A pocos días de las elecciones parlamentarias y consultas interpartidistas en Colombia, el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cristian Quiroz, aseguró que el país contará con una cifra histórica de testigos electorales para vigilar el proceso democrático. En entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, el funcionario reveló que ya están acreditados cerca de 750.000 testigos electorales para acompañar la jornada del próximo domingo.“Tenemos hasta el día del domingo en la noche cerca de 750.000 testigos”, afirmó Quiroz, destacando que hace cuatro años la cifra apenas alcanzaba los 200.000 en todo el territorio nacional. El incremento, que cuadruplica el número anterior, responde —según explicó— al lanzamiento de una nueva plataforma digital de postulación y acreditación implementada por el CNE.Impugnación de mesas: procedimiento y límites legalesEl tema central de la entrevista giró en torno a la posibilidad de una impugnación masiva de mesas de votación, luego de que el presidente Gustavo Petro sugiriera la necesidad de impugnar para garantizar transparencia en el escrutinio.En Colombia estarán habilitadas 125.000 mesas de votación distribuidas en los 32 departamentos y 1.104 municipios. Según Quiroz, los testigos electorales tienen la facultad de impugnar una mesa siempre que exista una causal objetiva establecida en la normativa.Entre las causales de impugnación se incluyen errores en el diligenciamiento del formulario E-14, inconsistencias matemáticas en el conteo, ausencia de firmas de jurados o irregularidades en las tarjetas electorales. “Son muchas causales: que no concuerde el conteo, que las tarjetas no estén marcadas, que haya error en la suma en el E-14 (…) solamente con las causales que estén ahí establecidas”, precisó. Quiroz fue enfático en que no es posible impugnar sin fundamento: “Si no está dentro de las causales, no”.¿Qué pasaría si se impugnan todas las mesas?Uno de los escenarios planteados durante la conversación fue el de una eventual impugnación masiva de las 125.000 mesas de votación. Aunque el presidente del CNE evitó dar un plazo definitivo, sí reconoció que una situación de ese tipo generaría demoras.“Nunca ha pasado jamás en la historia de este país que se hayan impugnado todas las mesas, entonces no sabría cuánto tiempo podría llevar”, sostuvo. Sin embargo, estimó que el sistema electoral colombiano es “tan ágil y tan potente” que podría resolver el proceso en un plazo aproximado de ocho días.El funcionario advirtió que una revisión masiva implicaría un trabajo manual exhaustivo: “Imagínate, con impugnaciones que son personas de carne y hueso, eso no lo hace una máquina”.Rol de los tribunales electorales y escrutinioEn caso de impugnación, el procedimiento contempla la intervención de los tribunales electorales en cada departamento. Las reclamaciones pueden resolverse en instancia municipal o escalar a nivel departamental y, de persistir la controversia, llegar hasta el Consejo Nacional Electoral en Bogotá.Quiroz también confirmó que, si un testigo no impugna en el momento oportuno, pierde la posibilidad de solicitar revisiones posteriores. “Lo que no haga el testigo en esa mesa, después no pueden elevarse ni solicitar la apertura de las bolsas”, afirmó. Este punto resulta clave dentro del debate político actual, pues refuerza la importancia de la presencia activa de los testigos durante el preconteo y el diligenciamiento de actas.Empresa privada y preconteoDurante la entrevista, también se abordó el papel de empresas privadas en el proceso electoral. Quiroz aclaró que el CNE no tiene relación directa con compañías encargadas de logística o transmisión de datos y que su competencia se limita a la inspección, vigilancia y control sobre los testigos electorales.“El Consejo Nacional Electoral no tiene ninguna relación con (…) ningún sistema en ese momento. Solamente tenemos control sobre los testigos electorales en el momento de la mesa”, puntualizó.Resultados el domingo y llamado a la calmaFrente a la expectativa por los resultados preliminares, el presidente del CNE indicó que el país podría conocer los primeros reportes oficiales entre las 5:30 y 6:00 de la tarde del domingo. “Espero que sobre las 5:30, 6 de la tarde tengamos los primeros resultados, muy, muy ágil”, manifestó.Finalmente, Quiroz hizo un llamado a la tranquilidad y a la participación masiva en lo que calificó como “la fiesta de la democracia”. Recordó que Colombia tendrá la tercera elección más grande de América Latina, después de Brasil y México, por número de mesas instaladas.En medio del clima de polarización política, el presidente del CNE insistió en la necesidad de responsabilidad por parte de partidos, candidatos y testigos electorales. “El llamado es a la calma, a bajar ese discurso, esa polarización que nos hace mucho daño”, concluyó.
En las últimas horas, una fuerte controversia se armó en las campañas presidenciales por un cruce de declaraciones entre el abogado Abelardo de la Espriella y el exdirector del DANE, Juan Daniel Oviedo, a raíz de comentarios que han sido calificados en la opinión pública como homofóbicos.El origen de la discordia entre De La Espriella y OviedoEl incidente se desencadenó durante una entrevista concedida por De la Espriella al canal de YouTube RichyTv. En un ambiente distendido que terminó por generar un incendio digital, el abogado y hoy aspirante presidencial se refirió a Oviedo de una manera que muchos sectores consideraron despectiva y cargada de prejuicios. Al ser consultado sobre su contendor, De la Espriella lanzó una frase que rápidamente se volvió viral: “No, pues, a mí hay vainas de Juan Daniel que tampoco me gustan y no las digo. Digo, lo mío se resuelve poniéndose las medias. Lo que no me gusta de Juan Daniel, loco, jodido que lo arregle”.La expresión sobre la imposibilidad de "arreglo" para Oviedo fue interpretada como un ataque directo a su orientación sexual. La reacción de Juan Daniel Oviedo no se hizo esperar. A través de su cuenta oficial en la red social X: “Si no respetas una voz distinta, no estás listo para representar a todas”. La controversia no se quedó en un asunto de dos. Otros actores de la contienda electoral, como el exministro Mauricio Cárdenas, se sumaron a las voces de protesta. Cárdenas fue enfático al rechazar las palabras de De la Espriella: "Colombia no se puede equivocar. La homofobia no tiene espacio en nuestra sociedad y un candidato homofóbico no puede ser presidente."
A pocos días de las elecciones legislativas, en las que los colombianos también podrán votar por las diferentes consultas, el precandidato Mauricio Cárdenas, integrante de la Gran Consulta por Colombia, enfatizó en Recap Blu que el próximo mandatario del país no puede tener jefe."Creo firmemente que el presidente de Colombia no puede tener jefes, debe ser totalmente autónomo, debe ser una persona con independencia, porque los problemas que le llegan al presidente son grandes y no hay tiempo para empezar a llamar a pedir permiso. No, hay que decidirlos ahí", dijo el exministro de Hacienda.Esta declaración la hizo apropósito de la pregunta que le realizó durante el debate con Blu Radio este martes a Paloma Valencia sobre su independencia en caso de llegar a la Casa de Nariño y luego que ella sugiriera que su fórmula vicepresidencial podría ser Álvaro Uribe Vélez, algo que -enfatizó Cárdenas- es algo inconstitucional."¿Qué creo yo que en el fondo estaba pasando? Lo usó como una estrategia política electoral, porque obviamente hay una base política que sigue al presidente Uribe, y que entonces con esto se sienten que están bien rodeados y que ella va a estar bien acompañada", aclaró el economista.Por eso, volvió a enfatizar que debe haber un cambio generacional en el poder de Colombia y, en ese sentido, no puede haber un jefe detrás del próximo presidente."Y uno para gobernar tiene que acertar, y acertar es interpretar las necesidades de los colombianos. No puede estar pensando en lo que puedan pensar otras personas o lo que necesiten otros, hay que estar pensando en el país, en su totalidad", agregó Cárdenas.Para el exministro, gobernar Colombia exige construir una gran coalición que supere la lógica de un solo partido en el poder para así llegar a acuerdos con diferentes sectores políticos del país. “Esto no va a ser el gobierno de un movimiento. Tiene que ser una coalición amplia, diversa, que entienda que el poder es compartido”, explicó.¿Si no gana el 8 de marzo aspira a un ministerio?Finalmente, Mauricio Cárdenas dejó claro que su aspiración es la Presidencia y no un cargo en un eventual gabinete, pues en su momento ya fue jefe de la cartera de Hacienda. Sin embargo, aclaró que está dispuesto a ayudar a su coalición en lo que se requiera si el candidato de la Gran Consulta por Colombia llega a la Casa de Nariño.“Yo quiero ser presidente de Colombia, eso es lo que quiero. Si gana otra persona, estoy listo a ayudar. Ese es mi compromiso”, concluyó.
El presidente Gustavo Petro realizó este martes una alocución sobre las elecciones del 8 de marzo. En medio de su discurso se refirió a las dudas que tiene sobre el software para los comicios e insistió en los testigos electorales para evitar un supuesto fraude, sugiriendo que las mesas de votación deben ser impugnadas.“Si una mesa no es impugnada queda válido el preconteo, es decir lo que dijo la empresa privada que hubo en esa mesa, pero si se impugna,son los jueces de las comisiones escrutadoras los que van a abrir las urnas y contarán los votos para ratificar si lo dicho es cierto. Entre más mesas impugnadas más claridad”, dijo.Cabe mencionar que el preconteo no lo hacen empresas privadas, sino los jurados de votación que son ciudadanos seleccionados para desempeñar esa labor. No es ilegal, pero tampoco tiene un valor jurídico, simplemente es utilizado para que la opinión pública conozca el conteo de forma más rápida. Lo que sí tiene valor jurídico es el escrutinio a cargo de comisiones en las que hay jueces y notarios.El presidente está insinuando que deberían impugnarse las mesas para mayor claridad sin embargo, al ser 125.000 en todo el país, esto retrasaria significativamente los procesos pero además es algo que solo se hace cuando hay indicios claros de irregularidades, no ante la sospecha o prevención.Durante su intervención, el mandatario también advirtió que perseguirán a los compradores de votos y habló de una nueva herramienta para identificarlos el día de las elecciones. Además, informó que han aparecido 14 hechos de este tipo en todo el país y una serie de capturas en los departamentos de Antioquia, Sucre, Magdalena, Meta, Cauca y ahora en La Guajira.“Le solicito a la UIAF, dado que ahora hemos pasado a métodos modernos de compra del voto como las transacciones financieras en línea, hacer las investigaciones en la Unidad de análisis financiera del Minhacienda que trasladadas a la Fiscalía indiquen de qué lugares, celulares y personas se están transmitiendo dineros multitudinarios el día de las elecciones. Este nuevo sistema es detectable”, concluyó
En el barrio Buenavista, en Montería, Córdoba, la Dijin de la Policía capturó a Luz Daris Ramos Barón, alias ‘Johana’, cabecilla logística de la Subestructura Valle del Clan del Golfo, con una trayectoria criminal de aproximadamente 10 años en esa organización.Según las autoridades, fue designada por alias ‘El Cura’, tercer cabecilla del grupo, para liderar la expansión delictiva en el norte del Valle del Cauca, con el objetivo de consolidar el control territorial desde el corregimiento de Bajo Calima hacia municipios como Riofrío, La Unión, El Dovio, Trujillo, Roldanillo, Bolívar y Versalles.El principal interés de la estructura era asegurar el dominio del Cañón de Garrapatas, considerado un corredor geoestratégico que conecta con rutas del narcotráfico hacia el Pacífico colombiano. Además, alias ‘Johana’ coordinaba aspectos logísticos fundamentales para el funcionamiento del componente armado bajo el mando de alias ‘Mayupa’, segundo cabecilla de la Subestructura Valle.Según explicó el coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e Interpol, entre sus funciones estarían el suministro de víveres y dotación, el pago de nóminas a integrantes armados, la gestión de recargas y mantenimiento de antenas satelitales, así como el apoyo en movilidad y abastecimiento.Labores de inteligencia también la señalan de suministrar información estratégica a alias ‘Mayupa’, su compañero sentimental, y de facilitar la transmisión de órdenes y lineamientos emitidos por el denominado Estado Mayor del grupo, fortaleciendo la capacidad de reacción y coordinación interna de la organización.Tras su captura, fue presentada ante un juez de control de garantías. La Fiscalía le imputó cargos por concierto para delinquir agravado y financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada, así como administración de recursos relacionados con estas actividades. El juez le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.
A pesar de compromisos para rehabilitar el paso por la zona durante el reciente fin de semana y el refuerzo de maquinaria para agilizar las labores, ya se cumple una semana del cierre total de la autopista Medellín - Bogotá por un gigantesco derrumbe que afectó el corredor en jurisdicción del municipio de San Luis.Si bien las condiciones climáticas han favorecido las tareas de remoción de material en la zona, hasta el momento se ha logrado evacuar cerca de una tercera parte de los 60 mil metros cúbicos de tierra desprendidos.Por eso, durante una nueva actualización de la situación en este lugar que hace parte del tramo Santuario - Caño Alegre, el Invías reiteró que sigue restringido el paso también para peatones hasta tanto no estén dadas las condiciones técnicas y de seguridad requeridas por lo que por ahora también sigue descartada la opción de transbordos tanto para el transporte de pasajeros como de carga.Este último gremio expresó su preocupación por sobrecostos cercanos al millón de pesos en cada viaje por la ruta alterna Medellín - Cisneros - Puerto Berrío."Cuando pasamos a la vía por Cisneros - Puerto Berrío - Bogotá, estamos hablando de 100 kilómetros más, es decir, de 515 kilómetros y alrededor de dos a tres o cuatro o cinco horas, dependiendo del peso que esté moviendo el vehículo en ese momento", aseguró Anderson Quiceno es el presidente de la Asociación de Transportadores de Carga.En el más reciente comunicado Invías también expuso que tras verificar las condiciones de seguridad en la zona informarán oportunamente sobre la reapertura de la vía por sus canales oficiales, pero por lo pronto la prioridad es el cuidado de la vida de usuarios y habitantes aledaños a este importante corredor que comunica a Medellín con el Magdalena Medio y el centro del país.
Periodista en el Urabá antioqueño denunció llamadas amenazantes por parte del Clan del Golfo donde le pidieron abandonar junto a su familia la subregión. El comunicador asegura que intimidaciones podrían estar relacionadas con denuncias publicadas sobre el municipio de ApartadóHay preocupación en el Urabá antioqueño tras las amenazas que en las últimas horas fueron denunciadas públicamente por parte de la Fundación para la Libertad de Prensa en contra del periodista y corresponsal en esta zona, Yeison Rojas.Según la FLIP, Rojas recibió una llamada por parte de una persona que se identificó como “segundo al mando de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia” y le exigió abandonar junto a su familia el territorio.La víctima aseguró que se trata de la cuarta amenaza directa que recibe a lo largo de su carrera y que la más reciente podría estar relacionada con informes emitidos para el noticiero del canal regional Teleantioquia sobre el municipio de Apartadó, a propósito de las recientes lluvias que generaron múltiples afectaciones en el territorio.Rojas indicó que en su trabajo se refirió a la falta de acciones para la mitigación del frente frío que azotó a la región, advertencias previas antes de que la creciente de un río derribara un puente y los reclamos por ayudas humanitarias.Después de esto, empezaron las primeras llamadas e incluso la citación a un sector rural de Apartadó bajo el pretexto de “hablar del problema”, pero no accedió por falta de garantías de seguridad.Mientras que para el comunicador hay un patrón claro frente a la publicación de denuncias y la llegada de amenazas, la FLIP pidió a la Fiscalía una investigación inmediata y con enfoque diferencial, “reconociendo que la amenaza está directamente ligada al ejercicio periodístico”.De igual manera, pidieron a la Unidad Nacional de Protección un estudio para evaluar el nivel del riesgo del comunicador, algo que aseguró Rojas ya ha sucedido en las tres ocasiones anteriores sin que se determine una amenaza que implique la adopción de algún tipo de medida para proteger su vida.
En Medellín fueron capturados dos hombres cuando recibían una importante suma de dinero producto de una extorsión a un comerciante. Los delincuentes se hacían pasar como integrantes del Clan del Golfo.Las autoridades en la capital antioqueña mantienen activo su accionar en contra de los delincuentes que tienen azotada a la comunidad a través del cobro de extorsiones. Especialmente en los sectores comerciales de la ciudad que es donde se concentra un mayor flujo de dinero.El más reciente caso de extorsión frustrado por las autoridades, fue el presentado en las últimas horas en el exclusivo sector de El Poblado. Donde un grupo de delincuentes estaban exigiendo a uno de los comerciantes de la zona, el pago de 600 millones de pesos, a cambio de no atentar en contra de su vida y la de sus empleados.El caso fue denunciado directamente por la víctima ante las autoridades, quienes de manera inmediata, activaron labores de investigación y operativas, que permitieron la captura de dos hombres cuando recibían 200 millones de pesos como pago de su extorsión. Al respecto el comandante de la Policia Metropolitana del Valle de Aburra Henry Bello.“Estos dos delincuentes iniciaron estas exigencias económicas a comerciantes de la jurisdicción. Utilizan esta marca criminal como es Clan del Golfo para sembrar terror en el comercio en general”, dijo.De acuerdo con el reporte entregado por las autoridades, durante la captura de estos sujetos les fueron incautadas dos motocicletas utilizadas para la comisión del delito y dos teléfonos celulares que serán sometidos a su respectiva investigación y servirán para reunir pruebas sobre este hecho.Los hombres fueron identificados como Emanuel Rastreo y Victor Arias Jaramillo cada uno de 28 años de edad, y fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que respondan por el delito de extorsión. En la audiencia de control de garantías el juez les impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario.
Tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 10 del Ejército, en medio de operaciones militares, lograron el sometimiento voluntario a la justicia de cinco integrantes del Bloque Amazonas de las disidencias de las Farc y la recuperación de una menor de edad que, al parecer, había sido vinculada de manera forzada. La operación se logró tras un bombardeo en la zona por parte de las Fuerzas Militares como parte de la ofensiva contra las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Iván Mordisco’.El primer procedimiento se registró en la vereda La Leona, zona rural de San José del Guaviare, donde unidades del Batallón de Acción Directa y Reconocimiento N.° 28 recibieron la presentación voluntaria de tres hombres señalados de pertenecer al Bloque Amazonas, Estructura Primera. Durante el hecho fueron entregados dos fusiles calibre 5,56 milímetros, 16 proveedores metálicos, 886 cartuchos del mismo calibre y dos chalecos multipropósito, material que quedó a disposición de la autoridad competente.Luego, en la vereda Agua Bonita, también en jurisdicción de San José del Guaviare, tropas del Batallón de Acción Directa y Reconocimiento N.° 30 reportaron el sometimiento de otros dos presuntos integrantes de las estructuras 1 y 44 del mismo grupo armado criminal. Según la información oficial, estos se presentaron sin material de guerra, provenientes del sector de Puerto Flórez, en medio de la presión operacional sostenida en la zona.En el mismo procedimiento fue recuperada una adolescente que, de acuerdo con las autoridades, habría permanecido cerca de tres años vinculada de manera forzada a la Estructura 44. La menor fue puesta a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el restablecimiento de sus derechos y el acompañamiento integral correspondiente.Las autoridades señalaron que estos resultados afectan de manera directa las capacidades logísticas, operacionales y financieras de las estructuras criminales que delinquen en la región, y reiteraron que continuarán las operaciones para fortalecer la seguridad y el control territorial en el Guaviare.
Al Consejo de Estado llegó un documento de 56 páginas por parte de la Defensoría del Pueblo, firmado por Iris Marín, que es la cabeza de la entidad, donde le pide al alto tribunal la nulidad de la resolución con la que el presidente Gustavo Petro designó como gestores de paz a 16 exintegrantes de las AUC.Entre los 16 designados se encuentran antiguos jefes paramilitares como Salvatore Mancuso, ‘Jorge 40’, ‘Macaco’, ‘Don Berna’, ‘Diego Vecino’ y ‘El Alemán’, varios de los cuales fueron excluidos del proceso de Justicia y Paz por reincidencia delictiva o incumplimiento de compromisos con la verdad, la reparación y la no repetición.“En el presente caso, la necesidad de la suspensión provisional que se solicita radica en los graves efectos que en el plano político y social genera la vigencia y aplicación de la resolución demandada, en cuanto concede el estatus de gestores de paz. Conforme al contenido de esta resolución, ello conlleva a 16 personas que hicieron parte de grupos armados al margen de la ley, personas de amplio conocimiento y recordación por parte de la ciudadanía como autores intelectuales y materiales de muchos y muy graves delitos”, señaló la Defensoría.La demanda también sostiene que la decisión presidencial altera el orden político y social al conferir un rol institucional a responsables de crímenes graves, lo que “mina la confianza pública en la justicia y en el Estado como garante de los derechos humanos”.El Consejo de Estado deberá determinar si acepta esta demanda de la Defensoría del Pueblo contra esta polémica resolución para eventualmente estudiarla de fondo.
En diálogo con Mañanas 10:30, el excanciller Guillermo Fernández de Soto cuestionó de forma contundente el borrador de decreto que eliminaría los requisitos para ejercer como embajador o cónsul en Colombia. El exministro calificó la propuesta como “una verdadera locura” y advirtió que su implementación pondría en riesgo la profesionalización de la diplomacia, la seguridad nacional y la credibilidad internacional del país.Fernández de Soto, quien fue canciller, viceministro y embajador ante Naciones Unidas y en Holanda, aseguró que el proyecto conocido la semana pasada “es verdaderamente algo muy malo para la carrera diplomática”. Recordó que el decreto Ley 203 de 2003, que él expidió con facultades extraordinarias del Congreso, estableció las bases para profesionalizar el servicio exterior. A su juicio, desmontar esas exigencias —incluyendo la formación profesional y el dominio de otro idioma— “revive un debate para mal”.El excanciller explicó que la diplomacia cumple una función estratégica: defender los intereses del país en organismos multilaterales y en las relaciones bilaterales. Por eso considera que retirar los requisitos para los cargos más altos del servicio exterior es “absurdo”. “Quitar ahora los dos requisitos esenciales […] es dejar sin requisitos a quienes son la cúpula de esa carrera diplomática”, afirmó.También advirtió que la medida representa una afrenta para más de 2.000 colombianos que se presentaron al reciente concurso para ingresar al servicio exterior, una señal —dijo— de que existe interés en ingresar por méritos y cumpliendo las reglas. Para él, aprobar este decreto “pone en seria duda el futuro de la carrera diplomática”.Riesgos para la seguridad nacionalConsultado sobre las implicaciones en seguridad, Fernández de Soto fue enfático en que el impacto sería grave. Según explicó, los embajadores manejan información sensible y representan al país en negociaciones decisivas. “El tema de la formación, de la madurez del embajador, es esencial”, dijo.Sobre el contexto en el que aparece el borrador, en plena etapa preelectoral, alertó sobre el posible uso político del servicio exterior: “El más delicado es usar el servicio exterior para cuestiones políticas, es ofrecer cargos para que el presidente de la República, sin tener que tener en cuenta ningún requisito, nombre y nombre”.El excanciller citó también las advertencias hechas por el presidente del sindicato del Ministerio, MIPRO, sobre el riesgo de afectar la institucionalidad de la Cancillería. “¿Para qué Cancillería, si… podemos nombrar a cualquier persona sin ningún requisito?”, cuestionó.Ante la pregunta sobre la participación del país en el Consejo de Seguridad de la ONU a partir de enero de 2026, el excanciller insistió en que este decreto podría tener consecuencias lamentables: “Imagínense el impacto que empiecen a nombrar embajadores […] que no han tenido ninguna experiencia”.Recordó que fue dos veces presidente del Consejo de Seguridad y que la tarea exige experiencia, conocimiento técnico e idiomas. En su opinión, un embajador sin estas capacidades haría que Colombia perdiera una “oportunidad maravillosa” y afectaría las relaciones con otros países. “Si uno manda una persona que no puede siquiera hablar con otro embajador en inglés… es muy delicado”, afirmó.Fernández de Soto insistió en que el borrador tiene un “racionamiento político muy peligroso” y alertó que nombrar embajadores en época de campaña sería “una atrocidad con el país”. Incluso aseguró que la medida podría aislar diplomáticamente a Colombia.Antes de cerrar, expresó su esperanza de que el decreto “no se firme” o que la Corte Constitucional determine su inconveniencia. Según dijo, varios expertos sostienen que el proyecto podría caerse judicialmente de inmediato.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
Si la Corte llega a avalar el nuevo sistema pensional, se va a requerir una enorme cantidad de ajustes operativos y varios agentes le han pedido que no sea de aplicación inmediata.El Banco de la República, por ejemplo, dice que necesita al menos tres meses para poder poner en marcha el fondo de ahorro del nuevo sistema (que podría recoger 10 billones solo en el primer año) y los operadores de la PILA pidieron 6 meses para ajustar todos los sistemas y que las cotizaciones lleguen a donde deberían llegar.¿Qué va a pasar con quienes trabajan por prestación de servicios?Según la reforma, los contratistas dejarían de pagar salud y pensión y su contratante simplemente tendría que descontarles ese valor de los honorarios. Sin embargo, el decreto reglamentario dejó ese camino como una opción y no como una obligación.¿Qué pasará con los que se trasladaron usando la ventana pensional y con sus 25 billones de ahorros?Más de 110.000 personas que están a menos de diez años de pensionarse se han movido de los fondos privados a Colpensiones usando la ventana de traslado.Sin embargo, los 25 billones de pesos que esos afiliados han ahorrado durante su vida están en las AFP hasta el momento en que pidan la pensión, porque así lo determinaba la reforma pensional.¿Qué pasa si se cae la reforma? Según Asofondos, la Corte debería considerar que el espíritu del Congreso era que esos recursos se ahorraran en lugar de convertirse en gasto. También le advirtió a la Corte que obligar a los agentes a ‘liquidar’ activos para hacer los traslados puede impactar el precio de los bonos del gobierno en el mercado.¿Tendrán los indígenas y campesinos su propio sistema pensional?En medio de la falta de mayorías para aprobar la reforma pensional, el Gobierno avaló una proposición del senador Richard Fuelantala con la que no estaba de acuerdo: establecer requisitos diferenciales para que indígenas y campesinos accedan a la pensión. Incluso el Gobierno pidió eliminar este artículo en el debate de la Cámara de Representantes.Según análisis de ANIF, podríamos estar hablando de casi una tercera parte de la población que podría ‘entrar’ bajo esa sombrilla.¿Los pensionados quedarán pagando impuesto a la renta?Uno de los artículos demandados por la senadora Paloma Valencia es el que establece que las pensiones estarán gravadas por encima de las mil UVT. Según la demanda, si el artículo queda vivo, el límite no será anual sino mensual y afectará a quienes tienen mesadas por encima de los 4.1 millones de pesos.
En entrevista con Mañanas Blu 10:30, el exfiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, cuestionó de manera directa a la actual administración de la Fiscalía General de la Nación, encabezada por Luz Adriana Camargo. Según dijo, la Fiscalía estaría intentando desviar la atención sobre su responsabilidad en la liberación de miembros de las disidencias de las Farc capturados en flagrancia y en la falta de acción frente a evidencias incautadas hace más de un año.Señalamientos por la liberación de disidentes capturados en flagranciaBarbosa rechazó que la Fiscalía intente atribuirle responsabilidad por la liberación de integrantes de las disidencias en Antioquia. Recordó que durante su gestión sí se suspendieron órdenes de captura en el marco de la Ley 2272 de 2022 y a solicitud del Gobierno, pero insistió en que esa suspensión no aplica para delitos cometidos posteriormente ni para capturas en flagrancia.“La fiscalía está tratando de voltear el debate de la responsabilidad tan grave que tienen”, afirmó. También fue enfático en defender su gestión: “Yo no admito es que venga aquí a lavarse las manos conmigo ni la fiscal ni nadie en este país, porque yo hice las cosas correctamente”.El exfiscal recordó además que se opuso al levantamiento de órdenes de captura con fines de extradición, lo que —según dijo— le generó tensiones con el presidente Gustavo Petro.Debate jurídico por la Resolución 0282 y la liberación de alias RamiroUno de los casos que Barbosa destacó fue el de Erlinson Echavarría Escobar, alias Ramiro, capturado en flagrancia. Según explicó, la actual Fiscalía interpretó que la Resolución 0282 del 4 de julio de 2024 —renovada por la fiscal Camargo— podía extenderse también a situaciones de flagrancia.Para Barbosa, esa interpretación es irregular: “Cuando capturan a alguien en flagrancia, ¿existe una orden de captura? No, no existe. Existe un acto policial de flagrancia y esa flagrancia tiene que resolverse como llevando a las personas ante un juez de control de garantías”.Sin embargo, indicó que en este caso los detenidos no fueron presentados ante un juez, sino liberados por orden del despacho.El exfiscal insistió además en que entre los capturados había menores de edad y que el reclutamiento forzado es un “delito de lesa humanidad” que no puede cobijarse bajo ninguna suspensión.Críticas por la falta de acción frente a evidencias incautadasBarbosa también cuestionó que la Fiscalía no actuara sobre las evidencias recogidas en julio de 2024, cinco meses después de su salida del cargo. Aseguró que dichos elementos probatorios, en poder de la FGN desde ese entonces, evidencian “una toma mafiosa del Estado colombiano”.Interpeló directamente a la administración actual: “Respondan por qué la dejaron libre. Porque es que lo que debieron decir y hacer es que si se dan cuenta que tienen esas evidencias, lo que tenían que hacer es enfrentarse a Gustavo Petro desde la fiscalía y decir, ‘Nosotros vamos a levantar rápidamente esas suspensiones y vamos a capturar a estos bandidos porque van a tomarse el Estado colombiano’”.
Diversas han sido las reacciones por conocerse detalles de varios archivos del computador de alias ‘Calarcá’, jefe del Estado Mayor de Bloques de las disidencias de las Farc. Se trata de documentos y fotos de conversaciones que revelan presuntos vínculos entre jefes de las disidencias con el general del Ejército Juan Miguel Huertas, comandante de Personal del Ejército, quien es señalado de filtrar información, coordinaba creación de una “empresa de seguridad legal”; el director de Inteligencia de la DNI, Wilmar Mejía, quien definiría algunos traslados y presuntamente daba información; entre otros.Además, hay una captura de pantalla sobre la mención, en un chat entre alias ‘Danilo Alvizú’ e ‘Iván Mordisco’, sobre la vicepresidenta Francia Márquez, sobre su supuesta intervención en la financiación de las disidencias a la campaña de Gustavo Petro.El expresidente Andrés Pastrana recordó que desde la época electoral del año 2022 advirtieron de un “pacto con el narcotráfico su llegada al poder”. Para el exmandatario, el título de presidente “es ilegítimo y su presidencia pactada en la cárcel de La Picota, corrupta e indigna”.Ante la delicada situación, la precandidata presidencial y senadora, Paloma Valencia, anunció que harán un debate de control político al Gobierno, porque el país necesita explicaciones.“La fiscal debe informar de manera inmediata por qué no abrió investigación si la información está allá hace más de un año”, reclamó Valencia.Entre tanto, el precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón conectó esta situación con un hecho ocurrido después de que, en 2024, fuera capturado alias ‘Calarcá’ en Antioquia y luego dejado en libertad en julio de 2024.Pinzón señala que “el presidente y su ministro castigaron y retiraron del servicio al general Fajardo, comandante de la VII División. Es infame el daño que el Gobierno le ha hecho al país y a las instituciones”.También, el dirigente conservador y exministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde, lo ve como una alerta para tomar decisiones de cara a las elecciones presidenciales.“Invito a los partidos Conservador, Liberal, Centro Democrático y Cambio Radical, que convoquen a los precandidatos de sus partidos, para que se analice la muy delicada situación, denunciada por Caracol. En estos momentos siento que las garantías para las elecciones del 2026 no existen”.Y, en medio de todo esto, las revelaciones coinciden con sus sospechas, tal es el caso del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien recordó que ha denunciado lo que llama la “sospechosa benevolencia con la que el Gobierno de Petro trata a disidencias Farc de alias Calarcá”.
La Aeronáutica Civil aseguró que, por ahora, no habrá modificación en la reglamentación que rige los slots, que son las franjas de tiempo para despegues y aterrizajes, en el aeropuerto El Dorado. Esta posición difiere de la emitida por la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, hace solo 24 horas.Tras una visita de delegados de la Procuraduría a la sede de la entidad y en una reunión donde también estuvo presente Paula Bernal, gerente general en Colombia de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, IATA, la Aerocivil aclaró que se aumentará el monitoreo de estas frecuencias pues continuarán alineados con los estándares internacionales en materia de slots.“En tal sentido se comunicó la conformación del equipo técnico de monitoreo que, desde la Aeronáutica Civil, iniciará un proceso riguroso de revisión y análisis orientado a establecer conclusiones precisas frente a la asignación y cumplimiento de slots para El Dorado, lo que permitirá tener estadísticas claras en torno a las temporadas de verano (summer) e invierno (winter) con una data precisa, permitiendo evaluar técnicamente el uso que se hace de los slots en el país”, detalló la entidad.Además, dice la Aerocivil, contarán con el acompañamiento y capacitación de la IATA, la misma que respaldó la decisión de mantener la normativa actual.“Conservar el esquema actual aporta estabilidad al sector y permite una operación bajo un sistema predecible y coordinado a nivel global para la asignación de horarios de despegue y aterrizaje. Así mismo, la implementación del monitoreo del uso de los slots permitirá un mejor aprovechamiento de la infraestructura aeroportuaria”, indicó en un comunicado la asociación internacional.Según el director general Luis Alfonso Martínez, el objetivo de esta iniciativa es avanzar con el sistema de monitoreo hacia un modelo de organización más armónico, transparente y equitativo en la asignación de slots.Hoy esto está determinado a través del RAC3 (Reglamento Aeronáutico de Colombia) que dice, entre otras, cómo asignar las franjas o turnos específicos para aterrizaje y despegue, organizados cada 6 meses, considerando la capacidad técnica del aeropuerto y mantiene unos derechos Históricos para ciertas aerolíneas que tienen prioridad sobre los slots utilizados en temporadas anteriores y establece que los slots no utilizados deben ser redistribuidos; estos dos puntos han sido plan de críticas.Justamente, el pasado lunes, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, defendió el plan de su cartera para reestructurar el sistema de slots, o franjas de tiempo para despegues y aterrizajes, en el aeropuerto El Dorado con el objetivo de promover mayor competencia entre aerolíneas y beneficiar a los viajeros.“Pero uno tiene dos cosas para hacerlo como Estado: o hacer algo o no hacer nada. Yo no siento que yo deba no hacer nada, hacerme la loca y pasar de agache y que se acabe esto. No, yo creo que sí podemos hacer algo, y así como que tengo que entender la lógica que motiva a las aerolíneas, sobre todo a las grandes, sobre mi obligación mayor, es entender la lógica de los usuarios. Y por los usuarios es que estamos reflexionando sobre qué hacer, cómo incentivar los cambios que generen beneficios a esos usuarios. Más oferta, mejores precios y más conectividad”, detalló la ministra.
El Ministerio de Minas autorizó de manera temporal el transporte terrestre de diésel en carrotanques desde las plantas de Yumbo y Cartago, en el Valle del Cauca, hacia Nariño con el fin de garantizar el suministro de combustibles.La medida de contingencia llega, luego de que Ecopetrol, según el ministerio, no entregara el volumen de diésel requerido través de Reficar para ese departamento y que el poliducto Yumbo–Buenaventura esté en mantenimiento, impidiendo un traslado vía marítima desde el puerto hasta Tumaco.La cartera anunció, incluso, que iniciará una investigación y proceso sancionatorio contra la petrolera por incumplir con el plan de abastecimiento en contra del reglamento expuesto.“El riesgo de desabastecimiento de diésel que Ecopetrol somete al departamento de Nariño por este incumplimiento podría ocasionar perjuicios al sector de transporte e industrial que se abastece de este combustible y deberá ser investigado por las autoridades administrativas y disciplinarias”, aseguró el ministerio.Para el ministerio, Ecopetrol no acató lo establecido en la resolución 01853 de 2024, que estableció el plan de abastecimiento de combustibles para Nariño indicando que el diésel debía transportarse por vía marítima desde la Refinería de Cartagena, o desde puertos alternos del norte del país, hasta la planta ubicada en la Sociedad Portuaria Regional de Tumaco, bajo un esquema logístico específico.Asimismo, el Ministerio señala el incumplimiento de las Resoluciones 00148 y 00208 de 2026, que, entre otras, detallaban las regulaciones en aspectos técnicos y operativos del transporte marítimo, incluyendo condiciones sobre el punto de incorporación de biocombustible, la marcación del producto y parámetros técnicos como la lubricidad.
La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá negó la tutela presentada por la congresista Marelen Castillo Torres contra el Consejo Nacional Electoral (CNE), que había anulado su inscripción como candidata al Senado por el Centro Democrático.La decisión judicial mantiene en firme la determinación del CNE, que revocó la candidatura al considerar configurada la prohibición constitucional de doble militancia. El organismo electoral sostuvo que su condición de excandidata vicepresidencial y beneficiaria del Estatuto de la Oposición implicaba su afiliación automática al partido Liga de Gobernantes Anticorrupción.El abogado Pedro Felipe Gutiérrez Sierra, apoderado de Castillo, había interpuesto recurso de apelación contra la sentencia del 25 de febrero de 2026, dentro del proceso relacionado con la negativa a permitir su inscripción como candidata al Senado.La defensa argumentó que, aunque en 2022 Castillo fue candidata a la Vicepresidencia junto a Rodolfo Hernández por la Liga de Gobernantes Anticorrupción, tras las elecciones y el posterior reconocimiento de personería jurídica de esa colectividad, ella no tuvo injerencia en la conformación del partido, por lo que no debería configurarse doble militancia.Según el apoderado, al no estar afiliada formalmente a un partido con personería jurídica y en ejercicio de su derecho fundamental a la participación política, aceptó la postulación al Senado para 2026 avalada por el Centro Democrático, inscripción que, afirmó, se presentó dentro de los términos y con el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales.En un recurso previo de reposición, la defensa también sostuvo que la afiliación política es un acto personal, voluntario y expreso, que no puede presumirse únicamente por el reconocimiento de personería jurídica de una colectividad o por la asignación de una curul en aplicación del Estatuto de la Oposición.Pese a estos argumentos, la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá negó las pretensiones de la congresista y deja vigente así la anulación de su candidatura al Senado.
La Unidad Nacional de Protección (UNP) denunció el robo de un lote de 30 cajas a una empresa con la que tiene un contrato para la dotación de chaquetas cortavientos que están marcadas con logos de la entidad. Advirtieron que estas podrían ser utilizadas de manera fraudulenta para la suplantación de identidad, representando un riesgo para los protegidos y el personal.“La empresa Soluciones Integrales Montgomery S.A.S., que actualmente tiene un contrato vigente con la UNP para la dotación de chaquetas cortavientos, denunció el hurto de un lote de 30 cajas con 1.148 de estas prendas, que tienen impreso el logo institucional. El hecho se registró el jueves 26 de febrero en las instalaciones de la compañía, ubicadas en la ciudad de Bogotá”, se lee en un comunicado.Por eso, hicieron un llamado a las autoridades para que adelanten la investigación pertinente y a la ciudadanía para que esté alerta y reporte cualquier situación sospechosa relacionada con el uso no autorizado de estas prendas.“Cabe precisar que la empresa contratista había solicitado en diciembre pasado una prórroga para el cumplimiento del contrato, cuyo plazo inicial vencía el 30 de ese mes. Dicha prórroga fue concedida hasta el 28 de febrero. Posteriormente, tras el presunto hurto reportado, presentó una nueva solicitud de ampliación del plazo contractual”, agrega el comunicado.Esta situación se conoce cinco días antes de las elecciones del domingo, 8 de marzo, en donde los colombianos elegirán los nuevos miembros del Senado, la Cámara y los candidatos a la Presidencia en primera vuelta. La Unidad Nacional de Protección es la encargada de proteger a los aspirantes y líderes políticos, y según el ministro del Interior, Armando Benedetti, ya 64 de ellos, quienes buscan llegar a la Casa de Nariño, están protegidos.
Juan Carlos Pinzón, quien es precandidato a la Presidencia por la Gran Consulta por Colombia, publicó un mensaje en sus redes sociales en el que le envía un saludo a Germán Vargas Lleras, asegurando que hace falta en la política colombiana.“Está haciendo falta en este momento en la política colombiana. Su liderazgo, su carácter, su conocimiento de Colombia, su profundidad en lo que tiene que ver con los asuntos del Estado y sus posiciones férreas y contundentes hacen falta en este momento”, le dijo Pinzón a Vargas Lleras.Video de Pinzón sobre Vargas Lleras:Es importante recordar que Germán Vargas Lleras hasta el momento no se ha pronunciado sobre el candidato que apoyará para las elecciones presidenciales.Además, en un momento se contempló la posibilidad de que Vargas Lleras estuviera en la lista al Senado de su partido, Cambio Radical, algo que finalmente no sucedió.Por otro lado, Juan Carlos Pinzón fue fórmula a la Vicepresidencia de Germán Vargas Lleras en 2018.
El presidente del Consejo Nacional Electoral, Cristian Ricardo Quiroz Romero, y el registrador nacional, Hernán Penagos Giraldo, emitieron una circular conjunta con lineamientos para el ejercicio de funciones y la verificación de testigos electorales de mesa y de comisión escrutadora en las elecciones de Congreso de la República, previstas para el 8 de marzo de 2026.La comunicación está dirigida a delegados del Registrador Nacional, registradores distritales, especiales, municipales y auxiliares; delegados de puesto de la Registraduría Nacional del Estado Civil; cónsules de Colombia; Fuerza Pública; miembros de comisiones escrutadoras y jurados de votación.Uno de los puntos centrales establece que, al finalizar el escrutinio de mesa, los testigos electorales podrán tomar fotografías del formulario E14, acta de escrutinio de los jurados de votación, mediante la aplicación Comitium. Esta herramienta permitirá capturar la imagen y remitirla de inmediato a las agrupaciones políticas para su control. En ese sentido, se insta a los jurados de votación a permitir esta actividad.La circular aclara que la captura de imágenes y el uso de la aplicación no reemplazan ni complementan la transmisión oficial de datos ni la etapa de preconteo, funciones que son competencia exclusiva de la Registraduría. Se trata, precisa el documento, de una solución tecnológica dispuesta para apoyar la labor de los actores electorales, sin sustituir las funciones de la organización electoral.Además, se informó que en el kit municipal y en el material electoral enviado a los consulados donde se instalarán mesas de votación se incluirán cartillas para testigos electorales. Este material pedagógico deberá estar disponible en cada mesa, con el fin de orientar tanto a los testigos como a los jurados sobre sus facultades y prohibiciones durante la jornada y el escrutinio.En cuanto a la validación de credenciales en el exterior, la circular señala que esta es una facultad de los cónsules y servidores públicos consulares. Para ello, el CNE puso a disposición la herramienta web “Testigos en Línea”. En el país, la validación de credenciales de testigos de mesa y de comisiones escrutadoras podrá ser realizada por delegados de puesto de la Registraduría y secretarios de comisión escrutadora, también mediante esa plataforma.También se resalta que la Fuerza Pública, encargada de la seguridad en los puestos de votación y comisiones escrutadoras, ejercerá control integral de ingreso mediante la verificación de identidad y vigencia de credenciales de testigos electorales, auditores de sistemas y observadores nacionales e internacionales. Este control se apoyará en herramientas tecnológicas del CNE y se aplicará de manera uniforme en todo el país, garantizando que solo personal debidamente acreditado acceda a estos recintos.
El debate de la Gran Consulta por Colombia definió las líneas rojas de los precandidatos presidenciales frente a temas críticos de seguridad y justicia. En una dinámica de respuestas rápidas, la mayoría de los aspirantes se mostró a favor de bajar la edad de imputabilidad a los 14 años, una medida que busca frenar la participación de menores en delitos urbanos.Aníbal Gaviria, David Luna, Paloma Valencia, Enrique Peñalosa, Vicky Dávila y Mauricio Cárdenas votaron afirmativamente ante la propuesta de endurecer las penas para adolescentes. En contraste, Juan Manuel Galán y Juan Daniel Oviedo rechazaron la iniciativa, marcando una distancia frente a la tendencia punitiva del bloque.Posturas sobre seguridad y porte de armasSobre el porte de armas para civiles, a diferencia de la justicia juvenil, no hubo consenso. Vicky Dávila y Juan Daniel Oviedo se opusieron tajantemente, argumentando que no se debe "inundar a Colombia de armas". Dávila matizó su postura señalando que el enfoque debe ser arrebatarle el armamento a los violentos y no armar a la población civil.En materia energética, el fracking recibió un respaldo casi unánime. Con excepción de Oviedo, los candidatos apoyaron el regreso de esta técnica de extracción, incluso sin pilotos previos. Por otro lado, hubo unanimidad total en el rechazo a la reelección presidencial y al aumento del IVA, propuestas que todos los sectores consideraron inviables para el contexto actual del país.Pese a las diferencias en temas de defensa y justicia, los integrantes de la consulta ratificaron su compromiso de apoyar a quien resulte ganador el próximo domingo. Respecto a las fórmulas vicepresidenciales, figuras como David Luna, Enrique Peñalosa y Vicky Dávila sugirieron que sus acompañantes de gobierno podrían salir del mismo grupo de la consulta. En contraste, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se mostraron cautos, indicando que aún no hay decisiones definitivas sobre sus coequiperos.
A pocos días de las elecciones legislativas del 8 de marzo, el Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos (CRAC) dio a conocer una guía práctica para que las personas con discapacidad visual puedan ejercer su derecho al voto de manera autónoma, informada y en igualdad de condiciones.Según la entidad, uno de los principales desafíos no está únicamente en la infraestructura electoral, sino en los imaginarios sociales que persisten. La idea de que todas las personas con discapacidad visual deben votar acompañadas o que no pueden comprender el debate político sigue influyendo en prácticas que, aunque bien intencionadas, terminan afectando el carácter libre y secreto del sufragio.La organización enfatiza que la discapacidad visual no es homogénea: incluye tanto ceguera total como distintos niveles de baja visión. Por ello, existen herramientas que permiten votar de manera independiente, como plantillas guía en sistema Braille, ayudas ópticas personales o apoyos puntuales solicitados directamente por el votante. Desde un enfoque de derechos, el acompañamiento es un recurso disponible cuando la persona lo pide, no una obligación impuesta por terceros.Recomendaciones para ejercer el voto de manera autónomaEl CRAC subraya que el ejercicio independiente del voto comienza antes del día de elecciones y propone cinco acciones concretas:Informarse previamente sobre el lugar y mesa de votación: consultar con anticipación el puesto asignado permite planear el desplazamiento, estimar tiempos y reducir incertidumbre durante la jornada.Conocer los mecanismos de accesibilidad y los derechos disponibles: es clave saber que se puede solicitar plantilla guía en Braille cuando esté prevista, ingresar con un acompañante elegido libremente o utilizar ayudas ópticas personales.Entender que el acompañamiento es apoyo, no sustitución: si se decide contar con ayuda, esta debe facilitar la experiencia sin reemplazar la decisión política individual.Expresar con claridad el tipo de apoyo requerido: comunicar directamente a jurados o delegados las necesidades específicas ayuda a evitar intervenciones innecesarias que puedan afectar el secreto del voto.Documentar y reportar barreras: registrar obstáculos relacionados con accesibilidad contribuye a mejorar futuros procesos electorales.Con estas recomendaciones se busca que todos los colombianos habilitados para ejercer su derecho al voto lo hagan el próximo domingo 8 de marzo sin inconvenientes en todo el país.
La Registraduría Nacional del Estado Civil inició este martes el proceso de congelación del software electoral que será utilizado en las próximas elecciones legislativas, en un procedimiento que busca blindar tecnológicamente el preconteo, el escrutinio y la digitalización de las actas electorales E-14.La jornada se adelanta en compañía de auditores de la Misión de Observación de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE), la Misión de Observación Electoral (MOE), cinco auditores de partidos políticos y delegados de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República.El procedimiento, denominado Registro de Custodia de Código Fuente, tiene una duración estimada entre seis y ocho horas. Durante este tiempo, los sistemas informáticos que almacenarán los datos del preconteo, escrutinio y digitalización quedarán completamente bloqueados. Solo hasta la mañana del domingo 8 de marzo, día de las elecciones del Congreso, se realizará el “descongelamiento” del sistema para su puesta en marcha oficial.Según explicó Jaime Hernando Suárez, delegado para asuntos electorales de la Registraduría, el proceso contempla la generación de cuatro claves diferentes, introducidas de manera independiente por funcionarios de la Procuraduría, la Registraduría, el operador logístico y auditores de los partidos políticos. Este mecanismo busca garantizar que ninguna entidad tenga control exclusivo sobre el sistema.“Se descarta el fraude en el proceso electoral totalmente. Si estamos hablando de software, el proceso electoral con los software que utiliza la Registraduría está blindado”, afirmó el delegado de la Registraduría frente a los señalamientos de posibles irregularidades.En materia de vigilancia ciudadana y política, la entidad informó que hasta el momento se han inscrito 696 auditores de partidos para acompañar el proceso, lo que representa un incremento cercano al 300 % frente a 2022, cuando se registraron 188 personas en este mecanismo de control.En el panorama internacional, la Registraduría confirmó que tres consulados, ubicados en Israel, Beirut (Líbano) y Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos), no fueron autorizados para instalar mesas de votación. Sin embargo, señaló que en el resto de sedes diplomáticas la instalación avanza con normalidad.Finalmente, la entidad indicó que en todos los puestos de votación los bolígrafos que se utilizarán el día de la jornada ya fueron sometidos a dos pruebas, tanto químicas como de calor, bajo supervisión de las auditorías, con el fin de evitar cualquier alteración en los votos.Con estas medidas, la autoridad electoral busca reforzar la confianza pública en el proceso y garantizar la transparencia de los comicios legislativos.
La reactivación del transporte férreo en Colombia dio un paso clave con el inicio oficial de la operación comercial del proyecto APP La Dorada – Chiriguaná. La Concesión Línea Férrea Central puso en circulación su primer tren de carga en el corredor que conecta Ciénaga, Chiriguaná y La Dorada, un eje estratégico para la logística nacional.El primer movimiento comercial movilizó 2.414 toneladas de carga en operación bidireccional. En el trayecto inicial se transportaron 1.190 toneladas de varilla y pulpa de papel, mientras que en el recorrido de regreso el tren llevó 1.224 toneladas de refrescos y bebidas.El tren atraviesa más de 20 municipios en su recorrido, lo que no solo fortalece la conectividad regional, sino que también dinamiza economías locales. Más de 40 personas participan en cada operación, muchas provenientes del área de influencia del proyecto, involucradas en labores de cargue, coordinación, tránsito y descargue, lo que representa generación de empleo y fortalecimiento de capacidades técnicas en el territorio.Este inicio comercial también consolida un modelo de transporte multimodal, al articular el modo férreo con el transporte carretero y portuario. La integración permite reducir costos logísticos, mejorar tiempos de entrega y ofrecer soluciones más competitivas para los generadores de carga en sectores industriales y de consumo masivo.“Estamos muy complacidos de iniciar esta operación comercial con un tren de 35 plataformas, capacidad de 1.190 toneladas y un esquema operativo que nos permite cumplir itinerarios y atender requerimientos de clientes de diferentes sectores. Esto es el resultado de un trabajo técnico y operativo sostenido que hoy habilita al corredor para prestar servicio de manera formal”, señaló Germán de la Torre, gerente de la Concesión Línea Férrea Central.Con esta puesta en marcha, la Concesión Línea Férrea Central avanza en la recuperación del modo férreo como alternativa estratégica para el país. El reto ahora será mantener la continuidad del servicio, ampliar volúmenes de carga y consolidar el corredor como un eje estructural para la competitividad regional y nacional.