En Colombia, crece la preocupación por los retrasos y obstáculos que enfrentan niños diagnosticados con alergia a la proteína de la leche de vaca (APLV) para acceder a alimentos con propósitos médicos especiales (APME), indispensables para su supervivencia y desarrollo. Especialistas y familias denuncian que la demora en la entrega de estas fórmulas es un riesgo vital que expone a los menores a desnutrición, complicaciones graves e incluso a desenlaces fatales.El Dr. Juan Pablo Riveros, miembro de la Junta Directiva del Colegio Colombiano de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica (COLGAHNP), alerta que cada semana reciben reportes de bebés que llevan entre 20 y 30 días sin recibir su nutrición especializada. “Cuando los niños con APLV no tienen acceso oportuno al tratamiento, presentan alto riesgo de retrasos en el crecimiento, bajo peso, alteraciones en el desarrollo cognitivo y episodios de anafilaxia potencialmente mortales”, explica el especialista.La APLV es la alergia alimentaria más común en la primera infancia y se trata de una reacción inmunológica severa que puede generar síntomas digestivos, respiratorios, dermatológicos y crisis de anafilaxia. Su manejo requiere diagnóstico especializado y, en muchos casos, el uso de fórmulas hidrolizadas o de aminoácidos libres. “Los APME no son opcionales ni reemplazables por fórmulas convencionales. Negar o retrasar su entrega es exponer a los niños a complicaciones graves que pueden prevenirse”, enfatiza la Dra. Ailim Carías, presidenta de COLGAHNP.Entre julio de 2024 y junio de 2025, la Superintendencia Nacional de Salud registró al menos 1.120 quejas relacionadas con barreras de acceso al tratamiento nutricional para pacientes con APLV, principalmente por demoras o negaciones en la autorización y entrega. Las familias y especialistas esperan que esta situación cambie pronto para no poner en riesgo la vida de los menores en el país.
Durante los últimos días, las afirmaciones del presidente Gustavo Petro sobre la salida de Luis Carlos Leal de la Superintendencia Nacional de Salud volvieron a poner en la agenda pública las decisiones adoptadas durante los ocho meses en los que Leal estuvo al frente de la entidad, en particular la designación de agentes interventores en varias EPS intervenidas por el Estado.En abril de 2024, la Superintendencia Nacional de Salud ordenó la intervención de la Nueva EPS y designó como primer agente interventor al médico Julio Alberto Rincón Ramírez, nombramiento realizado bajo la administración de Luis Carlos Leal. Posteriormente, la intervención de la entidad fue asumida por Bernardo Armando Camacho Rodríguez, quien continuó con el proceso de administración especial de la EPS.En el mismo período, Luis Carlos Leal también designó a Dúver Dicson Vargas Rojas como agente interventor de la EPS Sanitas. Este nombramiento derivó en actuaciones de los organismos de control. La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra el entonces superintendente de Salud por presuntas irregularidades relacionadas con la intervención de Sanitas y con el acto administrativo que sustentó la designación del agente interventor.De acuerdo con lo informado por el Ministerio Público, la apertura de la investigación se produjo tras una queja presentada contra la Superintendencia Nacional de Salud, en la que se señaló una aparente falsa motivación consignada en la resolución que ordenó la intervención de la EPS. El proceso disciplinario se encuentra en etapa de investigación.Estos nombramientos se produjeron en el contexto de una administración que antecedió a la salida de Luis Carlos Leal del cargo, quien asumió la Superintendencia luego de la gestión de Uláhy Beltrán y permaneció en la entidad durante ocho meses. Tras su retiro, se intensificaron los cuestionamientos sobre los criterios utilizados para la selección de los agentes interventores.En declaraciones a Blu Radio, Julio Alberto Rincón Ramírez señaló que la solicitud para recomendar su hoja de vida fue realizada por el director de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), Félix León, versión que se sumó al debate sobre la cadena de decisiones en los nombramientos.Con la salida de Luis Carlos Leal, la Superintendencia Nacional de Salud quedó en manos de Giovanny Rubiano, quien en noviembre de 2024 adoptó como una de sus primeras decisiones el cambio de todos los agentes interventores designados durante la administración anterior. En ese momento también se denunció que varios de ellos habían ejercido cargos como gestores de hospitales públicos durante la administración de Gustavo Petro como alcalde de Bogotá.
Dormir no solo es importante por la noche, incluso una siesta corta puede ser clave para que el cerebro se recupere y esté listo para aprender de nuevo. De hecho, un gran porcentaje de las personas suele tomar una siesta en horas de la tarde, esto ocurre principalmente por un descenso fisiológico natural en el estado de alerta del del reloj biológico, el cual ocurre despues del almuerzo.Según un estudio publicado en la revista NeuroImage por científicos de Suiza y Alemania, dormir en horas de la tarde es considerado un sueño reparador para el cuerpo humano.La investigación analizó a 20 adultos jóvenes que pasaron por dos tardes diferentes, en una durmieron una siesta de aproximadamente 45 minutos y en la otra permanecieron despiertos.Después de cada periodo, los investigadores midieron cambios en la actividad cerebral usando “electroencefalogramas y estimulación magnética transcraneal, métodos no invasivos que permiten inferir la fortaleza y flexibilidad de las conexiones neuronales”.¿Qué pasa en el cerebro durante una siesta?De acuerdo al estudio, durante el día la mente humana está constantemente reorganizando conexiones entre neuronas, a medida que se adquiere nuevas experiencias e información.Esta acción fortalece esas conexiones, pero también puede saturarlas, limitando la capacidad para seguir aprendiendo. “El sueño, incluso un descanso breve, parece actuar como un “reinicio” sináptico: reduce el exceso de conexiones y libera espacio para almacenar nueva información”.Lo anterior quiere decir que, tras la siesta “el cerebro no solo está menos cargado, sino que su capacidad para formar nuevas conexiones mejora, facilitando el aprendizaje y la codificación de información fresca”.Los resultados del estudio dejaron ver una explicación biológica a la sensación común de que después de dormir una siesta la mente está más clara y la atención más aguda. Esto puede ser particularmente útil en actividades que demandan alto rendimiento mental o físico donde mantener la concentración es clave:Estudiar.Tocar un instrumento.Practicar un deporte.Desempeñarse en profesiones exigentes.Además, otras investigaciones en neurociencia indican que un descanso breve durante el día mejora los procesos cognitivos, pues facilita la consolidación de la memoria y la capacidad para enfrentar nuevas tareas con mayor eficacia.¿Por qué es tan eficiente la siesta?La idea central detrás de estos beneficios es la hipótesis de homeostasis sináptica, que propone que durante el sueño el cerebro “rebaja” el exceso de conexiones creado mientras estamos despiertos, restaurando así su habilidad para aprender y adaptarse sin saturarse. Este proceso ocurre tanto en grandes periodos de sueño como en siestas más cortas, aunque con distintos grados de profundidad. En resumen, lo que concluye el estudio es que, una breve siesta no solo relaja, sino que reorganiza el cerebro para que pueda pensar y aprender mejor.
En un mundo donde la mayoría de los alimentos tienen fecha de caducidad y requieren cuidados especiales para conservarse, existe uno que rompe todas las reglas. No importa si pasan años, décadas o incluso siglos: este producto natural sigue siendo apto para el consumo humano sin perder su sabor, aroma ni propiedades nutricionales. No se descompone, no desarrolla bacterias peligrosas y resiste condiciones ambientales que dañarían cualquier otro alimento.¿Cuál es el alimento que nunca se vence?Se trata de la miel, un producto elaborado por las abejas a partir del néctar de las flores, que ha sido consumido por la humanidad desde la antigüedad. Registros históricos muestran que civilizaciones como la egipcia ya la utilizaban tanto como alimento como en rituales medicinales y funerarios, precisamente por su extraordinaria capacidad de conservación.¿Por qué nunca se daña la miel?El secreto detrás de la durabilidad de la miel está en su composición química y en el proceso natural de producción. Durante su elaboración, las abejas reducen al máximo el contenido de agua y enriquecen el néctar con enzimas, creando una sustancia espesa y estable.Entre los factores que explican su resistencia se encuentran:Alta concentración de azúcares, que actúan como conservantes naturales.Propiedades higroscópicas, que absorben la humedad e impiden el crecimiento de bacterias.pH ácido, que genera un entorno hostil para microorganismos.Por esta razón, aunque la miel pueda oscurecerse o cristalizarse con el tiempo, estos cambios no significan que esté dañada ni que haya perdido su valor nutricional.Cómo conservarla correctamenteAunque no se vence, almacenar correctamente la miel ayuda a mantener su sabor, textura y calidad. Los expertos recomiendan:Guardarla en recipientes herméticos, preferiblemente de vidrio.Mantenerla en un lugar fresco y seco.Evitar la exposición directa al sol y a la humedad.De esta manera, puede conservarse durante décadas sin necesidad de refrigeración ni conservantes artificiales.Beneficios de la mielAdemás de ser un alimento prácticamente eterno, la miel ofrece múltiples beneficios para el organismo. Es una fuente natural de energía, aporta vitaminas y minerales, y es conocida por sus propiedades calmantes para la garganta, la tos y la congestión. También se utiliza ampliamente en la cocina como endulzante natural en bebidas, postres y recetas saladas.
El sur de Santander vuelve a estar en alerta por la violencia que golpea a las comunidades rurales. El ganadero Rubiel Cáceres Marín, de 53 años y ampliamente reconocido en el municipio de Coromoro, fue hallado sin vida en la vereda El Guadual, luego de haber sido reportado como secuestrado desde el pasado viernes.De acuerdo con las autoridades, el cuerpo fue encontrado este domingo en un sector rural ubicado sobre la vía que comunica las veredas Pueblo Viejo y El Guadual, a cerca de dos horas del casco urbano. Campesinos de la zona alertaron sobre el hallazgo, lo que motivó el desplazamiento de unidades de la Policía Nacional para adelantar los actos urgentes.Según el relato de sus familiares, Cáceres Marín fue interceptado por hombres armados el viernes hacia las 2:00 de la tarde, cuando se movilizaba en motocicleta entre las veredas La Zúñiga y La Mina, mientras trasladaba ganado hacia otra zona del municipio. En ese momento, lo acompañaba un familiar con discapacidad auditiva, quien fue dejado en libertad y logró dar aviso a las autoridades.Durante la reacción policial ese mismo día, uniformados se encontraron con tres hombres que se movilizaban en motocicletas, uno de ellos conduciendo el vehículo del ganadero. En medio del procedimiento se registró un intercambio de disparos y los sospechosos huyeron hacia una zona boscosa, abandonando las motocicletas. Desde entonces, unidades del Gaula, la Policía y el Ejército Nacional adelantaban operativos de búsqueda en el sector.El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, lamentó el crimen y expresó su solidaridad con los allegados de la víctima. “Lamentamos este homicidio del señor Rubiel Cáceres, reconocido ganadero de Coromoro. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia y amigos, que hoy enfrentan un profundo dolor ante este hecho que enluta al departamento”, señaló el funcionario.Hernández agregó que se mantiene activa la investigación para esclarecer los hechos y reiteró el llamado a la comunidad para aportar información. “Invitamos a la ciudadanía a suministrar cualquier dato que permita avanzar en las investigaciones, garantizando absoluta reserva”, indicó.De manera preliminar, las autoridades no descartan que el crimen esté relacionado con extorsiones que, según denuncias de habitantes, comerciantes y productores rurales, se han venido incrementando en esta zona del departamento. La familia del ganadero aseguró que la víctima habría sido presionada económicamente por grupos armados ilegales y pidió a las autoridades esclarecer el caso, advirtiendo que situaciones similares se estarían presentando en la región.En los últimos meses, la presencia de estructuras del ELN ha sido señalada de forma reiterada en el sur de Santander, generando preocupación por el aumento de homicidios, amenazas y extorsiones que afectan la seguridad y la tranquilidad de las comunidades campesinas.
Esta es la ponencia presentada por los magistrados del CNE Álvaro Echeverry, Fabiola Márquez y Alba Lucía Velásquez, que pide permitir la participación del senador Iván Cepeda en la consulta del Frente por la Vida del 8 de marzo. En el documento, los magistrados sostienen que la consulta del 26 de octubre de 2025 fue de carácter partidista del Polo Democrático Alternativo y que su participación como precandidato del Pacto Histórico no constituye doble militancia ni genera doble gasto público.La ponencia fue radicada en la noche del domingo 1 de febrero y solicita permitir la participación de Iván Cepeda en la consulta prevista para el próximo 8 de marzo. La ponencia fue presentada por los magistrados Álvaro Echeverry, Alba Lucía Velásquez y Fabiola Márquez, y será discutida este lunes a las 8:00 de la mañana, donde se evaluará una decisión sobre la controversia que rodea la precandidatura de Cepeda.La noticia se conoce luego de una carta enviada por el Pacto Histórico este lunes 26 de enero a la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) y a su presidente, el magistrado Cristian Quiroz, al sostener que no existe ningún impedimento legal para que Cepeda compita en la consulta. La coalición argumentó que su participación hace parte de una estrategia transparente orientada a consolidar una candidatura única a la Presidencia de la República.“De acuerdo con lo anterior, es importante resaltar una premisa clara e inequívoca: la voluntad y el propósito expresados consistieron en la realización de una consulta partidista, a realizarse el 26 de octubre de 2025, con el objetivo de que su resultado habilitara la participación de la precandidatura seleccionada en la consulta de marzo de este año o, en su defecto, como candidato en la elección presidencial de 2026”, se lee en el documento.
En zona montañosa del municipio de Tuluá, en el corregimiento de Santa Lucía, Valle del Cauca, cuatro mujeres que se movilizaban en una motocicleta fueron arrastradas por la creciente de una quebrada. El hecho ocurrió cuando intentaban cruzar el afluente, momento en el que perdieron el control del vehículo y cayeron al agua.Como consecuencia de la emergencia, una madre y sus dos hijas, de 3 y 6 años de edad, fueron halladas sin vida por la comunidad y kilómetros más abajo fue encontrada la cuarta mujer, quien presentaba varias lesiones, la cual posteriormente fue trasladada de urgencias a un centro asistencial.“Son unos lamentables hechos producto de un accidente ocurrido a bordo de una motocicleta. Desafortunadamente, el resultado es fatal. Inicialmente fue hallado el cuerpo de la madre de las dos niñas y posteriormente, hacia las 6:00 de la tarde, fueron encontrados los cuerpos de las menores, los cuales fueron trasladados al centro poblado de Santa Lucía, específicamente al templo parroquial. En este accidente también resultó lesionada la otra acompañante que se movilizaba en la motocicleta”, dijo Martín Hincapié, secretario de Gobierno de Tuluá.La madre de las menores fue identificada como Adriana Ante, mientras que la mujer lesionada responde al nombre de Olga Lucía Sánchez, quien se recupera de las heridas en un centro hospitalario de Tuluá. Las autoridades del municipio adelantan las labores de investigación en coordinación con la Fiscalía General de la Nación.“Activamos de inmediato los protocolos del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo para atender la emergencia. El alcalde ordenó que la administración municipal asuma la totalidad de los gastos fúnebres de las víctimas, cuyos cuerpos están siendo trasladados desde Santa Lucía hasta la cabecera municipal. La Fiscalía General de la Nación y la Policía Judicial adelantarán los actos urgentes para la inspección técnica de los cuerpos”, agregó Hincapié.Cabe señalar que, debido a las intensas lluvias registradas en las últimas horas, el río Tuluá también se desbordó, generando múltiples emergencias en la cabecera municipal, con vías inundadas, barrios y viviendas afectadas.
Las autoridades adelantan investigaciones para esclarecer dos homicidios de mujeres registrados en el municipio de San José de Pare, Boyacá, en límites con Santander, hechos que han generado conmoción entre la comunidad debido a que ocurrieron con menos de 48 horas de diferencia y presentan similitudes en los signos de violencia.El primer caso se registró el 29 de enero en la vereda Balsa, donde fue hallado el cuerpo sin vida de una mujer con evidentes signos de violencia. Al día siguiente, el 30 de enero, las autoridades encontraron a otra mujer asesinada en un cafetal de la vereda Resguardo, con características similares en las lesiones, situación que es materia de análisis por parte de los organismos judiciales para establecer si ambos crímenes están relacionados.Las víctimas fueron identificadas como María Elvia González y María Rosalía Díaz Tamayo.Frente a estos hechos, la secretaria de Integración Social de Boyacá, Luisa Rodríguez, expresó un mensaje de solidaridad y rechazo contundente a la violencia contra las mujeres.“Desde la Secretaría de Integración Social le enviamos un mensaje de solidaridad a las familias de las víctimas y a la comunidad de San José de Pare, del departamento de Boyacá, por los hechos ocurridos que enlutan nuestros corazones. Rechazamos cualquier tipo de acto violento que agreda la integridad de nuestras mujeres. Instamos a las autoridades locales y departamentales a que se articulen para generar celeridad y esclarecimiento de los hechos”, señaló la funcionaria.Las autoridades continúan con las labores investigativas y de recolección de pruebas para dar con los responsables de estos homicidios y determinar si existe conexión entre ambos casos.
En medio de la controversia jurídica que rodea la participación del senador Iván Cepeda en la consulta interpartidista del 8 de marzo, la senadora María José Pizarro, jefa de debate de su campaña presidencial, aseguró que el movimiento ha actuado dentro de los márgenes de la ley y con total transparencia. En declaraciones a Mañanas Blu, con Néstor Morales, Pizarro sostuvo que desde el primer momento se trazó una ruta democrática pública y transparente, avalada por documentos de la Registraduría.El pronunciamiento de la congresista se produjo pocas horas después de conocerse una ponencia radicada por tres magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE), que calificó la consulta realizada en octubre de 2025 como una consulta partidista, lo que abriría la puerta para que Cepeda participe sin impedimentos en la interpartidista de marzo. El documento de 49 páginas fue presentado por los magistrados Benjamín Echeverri, Alba Lucía Velásquez y Fabián Márquez, quienes argumentaron que la naturaleza de ambas consultas es diferente.Un debate jurídico con impacto políticoLa discusión ante el CNE tiene un trasfondo más profundo. Algunos sectores habían advertido que permitir la participación de Cepeda podría implicar una doble financiación estatal. Sin embargo, los magistrados señalaron que tal interpretación “parte de una premisa jurídicamente incorrecta”. Pizarro respaldó esa visión al enfatizar que la consulta de octubre, en la que Iván Cepeda y Carolina Corcho fueron los únicos aspirantes, fue organizada exclusivamente por el Polo Democrático Alternativo, luego del retiro formal de la Unión Patriótica y el Partido Comunista.“Las personas que participaron en esa consulta estaban avaladas exclusivamente por el Polo Democrático, y eso consta en los documentos oficiales”, afirmó la senadora, quien recordó que la personería jurídica del Pacto Histórico fue otorgada después del proceso. Según Pizarro, esta diferencia sustancial prueba que “se trató de una consulta partidista, no de coalición”, al contrario de lo que algunos detractores han sostenido.“Violación de derechos políticos sin precedentes”Frente a la posibilidad de que el CNE no autorice la participación del actual candidato del Pacto Histórico en la consulta interpartidista, Pizarro advirtió que, en ese caso, “estaríamos ante una violación de derechos políticos sin precedentes en la historia del país”. La congresista considera que impedirle participar vulneraría los derechos de miles de ciudadanos que votaron por un proceso democrático “anunciado y explicado al país desde 2024”.La senadora también aclaró que el tarjetón de la jornada de octubre incluía una pregunta precisa para escoger un precandidato con miras a la consulta de marzo. “Radicamos una solicitud ante el Consejo Nacional Electoral para aclarar el propósito de la consulta, pero nunca fue respondida”, explicó; agregó que el Pacto actuó de acuerdo con las garantías democráticas dispuestas por las autoridades electorales.Un frente amplio progresistaMás allá de las disputas jurídicas, Pizarro insistió en el carácter estratégico y unitario del proyecto político que representa. Recordó que el Frente por la Vida, que agrupa a Roy Barreras, Camilo Romero, Juan Fernando Cristo e Iván Cepeda, busca consolidar un bloque democrático alternativo que enfrente a los sectores más conservadores del país. “Estamos construyendo una alternativa sólida, democrática y progresista para Colombia, y lo hacemos con plena convicción”, subrayó.Consultada sobre un posible triunfo de Roy Barreras en la consulta de marzo, la jefa de campaña descartó cualquier temor político: “Estamos seguros de que no perderíamos con Roy”. Para Pizarro, la participación del bloque del Pacto Histórico en la contienda es una oportunidad de fortalecer el movimiento y de reafirmar el compromiso con la unidad del campo progresista colombiano.Transparencia y continuidad del procesoLa senadora reiteró que el Pacto Histórico ha actuado con apego a las normas desde su conformación en 2022, cuando contribuyó a la elección del presidente Gustavo Petro. “No nos coaligamos para sobrevivir políticamente, sino para conformar una fuerza sólida que contribuya a la cultura democrática del país”, afirmó.Según Pizarro, la decisión del CNE sobre la habilitación de Cepeda queda “en manos de opositores políticos”, aunque confía en que prevalezcan los argumentos legales. “Esperamos que la decisión sea jurídica y no política”, expresó, señalando que la institucionalidad electoral debe garantizar los derechos de participación ciudadana y evitar interpretaciones partidistas.Una decisión definitiva en el horizonteA poco más de un mes de la consulta interpartidista del 8 de marzo de 2026, el fallo del CNE se convertirá en un punto de inflexión para la izquierda colombiana. De confirmarse la ponencia, Iván Cepeda quedaría habilitado para competir en igualdad de condiciones contra figuras como Roy Barreras y Juan Fernando Cristo. Si se rechaza, el Pacto Histórico deberá definir si mantiene su ruta independiente hacia la primera vuelta presidencial.Mientras tanto, Pizarro insiste en mantener la movilización política. “Cada plaza que visitamos está llena, la gente nos acompaña con entusiasmo y cree en este proyecto”, concluyó en la entrevista.
Durante el embarazo es muy normal que a las madres les digan una frase que, en muchos casos, genera temor: “el bebé le quita el calcio a la mamá”. Estas palabras suelen venir acompañadas de miedos relacionados con dientes frágiles o huesos debilitados. Sin embargo, la ciencia ha revelado que el panorama es más complejo de lo que parece, aunque es prevenible con una buena alimentación.El cuerpo materno se adapta para cubrir las necesidades del bebé, pero esa adaptación funciona de manera adecuada solo si existe un aporte suficiente de nutrientes.¿El bebé realmente consume el calcio de los huesos de la mamá?Según revela CELAN (Centro Latinoamericano de Nutrición), la realidad es que durante la gestación, especialmente en el último trimestre, suele presentarse una mayor demanda de calcio, debido a que el feto lo requiere para formar su estructura ósea. Ante esto, el organismo de la madre responde absorbiendo más calcio de los alimentos. Sin embargo, cuando la ingesta es insuficiente, es posible que la movilización de este mineral provenga de los huesos maternos.Eso sí, este proceso no es automático ni inevitable, pero sí requiere una atención especial, particularmente en adolescentes, cuyo esqueleto aún se encuentra en proceso de consolidación.No es comer por dos, es nutrirse mucho mejorMás que aumentar calorías sin control, el embarazo exige cubrir nutrientes específicos. Entre los más importantes están la proteína y el calcio, fundamentales para el crecimiento fetal y para los cambios que experimenta el cuerpo materno. El peso al nacer, por ejemplo, es un indicador que refleja cómo fue el ambiente intrauterino. Un bajo peso no es una condena, pero sí una señal de que la nutrición durante el embarazo importa y puede tener efectos a largo plazo.Lácteos: así puede evitar problemas de calcioLa leche, el yogur y el queso suelen destacarse por combinar proteína con calcio de alta biodisponibilidad. Estudios científicos han evidenciado que un mayor consumo de lácteos se asocia con un mejor peso y longitud al nacer, además de un menor riesgo de bajo peso. Para incorporarlos de forma práctica y segura, se recomienda:Consumir entre 2 y 3 porciones al día, según tolerancia.Elegir productos pasteurizados y de buena calidad.Optar por versiones naturales o con bajo contenido de azúcares.Usar alternativas deslactosadas en caso de intolerancia.
El secretario distrital de Salud de Bogotá, Gerson Bermont, advirtió en la red social X que los lineamientos que prepara el Ministerio de Salud desde mediados de enero sobre los bancos de leche humana no deben generar exclusiones ni poner en riesgo la lactancia materna. Bermont también recalcó que la donación de leche es un asunto de salud pública que debe abordarse con base en la evidencia, el respeto por la autonomía de las mujeres y sus derechos.En su mensaje, Bermont sostuvo que las decisiones alrededor de la donación de leche no pueden traducirse en restricciones automáticas para las madres y señaló que el objetivo central debe ser proteger la vida de los recién nacidos, bajo un enfoque humano y no discriminatorio. Además, resaltó que desde el sector salud de Bogotá se insiste en que los lineamientos nacionales deben evitar criterios que excluyan a posibles donantes sin una justificación técnica clara.El pronunciamiento del secretario se da luego de una publicación de El Espectador, en la que se advierte que el proyecto de resolución del Ministerio de Salud plantea excluir de la donación de leche a mujeres que hayan perdido a su bebé, entre otros requisitos, como que la mujer lactante cuente con el apoyo de su pareja o de un grupo familiar. Es decir, una madre que esté atravesando un duelo gestacional o perinatal, o que se encuentre sola, no podría donar leche, aun cuando se encuentre en óptimas condiciones para hacerlo.De acuerdo con las fuentes entrevistadas por el medio de comunicación, estos lineamientos han generado preocupación porque, según advierten, se desconoce la contribución de estas mujeres a la alimentación segura de bebés que, por patologías propias o de su madre, no podrían ser lactados directamente. A esta inquietud se suma la Asociación Colombiana de Psiquiatría, que alertó que la propuesta podría ir en contravía de evidencia científica reciente que respalda los efectos favorables de la donación de leche en madres que han atravesado una pérdida reciente.En un comunicado, la asociación señaló que el duelo perinatal es una experiencia dolorosa, pero no anula la capacidad de las mujeres para tomar decisiones sobre la lactancia ni para ser donantes de leche. Además, advirtió que los nuevos lineamientos podrían contradecir la Ley 2310 de 2023, conocida como la 'Ley Brazos Vacíos'. La norma establece que el sistema de salud debe respetar la voluntad de la mujer frente a la atención del duelo perinatal en todas sus etapas, así como garantizar el acceso a apoyo idóneo durante el proceso de lactancia en el duelo y el derecho de las familias que han sufrido una pérdida gestacional o perinatal a recibir atención psicosocial.
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), emitió una alerta sanitaria por la comercialización ilegal del producto MINOXIDIL 5 mg + DUTASTERIDE 0.5 mg cápsulas, ofrecido en el mercado como tratamiento contra la alopecia, pese a no contar con registro sanitario ni autorización para su venta en Colombia.Según la entidad, el producto es promocionado como “cápsulas anti-alopecia” y se presenta como un estimulante del crecimiento de nuevos folículos capilares. Sin embargo, el Invima señaló que no existen garantías sobre su calidad, seguridad o eficacia, debido a que se desconoce su composición real, así como las condiciones de fabricación, almacenamiento y transporte.El coordinador del Grupo de Farmacovigilancia del Invima, William Saza Londoño, explicó que el consumo de medicamentos sin registro sanitario implica riesgos para la salud, ya que no han sido evaluados ni autorizados por la autoridad competente. En estos casos, indicó, no hay certeza sobre los efectos que puedan generar en el organismo, tanto a corto como a largo plazo.Riesgos en la salud por consumir estas cápsulasLa entidad advirtió que el uso de este tipo de productos puede generar interacciones con otros medicamentos o alimentos, alteraciones en el sistema circulatorio, reacciones adversas en la piel, alergias y prurito. Estos riesgos aumentan cuando los productos son adquiridos a través de redes sociales, plataformas digitales o cadenas de mensajería, donde no existe control sanitario.El Invima reiteró que ningún medicamento puede ser comercializado legalmente en el país sin contar previamente con un registro sanitario vigente, el cual certifica que el producto cumple con los requisitos de seguridad, calidad y eficacia establecidos por la normatividad.Ante esta situación, la entidad hizo un llamado a la ciudadanía para abstenerse de adquirir y consumir el producto señalado, así como a verificar siempre el número de registro sanitario antes de utilizar medicamentos, productos fitoterapéuticos o suplementos dietarios, mediante los canales oficiales de consulta del Invima.Finalmente, el Instituto solicitó a las autoridades de salud territoriales, establecimientos farmacéuticos e instituciones prestadoras de servicios de salud reforzar las acciones de inspección, vigilancia y control, además de difundir esta alerta entre los diferentes actores del sector, con el fin de prevenir riesgos en la población.
La crisis por la entrega oportuna de medicamentos en Colombia se ha convertido en un problema estructural que afecta directamente la vida y la salud de miles de pacientes, en especial aquellos con enfermedades crónicas y huérfanas.Durante más de medio año, usuarios del sistema han denunciado retrasos, entregas incompletas y la suspensión total de tratamientos esenciales, una situación que ha llevado al agravamiento de patologías que requieren manejo continuo y especializado.Pacientes y familiares advierten que la falta de medicamentos no solo ha generado retrocesos en los tratamientos, sino que ha derivado en hospitalizaciones prolongadas y, en los casos más graves, ingresos a unidades de cuidados intensivos. Personas con diagnósticos oncológicos, enfermedades autoinmunes, raras y crónicas han visto interrumpidos esquemas médicos fundamentales, aumentando el riesgo de complicaciones severas y reduciendo su calidad de vida.Ante este panorama, los afectados han recurrido a múltiples mecanismos para exigir respuestas. Plantones frente a EPS, gestores farmacéuticos, así como la radicación de derechos de petición y cartas formales, han sido constantes en distintas regiones del país. Sin embargo, los pacientes aseguran que durante meses no recibieron soluciones efectivas, mientras la crisis se profundizaba.Frente a este escenario, la Superintendencia Nacional de Salud anunció que para 2026 implementará una hoja de ruta que incluye un plan de choque para mejorar la entrega de medicamentos, con el objetivo de que las fórmulas se suministren de manera completa, el aumento de auditorías y visitas a EPS, prestadores y gestores farmacéuticos, la revisión del total de los reclamos en salud abiertos o vencidos y el fortalecimiento de la presencia territorial. No obstante, los pacientes advierten que estas medidas llegan después de meses de afectaciones graves a su salud y exigen soluciones inmediatas que eviten que más personas continúen deteriorándose o lleguen a hospitalización por la falta de tratamientos.
En una entrevista concedida a Mañanas Blu con Néstor Morales, el exsuperintendente de Salud, Luis Carlos Leal, confirmó que durante su gestión recibió “órdenes a través de la mano derecha de Laura Sarabia, Jaime Ramírez, diciendo que eran órdenes del presidente y que ya tenían el visto bueno”.La declaración del exfuncionario reactivó una crisis política que estalló esta semana entre el presidente Gustavo Petro y su exsuperintendente, al sumarse a las acusaciones sobre presunta corrupción en la designación de interventores de EPS bajo intervención estatal. El escándalo involucra indirectamente a Laura Sarabia, actual embajadora en Londres, y a su exasesor Jaime Ramírez Cobo, señalado por Leal como el intermediario en la entrega de hojas de vida.El presidente Petro, desde un acto público en la Casa de Nariño, acusó a Sarabia de haber “engañado” a Leal, y aseguró que “lo primero que hicieron fue entregar unas hojas de vida que yo no puse, pero dijeron que era yo, Laura. Eso fue un engaño”.“No eran amigos del poder, eran técnicos”Luis Carlos Leal, médico y exsuperintendente, defendió su gestión argumentando que los nombramientos se realizaron bajo las normas y requisitos legales. “La ley no dice que uno tenga que nombrar amigos o personas conocidas. Dice que deben cumplir unos requisitos técnicos. Eso fue lo que hicimos”, afirmó.El exfuncionario explicó que durante el proceso de selección se verificaron los antecedentes a través de los mecanismos establecidos, entre ellos el sistema SARLAFT y los reportes de la UIAF. Según afirmó, “cumplieron todos los requisitos, se hicieron los estudios necesarios y se agotaron las instancias para garantizar que no hubiera antecedentes penales ni disciplinarios”.Sin embargo, tres de los interventores designados —en Asmet Salud, Emsanar y SOS— fueron posteriormente denunciados ante la Fiscalía General por presuntas irregularidades. “La Superintendencia vigiló esos comportamientos, evidenció que estaban mal y los denunció oportunamente”, aseguró Leal.Fiscalización y posibles entramadosDetrás de esas anomalías, dijo el exsuperintendente, operaba una figura clave: Mario Urán, un asesor externo que, según Leal, “presuntamente coordinaba a los interventores, les decía dónde debían poner los recursos, y eso va en contravía de sus funciones”.Leal aclara, sin embargo, que no puede afirmar judicialmente si Urán actuaba en nombre o bajo el conocimiento de Sarabia. “No tengo ni idea, eso tiene que determinarlo la Fiscalía General de la Nación. Nosotros denunciamos los nombres y entregamos las pruebas”, señaló.El exfuncionario reveló además que informó personalmente al presidente Petro cuando descubrió irregularidades en las órdenes. “Le escribí directamente al presidente y le dije: no estoy de acuerdo con esta decisión. Él me respondió que nunca había dado esa orden. Ahí supimos que había intermediarios que se hacían pasar por él”, relató.Ruptura política y salida del cargoPese a haber alertado sobre las irregularidades en 2024 —según él, también denunciadas ante la Fiscalía en octubre de ese año—, Leal fue retirado del cargo meses después. Sobre los motivos de su salida, no ofreció una respuesta precisa: “No sabría decirle cuál fue la razón que motivó al presidente para pedir mi renuncia. No tengo ni idea”, reconoció.La tensión escaló cuando el propio presidente Petro, en un acto público reciente, se refirió a Leal como “ingenuo”, sugiriendo que fue víctima de manipulación en los procesos de designación de interventores. El exsuperintendente respondió con firmeza: “Yo actué conforme a la ley. No puedo meter las manos al fuego por alguien, pero sí puedo decir que cumplimos con todos los requisitos y que denunciamos los actos de corrupción cuando los detectamos”.El trasfondo: crisis del sistema de salud y disputa por el controlEl episodio se produce en medio de la persistente crisis del sistema de salud y del estancamiento de la reforma estructural impulsada por el Gobierno Petro. Para Leal, el problema no radica en las intervenciones, sino en la precariedad institucional. “Las intervenciones no solucionan el problema de raíz. Son pañitos de agua tibia frente a un sistema que necesita transparencia y control efectivo”, afirmó.El exfuncionario insistió en que el sistema actual “sigue permitiendo la corrupción”, y recalcó que el objetivo durante su gestión fue transparentar los recursos públicos y fortalecer la vigilancia digital de la Superintendencia, históricamente débil en capacidades tecnológicas.
Entre enero y agosto de 2025, la entidad recibió y acompañó 18.451 acciones de tutela para exigir la protección del derecho a la salud. De ese total, el 24 % de estos casos estuvo relacionado con la negación o el no acceso a medicamentos esenciales, con mayor concentración en Quindío, Caldas y Antioquia.A este escenario se suma una crisis financiera, ya que durante el último año se ha hecho más notorio el acumulado de deudas de las EPS con laboratorios, distribuidores, hospitales, gestores farmacéuticos e IPS.En Nariño, las deudas de las EPS superan los 163.000 millones de pesos; en Chocó, la deuda con los principales hospitales públicos acumula más de 40.000 millones en cartera vencida; y en Vaupés, solo Nueva EPS adeuda cerca de 28.000 millones de pesos al hospital departamental.Las consecuencias de esta situación ya son visibles en distintos territorios. En Sucre, 23 municipios registran problemas de suministro de medicamentos. En Nariño, se reportaron más de 32.000 fórmulas médicas pendientes y 2,29 millones de unidades farmacéuticas no entregadas. En Cartagena, las autoridades locales han recibido cerca de 60.000 quejas, mientras que en Manizales, a comienzos de 2025, se contabilizaban alrededor de 140.000 medicamentos represados.Según la Defensoría del Pueblo, el 66 % de los medicamentos no entregados corresponde a tratamientos para diabetes y enfermedades cardiovasculares, a los que se suman fármacos para el manejo del dolor, afecciones del sistema respiratorio, salud mental y enfermedades neurológicas como la epilepsia.El informe advierte, además, que dentro del top 10 de medicamentos con mayor reporte de no entrega figuran la metformina, la empagliflozina, el losartán, el valsartán, el amlodipino, el acetaminofén, la atorvastatina, la rosuvastatina, la hidroclorotiazida y vitaminas.Estos medicamentos son fármacos de uso cotidiano y considerados esenciales para el control de la diabetes, la hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, el manejo del dolor y otras condiciones crónicas.Entre 2022 y 2025, Bolívar, Bogotá, Quindío, Santander, Nariño y Valle del Cauca concentraron más de 11.600 quejas, lo que representa más de la mitad de los reclamos recibidos en todo el país por vulneración del derecho a la salud.
La crisis del sistema de salud y la situación financiera de Nueva EPS siguen generando pronunciamientos de distintos actores del sector. Recientemente, Blu Radio conoció una carta remitida desde el mes de octubre de 2025 por la Asociación Colombiana de Clínicas y Hospitales a la entonces agente interventora de la entidad, Gloria Libia Polanía, en la que el gremio de las IPS fija su posición frente a los embargos judiciales que hoy afectan a la aseguradora.En el documento, las clínicas y hospitales señalan que no puede aceptarse que los procesos adelantados ante los operadores judiciales y sus desenlaces se conviertan en una excusa para ocultar la disfunción de algunas EPS ni para trasladar a los prestadores la responsabilidad por los impactos en la atención a la población. Según el gremio, resulta injusto que se recrimine a las IPS por afectar el flujo de recursos o la atención a los pacientes, cuando los primeros afectados por la falta de pagos son precisamente los prestadores.La carta recuerda que, antes de que se llegue a una medida cautelar o a un acuerdo de transacción, existió una atención efectiva a usuarios afiliados, por la cual la EPS recibió la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Además, se mencionan múltiples procesos administrativos, acercamientos y solicitudes de pago que no tuvieron respuesta y que llevaron a clínicas y hospitales a escenarios financieros complejos, con riesgos tanto para las instituciones como para la población que requiere atención en salud.De acuerdo con el gremio, estas circunstancias han sido advertidas durante meses y la decisión de acudir a instancias judiciales y solicitar embargos se dio como último recurso ante la persistente falta de flujo de recursos por parte de la entidad.Este pronunciamiento se conoce en momentos en que Nueva EPS ha informado que enfrenta embargos ordenados por cuatro juzgados, por un monto cercano a los 2 billones de pesos, situación que, según la entidad, estaría afectando el pago a las IPS y a los gestores farmacéuticos. No obstante, desde los prestadores se insiste en que las dificultades de liquidez son previas a las medidas judiciales y que deben ser tenidas en cuenta en el debate público sobre la crisis del sistema de salud.A estas preocupaciones se suma la posición de la industria farmacéutica. Clara Rodríguez, presidenta de la Asociación de Industrias Farmacéuticas, señaló que la problemática no es reciente. “Esta es una situación que no viene solo de meses, sino de años anteriores. El sistema ha venido acumulando deudas muy importantes a través de las EPS con gestores farmacéuticos, operadores logísticos, clínicas y hospitales”, afirmó.Rodríguez explicó que estas dificultades han impactado el pago a la industria de medicamentos, tanto nacionales como importados. “No es una situación nueva, se ha venido agravando con el paso del tiempo y ya estamos hablando de más de uno o dos años con esta problemática. Siempre han existido deudas y esta industria ha padecido en varias ocasiones la quiebra de gestores farmacéuticos o de EPS que se han salido del sistema dejando grandes obligaciones pendientes”, sostuvo.Desde los pacientes también se han planteado cuestionamientos. Néstor Álvarez, afiliado a Nueva EPS y representante de pacientes de alto costo, aseguró que los embargos no pueden convertirse en la única explicación de la crisis. “Los embargos han servido como una cortina de humo para decir que por eso no han podido pagar. Tenemos claro que hay recursos congelados, pero el país necesita saber qué plata está embargada”, manifestó.Álvarez pidió claridad sobre si los recursos afectados corresponden a dineros destinados a la atención en salud o a gastos administrativos. “Si es plata para pagar servicios de salud, ningún juez puede romper los marcos jurídicos que impiden el embargo del dinero público de la salud”, indicó, al tiempo que hizo un llamado para que no se utilicen los embargos como justificación frente a la falta de explicaciones sobre el uso de la UPC y el nivel de endeudamiento con prestadores y proveedores.
Nueva EPS indicó que enfrenta embargos judiciales por un monto superior a los $2,1 billones, impuestos por cuatro juzgados del país, situación que tiene impacto directo en su operación administrativa y en el flujo de recursos destinados a la prestación de servicios de salud. De acuerdo con la entidad, la suma actualmente embargada equivale aproximadamente al total de la operación de un mes.Según lo expuesto, el valor de los embargos se incrementó de manera progresiva durante el último año. En noviembre de 2025, las medidas pasaron de $422.000 millones a $887.000 millones, y recientemente ascendieron a $2.125.890.449.360. Estos recursos, señala la EPS, se encuentran retenidos en cuentas bancarias y en diferentes fuentes de financiación, lo que limita la disponibilidad de tesorería.Nueva EPS explicó que, ante el bloqueo de cuentas, su operación depende principalmente del giro directo semanal, el cual resulta insuficiente para cubrir de manera integral los compromisos con la red prestadora y los gestores farmacéuticos. La entidad indicó que esta situación afecta el flujo regular de pagos y genera riesgos para la continuidad de los servicios en distintas regiones del país.Los embargos están concentrados en alrededor de 95 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) que presentaron demandas en el marco del proceso de intervención de la EPS.Según la información divulgada, cerca del 80 % de estas IPS corresponden a instituciones privadas de gran tamaño. Los juzgados que concentran la mayoría de las medidas son el Juzgado Primero Civil del Circuito de Florencia, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Florencia, el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal del Circuito de Puerto Rico, en Caquetá, y el Juzgado 26 Civil del Circuito de Bogotá.La EPS reiteró que los recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) tienen carácter inembargable, de conformidad con el artículo 48 de la Constitución Política y lo establecido en las leyes 1438 de 2011 y 715 de 2001. A esto se suman pronunciamientos administrativos como la Circular 000032 de 2025 del Ministerio de Salud y la Circular 014 de 2018 de la Procuraduría General de la Nación, que señalan que estos fondos, por su naturaleza parafiscal, no pueden ser objeto de medidas cautelares.Nueva EPS señaló que, si bien la entidad ya presentaba un déficit financiero antes de la intervención, los embargos han profundizado esa situación y generan efectos no solo sobre la EPS, sino también sobre una red cercana a 5.000 prestadores a nivel nacional, varios de los cuales dependen en gran medida de los recursos que administra la entidad.Frente a este panorama, la EPS informó que adelanta acciones jurídicas y financieras para mitigar el impacto y que ha sostenido acercamientos con los despachos judiciales que ordenaron las medidas, incluso sobre cuentas que considera protegidas por la normativa vigente. Asimismo, indicó que la situación fue puesta en conocimiento de la Superintendencia Nacional de Salud, el Ministerio de Salud y Protección Social, la Adres y otros organismos de control, a quienes solicitó la adopción de medidas que permitan garantizar la continuidad de la atención a los afiliados.
Trabajadores de la salud del Hospital Universitario de Neiva salieron a las calles a protestar, exigiendo salarios que cumplan con todas las garantías laborales y prestaciones sociales. Los manifestantes señalaron que desde hace 20 años muchos profesionales de la salud vienen laborando a través de sindicatos.Federico Uriza, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Salud en el Huila, expresó que al menos 1.200 profesionales laboran de manera tercerizada en las entidades de salud del sector oficial.“La protesta obedece a que estamos exigiendo nuestros derechos laborales, ante la falta de apoyo por parte del Ministerio de Trabajo. Exigimos la formalización del personal en el Hospital Universitario; somos alrededor de 1.200 trabajadores de la salud en estas condiciones laborales. Por ejemplo, para los compañeros agremiados, los salarios son manejados por horas; es decir, si trabajan cien horas, les pagan 15 mil pesos la hora, sin derecho a ningún tipo de prestación social”, dijo Uriza.Por su parte, Johan Sneider Cadena, enfermero auxiliar del Hospital Universitario de Neiva, explicó que su contrato es por prestación de servicios, sin derecho a recargos nocturnos. “A nosotros no nos pagan liquidación, cesantías, vacaciones ni siquiera recargos nocturnos; entonces salimos a marchar para hacernos sentir y exigir nuestros derechos”, afirmó.Luego de la marcha, voceros del gremio se reunieron con representantes del Ministerio de Trabajo, con el fin de lograr acuerdos y propuestas que garanticen salarios dignos y todas las prestaciones de ley para enfermeros, médicos generales, terapeutas, camilleros, entre otros profesionales de la salud.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) no recomienda cierres fronterizos ni restricciones a los viajes en relación con los dos casos de virus Nipah -un patógeno de alta letalidad para el que no hay tratamiento específico- registrados en la India, señaló este viernes una responsable de la agencia."La forma más eficaz de contener el virus cuando hay un brote es en el lugar de contagio, a través de una respuesta local que incluya el cuidado de los afectados, un seguimiento de cerca a los contactos, e información a la opinión pública sobre cómo evitar las infecciones", señaló en rueda de prensa Anais Legand, del departamento de Patógenos de Alto Riesgo de la OMS.La experta subrayó que la medición de temperaturas a viajeros procedentes de la zona afectada, algo que han puesto en marcha algunos países próximos a la India desde la declaración de los casos, es "una elección que los países pueden llevar a cabo", aunque no lo consideró una restricción de los viajes per se.Legand recordó que la OMS fue notificada el 26 de enero de los dos casos, uno de ellos aún en estado grave, sin que por ahora se hayan detectado nuevos contagios, aunque unos 190 contactos están bajo seguimiento.¿Qué es y cómo se transmite el virus Nipah?El virus Nipah, con una letalidad de entre el 40 % y el 75 % y del que tampoco hay vacuna, se reportó por primera vez en 1998 y desde entonces se han dado brotes en Bangladés, India, Malasia, Filipinas y Singapir, recordó la responsable de la OMS.Normalmente se transmite desde animales como murciélagos frugívoros, o por el consumo de alimentos contaminados por éstos, aunque se han dado algunos contagios de humano a humano, subrayó en rueda de prensa."Esto ha ocurrido de forma limitada, en condiciones de contacto prolongado con un paciente enfermo sin llevar la protección adecuada" (trajes de protección PPE), especificó.Legand señaló que la OMS recomienda a las personas en zonas afectadas que muestren síntomas acudir a un médico lo antes posible, aunque reconoció que al principio de la enfermedad las señales pueden no ser muy claras.¿Cuál es el primer síntoma del virus Nipah?"El primer síntoma en la mayoría de los pacientes es fiebre, y en algunos casos dolores de cabeza y confusión", explicó, señalando que otros posibles indicios podrían ser problemas respiratorios, tos, mareos, fatiga o vómitos.El martes la OMS valoró como "bajo" el riesgo de expansión en la India del virus Nipah, señalando que la India tenía experiencia en la contención de brotes anteriores.
El Índice Nacional de Salud 2025, presentado por el centro de pensamiento Así Vamos en Salud, expone limitaciones estructurales del sistema de salud colombiano relacionadas con la disponibilidad de talento humano y la capacidad instalada para la atención de la población.De acuerdo con el informe, Colombia cuenta con 40,5 médicos y enfermeras por cada 10.000 habitantes, una cifra que la sitúa en el último lugar del grupo de países analizados y por debajo de la meta mínima recomendada por la Organización Mundial de la Salud, establecida en 44,5 profesionales por cada 10.000 habitantes. Este indicador refleja una brecha persistente en la disponibilidad de personal sanitario frente a las necesidades del sistema.El documento también señala restricciones en la infraestructura hospitalaria. Colombia es el tercer país con menor número de camas hospitalarias por cada 1.000 habitantes, con un promedio de 1,7 camas. En contraste, los países que encabezan este indicador superan las 12 camas por cada 1.000 habitantes, lo que evidencia diferencias significativas en capacidad de atención.Según el Índice, estas condiciones inciden en el desempeño del sistema de salud y se relacionan con brechas territoriales, especialmente entre zonas urbanas y rurales, donde la disponibilidad de servicios y recursos es más limitada. El análisis indica que las condiciones iniciales del territorio y la capacidad efectiva del sistema influyen de manera directa en los resultados en salud.El informe plantea que, más allá de cambios normativos, la disponibilidad de talento humano y la infraestructura existente son factores determinantes para mejorar la atención y los resultados sanitarios. En ese sentido, el Índice Nacional de Salud 2025 se presenta como una herramienta de análisis para la toma de decisiones basadas en datos, con el fin de fortalecer la capacidad del sistema de salud en el país.
Blu Radio conoció la historia de Juan Sebastián Moreno, un joven de 27 años diagnosticado con síndrome de Ehlers-Danlos, inmunodeficiencia primaria variable común y fibrosis quística, que se encuentra nuevamente hospitalizado luego de pasar cerca de tres meses sin recibir la inmunoglobulina subcutánea, medicamento esencial para controlar infecciones y procesos inflamatorios asociados a su condición.Así lo denunció su madre, Doris Cecilia Sánchez, quien aseguró que las fallas en la dispensación de medicamentos por parte de Nueva EPS y sus gestores farmacéuticos han provocado un deterioro progresivo y severo en la salud de su hijo.Según relató, desde septiembre de 2025 comenzaron las demoras en la entrega de medicamentos. Aunque en octubre se entregaron algunos fármacos de manera parcial, desde noviembre la situación se agravó. En diciembre, afirma, no se entregó ningún medicamento, ni siquiera los de uso básico como acetaminofén.La situación más crítica, explica, fue la suspensión total de la inmunoglobulina, un tratamiento que Juan Sebastián debe recibir semanalmente y que no tiene reemplazo terapéutico. “Sin inmunoglobulina, él se infecta, convulsiona y se deteriora rápidamente”, señaló.La falta de este medicamento derivó en infecciones recurrentes, convulsiones, dolor constante y una pérdida significativa de movilidad. De acuerdo con su madre, el joven pasó de caminar y salir de su casa a no poder levantarse de la cama, presentar fatiga extrema y requerir atención hospitalaria urgente.A esto se suman las dificultades para acceder a anticonvulsivantes, analgésicos y antibióticos. En varios casos, Doris Sánchez tuvo que comprar los medicamentos con recursos propios, asumiendo gastos que superan los 3,5 millones de pesos. Algunos tratamientos, explicó, tienen costos elevados: anticonvulsivantes cercanos al millón de pesos por caja, antibióticos de hasta 200.000 pesos por ampolla y morfina que puede costar más de 180.000 pesos por frasco.Actualmente, Juan Sebastián se encuentra hospitalizado, donde ha recibido antibióticos, analgésicos e hidratación, y está siendo valorado por varios especialistas. Sin embargo, su madre insiste en que toda la crisis de salud es consecuencia directa de no haber recibido la inmunoglobulina. Incluso, uno de los gérmenes detectados sería de origen hospitalario, lo que aumenta los riesgos debido a su sistema inmunológico comprometido.Doris Sánchez también denunció falta de respuestas por parte de la EPS, los gestores farmacéuticos y las autoridades de control. Asegura que ha presentado múltiples solicitudes, derechos de petición, tutelas y al menos cuatro radicados ante la Superintendencia Nacional de Salud, sin obtener soluciones concretas. “Solo llegan respuestas automáticas y nadie asume el caso”, afirmó.Frente a la situación, este medio buscó a Nueva EPS, desde donde indicaron que van a revisar el caso; sin embargo, hasta el momento no se ha dado una respuesta de fondo ni se ha confirmado la entrega de los medicamentos pendientes.Mientras tanto, la familia teme que el estado de salud del joven continúe deteriorándose. “No es justo que mi hijo esté en una cama, con dolor e infecciones, por negligencia. Estamos pagando un servicio de salud para sobrevivir, no para morir”, concluyó su madre.
La recuperación del Complejo Hospitalario San Juan de Dios entró en una nueva fase que va mucho más allá de levantar muros o restaurar estructuras históricas. Así lo explicó la ministra de Cultura, Yannai Kadamani Fonrodona, en entrevista con Mañanas Blu 10:30 AM, al detallar el alcance del convenio firmado entre el Gobierno y la Alcaldía de Bogotá.Según la ministra, el anuncio realizado recientemente en el San Juan de Dios, y que quedó opacado por la controversia alrededor del discurso del presidente Gustavo Petro, marcó un punto de quiebre tras años de bloqueos institucionales. El corazón del proyecto será el plan médico-arquitectónico, una hoja de ruta que definirá qué servicios se prestarán y cómo se usarán los distintos pabellones del hospital. Estas decisiones no quedarán al vaivén de los cambios políticos, sino que se adoptarán en comités operativos integrados por la Nación y el Distrito, con base en estudios y diseños técnicos."Por supuesto se nos va a permitir ingresar con mayor facilidad a realizar las obras que ya están andando desde hace tres años y a cumplir con los avances necesarios para entregar un complejo de mediana y alta complejidad”, recalcó la ministra, quien subrayó que este modelo rompe con visiones anteriores que contemplaban esquemas de concesión o participación privada en la operación del hospital.Avances concretos y obras en marchaAunque durante años el San Juan de Dios fue símbolo de abandono, Kadamani aseguró que hoy los avances son tangibles. En los últimos dos años se han estructurado y adjudicado 13 licitaciones, todas con recursos garantizados, y actualmente 13 pabellones están en obra.De acuerdo con el cronograma, este año se espera la entrega de cinco o seis edificios, mientras que en los próximos tres años el objetivo es mostrar avances de manera constante hasta completar la recuperación del complejo. El pabellón de mantenimiento ya fue entregado y el que presenta mayor progreso es el Materno Infantil.En materia de recursos, la ministra detalló que hasta ahora el Gobierno, en cofinanciación con los ministerios de Salud y Educación, ha invertido 338.000 millones de pesos en la recuperación de los pabellones. A esto se suma un respaldo clave: vigencias futuras por 1,6 billones de pesos, destinadas principalmente a la restauración de la torre central y el ala de urgencias, bienes de interés cultural de la Nación.Además, el modelo de operación contempla la participación de universidades públicas, no solo la Universidad Nacional, sino también la Universidad Distrital y otros programas académicos que podrían sumarse al funcionamiento del hospital.Pese a las históricas tensiones entre el Gobierno y la Alcaldía de Bogotá sobre el futuro del San Juan de Dios, la ministra destacó que hoy existe una coincidencia clara entre el presidente Gustavo Petro y el alcalde Carlos Fernando Galán. "Nosotros, por el momento, estamos concentrados en recuperar los 24 edificios que van a comprender el complejo completo (...) Pero como les menciono, nuestro valor principal será entregar un espacio totalmente público", conluyó.
El Ministerio de Salud rechazó y cuestionó el reportaje publicado por The British Medical Journal, una de las revistas médicas más influyentes del mundo, al considerar que presenta una visión “parcial, descontextualizada y carente de rigor técnico” sobre la actualidad del sistema de salud colombiano.Según el ministerio, aunque el texto se publique en una revista científica de alto reconocimiento, no se puede considerar como un artículo académico, sino un reportaje periodístico que no cuenta con una metodología verificable ni el contraste adecuado de fuentes.“El reportaje induce al lector a creer que los problemas del sistema de salud —retrasos en la entrega de medicamentos, cierre de servicios hospitalarios, salas de maternidad y unidades neonatales— son consecuencia exclusiva del actual Gobierno. Esta afirmación desconoce de manera deliberada que se trata de una crisis estructural, acumulada durante más de tres décadas, asociada al modelo de intermediación financiera instaurado con la Ley 100 de 1993”, argumenta el ministerio.Dicho artículo, titulado 'How politics destroyed Colombia’s model healthcare system' y redactado por el periodista freelance Luke Taylor, sostiene que las decisiones políticas recientes habrían deteriorado un sistema de salud que durante años fue presentado como modelo en América Latina.Pero, para el ministerio es un análisis reduccionista, ya que omite variables clave como el acceso efectivo, la calidad de la atención, la equidad territorial y la experiencia real de los usuarios y cuestiona la defensa implícita de conglomerados privados del sector de la salud.“El reportaje omite, además, los informes de la Contraloría General de la República que documentan graves irregularidades y desvíos de recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) limitándose a construir un relato que exonera al modelo de intermediación privada de sus responsabilidades estructurales”, señala el ministerio.Otra de las molestias del ministerio tiene que ver con las afirmaciones de que el Gobierno busca eliminar la empresa privada o provocar una crisis financiera para imponer cambios al sistema.“Los proyectos de reforma garantizan expresamente la participación de prestadores públicos, privados y mixtos”, aseveró el ministerio agregando que las intervenciones a EPS se han realizado con base el respaldo legal para proteger la atención de los usuarios.La cartera cerró el pronunciamiento defendiendo su gestión, con cifras como que entre 2022 y 2026 la inversión pública en salud aumentó en términos reales más del 50 %, con recursos destinados a fortalecer la UPC, la infraestructura hospitalaria y la atención primaria.
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) encendió las alarmas en Colombia por la comercialización de un producto denominado REBRIGHT, promocionado como gotas oftálmicas para aliviar el enrojecimiento ocular y tratar enfermedades como glaucoma, cataratas, presbicia e hipertensión ocular. Según la entidad, este producto no cuenta con registro sanitario ni autorización para su venta en el país, lo que lo convierte en un riesgo directo para la salud visual de los usuarios.De acuerdo con el Invima, REBRIGHT fue clasificado como un producto fraudulento, ya que no ha sido evaluado en términos de calidad, seguridad ni eficacia. Aunque se presenta como un producto estéril y de uso terapéutico, la autoridad sanitaria advirtió que su consumo puede agravar enfermedades oculares preexistentes, provocar infecciones severas e incluso ocasionar daños irreversibles en la visión. “El uso de productos oftálmicos sin registro sanitario puede generar consecuencias graves, incluida la pérdida definitiva de la visión”, señaló William Saza, coordinador del Grupo de Farmacovigilancia del Invima.La entidad explicó que, al desconocerse la composición real del producto, así como sus condiciones de fabricación, almacenamiento y transporte, no existe ninguna garantía sobre su inocuidad. En ese sentido, recordó que ningún medicamento o producto con fines terapéuticos puede comercializarse legalmente en Colombia sin un registro sanitario vigente, el cual certifica que cumple con los estándares mínimos de calidad y seguridad para proteger a los pacientes.Ojo con lo que compra en redes socialesEl Invima también alertó que este tipo de productos suelen difundirse a través de redes sociales, plataformas digitales y cadenas de mensajería, utilizando mensajes engañosos que prometen efectos rápidos y milagrosos. Estas estrategias, según la autoridad, pueden inducir a error a los consumidores y llevarlos a automedicarse con sustancias potencialmente peligrosas para la salud ocular.Ante este panorama, la entidad hizo un llamado a la ciudadanía para que no adquiera ni utilice el producto REBRIGHT, verifique siempre el número de registro sanitario antes de usar medicamentos o gotas oftálmicas y reporte cualquier punto de venta ilegal o evento adverso. Asimismo, solicitó a las autoridades de salud territoriales, farmacias e instituciones prestadoras de servicios reforzar las acciones de inspección, vigilancia y control, con el fin de prevenir riesgos y proteger la salud pública.