la Policía Metropolitana desplegará 1.000 uniformados , un incremento significativo si se compara con los cerca de 600 que suelen acompañar este tipo de eventos.Además, el Deportes Tolima fortalecerá su dispositivo logístico pasando de aproximadamente 200 a 400 integrantes , mientras que la Alcaldía de Ibagué y la Secretaría de Gobierno dispondrán entre 50 y 60 funcionarios para apoyar las labores de control y convivencia en los alrededores del estadio.También se decretará ley seca en sectores aledaños al escenario deportivo y se reforzará la presencia institucional para prevenir riñas y garantizar la movilidad.Llamado a la convivenciaLas autoridades locales hicieron un llamado a la tolerancia, al buen comportamiento y al consumo responsable de alcohol, especialmente teniendo en cuenta que al estadio asistirán familias, niños, adultos mayores, turistas y visitantes .“Será una gran fiesta en nuestro municipio. Pedimos responsabilidad con el consumo de licor, prudencia en la conducción y que la ciudadanía haga uso del transporte público y del servicio de taxis, que en Ibagué es muy eficiente”, agregó Espín.Un solo color en las tribunasCon esta decisión, el Manuel Murillo Toro será completamente vinotinto y oro , un escenario dispuesto para una sola hinchada y una sola fiesta. El objetivo, según las autoridades y el club, es garantizar que la afición tolimense pueda acompañar masivamente este histórico capítulo deportivo.De esta manera, la ciudad se prepara para vivir una final que promete intensidad en la cancha y un ambiente local único en las graderías.
Se oficializó la entrega a la justicia de Estados Unidos de Andrés Felipe Marín Silva, conocido en el mundo criminal como alias ‘Pipe Tuluá’, señalado como el máximo cabecilla de la organización delincuencial ‘La Inmaculada’, que opera principalmente en el Valle del Cauca.A través de una resolución ejecutiva firmada el pasado 4 de diciembre de 2025 por el presidente Gustavo Petro y el ministro de Justicia encargado, Roberto Andrés Idárraga, se concedió la extradición del ciudadano colombiano para que comparezca a juicio ante la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas.Los cargos de 'Pipe Tuluá'Según el documento oficial, alias ‘Pipe Tuluá’ es requerido por las autoridades norteamericanas por tres cargos específicos relacionados con el tráfico de estupefacientes, sustentados en una acusación dictada el 11 de septiembre de 2024:Concierto para distribuir y poseer con la intención de distribuir cocaína.Concierto para traficar y distribuir cocaína con el conocimiento de que sería importada ilícitamente a los Estados Unidos.Fabricación y distribución de cinco kilogramos o más de cocaína con la intención y motivos razonables para creer que la droga ingresaría a suelo norteamericano.Un punto clave de la decisión del Ejecutivo es lo estipulado en el Artículo 2 de la resolución, donde se ordena "no diferir la entrega" de Marín Silva. Esto significa que, a pesar de las condenas y procesos penales que tiene vigentes en Colombia, su traslado a Estados Unidos es prioritario y se debe ejecutar de inmediato.No obstante, el Gobierno advierte al Estado requirente que, una vez el cabecilla de ‘La Inmaculada’ cumpla su condena en el exterior o cese el motivo de su detención, "deberá regresar a Colombia" para comparecer ante los jueces nacionales y responder por los delitos cometidos en el país.
Esta mujer recibía la sustitución de asignación de retiro por ser hija en condición de discapacidad de un miembro de la fuerza pública fallecido en 2017, un día la pensión de sobreviviente no le fue consignada y el alto tribunal determinó que la Policía vulneró garantías esenciales como la vida digna, el debido proceso administrativo, la seguridad social, la salud y el mínimo vital de ella.Todo comenzó cuando la Caja de Sueldos de Retiro suspendió el pago desde enero de 2022 argumentando que la mujer no presentó un nuevo dictamen médico que confirmara la persistencia de su discapacidad.No obstante, la reducción drástica del porcentaje de pérdida de capacidad laboral de 75,1% a 21,6% en julio de 2022 careció de motivación suficiente y desconoció múltiples soportes médicos que señalaban la permanencia de sus afecciones, entre ellas esquizofrenia paranoide.Tras estudiar esta tutela la Corte Constitucional también pudo evidenciar que la Policía negó considerar un dictamen de una Junta Regional de Calificación de Invalidez, emitido en 2023, que determinó una pérdida de capacidad laboral del 55%.A esto se sumó que la suspensión del pago se realizó de manera automática, sin acto administrativo previo que permitiera a ‘Camila’ ejercer recursos, y que la entidad no revisó adecuadamente su solicitud de revocatoria directa.Por ello, el alto tribunal ordenó restituir de inmediato el pago de la prestación, incluyendo las mesadas adeudadas, y afiliar nuevamente a Camila al Subsistema de Salud de la Policía Nacional.
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este jueves, 11 de diciembre de 2025:Álvaro Uribe, expresidente de la República, se refirió a la candidatura presidencial del Centro Democrático y las consultas de marzo.Antonio Ledezma, líder opositor venezolano, dr pronunció del Premio Nobel de Paz a María Corina Machado y su llegada a Noruega.Daniel García, director del IDRD, dio detalles de la ciclovía nocturna que se desarrollará hoy en Bogotá.Marianela Cabrera, jueza de Florencia, habló del pliego de cargos en su contra que resolvió formular la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Caquetá.Escuche el programa completo aquí:
A pocas horas del pitazo inicial para la final de la Liga BetPlay entre Junior y Deportes Tolima, una voz autorizada del barranquillero reveló detalles inéditos sobre el ambiente que se vive dentro del plantel tiburón, que será local este viernes en el estadio Metropolitano. Víctor Danilo Pacheco, uno de los grandes ídolos del club y bicampeón en 1993 y 1995, habló en Blog Deportivo sobre cómo encontró al equipo en la víspera del compromiso decisivo, dejando claro que la energía y la tranquilidad predominan en la sede deportiva.¿Cómo está el Junior?El exjugador confesó que estuvo presente en el entrenamiento del equipo un día antes del partido, y lo que vio lo sorprendió gratamente. Explicó que en estas instancias es común que los entrenadores cierren completamente las prácticas para evitar distracciones o filtraciones, pero esta vez ocurrió lo contrario.“La sensación fue muy buena. Vi un grupo alegre, un técnico distinto. A veces en una final todos se encierran, pero ayer vi algo diferente”, comentó. Pero lo que más le llamó la atención fue la actitud del entrenado, del uruguayo Alfredo Arias.“Este señor tiene una técnica impresionante. Estaba ahí jugando, haciendo cambios de ritmo, relajándose y relajando al grupo. Se veía un equipo concentrado pero tranquilo, sin esa presión que generalmente se siente en una final”, añadió.La preocupación por Guillermo Celis: ¿llegará o no al partido?Sin embargo, no todo es calma. Uno de los puntos de tensión previo a la final es la lesión de Guillermo Celis, pieza clave en el equilibrio del equipo y en la salida desde atrás. Pacheco reconoció que su ausencia sería un golpe grande.“Es difícil lo que ha hecho Celis, más que todo en este cuadrangular. Es de esos jugadores que contagian, que motivan, que te obligan a correr”, afirmó.Pacheco reveló que habló directamente con el futbolista y que este está haciendo todo lo posible para estar disponible. “Está con muchas ganas, haciendo el gran esfuerzo para poder llegar. No es fácil, es un desgarro. No tan fuerte, pero igual es un desgarro”, explicó.El ídolo advirtió, además, que este tipo de lesiones “son traicioneras”: un jugador puede sentirse bien, pero un mal movimiento puede agravarlo y dejarlo fuera por varios meses. La duda se mantiene: puede que no esté para el partido de ida, pero sí para la vuelta en Ibagué.
La Corte Constitucional lanzó un severo llamado de atención y ordenó la adopción de medidas sanitarias inmediatas en los centros carcelarios y de detención transitoria de Santander y Antioquia, luego de confirmar brotes de tuberculosis que, según el alto tribunal, representan un riesgo inminente para la salud pública y una vulneración grave de los derechos fundamentales de la población privada de la libertad.En un comunicado, la Sala Especial de Seguimiento al Estado de Cosas Inconstitucional Penitenciario calificó como “inadmisible” que las autoridades continúen realizando traslados entre establecimientos sin verificar condiciones mínimas de salubridad ni realizar tamizajes clínicos previos.“Resulta inadmisible que, pese a la evidencia epidemiológica, las autoridades continúen trasladando personas sin garantizar las medidas sanitarias mínimas que cualquier ser humano merece”, advirtió la Corte.Por esta razón, las alcaldías de Medellín y Bucaramanga deberán coordinar con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia (Inpec) y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) un paquete de acciones urgentes para “proteger la vida y la salud” de quienes permanecen en Centros de Detención Transitoria. Las medidas deben regirse por los lineamientos del Programa Nacional de Tuberculosis e incluir:Implementar tamizajes clínicos y bacteriológicos de ingreso priorizando a sintomáticos y personas en contacto estrecho.Establecer y hacer cumplir zonas y protocolos de aislamiento respiratorio inmediato para casos confirmados o sospechosos, con cohortización separada y medidas de ventilación adecuadas.Asegurar el suministro oportuno e ininterrumpido de medicamentos antituberculosos bajo estrategia de tratamiento directamente observado.Practicar pruebas al personal de custodia, administrativo y de servicios que haya tenido exposición, garantizando su atención y, de ser necesario, reubicación temporal.Abstenerse de efectuar traslados inter-establecimientos sin tamizaje previo, certificación de no contagiosidad o, en su defecto, traslado sanitario con las medidas de aislamiento respiratorio pertinentes.Garantizar las remisiones hospitalarias urgentes, cuando el cuadro clínico lo exija y la continuidad del tratamiento al egreso.Adicionalmente, el Inpec y la Uspec deberán ejecutar un plan sanitario integral para contener, diagnosticar y tratar el brote de tuberculosis en los establecimientos nacionales ubicados en Antioquia y Santander, especialmente entre internos que han sido trasladados recientemente desde estaciones de Policía y URI.El alto tribunal también encomendó al Ministerio de Salud prestar asistencia técnica urgente a las entidades territoriales e, incluso, emitir nuevos lineamientos epidemiológicos si la situación lo requiere. Además, deberá consolidar la información nacional sobre casos confirmados y entregar un informe formal sobre las acciones adelantadas.
La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, aseguró que la contingencia generada por la falla en el software de los Airbus A320 —que afectó a miles de pasajeros en el país— será superada antes del 8 de diciembre, gracias al avance en la instalación de cajas con el sistema actualizado y al operativo técnico que se adelanta en Medellín, único centro autorizado para el procedimiento en Colombia.En diálogo con Mañanas Blu, la funcionaria explicó que, de los 130 aviones que requerían la actualización, solo quedan 19 pendientes, una cifra que calificó como un indicio de recuperación acelerada. Según Rojas, desde Francia arribaron al país 10 cajas —equipos físicos que ya contienen la versión corregida del software— lo que permitirá avanzar en la recuperación de cinco aeronaves adicionales de forma inmediata. “Cada avión tiene dos cajas… lo que hay que hacer es cambiar esas cajas por las que ya llegan actualizadas”, explicó.La operación técnica y el rol del taller en MedellínLa ministra detalló que los 19 aviones aún pendientes corresponden a modelos que exigen una intervención en taller y no permiten la simple instalación remota del software. “Son los 19 únicos que necesitaban ir a taller por el modelo del avión”, precisó, subrayando que el país cuenta con uno de los 24 centros habilitados a nivel mundial para realizar el procedimiento especializado.El proceso, supervisado en coordinación con Thales, proveedor internacional del sistema, toma entre cuatro y cuatro horas y media por aeronave. Con ese ritmo —explicó Rojas— será posible normalizar la operación antes del 8 de diciembre.“Calculamos que se puedan demorar 4 horas y media en cada avión… la emergencia se logrará superar antes del 8 de diciembre”, sostuvo.Afectación a los pasajeros: reacomodación del 92%La cartera de Transporte mantiene la declaratoria de emergencia debido al impacto directo sobre los usuarios. El sábado, considerado el día más crítico, se cancelaron 84 vuelos, mientras que el domingo la cifra bajó a 64. Para la jornada del lunes se proyectaban menos de 45 cancelaciones.No obstante, la ministra destacó el comportamiento de la reacomodación. “Hoy la reacomodación está en 92 %. Es decir, a la gente se la está ubicando en un vuelo muy similar al original”, señaló, agradeciendo la decisión de Avianca de suspender temporalmente la venta de tiquetes para priorizar a los pasajeros afectados.¿Aumentaron los precios de los tiquetes?Uno de los cuestionamientos más reiterados por los usuarios tiene que ver con el alza en las tarifas aéreas durante la contingencia. Aunque algunos oyentes reportaron incrementos, la ministra insistió en que existe un compromiso entre el Ministerio, Aerocivil y las aerolíneas para evitar especulación.“Aquí no puede pasar que se disparen los tiquetes porque hay una emergencia; lo contrario, en las situaciones de crisis lo que se necesita es solidaridad y empatía”, afirmó. LATAM, explicó Rojas, incluso anunció de manera voluntaria la aplicación de un techo tarifario.La funcionaria dijo que revisará los reportes de incrementos puntuales, reiterando que el compromiso del sector es mantener estabilidad de precios durante la crisis.Reembolsos y vigilancia de la SuperTransporteFrente a las dificultades que algunos pasajeros han reportado para tramitar reembolsos, la ministra confirmó que la Superintendencia de Transporte mantiene activa la vigilancia sobre este proceso.“Esa vigilancia ya está, Al final hay que hacer un balance: cuántos efectivamente se les reacomodó y cuántos se les reembolsó”, dijo. Las opciones para los viajeros incluyen reacomodación, reagendamiento o devolución del dinero.¿Riesgos para los equipos del aeropuerto?Consultada sobre si una nueva tormenta solar podría afectar los sistemas de los aeropuertos, como los radares, la ministra señaló que por ahora no existe un riesgo inminente, aunque el Gobierno revisará los protocolos a la luz de lo ocurrido con los Airbus A320.
El tribunal espera que los comparecientes reconozcan su responsabilidad por secuestros y otros crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en Santander y en zonas de Norte de Santander, Antioquia, Bolívar, Boyacá y Cesar.La audiencia busca que los excomandantes Erasmo Traslaviña Benavides, alias Jimmy Guerrero; Pedro Trujillo Hernández, alias Alberto Cancharina; Jairo Reinaldo Cala Suárez, alias Jairo Quintero o Jairo Mechas; y Fabio Gil Forero, alias Norbey Narváez, asuman públicamente su responsabilidad por los secuestros y los tratos crueles infligidos a sus víctimas durante el conflicto armado.De acuerdo con la JEP, el Bloque Magdalena Medio ejecutó secuestros tanto con fines de financiación como para ejercer control territorial y social, siguiendo las directrices del entonces Secretariado de las Farc. En varios casos, los secuestrados fueron sometidos a malos tratos, torturas, violencia sexual y desplazamientos forzados.La Sala de Reconocimiento de Verdad destacó que estos secuestros afectaron directamente la democracia, al dirigirse contra funcionarios y candidatos locales bajo estrategias como La despedida a Samper, que buscaban mostrar el control territorial de la guerrilla. También documentó el caso de los nueve concejales de San Pablo (Bolívar) secuestrados en 1998 y los policías capturados durante la toma de la estación de Cucutilla (Norte de Santander) en 1999.En el Caso 01 de secuestros, la JEP ha acreditado más de 4.300 víctimas y ha imputado a 41 exintegrantes de las Farc como máximos responsables. Si los comparecientes reconocen verdad completa y detallada, el proceso avanzará hacia las sanciones propias; de lo contrario, podría derivar en juicios adversariales con penas de cárcel.Con esta diligencia, la JEP busca consolidar la verdad judicial y la memoria histórica del conflicto, garantizando el derecho de las víctimas a conocer lo ocurrido y a obtener reconocimiento público por el daño sufrido.
Tropas del batallón Cacique Pigoanza de la Novena Brigada del Ejército rescataron a tres personas que fueron secuestradas el fin de semana anterior por presuntos integrantes del bloque Isaías Pardo, de las disidencias de las Farc, en el sector conocido como Puerto Dulce, entre los municipios de La Plata y Paicol, en el occidente del Huila.El secretario de gobierno departamental, Juan Carlos Casallas, dijo a Blu Radio que, durante la retención de los dos conductores y un ayudante, dos vehículos de carga adscritos a una empresa de encomiendas fueron hurtados por los hombres armados y se los llevaron hacia el departamento del Cauca.“Se confirma por parte de la Fuerza Pública la presencia de hombres armados pertenecientes a un grupo de disidencias que delinque en el Itaibe, en jurisdicción del departamento del Cauca, quienes retuvieron algunos vehículos, entre esos uno de Servientrega y otro de Taxis Verdes. No fue posible la recuperación de los automotores, pero el Ejército logró la liberación de las tres personas que habían sido secuestradas”, explicó el secretario de gobierno del Huila.Le puede interesar: Alias 'Chará', segundo capturado por el secuestro y homicidio de Harold ArocaDe acuerdo con el funcionario de la Gobernación del Huila, al parecer, los disidentes exigen una millonaria suma de dinero a cambio de devolver los vehículos a sus propietarios.En la zona donde se presentaron los hechos hubo combates entre militares y disidentes del bloque Isaías Pardo, situación de orden público que genera preocupación entre la población civil y los transportadores.
El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo en Bogotá acogió la gala número 10 de los premios Titanes Caracol, que reconoció iniciativas forjadas desde los territorios para mejorar la calidad de vida en diferentes ámbitos.Se reconocieron cinco categorías: ciencia, tecnología e innovación, sostenibilidad y economías ambientales, educación ambiental y desarrollo de capacidades, salud y bienestar, e integración, inclusión y reconciliación.A María Teresa Sinisterra hace 10 años le dijeron que no tenía sentido su labor; hoy ella demuestra lo contrario, al recibir el reconocimiento por su trabajo desde la asociación Asogesampa en Buenaventura, Valle del Cauca."Hemos rescatado 2.000 toneladas de residuos sólidos aprovechables y 132 toneladas de plásticos", resalta con orgullo, al asegurar que "sigue valiendo la pena".El proyecto, de Caracol Televisión, tiene como consigna "Hacer el bien, marca la diferencia", al destacar el trabajo que deja impacto social. Ese lema va en sintonía con el trabajo de Camila Cooper en la fundación Fruto Bendito y su programa Cunas con Amor.La iniciativa está inspirada en una tradición finlandesa de hace 89 años y que cuenta con certificación de la embajada de ese país en Colombia."Tenemos nuestras cunas 100 % colombianas, con un cartón corrugado, las tintas son a base de agua", comentó Cooper, quien complementa esa labor con un plan de educación, lo cual contribuye al bienestar de muchos niños y de sus familias.La votación fue definida en línea, a través de la página web del programa, por el público en general que decidió participar, y la evaluación del jurado que hizo seguimiento a los proyectos.Con ese mecanismo de escogencia, también resultó ganador Jhon Anderson Soledad, quien se fijó en la exclusión en la formación de niños con discapacidad en algunas áreas, por lo que con su proyecto Innvition, ejecutado en Neiva, Huila, se centra en enseñar electrónica a pequeños ciegos o música a menores sordos. "Eso es lo que queremos impactar en 2026", le dijo a Blu Radio después de la ceremonia.Las iniciativas ganadoras resaltan por su constancia, a pesar del entorno y las complejidades de la Colombia profunda; tal es el caso de Ruby Flórez, quien se postuló por tercera vez exponiendo su labor en la periferia de Cartagena con la corporación Ruleli y la atención a niños con capacidades diferentes."Llevar a mi barrio este premio va a ser un orgullo", expresó emocionada.Los premios buscan sacar del anonimato esas historias que construyen país, por medio de las cuales cientos de ciudadanos son favorecidos de manera directa, como la labor de la profesora Luz Mary Herrera en la fundación Semillas & Raíces, que trabaja en la loma entre Cazucá y Ciudad Bolívar, Bogotá, donde además de educación popular se impulsa la resignificación de espacios con murales y otras expresiones artísticas que son de utilidad para jóvenes y niños.La premiación se dio al ritmo de interpretaciones musicales de los cantantes Gusi, Felipe Peláez y el Grupo Enkelé.
A seis meses de la primera vuelta presidencial, que se realizará el 31 de mayo de 2026, la encuesta Colombia Opina de Invamer para Noticias Caracol y Blu Radio revela que Iván Cepeda lidera la intención de voto con 31,9%, seguido por Abelardo de la Espriella con 18,2% y Sergio Fajardo con 8,5%.Tras la publicación de los datos, el presidente Gustavo Petro respondió en X dejando claros sus puntos de vista sobre la encuesta y la situación política del país. En siete trinos, Petro criticó interpretaciones que consideró equivocadas, defendió los logros de su gobierno y en particular señaló a Sergio Fajardo como la última opción del uribismo.“Uribe terminará escogiendo a Fajardo, su última opción. Fajardo verá que hace con su conciencia”, anotó Petro en su cuenta de X en donde empezó cuestionando la legalidad de su publicación con base en la Ley 2494 de 2025, la norma que regula las encuestas de intención de voto con una pregunta: “Y la ley?”.Para estar ajustado a la norma, la encuesta se realizó entre 3.800 personas en 148 municipios de Colombia, con un margen de error general de 1,81% y un nivel de confianza del 95%.En un trino respondió a la congresista Lina María Garrido: “Te equivocaste, así de simple”, corrigiendo cálculos de segunda vuelta que, según él, no reflejaban la realidad política.Más adelante, en un retuit del exsenador Gustavo Bolívar, Petro insistió en defender su proyecto político en materia de la reforma agraria, la política salarial y el trabajo para las madres comunitarias.Finalmente, en su séptimo trino, recordó los resultados de la encuesta para reiterar la relevancia de Ivàn Cepeda como principal aspirante del sector progresista.
El Grupo Operativo Anticontrabando del Tolima (GOAT) lanzó en Ibagué la estrategia “vitrina de la legalidad” , una iniciativa que busca frenar la comercialización de cigarrillos, cervezas, vinos y licores adulterados o ingresados ilegalmente al departamento en plena temporada decembrina.Los técnicos operativos del GOAT recorren terminales de transporte, peajes y municipios fronterizos, donde explican a los ciudadanos cómo identificar licor legal y detectar adulteraciones que pueden poner en riesgo la vida. Además, realizan acciones pedagógicas con conductores y comerciantes sobre los peligros del contrabando de cigarrillos y de la compra de bebidas de origen no autorizado.Esta estrategia hace parte del Plan Navidad Anticontrabando que, en las últimas semanas, también ha desplegado la "caravana de la legalidad".La “vitrina de la legalidad” funciona en el Centro Comercial Multicentro de Ibagué y estará disponible hasta el 14 de diciembre, con el liderazgo de Adriana Magali Matiz Vagas, gobernadora del Tolima, la Secretaría de Hacienda y la Dirección de Rentas.Durante las jornadas, los expertos advierten que el consumo de licor ilegal puede causar daños irreversibles, intoxicaciones graves, incluso, la muerte. También recuerdan que la venta de estos productos implica multas, sanciones y cierre de establecimientos.“Allí les enseñamos a identificar el licor legal del ilegal, el cigarrillo de contrabando. Todos unidos diciendo no al contrabando”, señaló Carol Andrea Páramo García, secretaria de Hacienda del Tolima.Las actividades se realizan en articulación con la Federación Nacional de Departamentos y cuentan con el acompañamiento de la orquesta de la Policía Metropolitana de Ibagué, que anima las jornadas mientras los asistentes reciben información sobre cómo revisar estampillas, sellos de seguridad y códigos QR para verificar la autenticidad de los productos.Los visitantes valoran positivamente la campañaMagnolia González, turista de Armenia, aseguró que desconocía la importancia de la estampilla departamental: “Muy bueno todo, gracias por enseñarnos para estar bien en familia”, dijo.El Plan Navidad Anticontrabando tiene como objetivo fortalecer la cultura de la legalidad y concientizar sobre el impacto del contrabando en la salud pública y en las finanzas regionales. La estrategia contempla llegar a los 47 municipios del Tolima para reforzar el control y prevenir la comercialización de productos adulterados o introducidos sin el pago de impuestos.Mauricio Afanador, coordinador del GOAT, reiteró el llamado a comprar únicamente en establecimientos autorizados. “Queremos que todos tengan unas celebraciones en paz y con salud; esto es cuidarnos entre todos”, afirmó.Las autoridades insisten en que el contrabando afecta directamente los ingresos tributarios que financian sectores esenciales como salud, educación y deporte. Por ello reiteran su invitación a preferir siempre productos legales para garantizar unas festividades seguras y responsable.
El Ejército Nacional propinó un contundente golpe a las estructuras criminales vinculadas a las disidencias de las Farc al incautar un cargamento de 350 kilos de marihuana perteneciente al GAO-r Frente Ismael Ruiz, organización bajo el mando de 'Iván Mordisco'. El decomiso, cuyo valor comercial supera los $747 millones, se llevó a cabo en zona rural del municipio de Rioblanco, en límites entre el Tolima y el Valle del Cauca.La operación se desarrolló en un puesto de control vial instalado por soldados del Batallón de Despliegue Rápido Nº 13, adscrito a la Sexta Brigada del Ejército. Allí, en la vereda Cedral, los uniformados detuvieron un vehículo tipo Montero en el que eran transportados 14 bultos repletos de marihuana.Durante la verificación del automotor, los militares hallaron el cargamento oculto y procedieron a capturar a Duvier Duban Trompeta Trochez, señalado por las autoridades como integrante de las redes de apoyo al terrorismo (RAER) de las disidencias comandadas por 'Iván Mordisco'.“Gracias a la información suministrada, se estableció que el vehículo era conducido por un miembro de las RAER del GAO-r Frente Ismael Ruiz. Al hacer el ‘alto’, la tropa detuvo al sujeto y halló los paquetes, cuyo olor y textura se asemejaban a marihuana, con un peso total de 350 kilos. El apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana fue fundamental para la extracción del cargamento y del capturado”, explicó el coronel Arnold Esneider Pérez Linares, comandante de la Sexta Brigada.El detenido y el alijo quedaron a disposición de la Sijín de la Policía Nacional, y Trompeta Trochez deberá responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.Las autoridades destacaron que este golpe afecta de manera directa las finanzas ilícitas del grupo armado organizado.“Con este resultado operacional se impacta estratégicamente la economía criminal de esta estructura, especialmente por el valor comercial del estupefaciente, estimado en $747 millones”, puntualizó el oficial.Finalmente, hicieron un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad sospechosa o relacionada con grupos armados organizados a través de la línea antiterrorismo 107.
El abogado penalista Majer Abushihab, representante de la familia Forero, cuyas niñas fueron víctimas de un envenenamiento con talio en Bogotá, ofreció detalles cruciales sobre la investigación que adelanta la Fiscalía. El proceso investigativo ha sido catalogado como profundo, minucioso y fundamentalmente respaldado en evidencia de toda índole. La Fiscalía está rastreando varias hipótesis que podrían involucrar a más personas, aunque ya hay elementos objetivos que comprometen seriamente la responsabilidad de la señora Zulma Guzmán, la presunta responsable.El mecanismo de entregaUno de los puntos clave aclarados por el abogado es el rol del mensajero que entregó las frambuesas contaminadas. Majer Abushihab enfatizó que el mensajero fue instrumentalizado y que la Fiscalía tiene esto "muy develado". Esta persona trabajaba con varias aplicaciones de domicilios y ha entregado información muy valiosa para la investigación. El abogado es enfático en que el domiciliario no tiene nada que ver con el plan criminal.Respecto a la entrega, se reveló que el mensajero llegó inicialmente con lo que dijo ser un regalo, pero no fue recibido porque la familia no había solicitado nada. El domiciliario se fue de la casa, pero luego regresó e insistió en que el paquete era para una persona específica del núcleo familiar. Este regreso e insistencia se dio luego de que el mensajero fuera contactado por la persona que envió las frambuesas, utilizando contactos telefónicos. Bajo el entendimiento de que se trataba de un regalo, la familia lo recibió.UbicaciónLa Fiscalía, a través de Elsa Reyes, ha llevado a cabo un ejercicio "muy juicioso" para identificar y rastrear el origen del talio, una sustancia prohibida que solo se utiliza para procesos industriales muy concretos. El rastreo a través de canales oficiales ha permitido identificar posibles fuentes y potenciales destinos del talio.Sobre la ubicación de la presunta responsable, Zulma Guzmán, surgieron dudas sobre si la orden se había realizado desde Argentina. El abogado aclaró que Zulma Guzmán estaba en Colombia al momento de los hechos. Aunque existen vínculos técnicos con Argentina, la llamada, el pedido y la orden de las frambuesas se hicieron en Bogotá. La Fiscalía cuenta con pruebas técnicas, incluyendo ejercicios con teléfonos y ubicaciones, para rastrear los puntos de contacto con la sindicada, lo que incluso permitió obtener una orden de captura internacional.Hipótesis de envenenamiento sistemáticoEl caso actual, que cobró la vida de la niña Emilia y afectó a Inés, se está investigando bajo la hipótesis de un posible envenenamiento sistemático. Esta línea investigativa busca conectar este suceso con el fallecimiento de la mamá de una de las niñas hace cuatro años, ya que en ambos eventos se encontró talio y las personas pertenecen a un mismo núcleo familiar. Esta identidad de sucesos y el paso del tiempo de alrededor de cuatro años hacen que la hipótesis de conexión sea "absolutamente plausible".En cuanto al móvil del crimen y la víctima específica, el abogado explicó que existe la posibilidad de que el veneno estuviera dirigido al padre de la familia, o que pudiera haber estado destinado a todos los miembros. Si bien el móvil no es estrictamente necesario para determinar un homicidio, probatoriamente sí da luces importantes para determinar el responsable. Escuche aquí la entrevista:
A raíz de la reciente incursión armada de las disidencias de las Farc contra la estación de Policía del municipio de Tesalia, el desplazamiento forzado de familias campesinas y el reclutamiento de menores de edad, las autoridades anunciaron que se aumenta el pie de fuerza en el Huila con más controles del Ejercito en las vías y sobre vuelos de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.El secretario de gobierno del Huila, Juan Carlos Casallas, señaló que la región occidente del departamento ha sido la más golpeada por los hechos orden público donde hace presencia el bloque central Isaías Pardo de las disidencias de las Farc y corredor estratégico para el narcotráfico."Entre las medidas habrá reforzamiento del pie de fuerza por parte del Ejército Nacional y también de la Fuerza Aeroespacial y unidades investigativas para identificar y capturar a responsables de los homicidios un flagelo que se nos ha aumentado en el Huila, pero tenemos el compromiso como gobierno departamental reforzar la seguridad y proteger a la población civil" dijo el secretario de gobierno.Asimismo, la Novena Brigada del Ejército ha fortalecido la seguridad en los cascos urbanos de los municipios del Huila con presencia del Gaula Militar para evitar acciones delictivas como la extorsión durante la temporada de fin de año.
Entre enero y noviembre de 2025, la Defensoría del Pueblo registró un total de 194 casos de reclutamiento de menores de edad en distintas regiones del país. La cifra, reflejada en una reciente infografía de la entidad, confirma que esta práctica criminal sigue siendo uno de los mayores riesgos para niños, niñas y adolescentes en zonas rurales azotadas por estructuras armadas.Según los datos oficiales, el 59% de las víctimas son niños y adolescentes hombres, mientras que el 41% corresponde a niñas y adolescentes mujeres, lo que evidencia que las organizaciones ilegales continúan enfocándose en ambos grupos para ampliar sus filas, cumplir tareas de inteligencia, logística o someterlos a explotación.“Las niñas, niños y adolescentes no deben combatir en una guerra que no les pertenece. Entre enero y noviembre de 2025 se han registrado 194 casos de reclutamiento forzado: menores de edad que dejaron su casa, su colegio, sus amigos y la posibilidad de tener un futuro. Es responsabilidad del Estado y la sociedad velar por su protección”, indicó la Defensoría.Un dato especialmente preocupante es el impacto étnico, teniendo en cuenta que, según la Defensoría del Pueblo, el 43% de los menores reclutados pertenece a comunidades indígenas, mientras que un 8% corresponde a población afrocolombiana. El 49% restante no está asociado a un grupo étnico específico. Para la Defensoría, esto muestra que los territorios colectivos, particularmente en zonas de selva y selva húmeda, siguen siendo los más vulnerables frente a la presencia armada.En cuanto a los responsables, las disidencias de las Farc encabezan la lista con el 44% de los casos, seguido de grupos disidentes sin identificar (18%) y el ELN (14%). También aparecen el Ejército Gaitanista de Colombia (8%), el Estado Mayor de los Bloques y Frentes (8%), y la estructura conocida como Segunda Marquetalia (4%). Otro 4% corresponde a grupos aún sin determinar.El fenómeno se distribuye por gran parte del territorio nacional. Cauca es el departamento con más reportes (47), seguido por Nariño (21), Antioquia (19), Chocó (14) y Norte de Santander (10). También se registran casos en Meta, Putumayo, Arauca, Caquetá, Bolívar, Guaviare, Amazonas, Córdoba, entre otros. La dispersión geográfica confirma que el reclutamiento continúa siendo un problema estructural, ligado a disputas territoriales y economías ilegales.El análisis mensual muestra que no hubo un pico único: aunque enero registró el porcentaje más alto (13%), los hechos se mantuvieron constantes durante el año, con variaciones moderadas entre el 7% y el 12%, y un leve descenso en octubre y noviembre.
El presidente Gustavo Petro cuestionó de manera abierta la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que ordenó al Servicio Geológico Colombiano (SGC) abstenerse de utilizar sus canales oficiales para difundir mensajes con contenido político. El pronunciamiento judicial respondió a una acción de cumplimiento que denunció que la entidad había replicado piezas gráficas y mensajes que formaban parte de la estrategia comunicacional del Gobierno, como publicaciones sobre la crisis de la Nueva EPS y la convocatoria a la movilización del pasado 24 de octubre en la Plaza de Bolívar.En su cuenta de X, el mandatario criticó el alcance de la decisión y habló sobre su rol institucional. “El presidente de la República es jefe del Estado y suprema autoridad administrativa, según la Constitución que nos rige. Si quieren impedir que se comunique deben cambiar la Constitución. No hay promoción de la presencia, hay comunicación del presidente con su sociedad”, afirmó, señalando que sus mensajes hacen parte del ejercicio legítimo de comunicación gubernamental.El fallo de 22 páginas concluyó que el SGC incumplió las reglas que regulan la publicidad oficial al replicar en sus redes mensajes ajenos a su misión científica, como el hashtag #SeRobaronLaSalud, publicaciones sobre la situación de la Nueva EPS y contenidos vinculados a la movilización promovida por el Gobierno. Según el Tribunal, esos mensajes tienen un carácter político y corresponden a la agenda comunicacional de la Presidencia, mas no a las funciones del Servicio Geológico.La acción fue interpuesta por la Fundación para el Estado de Derecho, que señaló que las publicaciones realizadas entre septiembre y octubre desbordan la competencia de la entidad y utilizaban recursos institucionales para fines no misionales. Aunque el SGC argumentó que actuó bajo una estrategia de comunicación unificada del Gobierno nacional y que simplemente compartió información oficial proveniente de la Presidencia, el Tribunal aclaró que ninguna directriz puede justificar que una entidad técnica difunda contenidos ajenos a su mandato legal.El Tribunal advirtió que la coordinación entre entidades estatales no permite apartarse del marco normativo ni emplear recursos públicos en la circulación de mensajes políticos o sectoriales.
Un audio conocido por inteligencia militar volvió a poner en evidencia la presión que ejercen las disidencias de las Farc en el departamento del Guaviare. En la grabación, alias ‘Jimmy’, uno de los principales hombres de confianza de ‘Iván Mordisco’, aparece impartiendo órdenes, insultos y amenazas directas contra líderes y habitantes de zonas rurales para obligarlos a participar en acciones contra la fuerza pública.De acuerdo información en poder de las autoridades, alias ‘Jimmy’ sería el responsable de promover el reciente bloqueo en la vía que comunica al Guaviare con el Meta, un corredor clave para el abastecimiento de los municipios de la región. El objetivo de la estructura sería presionar la salida de una base militar ubicada en un punto estratégico que afecta la movilidad y las rutas utilizadas por el grupo armado ilegal.En el audio, cuya autenticidad ya fue verificada por los organismos de inteligencia, se escucha al cabecilla ordenar la movilización forzada de comunidades indígenas y campesinas. El lenguaje que utiliza es explícito y amenazante:“Llame a toda esa gente… quiero ver a toda esa gente hp brotando pa’ afuera a apoyar… y a pelear. Pilas, porque los que no hagan las cosas ya saben cómo les toca”, dice, dejando claro que quienes no obedezcan enfrentarán represalias.Este es el audio:Alias ‘Jimmy’ también intenta justificar la presión señalando supuestos abusos del Estado: “Aquí el pueblo Nukak, lo que está pasando… el Gobierno cómo los atropellan, como que si fueran perros”, añade en otro aparte del mensaje.Para las autoridades, esta grabación confirma el control territorial que el grupo armado pretende mantener mediante intimidación y el uso de la población civil como escudo y fuerza de choque. La comunidad ha manifestado preocupación por el recrudecimiento de las amenazas y por el riesgo que implica enfrentarse a estas estructuras.Mientras tanto, el Ejército mantiene su presencia en la zona y asegura que no cederá ante presiones criminales. La investigación continúa para establecer la ubicación exacta de alias ‘Jimmy’ en las selvas del Guaviare y avanzar en su captura, considerado uno de los hombres más violentos y estratégicos dentro del aparato armado de ‘Iván Mordisco’.
En una entrevista concedida a Mañanas Blu, con Néstor Morales, el senador Julio Elías Vidal respondió a las acusaciones del director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), Carlos Carrillo, quien señaló presuntas presiones y favorecimientos en la adjudicación de contratos en La Mojana, específicamente relacionados con la llamada Ruta del Arroz. El legislador rechazó de manera tajante cualquier participación suya o de su familia en estos procesos y aseguró que sus señalamientos son parte de una retaliación por los debates de control político que él mismo ha impulsado.“Totalmente falso, totalmente falso”, afirmó al inicio de la entrevista. Según el senador, Carrillo “está creando una cortina de humo” para evadir cuestionamientos por su gestión y las denuncias que pesan en su contra, incluidas las hechas recientemente por la directora del DAPRE, Angie Rodríguez.Un contrato por $36.000 millones y la aparición de la Fundación San JoséEl senador sostuvo que desde noviembre de 2024 ha venido alertando sobre las inconsistencias en los contratos firmados por Carrillo para el llamado Plan Mojana. Dentro de ese paquete, uno de los más polémicos es el contrato de 36 mil millones de pesos destinado a apoyar la producción arrocera en la región tras las inundaciones.Durante la entrevista, Elías Vidal reveló que el consorcio ganador del contrato estaba integrado por tres entidades sin experiencia en agricultura:Fundación San José, con el 33% de participación.Fundación Colombia de Vida, dedicada —según el senador— al catering para eventos.Euonia SAS, empresa enfocada en la logística de espectáculos.“La Fundación San José no tiene ninguna especialidad relacionada con agricultura, pero se gana un contrato de la ruta del arroz en La Mojana”, cuestionó. También reiteró que ninguna de estas organizaciones tiene trayectoria en la región: “No conocen La Mojana, no saben dónde queda La Mojana”.El legislador denunció además que 12 mil millones de pesos, es decir, una tercera parte del contrato, estaban destinados a refrigerios: “Esa plata completamente se la iban a robar”, aseguró.Cortinas de humo y retaliación políticaEl senador presentó una cronología para sustentar sus afirmaciones. Recordó que citó a Carrillo a debates de control político el 12 de noviembre de 2024 y el 1 de abril de 2025, señalando presuntas irregularidades en los contratos. “Yo vengo denunciando esto desde noviembre”, puntualizó, “y ahora él sale con esta nueva cortina de humo a tirarme una cosa a mí”.Respecto a una denuncia anónima recibida en la UNGRD —según la cual el contrato de la Ruta del Arroz habría sido adjudicado para financiar su campaña—, Elías Vidal negó cualquier vínculo y sugirió que el propio Carrillo podría estar detrás de ella: “A mi parecer, esa denuncia la metió él mismo para crear una cortina de humo”.Aseguró no tener relación alguna con las empresas contratistas: “No conozco quién es la Fundación San José, no conozco quién es la Fundación Colombia Vida, no conozco quién es Euonia SAS”.El arraigo del senador con La MojanaConsultado sobre sus motivaciones, Elías Vidal explicó que su interés en La Mojana obedece a la cercanía geográfica y social con la región, que abarca municipios de Córdoba, Sucre, Bolívar y Antioquia. “He sido un defensor acérrimo de la situación de La Mojana porque tengo muchos amigos allí”, afirmó.Describió la crisis que enfrentan las comunidades: “Viven bajo el agua, están sometidos a las inclemencias del clima hace cuatro años… niños sin estudiar, familias enfermas”.También denunció los efectos del mercurio en el río Cauca, que ha llevado a que habitantes de San Marcos, Sucre, deban desplazarse para tratamientos de diálisis. “Pero eso no le importa al señor Carrillo; va allá, graba dos TikTok y no ofrece ninguna solución”, criticó.Relación política con el Gobierno Petro y con la ‘Ñoñomanía’El senador también negó que él o su hermano —el excongresista conocido como el Ñoño Elías— estén involucrados en la contratación estatal. “Mi hermano está alejado de la política”, dijo, al tiempo que aclaró que conserva el nombre del movimiento por “cariño familiar”.Sobre su posición frente al Gobierno nacional, afirmó: “Yo no soy petrista, ni nunca he sido petrista”. Sin embargo, reconoció que ha apoyado iniciativas específicas:“¿Quién puede estar en contra de la reforma laboral, de que le suban el salario mínimo a las personas?”.
A través de un fallo de 8 páginas, el Tribunal Superior de Cartagena tomó una decisión clave sobre el pulso judicial entre Reficar y la Dian.Esto, tras revocar la decisión emitida el pasado mes de noviembre por un juez de primera instancia, quien ordenó frenar el cobro de $1,3 billones por presunto no pago del IVA del 19 % en la importación de combustibles entre los años 2022 y 2024.El Tribunal de Cartagena tumbó la medida que suspendía el recaudo y declaró improcedente la tutela que la empresa había promovido para evitar un eventual embargo de sus cuentas o bienes.Todo comenzó cuando la Dian modificó su interpretación sobre el impuesto aplicable a la gasolina y el diésel importados.Según la nueva postura, tanto Reficar como Ecopetrol están obligadas a pagar un IVA del 19 %, contrario al 5 % que, de acuerdo con Reficar, corresponde aplicar.“Si bien la accionante invoca la posible afectación de su operación y su estabilidad financiera consecuencia de las actuaciones de la Dian, lo cierto es que no se acreditan en el expediente elementos objetivos que permitan concluir la configuración de un perjuicio y irremediable”, se lee en el fallo de 8 páginas.El Tribunal también le dio un jalón de orejas a Reficar porque este tipo de controversias deben ser tramitadas ante la jurisdicción contencioso-administrativa, escenario en el que es posible solicitar la suspensión provisional del acto cuestionado.
El Gobierno nacional se pronunció este jueves luego de que la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones alertara sobre los riesgos de un borrador de decreto que modificaría las reglas del Registro Nacional de Turismo (RNT) y, según el gremio, permitiría una “licencia de facto” para la operación de alojamientos turísticos sin requisitos técnicos ni jurídicos.Frente a estas críticas, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo aclaró que el objetivo del decreto no es limitar ni regular plataformas digitales como Airbnb, sino fortalecer el RNT, garantizar la transparencia de la información y avanzar en la formalización de los servicios turísticos en el país. La entidad insistió en que lo que se busca es que todas las plataformas cumplan con las normas y operen bajo criterios de responsabilidad y legalidad.Sobre este tema, Paula Cortés Calle, presidenta ejecutiva de Anato, destacó que cualquier ajuste normativo debe asegurar orden y rigor dentro del registro, así como reglas claras para todos los actores del sector.“Todos hemos venido trabajando de la mano del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en mesas de trabajo, buscando la manera de ponerle freno a la informalidad que hay en el país en materia turística. Dentro de esos puntos que se busca modificar en este proyecto de decreto que está publicado para comentarios, es que haya una interoperabilidad del registro con la Superintendencia de Industria y Comercio, Ministerio de Comercio y las cámaras de comercio que son las que llevan el registro”, señaló la presidenta de Anato.El Gobierno también explicó que el borrador del decreto ha sido construido con aportes de gremios, empresarios, representantes de la propiedad horizontal, autoridades locales, anfitriones y plataformas digitales. Además, se desarrolló una reunión puntual con Airbnb, AmCham, la Asociación Latinoamericana de Internet y otros actores del ecosistema digital para revisar inquietudes y ajustar los puntos técnicos del documento.Aunque el borrador sigue en discusión, el ministerio afirmó que el proceso avanza con la intención de lograr una regulación equilibrada que permita modernizar el RNT sin frenar la innovación ni la competitividad del turismo en Colombia.