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La educación privada de Bogotá atraviesa una de las crisis más delicadas de los últimos años. El aumento del 23,7% en el salario mínimo para 2026 amenaza con provocar el cierre de al menos un centenar de colegios en la capital, según advirtió Carlos Ramos, director de la Mesa Distrital de Colegios Privados, en diálogo con Mañanas Blu.De acuerdo con Ramos, “más de 100 instituciones privadas en Bogotá tienen menos de 30 estudiantes, y muchas de ellas no resistirán este incremento en los costos”. Los colegios pequeños, conocidos como “colegios de barrio”, son los más vulnerables ante la diferencia entre el aumento salarial decretado por el Gobierno y la limitada capacidad de ajustar las matrículas y pensiones, reguladas por el Ministerio de Educación.Efectos de un aumento no previstoEl aumento del salario mínimo para 2026 tomó por sorpresa a gran parte del sector educativo privado. Las instituciones habían programado sus presupuestos y establecidos los incrementos de pensiones antes de conocerse la magnitud de la medida. “El promedio de incremento autorizado fue del 7%, y frente a un aumento del 23% en el salario mínimo, hay un desfase del 16% que los colegios no pueden absorber”, explicó Ramos.La situación ya había mostrado señales críticas el año anterior: durante 2025 cerraron 35 colegios privados en la capital, de los 1.317 que estuvieron en funcionamiento. Ahora, la Mesa Distrital advierte que hasta 100 instituciones podrían dejar de operar en 2026, la mayoría en los estratos 1, 2 y 3, donde la pensión promedio no supera los 300.000 pesos.“Un colegio con 30 estudiantes apenas logra sostener a una maestra y a una persona de apoyo. Si se incrementan los costos sin la posibilidad de ajustar tarifas, simplemente no hay forma de subsistir”, señaló el directivo. Según sus cálculos, el 51% de los colegios privados de Bogotá cobra menos de 300.000 pesos mensuales, mientras el 87% atiende población de bajos ingresos.Escuelas en riesgo y peticiones al GobiernoEl gremio le ha solicitado al Ministerio de Educación una revisión urgente de la resolución que fija los topes de cobro para el año escolar. “Hemos propuesto dos caminos: una revocatoria directa de la resolución de costos educativos o, en su defecto, un alcance que permita a los gobiernos escolares revisar la pertinencia de los servicios acordados con los proveedores antes del cierre del año pasado”, indicó Ramos.No obstante, hasta el momento, las comunicaciones con el Ministerio han sido limitadas. “La Mesa Distrital no ha tenido diálogo directo con el ministro Daniel Rojas, sólo con asesores y directivos de área”, aseguró el vocero del sector privado. En los próximos días esperan una respuesta formal a las solicitudes, de cara al inicio del calendario A, previsto para finales de enero.El líder gremial insistió en que el reclamo no busca encarecer las matrículas, sino garantizar la sostenibilidad de colegios que no reciben recursos públicos. “Lo que estamos pidiendo es que se reconozca que los colegios privados viven de los pagos de los padres. No todos pueden cumplir puntualmente, y debemos asumir una cartera morosa del 20 al 25%. Sin margen de maniobra, simplemente no hay manera de cubrir los nuevos salarios ni mantener la calidad educativa”, afirmó.Impacto social y educativoEl cierre de colegios privados no solo afecta a los propietarios y trabajadores del sector. Cada institución que deja de operar obliga a reubicar a decenas de estudiantes, trasladando la carga al sistema público. La Secretaría de Educación debe garantizar la continuidad educativa de esos niños y recibir los archivos académicos de las instituciones clausuradas durante los dos años posteriores a su cierre.“El padre de familia elige dónde matricular a su hijo —explicó Ramos—, pero cuando desaparece una opción privada, el Estado debe responder por ese derecho fundamental. Si la tendencia continúa, el sistema oficial podría enfrentar una presión que no está preparado para absorber”.Un llamado de auxilio desde los barriosEl panorama para los llamados “colegios de barrio” resulta especialmente crítico. Muchos nacieron hace décadas como iniciativas familiares o comunitarias para ofrecer educación accesible en sectores populares. “Somos colegios fundados por maestros que decidieron, con esfuerzo propio, atender a sus comunidades. Son parte de la historia de los barrios y de miles de familias”, recordó Ramos, director también del histórico Colegio San Alejo en Puente Aranda.La crisis demográfica —con menos niños en edad escolar— agrava el problema, mientras las plataformas virtuales y los cambios culturales restan matrícula a las instituciones tradicionales. “El problema es multifactorial —reconoce Ramos—, pero el golpe del salario mínimo ha sido decisivo. En cuestión de meses podríamos ver desaparecer a una generación de colegios pequeños que han formado a Bogotá por décadas”.Mientras tanto, la incertidumbre crece. El gremio espera la respuesta del Ministerio para intentar amortiguar el impacto antes de que inicie el nuevo año lectivo. Si no hay ajustes en la política de costos, advierten, 2026 podría marcar la mayor ola de cierres de colegios privados en la historia reciente de la capital.

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Al menos 100 colegios privados de Bogotá cerrarían este año por alza del 23 % en salario mínimo

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